¿Son Meta y Mark Zuckerberg legalmente responsables por la muerte de más de 145 personas en Ceuta?

 

 Por Aitor Jiménez   

      Escribe, investiga y enseña sobre derecho, capitalismo, punitivismo y tecnología en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y el Instituto Internacional de Sociología Jurídica.

Meta y Marck Zuckerberg podrían ser responsables legales por el masivo cruce irregular de la frontera española y la muerte de 145 personas, pudiendo responder con hasta un 6% de la facturación mundial anual de Meta, o penas de hasta ocho años de prisión para el CEO

Cementerio musulmán cercano a la mezquita Sidi Embarek.

     El 31 de julio, alrededor de 75.000 personas cruzaron de manera irregular la frontera de Ceuta. El enclave español en el norte de África, de poco más de 89.000 habitantes y apenas 19,87 kilómetros cuadrados, se vio inmediatamente desbordado social, asistencial y políticamente. De manera aún más grave, más de 140 personas fallecieron tratando de cruzar la frontera a nado. Más allá de las iniciales y diferentes versiones ministeriales e institucionales, de las interpretaciones políticas, o de cuándo y cómo fueron alertados los servicios policiales, militares y de inteligencia del Estado español, hay hechos fundamentales que comienzan a clarificarse.

Carretera en la playa de La Almadraba cercana a El Tarajal y la frontera.

Lo primero y fundamental es la confirmación de que el cruce masivo no fue un hecho espontáneo. Tampoco fue operado (exclusivamente) por mafias locales: contó con la complicidad, por acción e inacción, de las fuerzas de seguridad marroquíes. Y, lo que es más importante, fue organizado, viralizado y gestionado fundamentalmente a través de redes sociales vinculadas al grupo Meta, especialmente Instagram, WhatsApp y Facebook. En estas redes se viralizó la idea de la facilidad del cruce, la tolerancia de las autoridades españolas y de una laguna legal que permitiría la entrada y permanencia en territorio europeo a aquellos que cruzaran a nado.

La pregunta que resuena desde multitud de ángulos es clara: ¿quiénes son los responsables de las muertes y de los altísimos costos sociales, humanos y políticos de esta crisis migratoria? El Gobierno español ya habla de un ataque híbrido con fines de desestabilización, mientras que, a nivel europeo, periodistas, activistas y especialistas como Petra Molnar y Liz Carolan ya lo identifican como un ataque basado en la desinformación.

El 30 de agosto de 2026, en Ceuta (España), se produjo una gran concentración de barcos y motocicletas en apoyo a los habitantes de la ciudad.

Si bien parece poco probable que, a corto o incluso medio plazo, pueda determinarse quiénes son los responsables últimos que promovieron este ataque, existen evidencias claras que señalan al medio necesario para que el masivo cruce irregular y la subsiguiente tragedia humanitaria tuvieran lugar: las plataformas digitales de Meta.

Esto no son meras suposiciones: son datos. El 11 de agosto se revelaba que la Comisión Europea había abierto un canal directo con Meta y TikTok para tratar de contener la crisis (evidencia, por otro lado, de la asimetría de poder de países pequeños y medianos y gigantes digitales).

Soldados españoles se preparan para escoltar a migrantes de regreso a Marruecos, en Ceuta, España, el 2 de agosto de 2026.

Progresivamente tuvieron lugar tanto filtraciones como desclasificación gubernamental de las investigaciones policiales, confirmando el conocimiento de los servicios policiales y de inteligencia de una campaña de desinformación promovida a través de las redes de Meta con la finalidad de provocar una avalancha migratoria.

En otras palabras, tanto el Estado español como la Unión Europea cuentan con algo más que indicios para situar a Meta en el centro de la crisis política y humanitaria. Y no únicamente como interlocutor, sino como potencial responsable administrativo y, posiblemente, también penal, civil y político.

La Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés) es el marco regulatorio europeo para el gobierno de las plataformas digitales. Define e identifica a las plataformas en línea y los motores de búsqueda de muy gran tamaño como las que cuentan con más de 45 millones de usuarios.

