El “Octavo Frente”: Palestina y la batalla por el relato

 

 Por Jaldía Abubakra   

      Destacada activista, política y militante hispano-palestina nacida en Gaza en 1967.

Palestina y la batalla por el relato.

Más de mil millones de dólares, empresas de influencia, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte de una ofensiva global por condicionar cómo se mira, se interpreta y se cuenta Palestina. Frente a esa maquinaria, la disputa ya no es solo por la opinión pública, sino también por la memoria, el conocimiento y el derecho de un pueblo a narrar su propia historia

     Hay una batalla que no se libra con aviones, drones ni soldados. No tiene fronteras claramente delimitadas y, sin embargo, atraviesa continentes. Se libra en las pantallas de nuestros teléfonos, en las universidades, en los grandes medios, en las iglesias evangélicas, en los parlamentos y, cada vez más, en ese territorio aparentemente invisible donde algoritmos e inteligencia artificial intervienen en nuestra manera de acceder al conocimiento.

El propio aparato israelí ha comenzado a tratarla como un frente estratégico. Benjamin Netanyahu la ha presentado como el “Octavo Frente”: la batalla por “los corazones y las mentes”, con especial atención a la juventud occidental y a sectores conservadores de Estados Unidos. Cuando un Estado convierte la opinión pública en un frente de guerra, está reconociendo que las palabras, las imágenes y la interpretación de la realidad han adquirido para él un valor estratégico.

No estamos hablando simplemente de campañas publicitarias ni de la vieja hasbará adaptada a TikTok. Hablamos de una infraestructura internacional de influencia que combina empresas de comunicación, campañas digitales, delegaciones políticas, periodistas, creadores de contenido e influencers, y que comienza a extenderse hacia un terreno mucho más profundo: el entorno informativo del que se alimentan buscadores y sistemas de inteligencia artificial.

Una investigación publicada en julio de 2026 por el Quincy Institute for Responsible Statecraft, basada en registros de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos —FARA— y documentos de contratación pública israelíes, calcula que el gobierno israelí ha destinado más de mil millones de dólares a diplomacia pública desde octubre de 2023.

Dentro de la campaña de influencia de Israel de mil millones de dólares.

Desde entonces, más de 100 millones de dólares han sido destinados a actividades de influencia israelí declaradas bajo FARA y 17 nuevas empresas se registraron entre 2024 y 2025 para trabajar en favor de intereses israelíes. Para 2026 se planteó, además, un presupuesto de unos 750 millones de dólares para diplomacia pública, aproximadamente cuatro veces el del año anterior, según se explica en el informe del Quincy Institute. En este contexto, quizá la pregunta más interesante que debamos hacernos no sea cuánto dinero está gastando Israel con todo esto, sino por qué necesita gastarlo ahora.

Las opiniones desfavorables hacia Israel van en aumento

Durante décadas, Israel disfrutó de una posición excepcional en buena parte de Occidente y no necesitaba convencer desde cero. Gobiernos, grandes medios e instituciones culturales y académicas reprodujeron los marcos desde los que debía entenderse Palestina. La colonización se convertía en “conflicto”, la ocupación desaparecía detrás de la “seguridad” y la resistencia palestina era separada de las condiciones históricas que la habían producido. Cada nueva agresión comenzaba informativamente cuando Israel decidía responder, como si todo lo anterior perteneciera a otra historia.

El 7 de octubre de 2023 no creó esa maquinaria narrativa. Existía desde mucho antes. Pero lo ocurrido después en Gaza produjo algo que no había previsto en toda su dimensión: millones de personas comenzaron a observar, casi en tiempo real, aquello que durante décadas había sido filtrado, fragmentado o explicado por intermediarios. Periodistas palestinos, familias, médicos y habitantes de Gaza mostraron directamente al mundo barrios destruidos, hospitales atacados, desplazamientos masivos, hambre, niños y niñas asesinados y familias enteras borradas de los registros civiles. Entonces apareció un problema mucho más difícil de resolver mediante relaciones públicas. Ya no se trataba solamente de decidir qué contar sobre Palestina, sino de convencer a millones de personas de que aquello que habían visto debía interpretarse de otra manera.

Los datos permiten observar esa ruptura. En febrero de 2026, Gallup registró por primera vez que la simpatía de la población estadounidense hacia los palestinos superaba a la expresada hacia los israelíes: 41% frente a 36%. Entre las personas de 35 a 54 años, la diferencia llegaba al 46% frente al 28%.

Los israelíes ya no lideran la simpatía de los estadounidenses hacia Oriente Medio.

El Pew Research Center encontró además que entre los republicanos de 18 a 49 años el 57% tenía una opinión desfavorable de Israel.

