La ofensiva de Trump contra los medios públicos

 

 Por Alberto Mesas   

      Periodista por la Universidad Complutense de Madrid especializado en temas sobre migraciones, derechos humanos y Balcanes occidentales.

El fin de la financiación federal conduce al cierre de más de 1500 emisoras locales y aumenta la brecha informativa en las zonas rurales. El ataque contra los servicios públicos de comunicación se replica en Europa

     La desfinanciación de los medios de comunicación públicos de Estados Unidos es solo otra de las cruzadas de Donald Trump desde su vuelta a la Casa Blanca. El primer lunes de 2026 trajo consigo el apagón de la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB, por sus siglas en inglés), el ente independiente que desde 1967 canalizaba los fondos federales para financiar las televisiones y radios públicas de todo el país. 

Con todo, esta es la crónica de un cierre anunciada. El pasado mes de julio, el Congreso –de mayoría republicana– aprobó un hachazo de 9.000 millones de dólares en recortes presupuestarios, de los que más de 1.000 millones estaban destinados a financiar la CPB durante 2025 y 2026. Esto se ha convertido, entre otras cosas, en el fundido a negro de más de 1.500 emisoras de radio de todo el país que durante décadas habían estado funcionando gracias a los fondos públicos, y que daban empleo y servicio –información local, contenido educativo e información de servicio relacionada con el tráfico o las alertas climatológicas– a millas de pequeños condados de todo el país.

Protesta en la sede la NPR en Washington el 11 de marzo de 2025.

“La pérdida del apoyo económico a la CPB corre el riesgo de erosionar, o incluso destruir, la fuente más confiable de información en muchas comunidades”, alerta desde Indianápolis Caroline Hendrie, directora ejecutiva de la Society of Professional Journalists (SPJ) [Sociedad de Periodistas Profesionales]. Hendrie pone el foco en la cobertura que hacen los medios públicos en muchas zonas de Estados Unidos, y en que el dinero de la CPB “también hacía posible la realización de documentales y reportajes de investigación sobre asuntos de interés público”.

En la SPJ muestra una especial preocupación por el periodismo de investigación. “Investigar un tema a fondo requiere tiempo, recursos e independencia editorial, que son difíciles de conseguir sin un apoyo económico que no tenga más motivos ocultos que sacar a la luz la verdad”, insiste Hendrie.

Ofensiva contra lo público 

La decisión de cerrar el grifo del dinero público, totalmente consciente y meditada, va mucho más allá del mero ajuste presupuestario por parte de un gobierno ultraliberal, y también representa una ofensiva política e ideológica declarada contra la idea de los medios públicos como infraestructura esencial en un sistema democrático donde el derecho a la información representa uno de sus pilares.

Durante años, numerosos líderes conservadores han criticado duramente a la PBS y la NPR (la televisión y la radio pública de alcance estatal), acusándolas constantemente de tener un marcado sesgo ideológico, quejándose del mucho dinero que cuesta mantenerlas activas y exigiendo más control y menos financiación federal. Finalmente, ha sido la administración Trump quien ha sentenciado a muerte a la Corporación. En mayo de 2025, el magnate firmó la Orden Ejecutiva 14290 , que instruía a la CPB a cesar la distribución de fondos a la PBS y la NPR, argumentando que desde estos medios se hacía “propaganda con dinero de los contribuyentes”. De hecho, la propia orden lleva como título “Fin de los subsidios de los contribuyentes a los medios de comunicación sesgados”.

Las sedes de PBS y NPR en Arlington, Virginia, y Washington, D. C.

Esta retórica se articuló como parte de un discurso conspiranoico más amplio que calificaba a los medios públicos de “radicales” o “woke” (término despectivo para referirse a quienes defienden luchas sociales contra el racismo o a favor de los derechos LGTBIQ+), deslegitimando su función y cuestionando la profesionalidad de decenas de miles de sus trabajadores.

El Capitolio aprobó la retirada de fondos por 214 votos a favor y 212 en contra, y el Senado hizo lo propio por un estrecho margen, pese a las protestas de algunos republicanos que expresaron preocupación por el impacto en emisoras rurales o en las comunidades indígenas. Precisamente por su papel en la educación, la cultura y el impulso del periodismo local, durante décadas ha habido un consenso entre demócratas y republicanos que ahora Donald Trump ha hecho saltar por los aires.

“Los ataques a la integridad editorial y la credibilidad de la PBS y la NPR no son nada nuevo”, añade Caroline Hendrie. La directora ejecutiva de la SPJ cree que los esfuerzos para combatir esta narrativa hostil contra los medios públicos “deben incluir el argumento de que estos medios ofrecen información esencial y contenidos educativos a audiencias de todo el país”. Y para esto –continúa– es necesaria “la ayuda y el apoyo de dicha audiencia, que debe exigir a sus líderes electos que respeten y apoyen la libertad de prensa”.

