Los millones de la petrolera Exxon Mobil detrás de los expertos que piden bombardear Venezuela

 

 Por Bruno Sgarzini   

   Periodista argentino especializado en asuntos internacionales.

     “El instituto Brookings y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) son los dos grandes centros de estudios con los que trabajamos y en los que participamos activamente”, sostuvo en 2019 el lobista de la petrolera Exxon Mobil, Keith McCoy, en una entrevista de trabajo. Lo que no sabía McCoy es que la conversación era grabada y que su reclutador, para una compañía de inversión en energía, en realidad, era un activista climático. El lobista, sin quererlo, había confesado que se apoyaba en los informes de los académicos de ambos tanques de pensamiento para influir en los congresistas, y los medios de comunicación, contra cualquier legislación en contra de los combustibles fósiles.

Vista de la refinería de ExxonMobil en Baton Rouge, Luisiana.

Los académicos, a cargo de presentar sus informes en el Congreso, y el directorio de ambas instituciones, por supuesto, negaron cualquier conexión con la petrolera. Pero los datos hablan por sí solos; Exxon Mobil ha aportado al CSIS 12 millones de dólares que han fluido hacia su programa de “Seguridad Energética y Cambio Climático” y otros relacionados hacia iniciativas energéticas en las “Américas y África”, dos regiones donde la petrolera tiene profundos intereses. También aportó, según los registros, cinco millones para la construcción de la nueva sede del instituto y en su directorio ejecutivo tiene a su actual CEO, Darren W. Woods. El ejecutivo sustituyó en el puesto al antiguo mandamás de la empresa, Rex Tillerson, exsecretario de Estado de Trump durante su primera Administración.

Woods heredó el encono personal de Tillerson con Hugo Chávez y Venezuela después de que Exxon Mobil no aceptara la política de nacionalizaciones que daba a su yacimiento venezolano Cerro Negro en la Faja del Orinoco, la mayoría accionaria a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Al no aceptar esta nueva conformación accionaria, Chávez ordenó la expropiación del yacimiento y Exxon Mobil, bajo el mandato de Tillerson, inició una larga batalla judicial en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) luego de no aceptar el pago ofrecido por el gobierno chavista. Exxon Mobil pidió un resarcimiento de 18 mil millones de dólares, pero después, de varias apelaciones, los tribunales le dieron la razón a Venezuela y la petrolera recibió más de 900 millones de dólares.

“La venganza de Exxon llegó de la mano del vecino vecino de Venezuela: Guyana. En 2015, Tillerson —quien se convirtió en secretario de Estado del presidente Trump dos años después— comenzó a trabajar con Guyana para explorar 11 mil millones de barriles de petróleo en aguas reclamadas por Venezuela”, según los investigadores José Bouchard y Nick Cleveland-Stout de Responsible StateCraf.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, señala un mapa de la frontera entre Venezuela y Guyana, mientras se encontraba en el palacio presidencial en Caracas.

En concreto, Exxon Mobil se convirtió en accionista, junto a la petrolera Hess y la China National Corporation, del bloque Strabroek, uno de los mayores descubrimientos de gas y petróleo de los últimos 25 años, de acuerdo a The Wall Street Journal. Los recursos de Straboek, de forma paradójica, pertenecen a la misma formación geológica, conocida como “Roca Madre, la Madre”, que genera los recursos hidrocarburos de la Faja Petrolífera del Orinoco. El principal reservorio de petróleo del mundo del que se fue Exxon Mobil con las nacionalizaciones de Chávez.

Detrás del asedio a Venezuela; el lobby de Chevron y 35 mil millones de barriles de petróleo sin explotar

“Es la jugada más especulativa de mi vida”, exclamó en 1912 Henri Deterding, el presidente de la empresa petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell (Shell), luego de definir la compra de la Caribbean Petroleum Company y, por ende, de sus concesiones petroleras en el Lago de Maracaibo. La “transacción más colosal” de la historia de Shell, tiempo atrás, había sido definida cuando Deterding abrió bien grande los ojos al ver la presentación de los estudios del geólogo Raph Arnold, contratado por la Caribbean Petrolum, en su despacho de La Haya en el corazón de Europa. Arnold, en pocas palabras, le había dejado en claro que las reservas de Venezuela eran una de las más grandes del mundo.

