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domingo, 13 de septiembre de 2026

Yemen vuelve a la guerra

 

 Por Àngel Marrades   
      Politólogo | Imperialismo, geopolítica y elecciones. Periodista en Descifrando la Guerra.


     Yemen está volviendo rápidamente a la guerra. En las últimas semanas, los combates entre el Gobierno de Saná liderado por Ansar Alá –usualmente conocidos como hutíes– y las fuerzas alineadas con el Gobierno de Adén –reconocido internacionalmente– se han intensificado a lo largo de las principales líneas del frente, al tiempo que los hutíes también mantienen enfrentamientos armados habituales con Arabia Saudí, el principal valedor externo de sus adversarios.


Imagen de la canción de Ansar Alá ‘Juro por Dios y por la revolución’.

La ofensiva de Ansar Alá

El 4 de septiembre, Ansar Alá lanzó una operación militar a gran escala contra las fuerzas del Gobierno de Adén en la provincia occidental de Taiz, así como en el distrito de Hayis, en la provincia de Hodeida.

Desplegaron armamento pesado, drones y un gran número de combatientes con el objetivo de romper las líneas defensivas del sur y hacerse con el control de carreteras y posiciones clave. La ofensiva de Ansar Alá ha sido un éxito, consiguiendo avanzar rápidamente por la costa occidental de Yemen y conquistando más de 1.500 kilómetros cuadrados de territorio entre el 9 y el 10 de septiembre.

Esta escalada marca un cambio notable en la naturaleza del conflicto, que pasa de estar dominado por ataques de largo alcance –en particular con drones– a uno en el que los enfrentamientos terrestres tienen como objetivo alterar las líneas del frente.

En sus avances en las provincias de Hodeida y Taiz cayó primero la ciudad de Hays, tras días de combates. La pérdida de Hays desencadenó un colapso a gran escala de las tropas apoyadas por Riad, que comenzaron con una retirada que terminó en una huida hacia Adén.

Esto permitió a las fuerzas hutíes tomar Moca, y su aeropuerto internacional, sin obstáculos. El avance también continúa a la ciudad de Dhubab, situada en la entrada de Bab al-Mandeb, un punto estratégico clave para el tráfico de petroleros. Con la toma de esta posición, Ansar Alá tiene el control de toda la costa occidental de Yemen.

Además, las fuerzas del Gobierno de Saná han lanzado un asalto anfibio contra el estratégico archipiélago de Jabal Zuqar y las islas Hanish mayor y menor, situadas en el corredor marítimo del sur del mar Rojo. También han tomado la isla de Perim, en medio del estrecho de Bab al-Mandeb y a tan sólo 20 kilómetros de Yibuti.


La posibilidad de un bloqueo del estrecho de Bab el-Mandeb, sumado al de Ormuz, complicaría gravemente la situación del comercio mundial.

En conjunto, Ansar Alá tiene ahora un control mucho más directo sobre el estrecho, pudiendo amenazar a los buques con artillería y armas de corto alcance.

Estrangular a Arabia Saudí

El fin de la tregua de facto –vigente desde 2022– se ha hecho evidente desde principios de agosto. Todo comenzó con una crisis a mediados de julio relacionada con los vuelos entre Saná y Teherán, que sirvió al Gobierno yemení del norte para exigir el fin del bloqueo saudí, tanto a sus puertos como aeropuertos. La nueva política de bloqueo por bloqueo busca cambiar la ecuación, obligando a Riad a reconocer su legitimidad como gobierno soberano sobre Yemen.


La posibilidad de un bloqueo del estrecho de Bab el-Mandeb, sumado al de Ormuz, complicaría gravemente la situación del comercio mundial.

El proyecto de Ansar Alá es, ante todo, un proyecto soberanista que busca independizar a Yemen de la interferencia de las potencias externas en sus asuntos internos.


El proyecto de Ansar Alá es, ante todo, un proyecto soberanista.

En contra de lo que suele pensarse, Ansar Alá como movimiento social y político no es una guerrilla de desarrapados, sino que gobierna desde la capital sobre un tercio del territorio y el 70-80% de la población del país con un conjunto de complejas instituciones, heredadas muchas de ellas del viejo Estado yemení.

Un ejemplo de esto es que, cuando Yemen se desgarró en la guerra civil en 2014, la vasta mayoría del ejército profesional desertó al bando de Saleh y Ansar Alá, y se llevaron consigo todos sus sistemas de armas modernas.

Al inicio de la guerra, de un total de 88 unidades de tamaño de brigada que formaban el Ejército yemení, 46 brigadas al completo se alinearon con el bando de los hutíes, mientras que solo 5 unidades lo hicieron con Hadi, el entonces presidente de Yemen “reconocido internacionalmente”. Cuando los hutíes rompieron su alianza con el expresidente Saleh en 2017, consiguieron mantener el control y mando de las fuerzas armadas yemeníes.

En el ámbito interno, las exigencias de los hutíes a Arabia Saudí se han mantenido constantes. Quieren que sus adversarios permitan vuelos internacionales ininterrumpidos desde y hacia el aeropuerto de Saná; que paguen los salarios del sector público en las zonas que controlan –en un primer momento con fondos de Riad y, posteriormente, con los ingresos procedentes de las ventas de petróleo yemení–; que compartan con ellos los ingresos públicos; y que levanten las restricciones sobre el puerto de Hodeida.

