Por qué Venezuela puede hacerle a EEUU lo mismo que los hutíes le hicieron en Yemen, según el analista militar Thomas Keith

 

 Por Bruno Sgarzini    

    Periodista argentino especializado en asuntos internacionales.

     Una agresión militar contra Venezuela pareciera ser el objetivo del despliegue militar estadounidense en el Caribe. Las declaraciones de los voceros estadounidenses, como las primeras acciones estadounidenses en el terreno, preparan, a simple vista, una narrativa para consumo estadounidense de legitimidad para atacar suelo venezolano por estar en lucha contra un “cartel del narcotráfico”, liderado por el chavismo, que inunda las calles estadounidenses con droga.

La gran incógnita del despliegue militar estadounidense es su eficacia, y su profundidad, dado que, hasta ahora, lo único que se ha visto es la utilización de grandes buques de guerra para atacar pequeñas lanchas rápidas y ocupar un buque pesquero venezolano. Una imagen que se asemeja más a una operación liderada por Sancho Panza, el sheriff del Zorro, que a un mega operativo militar infalible dirigido por grandes comandantes militares. Para despejar todas las dudas sobre esto, Thomas Keith del portal Sovereign Protocol, investigador de conflictos y guerras de la información, describe la utilidad del despliegue estadounidense. Por ejemplo, si puede realizar una campaña de asesinatos contra el liderazgo chavista, como plantean algunos medios, si puede emprender ataques “quirúrgicos dentro de Venezuela, y cuáles son sus posibilidades de éxito.

Keith también explora un ángulo poco tratado por analistas y expertos: la capacidad de Venezuela para defenderse, y poner en problemas al despliegue estadounidense en El Caribe. Por qué es bastante complejo para Washington escalar un conflicto frente a un país con defensas aéreas y marítimas, enjambres de drones, millones de milicianos y militares movilizados, y una diplomacia activa para denunciar y desmontar los pretextos intervencionistas de Estados Unidos. También la posibilidad de que Caracas recree las mismas tácticas, y estrategias, de los hutíes en Yemen que obligaron a la Casa Blanca a retirar, buena parte, de sus portaaviones en el Mar Rojo.

Se presenta el despliegue estadounidense en El Caribe como capaz de cometer una cantidad innumerable de agresiones contra el país. En términos militares, ¿para qué puede servir todo el armamento y los soldados desplegados por Washington?

La red actual de Estados Unidos en el Caribe crea una burbuja de alta velocidad alrededor de Venezuela con destructores con sistema Aegis (que integra radares y misiles) como el Jason Dunham, un crucero clase Ticonderoga como el Lake Erie con extensos arsenales de misiles Standard (SM) y Tomahawk, un grupo anfibio listo construido alrededor del Iwo Jima y buques de transporte anfibio (LPD) clase San Antonio que transportan una Unidad Expedicionaria de Marines de aproximadamente cuatro mil efectivos, y un submarino nuclear de ataque rápido. Con aeronaves de patrulla P-8A Poseidon, sistemas Inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) de gran altitud y drones clase MQ, Washington mantiene un permanente tráfico costero, salidas aéreas y emisiones (señales de radio, GPS, transmisiones de radio, sensores) cerca del país. En la práctica, esta postura militar se utiliza en operaciones de interdicción marítima (abordajes y demostraciones de fuerza, “cinéticas”, con embarcaciones menores), en el mapeo de tiempos de reacción y activaciones de radar, y en ensayos narrativos legales en los que se etiqueta las acciones como operaciones “antinarcóticos-antiterroristas”. Sin embargo, estas operaciones no proporcionan por sí mismas un camino limpio y de bajo riesgo hacia el cambio de régimen; representa un apalancamiento, una presencia coercitiva y un espacio de ensayo, no una llave mágica para la decapitación eventual del liderazgo chavista.

Técnicamente, Estados Unidos puede intentar ataques “quirúrgicos” limitados dentro de Venezuela mediante municiones de largo alcance como misiles de crucero Tomahawk, ataques de precisión aéreos intensificados, o incursiones de Fuerzas Especiales guiadas por inteligencia integrada de mar-espacio. Operacionalmente, sin embargo, lo “quirúrgico” requiere inteligencia humana validada en tiempo real e identificación positiva bajo control de emisiones (señales) y presión sobre las defensas aéreas multicapa del país agredido, sostenida a lo largo del tiempo. Venezuela ha complicado esto al dispersar el liderazgo y los sistemas de comando y control, practicar la movilidad y endurecer nodos clave de su seguridad. Políticamente, cualquier ataque en suelo soberano, especialmente contra el liderazgo, conlleva alto riesgo de escalada, invita a respuestas cinéticas (militares de fuerza) y diplomáticas recíprocas. También las agresiones pierden legitimidad si la cadena probatoria de los ataques es débil, como lo demuestran las grabaciones borrosas y sin fecha de los bombardeos a lanchas rápidas. Un golpe aislado es posible; una campaña de decapitación sostenida y controlada es improbable sin costos intolerables y serias escaladas.

Estados Unidos ha bombardeado tres lanchas sin presentar imágenes ni pruebas de que llevaran droga a Estados Unidos.

