¿Son Meta y Mark Zuckerberg legalmente responsables por la muerte de más de 145 personas en Ceuta?

 

 Por Aitor Jiménez   

      Escribe, investiga y enseña sobre derecho, capitalismo, punitivismo y tecnología en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y el Instituto Internacional de Sociología Jurídica.

Meta y Marck Zuckerberg podrían ser responsables legales por el masivo cruce irregular de la frontera española y la muerte de 145 personas, pudiendo responder con hasta un 6% de la facturación mundial anual de Meta, o penas de hasta ocho años de prisión para el CEO

Cementerio musulmán cercano a la mezquita Sidi Embarek.

     El 31 de julio, alrededor de 75.000 personas cruzaron de manera irregular la frontera de Ceuta. El enclave español en el norte de África, de poco más de 89.000 habitantes y apenas 19,87 kilómetros cuadrados, se vio inmediatamente desbordado social, asistencial y políticamente. De manera aún más grave, más de 140 personas fallecieron tratando de cruzar la frontera a nado. Más allá de las iniciales y diferentes versiones ministeriales e institucionales, de las interpretaciones políticas, o de cuándo y cómo fueron alertados los servicios policiales, militares y de inteligencia del Estado español, hay hechos fundamentales que comienzan a clarificarse.

Carretera en la playa de La Almadraba cercana a El Tarajal y la frontera.

Lo primero y fundamental es la confirmación de que el cruce masivo no fue un hecho espontáneo. Tampoco fue operado (exclusivamente) por mafias locales: contó con la complicidad, por acción e inacción, de las fuerzas de seguridad marroquíes. Y, lo que es más importante, fue organizado, viralizado y gestionado fundamentalmente a través de redes sociales vinculadas al grupo Meta, especialmente Instagram, WhatsApp y Facebook. En estas redes se viralizó la idea de la facilidad del cruce, la tolerancia de las autoridades españolas y de una laguna legal que permitiría la entrada y permanencia en territorio europeo a aquellos que cruzaran a nado.

La pregunta que resuena desde multitud de ángulos es clara: ¿quiénes son los responsables de las muertes y de los altísimos costos sociales, humanos y políticos de esta crisis migratoria? El Gobierno español ya habla de un ataque híbrido con fines de desestabilización, mientras que, a nivel europeo, periodistas, activistas y especialistas como Petra Molnar y Liz Carolan ya lo identifican como un ataque basado en la desinformación.

El 30 de agosto de 2026, en Ceuta (España), se produjo una gran concentración de barcos y motocicletas en apoyo a los habitantes de la ciudad.

Si bien parece poco probable que, a corto o incluso medio plazo, pueda determinarse quiénes son los responsables últimos que promovieron este ataque, existen evidencias claras que señalan al medio necesario para que el masivo cruce irregular y la subsiguiente tragedia humanitaria tuvieran lugar: las plataformas digitales de Meta.

Esto no son meras suposiciones: son datos. El 11 de agosto se revelaba que la Comisión Europea había abierto un canal directo con Meta y TikTok para tratar de contener la crisis (evidencia, por otro lado, de la asimetría de poder de países pequeños y medianos y gigantes digitales).

Soldados españoles se preparan para escoltar a migrantes de regreso a Marruecos, en Ceuta, España, el 2 de agosto de 2026.

Progresivamente tuvieron lugar tanto filtraciones como desclasificación gubernamental de las investigaciones policiales, confirmando el conocimiento de los servicios policiales y de inteligencia de una campaña de desinformación promovida a través de las redes de Meta con la finalidad de provocar una avalancha migratoria.

En otras palabras, tanto el Estado español como la Unión Europea cuentan con algo más que indicios para situar a Meta en el centro de la crisis política y humanitaria. Y no únicamente como interlocutor, sino como potencial responsable administrativo y, posiblemente, también penal, civil y político.

La Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés) es el marco regulatorio europeo para el gobierno de las plataformas digitales. Define e identifica a las plataformas en línea y los motores de búsqueda de muy gran tamaño como las que cuentan con más de 45 millones de usuarios.

La ley los reconoce como un agente social de gran relevancia y potencial impacto, imponiéndoles un régimen de deberes. Por ejemplo, en los artículos 34 y 35 de la DSA se describe que las corporaciones están legalmente obligadas a realizar evaluaciones de riesgo obligatorias y a aplicar medidas de mitigación frente a los llamados “riesgos sistémicos”, incluyendo la difusión de contenidos ilícitos, la manipulación del servicio y las amenazas al orden y la seguridad pública.