Cada una de estas peticiones tiene también una importante función política hacia el exterior. Ansar Alá quiere aprovechar su control de Saná y de gran parte del norte de Yemen para lograr el reconocimiento de su soberanía, incluso sobre las conexiones aéreas, el comercio y las relaciones exteriores.

La disputa sobre los vuelos entre Saná y Teherán es ilustrativa: lo que está en juego no es solo si la ayuda humanitaria puede llegar a la capital, sino también si los hutíes pueden establecer vínculos con el mundo exterior sin la aprobación del Gobierno reconocido internacionalmente. Es decir, Yemen busca convertirse en un actor regional de peso.

La alianza de Ansar Alá con Irán responde a esos intereses. En contra de lo que suele decirse, no son una fuerza proxy de la Guardia Revolucionaria Islámica, a pesar de que compartan una cierta afinidad ideológica y alianza en el Eje de la Resistencia.


Desfile militar de los hutíes yemeníes.

De hecho, desde Teherán siempre han tendido a considerar que Saná actúa demasiadas veces por cuenta propia y están dispuestos a tomar riesgos muy elevados.

El alto al fuego de 2022 en Yemen permitió a Irán firmar la normalización diplomática con Arabia Saudí en 2023, obligando a Ansar Alá a ser cauto en sus relaciones con Riad. Sin embargo, con la agresión de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica en 2026 se ha abierto una nueva etapa en las relaciones, pues en Teherán ven la presión yemení sobre el mar Rojo como una ventaja decisiva.

Este segundo frente permite a Irán imponer un bloqueo casi total al golfo Pérsico. Los ataques de Ansar Alá ya han dañado considerablemente la infraestructura petrolera saudí, desde refinerías a puertos, incluso han golpeado el oleoducto saudí Este-Oeste que era decisivo como alternativa al estrecho de Ormuz. Esto se esta traduciendo en un repunte en los precios del petróleo, disparándose el crudo Brent a los 107 dólares el barril.

Irán espera de esta forma imponer una nueva realidad para obligar a los Estados del golfo Pérsico a aceptar un cambio en la arquitectura regional, en el cual su seguridad esté precondicionada por su integración en la región. La capacidad de Estados Unidos de proteger las rutas marítimas y a sus aliados se pone cada vez más en cuestión, al tiempo que exacerba la crisis imponiendo mayor presión para que Washington vuelva al MoU firmado con Irán en julio.

Arabia Saudí se encuentra en la situación más complicada. No puede ignorar los ataques contra su territorio, del mismo modo que no puede quedarse de brazos cruzados mientras los hutíes restringen el tráfico marítimo en Bab al-Mandeb.


Mapa de la guerra civil de Yemen. En rojo el territorio controlado por el Gobierno de Adén; en verde el territorio controlado por el Gobierno de Saná; y en azul el territorio tomado por Ansar Alá en la ofensiva de septiembre de 2026.

Al mismo tiempo, Riad tiene poco interés en volver a la intervención de duración indefinida que caracterizó la guerra entre 2015 y 2022. De hecho, desde la tregua de facto de 2022, la política saudí se ha basado en reducir las amenazas procedentes de Yemen, al tiempo que se crean las condiciones para una solución política que no requiera una implicación militar duradera. La actual escalada hutí pone en tela de juicio ese enfoque.

Riad ha ido ampliando su red de alianzas en materia de seguridad para crear un elemento disuasorio más creíble frente a las amenazas que plantean los hutíes, Irán y los grupos alineados con la República Islámica en Irak.

Lideró la creación de la Alianza Multinacional de Defensa Marítima, anunciada el 30 de julio, que reunió a más de 40 países, entre ellos Estados Unidos, en un “marco defensivo” diseñado para “salvaguardar los intereses marítimos comunes en el estrecho de Bab al-Mandeb, el mar Rojo y el golfo de Adén”. El 7 de agosto, Arabia Saudí también firmó el Acuerdo de Defensa Conjunta de la Meca, un pacto de defensa mutua, con Pakistán y Turquía.

Además, el Gobierno de Adén aseguraba que los hutíes eran más vulnerables a nivel interno que en el pasado, debido al empeoramiento de “las dificultades económicas en las zonas bajo su control” y al “creciente resentimiento hacia sus medidas de seguridad coercitivas”.

Por estas razones, las fuerzas respaldadas por los saudíes no estaban dispuestas a volver a las negociaciones. La posición de Riad era aumentar los costes de una escalada en su contra, más que preparándose para una campaña militar de mayor envergadura. Pero Arabia Saudí se ha enfrentado a una realidad muy distinta.

Sus alianzas y contactos con Irán le han servido de poco. El nuevo Acuerdo de la Meca no ha servido de disuasión, pues ni Turquía ni Pakistán están dispuestos a verse envueltos en el atolladero yemení y se niegan a extender ayuda por temor a una escalada con Irán. El Gobierno de Adén, completamente dependiente de las órdenes de Riad, es incapaz de desplegar una fuerza competente y está dividido en sus lealtades y por la corrupción de sus líderes.

El ejército saudí tampoco tiene capacidad para cambiar las tornas y ha demostrado no estar preparado para la guerra de drones, sufriendo numerosas bajas por la exposición de sus fuerzas.

Por más que cuente con equipo militar puntero, cazas F-16 e instrucción del ejército estadounidense, las fuerzas armadas saudíes están diseñadas para tener la menor centralización de mando y autonomía posible, pues el mayor temor de los príncipes saudíes es un levantamiento republicano de los militares. Sus unidades están fragmentadas y se fomentan las rivalidades entre los distintos servicios, mientras los reclutas carecen de cualquier motivación para librar una guerra.

