Los sindicatos mandan un mensaje a la patronal: la huelga por la vivienda será legal y está justificada

 

 Por Laura L. Ruiz   

      Mujer, vegana y de Moratalaz. Ah! y periodista.

Al igual que ocurrió con la huelga feminista o por Palestina, las agrupaciones empresariales intentan generar dudas sobre la legalidad de los paros generales.

Manifestantes por la vivienda en Madrid, el 3 de octubre.

     Mientras que los sindicatos se apresuraban a responder a las demandas que se han visto este fin de semana en todas las movilizaciones en favor del derecho a la vivienda, la patronal buscaba argumentos para impedir una posible huelga. “No son de naturaleza laboral”, “difícilmente justificable” o “claro componente político y electoral” son algunas de las reflexiones que han hecho las agrupaciones empresariales CEOE y CEPYME en un comunicado. Para la patronal mayoritaria, la demanda sobre el derecho a la vivienda “quedan al margen de la gestión de las empresas” y dejan entrever que podría ser hasta ilegal. 

Lo cierto es que se trata de un discurso similar al que se escuchó con la primera huelga feminista o con los paros por Palestina. En ambas fue una huelga general legalizada, con argumentos laborales y sin ningún tipo de irregularidad en su proceso. “La de Palestina supuso mucho más complejidad, pero se indicó que el dinero público se estaba invirtiendo en armamento y esto afecta directamente a la clase trabajadora”, explica a El Salto Miguel Fadrique, secretario general de CGT, que asegura que la afectación en esta huelga es mucho más clara: “Sin salarios dignos no te puedes comprar una vivienda”.

“Diría incluso que vamos tarde, pero hasta el estallido social por el desahucio de Maricarmen no ha hecho que se produzca”, comenta Fadrique en respuesta a por qué llega ahora y no antes la convocatoria de una huelga general. “Es que el problema es mucho más grande que el precio de un alquiler o el precio para comprar una casa. Está directamente ligado a los salarios, que son totalmente insuficientes”, explica. En esta misma línea se muestran CCOO y UGT, que ya han expresado su intención de apoyar la huelga general por la vivienda. 

“La posibilidad de que las trabajadoras y los trabajadores tengan acceso a la vivienda es un aspecto central en la reivindicación de esta huelga, que ha sido impulsada por otras organizaciones como el Sindicato de Inquilinas”, explica a El Salto Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Discurso de CCOO. “La accesibilidad a la vivienda está condicionada por la especulación, pero también por los salarios excesivamente bajos”, añade. Precisamente ahí ven la justificación laboral que hace que la huelga sea perfectamente legal: la cuestión salarial. “Los trabajadores no pueden pagar las consecuencias de un orden mundial caótico en el que vivimos, donde el precio de la energía se dispara y los precios de los productos básicos suben, muchas veces solo para garantizar los márgenes de beneficios de las empresas”.

“Con esta huelga, los trabajadores y las trabajadoras dicen claro que queremos tener vivienda, un salario digno y que no queremos ser quienes paguemos las consecuencias de la guerra y la inflación”, explica e indica que no son unas reivindicaciones improvisadas, si no que el sindicato lleva muchos años advirtiendo sobre el coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo. 

Gutiérrez, preguntado por el interlocutor de esta huelga general, tiene claro que no es solo uno. “No se convoca por un ataque concreto sobre nuestros derechos, lo que hace es poner en el centro una plataforma reivindicativa para los y las trabajadoras: interpelamos al Gobierno actual, al posible Gobierno futuro, a todas las administraciones incluidas las Comunidades Autónomas y, por supuesto a las empresas y a las organizaciones patronales”. A este respecto, el miembro de CCOO recuerda que la patronal ha estado bloqueando el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. “No acceden a las subidas importantes de salarios que hay que hacer para compensar la inflación”, indica. Por eso manda un mensaje claro: “Que se sienten a negociar”. 

Ese mensaje se extiende al futuro Gobierno. Con el adelanto electoral, han quedado muchos temas en el aire que los partidos que ahora están en la oposición no garantizan. “¿Qué pasa con el registro horario, con el estatuto de los becarios, con las directivas europeas por transponer, con la revalorización de las pensiones?”, se pregunta. Gutiérrez también advierte que las Comunidades Autónomas tienen el deber de garantizar los servicios públicos, algo que afecta directamente al poder adquisitivo de la clase trabajadora. “Estamos viendo que muchas personas se están viendo obligadas a recurrir al mercado privado por el deterioro de los servicios públicos, sobre todo en educación, sanidad o temas sociales, lo que hace que pierdas poder adquisitivo”, explican desde CCOO.