Bulos y odio frente al derecho a la información

Además de garantizar el acceso a la información independientemente del lugar de residencia o del nivel de renta –en EEUU la televisión es mayoritariamente de pago–, la CPB no producía programas ni intervenía en las líneas editoriales de la PBS y la NPR.

Su función se limitaba a distribuir los fondos federales, unos fondos que ni siquiera eran muy cuantiosos. Según datos del Congreso de EEUU, el dinero público que recibía la CPB representaba alrededor del 16 % de su presupuesto total, el resto provenía de donaciones privadas, patrocinios y aportaciones de los oyentes y espectadores.

RAPPORT MÉDIAS PUBLICS.

Sin embargo, ese pequeño porcentaje de ayuda federal permitía sostener programas míticos como Barrio Sésamo; cubrir información local en zonas consideradas news deserts (desiertos informativos, condados sin prensa diaria ni televisión local); y mantener operativos sistemas de alerta de emergencia, esenciales en regiones expuestas a tornados, incendios o inundaciones.

Además, en muchas emisoras de radio rurales –algunas de las cuales recibían entre 30 % y 70 % de su presupuesto de la CPB–, la financiación del Estado marcaba la diferencia entre seguir emitiendo o cerrar, porque los medios privados no invierten en estas zonas al no considerarlas rentables económicamente. Por ejemplo, una emisora local de Yakima (Washington), llegó a desarrollar un servicio de traducción de alertas meteorológicas orientado a los trabajadores agrícolas hispanohablantes, algo que habría sido impensable sin financiación pública.

En muchas ocasiones, el vacío que dejan los medios públicos es rápidamente ocupado por plataformas privadas y, a falta de cabeceras, la audiencia tiende a informarse a través de las redes sociales, donde la desinformación y los bulos circulan sin ningún tipo de filtro, lo que también contribuye a ampliar la brecha informativa entre las zonas urbanas y rurales.

La precarización del trabajo en las redacciones es otro problema derivado de la degradación de los medios públicos. Hendrie apunta que “los recortes en la financiación se traducen directamente en una reducción del número de periodistas y de la capacidad de las redacciones para cubrir temas”. Esto, afirma, afecta a la calidad de la información, y también condiciona que los periodistas se lancen a informar sobre determinados asuntos: “La inseguridad laboral dificulta que los periodistas se enfrenten a poderes políticos o económicos, e informen sobre temas complejos sin temor a represalias […] La solidez de los medios de comunicación públicos depende de una financiación estable que permita a los periodistas realizar su trabajo de forma independiente, ética y sin presiones”.

En esta misma idea incide Montse Montaos, responsable de televisiones públicas de la Agrupación de Periodistas de Comisiones Obreras (CCOO). Para ella, “en el ideal de un medio público, hay coberturas que probablemente nunca harían otros medios. La buena información es cara y no ofrece un beneficio económico directo, ofrece un servicio clave en una sociedad democrática”.

Medios bien valorados, pero poco protegidos

El cierre de la CPB ha provocado una oleada de rechazo entre periodistas, ciudadanos y el sector político demócrata de Estados Unidos, y varios de ellos han incidido en el trasfondo ideológico de la medida. Varias asociaciones de periodistas, como la propia SPJ, o la Radio Television Digital News Association, han emitido comunicados condenando esta decisión, y hay colectivos de la sociedad civil y grupos de defensa de los medios públicos que han lanzado campañas de apoyo y recaudación de fondos para intentar lograr la continuidad de algunas emisoras locales y de los programas de televisión más emblemáticos. En redes sociales, etiquetas como #SavePublicMedia (Salvemos los medios públicos) y #FundPBS (Financia la PBS) se han convertido en vehículos de protesta ciudadana, movilizando donaciones y presionando a los legisladores.

Esta situación pone en evidencia una enorme paradoja. Según encuestas como la que realizó el Pew Research Center en la primavera de 2025, el 43 % de los adultos del país apoya que la PBS y la NPR reciban financiación pública. Los medios de comunicación públicos en Estados Unidos están muy bien valorados por la ciudadanía, pero también son especialmente vulnerables a decisiones políticas. Esto, en un país donde lo privado es la norma, hace que cuando el dinero público no fluye, todo ese apoyo social no es suficiente para garantizar su continuidad.

La oleada ultra contra los medios públicos no se queda en EEUU

Cargar contra la legitimidad de los medios de comunicación públicos no es algo exclusivo de Trump en Estados Unidos. En Europa, países como Hungría, Polonia o Italia, con gobiernos de ultraderecha y agendas económicas austericidas, también han hecho recortes en sus respectivos medios públicos, ejerciendo presión sobre los contenidos y limitando la independencia editorial en un intento de orientar la opinión pública hacia sus intereses.