No sorprende que jóvenes, conservadores y evangélicos aparezcan entre los públicos prioritarios de las nuevas campañas. La documentación examinada por el Quincy Institute incluye una campaña de 3,2 millones de dólares dirigida a cristianos evangélicos y otra destinada a reclutar influencers menores de 30 años para alcanzar audiencias conservadoras en Instagram y TikTok. La batalla consiste también en impedir que continúe erosionándose el consenso que sostuvo durante décadas la relación especial entre Washington e Israel.

Estados Unidos no es una excepción. En 2026, una encuesta del Pew Research Center realizada en 36 países encontró una mediana del 67% de opiniones desfavorables hacia Israel, frente a un 25% favorables. En todos los países europeos incluidos predominaban las opiniones negativas. En España alcanzaban el 96% entre quienes se situaban en la izquierda, pero también el 66% entre quienes se identificaban con la derecha.

Aquí aparece una contradicción cada vez más visible: mientras amplios sectores de las sociedades europeas se alejan de Israel, numerosos gobiernos mantienen estrechas relaciones militares, económicas, tecnológicas, científicas y diplomáticas con el Estado israelí. Por eso la batalla por la opinión pública no busca únicamente mejorar encuestas, sino evitar que el rechazo social termine convirtiéndose en fuerza política: embargos de armas, sanciones, rupturas institucionales, boicot o cuestionamientos de la impunidad israelí.

La misma disputa atraviesa América Latina. En 2026, las opiniones desfavorables hacia Israel superaban el 50% en países como Chile, México, Colombia, Argentina y Brasil, según el Pew Research Center. Precisamente porque Palestina conserva un enorme capital histórico de solidaridad en la región, Israel y organizaciones que trabajan por estrechar sus relaciones con ella buscan llegar no solo a gobiernos, sino también a parlamentos, empresarios, medios, periodistas, creadores de contenido y sectores religiosos.

Este pasado mes de junio, Leah Soibel, fundadora de Fuente Latina, afirmaba que su organización había llevado a Israel a 300 periodistas hispanos no judíos y habló abiertamente de trabajar con periodistas, influencers y creadores latinoamericanos, según documentaba Genesis Prize Foundation.

El líder argentino Milei lanza una iniciativa para impulsar los lazos entre Israel y América Latina.

A ello se suman iniciativas como los Acuerdos de Isaac, concebidos para ampliar las relaciones de Israel con América Latina y para los que se anunció una inversión inicial de un millón de dólares.

No todas estas iniciativas están financiadas directamente por el Estado israelí ni forman parte de una única estructura centralizada. Existen fundaciones, organizaciones aliadas, redes empresariales, actores políticos y movimientos religiosos con autonomía propia. Pero esa diversidad muestra una amplia red internacional de actores e intereses capaz de extender la influencia mucho más allá de las embajadas. Las redes del sionismo cristiano desempeñan aquí un papel especialmente importante.

Acercarse a los países árabes

En el mundo árabe la estrategia adopta otras formas. Israel lleva años desarrollando una diplomacia digital específicamente en lengua árabe. Construye un relato propio: Israel como Estado moderno y dispuesto a vivir en paz; Palestina reducida a un problema de seguridad; la resistencia convertida en responsable de guerras producidas por décadas de colonización; y la normalización presentada como puerta hacia la estabilidad. La propia Knéset informó de campañas que alcanzaron alrededor de 858 millones de visualizaciones en medios digitales en árabe.

Sin embargo, cuando pasamos de las pantallas a las sociedades aparece otra realidad. Arab Barometer encontró que, después del 7 de octubre de 2023, en ninguno de los siete países árabes estudiados la población que apoyaba la normalización con Israel superaba el 13%. En Marruecos, el apoyo cayó del 31% al 13%. El Arab Opinion Index registró además que el 89% rechazaba que sus países reconocieran a Israel y que el 92% consideraba la causa palestina una cuestión de todos los árabes y no solamente de los palestinos. Hay una enseñanza que décadas de acuerdos no han conseguido borrar: se pueden normalizar relaciones entre gobiernos sin normalizar la conciencia de los pueblos.

El “Octavo Frente”, sin embargo, mira también hacia el futuro. Y ahí aparece la inteligencia artificial: en mayo de 2024, OpenAI informó de que había interrumpido varias operaciones encubiertas de influencia que utilizaban sus modelos. Una estaba vinculada a STOIC, una empresa comercial israelí, que habría empleado herramientas de inteligencia artificial para generar artículos y comentarios difundidos posteriormente en distintas plataformas. OpenAI señaló, sin embargo, que no había encontrado pruebas de que sus modelos hubieran aumentado significativamente el alcance de aquella operación.

El Quincy Institute documenta además un contrato israelí con Clock Tower X que incluye la creación de páginas web y contenidos orientados a influir en la forma en que los sistemas generativos recuperan y presentan información, buscando determinados encuadres en conversaciones con sistemas GPT y una mayor presencia de ciertos contenidos en buscadores.