La ley los reconoce como un agente social de gran relevancia y potencial impacto, imponiéndoles un régimen de deberes. Por ejemplo, en los artículos 34 y 35 de la DSA se describe que las corporaciones están legalmente obligadas a realizar evaluaciones de riesgo obligatorias y a aplicar medidas de mitigación frente a los llamados “riesgos sistémicos”, incluyendo la difusión de contenidos ilícitos, la manipulación del servicio y las amenazas al orden y la seguridad pública.

La DSA marca las consecuencias del incumplimiento. Por ejemplo, el artículo 52 de la DSA permite imponer sanciones administrativas de hasta el 6 % de su facturación global anual. La DSA deja amplios márgenes para que las corporaciones eludan su responsabilidad. No obstante, es potencialmente útil para lidiar con los casos más flagrantes de diseminación de contenidos peligrosos, ya sean información, productos como en los recientes casos de Temu o AliExpress, sancionados con 200 y 550 millones de euros por la Comisión Europea, respectivamente.

La DSA no es una legislación radical, es el resultado de duras pugnas, litigios y desarrollos políticos fuertemente disputados por el lobby internacional corporativo, que ha venido descafeinando cada intento regulatorio en la UE y en Estados Unidos, persiguiendo blindar la irresponsabilidad corporativa. Pero incluso en un momento político más proclive al nacionalismo tecnológico y al capitalismo de Estado, administraciones como la europea, la china o la estadounidense buscan poner límites a determinadas formas de abuso corporativo que ponen en peligro el tejido social. Por ejemplo, Meta se ha comprometido a pagar 18 billones de dólares a diversos territorios de los Estados Unidos tras una denuncia colectiva donde se acusaba a las plataformas no solo de violar la normativa sobre privacidad o menores, sino de diseñar plataformas dañinas, psicológica y socialmente, para estos.

Por estas razones, los gigantes digitales han desarrollado poderosos mecanismos para vigilar y controlar las redes. Herramientas que han utilizado de manera indiscriminada, por ejemplo, para penalizar la resistencia y movilizaciones en solidaridad con las víctimas del genocidio sionista de Israel en Palestina, o con las Hirak al-Rif (Revuelta del Rif) en Marruecos.

Una nueva investigación revela la supresión sistemática de contenido digital palestino en diversas plataformas de metadatos.

Parece poco creíble concebir que Meta no tuviera constancia del contenido vertido en sus redes en grupos de cientos de miles de usuarios, organizados y estructurados en idiomas familiares para esta compañía. Según la normativa europea, el Estado español y la Comisión Europea tienen canales directos de comunicación para movilizar esta maquinaria administrativa de vistoso músculo punitivo-económico.

Si el Estado español quisiera activar la vía penal, buscando, por ejemplo, discernir la responsabilidad de su CEO, Mark Zuckerberg, podría hacerlo a través del artículo 318 bis del Código Penal, relativo al tráfico ilegal de personas y a la facilitación de la inmigración clandestina. El Estado español no ha tenido escrúpulos en usarlo contra activistas y migrantes, acusándolos de componer mafias. Quizás, en esta ocasión, pudiera movilizarlo para poder abrir una vía de castigo y restitución a una corporación poderosa señalada directamente por las propias fuerzas y cuerpos de seguridad españolas.

No sería un camino fácil. La puesta en marcha de herramientas penales para perseguir a una corporación global con sede central y CEO en otra jurisdicción, incluso, por las consecuencias asesinas de sus plataformas sería un proceso complejo. Los marcos regulatorios nacionales e internacionales están diseñados para escudar los actos corporativos, a los ejecutivos responsables, y al accionariado que se lucra bajo un escudo de irresponsabilidad.

La empresa criminal. Por qué las corporaciones deben ser abolidas.

El derecho opera como código del capital, facilitando la circulación de bienes, y la explotación de la naturaleza y de la fuerza de trabajo. Incluso cuando las corporaciones perpetran o incitan a crímenes brutales que afectan a millones de personas, sus actos son reconducidos por la vía administrativa, en este caso la Ley de Servicios Digitales. Pero siempre hay margen para la actuación. Después de todo, el tribunal de excepción español de referencia y uno de los custodios fundamentales del “Estado Feroz”, la Audiencia Nacional tendría capacidad, recursos y lo que es más importante competencia, para iniciar tal singladura.

