Por
Bruno
Sgarzini
Una soleada tarde caraqueña de junio de 2017, cuando las protestas opositoras, de ese año, se apagaban con el atardecer detrás de las montañas, un extraño helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas sobrevoló el centro de la ciudad con disparos a las terrazas de la sede del Tribunal Supremo de Justicia y la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Una nube de misterio se espació por la capital hasta que se viralizó la foto de Óscar Pérez, un ignoto inspector del cuerpo, encima del helicóptero con una bandera que decía “350, libertad”, en alusión al artículo de la constitución venezolana que permite la rebelión contra cualquier “régimen que desconozca los valores republicanos”.
De inmediato, rodaron videos, en las redes, de cómo este ignoto GI Joe venezolano practicaba tiro, mientras apuntaba de espaldas con un espejo para retocarse el maquillaje, y otras “hazañas” performativas que lo presentaban como un gran líder militar. Una campaña orquestada para darle mayor visibilidad a un mensaje suyo grabado donde llamaba a una insurrección militar y policial contra Maduro, en el último suspiro de las protestas antichavistas de 2017. El objetivo era promover una imagen de “héroe venezolano” que venía a salvar a Venezuela del “régimen de Maduro”. Poco menos de un año después, la efímera historia de Pérez se terminó cuando transmitió en vivo su muerte mientras se tiroteaba con las fuerzas de seguridad venezolanas en su escondite en una barriada sobre las montañas de El Junquito, en las afueras de Caracas.
Al igual que otros episodios, la fantasía de un “salvador venezolano”, en la oposición venezolana, se ha reciclado de diversas maneras; de la fallida operación de los paracachitos, un grupo paramilitar colombiano cuyo líder pretendía brindar con whisky con la cabeza de Hugo Chávez en su despacho presidencial, hasta los mercenarios estadounidenses de la Operación Gedeón detenidos en 2020 por un grupo de pescadores de Chuao en la selvática costa venezolana. María Corina Machado, por su lado, ha sido promotora de la vertiente de este imaginario más perversa; la de una intervención militar estadounidense a través de la invocación, por ejemplo, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que permite la acción militar de los países firmantes, entre ellos Estados Unidos, cuando uno de los países lo pide.
Uno de los nuevos desarrollos de esta “fantasía” es el apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra el “narcotráfico” y carteles como “El de Los Soles, liderados por Nicolás Maduro”. La Administración Trump, al igual que en su primera experiencia, no ha descartado “una acción militar” directa contra Venezuela, ni tampoco un ataque contra altas figuras del chavismo, después de que su primera gran puesta en escena fuera un bombardeo a una lancha rápida en el Oriente venezolano, que podría haber servido para llevar turistas a un cayo en el medio del Caribe venezolano. También, uno de los destructores estadounidenses, el USS Jason Dunham, abordó un pequeño buque atunero con once pescadores venezolanos en aguas del país, un acto que fue declarado por las autoridades venezolanas como un intento de generar una respuesta militar del país para justificar una escalada militar. En los últimos días, ademásn, han aumentado los sobrevuelos de aviones militares estadounidense sobre la República Bolivariana para realizar “taras de recopilación de inteligencia e información”, según Vladimir Padrino López, ministro de Defensa venezolano.
Trump, en este contexto, se ha permitido la dualidad de designar al Cartel de los Soles como un grupo “narcoterrorista” para legitimar a los ataques, pero solo a través del Departamento del Tesoro, y no una orden ejecutiva. “Esto probablemente se deba a que Estados Unidos esté tratando de abrir espacio para que Chevron y otras empresas continúen en Venezuela, sin ser acusadas de apoyar a un grupo terrorista”, según Geoff Ramsey, miembro del Atlantic Council, un tanque de pensamiento de Washington. Esta ambigüedad permite administrar las expectativas de éxito, por un lado, y ampliar también las “líneas rojas” de una operación antinarcóticos, cuya base legal es cuestionada por abogados estadounidenses por no contar con una autorización del Congreso para el uso de la fuerza en el extranjero.
