La ONU contra Irak: historia del desmantelamiento de un país

 

 Por Guillermo di Marco    

      Periodista de Descifrando la Guerra.

     En 1979, Sadam Hussein, que ya era desde hacía años la persona más influyente del partido gobernante Baaz, alcanzó la presidencia de Irak. Pocos meses después declaró la guerra a Irán, aprovechando que el país persa se encontraba aislado diplomáticamente por la Revolución Islámica que había acabado con el sistema del sah y había encumbrado a los ayatolás.

La guerra entre Irak e Irán fue uno de los conflictos más cruentos de la segunda mitad del siglo XX, con miles de muertos en ambos bandos.

Si bien las autoridades iraquíes habían previsto una contienda rápida, el conflicto se estancó y las fuerzas armadas iraquíes fueron puestas a la defensiva durante varias etapas de la misma.

A la guerra con Irán, devastadora en términos humanos, hay que añadir la que enfrentaba al Estado contra las guerrillas kurdas al norte del país, que se oponían a los planes de arabización llevados a cabo por el gobierno baazista. Justo antes del final del conflicto con Irán, que concluyó en agosto de 1988, Bagdad emprendió una campaña militar dentro de su propio territorio, conocida como Al-Anfal.

Con el objetivo de acabar con la base social de la guerrilla, las fuerzas armadas iraquíes asesinaron a miles de civiles kurdos, generando en el proceso cientos de miles de desplazados internos y de refugiados. El uso masivo de armas químicas fue, además, una de las características principales tanto del genocidio kurdo como de la estrategia bélica contra Irán.

Asimismo, en agosto de 1990, Sadam Hussein ordenó la invasión de Kuwait. El Consejo de Seguridad de la ONU respondió imponiendo una serie de sanciones económicas a Irak que darían inicio a una larga década de restricciones, bloqueos y tutelas que solo acabaron una vez consumada la invasión estadounidense de 2003. En noviembre de 1990, la ONU aprobó también la utilización del uso de la fuerza contra el país para forzarle a retirarse de Kuwait.

Entre enero y febrero de 1991, una amplia coalición internacional bombardeó las infraestructuras clave de Irak, cumpliendo virtualmente las amenazas que el secretario de Estado de la administración estadounidense, presidida entonces por George Bush padre, había hecho al ministro de Exteriores iraquí, Tariq Aziz: “Vamos a devolver a Irak a la era preindustrial”.

Las sanciones fueron pensadas para que afectaran a toda la economía iraquí. Su aplicación puede dividirse en dos etapas distintas: la primera, la más severa, abarcó desde su aprobación hasta 1996, cuando empezó a aplicarse el programa “Petróleo por Alimentos”; la segunda duró hasta el levantamiento de las sanciones, en 2003.

El régimen de sanciones de la ONU contra Irak terminó provocando una grave crisis humanitaria en un país ya devastado por las guerras.

En el Kurdistán Iraquí, convertido en región autónoma tras la tregua, esta situación se conjuró con un conflicto civil que enfrentó a las dos principales fuerzas político-militares kurdas y que generó unos 250.000 desplazados internos.

Las sanciones de la ONU contra Irak

La primera fase de las sanciones consistió en una gama de medidas muy variadas. Se creó un Comité de Sanciones en la ONU para gestionar las reparaciones impuestas a Bagdad y se establecieron oficinas cuyo objetivo era asegurarse que Irak no desarrollara armas de destrucción masiva.

El país salió de la guerra de 1991 en un estado de enorme vulnerabilidad. Su infraestructura civil estaba enormemente dañada –incluyendo las plataformas de extracción de petróleo, la principal fuente de ingresos– y se enfrentaba a una segunda posguerra sin haber cerrado aún la primera.

De entre todos los datos resaltan, por ejemplo, la enorme caída en la producción de alimentos en Irak en la década de 1990: entre 1989 y 1996, la producción de trigo y de cereales se redujo casi un 50%, siendo ambos productos esenciales en la dieta local.

La producción de maíz cayó alrededor de un 70% en dos años y la de arroz entorno a un 25%. La carne, por su parte, desapareció de la mesa de los iraquíes: la producción de carne bovina se redujo entorno a un 75% y la de ave cerca de un 90%.

Todo esto vino acompañado, evidentemente, por un aumento exponencial del desempleo, del precio de los alimentos y, por lo tanto, de la desnutrición crónica, que en 1999 afectaba a cuatro de cada cinco niños iraquíes. La reducción de la producción de alimentos se generaba, además, en un país que antes de la guerra importaba el 70% de los alimentos que consumía.