La cuestión sureña

La ofensiva de Asar Alá no tiene la intención de alcanzar una victoria militar en la guerra civil, al menos en este momento. El control sobre el mar Rojo permite al Gobierno de Saná ejercer suficiente presión sobre Arabia Saudí, debilitando al mismo tiempo al Gobierno reconocido internacionalmente.

El problema que enfrenta Ansar Alá en estos momentos es político: los obstáculos están en la salida de las fuerzas extranjeras –saudíes– y en alcanzar una reconciliación política que haga viable al Estado yemení.

La toma de Adén por la fuerza haría al sur rememorar la conquista de la ciudad por los nordistas en 1994 y la unificación forzada, abriendo viejas heridas. En Saná no quieren ser vistos como unos nuevos conquistadores; esperan poder favorecer una reconciliación pacífica con el sur que permita resolver, en la mesa de negociación, la cuestión nacional pendiente. En Ansar Alá no se oponen a una opción federal.

Una ventajas con las que cuenta en este momento el Gobierno de Saná es la división interna en Adén. El desmantelamiento del Consejo de Transición del Sur (STC) y la salida de Emiratos Árabes Unidos han dejado a los nacionalistas sureños huérfanos y forzados a integrarse bajo el Gobierno dominado por Arabia Saudí.

Estas tensiones han podido verse en la reciente ofensiva. Las fuerzas yemeníes respaldadas por los saudíes huyeron de la costa occidental y no han podido entrar a Adén debido al bloqueo de las fuerzas sureñas, que se han burlado de su “cobardía”.

Desde que Riad forzó la salida de Abu Dabi de Yemen, el proceso de reorganización de las fuerzas del STC bajo el mandato del Consejo de Liderazgo Presidencial (PLC) ha sufrido múltiples obstáculos.


Riad forzó la salida de Abu Dabi de Yemen.

Los saudíes crearon el Comité Militar Supremo por parte de Rashad al-Alimi, presidente del PLC, cuyo objetivo es reorganizar, equipar y unificar el mando de todas las fuerzas militares en los territorios controlados por el Gobierno de Adén.

Esto es relevante para el sector de la seguridad, puesto que muchas de las fuerzas que antes contaban con el respaldo de los Emiratos Árabes Unidos –y que ahora están integrando los saudíes– han estado históricamente dirigidas por comandantes con aspiraciones secesionistas o, como mínimo, autonomistas.


El Consejo de Transición del Sur, respaldado por Emiratos Árabes Unidos, amplía su control sobre el este y el centro de Yemen en detrimento de las fuerzas apoyadas por Arabia Saudí.

Riad ha estado reconstruyendo su influencia y aprovechando su renovado estatus hegemónico y su poder económico en las regiones del sur.

Este proceso de integración se ve amenazado por la sostenibilidad económica y política del país. El PLC tiene dificultades para pagar puntualmente los sueldos de los funcionarios públicos, incluidos los del ejército y la policía, y para prestar servicios básicos a los ciudadanos. Los Emiratos Árabes Unidos lograron forjar sólidas alianzas con los grupos armados y los combatientes del sur, en parte gracias a unos sueldos regulares y competitivos en comparación con los del ejército.

Arabia Saudí se ha centrado en la cuestión salarial para impulsar la cooptación y la credibilidad. En enero, Al-Alimi anunció que Riad “ha completado el pago de los salarios de todas las formaciones militares que antes financiaba Abu Dabi”.

Para 2026, Arabia Saudí ha presupuestado casi 3.000 millones de dólares estadounidenses para cubrir los salarios del sector público en Yemen, incluidos los que antes pagaban los Emiratos Árabes Unidos al personal afiliado al STC.

Para Arabia Saudí, la situación política del sur es aún más delicada que la financiera. Cuando el STC se vio obligado a retirarse, Riad anunció la creación de una conferencia denominada Diálogo del Sur para reunir a “todas las facciones del sur con el fin de debatir soluciones justas para la causa del sur”, reconociendo así las aspiraciones locales en materia de autodeterminación y gobernanza. Sin embargo, la prometida conferencia aún no se ha podido organizar.

El acercamiento de Ansar Alá a Adén no es tan importante por la amenaza militar que representa, sino por el cambio político que supone. Saná demuestra que es un socio viable en la gobernanza de Yemen, que Arabia Saudí no tiene capacidad de frenar su avance y que la sostenibilidad del PLC respaldado por Riad queda en entredicho, pudiendo provocar el descalabro final con un cambio de bando por parte de las fuerzas sureñas que abran a Ansar Alá las puertas de Adén.


Fuente: Descifrando la Guerra

sábado, 1 de agosto de 2026

El polvorín del Mar Rojo, cada vez más cerca de prenderse

 

 Por Faisal Ali   
      Periodista independiente que cubre noticias sobre Somalia y África Oriental.


Con la excepción de Yibuti, todos los Estados ribereños están inmersos en una guerra civil, participan directamente en un conflicto vecino, han sido atacados como consecuencia de conflictos regionales o afrontan alguna combinación de estas tres circunstancias


El nuevo puerto de Berbera, en Somalilandia, financiado en su mayor parte por Emiratos Árabes.


     A principios de julio, un avión aterrizó en Saná, la capital controlada por los hutíes, marcando el primer vuelo directo entre Saná y Teherán en más de una década, antes de trasladar a una delegación de funcionarios hutíes hasta Teherán para asistir al funeral del ayatolá Jameneí, líder supremo de Irán.