En un informe publicado hace unos meses, Reporteros Sin Fronteras advierte de que en más de la mitad de los países de la Unión Europea existen presiones políticas sobre los medios de comunicación públicos, muchas de ellas destinadas a influir en su financiación, nombramientos internos o contenidos.

Incluso en democracias consolidadas como el Reino Unido, los debates sobre la financiación de la BBC son habituales, con los partidos conservadores y de extrema derecha cuestionando su neutralidad editorial y proponiendo reformas que restrinjan su financiación obligatoria o su titularidad pública. El ultra Nigel Farage y su partido Reform UK han criticado abiertamente a la BBC, acusándola de sesgo ideológico y promoviendo medidas para restringir su papel en el ecosistema mediático británico.

España: medios públicos muy ligados al poder político

En España, RTVE también es foco de constantes críticas desde la derecha y ultraderecha política (PP y Vox) y mediática, que acusan al ente público de falta de neutralidad y de favorecer narrativas favorables a la coalición progresista en el Gobierno. Estas críticas se intensifican en periodos electorales y en los debates parlamentarios sobre la gestión y los contenidos de RTVE. En cada comunidad autónoma existe la misma problemática, principalmente con las televisiones autonómicas. Al depender directamente de los fondos que cada gobierno regional destina a las corporaciones, éstas se encuentran constantemente bajo acusaciones de parcialidad, sobre todo en los servicios informativos.

La responsable de televisiones públicas de la Agrupación de Periodistas de CCOO, Montse Montaos, cree que los medios públicos en España son un blanco de ataque dentro del marco de “las políticas neoliberales y el desprecio a los servicios públicos”. Montaos afirma que “en el marco político actual, en que voces con tintes autoritarios y antidemocráticos invaden la esfera pública, el ideal de medio público como garante del derecho de información de la ciudadanía es una amenaza para las fuerzas reaccionarias que perturban la convivencia propagando desinformación y bulos para alcanzar el poder”.

Aun así, Montaos hace hincapié en una peculiaridad de nuestro sistema de medios autonómicos, y asegura que las radiotelevisiones públicas en España “no han conseguido despegarse del poder político, siguen sin cumplir el mandato por el que han sido creadas”. Por eso critica la enorme politización de los nombramientos y las cúpulas directivas. “Las políticas de contratación son difusas, la externalización de contenidos está derivando dinero público a manos privadas con intereses alejados del servicio público”, añade.

No solo en RTVE, sino también en televisiones autonómicas como TVG (Galicia) o À Punt (Comunitat Valenciana), los comités de empresa y los principales sindicatos han denunciado en numerosas ocasiones casos de manipulación informativa y el desmantelamiento progresivo del servicio público, principalmente cuando la derecha se encuentra en el poder.

Redacción de TVG de Santiago de Compostela.

Centro de producción de programas de À Punt.

Para proteger a los entes públicos, el año pasado se creó la plataforma RTVs Públicas en Lucha tras un primer encuentro en Santiago de Compostela impulsado por el Comité de los medios públicos galegos. Esta alianza, donde están presentes casi todos los comités de radiotelevisiones públicas de España, “focaliza sus demandas en el fin de las injerencias políticas y de la externalización y el desmantelamiento”, explica Montse Montaos.

El riesgo de la privatización

Aunque el cierre de la CPB supone un duro golpe al ecosistema mediático estadounidense, no significa la desaparición automática de la PBS y la NPR. Ambos medios operan con un modelo de financiación mixta, que combina esa financiación federal que se pierde con las aportaciones de donantes individuales y fundaciones privadas, empresas patrocinadoras.

Aún así, el agujero económico puede ser insalvable. El dinero federal constituía una red de seguridad para todas esas emisoras pequeñas de los condados, pero sin esa red las grandes emisoras urbanas –como la WGBH en Boston o la KQED en San Francisco– también se acercan al abismo, y no es seguro que puedan sobrevivir únicamente de donantes.

Sobre esto también incide Hendrie, de la SPJ, que explica cómo “a raíz de la supresión de la financiación de la CPB, algunas organizaciones de medios de comunicación públicos recibieron un gran apoyo de filántropos individuales, pero esas donaciones no sustituyeron lo que se había perdido y muchas las consideran insostenibles a largo plazo”.

Hendrie considera que sin el dinero federal los medios públicos se enfrentan ahora a una mayor presión para obtener ingresos de fuentes alternativas. “Gestionada de forma responsable, la financiación pública sirve para proteger la independencia editorial, pero si se socava esa financiación se corre el riesgo de que los medios afectados descuiden la necesidad informativa de la gente en detrimento de la búsqueda de ingresos esenciales”. 

El cierre de la CPB también alimenta el riesgo de la privatización. Al depender más de donaciones privadas y patrocinadores corporativos, los que hasta ahora son medios públicos podrían ver comprometidos su independencia, inclinándose hacia contenidos influenciados por quien pone el dinero. La financiación federal aseguraba la cobertura y la difusión universales, y cierta autonomía frente a intereses privados, pero sin ese respaldo del Estado puede romper el equilibrio.