Este despliegue militar cuenta con los buques de guerra USS Sampson, USS Jason Dunham y USS Gravely, el USS San Antonio, especializado en desembarco de tropas y equipo; y el USS Fort Lauderdale, enfocado en transporte y apoyo logístico, destructores de la clase Arleigh Burke, alrededor de 4,000 marineros e infantes de marina á aeronaves de reconocimiento P-8 Poseidón, buques de guerra adicionales y al menos un submarino de ataque nuclear. En Puerto Rico se ha centrado la base de toda la operación después de la visita de Peter Hegseth, secretario de la renombrada secretaría de Guerra, al USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio capaz de transportar helicópteros, aviones y centenares de infantes de marina, y la Base Aérea Muñiz, donde se desplegarán, al menos, diez cazas militares F-35. Según Hegseth, los militares no “están estacionados allí para un simple ejercicio, sino para luchar contra el veneno que entra en el país”.
Para Mark F. Cancian, coronel retirado de la Marina de Estados Unidos y asesor del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales ( CSIS ), todo este despliegue es como “atrapar moscas con martillos de oro”. En su opinión, las tareas de esta operación deberían ser asumidas por la Guardia Costera estadounidense; “es la fuerza más preparada para operaciones de interdicción de drogas, ya que cuenta con autoridad policial, experiencia especializada en antidrogas y equipo específico para estas misiones. También puede usar fuerza letal si se le ordena, ya que sus lanchas están armadas con suficiente potencia de fuego para derribar cualquier embarcación de un cártel. Su enfoque les permite capturar e interrogar a miembros del cártel, recopilar pruebas y preparar expedientes para su procesamiento penal por parte del Departamento de Justicia”. Según él, todo el despliegue militar en el Caribe, distrae recursos valiosos en el “Indopacífico” para luchar contra China. Tampoco tiene la cantidad de activos, ni soldados, necesarios para invadir, y ocupar, Venezuela: para lo que, según sus cálculos, se necesitarían más de 50 mil soldados, un grupo de portaaviones, tanques y escuadrones de aviones de combate aéreo.
Después, en su opinión, están las opciones militares disponibles para agredir a Venezuela. El despliegue marítimo, por ejemplo, podría apoyar una incursión terrestre para atacar al liderazgo chavista o la infraestructura de lo que considera “carteles”, pero el peligro que presenta esta opción es que alguno de los soldados estadounidenses implicados quede preso en el país. “Cualquier incursión se toparía con los débiles, pero existentes, sistemas de defensa aérea y la artillería costera de Venezuela. Como se vio en la Primera Guerra del Golfo, Kosovo y la invasión de Irak, suprimir por completo las defensas aéreas enemigas es difícil , incluso con una potencia aérea dominante. Las bajas serían políticamente difíciles; un estadounidense capturado, en un accidente aéreo, sería catastrófico. La necesidad política de repatriar al cautivo otorga al adversario una enorme ventaja. Esto ocurrió en el Líbano en 1983 cuando el teniente Robert Goodman fue capturado tras el derribo de su A-6 y en Somalia en 1993 cuando el oficial de primera clase Michael Durant fue capturado tras el derribo de su Blackhawk”, sostiene Cancian.
Según las propias cifras del militar estadounidense, que subestiman la defensa aérea venezolana, el país tiene 18 aviones F-16 y 21 Sukoil Su-30, además de un número no claro de baterías antiaéreas rusas S-300 que podrían derribar a los aviones militares estadounidenses.
Por eso, para Cancian, el Comando Sur del Pentágono no debería usar aeronaves para sobrevolar y lanzar ataques contra Venezuela. “Estados Unidos podría usar misiles de largo alcance para atacar instalaciones de cárteles en zonas rurales, donde el riesgo de daños colaterales es bajo. Los misiles Tomahawk embarcados, por ejemplo, pueden alcanzar 1.600 kilómetros, suficiente para alcanzar objetivos en cualquier lugar de Venezuela con los buques a cierta distancia”, de acuerdo al militar estadounidense. Según él, “contra Irán, Estados Unidos utilizó bombardeos B-2 solo porque ellos podían lanzar la munición especial antibúnker (GBU-57) para destruir las instalaciones nucleares subterráneas. En Venezuela, solo serían necesarios para hacer una declaración política del estilo “podemos ir a cualquier parte y no podrán detenernos”. Lo que plantea Cancian tiene su importancia si se tiene en cuenta la supuesta orden de Trump de atacar a líderes chavistas, si están vulnerables, dado que muchos de ellos viven en bases militares y bunkers.
