Por
Bruno
Sgarzini
La designación de carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas estuvo precedida por una serie de informes, previos a la asunción de Donald Trump, que iluminan el accionar de Estados Unidos en la actualidad. Sobre todo cuando hay informes que indican preparativos para acciones militares en México y existe un despliegue marítimo estadounidenses fuera de las aguas venezolanas.
Una de las justificaciones de todo este andamiaje por parte de los organismos de seguridad estadounidenses es la consideración de que Washington enfrenta “una invasión” que convierte a la “migración masiva en un arma”, a través del tráfico de personas, de drogas, organizados por carteles (y organizaciones criminales), según el periodista estadounidense Ken Klippenstein. “En otras palabras, la gente no viene a Estados Unidos para escapar de la pobreza o la represión o en busca de oportunidades; son soldados de infantería de un ataque orquestado contra el país”, según Klippenstein.
Para Joseph Humire, subsecretario de Defensa para América Latina: “la migración armada se produce cuando actores estatales y no estatales catalizan, manipulan o inducen la migración masiva para lograr objetivos políticos y geopolíticos. En el contexto actual, estos objetivos van más allá de la coerción y se centran en erosionar las fronteras soberanas y expandir la captura y el control territorial. La migración armada busca desestabilizar las estructuras sociales y gubernamentales de Estados Unidos. Establecer una 'cabeza de puente' de personal subversivo disponible para ataques dirigidos dentro de Estados Unidos y contra infraestructura crítica y objetivos de alto valor para generar miedo y paralización. Las Organizaciones Criminales Transnacionales funcionan como agentes de Estados-nación adversarios que buscan la expansión territorial. La erosión de las fronteras soberanas es un pretexto para expandir las economías ilícitas, conquistar nuevos territorios y desdibujar las fronteras entre el control estatal y no estatal”.
Una de las justificaciones de todo este andamiaje por parte de los organismos de seguridad estadounidenses es la consideración de que Washington enfrenta “una invasión” que convierte a la “migración masiva en un arma”
Humire es un estadounidense, hijo de bolivianos, partidarios de calificar a los movimientos progresistas como partidos corruptos aliados de Irán y Hezbollah. También quien como integrante de la red Atlas, una fundación de extremo derecha, y del Center for a Secure Free Society, promovió la idea de que los líderes del chavismo eran partes del Cartel de los Soles, recién designado como una “entidad terrorista” por el gobierno estadounidense. Bajo este concepto de migración armada, sostenido por Pam Bondi, la secretaría de Estados Unidos, los carteles latinoamericanos, elegidos por la Administración estadounidenses, son agentes de “Estados Nación adversos” para atacar Estados Unidos.
Los documentos internos de los organismos de seguridad estadounidenses también demuestran cómo la “amenaza narco chavista” ha sido pre fabricada para alinear una narrativa con los objetivos de política exterior de Marco Rubio (y el propio Trump), quien hoy está a cargo de delinear la política de seguridad (y exterior) de Estados Unidos como secretario del Departamento de Estado y jefe del Consejo de Seguridad Nacional (que concentra todas las ramas estatales del poder militar, financiero y diplomático estadounidense). Según un memorándum del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, ni Maduro usa la migración como un “arma”, ni existen pruebas de que coopere con organizaciones narcos como el Tren de Aragua, tipificada como “terrorista”. Mientras que del Cartel de los Soles brilla por su ausencia en los informes de la DEA y otros organismos internacionales.
Por esos días de 2023, una de las propuestas que le alcanzaron fue un trabajo de Ken Cuccinelli, ex subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional en la primera Administración Trump, titulado “Es hora de declarar la guerra a los cárteles transnacionales de la droga”, y publicado en el Center For Renewing de America, un tanque de pensamiento de derecha. Cucinelli, además, fue el responsable de escribir el Capítulo de Seguridad del Proyecto 2025, una hoja de ruta para el gobierno trumpista creado por la Fundación Heritage.
