Aquella brisa de los veranos de antes (2 de 20).

 

 Por Pedro Costa Morata

Politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

El Monte, como el Agua y las Costas, debe ser competencia del Estado

Poco, y breve, es lo que este cronista puede aportar a la marabunta de comentarios, análisis, denuncias, improperios y desvergüenzas que, envolviendo a las llamas implacables, nos escandalizan en este agosto espantoso, en el que las Comunidades autónomas más afectadas -Galicia, Castilla y León, Extremadura- han demostrado su impotencia, incompetencia y mala uva, dedicando sus líderes más, mucha más energía a imprecar al Gobierno central que a organizarse frente a los incendios. Han tenido que recurrir al disimulo de sus inclementes ataques para tratar de ocultar su nefasta política ambiental general y de Montes en particular, reduciendo durante años efectivos, presupuestos y voluntad, pidiendo ahora árnica al Estado (como si ellos fueran administraciones lunares) y exigiendo la puntual y eficiente ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de directo control de Madrid. A destacar, de entre los vociferantes mandos del PP, a ese mamarracho de Bendodo, convencido de que tenía que sustituir con nota al gran Tellado, ausente, que debe estar acumulando bilis para el nuevo curso.

Elías Bendodo, portavoz del PP, calificando de "pirómana" a la directora general de Protección Civil.

Empezaré por el final, no vaya a ser que se me olvide lo principal, que es que entre las medidas consecuentes que haya de adoptar el Gobierno central ante la penosa actuación de las satrapías más arriba citadas, y teniendo en cuenta lo que nos espera por la crisis ecológica general, que ni aflojará ni dará tregua, debiera de figurar una UME reformada para que las catástrofes naturales hayan de ser atendidas (prevenidas, analizadas, atacadas) desde una dirección única, estatal, bien provista y a salvo de los necios deslenguados que produce esta manada del PP. Una UME ampliada, reorganizada y de recursos globales multiplicados, a la orden del Ministerio del Interior o del que sea competente en Medio Ambiente. Y que no tenga nada de militar: ¿a cuento de qué ha de ser militar un cuerpo anti incendios, anti riadas, anti nevadas…? Supongo que cuando Zapatero se planteó este uso del Ejército en tareas tan estrictamente civiles como las señaladas, pensaría al menos dos cosas: que (1) la disciplina militar contribuiría a la eficacia en las misiones que se le encomendara y (2) que siendo militar ese órgano se excluía a la competencia/incompetencia de las Comunidades autónomas, que generalmente no son de fiar en asuntos serios y graves (pero que esto, ni se debe reconocer ni se les debe imputar, por políticamente incorrecto y peligroso).

Incendio en Galicia (iSTOCK).

Pero la cosa nunca había adquirido tanta gravedad como en este verano, y todo indica y anuncia que se repetirá si no se adoptan medidas drásticas, valientes y capaces, lo que debe de ser asumido por el Estado en su Administración central. Soy de los que nunca creyeron positivo, cuando tomaba cuerpo el Estado autonómico, que las competencias ambientales cayeran en manos de la jurisdicción autonómica, y que no solo las Costas, las Aguas y algo más, serían ámbitos que debía retener el Estado “por razones obvias”, principalmente por su amplitud y la imposibilidad de atribuir su presencia e influencia a regiones y límites administrativos, sino y sobre todo porque la importancia y la seriedad de los asuntos ambientales, estructurales en el país y por lo tanto en el Estado, debían a quedar a salvo del esperable (sí, no nos equivocábamos) mal hacer autonómico, con su perspectiva localista y su mínima sensibilidad ambiental.

Así lo percibíamos quienes nos enfrentábamos a la contaminación variopinta, las agresiones ubicuas y el corrosivo veneno del industrialismo, fuera franquista, fuera paleo-democrático. Un combate erosivo y desesperante con los alcaldes, y que también empezaba a revelarse, según avanzaba el tiempo, con las entidades autonómicas. Aquello de que “desde cerca” se podían resolver mejor los problemas ambientales, y que los directamente afectados actuarían con mayor interés y eficacia no era creíble, por falaz e indemostrable. Y sí quedaba mucho más claro que los intereses locales, las redes clientelares, el caciquismo, la ignorancia y la corrupción eran notas locales bien enquistadas que herían e indignaban, sometiendo a los primeros grupos ecologistas a una lucha sin descanso y a enfrentamientos desoladores.