Fuente: Ctxt

Piden más de 3 años de cárcel para el secretario general del ayuntamiento de Águilas por acoso laboral

 

 Por Alicia Negre    

       Licenciada en Periodismo por la Universidad de Murcia (UMU). Redactora de  LA VERDAD.

Un magistrado abre juicio contra el funcionario por la supuesta divulgación de un escrito de alegaciones presentado por el afectado

     El presunto acoso laboral contra un representante sindical podría sentar en el banquillo al secretario general del Ayuntamiento de Águilas. En un auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Lorca ha acordado la apertura de juicio oral contra Jesús L. por presuntos delitos de acoso laboral, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. 

Jesús López López (diario Información).

La Fiscalía solicita que se le impongan penas que suman tres años y siete meses de cárcel y hasta dos años y meses de inhabilitación para empleo o cargo público. Además, el Ministerio Público reclama que se indemnice al perjudicado en 3.835 euros, de los que el propio Consistorio tendría que responder de forma subsidiaria.

Fuente: LA VERDAD

Para un invierno átono y viscoso, sin frío ni calor (4 de 10)

 

Con el AVE hacia el pasado, a toda velocidad

 Por Pedro Costa Morata

        Ingeniero, Periodista y Politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

El ministro Óscar Puente, de Transportes y Movilidad Sostenible (¡oh!) sigue mirándose en el ombligo de la alta velocidad, y ya ha anunciado que pronto los trenes entre Madrid y Barcelona aumentarán su velocidad de crucero desde los 300 hasta los 350 km/h, cumpliendo el recorrido “en menos de dos horas”. No ha dicho por qué, ni quién se lo ha pedido o mandado ni qué manifestaciones recorren el itinerario entre las dos primeras ciudades de Iberia con pancartas que exijan esa conquista tecnológica, o qué artículos de prensa circulan con esa reivindicación. Nada de nada: se le ha emperejilado que esos trenes corran más y ya está; y nadie de su cohorte de tecnócratas le va a indicar, por su ignorancia supina, que a más velocidad menos circulaciones sociales, más déficit en las líneas útiles, más tráfico en las carreteras y -en definitiva y contradiciendo el lema de su Ministerio- menos movilidad sostenible. El objetivo del Ministerio es privilegiar el AVE y correr más y más, aunque sus responsables no sepan en realidad a cambio de qué se embalan.

Tren AVE (RENFE).

Mientras, el ministro no hace el menor caso de las continuas manifestaciones de indignación que se producen en buena parte del país pidiendo más y mejores servicios en la red convencional, especialmente allá donde se han suspendido los servicios tradicionales, socialmente rentables (pienso sobre todo en la línea Murcia-Albacete por Cieza y Hellín, en la Cuenca-Valencia por donde siempre, la sempiterna reclamación de la línea Almendricos-Guadix, la abandonada Vía de la Plata, es decir, Astorga-Plasencia...), es decir, los itinerarios que poseen verdadero interés público, que es a lo que deben atender nuestros políticos elegidos. Pero al ministro socialista lo tiene abducido un tren exclusivista que corteja a acomodados (por propio peculio o por mandato empresarial), obliga a resignados y maltrata, con su impronta y sus prisas, al territorio y sus habitantes.

Con cierto gracejo, don Óscar ha asumido la representación fiel de la realidad chusca de este país de ingeniosas ocurrencias y nostalgias agazapadas, regalándonos con noticias de alto, y original, contenido socializante y retumbos surrealistas de la posguerra y de cuando entonces. Y así, nos ha dicho que los viajes en tren “deben seguir evolucionando en España y adaptarse a ciertas modalidades que se dan en el resto de Europa” (El País, 6 de diciembre de 2025), proclamando ese impecable impulso europeísta que podrá traducirse en la emisión de billetes sin asiento asignado y, por lo tanto, podrá viajarse de pie.

Unas noticias que este cronista, que tiene muy presentes nuestros trenes de los años 1950 y 60, ha recibido con inocultable emoción, siendo su primera reacción la de rescatar su vieja maleta de madera y esquinas metalizadas, superviviente de mil trances, peligros y batallas, sobre la cual hubo de pasar noches enteras, en vigilia interminable o adormecido y estirado, en los abigarrados pasillos del tren correo Cartagena-Madrid, precisamente en la noche posterior a Reyes, que era cuando tantos españoles se movilizaban y era el tren, y solo el tren, la solución a sus necesidades; y este memorioso tenía que estar, puntual, en su internado de León tras las vacaciones de Navidad en Águilas. El recuerdo se amplía con la evocación de hazañas memorables en aquella estación de Alcantarilla-Villa, verdaderamente épicas, consistentes en asaltos al tren en la mejor tradición del guerrillero español, arrojado y capaz, acometiendo murallas inseguras y dominando fortalezas vulnerables. Pues aquel expreso (como también era llamado, no sin ironía), dejaba sus vagones de tercera fuera del andén con las puertas casi inalcanzables, y las técnicas de ataque debían de recurrir al ingenio tanto para acceder a las puertas atascadas por el personal urgido como, no digamos, ya a las ventanillas solo aparentemente inalcanzables.