En este sentido, desde CGT también indican que la huelga general no va contra el Gobierno actual solo. “No miramos el color del gobierno porque este ni ha hecho lo que podría hacer ni esperamos nada del futuro Gobierno, del color que sea, dependemos de la calle, de las movilizaciones para lograr los objetivos”, explica Fadrique que, eso sí, refuerza la idea de unidad. “Queremos hacerlo de forma conjunta, lograr paralizar el país y que estemos a la altura de las circunstancias, sin protagonismos ni egos”, comenta a este medio.

Lo cierto es que aunque la mayoría de sindicatos se han mostrado favorables a convocar o a apoyar la huelga, aún no se sabe quién dará el paso de liderar las gestiones de su legalización —es decir, ser el interlocutor con la mediación obligatoria en huelga— y cuándo se pondrá fecha. La mayoría de los sindicatos sitúan la fecha a principios de noviembre y antes de que empiece la campaña electoral, pero seguramente la fecha no se conozca hasta finales de la semana. Las conversaciones entre el Sindicato de Inquilinas y las centrales laborales empiezan este mismo miércoles.

“Estamos muy contentas de que los dos sindicatos con más afiliación del Estado se hayan puesto al lado de un movimiento que lleva diez días en la calle luchando por la vivienda digna”, explica Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en referencia al compromiso de UGT y CCOO a apoyar una huelga general, y asegura que “la huelga será de todo el pueblo”. “Desde los sindicatos de inquilinas no vamos a dejar de trabajar para que haya una unidad popular de todas las trabajadoras de este país para conseguir el derecho a una vivienda digna”, ha indicado a los medios y asegura que en breve se presentarán fecha y calendario de acciones para garantizar que la huelga general sea “masiva” y así lograr lo que se persigue. 

Apoyo mayoritario de otros sindicatos

De los primeros en apoyar una huelga general en Madrid han sido los sindicatos de clase CNT, Co.Bas, Solidaridad Obrera y la Plataforma Sindical de EMT que ya forman parte de la Mesa Sindical por la huelga general junto con CGT y el Sindicato de Inquilinas. “La vivienda y el trabajo no son luchas separadas”, han explicado en un comunicado conjunto que emitieron el mismo viernes 2 de octubre, justo después de que el Congreso tumbara los dos decretos por la vivienda. “La subida de los alquileres es una transferencia directa de la riqueza desde la clase trabajadora hacia el rentismo”, sentencian y añaden que, en el camino hacia la huelga general, el primer paso es el apoyo a la huelga de educación que se llevará a cabo en la Comunidad de Madrid el próximo 14 de octubre.

En Galicia, la CIG ha hecho público este martes que se suma a convocar la huelga general en Galicia ante la “insoportable” subida de precios en las viviendas, lo que genera “un empobrecimiento de la clase trabajadora” y ante la “falta de medidas de los gobiernos para garantizar” una vivienda digna. La central gallega llama al “conjunto del tejido social y sindical a la movilización y a que se haga efectiva una convocatoria de huelga general en la primera semana de noviembre”. Entre las reivindicaciones figura la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un refuerzo de los servicios sociales y más medidas de protección social. A la Xunta le reclaman un Plan de Choque recogido en los presupuestos de 2027 para hacer frente a la inflación. “El aumento constante e imparable de los precios de la electricidad, el combustible, los productos de primera necesidad y la vivienda está llevando a la ruina a la población y a las clases trabajadoras”, ha advertido el secretario general de la CIG, Paulo Carril.

Desde LAB se han apresurado a apoyar la convocatoria de una huelga general y se declaran dispuestos a hacerlo de forma conjunta con otros sindicatos. Además de reivindicar los alquileres indefinidos, recuperar las viviendas en manos de fondos buitres para expulsarlos o acabar con las ayudas fiscales que solo “alimentan al rentismo”, el sindicato manda un mensaje al PNV y al Gobierno vasco. “Los jeltzales han trabajado a favor de la patronal inmobiliaria y, en definitiva, de los especuladores”, explican en referencia al ‘no’ del PNV al segundo decreto que rechazaron en el Congreso de los Diputados. Por eso, LAB exige al partido nacionalista que “renuncie a aplicar políticas que den la espalda a las y los trabajadores tanto en Madrid como en Euskal Herria” y cree que es posible lograr en Euskadi y Navarra lo que no se ha logrado en la Cámara baja. 