El despliegue estadounidense sirve para cuatro objetivos; primero, la interdicción y el espectáculo: abordajes y ataques a embarcaciones pequeñas presentadas como parte de grupos “narcoterrorristas”; segundo, para un mapeo de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR): ubicar radares costeros, baterías de misiles de superficie y aire (SAM), patrones de patrulla, centros de drones, depósitos de combustible y municiones, y enlaces de comunicación mientras se mide el tiempo de reacción militar de Venezuela; tercero, ventajas cinéticas limitadas: ataques a objetivos marítimos expuestos o nodos logísticos temporales fuera del espacio aéreo defendido; cuarto, operaciones psicológicas: crear una sensación de “red ocupada” en el Caribe que normaliza la presencia estadounidense mientras pinta a Venezuela como un santuario criminal

Una de las fantasías con las que sueña la oposición venezolana es que este despliegue pueda recrear la campaña de asesinatos de Israel contra el liderazgo de Hezbollah.

La campaña israelí se basó en inteligencia humana desarrollada profundamente durante años en El Líbano, en redes infiltradas dentro de la organización, en condiciones logísticas favorables y en un teatro de operaciones compacto que permitía a sus aviones militares ingresar y salir del país sin enfrentar represalias significativas. Venezuela, por el contrario, constituye un Estado soberano con aliados externos que ha invertido años en blindar la movilidad de su liderazgo y en crear redundancias en su comando y control. Intentar una operación de decapitación al estilo del Mossad se enfrentaría a defensas aéreas, grandes distancias, complejas consideraciones políticas y el respaldo de países aliados, factores que podrían transformar una demostración de fuerza “limitada” en una crisis de alcance regional.

El sistema antimisiles S-300 fue comprado por Venezuela a Rusia.

La pila defensiva venezolana aumenta los costos en todos los frentes; posee defensas aéreas de largo y mediano alcance, las baterías anti misiles S-300/Antey-2500 y Buk-M2, en capas para crear una Defensa Aérea de Corto Alcance, cazas Sukoil-30 y F-16 que proporcionan interceptación de defensa, patrullajes marítimos, que incluyen misiles, botes de ataque rápido y milicias litorales, apostadas en desembocaduras de ríos y puntos de estrangulamientos desde La Guaira hasta Paraguaná y el corredor del Lago Maracaibo, que empujan a los buques de superficie estadounidense más lejos de la costa venezolana.

Lo que, junto a la infantería fluvial y costera, convierte al contra despliegue venezolano en un puercoespín barato y numeroso. Washington, por todo esto, no tiene un camino corto y fácil para una campaña de asesinatos contra el liderazgo chavista.

Poco se habla de la respuesta militar de Venezuela sobre todo si se considera su defensa aérea, la voluntad de resistir de millones de milicianos y su número desconocido de drones gracias a su alianza con Irán.

Un ejemplo de las capacidades de Venezuela es su complejo de drones que constituye un multiplicador de fuerza. Después de dos décadas de cooperación entre Irán y Venezuela, Caracas pasó de no tener vehículos aéreos no tripulados (UAV) a una flota estratificada: el Arpía-001 (derivado del iraní Mohajer-2) para tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento; drones armados ANSU-100 capaces de lanzar municiones tipo Qaem (misiles guiados iraníes) para acoso de precisión; prototipos ANSU-200 de “ala volante” que son difíciles de detectar (nota de autor; ideales para ataques sorpresas, misiones de vigilancia, que penetren defensas enemigas) ; municiones merodeadoras Zamora V-1 para ataques kamikaze; y enjambres de drones de primera persona (FPV) para asaltos contra sensores y blancos vulnerables en litorales congestionados. Esta combinación no satura el sistema Aegis (que integra radares y misiles) de los buques de guerra estadounidenses, pero los obliga a adoptar posturas antidrones (UAS) que consumen recursos, agotan interceptores y reducen el ritmo operativo de cubierta. Cualquier transferencia de drones, como el dron iraní kamizake HESA Shahed 136 y su variante rusa el Geran-2, multiplicaría la saturación de bajo costo contra los buques de guerra y la presión psicológica (Nota del autor: este modelo de drones, también llamados municiones merodeadoras, son utilizados por Rusia para abrumar las defensas aéreas de Ucrania y lanzar múltiples ataques contra ciudades, o infraestructura clave).

El despliegue de la milicia bolivariana y la fortificación social, además, convierten las incursiones terrestres en una trampa política. La activación de 5,336 Unidades Comunales de Milicia, vinculadas a 15,751 “bases populares de defensa integral” y 8.2 millones de alistados, genera una auténtica negación territorial basada en la resistencia popular. Incluso sin considerar las cifras oficiales de milicianos, la distribución de la defensa a nivel parroquial garantiza que cualquier incursión terrestre enfrente una resistencia políticamente tóxica, seguida de un desgaste que supere ampliamente las ventajas tácticas obtenidas. Esta dinámica de movilización explica también por qué confrontar a “humildes pescadores” venezolanos o ejecutar ataques contra embarcaciones menores resulta contraproducente: ya que endurece la cohesión social y proporciona a Caracas material propagandístico de alto impacto mediático para apoyar sus esfuerzos de movilización y denuncia diplomática.