Trenes y gentío en la Barceloneta (Jordi Pol, elDiario.es).

Porque, seguro que hay lectores a los que es necesario refrescar la memoria: nuestros trenes dividían sus vagones de viajeros en tres categorías, siendo la tercera la del populacho menos pudiente pero más heroico; y el acceso, cuando las plazas eran pocas y el personal populoso, con frecuencia también había que hacerlo por las ventanillas, aupándose unos con otros, aunque fuera, ¡ay!, para encontrar ya completos los departamentos interiores, debiendo colocar el esqueleto de pie en el pasillo o, en el caso de afortunados provistos de maletas seguras, sentados sobre ellas. Que era el caso de quien esto escribe, que tuvo que hacer ese recorrido -no una ni dos ni tres veces- en el pasillo, siendo bien pequeño, acompañado de su madre y su hermana, con algún recuerdo de almas caritativas que le cedían el asiento algún ratito. Y hacinados, pero contentos, se movilizaban los españoles de tercera, afrontando dificultades e incomodidades sin cuento, pero llegando al mismo sitio y a la misma hora que los privilegiados viajeros de segunda y de primera.

Es por ello, por este anunciado y entrañable regreso al pasado de la mano del tren AVE (futurista vaya que sí) por lo que esa mi maleta de históricos favores y bien demostrada resistencia -es obra de mi padre, que era un buen carpintero- me recuerda, humildemente, sus méritos tanto tiempo olvidados, ya que a más de los años de servicios familiares me acompañó en mis viajes escolares durante siete años, así como en los dos campamentos veraniegos de Milicias: y me emociono al pensar que una nueva época de prosperidad le espera, y aviso al mundo de que me encontrará ufano y hasta exhibicionista, portando mi vieja compañera y rindiéndole el culto que bien merece.

La maleta que vuelve en tiempos del AVE.

Y ya que estoy, cómo olvidar la visita, casi siempre a las tantas de la noche, de la pareja de la Guardia Civil, bien armada con sus “naranjeros” legendarios, pidiendo sin ganas de bromear la documentación y preguntando “¿ese niño con quién va?”. Y más de una vez estos ojos contemplaron el raudo paso por el pasillo, entre ambos números de la Benemérita, a algún desgraciado cazado quizás en su fuga y a la sazón esposado (qué visión tan fea, y cómo se queda grabada para siempre).

Pero volviendo al tema de marras, es decir, la puñetera obsesión del AVE, quiero insistir una vez más en que una política de transportes, social y sensatamente desplegada, incluiría -mire el ministro Puente por dónde- un estricto freno a las inversiones en la red del AVE y un incremento del 100 por 100 durante varios años en la red convencional, evitando que -como hace el AVE- cada día más y más ciudadanos recurran al coche privado o al autobús cuando podrían hacerlo utilizando el ferrocarril pero cuyos servicios les han sido arrebatados sea por cierre de líneas, sea por eliminación de estaciones y paradas. Esa política debiera centrarse, por sobre cualquier otro objetivo, en potenciar al máximo, en servicios y precios, el uso del tren de media distancia, que es el que más alivia el tráfico de carretera.

Porque habíamos quedado en que la principal virtud del sistema ferroviario era contener, y si es posible revertir, la feroz e incontenible expansión del automóvil, así como del tráfico carretero de mercancías. Sin embargo, las cosas van -que ya es mala suerte- por el camino contrario, y las carreteras, sobre todo las autovías, muestran signos inequívocos de atasco y saturación. Una aportación horrible, ciertamente inesperada por necia y traicionera, ha sido la aparición expansiva del camión de doble trailer, capaz de arrastrar 70 toneladas, un detalle de la fina sensibilidad ambiental de la Unión Europea, y que ha aceptado, sin dudarlo, la Dirección General de Tráfico que, como todo el mundo sabe, pertenece al Ministerio del Interior, no al de Transportes: vaya por Dios. Naturalmente, esta brillante iniciativa pretende ahorrar costes humanos y rentabilizar movimientos (señas de identidad de la UE), no reducir las emisiones de CO₂ (propósitos hipócritas, siempre subsidiarios de lo económico, de la patulea de cínicos de Bruselas).

       Oscar Puente, un magnífico parlamentario que sabe responder muy bien cuando las huestes del PP le tocan las narices, adolece como ministro de la menor idea o sensibilidad ambiental global, aunque está al frente de un Ministerio que debiera supervisar el principal sector productivo anti atmósfera y anti territorio, que es el transporte (esté o no en su jurisdicción estricta). De ahí que asistamos a una realidad que no por sobradamente percibida resulta menos indignante, que es que ni hay política de transportes ni movilidad sostenible ni preocupación ambiental ni transición ecológica: todo falacia, todo filfa, todo mentira.