El sindicato ELA también ha anunciado que apoyará la huelga general, aunque no ha dado más detalles. El discuto que argumente su respaldo podría encajar perfectamente con la reivindicación de subida de salarios que se pedía en su propuesta para no tener ningún convenio por debajo de los 1.500 euros mensuales. Un techo salarial que junto con la reivindicación de un SMI propio para Euskadi y Navarra podría hacer frente a la inflación provocado en parte por el precio de la vivienda.

Fuente: El Salto

CCOO y UGT se suman al llamamiento de huelga general y acuerdan convocar para este otoño

 

 De Redacción El Salto

La noticia del adelanto electoral no ha frenado las intenciones de los dos sindicatos mayoritarios de apoyar un parón “por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla”.

Fotografía de Alberto Astudillo.

     Lo pedía el Sindicato de Inquilinas, a lo que se sumaron muchos otros colectivos que abarrotan las acampadas como las de la Puerta del Sol, y los representantes de los dos principales sindicatos se pasaron por la acampada madrileña para mostrar su apoyo a la idea de una huelga general con el problema de la vivienda en el centro.

Manifestación en Logroño este pasado domingo en la que se ha pedido vivienda universal o huelga general.

Parecía que el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez en la mañana de este lunes podría calmar las aguas revueltas, pero no ha sido así.

Los sindicatos UGT y CCOO han acordado la convocatoria de una huelga general de 24 horas este otoño “para reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna”, según reza un comunicado conjunto publicado por las dos organizaciones obreras. Aunque todavía deberá ser ratificado por los órganos de dirección, los sindicatos se reafirman sobre sus declaraciones tras la caída de los dos decretos de vivienda el pasado viernes. 

La fecha todavía es una incógnita. El comunicado apunta a que “se analizará con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas”. “Las manifestaciones del pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esa demanda, y la respuesta debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen”, afirman en el texto firmado de forma conjunta y en referencia a las masivas manifestaciones que recorrieron las calles de todo el Estado. 

No esconden su descontento con el Gobierno central, aunque apuntan a todos los niveles administrativos con responsabilidades en la crisis habitacional que sufre el país: “La huelga general interpela a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a las organizaciones empresariales que deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda; la renovación del AENC [Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva] y el desbloqueo de los convenios colectivos son ámbitos para demostrarlo”.

“Seguiremos en la movilización y en la negociación colectiva hasta que la vivienda deje de ser un privilegio, y los salarios permitan vivir con dignidad”, afirman los dos sindicatos en un llamamiento a las personas trabajadoras a sumarse a la campaña y al parón cuando haya una fecha definitiva consensuada con el resto de actores.

Fuente: El Salto

La ofensiva de Trump contra los medios públicos

 

 Por Alberto Mesas   

      Periodista por la Universidad Complutense de Madrid especializado en temas sobre migraciones, derechos humanos y Balcanes occidentales.

El fin de la financiación federal conduce al cierre de más de 1500 emisoras locales y aumenta la brecha informativa en las zonas rurales. El ataque contra los servicios públicos de comunicación se replica en Europa

     La desfinanciación de los medios de comunicación públicos de Estados Unidos es solo otra de las cruzadas de Donald Trump desde su vuelta a la Casa Blanca. El primer lunes de 2026 trajo consigo el apagón de la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB, por sus siglas en inglés), el ente independiente que desde 1967 canalizaba los fondos federales para financiar las televisiones y radios públicas de todo el país. 

Con todo, esta es la crónica de un cierre anunciada. El pasado mes de julio, el Congreso –de mayoría republicana– aprobó un hachazo de 9.000 millones de dólares en recortes presupuestarios, de los que más de 1.000 millones estaban destinados a financiar la CPB durante 2025 y 2026. Esto se ha convertido, entre otras cosas, en el fundido a negro de más de 1.500 emisoras de radio de todo el país que durante décadas habían estado funcionando gracias a los fondos públicos, y que daban empleo y servicio –información local, contenido educativo e información de servicio relacionada con el tráfico o las alertas climatológicas– a millas de pequeños condados de todo el país.

Protesta en la sede la NPR en Washington el 11 de marzo de 2025.