Organizaciones sin fines de lucro de EE. UU., en contra de Exxon y Chevron por el petróleo venezolano.

Diez años después, la jugada más especulativa de su vida le dio resultados cuando la Venezuela Oil Concessions taladró uno de los pozos abandonados por la Caribbean, comprada por Shell, en el Lago de Maracaibo y encontró que podía producir un total de 100 mil barriles diarios. “El pozo más productivo del mundo”, lo calificó The New York Times al dar la noticia de que ese el pozo más “productivo del mundo”; lo que desató una “fiebre inversionistas” que llevó en pocos años, a la competidora estadounidense de Shell, la Standard Oil de John Rockefeller, ha comprar distintas compañías petroleras venezolanas, la más importante de ellas, la Creole Corporation. Para 1933, esa apuesta especulativa del ejecutivo de Shell, basada en un estudio, convirtió a Venezuela en el mayor proveedor petrolero de Europa.

Foto del pozo Barroso 2 considerado el más productivo del mundo en la primera parte del siglo XX.

En pocos años, las concesiones volvieron a renovarse con la reforma petrolera de 1944, sancionada bajo la presidencia de Isaías Medina Angarita, un reclamo venezolano por el suministro petrolero estratégico dado a los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Esta legislación hizo más equitativas las ganancias que recibían las petroleras y el Estado Venezolano a través de impuestos y “royalties”, así como el compromiso de instalar varios parques de refinación de petróleo en lugares como Amuay (Standard) y Cardon (Shell), ambos en la Península de Paraguaná al Occidente de Venezuela, zona seleccionada por su relativa cercanía a los campos del Lago de Maracaibo, según el investigador petrolero Bernard Mommer, y exasesor de Hugo Chávez.

Más de cien años después, la historia del país sigue atada a los estudios sobre sus reservas y los planes “inversionistas” de Chevron, una de las principales compañías estadounidenses presentes en el país. Su principal interés en el país es un campo llamado Boscán, ubicado entre el Lago de Maracaibo y la frontera con Colombia, descubierto en 1946 por la antecesora de Chevron, Richmond Exploration, filial de la Standard Oil, hasta que un fallo judicial estadounidense obligó a la empresa a dividirse en múltiples compañías por sus prácticas monopólicas. Boscán fue administrado por la Richmond Exploration hasta la nacionalización de la industria petrolera en los años 70, que convirtió a sus gerentes en los mandamases de la división de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a cargo de este enorme campo, una de las mayores acumulaciones de petróleo de Venezuela, según el historiador venezolano Alejandro Cáceres. La situación fue tan surrealista que, tiempo después, varios empleados de la recién creada PDVSA denunciaron que en la junta directiva solía aparecer el gerente de Chevron para dar su opinión sobre las decisiones de la compañía, según el historiador petrolero venezolano Carlos Mendoza Potellá.

El CSIS, en consecuencia, se ha convertido en un gran promotor de Guyana al punto de invitar sus fotos al presidente del país, Mohamed Irfaan, para hablar de las bondades petroleras y gasíferas del país. Como sucedió con las políticas contra el cambio climático, el tanque de pensamiento se ha convertido en una correa más de su maquinaria petrolera de influencia y propaganda para vender sus intereses.

De Juan Guaidó hacia las sanciones y la promoción de bombardeos en Venezuela

Cuando Tillerson fue secretario de Estado, según el gobierno venezolano, llamó a Julio Borges, jefe negociador de la oposición, en febrero de 2018 para que no firmara un acuerdo con el chavismo, bajo el auspicio de José Luis Rodríguez Zapatero, con el fin de participar en las presidenciales de 2018 y consensuar un programa económico y una Comisión de la Verdad. A pesar de que la llamada fue negada por Borges, en la práctica, el boicot electoral dio lugar a que un año después, el 23 de enero de 2019, Juan Guaidó se autoproclamara presidente de Venezuela y desconociera el nuevo mandato de Nicolás Maduro. El CSIS, el 10 de abril de ese mismo año, organizó una reunión bajo el nombre “Evaluación del uso de la fuerza militar en Venezuela” de la que participaron figuras como el exjefe del Comando Sur del Pentágono, Kurt Tidd a cargo de América Latina, Roger Noriega, exsubsecretario para América Latina y uno de los arquitectos del escándalo Irán-Contras, William Brownfiel, exembajador estadounidense en Caracas responsable de armar una hoja de ruta para salir de Hugo Chávez, y el embajador paralelo en Washington de Guaidó, Carlos Vechio, un antiguo abogado, además, de Exxon Mobil.

