La operación de secuestro del presidente Nicolás Maduro, precedida de ataques aéreos y bombardeos sobre instalaciones militares y civiles venezolanas, provocando más de cuarenta muertos, y una campaña de presión y bloqueo por la mayor armada de EEUU en el Caribe, con más de 80 asesinatos extrajudiciales de supuestos narcotraficantes, suponen graves violaciones de la Carta de Naciones Unidas, del derecho internacional y del derecho humanitario por parte de la Administración Trump.
En la rueda de prensa posterior a la operación “Resolución absoluta”, Trump ha dejado perfectamente claros sus objetivos: hacerse con el control de los recursos de hidrocarburos y materias primas de Venezuela. Ninguna ambigüedad sobre la alianza de los poderes públicos en defensa de los poderes privados oligárquicos. Obviando la cuestión de la legitimidad de las elecciones presidenciales de 28 de julio de 2024, cuyos resultados sigue sin publicar el Consejo Nacional Electoral a pesar de su mandato, Trump ha descartado de un plumazo el liderazgo de su competidora para el Premio Nobel de la Paz, Corina Machado, y de su candidato interpuesto, exiliado en el reino de España, Edmundo González. Su alternativa declarada es negociar una transición neocolonial, que desnacionalice los recursos del país, con el propio régimen madurista, mantenido institucionalmente a través de la Vicepresidenta Delcy Rodriguez, la Asamblea Nacional presidida por su hermano Jorge Rodríguez, el ministro de defensa Vladimiro Padrino López y el ministro del interior y hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello.
Todo ello ha dejado flotando la sospecha de una cierta complicidad interna. La obvia de la oposición de extrema derecha encabezada por Corina Machado que, ante su creciente fracaso movilizador, llamaba abiertamente a la intervención militar de EEUU. Pero también la de ciertos sectores del régimen madurista, que estarían intentando salvaguardar en lo posible la soberanía del país. En definitiva, hace tiempo que la verdadera columna vertebral del régimen son las fuerzas armadas y de seguridad bolivarianas. Es la única institución nacional que sigue manteniendo palancas de negociación con la Administración Trump a través de su monopolio de la fuerza. Y la única cobertura constitucional de este hecho es su representación política por lo que queda del régimen madurista sin Maduro.
Por contradictorio que pueda parecer, el ataque militar y el secuestro de Maduro por Trump buscan un cambio de régimen, pero no un golpe de estado. Y es así porque su objetivo principal es la apropiación, negociada bajo amenaza, de la renta petrolera del país, para lo que es imprescindible garantizar el orden público y las infraestructuras de Petróleos de Venezuela, S.A. (PVDSA) antes de su transferencia a las empresas petroleras de EEUU. Como en el golpe de 2002 contra Hugo Chávez, la Administración Trump espera utilizar a su favor los mecanismos de la Constitución Bolivariana para una transmisión interna del poder, que recae, en primer lugar, en la vicepresidencia de Delcy Rodríguez y, en segundo lugar, en la presidencia de la Asamblea Nacional, ostentada por su hermano Jorge Rodríguez. Que se ratifique a la nueva presidenta (N. Editorial.- Como sucedió ayer lunes, día 5) por la Asamblea Nacional, cuyos nuevos diputados electos deben tomar posesión también el mismo día y que en lugar de la convocatoria prevista de nuevas elecciones presidenciales en 30 días, se amplíen los sucesivos plazos por “ausencia temporal” de Maduro durante seis meses. En este proceso no cabe, de entrada, la oposición encabezada por Corina Machado, que para legitimarse necesitaría movilizaciones en la calle que desembocarían rápidamente en una guerra civil, con el reforzamiento del papel bonapartista de las fuerzas bolivarianas, o de la presión para una invasión militar territorial de EEUU, que Trump quiere evitar, porque desestabilizaría a toda América Latina y le obligaría a una negociación multipolar con Rusia y China de las zonas de influencia.
Pero también puede ser que, a pesar de las lecciones aprendidas de la larga lista de invasiones e intervenciones de EEUU en América Latina y en Oriente Medio, la estrategia de la Administración Trump -como en el caso de Gaza o Ucrania- se limite en realidad al plan militar puesto en marcha hace cuatro meses con el despliegue naval en el Caribe y la destrucción de supuestas narco-lanchas, operaciones encubiertas de la CIA, y el ataque aéreo y secuestro de Maduro en la operación “Resolución absoluta”. Y que lo demás sea improvisación para conseguir los objetivos declarados, evitando una mayor implicación militar directa de EEUU. Una reafirmación de la “Doctrina Monroe” para todo el “Hemisferio Occidental” -denominación imperial más cercana que la de América Latina-, que evidencie que es mejor para todas las clases dominantes de la zona llegar a un nuevo trato sobre las rentas extractivistas que la desestabilización política y militar permanente orquestada por la Administración Trump para conseguirlo unilateralmente. Habrá que ver hasta dónde llega la coherencia de esta lógica de “patio trasero” de Marcos Rubio, heredero no tanto del nacionalismo oligárquico cubano como del “anexionismo” criollo. Su primera advertencia ha sido para las autoridades de La Habana.