La DSA marca las consecuencias del incumplimiento. Por ejemplo, el artículo 52 de la DSA permite imponer sanciones administrativas de hasta el 6 % de su facturación global anual. La DSA deja amplios márgenes para que las corporaciones eludan su responsabilidad. No obstante, es potencialmente útil para lidiar con los casos más flagrantes de diseminación de contenidos peligrosos, ya sean información, productos como en los recientes casos de Temu o AliExpress, sancionados con 200 y 550 millones de euros por la Comisión Europea, respectivamente.

La DSA no es una legislación radical, es el resultado de duras pugnas, litigios y desarrollos políticos fuertemente disputados por el lobby internacional corporativo, que ha venido descafeinando cada intento regulatorio en la UE y en Estados Unidos, persiguiendo blindar la irresponsabilidad corporativa. Pero incluso en un momento político más proclive al nacionalismo tecnológico y al capitalismo de Estado, administraciones como la europea, la china o la estadounidense buscan poner límites a determinadas formas de abuso corporativo que ponen en peligro el tejido social. Por ejemplo, Meta se ha comprometido a pagar 18 billones de dólares a diversos territorios de los Estados Unidos tras una denuncia colectiva donde se acusaba a las plataformas no solo de violar la normativa sobre privacidad o menores, sino de diseñar plataformas dañinas, psicológica y socialmente, para estos.

Por estas razones, los gigantes digitales han desarrollado poderosos mecanismos para vigilar y controlar las redes. Herramientas que han utilizado de manera indiscriminada, por ejemplo, para penalizar la resistencia y movilizaciones en solidaridad con las víctimas del genocidio sionista de Israel en Palestina, o con las Hirak al-Rif (Revuelta del Rif) en Marruecos.

Una nueva investigación revela la supresión sistemática de contenido digital palestino en diversas plataformas de metadatos.

Parece poco creíble concebir que Meta no tuviera constancia del contenido vertido en sus redes en grupos de cientos de miles de usuarios, organizados y estructurados en idiomas familiares para esta compañía. Según la normativa europea, el Estado español y la Comisión Europea tienen canales directos de comunicación para movilizar esta maquinaria administrativa de vistoso músculo punitivo-económico.

Si el Estado español quisiera activar la vía penal, buscando, por ejemplo, discernir la responsabilidad de su CEO, Mark Zuckerberg, podría hacerlo a través del artículo 318 bis del Código Penal, relativo al tráfico ilegal de personas y a la facilitación de la inmigración clandestina. El Estado español no ha tenido escrúpulos en usarlo contra activistas y migrantes, acusándolos de componer mafias. Quizás, en esta ocasión, pudiera movilizarlo para poder abrir una vía de castigo y restitución a una corporación poderosa señalada directamente por las propias fuerzas y cuerpos de seguridad españolas.

No sería un camino fácil. La puesta en marcha de herramientas penales para perseguir a una corporación global con sede central y CEO en otra jurisdicción, incluso, por las consecuencias asesinas de sus plataformas sería un proceso complejo. Los marcos regulatorios nacionales e internacionales están diseñados para escudar los actos corporativos, a los ejecutivos responsables, y al accionariado que se lucra bajo un escudo de irresponsabilidad.

La empresa criminal. Por qué las corporaciones deben ser abolidas.

El derecho opera como código del capital, facilitando la circulación de bienes, y la explotación de la naturaleza y de la fuerza de trabajo. Incluso cuando las corporaciones perpetran o incitan a crímenes brutales que afectan a millones de personas, sus actos son reconducidos por la vía administrativa, en este caso la Ley de Servicios Digitales. Pero siempre hay margen para la actuación. Después de todo, el tribunal de excepción español de referencia y uno de los custodios fundamentales del “Estado Feroz”, la Audiencia Nacional tendría capacidad, recursos y lo que es más importante competencia, para iniciar tal singladura.

Quizás no lleguemos a saber nunca quiénes diseñaron el plan de desestabilización y deshumanización masiva de Ceuta que resultó en la tragedia sin fin que conocemos. Pero al menos contamos con las herramientas necesarias para señalar, identificar y potencialmente sancionar a esos poderosos cómplices de la muerte de 145 personas y del sufrimiento de decenas de miles, incluyendo las que siguen acampadas  en condiciones precarias y las que han visto su cotidianidad sacudida. 