Quizás no lleguemos a saber nunca quiénes diseñaron el plan de desestabilización y deshumanización masiva de Ceuta que resultó en la tragedia sin fin que conocemos. Pero al menos contamos con las herramientas necesarias para señalar, identificar y potencialmente sancionar a esos poderosos cómplices de la muerte de 145 personas y del sufrimiento de decenas de miles, incluyendo las que siguen acampadas  en condiciones precarias y las que han visto su cotidianidad sacudida. 

Es evidente que el derecho y la arquitectura jurídica de las democracias liberales no están hechas para cambios profundos, ni siquiera para establecer la justicia social que muchas entendemos como compás necesario. Tampoco creo que la respuesta penal ni la cárcel sean la solución a problemas estructurales de alcance global. No cabe duda de que el escenario de fondo son las múltiples y complejas capas de imperialismo, colonialismo, régimen de fronteras y dependencia tecnológica, encarnados todos ellos en la tecnologizada e hipervigilada frontera sur. Solo una transformación profunda podrá darles respuesta. Pero, como he argumentado en otros lugares, dar pequeños pasos, como considerar como criminales (y no administrativas) las prácticas rutinarias de corporaciones capitalistas, y hacerlas cuanto menos responsables de sus actos brutales, puede acercarnos, si no a un cambio profundo, sí al menos a un giro del guión.

Los crímenes del capitalismo digital. Delitos corporativos en una era de explotación.

Para empezar, esta narrativa podría servir para dejar de acusar, perseguir y criminalizar la pobreza y comenzar a  señalar a los poderosos responsables que la orquestan. Y quién sabe, quizás esa sanción del 6% pueda servir sino para paliar el dolor, al menos para señalar que la impunidad de los oligarcas tecnológicos no es total.

Fuente: El Salto

La reivindicación de Marruecos de Ceuta y Melilla no es una exigencia de descolonización

 

 Por Joseph Massad   

      Catedrático de política árabe moderna e historia intelectual en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Las ambiciones territoriales de Rabat responden a su rencor hacia Madrid por el Sáhara Occidental, al tiempo que se alinean con la hostilidad de EE. UU. e Israel hacia España por su postura respecto a Gaza

     La reciente oleada de decenas de miles de refugiados económicos marroquíes y de otros países africanos que intentan llegar a la colonia española de Ceuta ha reavivado las exigencias marroquíes de que España devuelva Ceuta y Melilla —conocidas en árabe como Sabtah y Maliliah— a Marruecos.

Un agente de la policía española monta guardia mientras los migrantes esperan para ser registrados en el distrito de Loma Colmenar de Ceuta el 31 de agosto de 2026.

Al menos 141 personas fallecieron durante la travesía, mientras que la mayoría de quienes lograron cruzar fueron devueltos por la fuerza o «voluntariamente».

Viajar desde Ceuta o Melilla a la España peninsular por vía aérea o marítima requiere pasar por los controles españoles de pasaportes y documentos de viaje, lo que significa que ni siquiera los refugiados que entran en las dos colonias de colonos pueden seguir su camino.

El gobierno racista italiano de la primera ministra Giorgia Meloni respondió, no obstante, introduciendo controles fronterizos específicos en el aire y el mar para los ciudadanos no comunitarios procedentes de España, con el fin de evitar que entre ellos hubiera árabes y africanos.

España, indignada, tomó represalias imponiendo controles fronterizos temporales equivalentes a los vuelos y barcos procedentes de Italia. Marruecos, por su parte, propuso mantener conversaciones con España sobre el futuro estatus de ambos territorios, lo que los españoles rechazaron de plano.

El hecho de que Marruecos lo hiciera en medio del fortalecimiento de su alianza con EE. UU. e Israel —ambos hostiles al Gobierno socialista de Madrid— plantea dudas sobre sus motivaciones.

Conquista colonial

Marruecos era el único territorio no otomano del norte de África, gobernado por una dinastía local desde el siglo XVII. En 1415, durante la «Reconquista», Portugal conquistó el enclave marroquí de Sabtah, que pasó a manos de España cuando se disolvió la Unión Ibérica en 1640 y fue formalmente cedido en virtud del Tratado de Lisboa de 1668. España había conquistado por su parte el enclave de Maliliah en 1497.

Ambas ciudades de colonización siguen hoy bajo dominio español, a pesar de los repetidos intentos marroquíes por recuperarlas entre los siglos XVIII y XX.