Esto no significa que Israel controle ChatGPT ni ningún otro sistema de inteligencia artificial. La cuestión es diferente y probablemente más importante a largo plazo. Si millones de personas utilizan sistemas de IA para comprender la historia y el presente, influir sobre las fuentes y los contenidos que componen el entorno informativo se convierte también en una batalla por el conocimiento del futuro. Está en juego el espacio del que dependerán las respuestas que mañana recibamos cuando preguntemos qué ocurrió en Gaza, qué es el sionismo, cuándo comenzó la colonización de Palestina o por qué existe la resistencia palestina.

Aquí cualquiera que lea este artículo tiene también una responsabilidad: aprender a reconocer cómo funciona la propaganda. La más eficaz rara vez necesita inventarlo todo; le basta con decidir dónde comienza la historia, qué palabras se utilizan y qué queda fuera del encuadre.

La necesidad de recuperar el relato palestino

Cuando escuchamos que “Israel se defiende”, conviene preguntar: ¿en qué momento comienza la historia que nos cuentan? Cuando se habla de “conflicto israelí-palestino”, ¿por qué una realidad de colonización, ocupación y enorme desigualdad de poder se presenta como un enfrentamiento entre iguales? ¿Por qué desaparecen la ocupación y la dominación colonial, como si la resistencia palestina hubiera nacido en el vacío?

Lo mismo ocurre cuando se habla de “la única democracia de Oriente Medio” —esto último una denominación geográfica colonial que debería ser sustituida por Asia Occidental—. ¿Democracia para quién? ¿Dónde quedan los millones de palestinos sometidos a ocupación, bloqueo, desplazamiento, discriminación y regímenes jurídicos profundamente desiguales?

La propaganda pierde parte de su poder cuando dejamos de discutir dentro de las palabras que ella misma ha elegido. Pero su maquinaria sigue siendo poderosa: mil millones de dólares compran campañas, acceso político, producción audiovisual, influencers, consultores y tecnología, sin contar grandes organizaciones estadounidenses favorables a Israel que no reciben financiación del gobierno israelí, como AIPAC.

Esa maquinaria puede contribuir a criminalizar organizaciones, presionar universidades, condicionar debates y perseguir la solidaridad con Palestina. Conocerla y exponerla no es una tarea exclusivamente de la población palestinas, sino de todas aquellas personas que quieran saber quién intenta condicionar lo que ve, lee y cómo interpreta el mundo.

A todo ello se suma una cuestión que pocas veces se reconoce fuera de Palestina. Desde los Acuerdos de Oslo (1993 y 1995), una parte importante del discurso oficial palestino fue desplazando el lenguaje de la liberación hacia el del “proceso de paz”, la negociación permanente y la construcción de un Estado en una parte del territorio. Palestina quedó cada vez más reducida a Cisjordania y Gaza, relegando a los refugiados, el derecho al retorno y a los palestinos de los territorios ocupados en 1948, mientras la cuestión colonial cedía espacio al lenguaje del “conflicto”, la gestión y la diplomacia.

Recuperar el relato palestino exige superar también esos límites. Palestina no es una Autoridad ni un territorio administrado: es Gaza, Jerusalén, Cisjordania, las ciudades y aldeas palestinas ocupadas en 1948, los campos de refugiados y la diáspora. Es una tierra, un pueblo y una historia que la fragmentación no ha conseguido convertir en causas diferentes. Recupera el relato palestino significa también reivindicar el derecho de un pueblo a definir qué significa liberarse, cuáles son sus derechos inalienables y qué futuro reclama.

Para comprender Palestina hay que abandonar dos filtros: dejar de mirarla únicamente a través del relato sionista y dejar de encerrarla en los límites que décadas de negociación y diplomacia oficial impusieron sobre la propia cuestión palestina; porque Palestina no empezó con la creación del Estado de Israel ni puede reducirse a una sucesión de agresiones y respuestas. Antes de la Nakba había ciudades, pueblos, escuelas, periódicos, sindicatos, asociaciones de mujeres y una sociedad enfrentada ya a la colonización. Después hubo campos de refugiados convertidos en espacios de organización, generaciones que preservaron las llaves y los nombres de sus aldeas, presos que escribieron desde las cárceles y una cultura que atravesó fronteras sin abandonar la idea del retorno.

Conocer esa historia es romper una de las formas más persistentes del colonialismo: reducir a un pueblo a aquello que su colonizador dice de él. Significa recuperar archivos y voces silenciadas, incluidas las de generaciones que nacieron lejos de las aldeas de sus familias y siguieron transmitiendo sus nombres. Dejar de preguntar solamente qué hace Israel y preguntarnos también quiénes son los palestinos, qué memoria conservan y qué futuro reclaman. Más de mil millones de dólares pueden leerse también como la medida del problema que Israel intenta resolver.