Imágenes del buque atunero abordado por el buque de guerra de Estados Unidos, el USS Jason Dunham.

La disciplina en la guerra de la información constituye también un pilar fundamental de la estrategia defensiva. La narrativa oficial del liderazgo venezolano considera que el verdadero campo de batalla es de naturaleza psicológica: por eso, expone vacíos probatorios en las acusaciones de ataques contra “narcoterroristas” (como la ausencia de coordenadas precisas en los bombardeos, inexistencia de cadena de custodia de las “pruebas”, falta de detenidos identificados), documenta incidentes en su Zona Económica Exclusiva como el abordaje del barco atunero La Blanquilla a 48 millas (78 kilométros) náuticas bajo condiciones de interferencia y presencia de armas largas, y exige verificación independiente de los hechos. El propósito estratégico es eliminar la distancia conceptual entre el etiquetado de “narco-terrorismo” y el ejercicio legítimo de la defensa soberana, de manera que cada maniobra estadounidense se convierta en una erosión de su propia credibilidad internacional.

En este contexto, ¿es posible que Venezuela pueda recrear una defensa efectiva que incremente los costos de cualquier operación y debilite a Estados Unidos como lo han hecho los hutíes en Yemen?

Es posible si se adapta a la geografía caribeña del país; los hutíes aprovecharon puntos de estrangulamiento marítimos. Venezuela cuenta con un complejo litoral fragmentado, archipiélagos dispersos y deltas fluviales. La metodología puede adecuarse con una combinación de tiradores económicos distribuidos, misiles costeros antibuque, municiones merodeadoras, enjambres de drones de primera persona (FPV), lanchas rápidas armadas, sistemas de defensa aérea en capas, protocolos de control de emisiones (señales de radio, GPS, transmisiones de radio, sensores) y señuelos. Lo que puede obligar a flotar superiores, como las de Estados Unidos, a adoptar ciclos defensivos costosos. Esto reduciría su libertad de maniobra y extendería sus tiempos de despliegue, contextos donde los errores operacionales y las represalias políticas tienden a multiplicarse.

Corredores marítimos y fluviales de Venezuela.

Sin embargo, existen limitaciones importantes: Estados Unidos posee arsenales mayores, una logística superior y mayor respaldo político en este hemisferio que en el Mar Rojo. El objetivo venezolano no sería alcanzar paridad militar sino establecer una disuasión mediante fricción operacional, es decir, elevar el costo, la duración y la visibilidad de cada escalón de la escalada armamentística—desde operaciones de interdicción hasta “ataques quirúrgicos”— más allá de lo que Washington puede justificar políticamente en su país.

Con este panorama militar, una campaña de asesinatos se vuelve bastante difícil de llevar a cabo con éxito.

Una operación de decapitación es posible en abstracto y estratégicamente contraproducente en la práctica. Los usos más probables de la flotilla estadounidense son las operaciones antinarcóticos, recolección de inteligencia, demostraciones de fuerza a través de sobrevuelos intimidatorios, ataques marítimos selectivos y la construcción de narrativas contra Venezuela, no la eliminación directa del liderazgo chavista. Cualquier escalada hacia ataques “quirúrgicos” en territorio venezolano enfrentaría múltiples obstáculos: los sistemas de defensa aérea S-300VM/Buk-M2, un liderazgo altamente móvil, hostigamiento constante con drones, cinturones de negación marítima y una población completamente movilizada. Este conjunto de factores convierte la superioridad táctica estadounidense en un complejo dilema estratégico, donde las ventajas militares convencionales se ven neutralizadas por la resistencia asimétrica y el costo político de una intervención prolongada.

Etiquetar a pescadores como “narcoterrroristas”, lanzar artillería contra lanchas y circular grabaciones borrosas “no clasificadas, no constituye una aplicación de la ley; es la fase de normalización de la proyección de poder estadounidense. El Caribe se enmarca como una red ocupada donde el hardware estadounidense opera sin oposición y las operaciones “antidrogas” sirven como coartada para la coerción soberana. La respuesta racional venezolana, por eso, es instrumentalizar el costo (defensa aérea, drones, negación marítima), instrumentalizar la sociedad (milicias, bases de defensa local) e instrumentalizar la verdad (documentar incidentes, forzar verificación). Si se ejecuta esto, de forma consistente, la flotilla permanecerá en el “teatro” de operaciones, en lugar de transformarse en una máquina de cambio de régimen de bajo riesgo.

En conclusión, el despliegue estadounidense amplía las opciones coercitivas y reduce los plazos para acciones limitadas, pero no asegura una estrategia de decapitación de bajo costo. Venezuela puede construir —y está construyendo— una defensa que eleva significativamente el precio en cada escalón de la confrontación: técnicamente, mediante sistemas S-300VM/Buk-M2, drones y lanchas rápidas equipadas con misiles Nasir; tácticamente, a través de dispersión territorial, control estricto de emisiones, uso de señuelos y aprovechamiento del desorden litoral; y políticamente, mediante la movilización masiva de milicias, la documentación exhaustiva de incidentes y la diplomacia regional activa.

El objetivo estratégico venezolano no consiste en superar militarmente a Estados Unidos, sino en convertir cada escalón adicional de la confrontación en una operación tan costosa, visible e ilegítima que Washington opte por no intensificar el conflicto.