Se utilizaron como colonias penales en el siglo XVIII, antes de ser declaradas puertos francos en 1906. España también se aventuró a conquistar la ciudad marroquí de Tetuán para ampliar su control en torno a «Ceuta», lo que desencadenó la guerra hispano-marroquí de 1859-1860.

La derrota de España en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 y la pérdida de Filipinas y de las colonias del Caribe reavivaron sus designios sobre el territorio marroquí. Francia, que estaba invadiendo otras colonias españolas en África, también albergaba ambiciones coloniales en Marruecos.

El Tratado de París de 1900 delimitó las colonias españolas en Río de Oro (posteriormente Sáhara Español y luego Sáhara Occidental) y África Ecuatorial, o Guinea Española. Estos territorios, limítrofes con colonias francesas, constituían una parte truncada de las conquistas africanas originales de España.

Las zonas de influencia francesa y española en Marruecos quedaron posteriormente delimitadas en 1904 en virtud de la Entente Cordiale anglo-francesa, que reconocía sus respectivas reivindicaciones coloniales en el norte de África, en Egipto y en Marruecos, a condición de que Francia cediera a España parte del territorio marroquí.

A finales de 1904, Francia reconoció una zona española que abarcaba una franja del norte de Marruecos, incluidas Ceuta y Melilla, y que se extendía hacia el oeste a lo largo de toda la costa mediterránea, sin llegar, sin embargo, a la frontera con Argelia al este. Tánger, un enclave costero dentro de esta zona, quedó internacionalizado.

La zona de al-Saqiyah al-Hamra, en el sur, adyacente al Río de Oro —ambas formarían más tarde el «Sáhara Español»—, también quedó excluida del acuerdo.

A estos acuerdos les siguió el Tratado de Fez de 1912, que estableció el protectorado francés sobre el territorio marroquí. Ese mismo año, Francia concedió a España el derecho a establecer su propio protectorado en la zona delimitada en 1904.

Incluso antes de establecer su protectorado, España había invadido territorio marroquí desde Maliliah en 1909 y desde Larache (al-‘Ara’ish), en la costa atlántica, en 1911.

España pretendía explotar los yacimientos de hierro en las adyacentes montañas del Rif, en el norte de Marruecos, lo que provocó la represalia de los rifeños, quienes mataron a siete trabajadores españoles. Al menos 1.000 soldados españoles murieron en la incursión y ocupación de la región montañosa que se produjo a continuación.

En 1913, 40.000 soldados españoles ocuparon Tetuán, la capital del protectorado. Las fuerzas españolas cometieron atrozidades generalizadas, saqueando viviendas y violando a mujeres marroquíes. Su violencia precipitó un gran éxodo desde la ciudad hacia las montañas, donde los refugiados se unieron a los rebeldes.

La situación se agravó tras la Primera Guerra Mundial, cuando España emprendió una campaña de «pacificación» en el Rif. Entre 1919 y 1921, las fuerzas españolas invadieron y ocuparon territorios y localidades que, aunque se encontraban nominalmente dentro del protectorado, permanecían fuera de su control.

Estas incursiones provocaron una importante resistencia liderada por Muhammad ‘Abd al-Karim al-Khattabi, conocido en las fuentes europeas como «Abd El Krim».

Mientras España se preparaba para invadir el Rif desde la localidad de Anwal (Annual) y por mar desde la bahía de al-Husaymah, ‘Abd al-Karim lanzó un ataque preventivo el 17 de julio de 1921, matando a cientos de soldados españoles, incluidos varios mandos.

Tras 12 años de victorias en territorio marroquí, los españoles se enfrentaron a la derrota. Los rifeños liberaron sus tierras, deteniéndose ante las murallas de Melilla. En la retirada de Anwal, España sufrió entre 13.000 y 19.000 bajas.

Aunque España logró recuperar algunos territorios, cualquier intento de aproximación naval se topó con la resistencia rifeña, que en marzo de 1922 hundió el buque de guerra español Juan de Juanes. ‘Abd al-Karim rechazó las exigencias españolas de que liberara a sus prisioneros de guerra, solicitando a cambio una compensación económica y la liberación de los cautivos marroquíes.