“La pérdida del apoyo económico a la CPB corre el riesgo de erosionar, o incluso destruir, la fuente más confiable de información en muchas comunidades”, alerta desde Indianápolis Caroline Hendrie, directora ejecutiva de la Society of Professional Journalists (SPJ) [Sociedad de Periodistas Profesionales]. Hendrie pone el foco en la cobertura que hacen los medios públicos en muchas zonas de Estados Unidos, y en que el dinero de la CPB “también hacía posible la realización de documentales y reportajes de investigación sobre asuntos de interés público”.

En la SPJ muestra una especial preocupación por el periodismo de investigación. “Investigar un tema a fondo requiere tiempo, recursos e independencia editorial, que son difíciles de conseguir sin un apoyo económico que no tenga más motivos ocultos que sacar a la luz la verdad”, insiste Hendrie.

Ofensiva contra lo público 

La decisión de cerrar el grifo del dinero público, totalmente consciente y meditada, va mucho más allá del mero ajuste presupuestario por parte de un gobierno ultraliberal, y también representa una ofensiva política e ideológica declarada contra la idea de los medios públicos como infraestructura esencial en un sistema democrático donde el derecho a la información representa uno de sus pilares.

Durante años, numerosos líderes conservadores han criticado duramente a la PBS y la NPR (la televisión y la radio pública de alcance estatal), acusándolas constantemente de tener un marcado sesgo ideológico, quejándose del mucho dinero que cuesta mantenerlas activas y exigiendo más control y menos financiación federal. Finalmente, ha sido la administración Trump quien ha sentenciado a muerte a la Corporación. En mayo de 2025, el magnate firmó la Orden Ejecutiva 14290 , que instruía a la CPB a cesar la distribución de fondos a la PBS y la NPR, argumentando que desde estos medios se hacía “propaganda con dinero de los contribuyentes”. De hecho, la propia orden lleva como título “Fin de los subsidios de los contribuyentes a los medios de comunicación sesgados”.

Las sedes de PBS y NPR en Arlington, Virginia, y Washington, D. C.

Esta retórica se articuló como parte de un discurso conspiranoico más amplio que calificaba a los medios públicos de “radicales” o “woke” (término despectivo para referirse a quienes defienden luchas sociales contra el racismo o a favor de los derechos LGTBIQ+), deslegitimando su función y cuestionando la profesionalidad de decenas de miles de sus trabajadores.

El Capitolio aprobó la retirada de fondos por 214 votos a favor y 212 en contra, y el Senado hizo lo propio por un estrecho margen, pese a las protestas de algunos republicanos que expresaron preocupación por el impacto en emisoras rurales o en las comunidades indígenas. Precisamente por su papel en la educación, la cultura y el impulso del periodismo local, durante décadas ha habido un consenso entre demócratas y republicanos que ahora Donald Trump ha hecho saltar por los aires.

“Los ataques a la integridad editorial y la credibilidad de la PBS y la NPR no son nada nuevo”, añade Caroline Hendrie. La directora ejecutiva de la SPJ cree que los esfuerzos para combatir esta narrativa hostil contra los medios públicos “deben incluir el argumento de que estos medios ofrecen información esencial y contenidos educativos a audiencias de todo el país”. Y para esto –continúa– es necesaria “la ayuda y el apoyo de dicha audiencia, que debe exigir a sus líderes electos que respeten y apoyen la libertad de prensa”.

Bulos y odio frente al derecho a la información

Además de garantizar el acceso a la información independientemente del lugar de residencia o del nivel de renta –en EEUU la televisión es mayoritariamente de pago–, la CPB no producía programas ni intervenía en las líneas editoriales de la PBS y la NPR.

Su función se limitaba a distribuir los fondos federales, unos fondos que ni siquiera eran muy cuantiosos. Según datos del Congreso de EEUU, el dinero público que recibía la CPB representaba alrededor del 16 % de su presupuesto total, el resto provenía de donaciones privadas, patrocinios y aportaciones de los oyentes y espectadores.

RAPPORT MÉDIAS PUBLICS.

Sin embargo, ese pequeño porcentaje de ayuda federal permitía sostener programas míticos como Barrio Sésamo; cubrir información local en zonas consideradas news deserts (desiertos informativos, condados sin prensa diaria ni televisión local); y mantener operativos sistemas de alerta de emergencia, esenciales en regiones expuestas a tornados, incendios o inundaciones.