La destrucción de la infraestructura civil se notó en todos los niveles. Las plantas de energía iraquíes sufrieron numerosos bombardeos –los dos embalses hidroeléctricos habían sido inutilizados durante la guerra contra Irán– y de 120 operativas antes de la guerra de 1991 tan sólo 50 seguían funcionando tras acabar el conflicto: de 9.295 megavatios habían pasado a producir 2.325.

Esto afectaba a toda la sociedad y en todos los niveles, pues los cortes de luz alcanzaban a durar entre 10 y 12 horas, lo cual dificultó la atención sanitaria en muchos aspectos, limitó la capacidad de la población y de las autoridades de almacenar alimentos, retrasó todo tipo de gestiones administrativas, impidió el uso de calefacción y aire acondicionado en lugares con climas muy fríos en invierno o muy calurosos en verano, etcétera.

Con la infraestructura del agua pasó algo similar. La escasez de agua potable se volvió crónica debido a la ruptura de tuberías y depuradoras y los vertidos en los ríos. Esto afectó a los cultivos, al ganado y, por supuesto, a las personas. Un informe de UNICEF de 1998 concluyó que el consumo de agua per cápita había descendido entorno a un 63% en todo el país.

El empleo de agua contaminada fue tan común que otro estudio de la oficina estipuló en el año 2000 que “casi la mitad de los niños de menos de cinco años había tenido diarrea en ese mes durante dos semanas”.

Un retrato de Saddam Hussein con varios impactos de bala.

Los medicamentos, como los instrumentos químicos potabilizadores, sufrieron un embargo especialmente riguroso por parte del Consejo de Seguridad debido a su posible doble uso, es decir, su potencial empleo para fabricar armas químicas. Irak era dependiente de la importación para conseguir gran parte de sus medicinas y el embargo impidió que hubiera existencias en el país.

La escasez de medicamentos se coaligaba con la falta de agua limpia, el estado ruinoso de parte de la infraestructura sanitaria, la destrucción de los servicios de basuras –antes de la guerra, la ciudad de Bagdad disponía de 800; casi una década después, apenas tenía 80–, la desnutrición y las heridas de las guerras tensionaban enormemente los escasos medios sanitarios disponibles.

Cabe destacar, de hecho, que en el Kurdistán había un número indeterminado de supervivientes de ataques con armas químicas que no pudieron recibir el tratamiento requerido.

La mortandad aumentó en toda la población, especialmente la infantil y la de las mujeres en el momento del parto, por las condiciones externas en que muchas tenían que hacerlo y su debilidad física debido a la deficiente ingesta calórica y de nutrientes.

El plan "Petróleo por Alimentos" en Irak

En 1995, el Consejo de Seguridad empezó a ceder ante las denuncias que alertaban de las terribles condiciones de vida de los iraquíes. Los representantes de Estados Unidos y Reino Unido, reticentes a cualquier tipo de aligeramiento de las sanciones, aceptaron que la ONU llevase a cabo un plan: “Petróleo por Alimentos”, que permitió a Irak vender al menos una parte de su crudo para comprar, de manera controlada, bienes de primera necesidad.

El plan empezó a aplicarse en 1996. Para entonces, la capacidad de exportación de petróleo de Bagdad era escasa, pues la falta de recambios y de distintos materiales había impedido al gobierno rehabilitar debidamente las plantas dañadas, cuya producción se veía afectada también por otros condicionantes como los constantes cortes de luz.

El programa permitió, sin embargo, que empezaran a entrar en el país algunos suministros básicos que paliaran la crisis humanitaria, si bien con numerosos retrasos y restricciones impuestos por el Consejo de Seguridad.

Los representantes de Estados Unidos y Reino Unido argumentaban que el relato de la situación de miseria de la población en Irak eran exageraciones de Sadam Hussein y que la pobreza de sus habitantes se debía a la corrupción del gobierno. Tuvieron una relación tensa con la Oficina del Coordinador de las Operaciones Humanitarias de la ONU en la capital, cuyo objetivo era gestionar los envíos, supervisar su distribución y hacer estudios de campo.

Las distintas dimisiones de los principales responsables de este órgano reflejan las tiranteces entre el mismo y el Consejo de Seguridad y el Comité de Sanciones, que retenía el 30% de los beneficios de la venta del petróleo iraquí en concepto de reparaciones de guerra.