Tras muchas vacilaciones, España accedió y le pagó cuatro millones de pesetas, lo que equivaldría hoy a unos 11,6 millones de dólares. De los 570 prisioneros españoles retenidos por los rifeños, 326 sobrevivieron; el resto falleció a causa del tifus, junto con algunos de sus captores.

En septiembre de 1921, ‘Abd al-Karim proclamó la República del Rif, con capital en Ajdir, a orillas del Mediterráneo, junto a la bahía de al-Husaymah.

La república sobrevivió hasta 1926, repeliendo varias incursiones españolas. En 1924, mientras los españoles se reagrupaban, se retiraron de la ciudad de Shafshawan (Chaouen), donde se enfrentaron a los rifeños, quienes les infligieron entre 17.000 y 20.000 bajas.

El general Miguel Primo de Rivera, que asumió el mando del protectorado en el otoño de 1923, declaró que, a pesar de que la «sangre española» marcaba el «camino de la civilización», la venganza contra los marroquíes sería «rápida y severa». Para el verano de 1925, las fuerzas de ‘Abd al-Karim habían avanzado hacia el sur y arrollado a las fuerzas francesas al norte de Fez.

Los mandos franceses y españoles se reunieron en Madrid en junio de 1925 para coordinar una invasión de la República del Rif. Reunieron 123.000 efectivos, aunque algunas estimaciones sitúan la cifra en medio millón, frente a 12.000 combatientes rifeños. Las fuerzas europeas atacaron en septiembre, sitiando la república al acercarse el invierno y restringiendo sus suministros de alimentos y sal.

Los intentos de ‘Abd al-Karim por negociar fracasaron. En la primavera de 1926, España había lanzado un asalto naval contra Al-Husaymah. Utilizó cuatro tipos de gas tóxico, incluido el gas mostaza, contra civiles y combatientes para quebrantar la tenaz resistencia rifeña y ganar la guerra. Las tropas españolas mutilaron a sus víctimas marroquíes, ensartando partes de sus cuerpos en pinchos.

‘Abd al-Karim se rindió a los franceses en mayo de 1926. Fue exiliado junto con su familia y otros 150 rifianos a La Reunión, la isla ocupada por Francia en el océano Índico, antes de escapar a El Cairo en 1947.

En total, 10.000 rifeños perdieron la vida defendiendo sus tierras. A lo largo de cinco años de combates, unos 43.500 soldados españoles murieron, resultaron heridos o fueron dados por desaparecidos.

Alegando falta de jurisdicción, la Sociedad de Naciones se negó a intervenir en la Guerra del Rif incluso después de que España utilizara gas venenoso; el racismo de sus miembros europeos fue, sin duda, un factor fundamental.

La República del Rif fue tan solo la segunda república independiente proclamada en el mundo árabe, tras la República de Trípoli en 1918, y no se estableció ninguna otra hasta la Segunda Guerra Mundial.

Éxodo de colonos

En vísperas de la independencia de Marruecos en 1956, 350.000 colonos franceses vivían en el país. Para ese año, el protectorado español contaba con 91.000 colonos españoles, además de otros 26.000 en la zona francesa y 21.500 en Tánger, que se encontraba bajo administración internacional.

En total, a mediados de la década de 1950 vivían en Marruecos cerca de medio millón de colonos europeos, de los cuales casi tres cuartas partes eran franceses.

Tras la elección del Gobierno del Frente Popular en España en 1936, el líder nacionalista marroquí en ascenso ‘Abd al-Khaliq Turris fundó el Partido de la Reforma Nacional en la zona española. La izquierda española no apoyaba la independencia de Marruecos.

Sin embargo, los militares rebeldes de derecha que sumieron a España en la guerra civil intentaron cooptar a los nacionalistas marroquíes, principalmente para reclutar a rifeños que lucharan de su lado. Entre 60.000 y 70.000 marroquíes lucharon a las órdenes del general Francisco Franco, cuyas fuerzas controlaban la zona española de Marruecos.

En Sabtah y Maliliah, los judíos autóctonos se mezclaban con aquellos cuyos antepasados habían huido de la Reconquista. A finales del siglo XIX, la población judía urbana se había convertido en una mezcla sefardí de judíos españoles y marroquíes que se referían a los del campo como «bereberes».

Oleadas de judíos procedentes de Tetuán y las zonas rurales de Marruecos emigraron a las colonias desde la década de 1880 hasta la primera década del siglo XX.