Fuente: Bruno Sgarzini

Expertos militares analizan cuatro escenarios de Trump contra Venezuela: bombardeos, campaña de asesinatos, invasión e insurrección armada

 

 Por Bruno Sgarzini    

      Periodista argentino especializado en asuntos internacionales.

     Una soleada tarde caraqueña de junio de 2017, cuando las protestas opositoras, de ese año, se apagaban con el atardecer detrás de las montañas, un extraño helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas sobrevoló el centro de la ciudad con disparos a las terrazas de la sede del Tribunal Supremo de Justicia y la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Una nube de misterio se espació por la capital hasta que se viralizó la foto de Óscar Pérez, un ignoto inspector del cuerpo, encima del helicóptero con una bandera que decía “350, libertad”, en alusión al artículo de la constitución venezolana que permite la rebelión contra cualquier “régimen que desconozca los valores republicanos”.

De inmediato, rodaron videos, en las redes, de cómo este ignoto GI Joe venezolano practicaba tiro, mientras apuntaba de espaldas con un espejo para retocarse el maquillaje, y otras “hazañas” performativas que lo presentaban como un gran líder militar. Una campaña orquestada para darle mayor visibilidad a un mensaje suyo grabado donde llamaba a una insurrección militar y policial contra Maduro, en el último suspiro de las protestas antichavistas de 2017. El objetivo era promover una imagen de “héroe venezolano” que venía a salvar a Venezuela del “régimen de Maduro”. Poco menos de un año después, la efímera historia de Pérez se terminó cuando transmitió en vivo su muerte mientras se tiroteaba con las fuerzas de seguridad venezolanas en su escondite en una barriada sobre las montañas de El Junquito, en las afueras de Caracas.

Al igual que otros episodios, la fantasía de un “salvador venezolano”, en la oposición venezolana, se ha reciclado de diversas maneras; de la fallida operación de los paracachitos, un grupo paramilitar colombiano cuyo líder pretendía brindar con whisky con la cabeza de Hugo Chávez en su despacho presidencial, hasta los mercenarios estadounidenses de la Operación Gedeón detenidos en 2020 por un grupo de pescadores de Chuao en la selvática costa venezolana. María Corina Machado, por su lado, ha sido promotora de la vertiente de este imaginario más perversa; la de una intervención militar estadounidense a través de la invocación, por ejemplo, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que permite la acción militar de los países firmantes, entre ellos Estados Unidos, cuando uno de los países lo pide.

Diarios venezolanos sobre los paracachitos, llamados así porque fueron descubiertos debido a que compraban este panecillo en una panadería en las afueras de Caracas.

Uno de los nuevos desarrollos de esta “fantasía” es el apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra el “narcotráfico” y carteles como “El de Los Soles, liderados por Nicolás Maduro”. La Administración Trump, al igual que en su primera experiencia, no ha descartado “una acción militar” directa contra Venezuela, ni tampoco un ataque contra altas figuras del chavismo, después de que su primera gran puesta en escena fuera un bombardeo a una lancha rápida en el Oriente venezolano, que podría haber servido para llevar turistas a un cayo en el medio del Caribe venezolano. También, uno de los destructores estadounidenses, el USS Jason Dunham, abordó un pequeño buque atunero con once pescadores venezolanos en aguas del país, un acto que fue declarado por las autoridades venezolanas como un intento de generar una respuesta militar del país para justificar una escalada militar. En los últimos días, ademásn, han aumentado los sobrevuelos de aviones militares estadounidense sobre la República Bolivariana para realizar “taras de recopilación de inteligencia e información”, según Vladimir Padrino López, ministro de Defensa venezolano.

Trump, en este contexto, se ha permitido la dualidad de designar al Cartel de los Soles como un grupo “narcoterrorista” para legitimar a los ataques, pero solo a través del Departamento del Tesoro, y no una orden ejecutiva. “Esto probablemente se deba a que Estados Unidos esté tratando de abrir espacio para que Chevron y otras empresas continúen en Venezuela, sin ser acusadas de apoyar a un grupo terrorista”, según Geoff Ramsey, miembro del Atlantic Council, un tanque de pensamiento de Washington. Esta ambigüedad permite administrar las expectativas de éxito, por un lado, y ampliar también las “líneas rojas” de una operación antinarcóticos, cuya base legal es cuestionada por abogados estadounidenses por no contar con una autorización del Congreso para el uso de la fuerza en el extranjero.

Este despliegue militar cuenta con los buques de guerra USS Sampson, USS Jason Dunham y USS Gravely, el USS San Antonio, especializado en desembarco de tropas y equipo; y el USS Fort Lauderdale, enfocado en transporte y apoyo logístico, destructores de la clase Arleigh Burke, alrededor de 4,000 marineros e infantes de marina á aeronaves de reconocimiento P-8 Poseidón, buques de guerra adicionales y al menos un submarino de ataque nuclear. En Puerto Rico se ha centrado la base de toda la operación después de la visita de Peter Hegseth, secretario de la renombrada secretaría de Guerra, al USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio capaz de transportar helicópteros, aviones y centenares de infantes de marina, y la Base Aérea Muñiz, donde se desplegarán, al menos, diez cazas militares F-35. Según Hegseth, los militares no “están estacionados allí para un simple ejercicio, sino para luchar contra el veneno que entra en el país”.