Asesores de Trump y funcionarios latinoamericanos consideraron ataque militar estadounidense contra Maduro en reunión privada en Washington D. C.

El CSIS emitió, después del fracaso de Guaidó, un informe titulado “Las Sanciones están funcionando” para hablar a favor de que continúen como “instrumentos de presión contra el régimen de Maduro”. Por supuesto, esto no llama la atención si se tiene en cuenta que entre los integrantes de su “Iniciativa para el Futuro de Venezuela” hay una conjunción de exfuncionarios estadounidenses pro intervención en Venezuela, como Brownfield, Mark Feierstein, el exjefe de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), Juan Crutz, exasesor de seguridad nacional de Trump para América Latina, y miembros de la línea más extremista de la oposición como el exprocurador de Guaidó, Juan Ignacio Hernández, culpable, por ejemplo, de la estrategia legal de la oposición para quedarse con los activos venezolanos en Estados Unidos.

Con la llegada de Biden, Ryan Berg, el director de la Iniciativa para el Futuro de Venezuela de CSIS, se convirtió en un acérrimo crítico de las licencias petroleras otorgadas a Chevron, rival de Exxon Mobil, por “darle hasta diez mil millones de dólares al régimen venezolano”, y un firme defensor de María Corina Machado. Con el regreso de Trump, el propio Berg, junto con el exprocurador de Guaidó, Juan Ignacio Hernández, escribieron un informe con el nombre “Terminando con la línea de vida petrolero de Maduro”, donde propusieron, otra vez, “usar las sanciones como instrumento de presión y pidieron la revocación de las licencias petroleras actuales que permiten a empresas occidentales asociarse con PDVSA”. En el evento de presentación del informe, incluso, participó la propia Corina Machado. De 2023 hasta 2025, la propia líder de la oposición ha participado en distintos eventos, moderados por Berg, en el CSIS, donde ha rechazado negociar con Maduro y ha llamado a endurecer las medidas contra Venezuela por parte de Estados Unidos.

Poner fin al salvavidas petrolero de Maduro: revisión de las licencias petroleras otorgadas en virtud del Acuerdo de Barbados.

Las posiciones del CSIS, por lo general, se emiten a través de informes y luego se repiten con la aparición de sus autores en los medios de comunicación convencionales, como CNN, Fox News, NBC y CBS, o columnas de opinión en diarios como The Wall Street Journal, The Washington Post, y revistas especializadas en temas internacionales como The Foreign Policy. También en audiencias del Congreso, lo que les da a estos expertos la posibilidad de influir en temas específicos que benefician a donantes del CSIS, como Exxon Mobil. Para Brooke Williams, profesora de periodismo de la Universidad de Boston; “los think tanks, que se presentan como “universidades sin estudiantes”, tienen influencia en los debates sobre políticas gubernamentales porque se les considera investigadores independientes de intereses económicos. Sin embargo, en su búsqueda de financiación, impulsan agendas importantes para los donantes corporativos, lo que difumina la línea entre investigadores y cabilderos. Y lo hacen mientras se benefician de su exención fiscal, a veces sin revelar sus vínculos con intereses corporativos”.

Títular del artículo en The Foreign Policy publicado por Ryan Berg, director del CSIS para la 'Iniciativa para Futuro de Venezuela'.

Según el CSIS, por lo general, tiene reuniones periódicas con representantes de sus donantes para hablar sobre los temas que tratan.