     Por supuesto que esta consideración peyorativa hacia los niveles locales y autonómicos competenciales no implicaba que las instituciones del Estado iban a ser mucho más sensibles, sinceras y eficaces, pero al menos el enemigo quedaba -allá en Madrid y los órganos ministeriales- mucho más localizado y, se suponía, más tratable al disponer de una visión global respecto del problema y más separada respecto de los intereses y maldades territoriales. A este respecto, no hay más que ver ese timo del MITECO, sin idea en sus mandamases sobre cualquier tipo de transición ecológica y de bien probada acción nula en lo del reto demográfico.

Y una vez aprobada la Constitución, solo los ingenuos creyeron que el artículo 45 y su mirífico enunciado (“Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado… así como el deber de conservarlo… Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales…. Para quienes violen lo dispuesto… así como la obligación de reparar el daño causado”), serviría como marco estricto y apremiante para que las cosas se hicieran bien. Menos mal que los artículos 148 y 149, los concretamente competenciales, aunque atribuían a las Comunidades autónomas expresamente “Los montes y aprovechamientos forestales” (148.8), y “La gestión en materia de medio ambiente” (148.9), guardaban para el Estado “La legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias” (149.23). Lo que, mira por dónde, nos viene al pelo para que el Estado se ponga las pilas y trabaje con diligencia a asumir estos contenidos constitucionales con el apremio de la crisis climática, cosa de la que no se hablaba, en aquellos años fundacionales, en los ambientes políticos y raramente en los ecologistas.

Quiero recordar que aun antes de brotar el ecologismo político los ecologistas conservacionistas tenían que mantener un desigual combate con la “filosofía forestal”: las repoblaciones masivas, el tirón de las papeleras y fábricas de celulosa y, en definitiva, los ingenieros de Montes, enemigos protagonistas que, tristemente, mandaban con exclusividad en aquella ICONA que reflejaba la escasa preocupación ambiental-global de nuestro Estado, ya que apenas sobrepasaba a los montes, y aun esto con un enfoque forestal y evidente confusión entre bosque y plantación, ecosistema y objeto, naturaleza y economía…. (Con la pelea, las urgencias, la confusión y el “expertismo” haciendo eclosión ahora se ha colado con fuerza eso del “paradigma forestal”, es decir, el trato forestal, o sea, productivo, a las masas arboladas desdeñando la realidad y el concepto de bosque como ecosistema y albergue de vida, en el que ese sotobosque al que ahora se ataca sin misericordia es tan importante como los árboles de porte, y donde la ganadería extensiva, que ahora se reivindica como máquina “natural” y barata de limpieza, debe ser excluida.)

Con la consolidación del Estado liberal, socialista o popular, y sobre el principio inamovible y necesario de que el liberalismo como doctrina o política es perfecta y radicalmente incompatible con la conservación de la naturaleza, sus recursos y el medio ambiente en general, que por su propia esencia son bienes públicos y que por ello debieran ser inalienables, al ecologismo le ha correspondido alinearse con las políticas públicas ambientales, la propiedad pública de espacios y bienes de índole natural y la directa intervención pública en su gestión, en las duras y en las maduras. De ahí que haya de ser el Estado el que incremente su papel ambiental global, no que lo reduzca, fortaleciendo su papel según la Constitución y actuando con la legalidad legislativa y normativa que le asiste para actualizarse y asumir la crisis ecológica general, que se agrava por momentos, más allá y con perspectiva más realista (descartando toda histeria y la cínica teatralidad al uso) del problema del clima y sus efectos inmediatos y visibles. O sea, que el Gobierno de Pedro Sánchez no pierda el tiempo viendo cómo esa oposición montaraz le rechaza cualquier pacto ambiental civilizado, sea climático, sea de otro tipo.