La Administración Trump ha publicado las fotos de, al menos, dos lanchas venezolanas atacadas - En ningún caso se ha comprobado que llevarán droga.

Para Mark F. Cancian, coronel retirado de la Marina de Estados Unidos y asesor del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales ( CSIS ), todo este despliegue es como “atrapar moscas con martillos de oro”. En su opinión, las tareas de esta operación deberían ser asumidas por la Guardia Costera estadounidense; “es la fuerza más preparada para operaciones de interdicción de drogas, ya que cuenta con autoridad policial, experiencia especializada en antidrogas y equipo específico para estas misiones. También puede usar fuerza letal si se le ordena, ya que sus lanchas están armadas con suficiente potencia de fuego para derribar cualquier embarcación de un cártel. Su enfoque les permite capturar e interrogar a miembros del cártel, recopilar pruebas y preparar expedientes para su procesamiento penal por parte del Departamento de Justicia”. Según él, todo el despliegue militar en el Caribe, distrae recursos valiosos en el “Indopacífico” para luchar contra China. Tampoco tiene la cantidad de activos, ni soldados, necesarios para invadir, y ocupar, Venezuela: para lo que, según sus cálculos, se necesitarían más de 50 mil soldados, un grupo de portaaviones, tanques y escuadrones de aviones de combate aéreo.

Cálculos hechos por el coronel retirado Cancian.

Después, en su opinión, están las opciones militares disponibles para agredir a Venezuela. El despliegue marítimo, por ejemplo, podría apoyar una incursión terrestre para atacar al liderazgo chavista o la infraestructura de lo que considera “carteles”, pero el peligro que presenta esta opción es que alguno de los soldados estadounidenses implicados quede preso en el país. “Cualquier incursión se toparía con los débiles, pero existentes, sistemas de defensa aérea y la artillería costera de Venezuela. Como se vio en la Primera Guerra del Golfo, Kosovo y la invasión de Irak, suprimir por completo las defensas aéreas enemigas es difícil , incluso con una potencia aérea dominante. Las bajas serían políticamente difíciles; un estadounidense capturado, en un accidente aéreo, sería catastrófico. La necesidad política de repatriar al cautivo otorga al adversario una enorme ventaja. Esto ocurrió en el Líbano en 1983 cuando el teniente Robert Goodman fue capturado tras el derribo de su A-6 y en Somalia en 1993 cuando el oficial de primera clase Michael Durant fue capturado tras el derribo de su Blackhawk”, sostiene Cancian.

Según las propias cifras del militar estadounidense, que subestiman la defensa aérea venezolana, el país tiene 18 aviones F-16 y 21 Sukoil Su-30, además de un número no claro de baterías antiaéreas rusas S-300 que podrían derribar a los aviones militares estadounidenses.

Por eso, para Cancian, el Comando Sur del Pentágono no debería usar aeronaves para sobrevolar y lanzar ataques contra Venezuela. “Estados Unidos podría usar misiles de largo alcance para atacar instalaciones de cárteles en zonas rurales, donde el riesgo de daños colaterales es bajo. Los misiles Tomahawk embarcados, por ejemplo, pueden alcanzar 1.600 kilómetros, suficiente para alcanzar objetivos en cualquier lugar de Venezuela con los buques a cierta distancia”, de acuerdo al militar estadounidense. Según él, “contra Irán, Estados Unidos utilizó bombardeos B-2 solo porque ellos podían lanzar la munición especial antibúnker (GBU-57) para destruir las instalaciones nucleares subterráneas. En Venezuela, solo serían necesarios para hacer una declaración política del estilo “podemos ir a cualquier parte y no podrán detenernos”. Lo que plantea Cancian tiene su importancia si se tiene en cuenta la supuesta orden de Trump de atacar a líderes chavistas, si están vulnerables, dado que muchos de ellos viven en bases militares y bunkers.

Por eso, es un gran interrogante el éxito que podría tener cualquier ataque aéreo (ya sea por drones o aviones militares) contra los líderes chavistas, o la infraestructura estratégica de Venezuela. Para el analista militar Ivan Sidorienko, el despliegue militar busca mantener la la hegemonía estadounidense en Latinoamérica y disciplinar gobiernos que no se alinean a los intereses de Washington. “El tema de la droga es una excusa, como lo fueron antes las armas de destrucción masiva de Irak en 2003 y las armas nucleares de Irán en 2025. Los más probable es que Estados Unidos ataque con misiles supuestos blancos relacionados con el narcotráfico y por otro lado, busque armar una oposición interna para derrocar a Maduro con algún tipo de "foco revolucionario" parecido a la fallida operación Gedeón (nota de autor: este plan implicó el desembarco marítimo de mercenarios estadounidenses y militares disidentes para capturar a Maduro y enviarlo en avión a Estados Unidos)”.