Con el despliegue militar de Estados Unidos en El Caribe, el CSIS ha desplegado un lobby guerrerista que coincide con los intereses de su principal donante, Exxon Mobil, para sacar al chavismo del poder. En un artículo en The Foreign Policy, el director de su programa sobre Venezuela, Berg, ha hablado a favor de “derrocar a Maduro sin tropas sobre el terreno”, donde ha cuestionado las visiones antibélicas del mundo maga sostenidas por el periodista Tucker Carlson o el antiguo estratega trumpista Steve Bannon. “A diferencia de una invasión terrestre de Venezuela para derrocar a Maduro, un colapso del régimen implicaría una campaña más limitada de ataques estadounidenses contra objetivos clave del régimen de Maduro de las fuerzas armadas del país y a sus élites políticas. Estos ataques utilizarían municiones guiadas de precisión y armas estadounidenses de distanciamiento, disparadas desde una distancia segura, lo que posiblemente catalizaría el movimiento interno para forzar la salida de Maduro, todo ello sin poner en riesgo al personal estadounidense, como en una estrategia de cambio de régimen”, según él.

Extracto del informe La campaña caribeña de Trump - Los datos detrás de la Operación Lanza del Sur escrito por Mark Cancian y Chris Park del CSIS.

Cuando, hace unos días, llegó a El Caribe, el portaaviones Gerald Ford, el más grande del arsenal estadounidense, Cancian, por ejemplo, escribió; “la potencia de fuego de largo alcance de la que dispone Estados Unidos en el Caribe es ahora comparable a los niveles utilizados en campañas anteriores de alcance y duración limitados.

Medios donde la voz 'experta' de Cancian es citada para influir en la opinión pública estadounidense, según el CSIS.

Hay dos posibles objetivos para tales ataques: las instalaciones del cártel de Los Soles y las del régimen de Maduro. Los portaaviones son un recurso escaso, con solo un tercio de la flota en alta mar. Otros comandantes regionales querrán el Ford para la respuesta a crisis, ejercicios con aliados y demostraciones de fuerza ante competidores de nivel similar. Para el Comando Sur de los Estados Unidos, el comando regional para el Caribe, el portaaviones es un activo que se usa o se pierde”.

Portaviones USS Gerald R. Ford.

La tarea de los “expertos” del CSIS está concentrada más que nada en combatir, en la opinión pública estadounidense, el Congreso y la Administración Trump, cualquier tesis en contra de una intervención en Venezuela. Por eso, figuras como Berg promocionan, de forma constante, artículos de The Wall Street Journal, como uno escrito por Rafael de la Cruz, director de la oficina de Corina Machado, donde cuestiona que el “colapso del régimen venezolano” pueda generar un escenario caótico similar al de Libia post Muammar Gadafi. “Las guerras civiles suelen estallar cuando el poder colapsa y no hay un sustituto claro, o cuando facciones rivales se disputan la autoridad. En Venezuela, las condiciones son fundamentalmente diferentes. El amplio mandato de María Corina Machado guiará una transición unificada. Su legitimidad se arraiga en la voluntad popular; las transiciones con estas características tienden a ser ordenadas”, de acuerdo a Cruz.

O también las tesis de Elliot Abrams, exencargado del Departamento de Estado para Venezuela, quien señala que; “Trump debe entender que esto se trata de que gané él o Maduro”. Una cartelización deliberada de los expertos del CSIS con otros tanques de pensamiento, y figuras, para cavar trincheras en función de cambiar la percepción en contra de una acción militar en Venezuela de la mayoría de los estadounidenses, que alcanza el 70% según una encuesta de CBS News.

Por supuesto, esto coincide, además, con la propuesta de María Corina Machada, titulada Venezuela, la oportunidad de un billón de dólares, basada en privatizar todos los recursos petroleros y gasíferos de Venezuela. Un festín preparado para los gustos, y deseos, de una Exxon Mobil, que anhela cobrarse venganza de las nacionalizaciones de Hugo Chávez.

Fuente: Bruno Sgarzini

Expertos militares analizan cuatro escenarios de Trump contra Venezuela: bombardeos, campaña de asesinatos, invasión e insurrección armada

 

 Por Bruno Sgarzini    

      Periodista argentino especializado en asuntos internacionales.

     Una soleada tarde caraqueña de junio de 2017, cuando las protestas opositoras, de ese año, se apagaban con el atardecer detrás de las montañas, un extraño helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas sobrevoló el centro de la ciudad con disparos a las terrazas de la sede del Tribunal Supremo de Justicia y la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Una nube de misterio se espació por la capital hasta que se viralizó la foto de Óscar Pérez, un ignoto inspector del cuerpo, encima del helicóptero con una bandera que decía “350, libertad”, en alusión al artículo de la constitución venezolana que permite la rebelión contra cualquier “régimen que desconozca los valores republicanos”.