Es evidente que el derecho y la arquitectura jurídica de las democracias liberales no están hechas para cambios profundos, ni siquiera para establecer la justicia social que muchas entendemos como compás necesario. Tampoco creo que la respuesta penal ni la cárcel sean la solución a problemas estructurales de alcance global. No cabe duda de que el escenario de fondo son las múltiples y complejas capas de imperialismo, colonialismo, régimen de fronteras y dependencia tecnológica, encarnados todos ellos en la tecnologizada e hipervigilada frontera sur. Solo una transformación profunda podrá darles respuesta. Pero, como he argumentado en otros lugares, dar pequeños pasos, como considerar como criminales (y no administrativas) las prácticas rutinarias de corporaciones capitalistas, y hacerlas cuanto menos responsables de sus actos brutales, puede acercarnos, si no a un cambio profundo, sí al menos a un giro del guión.

Los crímenes del capitalismo digital. Delitos corporativos en una era de explotación.

Para empezar, esta narrativa podría servir para dejar de acusar, perseguir y criminalizar la pobreza y comenzar a  señalar a los poderosos responsables que la orquestan. Y quién sabe, quizás esa sanción del 6% pueda servir sino para paliar el dolor, al menos para señalar que la impunidad de los oligarcas tecnológicos no es total.

Fuente: El Salto

La diplomacia europea, entre Kaja Kallas y Ursula von der Leyen

 

 Por Marcel Muñoz Rodríguez   

       Politólogo especializado en asuntos europeos e internacionales.

La rivalidad entre Kaja Kallas y Ursula von der Leyen refleja las limitaciones de la política exterior de la Unión Europea.

      El 11 de junio de 2026, un documento interno atribuido al Gobierno francés y filtrado al Financial Times planteó tres escenarios para reformar el servicio diplomático de la Unión Europea y, con él, el cargo de Alta Representante que ocupa la estonia Kaja Kallas. 

El primero situaría toda la política exterior bajo el control de la Comisión, el segundo devolvería competencias al Consejo y a las capitales, y, el tercero, presentado como el preferido por París, reforzaría a la propia Kallas hasta convertirla en una suerte de vicepresidenta ejecutiva primera con autoridad sobre acción exterior, comercio y desarrollo.

Tres salidas distintas para abordar la percepción, extendida en varias capitales, de que la Unión Europea reacciona con excesiva lentitud y fragmentación ante las crisis internacionales, desde el genocidio en la Franja de Gaza hasta la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El episodio se ha interpretado mayoritariamente en clave personal, como una nueva etapa del desgaste de Kallas y de su tensa relación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin embargo, la fricción entre ambas no es una mera pugna de personalidades, sino que es la manifestación más clara de una ambigüedad estructural inscrita en la propia arquitectura institucional del bloque.

Esa ambigüedad, asumible en periodos de estabilidad, se ha transformado en una vulnerabilidad estratégica en un contexto que exige a Europa proyectar una posición coherente y reconocible.

El reparto competencial

El cargo de Alto Representante nació con el Tratado de Lisboa como un híbrido deliberado. Su titular dirige la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) en nombre de los Estados miembros y, simultáneamente, ocupa una vicepresidencia de la Comisión Europea. El objetivo era articular el peso político de las capitales con los recursos de Bruselas, tendiendo un puente entre el método intergubernamental y el comunitario.

En la práctica, esa hibridez ha situado al cargo en la intersección de las lógicas institucionales de la Comisión, el Consejo y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que el Alto Representante dirige, sin control efectivo sobre ninguna de ellas. 

El factor determinante es que la política exterior continúa siendo, en lo sustancial, una competencia de los Estados, sometida a la regla de la unanimidad. El Alto Representante coordina, propone y representa, pero no tiene capacidad de decisión.

Desde Catherine Ashton hasta Federica Mogherini y Josep Borrell, todos sus titulares han chocado con las mismas limitaciones. El propio Borrell dejó constancia pública en reiteradas ocasiones de esa frustración a lo largo de su mandato, denunciando la incapacidad de la Unión Europea para formar una posición común frente al genocidio israelí en la Franja de Gaza.

Lo que distingue la etapa actual es la conjunción de ese límite heredado con la forma en que Ursula von der Leyen ha concebido y ejercido su segundo mandato al frente de la Comisión Europea.