Durante décadas, el sionismo consiguió que una parte considerable del mundo occidental discutiera Palestina dentro de límites previamente establecidos. Hoy esa relación empieza a mostrar grietas. Gaza ha abierto una de las más profundas. No porque los palestinos hayan descubierto cómo contar su historia, sino porque millones de personas han visto demasiado: niños y niñas asesinados, médicos sin medios, periodistas asesinados, familias desplazadas y personas buscando comida. Pero también han visto a un pueblo que, en medio del genocidio, continúa enseñando, estudiando, cuidando y aferrándose obstinadamente a la vida.

Frente a un pueblo que despliega una maquinaria extraordinaria del dinero, la tecnología y el poder, la respuesta no puede ser construir una propaganda más eficaz, sino investigar, contrastar, escuchar las voces que el poder intenta silenciar y preservar la memoria. No se trata de vivir respondiendo a Israel, sino de devolver al centro a Palestina: su historia, su pueblo, su resistencia, su memoria y su futuro. Porque esta batalla también se libra sobre las palabras y el conocimiento, y no pertenece solamente a los palestinos: interpela a cualquiera que crea que no se deben silenciar la verdad, la memoria de los pueblos ni su derecho a contar su propia historia.

Israel puede comprar campañas, contratar empresas, financiar influencers y producir millones de contenidos. Puede intentar ocupar cada nueva tecnología que transforme nuestra manera de acceder a la información. Pero hay algo mucho más difícil de borrar.

Después de Gaza, la batalla ya no consiste solamente en conseguir que el mundo mire a Palestina. Consiste en impedir que, después de haberla visto, alguien vuelva a convencerlo de que no vio lo que vio. Y también en aprender, por fin, a mirar Palestina sin necesitar que Israel —ni quienes durante décadas administraron los límites de lo posible— nos diga qué estamos viendo.

Fuente: El Salto

El corredor trumpista en América Latina: 9 gobiernos "MAGA" y 18 aliados en el Escudo de las Américas

 

 Por Eduardo García   

      Analista internacional. Politólogo y máster en Relaciones Internacionales. Periodista en Descifrando la Guerra.

Trump cuenta hoy con más gobiernos afines en América Latina, conformando un corredor trumpista desde Costa Rica hasta Argentina.

     Tras confirmarse casi definitivamente que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Abelardo De La Espriella, de Defensores de la Patria, serán los presidentes de Perú y Colombia, respectivamente, Trump ha logrado asegurar una suerte de “mayoría simple” en lo que a gobiernos latinoamericanos se refiere.

Actualmente, más de la mitad de los Estados de la región están alineados con Washington, y una porción significativa tiene presidentes abiertamente trumpistas o cercanos ideológicamente al movimiento MAGA. 

Tanto De La Espriella como Fujimori han afrontado escrutinios muy ajustados en sus respectivos ballotages contra la izquierda, a punto tal que, en Perú, el candidato Roberto Sánchez todavía no ha concedido el resultado.

Pero, sea como fuere, no parece probable que la izquierda peruana logre revertir el reconocimiento de la derecha y la extrema derecha regional, por lo que es esperable que Keiko Fujimori asuma eventualmente como nueva presidenta de Perú.

Las victorias de Trump en América Latina

El panorama regional ha cambiado significativamente desde enero de 2025, cuando Trump retomó la presidencia de Estados Unidos. En aquel momento, solo Argentina, Ecuador, Panamá y El Salvador podían considerarse aliados políticos directos del movimiento MAGA.

Un año y medio después, a ese grupo se han incorporado Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y Honduras, de forma que ha pasado de 4 a 9. Mientras tanto, el bloque de gobiernos enfrentados a las ambiciones de Washington se ha reducido a Nicaragua y Cuba tras la los ataques contra Venezuela y las elecciones de Honduras, reduciéndose de 4 a 2.

Asimismo, los países que mantenían una posición independiente sin confrontar abiertamente con Estados Unidos han disminuido considerablemente. Si en enero de 2025 eran Chile, Bolivia, Brasil, Colombia y México, hoy la lista se limita a México y Brasil, con la incorporación del Uruguay de Orsi, que ganó las elecciones antes de que Trump asumiese, pero accedió a la presidencia después de su homólogo norteamericano. En términos demográficos, estos gobiernos ham pasado de representar el 64,6% de la población regional al 52%.

Además del secuestro de Nicolás Maduro, las revelaciones derivadas del caso Hondurasgate apuntan a que Estados Unidos habría intervenido de forma más o menos directa en al menos dos elecciones recientes. Entre ellas figura la de Colombia, donde una campaña de desinformación particularmente agresiva habría favorecido la llegada al poder de Abelardo De La Espriella.

La extrema derecha ha llegado al gobierno en Colombia de la mano de Abelardo de la Espriella, líder de Defensores de la Patria.

Honduras sería el segundo ejemplo señalado por la investigación.

Ambos casos, junto a la intervención armada en Venezuela, constituyen tres casos de éxito en la agenda de dominación del continente. Esto es así porque los tres casos se resolvieron de forma favorable a los intereses de Washington.