De los ingresos provenientes de la venta del crudo hay que restar otras partidas como la que estaba destinada a financiar el gigantesco despliegue de la ONU en Irak u otras dedicadas a pagar los numerosos bienes defectuosos o caducados que llegaban al país y que eran imposibles de devolver debido a las trabas burocráticas.

La magnitud de las retenciones dependió de la fase, la partida y el lugar a la que el bien estuviera destinado, pero siempre constituyó un obstáculo que podía retrasar durante años la llegada de unos suministros que podían acabar siendo recibidos en mal estado.

En 1998, según denunció el entonces Coordinador de las Operaciones Humanitarias de la ONU, Hans C. Von Sponeck, hasta el 73% de los artículos solicitados por el Ministerio de Enseñanza Superior de Irak fueron retenidos.

La situación de la población no mejoró. En 1998, una sequía que duró tres años volvió a limitar los alimentos y el agua disponible. Para más inri, a esta situación se sumó la operación Zorro del Desierto, una campaña de ataques aéreos liderada por la administración Clinton que dañó de nuevo numerosas infraestructuras civiles.

La complejidad de los procedimientos administrativos para los contratantes extranjeros, la obstrucción constante por parte de los representantes de Washington y Londres y la corrupción de la administración iraquí lastraron la eficacia de un programa ya de por si insuficiente.

Según el Banco Mundial y la ONU, cualquier persona que dispone de menos de 180 dólares cada seis meses –es decir, un dólar al día– vive "en la más absoluta miseria". Sin embargo, el valor total del suministro humanitario que llegó a Irak durante los seis meses correspondientes a la «fase V» de 1998 –incluyendo alimentos, medicamentos, piezas de recambio o material escolar– ascendió a apenas 53 dólares por persona.

Un oleoducto iraquí devastado como consecuencia de los ataques de Estados Unidos durante la invasión de 2003.

A finales de la década, una estimación de la Oficina del Coordinador Humanitario de la ONU indicó que en Irak había “entre un 60 y un 75%” de desempleo. El empleo que existía, por otra parte, estaba mal pagado y apenas permitía cubrir las necesidades básicas.

El sistema educativo colapsó casi por completo y su recuperación fue lenta  e incompleta. El embargo afectaba a las publicaciones científicas y el material electrónico era muy escaso. La desnutrición infantil, la compleja situación económica o habitacional de muchas familias y el escaso presupuesto y material disponible dificultaban enormemente un proceso educativo que tampoco ofrecía salidas laborales.

El Kurdistán iraquí recibió dos partidas especiales que no recibieron las provincias administradas por Bagdad: una destinada a habitabilidad y otra a la remoción de minas.

La primera era necesaria no sólo por los desplazados internos generados por el conflicto civil, sino también porque la escasez de vivienda funcional llevaba siendo un grave problema para la población kurda desde la campaña Al Anfal de 1988, cuando el gobierno de Sadam Hussein no sólo exterminó a decenas de miles de personas, sino que destruyó miles de aldeas peinando regiones enteras de manera meticulosa.

Por otro lado, la remoción de minas era esencial porque la zona kurda había sido un frente de guerra muy activo y los montes Zagros estaban plagados de ellas. Su eliminación era imperativa para que los pastores y los agricultores pudieran ejercer sus oficios de manera segura.

Existió un desequilibrio en el reparto de bienes humanitarios a favor de las zonas kurdas desde el principio de la aplicación del programa “Petróleo por Alimentos”. El gobierno iraquí y distintos cargos de la ONU denunciaron estos hechos asegurando que Estados Unidos y Reino Unido trataban de fragmentar al Estado reforzando a la región secesionista.

Al comienzo de la invasión estadounidense de 2003, el régimen de sanciones seguía vigente. Los organismos de la ONU encargados de supervisar que Irak no desarrollara armas de destrucción masiva habían retenido numerosos envíos del exterior, revisado la distribución de bienes de doble uso y realizado numerosas inspecciones en distintas instituciones del país; todo sin encontrar evidencias de que Bagdad estuviera incumpliendo ningún tratado.

El fin de las sanciones

Los 13 años de sanciones dejaron miles de muertos y millones de afectados. Tanto Hans Von Sponeck como Dennis Halliday, que fueron coordinadores de las Operaciones Humanitarias de la ONU en Irak y que acabaron dimitiendo, coinciden en que la población iraquí fue condenada por el Consejo de Seguridad con el objetivo de provocar un cambio de régimen o, al menos, impedir que el Estado iraquí recuperara las capacidades previas a la guerra de 1991.