Además, en muchas emisoras de radio rurales –algunas de las cuales recibían entre 30 % y 70 % de su presupuesto de la CPB–, la financiación del Estado marcaba la diferencia entre seguir emitiendo o cerrar, porque los medios privados no invierten en estas zonas al no considerarlas rentables económicamente. Por ejemplo, una emisora local de Yakima (Washington), llegó a desarrollar un servicio de traducción de alertas meteorológicas orientado a los trabajadores agrícolas hispanohablantes, algo que habría sido impensable sin financiación pública.

En muchas ocasiones, el vacío que dejan los medios públicos es rápidamente ocupado por plataformas privadas y, a falta de cabeceras, la audiencia tiende a informarse a través de las redes sociales, donde la desinformación y los bulos circulan sin ningún tipo de filtro, lo que también contribuye a ampliar la brecha informativa entre las zonas urbanas y rurales.

La precarización del trabajo en las redacciones es otro problema derivado de la degradación de los medios públicos. Hendrie apunta que “los recortes en la financiación se traducen directamente en una reducción del número de periodistas y de la capacidad de las redacciones para cubrir temas”. Esto, afirma, afecta a la calidad de la información, y también condiciona que los periodistas se lancen a informar sobre determinados asuntos: “La inseguridad laboral dificulta que los periodistas se enfrenten a poderes políticos o económicos, e informen sobre temas complejos sin temor a represalias […] La solidez de los medios de comunicación públicos depende de una financiación estable que permita a los periodistas realizar su trabajo de forma independiente, ética y sin presiones”.

En esta misma idea incide Montse Montaos, responsable de televisiones públicas de la Agrupación de Periodistas de Comisiones Obreras (CCOO). Para ella, “en el ideal de un medio público, hay coberturas que probablemente nunca harían otros medios. La buena información es cara y no ofrece un beneficio económico directo, ofrece un servicio clave en una sociedad democrática”.

Medios bien valorados, pero poco protegidos

El cierre de la CPB ha provocado una oleada de rechazo entre periodistas, ciudadanos y el sector político demócrata de Estados Unidos, y varios de ellos han incidido en el trasfondo ideológico de la medida. Varias asociaciones de periodistas, como la propia SPJ, o la Radio Television Digital News Association, han emitido comunicados condenando esta decisión, y hay colectivos de la sociedad civil y grupos de defensa de los medios públicos que han lanzado campañas de apoyo y recaudación de fondos para intentar lograr la continuidad de algunas emisoras locales y de los programas de televisión más emblemáticos. En redes sociales, etiquetas como #SavePublicMedia (Salvemos los medios públicos) y #FundPBS (Financia la PBS) se han convertido en vehículos de protesta ciudadana, movilizando donaciones y presionando a los legisladores.

Esta situación pone en evidencia una enorme paradoja. Según encuestas como la que realizó el Pew Research Center en la primavera de 2025, el 43 % de los adultos del país apoya que la PBS y la NPR reciban financiación pública. Los medios de comunicación públicos en Estados Unidos están muy bien valorados por la ciudadanía, pero también son especialmente vulnerables a decisiones políticas. Esto, en un país donde lo privado es la norma, hace que cuando el dinero público no fluye, todo ese apoyo social no es suficiente para garantizar su continuidad.

La oleada ultra contra los medios públicos no se queda en EEUU

Cargar contra la legitimidad de los medios de comunicación públicos no es algo exclusivo de Trump en Estados Unidos. En Europa, países como Hungría, Polonia o Italia, con gobiernos de ultraderecha y agendas económicas austericidas, también han hecho recortes en sus respectivos medios públicos, ejerciendo presión sobre los contenidos y limitando la independencia editorial en un intento de orientar la opinión pública hacia sus intereses.

En un informe publicado hace unos meses, Reporteros Sin Fronteras advierte de que en más de la mitad de los países de la Unión Europea existen presiones políticas sobre los medios de comunicación públicos, muchas de ellas destinadas a influir en su financiación, nombramientos internos o contenidos.

Incluso en democracias consolidadas como el Reino Unido, los debates sobre la financiación de la BBC son habituales, con los partidos conservadores y de extrema derecha cuestionando su neutralidad editorial y proponiendo reformas que restrinjan su financiación obligatoria o su titularidad pública. El ultra Nigel Farage y su partido Reform UK han criticado abiertamente a la BBC, acusándola de sesgo ideológico y promoviendo medidas para restringir su papel en el ecosistema mediático británico.