Tres gobiernos críticos, cuando no directamente enfrentados a la Casa Blanca –el de Xiomara Castro en Honduras, el de Gustavo Petro en Colombia y el de Nicolás Maduro en Venezuela– fueron sustituidos por dos gobiernos MAGA –el de Nasry Asfura en Honduras y el de Abelardo De La Espriella en Colombia– y por un gobierno intervenido –el de Delcy Rodríguez en Venezuela–.

Allí donde las urnas han indicado continuismo, Estados Unidos también ha salido ganando. En Belice, Jamaica, Bahamas, Barbados, Antigua y Barbuda, Guyana y Santa Lucía había gobiernos pro estadounidenses y ese estatus se conservó tras los comicios. En Ecuador había un gobierno pro MAGA –el de Daniel Noboa– que logró revalidar.

En suma, entre enero de 2025 y el ecuador de 2026, en América Latina ha habido 10 cambios de gobierno. De esos 10, 3 pasaron de izquierda a extrema derecha pro MAGA –Chile, Colombia y Honduras– y 2 pasaron de centro-derecha pro estadounidense a extrema derecha pro MAGA –Costa Rica y Perú–.

Bolivia pasó de izquierda a centro-derecha pro estadounidense, Trinidad y Tobago se mantuvo en el centro-izquierda, pero se alineó más firmemente con Estados Unidos. Surinam viró a la izquierda con el NDP y Uruguay pasó de centro-derecha a izquierda. El último cambio de gobierno es el de Venezuela, un caso sui géneris.

Conviene recapitular. América Latina y el Caribe cuenta con 33 Estados independientes –toda América con la excepción de Canadá y Estados Unidos–. Al asumir la presidencia el 20 de enero de 2025, Trump contaba con 4 gobiernos pro MAGA y 11 gobiernos pro estadounidenses no MAGA (un total de 15) y debía enfrentar 4 gobiernos frontalmente opuestos y 5 gobiernos críticos (un total de 9).

Tras año y medio en la Casa Blanca, el bloque crítico cuenta con 2 gobiernos frontalmente opuestos y 3 gobiernos críticos (un total de 5), mientras que el bloque alineado cuenta con 9 gobiernos pro MAGA y 9 gobiernos pro estadounidenses no MAGA (un total de 18).

El corredor trumpista

A lo largo de casi 10.000 kilómetros de costa sobre el Pacífico, desde Costa Rica hasta Magallanes y Antártica Chilena, Trump podría desplazarse por territorio latinoamericano sin abandonar en ningún momento países gobernados por aliados políticos.

Los gobiernos que conforman este corredor mantienen afinidad con el movimiento MAGA y promueven una relación estrecha con el proyecto geopolítico impulsado desde Washington.

Si se amplía la ruta hasta el extremo austral del continente, Trump podría atravesar el canal Beagle y llegar a Argentina. De esta forma, el corredor trumpista en América Latina, específicamente en la costa del Pacífico, estaría compuesto por Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Fuera de esa continuidad geográfica también destacan dos aliados centroamericanos: El Salvador y Honduras.

Mapa de la posición de los gobiernos latinoamericanos en relación a Estados Unidos y al gobierno de Donald Trump.

Es precisamente en esta franja donde Trump ha cosechado sus mayores éxitos… De hecho, ha logrado un pleno. Todos los cambios de gobierno acaecidos en este corredor han devenido en gobiernos abiertamente trumpistas o pro MAGA.

En noviembre de 2025 fueron las elecciones generales hondureñas; ganó Nasry Asfura (Partido Nacional). En febrero de 2026 fueron las de Costa Rica; ganó Laura Fernández (Pueblo Soberano).

En junio de 2026 fue el ballotage en Colombia; ganó Abelardo De La Espriella (Defensores de la Patria). En abril de 2025 fue el ballotage en Ecuador; ganó Daniel Noboa. En junio de 2026 fue el ballotage en Perú; probablemente ganó Keiko Fujimori, si bien la justicia electoral planea dar el resultado final a inicios de julio.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) planea proclamar los resultados oficiales de las elecciones de Perú entre el 3 y el 7 de julio.

Por último, en diciembre de 2025 fue el ballotage en Chile; ganó José Antonio Kast. 

Además de influir abiertamente en la política interna de los países latinoamericanos, el Gobierno estadounidense ha impulsado foros de coordinación desde los que definir la agenda regional bajando línea a los gobiernos afines.

En paralelo al corredor trumpista en América Latina, el llamado Escudo de las Américas (Shield of the Americas) constituye la principal herramienta de Trump para extender la influencia militar estadounidense en América Latina. Presentada como una iniciativa de coordinación y apoyo a las fuerzas armadas de la región, está bajo la supervisión de Kristi Noem, ex secretaria de Seguridad Nacional del ICE.

Nueve gobiernos identificados con el trumpismo o cercanos al MAGA ya participan o prevén participar en ella: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador.