Una joven con el retrato del ayatolá durante la ceremonia fúnebre en Teherán.

El vuelo vulneró un acuerdo por el cual el gobierno yemení —internacionalmente reconocido, con sede en Adén y respaldado por Arabia Saudí— mantiene el control del espacio aéreo del país.

Un intento fallido de detener el vuelo de regreso de la delegación, unas dos semanas después —que incluyó bombardeos sobre Saná reivindicados por el gobierno yemení— provocó una represalia hutí contra Arabia Saudí. El intercambio desencadenó la escalada de hostilidades más intensa entre ambas partes desde la tregua negociada en 2022.

Desde entonces, los hutíes han cumplido su amenaza de atacar petroleros saudíes en el mar Rojo, reproduciendo el bloqueo que impusieron al transporte marítimo vinculado a Israel en solidaridad con Gaza desde finales de 2023 hasta 2025.

El medio libanés Al Mayadeen, alineado con Hizbulá, informó de que, hasta el lunes 27 de julio, se había denegado el paso a 16 buques saudíes. Además, los hutíes han lanzado ataques contra instalaciones petroleras saudíes.


El número de buques saudíes a los que se les ha denegado el paso desde el lunes ha alcanzado los 16, sin que ningún petrolero saudí haya cruzado Bab al-Mandab en ninguna dirección desde que comenzó el bloqueo.

Se trata de su primera intervención armada en el mar Rojo desde que comenzó la guerra con Irán a principios de este año. La República Islámica, aliada de los hutíes, ha instado al diálogo mientras las tensiones siguen e en aumento. El sábado 25 de julio, un alto cargo hutí se reunió con una delegación saudí en Omán.

Los ataques han reavivado la preocupación por la vulnerabilidad de Bab el-Mandeb, un estrecho estratégico que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y se estrecha hasta unos 26 kilómetros en su punto más angosto, entre Yibuti, Eritrea y Yemen.


Alrededores de la mezquita central en el casco histórico de la ciudad de Yibuti.

Estos incidentes se producen apenas unas semanas después de que Irán y Estados Unidos reanudaran las hostilidades y de que Teherán anunciara el cierre del estrecho de Ormuz, otro paso marítimo crucial por el que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial y una parte significativa del suministro global de gas natural licuado.

Jatin Dua, académico de la Universidad de Michigan y especialista en movilidad y seguridad marítimas, explica a El Salto que, durante las dos últimas décadas, las tecnologías necesarias para interrumpir el transporte marítimo —desde drones hasta sistemas GPS— se han vuelto mucho más accesibles, lo que ha erosionado las ventajas tradicionales de las grandes armadas y los portaaviones. “Lo que estamos viendo son formas relativamente sencillas y de bajo coste mediante las cuales actores no estatales, y también actores estatales, en este caso Irán, pueden hacer que los puntos de estrangulamiento marítimos se plieguen a su voluntad”, asegura Dua. El experto añade que esto tiene un impacto significativo sobre los mercados energéticos, el comercio internacional y cualquier sector que dependa de un suministro energético estable, generando un “efecto dominó” que se deja sentir desde América hasta Asia y en todos los lugares intermedios.

En su último informe anual sobre seguridad alimentaria, publicado este mes, la ONU advirtió que las tensiones en torno al estrecho de Ormuz añadían “una capa adicional de vulnerabilidad” a la seguridad alimentaria mundial. Los precios del diésel y de los fertilizantes ya habían aumentado más de un 50 % a principios de este año, un impacto que la organización vinculó directamente al conflicto extendido en Oriente Próximo. Una interrupción similar en Bab el-Mandeb —la Puerta de las Lágrimas en árabe, en alusión a sus peligrosas aguas— podría sacudir aún más una economía mundial ya de por sí frágil.

El mar Rojo: de rivalidades episódicas a la competencia estructurada

En los últimos años, el mar Rojo se ha convertido en uno de los principales centros de conectividad del mundo. Como asegura Federico Donelli, politólogo italiano y autor de Power Competition in the Red Sea, la región ya no es un espacio periférico situado en los márgenes del Golfo y de África Oriental.  Se encuentra en la “intersección de las principales rutas marítimas, los flujos energéticos y los proyectos de infraestructuras”, señala Donelli. En su libro sostiene que el Golfo y el noreste de África deben entenderse como una única región debido a la densidad de las conexiones políticas, económicas y sociales que existen entre ambos. Pero lo que también los une es su relación con una vía marítima de importancia crítica para el mundo.

El mar Rojo alberga una parte significativa de los cables submarinos de fibra óptica del planeta: transmite algo menos del 20 % del tráfico mundial de internet y prácticamente todos los datos intercambiados entre Europa y China. Del mismo modo que el canal de Suez, ha convertido a la región en una arteria fundamental del comercio global. Según algunas estimaciones, cerca del 15 % del comercio mundial pasa por el mar Rojo. Por ello, el ministro somalí Ali Omar sostuvo en un artículo publicado por Al Jazeera que lo que ocurre en el mar Rojo “ya no permanece como un asunto local.


Una torre de control de tráfico aéreo y un buque mercante se ven en el aeropuerto de Mogadiscio, Somalia.

Configura la seguridad económica de todo el mundo árabe y mucho más allá”. Japón —la cuarta economía del mundo— exporta alrededor de una quinta parte de sus vehículos por esta ruta; unos 1.800 buques vinculados al país transitan cada año por el mar Rojo, según un informe gubernamental publicado en marzo. También es la ruta más rápida entre Europa y China: por aquí pasan aproximadamente el 60% de las mercancías en ambas direcciones.