España: medios públicos muy ligados al poder político

En España, RTVE también es foco de constantes críticas desde la derecha y ultraderecha política (PP y Vox) y mediática, que acusan al ente público de falta de neutralidad y de favorecer narrativas favorables a la coalición progresista en el Gobierno. Estas críticas se intensifican en periodos electorales y en los debates parlamentarios sobre la gestión y los contenidos de RTVE. En cada comunidad autónoma existe la misma problemática, principalmente con las televisiones autonómicas. Al depender directamente de los fondos que cada gobierno regional destina a las corporaciones, éstas se encuentran constantemente bajo acusaciones de parcialidad, sobre todo en los servicios informativos.

La responsable de televisiones públicas de la Agrupación de Periodistas de CCOO, Montse Montaos, cree que los medios públicos en España son un blanco de ataque dentro del marco de “las políticas neoliberales y el desprecio a los servicios públicos”. Montaos afirma que “en el marco político actual, en que voces con tintes autoritarios y antidemocráticos invaden la esfera pública, el ideal de medio público como garante del derecho de información de la ciudadanía es una amenaza para las fuerzas reaccionarias que perturban la convivencia propagando desinformación y bulos para alcanzar el poder”.

Aun así, Montaos hace hincapié en una peculiaridad de nuestro sistema de medios autonómicos, y asegura que las radiotelevisiones públicas en España “no han conseguido despegarse del poder político, siguen sin cumplir el mandato por el que han sido creadas”. Por eso critica la enorme politización de los nombramientos y las cúpulas directivas. “Las políticas de contratación son difusas, la externalización de contenidos está derivando dinero público a manos privadas con intereses alejados del servicio público”, añade.

No solo en RTVE, sino también en televisiones autonómicas como TVG (Galicia) o À Punt (Comunitat Valenciana), los comités de empresa y los principales sindicatos han denunciado en numerosas ocasiones casos de manipulación informativa y el desmantelamiento progresivo del servicio público, principalmente cuando la derecha se encuentra en el poder.

Redacción de TVG de Santiago de Compostela.

Centro de producción de programas de À Punt.

Para proteger a los entes públicos, el año pasado se creó la plataforma RTVs Públicas en Lucha tras un primer encuentro en Santiago de Compostela impulsado por el Comité de los medios públicos galegos. Esta alianza, donde están presentes casi todos los comités de radiotelevisiones públicas de España, “focaliza sus demandas en el fin de las injerencias políticas y de la externalización y el desmantelamiento”, explica Montse Montaos.

El riesgo de la privatización

Aunque el cierre de la CPB supone un duro golpe al ecosistema mediático estadounidense, no significa la desaparición automática de la PBS y la NPR. Ambos medios operan con un modelo de financiación mixta, que combina esa financiación federal que se pierde con las aportaciones de donantes individuales y fundaciones privadas, empresas patrocinadoras.

Aún así, el agujero económico puede ser insalvable. El dinero federal constituía una red de seguridad para todas esas emisoras pequeñas de los condados, pero sin esa red las grandes emisoras urbanas –como la WGBH en Boston o la KQED en San Francisco– también se acercan al abismo, y no es seguro que puedan sobrevivir únicamente de donantes.

Sobre esto también incide Hendrie, de la SPJ, que explica cómo “a raíz de la supresión de la financiación de la CPB, algunas organizaciones de medios de comunicación públicos recibieron un gran apoyo de filántropos individuales, pero esas donaciones no sustituyeron lo que se había perdido y muchas las consideran insostenibles a largo plazo”.

Hendrie considera que sin el dinero federal los medios públicos se enfrentan ahora a una mayor presión para obtener ingresos de fuentes alternativas. “Gestionada de forma responsable, la financiación pública sirve para proteger la independencia editorial, pero si se socava esa financiación se corre el riesgo de que los medios afectados descuiden la necesidad informativa de la gente en detrimento de la búsqueda de ingresos esenciales”. 

El cierre de la CPB también alimenta el riesgo de la privatización. Al depender más de donaciones privadas y patrocinadores corporativos, los que hasta ahora son medios públicos podrían ver comprometidos su independencia, inclinándose hacia contenidos influenciados por quien pone el dinero. La financiación federal aseguraba la cobertura y la difusión universales, y cierta autonomía frente a intereses privados, pero sin ese respaldo del Estado puede romper el equilibrio.

Fuente: Ctxt