        Y en este marco de despolíticas y tomaduras de pelo hay que insertar, sí, al AVE falsario y arrollador.

Águilas: el desmedido poder del secretario López

 

 Por  Pedro Costa Morata

      Politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

Se atribuye a sus malas artes el abandono de la política de, al menos, dos importantes militantes socialistas: la hasta hace tres meses alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y el anterior alcalde de Lorca, Diego José Mateos quien, al pasar a la oposición tras las últimas elecciones locales, ha dejado de ser concejal y se encuentra ahora, como interventor municipal en el Ayuntamiento de Águilas, sometido a muy duras condiciones éticas en su trabajo. Y no se descarta que el anuncio del actual alcalde independiente de Mazarrón, Ginés Campillo, de no presentarse a las próximas elecciones tenga que ver con el veneno inoculado y extendido en este ayuntamiento por Jesús López, que continúa manteniendo un irregular estatus de secretario municipal titular en Águilas y acumulado en Mazarrón.

“Jesús del Gran Poder”, “Puto Amo” y otros apelativos circulan por Águilas para referirse a este funcionario, que ha demostrado especiales habilidades tanto para el control de la Corporación, incluyendo a la alcaldesa dimisionaria, como para ir dotándose de un estimable patrimonio inmobiliario… Quedan pocas dudas de que la fuga -tan bien orquestada y poco menos que en olor de santidad- de Mari Carmen Moreno como alcaldesa de Águilas ha estado directamente relacionada con la situación a que ha llegado nuestro Ayuntamiento por la presencia, actividad, maniobras, chapuzas e ilegalidades del actual secretario municipal, Jesús López López, cuyas intrigas hicieron que Mari Carmen tuviera que reconocer, en privado por supuesto, que “me tiene bien cogida”.

Mari Carmen Moreno, exalcaldesa de Águilas y devota procesionante.

Venía de Caravaca en 2015 don Jesús precedido de una fama que, si no era para cerrarle las puertas del pueblo (allí, el alcalde socialista, José Moreno, consiguió quitárselo de encima), sí lo era para que los aguileños se preguntaran cómo es que una alcaldesa socialista había fichado a un funcionario conocido por su ideología derechista tirando a ultra y conocido en la ciudad de la Cruz por sus muy menguadas dotes para el servicio público, pero de cualidades empresariales ciertamente acusadas. Así, se le recuerda en Caravaca por el manejo oscuro de asuntos que le concernían y por sus relaciones con ciertas empresas y su intervención en concursos de acreedores, así como por frecuentar demasiado los bares de la localidad en horario laboral. La alcaldesa de Águilas lo contrató temporalmente como secretario municipal, pero este contrato fue prorrogado -en lugar de prescindir prudentemente de sus servicios, a la vista de sus intrigantes movimientos- hasta que consiguió la plaza en propiedad.

Jesús López López (diario Información).

Estando en Águilas ya apunté en un artículo anterior (“Águilas: tocata y fuga de Mari Carmen”, Alteridad, 2 de setiembre), que se hizo con la jefatura de los servicios jurídicos de Torrevieja para actuar sobre todo en materia de contratación, que son asuntos en los que brilla por sus manejos, y que en aquel caso se refería a la concesión del servicio de basuras; y, aliado con el alcalde, no tardó en entrar en conflicto con la secretaria municipal, Pilar Vellisca, que se negó a los cambalaches en negocios locales y acabó denunciando a los dos, a López y al alcalde, por prevaricación y denuncia falsa. El alcalde, por aforado, está siendo enjuiciado por el TSJ de la Comunidad Valenciana; López, al principio compinchado con el alcalde, pronto entró en competencia con éste tratando de “independizarse”, a lo que el alcalde contestó dándole una patada y echándolo de su Ayuntamiento.

Su reintegración a Águilas se produjo después de haber estado cobrando el 30 por 100 en Torrevieja e, indebidamente, el 100 por 100 de su salario en Águilas (cuando la suma de sus emolumentos no podía superar el 100 por 100, claro), desatendiendo, evidentemente, sus obligaciones en ambas ciudades. Este es el episodio, ya explicado en el citado artículo, que el Tribunal de Cuentas afeó, y condenó a la alcaldesa de Águilas a devolver, junto a otros dos funcionarios banales, más de 9.000 euros malamente percibidos por el listo de López.