Al mismo tiempo, el mar Rojo se encuentra en el corazón de una de las regiones más inestables del planeta. Con la excepción de Yibuti, todos los Estados ribereños están inmersos en una guerra civil, participan directamente en un conflicto vecino, han sido atacados como consecuencia de conflictos regionales o afrontan alguna combinación de estas tres circunstancias.

La importancia estratégica de la región ha atraído desde hace mucho tiempo a las principales potencias mundiales. Durante la época colonial, Francia, Italia, el Imperio otomano, Etiopía y el Reino Unido compitieron por el control de territorios en las costas de este mar. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética hicieron lo propio para ampliar su influencia. Mientras la mayoría de los Estados del Golfo permanecieron alineados con Washington, los países africanos ribereños del mar Rojo mantuvieron relaciones mucho más cambiantes con sus respectivos patrocinadores. Egipto pasó de la órbita soviética a la estadounidense con el respaldo de Henry Kissinger, seguido por Sudán y, posteriormente, Somalia. Etiopía, que conservó una salida al mar Rojo hasta la independencia de Eritrea (1991), tomó el camino contrario tras el derrocamiento del emperador Haile Selassie por el dirigente marxista Mengistu Haile Mariam. Mientras tanto, Yemen permaneció dividido durante toda la Guerra Fría entre un sur socialista y un norte conservador y de orientación religiosa.

Nuevos actores regionales, mismos retos

En la actualidad, una nueva generación de actores regionales y globales trata de gestionar esos mismos riesgos mediante un despliegue ampliado de fuerzas navales y militares. China y Estados Unidos, junto con varios países europeos y Japón, mantienen acuerdos con Yibuti para albergar bases navales. Rusia intenta reactivar un acuerdo con Sudán, paralizado desde hace años con el objetivo de establecer una base militar. Turquía y Egipto han intensificado sus relaciones con Somalia, que posee una de las costas más extensas de la región. Ankara ha prorrogado por otros dos años el despliegue de sus tropas en el país, donde apoyan la lucha contra Al Shabaab, filial local de Al Qaeda, y entrenan al ejército somalí. Los Emiratos Árabes Unidos han invertido considerablemente en los territorios somalíes autónomos de Somalilandia y Puntlandia. Israel, recién incorporado a esta dinámica, reconoció a finales del año pasado la declaración de independencia de Somalilandia y desde entonces ha avanzado rápidamente en el establecimiento de una cooperación en materia de seguridad, para disgusto del gobierno somalí. Irán, por su parte, mantiene desde hace tiempo vínculos con los hutíes de Yemen, lo que le proporciona una influencia considerable sobre la evolución de la región y la capacidad de utilizar Bab el-Mandeb como instrumento de presión estratégica.

Muchos de estos actores persiguen agendas enfrentadas y, en algunos casos, respaldan a bandos opuestos en conflictos como los de Yemen, Sudán y, en menor medida —aunque de forma más compleja—, Somalia. Fault Lines in the Horn of Africa, un informe del American Enterprise Institute con sede en Washington, describe la compleja red de alianzas que está surgiendo en la región y la divide entre lo que denomina “un eje de actores estatales y no estatales revisionistas respaldado por Emiratos Árabes Unidos y apoyado por Israel”. En este bloque se incluirían las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, Somalilandia, Puntlandia y Etiopía. Frente a él estaría “una coalición de Estados africanos defensores del statu quo [Sudán, Eritrea y Somalia], alineados con Egipto, Arabia Saudí y Turquía”. La Fundación Mediterránea para Estudios Estratégicos, un centro de estudios francés, ha advertido de que el mar Rojo se encuentra en un “punto de inflexión estratégico”, pasando de “rivalidades episódicas” a una “competencia estructurada”, una tendencia que vincula a acontecimientos como el reconocimiento israelí de Somalilandia.

Más recientemente, Estados Unidos ha tratado de influir en la evolución de la región en un contexto de creciente frustración entre sus aliados por las consecuencias que la guerra con Irán tiene sobre su seguridad y sus economías. El enviado estadounidense para África, Massad Boulos, reunió recientemente en El Cairo a los ministros de Asuntos Exteriores de Somalia, Egipto y Eritrea, cuyos intereses han convergido cada vez más debido a sus respectivas tensiones con Etiopía. La aspiración histórica de este país, sin salida al mar, de obtener acceso al litoral ha alimentado las tensiones con Somalia y Eritrea, mientras que su disputa con Egipto gira en torno a las aguas del Nilo.

Una decisión que ha resultado mucho más trascendental para Donald Trump ha sido su acuerdo para impulsar un pacto de cooperación nuclear civil con Arabia Saudí, otorgándole, como escribió el columnista de The Guardian Kenneth Roth, “las mismas opciones nucleares que juró que Irán nunca tendría”. La decisión ha generado alarma en Estados Unidos y ha llevado a Trump a tratar de suavizar su impacto condicionando el acuerdo a que Riad se incorpore a los Acuerdos de Abraham y reconozca a Israel, algo que Arabia Saudí había afirmado previamente que no haría hasta que Israel alcanzara un acuerdo de paz con Palestina.