La decisión de juzgar a Maduro en EEUU, bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo, demuestra la audacia y autoconfianza de la Administración Trump. Los precedentes relacionados con los secuestros y traslados secretos de la CIA en la “Guerra contra el terror” no auguran un proceso fácil. Los fundamentos legales del ataque militar contra Venezuela, sin declaración de guerra del Congreso, son ya cuestionados por representantes y senadores demócratas. Los cargos presentados por narcotráfico y asociación con el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua parecen insustanciales: desde Venezuela no llegan cantidades significativas de cocaina o fentanilo a EEUU. Y Trump acaba de amnistiar al ex-presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, convicto implicado en el narcotráfico. Es difícil imaginar cómo se excluirá la situación penal de Maduro y de su esposa Cilia Flores de las negociaciones con la continuación del régimen madurista en el poder.
En cualquier caso, lo que sigue pendiente en Venezuela es la defensa de la soberanía nacional, de las libertades democráticas y de los derechos constitucionales. La crisis del régimen madurista, desde las elecciones de 2024, incapaz de defender al país del ataque imperialista de la Administración Trump, abre todas las incógnitas sobre los escenarios posibles de una transición bajo el chantaje externo. Desde las aspiraciones e intereses de las clases trabajadoras que una vez representó la revolución bolivariana, muy lejos ya del régimen de Maduro, es más necesario que nunca articular la capacidad de resistencia frente a quienes pretenden desamortizar al país de sus recursos materiales. Solo una nueva articulación de las clases trabajadoras y populares, independiente en la definición de sus intereses, podrá lograrlo, por muy difícil que parezca.
El sistema internacional multilateral inspirado en la Carta de Naciones Unidas ha sufrido un nuevo golpe a manos de la Administración Trump. Su documento de Seguridad Nacional afirma que el “Hemisferio Occidental” está sometido a la Doctrina Monroe y por lo tanto, excluido del sistema internacional basado en el derecho internacional. Pero no supone un salto cualitativo. El genocidio de Gaza, el reparto de Ucrania, las masacres de Darfur, los bombardeos sobre Irán, son precedentes en 2025 de una crisis provocada del multilateralismo y su sustitución por la gestión multipolar de las grandes potencias, en un nuevo reparto de zonas de influencia post Yalta y Postdam.
La defensa del derecho internacional, de los derechos humanos y las libertades democráticas vuelven a ser una urgente necesidad sobre la que se construirá una nueva izquierda capaz de defender los intereses de las clases trabajadoras y populares. Lo hemos dicho repetidamente desde Sin Permiso: el enemigo principal de la libertad republicana es la tiranía. Y la combinación del dominium -las relaciones de dominación que se dan en los ámbitos privados que conforman nuestras sociedades como los mercados de trabajo, hogares, etc.- con imperium que son las relaciones de dominación que posibilitan la capacidad de los poderes públicos de favorecer intereses particulares, conforman una tiranía como la que está configurando el régimen de oligarcas de Estados Unidos, y del que Trump es un buen y fiel representante y agresivo defensor. O, en palabras de Enric Juliana: “La nueva doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos no es retórica. Hay un plan, tomar el control de todo el continente americano, y lo están ejecutando. Después puede venir Cuba. Los siguientes hitos, según la nueva doctrina de seguridad nacional, serán la neutralización política de la Unión Europea y el ‘equilibrio estratégico’ con Rusia, para concentrar todo el foco en China. ‘Ningún otro país del planeta está cerca de poder llevar a cabo una acción como esta’, subrayó el exultante secretario de Defensa Hegseth. Acción disciplinante a escala mundial”.
Durante los próximos días habrá muchos análisis, muchas conjeturas. Entre ellas seguro que están estas. ¿Es una muestra de fortaleza o de debilidad de Estados Unidos esta agresión a un país proporcionalmente débil? El rompimiento más descarnado de la legalidad internacional, por deteriorada que esté ya en el primer cuarto del siglo XXI, ¿tendrá consecuencias no esperadas y contraproducentes para los Estados Unidos de Norteamérica aunque ahora prevalga la euforia de matón propia de Trump? Cualquier cosa que ahora pueda avanzarse es arriesgada, pero la realidad seguirá dando sorpresas.
En cualquier caso, contra el imperialismo, solidaridad con el pueblo de Venezuela.
Fuente: Sin Permiso