Los sionistas comenzaron a centrarse en ellos en 1919, a pesar de la opinión generalizada entre la comunidad judía local de que el sionismo era un movimiento ashkenazí irreligioso. Sin embargo, a instancias de su rabino, los judíos acaudalados de Ceuta recaudaron 100.000 francos para los sionistas en 1921.

En 1922 se había constituido en Ceuta la Federación Sionista Ibero-Marroquí bajo el liderazgo de Ignacio Bauer-Landauer, cuya familia había representado a la Casa de Rothschild en España desde mediados del siglo XIX. En aquellos años aún no se producía emigración judía a Palestina.

En la década de 1950, los nacionalistas anticolonialistas marroquíes de la zona española, al igual que sus compatriotas de la zona francesa, estaban movilizando a la población en favor de la independencia.

España se resistió a los esfuerzos de ellos antes de acabar cediendo finalmente. El rey Mohammed V de Marruecos viajó a España en abril de 1956 para ultimar los acuerdos. El estatus de zona internacional de Tánger quedó derogado en julio de 1956, aunque conservó un estatus administrativo especial hasta julio de 1960.

La independencia de España provocó la marcha de muchos colonos españoles, 92.000 personas, lo que representaba el 9,4 % de la población del protectorado. En aquel momento, el número de colonos españoles ascendía a 21.500 en Tánger y a 25.698 en el protectorado francés. Ifni contaba con otros 3.500, cifra que fue aumentando a medida que llegaban colonos procedentes de los territorios cedidos por España; en 1967, su número ascendía a 11.984, incluido el personal militar.

En el «Sáhara Español», 20.126 colonos permanecieron allí hasta la retirada de España en 1975. Muchos colonos también permanecieron en el antiguo protectorado español tras la independencia, mientras que otros se marcharon gradualmente, y las salidas se aceleraron significativamente en 1957. España no abandonó Ifni hasta 1969 y, desde entonces, ha conservado sus colonias de Ceuta y Melilla.

La Corona marroquí no consideraba que las dos colonias formaran parte del reino en 1956, aunque los nacionalistas sí.

En 1971, el Ministerio de Trabajo español contabilizó 43.498 españoles en Marruecos: 8.082 en el antiguo protectorado español, 26.668 en el antiguo protectorado francés y 9.295 en Tánger.

Otra oleada de repatriaciones se produjo a raíz de un decreto de 1973 que marroquinizaba las empresas de propiedad extranjera, los puestos de trabajo y las tierras nacionalizadas. Entre junio de 1974 y diciembre de 1975, unas 20.000 familias de colonos españoles se repatriaron a España.

A principios de 1980, los consulados españoles registraban tan solo 8.094 trabajadores españoles en Marruecos, el 80 % de los cuales se concentraba en Tánger y Casablanca. La numerosa colonia española de Casablanca, que ascendía a 20.500 personas antes de la marroquización de las tierras de 1973, se había reducido a unos 2.500 habitantes en 1986.

Descolonización selectiva

En la actualidad, los españoles constituyen casi la mitad de la población de las dos colonias de colonos de Sabtah y Maliliah. En Sabtah —o Ceuta— constituyen una ligera mayoría, mientras que los marroquíes autóctonos tienen una estrecha mayoría en Maliliah —o Melilla—.

A raíz de la reciente migración a Ceuta, han resurgido las reivindicaciones marroquíes para la devolución de Sabtah y Maliliah. El 22 de agosto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, declaró que Marruecos «se aferraría a su derecho histórico y a su derecho geográfico» sobre ambas ciudades, y pidió la creación de una comisión de diálogo permanente para negociar su retorno «al seno de la patria».

Días más tarde, el ministro marroquí de Habous y Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, evocó las «ciudades ocupadas» del norte de África en el palacio real de Rabat, durante una ceremonia con motivo del cumpleaños del Profeta presidida por el rey Mohammed VI.

España respondió con intransigencia, insistiendo en que nunca renunciaría a la soberanía sobre sus colonias. «Ceuta y Melilla son españolas», afirmó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. «Son nuestras fronteras meridionales, así como las fronteras de Europa. No hay nada más que añadir».