Toda esta situación ha convertido el mar Rojo en un entorno cada vez más congestionado, diplomáticamente complejo y estratégicamente competitivo. Como consecuencia, tanto China como, anteriormente, la administración Biden nombraron enviados especiales dedicados exclusivamente a coordinar la diplomacia en la región. Sin embargo, a medida que los conflictos se han multiplicado y se han ido entrelazando entre sí, las relaciones históricamente más constructivas entre los países de la zona han dado paso a intentos mutuos de debilitarse y fragmentarse.


Al mediodía del 3 de marzo, Estados Unidos e Israel atacaron el barrio de Ferdowsi, en Teherán. Como consecuencia de este ataque, muchos civiles y personas de a pie resultaron muertos y heridos.

En el pasado, estas disputas permanecían relativamente contenidas; hoy, en cambio, representan una seria amenaza para el comercio y la seguridad mundiales.


Fuente: El Salto

sábado, 4 de octubre de 2025

Por qué Venezuela puede hacerle a EEUU lo mismo que los hutíes le hicieron en Yemen, según el analista militar Thomas Keith

 

 Por Bruno Sgarzini    
    Periodista argentino especializado en asuntos internacionales.

     Una agresión militar contra Venezuela pareciera ser el objetivo del despliegue militar estadounidense en el Caribe. Las declaraciones de los voceros estadounidenses, como las primeras acciones estadounidenses en el terreno, preparan, a simple vista, una narrativa para consumo estadounidense de legitimidad para atacar suelo venezolano por estar en lucha contra un “cartel del narcotráfico”, liderado por el chavismo, que inunda las calles estadounidenses con droga.

La gran incógnita del despliegue militar estadounidense es su eficacia, y su profundidad, dado que, hasta ahora, lo único que se ha visto es la utilización de grandes buques de guerra para atacar pequeñas lanchas rápidas y ocupar un buque pesquero venezolano. Una imagen que se asemeja más a una operación liderada por Sancho Panza, el sheriff del Zorro, que a un mega operativo militar infalible dirigido por grandes comandantes militares. Para despejar todas las dudas sobre esto, Thomas Keith del portal Sovereign Protocol, investigador de conflictos y guerras de la información, describe la utilidad del despliegue estadounidense. Por ejemplo, si puede realizar una campaña de asesinatos contra el liderazgo chavista, como plantean algunos medios, si puede emprender ataques “quirúrgicos dentro de Venezuela, y cuáles son sus posibilidades de éxito.

Keith también explora un ángulo poco tratado por analistas y expertos: la capacidad de Venezuela para defenderse, y poner en problemas al despliegue estadounidense en El Caribe. Por qué es bastante complejo para Washington escalar un conflicto frente a un país con defensas aéreas y marítimas, enjambres de drones, millones de milicianos y militares movilizados, y una diplomacia activa para denunciar y desmontar los pretextos intervencionistas de Estados Unidos. También la posibilidad de que Caracas recree las mismas tácticas, y estrategias, de los hutíes en Yemen que obligaron a la Casa Blanca a retirar, buena parte, de sus portaaviones en el Mar Rojo.

Se presenta el despliegue estadounidense en El Caribe como capaz de cometer una cantidad innumerable de agresiones contra el país. En términos militares, ¿para qué puede servir todo el armamento y los soldados desplegados por Washington?

La red actual de Estados Unidos en el Caribe crea una burbuja de alta velocidad alrededor de Venezuela con destructores con sistema Aegis (que integra radares y misiles) como el Jason Dunham, un crucero clase Ticonderoga como el Lake Erie con extensos arsenales de misiles Standard (SM) y Tomahawk, un grupo anfibio listo construido alrededor del Iwo Jima y buques de transporte anfibio (LPD) clase San Antonio que transportan una Unidad Expedicionaria de Marines de aproximadamente cuatro mil efectivos, y un submarino nuclear de ataque rápido. Con aeronaves de patrulla P-8A Poseidon, sistemas Inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) de gran altitud y drones clase MQ, Washington mantiene un permanente tráfico costero, salidas aéreas y emisiones (señales de radio, GPS, transmisiones de radio, sensores) cerca del país. En la práctica, esta postura militar se utiliza en operaciones de interdicción marítima (abordajes y demostraciones de fuerza, “cinéticas”, con embarcaciones menores), en el mapeo de tiempos de reacción y activaciones de radar, y en ensayos narrativos legales en los que se etiqueta las acciones como operaciones “antinarcóticos-antiterroristas”. Sin embargo, estas operaciones no proporcionan por sí mismas un camino limpio y de bajo riesgo hacia el cambio de régimen; representa un apalancamiento, una presencia coercitiva y un espacio de ensayo, no una llave mágica para la decapitación eventual del liderazgo chavista.




Técnicamente, Estados Unidos puede intentar ataques “quirúrgicos” limitados dentro de Venezuela mediante municiones de largo alcance como misiles de crucero Tomahawk, ataques de precisión aéreos intensificados, o incursiones de Fuerzas Especiales guiadas por inteligencia integrada de mar-espacio. Operacionalmente, sin embargo, lo “quirúrgico” requiere inteligencia humana validada en tiempo real e identificación positiva bajo control de emisiones (señales) y presión sobre las defensas aéreas multicapa del país agredido, sostenida a lo largo del tiempo. Venezuela ha complicado esto al dispersar el liderazgo y los sistemas de comando y control, practicar la movilidad y endurecer nodos clave de su seguridad. Políticamente, cualquier ataque en suelo soberano, especialmente contra el liderazgo, conlleva alto riesgo de escalada, invita a respuestas cinéticas (militares de fuerza) y diplomáticas recíprocas. También las agresiones pierden legitimidad si la cadena probatoria de los ataques es débil, como lo demuestran las grabaciones borrosas y sin fecha de los bombardeos a lanchas rápidas. Un golpe aislado es posible; una campaña de decapitación sostenida y controlada es improbable sin costos intolerables y serias escaladas.