Además, como denuncian ambos funcionarios de Naciones Unidas, estas medidas estaban acompañadas de una intensa labor propagandística que acusaba al gobierno baazista de ser corrupto, ineficaz y el único responsable de la miseria en la que vivían los habitantes de su país.

Von Sponeck no niega la corrupción sistémica y las prioridades cuestionables de Sadam Hussein –que, al fin y al cabo, había declarado dos guerras en diez años y había lanzado una campaña militar con objetivos genocidas contra su propia población–.

Lo que sostiene es que determinados organismos impidieron de forma sistemática la entrada de suministros básicos en Irak, boicoteando también la capacidad del país para recuperar parte de su dañada estructura productiva y cubrir, al menos parcialmente, las necesidades de la población.

Fuente: Descifrando la Guerra

La desesperación de Irán es culpa de la política estadounidense

 

 Por Trita Parsi   

      Experto en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, la política exterior iraní y la geopolítica de Oriente Medio.

Las sanciones occidentales contribuyeron a acabar con las esperanzas iniciales de los iraníes de que su país se transformara desde dentro

     Algo inesperado ha comenzado a surgir en el ritmo familiar de las protestas iraníes: junto a los cánticos por la libertad y el fin del régimen clerical, ahora hay un creciente llamamiento a la intervención militar de Estados Unidos. Lo que hace solo un año muchos habrían considerado traición, ahora se puede escuchar abiertamente no solo entre las figuras de la oposición en el exilio, sino también dentro del propio país. Es difícil determinar si este sentimiento representa a una minoría desesperada, a una pluralidad creciente o simplemente al eco más fuerte de la desesperación. Pero su mera aparición marca un cambio profundo, que sugiere que, para algunos iraníes, la desesperación es ahora tan profunda que el miedo a las bombas extranjeras se ve eclipsado por la desesperanza de la vida en la República Islámica.

Protestas en Irán.

Quizás, a primera vista, esto no sea sorprendente. Cuando miles de personas mueren en tres días, mientras el Estado desconecta Internet y aísla al país de la mirada del mundo, los llamamientos a una intervención militar exterior pueden ser la respuesta natural a un sistema que se ha vuelto cada vez más despiadado y es la raíz de la miseria del pueblo iraní. Pero si la desesperación es la respuesta obvia, solo agudiza la pregunta más difícil: ¿cómo y quién empujó a los iraníes a un punto en el que comenzaron a mirar con envidia el destino de Afganistán, Irak y Libia, los principales ejemplos del desastroso historial de las intervenciones militares estadounidenses?

Manifestantes queman imágenes del ayatolá Alí Jamenei durante una manifestación en solidaridad con el levantamiento iraní, organizada por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, en Whitehall, en el centro de Londres.

Claramente, la teocracia iraní es la principal responsable de la desesperación. Incluso las demandas limitadas de reforma han sido tratadas como amenazas existenciales. El régimen ha reducido sistemáticamente el espacio para el cambio gradual, ha criminalizado la disidencia y ha vaciado la economía mediante la corrupción, el clientelismo y la mala gestión crónica. Sin embargo, aunque el gobierno clerical es el principal culpable, esta profunda desesperación no ha sido provocada solo por él. Los grupos de oposición en el exilio y los gobiernos occidentales también han aplicado estrategias con la intención explícita de cerrar las vías alternativas al cambio y empujar las condiciones políticas y económicas internas de Irán hacia el colapso. Su campaña de presión contribuyó a empobrecer el motor tradicional del cambio pacífico del país: la clase media, en particular las mujeres de clase media. Al hacerlo, han contribuido, de la mano de los elementos más represivos de la teocracia, a transformar la presión en parálisis, saboteando las posibilidades de un cambio pacífico y apostando en cambio por la ruptura.

Autoridades iraníes visitan una exposición de misiles y drones en Teherán el 12 de noviembre de 2025.