A este grupo se agregan otros nueve países alineados con Estados Unidos: Paraguay, Bolivia, Guyana, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Jamaica, Bahamas, Belice y Guatemala. Washington también ha logrado incluir a tres gobiernos de la región en su “Junta de Paz” para Gaza: Paraguay, Argentina y El Salvador.

Donald Trump impulsa la creación de una nueva ‘Junta de Paz’ para gobernar la Franja de Gaza y disputar el papel de las Naciones Unidas

Las próximas prioridades

En los próximos 18 meses, Trump pondrá la mirada –y, muy probablemente, recursos políticos, económicos, judiciales e incluso militares– en cinco grandes escenarios. El primero (y más obvio) es Cuba, donde la renovada campaña de asfixia y amenaza militar pretende lograr concesiones del Gobierno del Partido Comunista o, en el enfoque más optimista de Washington, un cambio de régimen.

La presión político-económica de la administración de Donald Trump sobre Cuba aumenta y amenaza con extenderse también al ámbito militar.

 

Los otros cuatro escenarios son electorales: En Guatemala, Trump deseará la emergencia de un nuevo líder más nítidamente alineado con el trumpismo, si bien el socioliberal Bernardo Arévalo ha mantenido una estrecha colaboración con su administración.

En El Salvador, la apuesta es el continuismo de Nayib Bukele. En Argentina, lo mismo: Trump buscará influir en las elecciones para que Javier Milei –o, tal vez, Patricia Bullrich u otra figura del mileísmo– impidan un retorno del peronismo a la Casa Rosada.

Pero, sin duda, el mayor interés estadounidense, junto a Cuba, está en Brasil. Las elecciones de octubre de 2026 podrían dar un vuelco a la región y ratificar el dominio político e ideológico del trumpismo y de Estados Unidos en el continente, extendiéndolo más allá de este corredor trumpista en América Latina. Para ello, Trump necesita que Flávio Bolsonaro supere a Lula da Silva en unos comicios en los que Washington buscará influir. 

El precedente del enfrentamiento entre la Casa Blanca y la justicia brasileña en el caso contra Jair Bolsonaro evidencia esta voluntad injerencista. No por casualidad, el mismo Donald Trump recibió a Flávio Bolsonaro en el Despacho Oval en mayo.

Flávio Bolsonaro y el presidente Trump, en el Despacho Oval, en la foto difundida por el brasileño en redes sociales

Fuente: Descifrando la Guerra

De Correa y Evo Morales a Milei y Fujimori: el giro de América Latina hacia la extrema derecha

 

 Por Alberto Mesas

      Periodista. Master en Estudios Avanzados en Comunicación política.

En la última década, en la región han proliferado gobiernos conservadores de sesgo ultraliberal y estética MAGA aupados por el malestar económico, la polarización política y el desgaste de los partidos de izquierdas

Cuernos vikingos, gorras MAGA, conejos QAnon, ranas de ultraderecha y banderas confederadas_ los símbolos de la estética ultra en Estados Unidos.

     Primero fue Nayib Bukele y su autocracia carcelaria del terror en El Salvador.

Megacárcel de Bukele en El Salvador.

Luego Javier Milei y su motosierra para cercenar derechos y amputar servicios públicos en Argentina.

Javier Milei, una motosierra contra la educación y la cultura.

Unas semanas más tarde, Daniel Noboa llegó al poder en Ecuador con la idea de militarizar el país bajo el pretexto de combatir el crimen.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante su informe presidencial en la Asamblea Nacional el pasado 24 de mayo.

Rodrigo Paz ha hecho de los recortes y las bajadas de impuestos a los ricos y las empresas su seña de identidad en Bolivia.

Huelga de hambre de mujeres contra el decreto 5503 en Bolivia.

En Chile, José Antonio Kast presume de ser el hijo de un oficial nazi que ocultó su identidad para escapar de la justicia, y como pinochetista, pretende consumar la transformación ultraliberal de la economía del país.

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano en Chile.

Y Nasry Asfura, además de presidente de Honduras, es uno de los nombres de los Pandora Papers, y acumula acusaciones de corrupción y desvío de fondos públicos.

Nasry Asfura.

Pandora Papers.

Desde 2019, América Latina ha ido girando progresivamente hacia opciones políticas de extrema derecha, aupando a gobiernos de corte conservador y modificando el equilibrio político de la región, donde en la anterior década habían predominado los dirigentes de izquierdas.

Una persona introduce su voto en la urna durante las elecciones presidenciales de Haití, en Puerto Príncipe.

Los últimos casos que confirman esta tendencia son los de Perú y Colombia, donde Keiko Fujimori acaba de proclamarse vencedora de los comicios peruanos por apenas 43.000 votos, y Abelardo de la Espriella es el flamante ganador de la segunda vuelta de las presidenciales colombianas.

En el barrio de Miraflores, en Lima, una voluntaria de la campaña electoral de la candidata al Senado Sitza Romero, de Fuerza Popular.