De inmediato, rodaron videos, en las redes, de cómo este ignoto GI Joe venezolano practicaba tiro, mientras apuntaba de espaldas con un espejo para retocarse el maquillaje, y otras “hazañas” performativas que lo presentaban como un gran líder militar. Una campaña orquestada para darle mayor visibilidad a un mensaje suyo grabado donde llamaba a una insurrección militar y policial contra Maduro, en el último suspiro de las protestas antichavistas de 2017. El objetivo era promover una imagen de “héroe venezolano” que venía a salvar a Venezuela del “régimen de Maduro”. Poco menos de un año después, la efímera historia de Pérez se terminó cuando transmitió en vivo su muerte mientras se tiroteaba con las fuerzas de seguridad venezolanas en su escondite en una barriada sobre las montañas de El Junquito, en las afueras de Caracas.

Al igual que otros episodios, la fantasía de un “salvador venezolano”, en la oposición venezolana, se ha reciclado de diversas maneras; de la fallida operación de los paracachitos, un grupo paramilitar colombiano cuyo líder pretendía brindar con whisky con la cabeza de Hugo Chávez en su despacho presidencial, hasta los mercenarios estadounidenses de la Operación Gedeón detenidos en 2020 por un grupo de pescadores de Chuao en la selvática costa venezolana. María Corina Machado, por su lado, ha sido promotora de la vertiente de este imaginario más perversa; la de una intervención militar estadounidense a través de la invocación, por ejemplo, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que permite la acción militar de los países firmantes, entre ellos Estados Unidos, cuando uno de los países lo pide.

Diarios venezolanos sobre los paracachitos, llamados así porque fueron descubiertos debido a que compraban este panecillo en una panadería en las afueras de Caracas.

Uno de los nuevos desarrollos de esta “fantasía” es el apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra el “narcotráfico” y carteles como “El de Los Soles, liderados por Nicolás Maduro”. La Administración Trump, al igual que en su primera experiencia, no ha descartado “una acción militar” directa contra Venezuela, ni tampoco un ataque contra altas figuras del chavismo, después de que su primera gran puesta en escena fuera un bombardeo a una lancha rápida en el Oriente venezolano, que podría haber servido para llevar turistas a un cayo en el medio del Caribe venezolano. También, uno de los destructores estadounidenses, el USS Jason Dunham, abordó un pequeño buque atunero con once pescadores venezolanos en aguas del país, un acto que fue declarado por las autoridades venezolanas como un intento de generar una respuesta militar del país para justificar una escalada militar. En los últimos días, ademásn, han aumentado los sobrevuelos de aviones militares estadounidense sobre la República Bolivariana para realizar “taras de recopilación de inteligencia e información”, según Vladimir Padrino López, ministro de Defensa venezolano.

Trump, en este contexto, se ha permitido la dualidad de designar al Cartel de los Soles como un grupo “narcoterrorista” para legitimar a los ataques, pero solo a través del Departamento del Tesoro, y no una orden ejecutiva. “Esto probablemente se deba a que Estados Unidos esté tratando de abrir espacio para que Chevron y otras empresas continúen en Venezuela, sin ser acusadas de apoyar a un grupo terrorista”, según Geoff Ramsey, miembro del Atlantic Council, un tanque de pensamiento de Washington. Esta ambigüedad permite administrar las expectativas de éxito, por un lado, y ampliar también las “líneas rojas” de una operación antinarcóticos, cuya base legal es cuestionada por abogados estadounidenses por no contar con una autorización del Congreso para el uso de la fuerza en el extranjero.

Este despliegue militar cuenta con los buques de guerra USS Sampson, USS Jason Dunham y USS Gravely, el USS San Antonio, especializado en desembarco de tropas y equipo; y el USS Fort Lauderdale, enfocado en transporte y apoyo logístico, destructores de la clase Arleigh Burke, alrededor de 4,000 marineros e infantes de marina á aeronaves de reconocimiento P-8 Poseidón, buques de guerra adicionales y al menos un submarino de ataque nuclear. En Puerto Rico se ha centrado la base de toda la operación después de la visita de Peter Hegseth, secretario de la renombrada secretaría de Guerra, al USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio capaz de transportar helicópteros, aviones y centenares de infantes de marina, y la Base Aérea Muñiz, donde se desplegarán, al menos, diez cazas militares F-35. Según Hegseth, los militares no “están estacionados allí para un simple ejercicio, sino para luchar contra el veneno que entra en el país”.