Aún no está claro adónde conducirán las exigencias marroquíes, especialmente teniendo en cuenta el apoyo de la Administración Trump a la reivindicación de Marruecos sobre el Sáhara Occidental frente a las reivindicaciones indígenas del pueblo saharaui y de la República Árabe Saharaui Democrática proclamada por el Frente Polisario en 1976, reconocida por más de dos docenas de países.

Estas reivindicaciones han resurgido en medio de la creciente hostilidad de EE. UU. e Israel hacia España, a raíz de la condena por parte de Madrid del genocidio y las políticas coloniales de Israel hacia los palestinos. Marruecos, por su parte, tiene sus propios motivos de resentimiento.

Su ofensiva territorial podría deberse menos a un sincero sentimiento nacional que al deseo de castigar a España por negarse a reconocer la plena soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental —a pesar de que ha respaldado el plan de autonomía de Marruecos para el territorio— y por mantener buenas relaciones con Argelia, que apoya la independencia saharaui y está aliada con el Frente Polisario.

Aunque la Administración Trump ha reafirmado su apoyo a la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, un informe del Congreso de EE. UU. que describía ambas ciudades como situadas en territorio marroquí y fomentaba el diálogo diplomático entre Rabat y Madrid ha despertado la alarma. España insiste en que su estatus no es negociable.

No está claro hasta qué punto será sostenible la postura española, dada la estrecha alianza de Marruecos con Israel bajo el mandato del primer ministro Benjamín Netanyahu, y la continua hostilidad de Trump hacia el Gobierno socialista español. Madrid denegó a Washington el uso de sus bases militares para la guerra contra Irán, y ha retirado a su embajador en Israel a raíz del genocidio en Gaza.

Muchos en España creen que el país está pagando ahora por ese desafío, y políticos y comentaristas culpan a Israel y a EE. UU. de avivar la crisis de Ceuta como represalia.

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, avivó esas sospechas al publicar en X que ya era hora de que España explicara por qué «sigue manteniendo enclaves coloniales en África». El ministro de Transportes español, Óscar Puente, compartió la publicación y comentó: «Bueno, parece que todo se está aclarando bastante».

La alianza antipalestina de Marruecos con Trump e Israel no puede determinar el futuro de las dos colonias de asentamiento. Ese futuro debe basarse en un auténtico impulso hacia la descolonización, que se aplique por igual a Sabtah y Maliliah, al Sáhara Occidental y a todos los territorios palestinos, libaneses y sirios colonizados por Israel.

Del blog personal de

Rafael Poch-de-Feliu

Las torturas al doctor Abu Safiya evidencian las violaciones de derechos humanos en las cárceles de Israel

 

 De Redacción El Salto

Organismo humanitarios y la ONU denuncian palizas sistemáticas al exdirector del hospital Kamal Adwan de Gaza

     Su foto, vestido con bata médica blanca, atravesando los escombros de lo que había sido su hospital en Gaza, convertido en ruinas por las bombas de Israel, dio la vuelta al mundo.

El Dr. Abu Safiya caminando por las ruinas del hospital Kamal Adwan.

El nombre de Hussam Abu Safiya, antiguo director del hospital Kamal Adwan, también resonó cuando se supo que había sido detenido por el ejército invasor y trasladado a una prisión conocida como el “Guantánamo israelí”.

El doctor Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza

A principios de septiembre, su nombre vuelve a sonar.

El Centro Palestino para la Defensa de los Prisioneros ha vuelto a denunciar su situación en la cárcel, donde es sometido a palizas y torturas. En un mensaje difundido a través de su abogado, el que fuera médico principal de MedGlobal denuncia que ha sido golpeado en numerosas ocasiones por los guardias israelíes en diversas partes de su cuerpo, incluidas “zonas sensibles”, con puños, patadas, martillos y porras. Abu Safiya relata lesiones graves en el ojo izquierdo, la cabeza y el pecho, así como una privación del sueño sistemática mediante ruido continuo y altavoces durante la noche.

El Centro Palestino para la Defensa de los Prisioneros condena los continuos ataques israelíes contra el médico detenido Dr. Hussam Abu Safiya.