Estados Unidos ha bombardeado tres lanchas sin presentar imágenes ni pruebas de que llevaran droga a Estados Unidos.


El despliegue estadounidense sirve para cuatro objetivos; primero, la interdicción y el espectáculo: abordajes y ataques a embarcaciones pequeñas presentadas como parte de grupos “narcoterrorristas”; segundo, para un mapeo de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR): ubicar radares costeros, baterías de misiles de superficie y aire (SAM), patrones de patrulla, centros de drones, depósitos de combustible y municiones, y enlaces de comunicación mientras se mide el tiempo de reacción militar de Venezuela; tercero, ventajas cinéticas limitadas: ataques a objetivos marítimos expuestos o nodos logísticos temporales fuera del espacio aéreo defendido; cuarto, operaciones psicológicas: crear una sensación de “red ocupada” en el Caribe que normaliza la presencia estadounidense mientras pinta a Venezuela como un santuario criminal

Una de las fantasías con las que sueña la oposición venezolana es que este despliegue pueda recrear la campaña de asesinatos de Israel contra el liderazgo de Hezbollah.

La campaña israelí se basó en inteligencia humana desarrollada profundamente durante años en El Líbano, en redes infiltradas dentro de la organización, en condiciones logísticas favorables y en un teatro de operaciones compacto que permitía a sus aviones militares ingresar y salir del país sin enfrentar represalias significativas. Venezuela, por el contrario, constituye un Estado soberano con aliados externos que ha invertido años en blindar la movilidad de su liderazgo y en crear redundancias en su comando y control. Intentar una operación de decapitación al estilo del Mossad se enfrentaría a defensas aéreas, grandes distancias, complejas consideraciones políticas y el respaldo de países aliados, factores que podrían transformar una demostración de fuerza “limitada” en una crisis de alcance regional.


El sistema antimisiles S-300 fue comprado por Venezuela a Rusia.

La pila defensiva venezolana aumenta los costos en todos los frentes; posee defensas aéreas de largo y mediano alcance, las baterías anti misiles S-300/Antey-2500 y Buk-M2, en capas para crear una Defensa Aérea de Corto Alcance, cazas Sukoil-30 y F-16 que proporcionan interceptación de defensa, patrullajes marítimos, que incluyen misiles, botes de ataque rápido y milicias litorales, apostadas en desembocaduras de ríos y puntos de estrangulamientos desde La Guaira hasta Paraguaná y el corredor del Lago Maracaibo, que empujan a los buques de superficie estadounidense más lejos de la costa venezolana.

Lo que, junto a la infantería fluvial y costera, convierte al contra despliegue venezolano en un puercoespín barato y numeroso. Washington, por todo esto, no tiene un camino corto y fácil para una campaña de asesinatos contra el liderazgo chavista.

Poco se habla de la respuesta militar de Venezuela sobre todo si se considera su defensa aérea, la voluntad de resistir de millones de milicianos y su número desconocido de drones gracias a su alianza con Irán.

Un ejemplo de las capacidades de Venezuela es su complejo de drones que constituye un multiplicador de fuerza. Después de dos décadas de cooperación entre Irán y Venezuela, Caracas pasó de no tener vehículos aéreos no tripulados (UAV) a una flota estratificada: el Arpía-001 (derivado del iraní Mohajer-2) para tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento; drones armados ANSU-100 capaces de lanzar municiones tipo Qaem (misiles guiados iraníes) para acoso de precisión; prototipos ANSU-200 de “ala volante” que son difíciles de detectar (nota de autor; ideales para ataques sorpresas, misiones de vigilancia, que penetren defensas enemigas) ; municiones merodeadoras Zamora V-1 para ataques kamikaze; y enjambres de drones de primera persona (FPV) para asaltos contra sensores y blancos vulnerables en litorales congestionados. Esta combinación no satura el sistema Aegis (que integra radares y misiles) de los buques de guerra estadounidenses, pero los obliga a adoptar posturas antidrones (UAS) que consumen recursos, agotan interceptores y reducen el ritmo operativo de cubierta. Cualquier transferencia de drones, como el dron iraní kamizake HESA Shahed 136 y su variante rusa el Geran-2, multiplicaría la saturación de bajo costo contra los buques de guerra y la presión psicológica (Nota del autor: este modelo de drones, también llamados municiones merodeadoras, son utilizados por Rusia para abrumar las defensas aéreas de Ucrania y lanzar múltiples ataques contra ciudades, o infraestructura clave).

El despliegue de la milicia bolivariana y la fortificación social, además, convierten las incursiones terrestres en una trampa política. La activación de 5,336 Unidades Comunales de Milicia, vinculadas a 15,751 “bases populares de defensa integral” y 8.2 millones de alistados, genera una auténtica negación territorial basada en la resistencia popular. Incluso sin considerar las cifras oficiales de milicianos, la distribución de la defensa a nivel parroquial garantiza que cualquier incursión terrestre enfrente una resistencia políticamente tóxica, seguida de un desgaste que supere ampliamente las ventajas tácticas obtenidas. Esta dinámica de movilización explica también por qué confrontar a “humildes pescadores” venezolanos o ejecutar ataques contra embarcaciones menores resulta contraproducente: ya que endurece la cohesión social y proporciona a Caracas material propagandístico de alto impacto mediático para apoyar sus esfuerzos de movilización y denuncia diplomática.