La Administración Trump ha publicado las fotos de, al menos, dos lanchas venezolanas atacadas - En ningún caso se ha comprobado que llevarán droga.

Para Mark F. Cancian, coronel retirado de la Marina de Estados Unidos y asesor del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales ( CSIS ), todo este despliegue es como “atrapar moscas con martillos de oro”. En su opinión, las tareas de esta operación deberían ser asumidas por la Guardia Costera estadounidense; “es la fuerza más preparada para operaciones de interdicción de drogas, ya que cuenta con autoridad policial, experiencia especializada en antidrogas y equipo específico para estas misiones. También puede usar fuerza letal si se le ordena, ya que sus lanchas están armadas con suficiente potencia de fuego para derribar cualquier embarcación de un cártel. Su enfoque les permite capturar e interrogar a miembros del cártel, recopilar pruebas y preparar expedientes para su procesamiento penal por parte del Departamento de Justicia”. Según él, todo el despliegue militar en el Caribe, distrae recursos valiosos en el “Indopacífico” para luchar contra China. Tampoco tiene la cantidad de activos, ni soldados, necesarios para invadir, y ocupar, Venezuela: para lo que, según sus cálculos, se necesitarían más de 50 mil soldados, un grupo de portaaviones, tanques y escuadrones de aviones de combate aéreo.

Cálculos hechos por el coronel retirado Cancian.

Después, en su opinión, están las opciones militares disponibles para agredir a Venezuela. El despliegue marítimo, por ejemplo, podría apoyar una incursión terrestre para atacar al liderazgo chavista o la infraestructura de lo que considera “carteles”, pero el peligro que presenta esta opción es que alguno de los soldados estadounidenses implicados quede preso en el país. “Cualquier incursión se toparía con los débiles, pero existentes, sistemas de defensa aérea y la artillería costera de Venezuela. Como se vio en la Primera Guerra del Golfo, Kosovo y la invasión de Irak, suprimir por completo las defensas aéreas enemigas es difícil , incluso con una potencia aérea dominante. Las bajas serían políticamente difíciles; un estadounidense capturado, en un accidente aéreo, sería catastrófico. La necesidad política de repatriar al cautivo otorga al adversario una enorme ventaja. Esto ocurrió en el Líbano en 1983 cuando el teniente Robert Goodman fue capturado tras el derribo de su A-6 y en Somalia en 1993 cuando el oficial de primera clase Michael Durant fue capturado tras el derribo de su Blackhawk”, sostiene Cancian.

Según las propias cifras del militar estadounidense, que subestiman la defensa aérea venezolana, el país tiene 18 aviones F-16 y 21 Sukoil Su-30, además de un número no claro de baterías antiaéreas rusas S-300 que podrían derribar a los aviones militares estadounidenses.

Por eso, para Cancian, el Comando Sur del Pentágono no debería usar aeronaves para sobrevolar y lanzar ataques contra Venezuela. “Estados Unidos podría usar misiles de largo alcance para atacar instalaciones de cárteles en zonas rurales, donde el riesgo de daños colaterales es bajo. Los misiles Tomahawk embarcados, por ejemplo, pueden alcanzar 1.600 kilómetros, suficiente para alcanzar objetivos en cualquier lugar de Venezuela con los buques a cierta distancia”, de acuerdo al militar estadounidense. Según él, “contra Irán, Estados Unidos utilizó bombardeos B-2 solo porque ellos podían lanzar la munición especial antibúnker (GBU-57) para destruir las instalaciones nucleares subterráneas. En Venezuela, solo serían necesarios para hacer una declaración política del estilo “podemos ir a cualquier parte y no podrán detenernos”. Lo que plantea Cancian tiene su importancia si se tiene en cuenta la supuesta orden de Trump de atacar a líderes chavistas, si están vulnerables, dado que muchos de ellos viven en bases militares y bunkers.