Seguidora del Pacto Histórico el día de la segunda vuelta de las elecciones en Colombia.

Crisis económica, populismo y desgaste de la izquierda

A pesar de que cada país cuenta con sus propias lógicas y circunstancias internas que explican el cambio de tendencia, existen factores comunes a todos los casos, que tienen que ver con el malestar social por la situación económica, la desafección política, el desgaste de los ejecutivos de izquierdas que habían gobernado antes en varios de esos países, el giro del discurso político hacia temas como la seguridad, el crimen organizado o la inflación, y la aparición de líderes populistas que prometen soluciones rápidas a todos estos problemas.

Otro elemento común es la inspiración en el ideario y la puesta en escena del MAGA de Donald Trump en Estados Unidos, con promesas centradas en las bajadas de impuestos y la recuperación del orden.

Trump y su gorra MAGA.

Hace unos años, la revista Electoral Studies publicó un estudio donde se establece una clara relación entre tasas de criminalidad y comportamiento electoral en países latinoamericanos como El Salvador u Honduras, demostrando cómo los líderes de extrema derecha explotan la baza de la inseguridad ciudadana para atraer votos. Por su parte, el último informe sobre la región publicado en mayo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sostiene que América Latina y el Caribe se han convertido en la zona más polarizada del mundo, con una dinámica en la que la política deja de ser una disputa de ideas para convertirse en un choque entre bloques irreconciliables. El organismo advierte además de que esa tensión tiene lugar en un clima donde ha aumentado la violencia política y la desconfianza institucional, y ha crecido la insatisfacción ciudadana con la democracia como modelo de convivencia.

Sin embargo, en su análisis sobre las elecciones en América Latina durante este 2026, los investigadores del Real Instituto Elcano Carlos Malamud y Rogelio Núñez aseguran que no basta con hablar de una sola “ola derechista” porque el fenómeno mezcla factores regionales y dinámicas nacionales distintas. Además, señalan que el voto de castigo y la búsqueda de alternativas de orden y estabilidad están favoreciendo a los partidos de derecha en varios países, sin que eso signifique un patrón único ni una misma fórmula política en toda la región.

El politólogo argentino Andrés Malamud lleva años defendiendo que el rasgo dominante en América Latina ya no es tanto la polarización ideológica como la crisis de representación. Malamud cree que este fenómeno responde a la descomposición de los sistemas de partidos tradicionales y al voto contra los gobiernos en ejercicio más que a una consolidación de izquierdas o derechas: “En ocho de cada diez elecciones recientes triunfaron fuerzas que ni siquiera existían una década antes”, expone, y añade que “más de la mitad de los partidos en Latinoamérica creados en el siglo XXI que llegaron a la presidencia ya han desaparecido”.

Malamud también habla de que “América Latina está viviendo la trampa de las democracias mediocres” e insiste en que la democracia está funcionando únicamente como reemplazo de élites y no como un sistema que mejores la gobernabilidad, algo que contribuye a esa crisis de representación y que los ciclos de desgaste de los gobiernos electos se aceleren. “Somos gobernados por personas que no fueron preparadas para eso”, remarca, y asegura que “lo que nos está pasando en América Latina también está pasando en Occidente. No nos pasa solamente a nosotros”.

El Salvador: el modelo absolutista que sus vecinos intentan replicar

El Salvador es el caso más extremo de concentración de poder dentro de este giro a la derecha en la región. Nayib Bukele llegó al Gobierno en 2019 y, desde entonces, ha ido acumulando poder político e institucional en torno a su figura, hasta el punto de conseguir eliminar la limitación de mandatos. Su medida estrella es la guerra sin cuartel contra las bandas criminales, incluso violando derechos humanos y libertades fundamentales.

Familires de detenidos por participar en protestas en El Salvador.

Desde 2022, el gobierno salvadoreño ha mantenido un régimen de excepción que suspende determinadas garantías constitucionales en el marco de la lucha contra las pandillas, una medida que el parlamento ha prorrogado en múltiples ocasiones.

Muñecos de Nayib Bukele en El Salvador.

Estas políticas han reducido significativamente la tasa de homicidios en el país, pero varias organizaciones internacionales y de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch o la propia ONU han denunciado detenciones masivas, falta de garantías procesales y la inmensa concentración de poder en el Ejecutivo.

Aun así, el modelo salvadoreño se ha convertido en un ejemplo para varios líderes latinoamericanos que enarbolan el mismo discurso de fortalecer la seguridad y el orden en contextos de crisis, y otros gobiernos de la región, como el ecuatoriano, han intentado dar pasos en la misma línea.

El rey Felipe VI junto al presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, tras su investidura el 1 de junio de 2024.