Reinstalado en Águilas volvió a las andadas “acumulando” a su cargo el de secretario municipal de Mazarrón sin repartirse los ingresos sino cobrando el 100 por 100 de Águilas (que debiera ser el 70) y un 30 por 100 en Mazarrón. Este asunto, por el mismo motivo que la fechoría anterior con Águilas-Torrevieja, ha llegado al Tribunal de Cuentas por “reclamación de responsabilidad por alcance de pagos indebidos”, donde se está ventilando (y donde algunos funcionarios no parecen entender, y parece mentira que así sea, que denunciar comportamientos impropios de servidores públicos es colaborar con la justicia, no motivo de recriminación); y del que vienen trascendiendo los aprietos en que el encausado más el nuevo alcalde aguileño -que ha heredado el “marrón” de su compañera- se están viendo. Este segundo abuso de los caudales públicos es de mucha mayor envergadura económica que el anterior ya que dura varios años, y con ello está relacionada una querella criminal interpuesta por un abogado aguileño. De este escándalo ha trascendido, y los tribunales lo tienen en cuenta, que sus servicios en el Ayuntamiento de Mazarrón fueron objeto de un “acuerdo verbal y tácito” entre alcaldes (sin que de esto exista ningún papel ad hoc), que es lo que alega el interfecto para no verse obligado a cumplir condición alguna, lo que es perfectamente ilegal.

Al Ayuntamiento de Mazarrón, donde ya ha conseguido colocar a dos de sus hijos, acude “poco y mal”, y podría decirse que aquí le preocupan, sobre todo, los intereses personales-familiares y profesional-crematísticos, forzando la máquina y creando serios problemas al Consistorio de la villa minera. Así, ha pretendido que acredite ese convenio de “acumulación de funciones” el secretario accidental, Juan Ceferino Ros quien, enfrentado a la ilegalidad flagrante, se ha negado a lo que hubiera significado “falsedad en documento público”, y después de un ruidoso altercado con López- estando éste de baja, pero presente en el Ayuntamiento, trabajando y presionando a Ceferino- lo ha denunciado ante la propia Institución antes de abandonar su puesto, pidiendo la excedencia para perder de vista al conflictivo personaje. Testigos de la casa han asistido a otro altercado, más reciente, mantenido por Diego Martínez, secretario accidental con Alicia Jiménez, lideresa del PP en la Corporación (y exalcaldesa), a cuento de la reciente convocatoria de 18 plazas de auxiliares administrativos, que ha devenido en escándalo y pelea y sobre la que Alicia le ha afeado ciertos incumplimientos legales en las bases del concurso y la composición del Tribunal; por lo que Martínez, de la cuerda de López, la ha amenazado con sacar a relucir cierta abultada cantidad de dinero con la que -como factura falsa- algo tuvo que ver la anterior alcaldesa.

Porque es necesario subrayar este modus operandi del funcionario López que, básica y sistemáticamente, consiste en intercambiar favores utilizando su evidente poder funcionarial y utilizando a los beneficiarios como rehenes de sus poco ortodoxas maniobras, a lo que añade su práctica, habitual y depurada, de no firmar decisiones delicadas; y como hacia este tipo de decisiones muestra una afición que se advierte como enfermiza, consigue eludirlas “dándose de baja” por enfermedad, estado en el que pasa frecuentes y largos periodos (nueve meses este mismo año en Águilas, cinco recientemente en Mazarrón). Con ello consigue delegar en otros la firma de asuntos comprometedores, cosa que consigue generalmente y de donde le viene buena parte de su poder: de tener “cogidos” a funcionarios y políticos por sus firmas inadecuadas que incluso pueden irrumpir en la ilegalidad y a los que sabe chantajear llegado el momento. Podemos decir que este “estilo” es la clave de su (temible, fructífero) poder, aunque es verdad que no siempre consigue sus perversos planes de hacer firmar a otros los asuntos de su conveniencia particular, como más arriba señalo, y a esta actitud reincidente ha de enfrentarse (por fin) ahora.

En la frenética vida de Jesús López, relacionada con su función de (poco encomiable) servidor público y su (incontrolada) ambición por los negocios, se asiste de Decisio Consulting, grupo de abogados que, mediante la celosa intervención de nuestro hombre, operan como asesores jurídicos en los ayuntamientos de Águilas, Mazarrón y Pulpí, y que utiliza como respaldo para sus informes y proyectos eludiendo a los juristas de plantilla. También se le considera activamente vinculado con la constructora ATTC, que ha subido como la espuma desde que don Jesús la trata, y especialmente con su directivo Ángel López: ni que decir tiene que el propio patrimonio inmobiliario del señor secretario va aumentando tan visible como sorprendentemente. ATTC ya tiene adjudicada la construcción de un bloque de viviendas en el antiguo Anchurón de la estación de ferrocarril, que en su día RENFE enajenó y que debiera tener un destino como zona verde; de esta manera ATTC y su protector López planean su contribución a la especulación urbanística aguileña (Sobre las maniobras que ya se han iniciado para intervenir en la futura, y prevista, recalificación de los inmensos terrenos que dejará “libres” el traslado de la actual estación del ferrocarril a las afueras, habrá que dar cuenta en su momento, con probable cita de algunos nombres de los aquí ya aludidos.)