La presidencialización de la Comisión

Mientras el cargo de Kallas oscila entre la irrelevancia y la reforma, la Comisión ha avanzado en sentido contrario, concentrando poder de manera sistemática. Su funcionamiento es crecientemente personalista, articulado en torno a la presidenta y a su jefe de gabinete, Bjoern Seibert, en la decimotercera planta del edificio Berlaymont.

Von der Leyen, la hiperpresidenta.

La ampliación del número de vicepresidencias ejecutivas de tres a seis, lejos de distribuir la autoridad, ha diluido los contrapesos internos del colegio de comisarios. La tendencia no es enteramente nueva, pues la centralización en la presidencia se remonta a las Comisiones de Barroso y Juncker, pero se ha intensificado de forma notable. Y en el ámbito externo adquiere una relevancia particular, ya que carece de competencias formales en política exterior. 

Esta deriva concentradora contrasta con las expectativas suscitadas por el propio origen de Ursula von der Leyen en el cargo, designada en 2019 por el Consejo Europeo al margen del sistema de Spitzenkandidaten, lo que ha generado malestar entre varios Estados miembros que anticipaban una presidencia más condicionada por las capitales.

Pese a ello, la Comisión se ha convertido de facto en el principal actor geopolítico de la Unión Europea, asumiendo la iniciativa ante la guerra de Ucrania, la crisis energética, la sobrecapacidad industrial china, la guerra arancelaria con Estados Unidos o el conflicto en la Franja de Gaza.

Tras los ataques sobre Irán, Ursula von der Leyen desplegó una intensa diplomacia directa que invadió las atribuciones de la Alta Representante y del presidente del Consejo Europeo, António Costa. En una sola jornada informó al Parlamento Europeo de conversaciones telefónicas con numerosos líderes extranjeros y emitió, junto a Costa, un comunicado conjunto que relegó a Kallas a un papel subsidiario. El episodio mostró una diplomacia fragmentada institucionalmente.

La divergencia también es discursiva. En la conferencia anual de embajadores de la Unión Europea, Ursula von der Leyen reclamó una política exterior guiada por la realpolitik, mientras que Costa, apenas un día después, reafirmaba el compromiso con el orden internacional basado en reglas. 

A ello se añaden iniciativas de carácter más estructural. La presidenta anunció la creación de un Colegio de Seguridad de mandato impreciso que duplica parcialmente las funciones del Comité Político y de Seguridad, órgano que los Tratados sitúan bajo la órbita del SEAE.

La acción del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) se ve limitada por las propias debilidades de la política exterior de la Unión Europea.

La Comisión estableció además una dirección general específica para Oriente Próximo, el Norte de África y el Golfo, y llegó a proyectar una célula de inteligencia bajo supervisión directa de la presidencia, iniciativa a la que Kallas se opuso por reducir todavía más su margen de maniobra. El propio comisario de Defensa, Andrius Kubilius, solapa parte de sus atribuciones con las de la Alta Representante.

La Comisión Europea quiere tener su propia célula de inteligencia.

El resultado es una proyección exterior fragmentada, en la que coexisten varios centros de iniciativa sin una jerarquía clara entre ellos. La cuestión, sin embargo, no se agota en la conducta de la Comisión.

El vacío del Consejo

Sería un error atribuir esta situación exclusivamente a una voluntad de acaparamiento por parte de Ursula von der Leyen. Su expansión responde, en buena medida, a la ocupación de un vacío que los propios Estados miembros han dejado abierto.

El Consejo permanece dividido en las cuestiones decisivas. Frente a quienes, como Francia o Alemania, han explorado vías de negociación con Moscú, otros Estados como Polonia, los países bálticos y los nórdicos respaldan la línea de firmeza que encarna Kallas.

La propia iniciativa diplomática de António Costa hacia Moscú, explorando cauces de contacto con el Kremlin al margen de los canales institucionales establecidos, ha agudizado esta fractura interna, mostrando la fragilidad de la cohesión institucional de la Unión Europea.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Atrapado entre esas posiciones y limitado por el requisito de la unanimidad, el Consejo se muestra incapaz de articular respuestas con la celeridad que imponen las crisis. El recurso reiterado al veto por parte de algunos Estados, de forma señalada la Hungría de Viktor Orbán, que en repetidas ocasiones ha bloqueado sanciones y paquetes de asistencia a Ucrania, ha consolidado la imagen de una Unión paralizada por su propia proceso de toma de decisiones.