Durante más de dos décadas, los iraníes han intentado, repetidamente y con un riesgo personal significativo, transformar el sistema desde dentro. Acudieron en masa a las urnas, se organizaron pacíficamente, elevaron a candidatos reformistas y se movilizaron en las calles cuando esos esfuerzos se vieron frustrados. Sin embargo, este proyecto de reforma no ha logrado avances significativos para la mayoría de los iraníes, especialmente para la generación más joven. La economía es más débil, el espacio político se ha reducido y el ambiente actual es más restrictivo que bajo la presidencia de Mohammad Khatami. En casi todos los aspectos que importan en la vida cotidiana, Irán ha retrocedido en lugar de avanzar. Por lo tanto, cuando estallaron las protestas por Mahsa Amini en 2022, no se habló de reformas. La demanda era un cambio de régimen, y el camino imaginado para lograrlo era la revolución. El movimiento Mujer, Vida, Libertad logró un profundo cambio cultural, obligando efectivamente al Estado a reducir la aplicación del hiyab obligatorio. Sin embargo, no logró el cambio de régimen, lo que dejó desilusionados a muchos de sus partidarios.

En 2026, aunque las protestas se centraron inicialmente en las reivindicaciones económicas, una parte de la población exigió inmediatamente un cambio de régimen, no a través de una revolución, sino mediante la intervención militar extranjera. El argumento era que la República Islámica está demasiado arraigada como para que el pueblo iraní pueda derrocarla por sí solo, ya sea mediante reformas o una revolución. Solo puede ser derrocada mediante la intervención de Estados Unidos o Israel. En consecuencia, una opción que habría sido impensable solo unos meses antes es ahora presentada por sus defensores como la única vía restante para el cambio. Un asesor del hijo del antiguo sha —el príncipe en el exilio que ahora pide abiertamente la intervención militar de Estados Unidos, a pesar de años de oposición declarada a la guerra con Irán— ha escrito con confianza y aprobación que la acción militar bajo Donald Trump es ahora «inevitable».

No se ha llegado a este punto por casualidad.

Aunque los partidarios de la línea dura siempre tuvieron la intención de obstaculizar la reforma, la cuestión nunca fue si la permitirían, sino si la sociedad se fortalecería tanto que los partidarios de la línea dura no tendrían más remedio que aceptarla, al igual que aceptaron el acuerdo nuclear, también conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA). En este caso, las sanciones de Estados Unidos desempeñaron un papel clave a la hora de ayudar a los partidarios de la línea dura.

Mientras que la mala gestión y la incompetencia de Teherán crearon un sistema económico corrupto e intrínsecamente insalubre, las sanciones estadounidenses se diseñaron deliberadamente para aplastar esa economía y empujar a la población a un estado de desesperación absoluta. Cuando Trump impuso sanciones radicales en el marco de su campaña de «máxima presión», el entonces secretario de Estado Mike Pompeo declaró a la BBC Persa que si los iraníes «querían que su pueblo comiera», tendrían que atender a las demandas de Estados Unidos. El actual secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, atribuyó públicamente los movimientos de protesta en Irán a los efectos de las sanciones estadounidenses, citando el colapso económico, las quiebras bancarias, la escasez de divisas y las interrupciones en las importaciones como prueba de que la presión estaba «funcionando», y describiendo los disturbios resultantes como un acontecimiento «muy positivo».

Durante años, ha persistido un falso debate sobre si las sanciones o la mala gestión interna son las principales responsables de la crisis económica de Irán. Las últimas investigaciones atribuyen la responsabilidad directamente a las sanciones, mostrando que, sin su impacto, la clase media iraní se habría expandido en un 17 % aproximadamente. Pero el debate pasa por alto un aspecto más profundo. El objetivo de las sanciones era hundir la economía, diezmar a la clase media iraní (entre 2011 y 2019, 9 millones de iraníes de clase media se vieron empujados a la pobreza) y generar el tipo de desesperación masiva que hace que la ruptura —en lugar de la reforma, las elecciones o el cambio gradual— parezca la única opción que queda.

Los reformistas iraníes comprendieron hace tiempo que, sin el levantamiento de las sanciones, era imposible llevar a cabo una reforma significativa y la economía era insalvable. Y sin un acuerdo con Washington sobre la cuestión nuclear, el levantamiento de las sanciones era inalcanzable. Este reconocimiento impulsó la fuerte inversión política del presidente Hassan Rouhani en el JCPOA. Contra todo pronóstico, se llegó a un acuerdo y, durante los dos años que estuvo en vigor, la economía iraní creció entre un 6% y un 7 % anual. Esa apertura fue efímera. Cuando Trump se retiró del acuerdo en 2018 y volvió a imponer sanciones, eliminó la única condición esencial para que la reforma se afianzara: un crecimiento económico sostenido y una clase media fortalecida capaz de ejercer presión sobre el Estado. A los ojos de muchos iraníes, todo el proyecto de reforma quedó deslegitimado por esta inversión fallida en un acuerdo con Estados Unidos y por la débil respuesta del Gobierno de Rouhani cuando el Estado desató nuevas oleadas de represión contra la población.