Por eso, es un gran interrogante el éxito que podría tener cualquier ataque aéreo (ya sea por drones o aviones militares) contra los líderes chavistas, o la infraestructura estratégica de Venezuela. Para el analista militar Ivan Sidorienko, el despliegue militar busca mantener la la hegemonía estadounidense en Latinoamérica y disciplinar gobiernos que no se alinean a los intereses de Washington. “El tema de la droga es una excusa, como lo fueron antes las armas de destrucción masiva de Irak en 2003 y las armas nucleares de Irán en 2025. Los más probable es que Estados Unidos ataque con misiles supuestos blancos relacionados con el narcotráfico y por otro lado, busque armar una oposición interna para derrocar a Maduro con algún tipo de "foco revolucionario" parecido a la fallida operación Gedeón (nota de autor: este plan implicó el desembarco marítimo de mercenarios estadounidenses y militares disidentes para capturar a Maduro y enviarlo en avión a Estados Unidos)”.
Sidorienko coincide con el coronel estadounidense Canciar en descartar una incursión terrestre. “Los cuatro mil marines desplegados no representan ni una brigada; no podrían ni siquiera establecer una cabeza de playa frente a una resistencia de milicianos que operen como guerrillas (los que según cifras oficiales se estiman en más de ocho millones). En términos lógicos, además, sería costoso sostener esa eventual cabeza frente a drones navales y aviones militares venezolanos. Ni Colombia, ni Brasil les darían apoyo; solo quedaría como aliado Guyana, que es un país con poca infraestructura para ayudar a Estados Unidos”. Después está el imaginario de eficacia, vendido por la oposición venezolana, de que el asesinato del liderazgo de Venezuela terminaría con el chavismo. Para el analista militar, la comparación con los ataques israelíes contra Hamas, Hezbollah e Irán demuestra que los Estados, o grupos armados con una organización sólida, siguen operando después de las campañas de asesinatos. “Podrían matar a Maduro, o Diosdado, pero no sé si generarían inestabilidad o aumentaría la cohesión de los venezolanos frente a una agresión a su patria”.
Una fantasía de la oposición venezolana es que una eventual campaña de asesinatos abra un vacío político en el Estado venezolano que pueda ser ocupado por militares golpistas bajo el liderazgo de María Corina Machado. Si eso no ocurre, también existen propuestas para que una campaña de bombardeos, o ataques dentro de Venezuela, apoyen una insurrección armada por parte de disidentes o mercenarios contratados en el extranjero, bajo figuras, por ejemplo, como Ya Casi Venezuela, la campaña de crowfunding lanzada por el exlíder de Blackwatter, Erik Prince. En un informe de junio de Jesús Romero, un exoficial de inteligencia del Comando Sur del Pentágono dedicado a la lucha contra el narcotráfico, sostuvo que “un levantamiento opositor estructurado, que contara con aviación o apoyo externo, superaría las defensas del régimen en muchas regiones, a excepción de Caracas”. El informe, de esta forma, alienta ataques contra Venezuela en base a la percepción de que las defensas aéreas venezolanas, como baterías S-300 Y aviones militares Sukoil y F-16, solo protegen la capital y la isla Orchilla donde está la a Base Aeronaval Antonio Díaz a la que tiene acceso el presidente.
La recomendación, basada en pocos datos concluyentes y fuentes no identificadas, busca “convencer a Trump de que una campaña aérea tendría éxito”, dada la cercanía de Romero con el secretario de Estado, Marco Rubio, según el portal venezolano Misión Verdad. Para MenchOsint, un analista de fuentes abiertas que anticipó los ataques estadounidenses al programa nuclear iraní de este año; “Estados Unidos intenta reafirmar su dominio en el Caribe tras el acercamiento de Maduro al triángulo enemigo estadounidense: Rusia, China e Irán. No está claro qué estrategia utilizará la Administración para provocar un cambio de régimen; es posible que primero “supriman las defensas aéreas venezolanas” y luego pasen a una campaña de decapitación del liderazgo chavista”. El despliegue, en ese sentido, viene acompañado de una cruda guerra psicológica donde se habla del poco tiempo de vuelo militar, entre Venezuela y Puerto Rico (donde están los F-35 estadounidenses), y se publica la ubicación de supuestos bunkers militares venezolanos por parte de antiguos funcionarios estadounidenses, como Marshall Billingslea, exsubsecretario para el Terrorismo Financiero del Departamento del Tesoro en la primera Administración Trump.