Argentina: el punto de inflexión

Javier Milei llegó a la Presidencia de Argentina a finales de 2023, en un contexto de profunda crisis económica marcada por la elevada inflación. En su campaña electoral, Milei articuló un discurso duro de fuerte crítica al intervencionismo del Estado, y lanzó propuestas basadas en la reducción del gasto público, la “dolarización” de la economía y el despliegue de una amplia batería de privatizaciones de empresas y servicios públicos.

Javier Milei le regala una motosierra a Elon Musk, que la muestra orgullosamente.

Al mismo tiempo, Milei cargaba contra las élites y el establishment argentino. Tres años después, el paro en Argentina ha pasado del 5,7% al casi el 8%, y la inflación que prometió reducir no baja del 3%.

En la victoria de Milei también pesó el desgaste del peronismo encarnado en la figura del anterior presidente, Alberto Fernández, y la fragmentación interna de las coaliciones tradicionales del centroizquierda. Desde entonces, en la región se han producido vuelcos de poder similares, donde las fuerzas de la derecha han ampliado considerablemente sus bases electorales.

Ecuador: continuidad de mano dura

En Ecuador, la continuidad de Daniel Noboa confirma el giro conservador en América Latina. Noboa fue reelegido en 2025, en un contexto marcado por episodios de violencia asociados al crimen organizado y el narcotráfico. Como en el caso de El Salvador, este factor ha sido clave. Durante la campaña electoral, Noboa prometió mano dura y estabilidad, y una vez llegó al gobierno consiguió centrar el debate público en torno a la seguridad y el control del territorio.

Junto a esto, los ciclos electorales ecuatorianos más recientes también se han desarrollado en un escenario de gran polarización política, y una clara fragmentación del sistema de partidos que ha contribuido a la inestabilidad institucional del país. Del socialista Correa y su “Revolución Ciudadana” se pasó primero a Lenín Moreno, con una agenda claramente neoliberal, y después el banquero Guillermo Lasso continuó la tendencia hasta la llegada al poder de Noboa.

Bolivia: inestabilidad tras 20 años de Evo Morales

Bolivia constituye uno de los casos más complejos dentro de este cambio de tendencia en América Latina. En las elecciones generales de agosto de 2025, el país abrió un nuevo ciclo político tras casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y Jorge Quiroga. En 2019 se produjo un golpe de Estado contra Morales, al que acusaron de fraude electoral, y durante un año el Gobierno estuvo en manos de la liberal conservadora Jeanine Áñez.

Un militar coloca la banda presidencial a la flamante presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, designada sin la participación de la Asamblea Legislativa, en donde el MAS tiene mayoría absoluta.

Un año después, en 2020, las elecciones le dieron la victoria a Luis Arce (MAS), pero aunque su partido había mantenido el control del Ejecutivo y una parte importante del aparato legislativo, las tensiones internas entre Arce y Evo Morales acabaron dividiendo poco a poco al bloque oficialista. En los últimos comicios de 2025, en la campaña estuvieron presentes el deterioro económico del país por la escasez de divisas y las protestas de una parte importante de la población indígena contra la inhabilitación de Evo Morales por parte del Tribunal Constitucional boliviano.

Perú y Colombia: Victorias por menos del 1% de los votos

El resultado de las elecciones presidenciales de Perú y Colombia celebradas a lo largo de estas últimas semanas han continuado en la línea del giro conservador producido en otros países de la zona. Sin embargo, en ambos países los márgenes de victoria no llegan al 1%.

En Perú, la candidata de derechas Keiko Fujimori —que se presentaba por cuarta vez consecutiva a unas elecciones generales—, ha obtenido el 50,11% de los votos en la segunda vuelta frente al 49,88% de su rival, el izquierdista Roberto Sánchez.

Keiko Fujimori en un acto de la campaña presidencial del Perú en las elecciones de 2026.

Hace unos días Sánchez pidió sin éxito anular la votación de los peruanos en el exterior al entender que existe fraude porque los consulados no tienen la obligación de remitir digitalmente los resultados de la votación en el extranjero y enviar las actas físicas a Lima para que sean escrutadas. En cualquier caso, el líder del partido Juntos por el Perú, ya ha anunciado que no reconocerá al gobierno de Fujimori.

En el caso colombiano, la segunda vuelta de los comicios dio la victoria a Abelardo de la Espriella, con el 49,6% de los votos frente al 48,7% de Iván Cepeda. Como en el caso ecuatoriano y de El Salvador, la campaña electoral de De la Espriella se centró en propuestas dirigidas a endurecer las políticas contra el crimen organizado y el narcotráfico, y promesas económicas sobre la reducción del tamaño del Estado y el recorte del gasto público.

Abelardo de la Espriella, líder del movimiento colombiano Defensores de la Patria.

Tras hacerse públicos los resultados, miles de personas organizaron manifestaciones en ciudades como Bogotá y Cali contra la victoria de De la Espriella. Por su parte, el expresidente Gustavo Petro pidió calma, aunque evitó reconocer de inmediato los resultados.

Fuente: El Salto