El fin de la era Orbán reduce la parálisis institucional en la UE.

En ese marco, cuando un acontecimiento exige una reacción inmediata, la presidencia de la Comisión tiende a ocupar el espacio que la decisión intergubernamental no logra llenar. La iniciativa Ursula de von der Leyen se explica, así, menos por una estrategia de poder premeditada que por la incapacidad estructural del Consejo para actuar como un cuerpo unitario.

Miembros de la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, anunciada el 27 de noviembre de 2024.

A las dificultades institucionales se añaden las críticas dirigidas a la gestión de la propia Kallas, a quien diversos diplomáticos reprochan un estilo poco eficaz para tejer mayorías en una Unión Europea políticamente heterogénea y una monotemática línea sobre Rusia percibida como excesivamente rígida por algunas capitales. El problema de fondo, no obstante, no reside en que la Comisión intervenga en exceso, sino en que el Consejo decide demasiado poco.

Esta lógica permite descifrar la aparente paradoja de las últimas semanas. Cuando el documento francés y la presión de varios Estados amenazaron con vaciar de contenido el SEAE, fue la propia Ursula von der Leyen quien salió a respaldar públicamente a Kallas y a reivindicar el papel del servicio diplomático. 

La aparente contradicción resulta coherente con los incentivos institucionales, ya que a la Comisión tampoco le conviene que las competencias regresen al Consejo o a las capitales, y una destitución de la Alta Representante proyectaría una imagen de división difícilmente asumible hacia el exterior. 

Kallas, por su parte, ha optado por abrir el debate sin renunciar a su posición, recordando que la sustancia de su mandato la determinan los Tratados y no un documento filtrado a la prensa.

Kallas defiende el servicio exterior de la UE después de que un periódico francés cuestionara su supervivencia.

Autonomía estratégica y arquitectura del poder

La relevancia de esta disputa afecta directamente a la aspiración europea de dotarse de una autonomía estratégica efectiva. Esa autonomía no se reduce a la acumulación de capacidades materiales, sino que depende igualmente de la existencia de una arquitectura institucional capaz de decidir su empleo y de una voz reconocible que actúe en nombre del conjunto. 

Sin el andamiaje decisorio necesario, los recursos que la Unión Europea logre reunir corren el riesgo de permanecer inutilizados en el momento en que una crisis exige una respuesta inmediata.

La fragmentación de la representación exterior tiene, en este sentido, consecuencias estratégicas tangibles. Una potencia que mantiene varios centros de iniciativa y no resuelve quién la representa proyecta hacia el exterior una imagen de indecisión que sus rivales pueden explotar y que erosiona su credibilidad como actor fiable. 

La pugna entre Kallas y Ursula von der Leyen, por tanto, compromete la capacidad de la Unión Europea para fijar prioridades, sostenerlas en el tiempo y actuar como un sujeto geopolítico coherente.

Ninguna de las tres opciones francesas resuelve la contradicción de fondo, porque esta es de naturaleza política, no organizativa. La Unión no ha decidido aún si aspira a ser una alianza de Estados soberanos que conservan el control de su acción exterior o una potencia dotada de una política exterior verdaderamente común.

Mientras esa cuestión permanezca abierta, cualquier reforma se limitará a desplazar el problema de una instancia a otra. La reorganización del SEAE o el refuerzo del rango de la Alta Representante podrían mejorar la coordinación, pero no alcanzan el nervio del problema, que reside en la regla de decisión.

Una reforma de fondo exigiría avanzar hacia la votación por mayoría cualificada en ámbitos hoy sometidos a la unanimidad, comenzando por las sanciones y las declaraciones comunes, ya fuera mediante la activación de las cláusulas pasarela previstas en los Tratados o a través de su revisión ordinaria. Pero ahí reaparece el obstáculo característico de la construcción europea, dado que la supresión de la unanimidad requiere, precisamente, la unanimidad.

La rivalidad entre Kallas y von der Leyen no es, en última instancia, la causa de la debilidad diplomática europea. En todo caso es su síntoma más visible. La autonomía estratégica de la Unión dependerá, en gran medida, de su aptitud para articular una estructura de decisión coherente y un mando reconocible en política exterior, además de una visión estratégica compartida sobre el papel que la Unión Europea aspira a ocupar en el escenario internacional. 

Fuente: Descifrando la Guerra