ATTC, constructora vinculada a Jesús López, en plena expansión.

Mientras tanto, las perturbaciones jesusianas no cesan en la ya suficientemente traqueteada Casa consistorial aguileña, como se ve en el “caso Hidrogea”, el de la renovación del contrato de servicios de la empresa del agua y la basura, que ha sido puesta en cuestión por las mañas de López (Lo que no quiere decir que haya de encomiarse el papel de Hidrogea, antes Aquagest, concesionaria a la que, por cierto, este cronista ya criticó en 1976, en el diario Línea, junto con su amigo y corresponsal Pepe Román, por ciertos y escandalosos abusos.) A la propuesta de prórroga de cinco años a Hidrogea, López se opone y se sospecha que es porque quiere que la concesión no se renueve y recaiga en otra empresa más de su gusto o con la que ya haya negociado sus cosicas, concretamente Aqualia, a la que ha conseguido prorrogar otros 25 años la concesión de que disfrutaba en Mazarrón. Esto ha creado un problema a la Mesa de contratación, que ha paralizado el procedimiento: el asunto no es menor, ya que supone una aportación al Ayuntamiento de 252 millones de euros durante los próximos 25 años. Esta maniobra de López se asemeja mucho a la que puso en marcha cuando era jefe de los servicios jurídicos en Torrevieja, lo que motivó su expulsión de la salitrosa localidad alicantina.

Dada la libertad con que Jesús López se mueve y persigue sus intereses personales en el Excmo. Ayuntamiento de Águilas y los problemas que acarrea, algunos de ellos de incidencia penal, la exalcaldesa Mari Carmen Moreno no puede considerarse exenta de responsabilidad, y algún día habrá de explicar cuáles fueron las motivaciones que le hicieron “fichar” a este personaje para el pueblo de Águilas, y cómo y por qué se dejó enredar en sus apaños. Solo dos detalles para terminar: ¿a cuento de qué- si no ha sido por la presión de López- se le ha encontrado un hueco en el funcionariado municipal a la esposa de Isidro Carrasco, líder local de Vox?, ¿no fue de gran imprudencia, por ejemplo, incrementar el salario de su esposo (el de la alcaldesa) mediante incremento de productividad de 300 euros mensuales por realizar labores claramente descritas y valoradas en su hoja de funciones, a través de un decreto de Alcaldía avalado por el secretario López con su firma, vulnerando el procedimiento legal y camuflándolo en un incremento retributivo aprobado recientemente por el Pleno de octubre para los grupos A1 y A2, con el fin de darle apariencia de legalidad?

La exalcaldesa, flanqueada por secretario e interventor.

“Está todo podrido”, “es vergonzoso”, “el ambiente tiene más que ver con el estilo mafioso que con una mayoría socialista”, me dice gente de dentro de la Casa. Y no es cualquier cosa la herencia que recibe Cristóbal Casado, alcalde designado por Mari Carmen y que, como primera providencia, habrá de sacudirse el apelativo que cunde por el pueblo de “alcaldeso” que, siendo poco más que broma no demasiado maliciosa, sin embargo lo obliga a actuar con diligencia y rectitud en los asuntos municipales, empezando por poner firme a don Jesús López y tomándose todo el interés por expulsarlo lo más lejos posible de Águilas.

Aunque la realidad parece ir por otro lado, ya que a la visible afición a los negocios del nuevo alcalde -con sus relaciones con la empresa ATTC y con algún empresario hostelero local poco recomendable- se une el estrechamiento de relaciones con López, hasta el punto de que se viene diciendo que éste, el secretario municipal, “trabaja en la Alcaldía”, por el tiempo a todas luces excesivo que pasa con el alcalde en su despacho. No se aprecia en Casado, ya es mala suerte, ningún carácter político o civil singular, que haga pensar que los desvaríos de la etapa de su antecesora vayan a corregirse.

A este desmadre generalizado en el Ayuntamiento de Águilas que, en definitiva, repercute en sensible merma de caudales públicos teniendo como agente perturbador a López y como consentidores máximos a Moreno y Casado, la izquierda aguileña no parece querer hacer frente, y ni indaga ni se interesa; tampoco el PSOE aguileño o el murciano se dan por enterados, lo que evidentemente resulta más grave. Menos mal que CC. OO. ya ha denunciado las prácticas ilegales de las Mesas de contratación en los recientes concursos de personal administrativos, tanto en Mazarrón como en Águilas, señalando a la punta de este iceberg escandaloso.

Con estos antecedentes e indicios tan indignantes referentes a un habilitado nacional que se supone debería de ser funcionario ejemplar, ¿cómo es que no interviene la Dirección General de Administración Local, autonómica, actuando de oficio disciplinariamente en favor del interés general? Pues debiera hacerlo, y con diligencia.