En ese documento, Cuccinelli, por ejemplo, habla de crear una nueva “definición estatutaria para los cárteles sería similar a la definición actual de organizaciones criminales transnacionales (OCT) en el código estadounidense, pero contemplaría un enfoque más preciso con mayores facultades que permiten la acción financiera, diplomática y directa, típicamente reservada para quienes designan como organizaciones terroristas extranjeras”. La actual Administración, con diversas ordenes ejecutivas, ha ido más allá cuando, en vez de crear una nueva definición estatuaria, calificó a los carteles, como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Tren de Aragua, como organizaciones terroristas extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.
Esta nueva designación permite aplicar “sanciones severas y el asesinato de los líderes de los carteles, sin depender del sistema judicial penal estadounidense”, según Cuccinelli. En esta misma línea, para el secretario de Estado, Marco Rubio, con esta disposición el gobierno trumpista" puede utilizar otros elementos del poder estadounidense, para atacar a estos grupos". Para algunos escépticos, por supuesto, el planteamiento deja algunas dudas sobre si sería legal asesinar un miembro de un cartel, como si fuera parte de Al Qaeda, u el Estado Islámico, a través de campañas, por ejemplo, de bombardeos con drones como en Irak, Siria o Afganistán. “Si bien el Congreso ha autorizado el uso de la fuerza contra Al Qaeda, no ha permitido librar una guerra contra grupos no relacionados, incluso si el poder ejecutivo también los califica de "terroristas". La ley estadounidense permite al gobierno imponer sanciones , como el bloqueo de activos, contra grupos que califica como tales, pero esto no le autoriza a realizar operaciones de guerra contra ellos”, de acuerdo a los periodistas de New York Times, Charlie Savage, Helene Cooper y Eric Schmitt.
Para sortear estas restricciones, por eso, Cuccinelli recomienda sancionar una ley en el congreso que designe a los carteles como organizaciones terroristas y apruebe la acción directa en su contra, similar a un proyecto presentada en 2024 por los congresistas republicanos Mike Waltz (por un tiempo breve jefe del consejo de Seguridad de Trump), Dan Crenshaw. Sin embargo, ese museo del horror que han sido las guerras contra el Terror en Irak y Afganistán demuestra que las administraciones republicanas son bastantes creativas a la hora de adaptar sus objetivos, incluso, si se trata hasta de justificar, de forma legal, distintas formas de tortura como el submarino.
Como una forma de preparar los ataques directos, el antiguo funcionario afirma que Washington debería organizar con México, y otros países, un despliegue de la Marina de Estados Unidos para detener los envíos de drogas en el Pacífico mexicano, como una “forma de reclutar funcionarios”. Esta afirmación bien se podría adaptar a lo que hace Estados Unidos con su despliegue frente a las costas venezolanas y la intención de sumarse otros países, como Francia, Reino Unido, Guyana, Argentina, Trinidad y Tobago, entre otros, a su operación de presión contra el gobierno de Maduro. Un despliegue que permitiría, por ejemplo, atacar la principal base del país en Caracas, el Fuerte Tiuna, donde pernoctan altos funcionarios del chavismo, según James Story, exembajador de Estados Unidos en Colombia entre 2018 y 2023.
Lo que llama la atención si se tiene en cuenta que, dentro de la Administración trumpista, se ha hablado de la posibilidad de lanzar misiles, o bombardeos con drones, desde los buques de guerra estadounidense, “para atacar la infraestructura y el liderazgo de los carteles”, según Washington Post. La gran incógnita, por eso, es si esta operación militar estadounidense en el Caribe fue diseñada para una campaña de ataques permanente en Venezuela para desestabilizar al gobierno chavista, o solo para generar una percepción de “amenaza” que genere un quiebre interno con un par de acciones espectaculares. Fiel al estilo espectacular trumpista de sobreactuación para crear una imagen de éxito prefabricada.
Fuente: Bruno Sgarzini
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