Sidorienko coincide con el coronel estadounidense Canciar en descartar una incursión terrestre. “Los cuatro mil marines desplegados no representan ni una brigada; no podrían ni siquiera establecer una cabeza de playa frente a una resistencia de milicianos que operen como guerrillas (los que según cifras oficiales se estiman en más de ocho millones). En términos lógicos, además, sería costoso sostener esa eventual cabeza frente a drones navales y aviones militares venezolanos. Ni Colombia, ni Brasil les darían apoyo; solo quedaría como aliado Guyana, que es un país con poca infraestructura para ayudar a Estados Unidos”. Después está el imaginario de eficacia, vendido por la oposición venezolana, de que el asesinato del liderazgo de Venezuela terminaría con el chavismo. Para el analista militar, la comparación con los ataques israelíes contra Hamas, Hezbollah e Irán demuestra que los Estados, o grupos armados con una organización sólida, siguen operando después de las campañas de asesinatos. “Podrían matar a Maduro, o Diosdado, pero no sé si generarían inestabilidad o aumentaría la cohesión de los venezolanos frente a una agresión a su patria”.

Una fantasía de la oposición venezolana es que una eventual campaña de asesinatos abra un vacío político en el Estado venezolano que pueda ser ocupado por militares golpistas bajo el liderazgo de María Corina Machado. Si eso no ocurre, también existen propuestas para que una campaña de bombardeos, o ataques dentro de Venezuela, apoyen una insurrección armada por parte de disidentes o mercenarios contratados en el extranjero, bajo figuras, por ejemplo, como Ya Casi Venezuela, la campaña de crowfunding lanzada por el exlíder de Blackwatter, Erik Prince. En un informe de junio de Jesús Romero, un exoficial de inteligencia del Comando Sur del Pentágono dedicado a la lucha contra el narcotráfico, sostuvo que “un levantamiento opositor estructurado, que contara con aviación o apoyo externo, superaría las defensas del régimen en muchas regiones, a excepción de Caracas”. El informe, de esta forma, alienta ataques contra Venezuela en base a la percepción de que las defensas aéreas venezolanas, como baterías S-300 Y aviones militares Sukoil y F-16, solo protegen la capital y la isla Orchilla donde está la a Base Aeronaval Antonio Díaz a la que tiene acceso el presidente.

La recomendación, basada en pocos datos concluyentes y fuentes no identificadas, busca “convencer a Trump de que una campaña aérea tendría éxito”, dada la cercanía de Romero con el secretario de Estado, Marco Rubio, según el portal venezolano Misión Verdad. Para MenchOsint, un analista de fuentes abiertas que anticipó los ataques estadounidenses al programa nuclear iraní de este año; “Estados Unidos intenta reafirmar su dominio en el Caribe tras el acercamiento de Maduro al triángulo enemigo estadounidense: Rusia, China e Irán. No está claro qué estrategia utilizará la Administración para provocar un cambio de régimen; es posible que primero “supriman las defensas aéreas venezolanas” y luego pasen a una campaña de decapitación del liderazgo chavista”. El despliegue, en ese sentido, viene acompañado de una cruda guerra psicológica donde se habla del poco tiempo de vuelo militar, entre Venezuela y Puerto Rico (donde están los F-35 estadounidenses), y se publica la ubicación de supuestos bunkers militares venezolanos por parte de antiguos funcionarios estadounidenses, como Marshall Billingslea, exsubsecretario para el Terrorismo Financiero del Departamento del Tesoro en la primera Administración Trump.

Esta hipótesis de ataques aéreos que apoyen una insurrección, al parecer, es una de las principales que manejan las autoridades militares venezolanas, quienes, según la información oficial de la Fuerzas Armada Nacional Bolivariana (FANB), han realizado despliegues contra “el narcotráfico, el contrabando y las redes criminales con nexos transnacionales” en la región de Los Andes, la costa occidental y Oriental, la región de Amazonas fronteriza con Colombia y Brasil. “La FANB está obligada a neutralizar cualquier expresión de violencia que pretenda imponerse en el territorio”, según Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. La intensificación de los preparativos militares ha involucrado una campaña de reclutamiento y adiestramientos de millones de nuevos milicianos y también redadas contra estructuras insurgentes (y opositores), en las semanas previas, de acuerdo con lo informado por Diosdado Cabello, ministro del Interior y líder del chavismo.

La experiencia indica que otros despliegues estadounidenses contra Estados más pequeños, como Yemen, han fracasado después de no tener éxito en desmantelar el liderazgo de los hutíes y que los buques de guerra estadounidenses fueran atacados con drones. Para el analista militar Thomas Keith de Sovereign Protocol, dedicado a investigador conflictos, guerras de la información; “el despliegue estadounidense sirve para cuatro objetivos. Primero, la interdicción y el espectáculo: abordajes y ataques a embarcaciones pequeñas presentadas como parte de grupos “narcoterrorristas". Segundo, para un mapeo de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR): ubicar radares costeros, baterías de misiles de superficie y aire (SAM), patrones de patrulla, centros de drones, depósitos de combustible y municiones, y enlaces de comunicación mientras se mide el tiempo de reacción militar de Venezuela. Tercero, ventajas cinéticas limitadas: ataques a objetivos marítimos expuestos o nodos logísticos temporales fuera del espacio aéreo defendido. Cuarto, operaciones psicológicas: crear una sensación de "red ocupada" en el Caribe que normaliza la presencia estadounidense mientras pinta a Venezuela como un santuario criminal”.