Según esta ONG dedicada a defender a los presos palestinos, las palizas y los abusos pretenden callarlo: “Están utilizando palizas y amenazas para presionarlo e impedir que hable sobre sus condiciones de detención y las violaciones a las que está sometido”. De hecho, los golpes y porrazos se producen casi siempre después de hablar con su abogado, según el relato del médico conocido a través de su letrado. Después de su detención en diciembre de 2024, Abu Safiya fue calificado por las fuerzas israelíes como “combatiente ilegal”, una clasificación utilizada para habitantes de Gaza que permite la detención indefinida sin juicios ni acusaciones formales.

La realidad de las cárceles israelíes

No se trata de un caso aislado, subrayan desde esta organización de derechos humanos, sino de “una realidad más amplia de la que forman parte los médicos y trabajadores sanitarios detenidos”, con testimonios recurrentes de palizas, inanición, negligencia médica, aislamiento y restricciones a la comunicación regular con sus familias y abogados.

En julio de este año, la Comisión Internacional Independiente de Investigación, dependiente de la ONU, exigió la liberación de Hussam Abu Safiya y alertó sobre las torturas recibidas en prisión. La comisión expresó mediante un comunicado su preocupación por posibles violaciones al derecho internacional. Las torturas cometidas por el personal israelí en las cárceles podrían constituir crímenes internacionales según expresó la comisión en un comunicado.

En julio, uno de los abogados de Abu Safiya declaró en la BBC que teme por la vida de su cliente, detenido sin cargos formales durante más de 20 meses. La última vez que lo visitó, tal como relata a la cadena británica, el médico estaba tan “brutalmente golpeado” que no pudo reconocerlo. “Estuvo a punto de perder el conocimiento varias veces”, dijo el abogado sobre su encuentro. En esa ocasión, cinco guardias de prisión lo atacaron con manos, porras y martillos después de una apelación ante el Tribunal Supremo de Jerusalén. 

“La información recibida sobre el deterioro de las condiciones de reclusión del doctor Hussam Abu Safiya es realmente terrible. Nos alarman profundamente los informes de su abogado que indican que la vida del doctor corre peligro inminente en su detención ilegal continuada”, declaraba en julio Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.

Según explica esta organización, Abu Safiya permanece recluido sin cargos ni juicio en aplicación de la “cruel y abusiva” Ley de Combatientes Ilegales, que autoriza a las fuerzas armadas a emitir órdenes de detención que pueden prorrogarse indefinidamente contra cualquier persona de Gaza sospechosa de ser una amenaza para la seguridad del Estado o de participar en actividades hostiles, sobre la base de indicios clasificados y sin necesidad de presentar escrito de acusación.

El antiguo director del hospital Kamal Adwan se encuentra recluido en la cárcel de Rakevet, una sección subterránea del complejo penitenciario de Ayalon donde las personas detenidas, en su mayoría de la Franja de Gaza, “son sometidas a tortura y trato inhumano de forma sistemática”, sostienen desde Amnistía Internacional. Este centro de detención, cerrado en 1985 “por sus condiciones inhumanas”, volvió a abrirse durante el genocidio.

Médicos Sin Fronteras (MSF) mostró su “indignación” en un comunicado emitido a finales de julio por el trato que reciben los trabajadores sanitarios en las cárceles israelíes, la mayoría de ellos “detenidos en condiciones extremas, sin justificación ni motivo”. 

El doctor Mohammed Obeid, cirujano ortopédico miembro de MSF que operaba en el mismo hospital en el que trabajaba Abu Safiya, lleva detenido desde el 26 de octubre de 2024 “en condiciones muy difíciles y sin ningún contacto con su familia”. Según Healthcare Workers Watch, 95 trabajadores sanitarios palestinos continúan detenidos por las autoridades israelíes desde octubre de 2023.

“La práctica de detener arbitrariamente, torturar y maltratar al personal médico palestino en Israel es inaceptable. Durante demasiado tiempo, demasiados líderes mundiales han evitado condenar la actuación de Israel en Palestina. El silencio se ha convertido en complicidad”, sentencian desde Médicos Sin Fronteras.

Según la asociación de apoyo a presos Addameer, el total de presos políticos palestinos en Israel asciende a 9.400. De ellos, más de un tercio no ha sido juzgado y cumple prisión preventiva. Denuncian el abuso de la figura del “combatiente ilegal”, el corte de lazos familiares, condiciones extremas, torturas y palizas regulares.

Fuente: El Salto