Por eso, es un gran interrogante el éxito que podría tener cualquier ataque aéreo (ya sea por drones o aviones militares) contra los líderes chavistas, o la infraestructura estratégica de Venezuela. Para el analista militar Ivan Sidorienko, el despliegue militar busca mantener la la hegemonía estadounidense en Latinoamérica y disciplinar gobiernos que no se alinean a los intereses de Washington. “El tema de la droga es una excusa, como lo fueron antes las armas de destrucción masiva de Irak en 2003 y las armas nucleares de Irán en 2025. Los más probable es que Estados Unidos ataque con misiles supuestos blancos relacionados con el narcotráfico y por otro lado, busque armar una oposición interna para derrocar a Maduro con algún tipo de "foco revolucionario" parecido a la fallida operación Gedeón (nota de autor: este plan implicó el desembarco marítimo de mercenarios estadounidenses y militares disidentes para capturar a Maduro y enviarlo en avión a Estados Unidos)”.

Sidorienko coincide con el coronel estadounidense Canciar en descartar una incursión terrestre. “Los cuatro mil marines desplegados no representan ni una brigada; no podrían ni siquiera establecer una cabeza de playa frente a una resistencia de milicianos que operen como guerrillas (los que según cifras oficiales se estiman en más de ocho millones). En términos lógicos, además, sería costoso sostener esa eventual cabeza frente a drones navales y aviones militares venezolanos. Ni Colombia, ni Brasil les darían apoyo; solo quedaría como aliado Guyana, que es un país con poca infraestructura para ayudar a Estados Unidos”. Después está el imaginario de eficacia, vendido por la oposición venezolana, de que el asesinato del liderazgo de Venezuela terminaría con el chavismo. Para el analista militar, la comparación con los ataques israelíes contra Hamas, Hezbollah e Irán demuestra que los Estados, o grupos armados con una organización sólida, siguen operando después de las campañas de asesinatos. “Podrían matar a Maduro, o Diosdado, pero no sé si generarían inestabilidad o aumentaría la cohesión de los venezolanos frente a una agresión a su patria”.

Una fantasía de la oposición venezolana es que una eventual campaña de asesinatos abra un vacío político en el Estado venezolano que pueda ser ocupado por militares golpistas bajo el liderazgo de María Corina Machado. Si eso no ocurre, también existen propuestas para que una campaña de bombardeos, o ataques dentro de Venezuela, apoyen una insurrección armada por parte de disidentes o mercenarios contratados en el extranjero, bajo figuras, por ejemplo, como Ya Casi Venezuela, la campaña de crowfunding lanzada por el exlíder de Blackwatter, Erik Prince. En un informe de junio de Jesús Romero, un exoficial de inteligencia del Comando Sur del Pentágono dedicado a la lucha contra el narcotráfico, sostuvo que “un levantamiento opositor estructurado, que contara con aviación o apoyo externo, superaría las defensas del régimen en muchas regiones, a excepción de Caracas”. El informe, de esta forma, alienta ataques contra Venezuela en base a la percepción de que las defensas aéreas venezolanas, como baterías S-300 Y aviones militares Sukoil y F-16, solo protegen la capital y la isla Orchilla donde está la a Base Aeronaval Antonio Díaz a la que tiene acceso el presidente.

La recomendación, basada en pocos datos concluyentes y fuentes no identificadas, busca “convencer a Trump de que una campaña aérea tendría éxito”, dada la cercanía de Romero con el secretario de Estado, Marco Rubio, según el portal venezolano Misión Verdad. Para MenchOsint, un analista de fuentes abiertas que anticipó los ataques estadounidenses al programa nuclear iraní de este año; “Estados Unidos intenta reafirmar su dominio en el Caribe tras el acercamiento de Maduro al triángulo enemigo estadounidense: Rusia, China e Irán. No está claro qué estrategia utilizará la Administración para provocar un cambio de régimen; es posible que primero “supriman las defensas aéreas venezolanas” y luego pasen a una campaña de decapitación del liderazgo chavista”. El despliegue, en ese sentido, viene acompañado de una cruda guerra psicológica donde se habla del poco tiempo de vuelo militar, entre Venezuela y Puerto Rico (donde están los F-35 estadounidenses), y se publica la ubicación de supuestos bunkers militares venezolanos por parte de antiguos funcionarios estadounidenses, como Marshall Billingslea, exsubsecretario para el Terrorismo Financiero del Departamento del Tesoro en la primera Administración Trump.