Imágenes del buque atunero abordado por el buque de guerra de Estados Unidos, el USS Jason Dunham.

La disciplina en la guerra de la información constituye también un pilar fundamental de la estrategia defensiva. La narrativa oficial del liderazgo venezolano considera que el verdadero campo de batalla es de naturaleza psicológica: por eso, expone vacíos probatorios en las acusaciones de ataques contra “narcoterroristas” (como la ausencia de coordenadas precisas en los bombardeos, inexistencia de cadena de custodia de las “pruebas”, falta de detenidos identificados), documenta incidentes en su Zona Económica Exclusiva como el abordaje del barco atunero La Blanquilla a 48 millas (78 kilométros) náuticas bajo condiciones de interferencia y presencia de armas largas, y exige verificación independiente de los hechos. El propósito estratégico es eliminar la distancia conceptual entre el etiquetado de “narco-terrorismo” y el ejercicio legítimo de la defensa soberana, de manera que cada maniobra estadounidense se convierta en una erosión de su propia credibilidad internacional.

En este contexto, ¿es posible que Venezuela pueda recrear una defensa efectiva que incremente los costos de cualquier operación y debilite a Estados Unidos como lo han hecho los hutíes en Yemen?

Es posible si se adapta a la geografía caribeña del país; los hutíes aprovecharon puntos de estrangulamiento marítimos. Venezuela cuenta con un complejo litoral fragmentado, archipiélagos dispersos y deltas fluviales. La metodología puede adecuarse con una combinación de tiradores económicos distribuidos, misiles costeros antibuque, municiones merodeadoras, enjambres de drones de primera persona (FPV), lanchas rápidas armadas, sistemas de defensa aérea en capas, protocolos de control de emisiones (señales de radio, GPS, transmisiones de radio, sensores) y señuelos. Lo que puede obligar a flotar superiores, como las de Estados Unidos, a adoptar ciclos defensivos costosos. Esto reduciría su libertad de maniobra y extendería sus tiempos de despliegue, contextos donde los errores operacionales y las represalias políticas tienden a multiplicarse.


Corredores marítimos y fluviales de Venezuela.

Sin embargo, existen limitaciones importantes: Estados Unidos posee arsenales mayores, una logística superior y mayor respaldo político en este hemisferio que en el Mar Rojo. El objetivo venezolano no sería alcanzar paridad militar sino establecer una disuasión mediante fricción operacional, es decir, elevar el costo, la duración y la visibilidad de cada escalón de la escalada armamentística—desde operaciones de interdicción hasta “ataques quirúrgicos”— más allá de lo que Washington puede justificar políticamente en su país.

Con este panorama militar, una campaña de asesinatos se vuelve bastante difícil de llevar a cabo con éxito.

Una operación de decapitación es posible en abstracto y estratégicamente contraproducente en la práctica. Los usos más probables de la flotilla estadounidense son las operaciones antinarcóticos, recolección de inteligencia, demostraciones de fuerza a través de sobrevuelos intimidatorios, ataques marítimos selectivos y la construcción de narrativas contra Venezuela, no la eliminación directa del liderazgo chavista. Cualquier escalada hacia ataques “quirúrgicos” en territorio venezolano enfrentaría múltiples obstáculos: los sistemas de defensa aérea S-300VM/Buk-M2, un liderazgo altamente móvil, hostigamiento constante con drones, cinturones de negación marítima y una población completamente movilizada. Este conjunto de factores convierte la superioridad táctica estadounidense en un complejo dilema estratégico, donde las ventajas militares convencionales se ven neutralizadas por la resistencia asimétrica y el costo político de una intervención prolongada.

Etiquetar a pescadores como “narcoterrroristas”, lanzar artillería contra lanchas y circular grabaciones borrosas “no clasificadas, no constituye una aplicación de la ley; es la fase de normalización de la proyección de poder estadounidense. El Caribe se enmarca como una red ocupada donde el hardware estadounidense opera sin oposición y las operaciones “antidrogas” sirven como coartada para la coerción soberana. La respuesta racional venezolana, por eso, es instrumentalizar el costo (defensa aérea, drones, negación marítima), instrumentalizar la sociedad (milicias, bases de defensa local) e instrumentalizar la verdad (documentar incidentes, forzar verificación). Si se ejecuta esto, de forma consistente, la flotilla permanecerá en el “teatro” de operaciones, en lugar de transformarse en una máquina de cambio de régimen de bajo riesgo.

En conclusión, el despliegue estadounidense amplía las opciones coercitivas y reduce los plazos para acciones limitadas, pero no asegura una estrategia de decapitación de bajo costo. Venezuela puede construir —y está construyendo— una defensa que eleva significativamente el precio en cada escalón de la confrontación: técnicamente, mediante sistemas S-300VM/Buk-M2, drones y lanchas rápidas equipadas con misiles Nasir; tácticamente, a través de dispersión territorial, control estricto de emisiones, uso de señuelos y aprovechamiento del desorden litoral; y políticamente, mediante la movilización masiva de milicias, la documentación exhaustiva de incidentes y la diplomacia regional activa.

El objetivo estratégico venezolano no consiste en superar militarmente a Estados Unidos, sino en convertir cada escalón adicional de la confrontación en una operación tan costosa, visible e ilegítima que Washington opte por no intensificar el conflicto.


Fuente: Bruno Sgarzini