A pesar de las amenazas, Diosdado Cabello, uno de los líderes chavistas, ha participado de actos públicos en los últimos días, lo que proyecta confianza en el escudo defensivo de Venezuela.

Para Keith, además, la analogía con las campañas de “decapitación” de Israel contra Hamás o Hezbollah no son acertadas porque estuvieron basadas en inteligencia humana profunda, y construida a lo largo del tiempo. Venezuela, en cambio, en su opinión, es un Estado soberano con socios externos, y movilidad de su liderazgo, donde parece más complejo establecer la localización en tiempo real del liderazgo chavista a través de la inteligencia humana. “La pila defensiva venezolana aumenta los costos en todos los frentes; posee defensas aéreas de largo y mediano alcance, los S-300/Antey-2500 y Buk-M2, en capas para crear una Defensa Aérea de Corto Alcance, cazas SU-30 Y F-16 que proporcionan interceptación de defensa, patrullajes marítimos, que incluyen misiles, botes de ataque rápido y milicias litorales, apostadas en desembocaduras de ríos y puntos de estrangulamientos desde La Guaira hasta Paraguaná y el corredor del Lago Maracaibo, que empujan a los buques de superficie estadounidense más lejos de la costa venezolana. Lo que, junto a la infantería fluvial y costera, convierte al contra despliegue venezolano en un puercoespín barato y numeroso. Por todo esto, Washington, no tiene un camino fácil y corto para una campaña de asesinatos del liderazgo chavista”, según él.

Venezuela ha construido en la práctica una defensa que aumenta los costos en cada peldaño de la escalada armamentística. “La contra respuesta ha sido armar el costo (con la defensa aérea, drones y la negación marítima), armar la sociedad (con milicias y bases de defensa local) y armar la verdad (con la documentación y verificación de las acciones militares estadounidenses). El objetivo no es superar a Estados Unidos en términos militares; sino hacer que cada paso de la escalada sea tan costoso, visible e ilegítimo que deje de escalar”, de acuerdo a Keith. El tiempo dirá si toda esta nueva campaña para promover una operación de “salvataje” de Venezuela, no termina en el largo libro de fallidas historias golpistas como la de Óscar Pérez.

Fuente: Bruno Sgarzini

Documentos de EEUU revelan cómo prepara una “acción militar” contra Venezuela

 

 Por Bruno Sgarzini   

      Periodista argentino especializado en asuntos internacionales.

     La designación de carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas estuvo precedida por una serie de informes, previos a la asunción de Donald Trump, que iluminan el accionar de Estados Unidos en la actualidad. Sobre todo cuando hay informes que indican preparativos para acciones militares en México y existe un despliegue marítimo estadounidenses fuera de las aguas venezolanas.

Una de las justificaciones de todo este andamiaje por parte de los organismos de seguridad estadounidenses es la consideración de que Washington enfrenta “una invasión” que convierte a la “migración masiva en un arma”, a través del tráfico de personas, de drogas, organizados por carteles (y organizaciones criminales), según el periodista estadounidense Ken Klippenstein. “En otras palabras, la gente no viene a Estados Unidos para escapar de la pobreza o la represión o en busca de oportunidades; son soldados de infantería de un ataque orquestado contra el país”, según Klippenstein.

Para Joseph Humire, subsecretario de Defensa para América Latina: “la migración armada se produce cuando actores estatales y no estatales catalizan, manipulan o inducen la migración masiva para lograr objetivos políticos y geopolíticos. En el contexto actual, estos objetivos van más allá de la coerción y se centran en erosionar las fronteras soberanas y expandir la captura y el control territorial. La migración armada busca desestabilizar las estructuras sociales y gubernamentales de Estados Unidos. Establecer una 'cabeza de puente' de personal subversivo disponible para ataques dirigidos dentro de Estados Unidos y contra infraestructura crítica y objetivos de alto valor para generar miedo y paralización. Las Organizaciones Criminales Transnacionales funcionan como agentes de Estados-nación adversarios que buscan la expansión territorial. La erosión de las fronteras soberanas es un pretexto para expandir las economías ilícitas, conquistar nuevos territorios y desdibujar las fronteras entre el control estatal y no estatal”.

Una de las justificaciones de todo este andamiaje por parte de los organismos de seguridad estadounidenses es la consideración de que Washington enfrenta “una invasión” que convierte a la “migración masiva en un arma”

Humire es un estadounidense, hijo de bolivianos, partidarios de calificar a los movimientos progresistas como partidos corruptos aliados de Irán y Hezbollah. También quien como integrante de la red Atlas, una fundación de extremo derecha, y del Center for a Secure Free Society, promovió la idea de que los líderes del chavismo eran partes del Cartel de los Soles, recién designado como una “entidad terrorista” por el gobierno estadounidense. Bajo este concepto de migración armada, sostenido por Pam Bondi, la secretaría de Estados Unidos, los carteles latinoamericanos, elegidos por la Administración estadounidenses, son agentes de “Estados Nación adversos” para atacar Estados Unidos.

Documento del Centro Nacional de Inteligencia de Estados Unidos sobre las nuevas amenazas a la seguridad estadounidenses.