Esta hipótesis de ataques aéreos que apoyen una insurrección, al parecer, es una de las principales que manejan las autoridades militares venezolanas, quienes, según la información oficial de la Fuerzas Armada Nacional Bolivariana (FANB), han realizado despliegues contra “el narcotráfico, el contrabando y las redes criminales con nexos transnacionales” en la región de Los Andes, la costa occidental y Oriental, la región de Amazonas fronteriza con Colombia y Brasil. “La FANB está obligada a neutralizar cualquier expresión de violencia que pretenda imponerse en el territorio”, según Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. La intensificación de los preparativos militares ha involucrado una campaña de reclutamiento y adiestramientos de millones de nuevos milicianos y también redadas contra estructuras insurgentes (y opositores), en las semanas previas, de acuerdo con lo informado por Diosdado Cabello, ministro del Interior y líder del chavismo.

La experiencia indica que otros despliegues estadounidenses contra Estados más pequeños, como Yemen, han fracasado después de no tener éxito en desmantelar el liderazgo de los hutíes y que los buques de guerra estadounidenses fueran atacados con drones. Para el analista militar Thomas Keith de Sovereign Protocol, dedicado a investigador conflictos, guerras de la información; “el despliegue estadounidense sirve para cuatro objetivos. Primero, la interdicción y el espectáculo: abordajes y ataques a embarcaciones pequeñas presentadas como parte de grupos “narcoterrorristas". Segundo, para un mapeo de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR): ubicar radares costeros, baterías de misiles de superficie y aire (SAM), patrones de patrulla, centros de drones, depósitos de combustible y municiones, y enlaces de comunicación mientras se mide el tiempo de reacción militar de Venezuela. Tercero, ventajas cinéticas limitadas: ataques a objetivos marítimos expuestos o nodos logísticos temporales fuera del espacio aéreo defendido. Cuarto, operaciones psicológicas: crear una sensación de "red ocupada" en el Caribe que normaliza la presencia estadounidense mientras pinta a Venezuela como un santuario criminal”.

A pesar de las amenazas, Diosdado Cabello, uno de los líderes chavistas, ha participado de actos públicos en los últimos días, lo que proyecta confianza en el escudo defensivo de Venezuela.

Para Keith, además, la analogía con las campañas de “decapitación” de Israel contra Hamás o Hezbollah no son acertadas porque estuvieron basadas en inteligencia humana profunda, y construida a lo largo del tiempo. Venezuela, en cambio, en su opinión, es un Estado soberano con socios externos, y movilidad de su liderazgo, donde parece más complejo establecer la localización en tiempo real del liderazgo chavista a través de la inteligencia humana. “La pila defensiva venezolana aumenta los costos en todos los frentes; posee defensas aéreas de largo y mediano alcance, los S-300/Antey-2500 y Buk-M2, en capas para crear una Defensa Aérea de Corto Alcance, cazas SU-30 Y F-16 que proporcionan interceptación de defensa, patrullajes marítimos, que incluyen misiles, botes de ataque rápido y milicias litorales, apostadas en desembocaduras de ríos y puntos de estrangulamientos desde La Guaira hasta Paraguaná y el corredor del Lago Maracaibo, que empujan a los buques de superficie estadounidense más lejos de la costa venezolana. Lo que, junto a la infantería fluvial y costera, convierte al contra despliegue venezolano en un puercoespín barato y numeroso. Por todo esto, Washington, no tiene un camino fácil y corto para una campaña de asesinatos del liderazgo chavista”, según él.

Venezuela ha construido en la práctica una defensa que aumenta los costos en cada peldaño de la escalada armamentística. “La contra respuesta ha sido armar el costo (con la defensa aérea, drones y la negación marítima), armar la sociedad (con milicias y bases de defensa local) y armar la verdad (con la documentación y verificación de las acciones militares estadounidenses). El objetivo no es superar a Estados Unidos en términos militares; sino hacer que cada paso de la escalada sea tan costoso, visible e ilegítimo que deje de escalar”, de acuerdo a Keith. El tiempo dirá si toda esta nueva campaña para promover una operación de “salvataje” de Venezuela, no termina en el largo libro de fallidas historias golpistas como la de Óscar Pérez.

Fuente: Bruno Sgarzini