Esta hipótesis de ataques aéreos que apoyen una insurrección, al parecer, es una de las principales que manejan las autoridades militares venezolanas, quienes, según la información oficial de la Fuerzas Armada Nacional Bolivariana (FANB), han realizado despliegues contra “el narcotráfico, el contrabando y las redes criminales con nexos transnacionales” en la región de Los Andes, la costa occidental y Oriental, la región de Amazonas fronteriza con Colombia y Brasil. “La FANB está obligada a neutralizar cualquier expresión de violencia que pretenda imponerse en el territorio”, según Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. La intensificación de los preparativos militares ha involucrado una campaña de reclutamiento y adiestramientos de millones de nuevos milicianos y también redadas contra estructuras insurgentes (y opositores), en las semanas previas, de acuerdo con lo informado por Diosdado Cabello, ministro del Interior y líder del chavismo.
La experiencia indica que otros despliegues estadounidenses contra Estados más pequeños, como Yemen, han fracasado después de no tener éxito en desmantelar el liderazgo de los hutíes y que los buques de guerra estadounidenses fueran atacados con drones. Para el analista militar Thomas Keith de Sovereign Protocol, dedicado a investigador conflictos, guerras de la información; “el despliegue estadounidense sirve para cuatro objetivos. Primero, la interdicción y el espectáculo: abordajes y ataques a embarcaciones pequeñas presentadas como parte de grupos “narcoterrorristas". Segundo, para un mapeo de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR): ubicar radares costeros, baterías de misiles de superficie y aire (SAM), patrones de patrulla, centros de drones, depósitos de combustible y municiones, y enlaces de comunicación mientras se mide el tiempo de reacción militar de Venezuela. Tercero, ventajas cinéticas limitadas: ataques a objetivos marítimos expuestos o nodos logísticos temporales fuera del espacio aéreo defendido. Cuarto, operaciones psicológicas: crear una sensación de "red ocupada" en el Caribe que normaliza la presencia estadounidense mientras pinta a Venezuela como un santuario criminal”.
Para Keith, además, la analogía con las campañas de “decapitación” de Israel contra Hamás o Hezbollah no son acertadas porque estuvieron basadas en inteligencia humana profunda, y construida a lo largo del tiempo. Venezuela, en cambio, en su opinión, es un Estado soberano con socios externos, y movilidad de su liderazgo, donde parece más complejo establecer la localización en tiempo real del liderazgo chavista a través de la inteligencia humana. “La pila defensiva venezolana aumenta los costos en todos los frentes; posee defensas aéreas de largo y mediano alcance, los S-300/Antey-2500 y Buk-M2, en capas para crear una Defensa Aérea de Corto Alcance, cazas SU-30 Y F-16 que proporcionan interceptación de defensa, patrullajes marítimos, que incluyen misiles, botes de ataque rápido y milicias litorales, apostadas en desembocaduras de ríos y puntos de estrangulamientos desde La Guaira hasta Paraguaná y el corredor del Lago Maracaibo, que empujan a los buques de superficie estadounidense más lejos de la costa venezolana. Lo que, junto a la infantería fluvial y costera, convierte al contra despliegue venezolano en un puercoespín barato y numeroso. Por todo esto, Washington, no tiene un camino fácil y corto para una campaña de asesinatos del liderazgo chavista”, según él.
Venezuela ha construido en la práctica una defensa que aumenta los costos en cada peldaño de la escalada armamentística. “La contra respuesta ha sido armar el costo (con la defensa aérea, drones y la negación marítima), armar la sociedad (con milicias y bases de defensa local) y armar la verdad (con la documentación y verificación de las acciones militares estadounidenses). El objetivo no es superar a Estados Unidos en términos militares; sino hacer que cada paso de la escalada sea tan costoso, visible e ilegítimo que deje de escalar”, de acuerdo a Keith. El tiempo dirá si toda esta nueva campaña para promover una operación de “salvataje” de Venezuela, no termina en el largo libro de fallidas historias golpistas como la de Óscar Pérez.
Fuente: Bruno Sgarzini