Los documentos internos de los organismos de seguridad estadounidenses también demuestran cómo la “amenaza narco chavista” ha sido pre fabricada para alinear una narrativa con los objetivos de política exterior de Marco Rubio (y el propio Trump), quien hoy está a cargo de delinear la política de seguridad (y exterior) de Estados Unidos como secretario del Departamento de Estado y jefe del Consejo de Seguridad Nacional (que concentra todas las ramas estatales del poder militar, financiero y diplomático estadounidense). Según un memorándum del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, ni Maduro usa la migración como un “arma”, ni existen pruebas de que coopere con organizaciones narcos como el Tren de Aragua, tipificada como “terrorista”. Mientras que del Cartel de los Soles brilla por su ausencia en los informes de la DEA y otros organismos internacionales.

Informe del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos del 7 de abril de 2025.

Por esos días de 2023, una de las propuestas que le alcanzaron fue un trabajo de Ken Cuccinelli, ex subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional en la primera Administración Trump, titulado “Es hora de declarar la guerra a los cárteles transnacionales de la droga”, y publicado en el Center For Renewing de America, un tanque de pensamiento de derecha. Cucinelli, además, fue el responsable de escribir el Capítulo de Seguridad del Proyecto 2025, una hoja de ruta para el gobierno trumpista creado por la Fundación Heritage.

En ese documento, Cuccinelli, por ejemplo, habla de crear una nueva “definición estatutaria para los cárteles sería similar a la definición actual de organizaciones criminales transnacionales (OCT) en el código estadounidense, pero contemplaría un enfoque más preciso con mayores facultades que permiten la acción financiera, diplomática y directa, típicamente reservada para quienes designan como organizaciones terroristas extranjeras”. La actual Administración, con diversas ordenes ejecutivas, ha ido más allá cuando, en vez de crear una nueva definición estatuaria, calificó a los carteles, como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.

Esta nueva designación permite aplicar “sanciones severas y el asesinato de los líderes de los carteles, sin depender del sistema judicial penal estadounidense”, según Cuccinelli. En esta misma línea, para el secretario de Estado, Marco Rubio, con esta disposición el gobierno trumpista" puede utilizar otros elementos del poder estadounidense, para atacar a estos grupos". Para algunos escépticos, por supuesto, el planteamiento deja algunas dudas sobre si sería legal asesinar un miembro de un cartel, como si fuera parte de Al Qaeda, u el Estado Islámico, a través de campañas, por ejemplo, de bombardeos con drones como en Irak, Siria o Afganistán. “Si bien el Congreso ha autorizado el uso de la fuerza contra Al Qaeda, no ha permitido librar una guerra contra grupos no relacionados, incluso si el poder ejecutivo también los califica de "terroristas". La ley estadounidense permite al gobierno imponer sanciones , como el bloqueo de activos, contra grupos que califica como tales, pero esto no le autoriza a realizar operaciones de guerra contra ellos”, de acuerdo a los periodistas de New York Times, Charlie Savage, Helene Cooper y Eric Schmitt.

Para sortear estas restricciones, por eso, Cuccinelli recomienda sancionar una ley en el congreso que designe a los carteles como organizaciones terroristas y apruebe la acción directa en su contra, similar a un proyecto presentada en 2024 por los congresistas republicanos Mike Waltz (por un tiempo breve jefe del consejo de Seguridad de Trump), Dan Crenshaw. Sin embargo, ese museo del horror que han sido las guerras contra el Terror en Irak y Afganistán demuestra que las administraciones republicanas son bastantes creativas a la hora de adaptar sus objetivos, incluso, si se trata hasta de justificar, de forma legal, distintas formas de tortura como el submarino.

Como una forma de preparar los ataques directos, el antiguo funcionario afirma que Washington debería organizar con México, y otros países, un despliegue de la Marina de Estados Unidos para detener los envíos de drogas en el Pacífico mexicano, como una “forma de reclutar funcionarios”. Esta afirmación bien se podría adaptar a lo que hace Estados Unidos con su despliegue frente a las costas venezolanas y la intención de sumarse otros países, como Francia, Reino Unido, Guyana, Argentina, Trinidad y Tobago, entre otros, a su operación de presión contra el gobierno de Maduro. Un despliegue que permitiría, por ejemplo, atacar la principal base del país en Caracas, el Fuerte Tiuna, donde pernoctan altos funcionarios del chavismo, según James Story, exembajador de Estados Unidos en Colombia entre 2018 y 2023.

Lo que llama la atención si se tiene en cuenta que, dentro de la Administración trumpista, se ha hablado de la posibilidad de lanzar misiles, o bombardeos con drones, desde los buques de guerra estadounidense, “para atacar la infraestructura y el liderazgo de los carteles”, según Washington Post. La gran incógnita, por eso, es si esta operación militar estadounidense en el Caribe fue diseñada para una campaña de ataques permanente en Venezuela para desestabilizar al gobierno chavista, o solo para generar una percepción de “amenaza” que genere un quiebre interno con un par de acciones espectaculares. Fiel al estilo espectacular trumpista de sobreactuación para crear una imagen de éxito prefabricada.

Fuente: Bruno Sgarzini