Si Estados Unidos hubiera permanecido en el JCPOA, es probable que la economía de Irán hubiera seguido creciendo, ampliando la clase media que históricamente ha servido de motor del cambio político. Una clase media más numerosa y segura de sí misma habría fortalecido la sociedad civil y permitido ejercer una presión sostenida sobre el Estado desde una posición de ventaja, en lugar de exigir una revolución o una intervención militar nacida de la desesperación.

Los iraníes se han visto atrapados entre una teocracia represiva y actores externos cuyas políticas se diseñaron deliberadamente para crear desánimo. La ironía es evidente: las mismas voces que ayudaron a cerrar las vías para el desmantelamiento pacífico de la teocracia se presentan ahora como salvadores, ofreciendo la intervención militar extranjera como el único camino hacia la liberación, una oferta que no habría encontrado compradores si la población no se hubiera visto abocada a la desesperación en primer lugar.

Del blog personal de

Rafael Poch-de-Feliu

Un nuevo barco vinculado al comercio de armas y explosivos con Israel atracará en el puerto de Cartagena

 

 De BDS  

      Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel.

Pese a las palabras y gestos, el gobierno español sigue permitiendo el comercio de armas con Israel.

     Información pública obtenida del puerto Cartagena y de la plataforma de seguimiento de barcos VesselFinder confirma que un nuevo buque procedente directamente desde Israel descargará explosivos en dicho puerto el viernes 23 de mayo.

Se trata de la embarcación “DANICA VIOLET” con bandera de Dinamarca (IMO 8503967), la cual tiene previsto descargar el viernes 23 un contenedor de mercancía IMO 1.4 (explosivos). Anunciamos que el sistema de seguimiento de este buque (AIS) ha sido desconectado hace al menos 10 horas, ocultando su posición actual por motivos evidentes. Se trata de un patrón común en los barcos implicados en el comercio de armas con Israel.

El Danica Violet forma parte de una flota de siete buques operada por H. Folmer & Co., estando especializado en la cargamento y transporte de explosivos. Según informó Progressive International, en Diciembre de 2024 entregó más de 18.000 kg de explosivos de demolición desde la India hasta Israel. Este viaje fue solo uno de los doce que la flota ha realizado desde diciembre de 2023. Estos explosivos podrían haber sido utilizados en recientes demoliciones de viviendas en Jenin (Cisjordania) o en la Franja de Gaza.

A esta misma flota pertenece el “MARIANNE DANICA” con bandera de Dinamarca (IMO 9006241), al cuál el Ministerio de Asuntos Exteriores español ya denegó el acceso al puerto de Cartagena en mayo de 2024 por llevar armas a Israel.

Así misma la descarga será facilitada por la consignataria A. PEREZ y CIA, SL, cuyo director general Félix Gendler es a su vez delegado de la naviera israelí ZIM en España. Cabe recordar que la consignataria A. PEREZ y CIA, SL no solamente ha sido la encargada de los movimientos de la naviera ZIM en los puertos españoles, sino también de la mayoría de los Maersk denunciados por llevar armas desde EE.UU. un Israel.

Hasta la fecha, el Gobierno de España no ha decretado formalmente un embargo de armas a Israel y las relaciones militares entre ambos países se han mantenido prácticamente intactas. Las autoridades competentes sólo han adoptado medidas aisladas y puntuales en relación con buques de idénticas características, habiendo denegado la escala a al menos tres barcos en noviembre de 2024. Sin embargo, y pese a que por desgracia sobran las razones para expulsar a estos buques de nuestros puertos, el Gobierno guarda silencio ante la inminente llegada esta semana de un nuevo buque involucrado en el comercio de armas con Israel.

Ante esta situación, exigimos al Gobierno que declare de manera inmediata un embargo integral de armas a Israel vía Real Decreto Ley, comprendiendo tanto la compra como la venta y tránsito. Siguen existiendo contratos con la industria armamentística israelí pendientes de anular. Siguen pasando armas manchadas de sangre por nuestros puertos y aeropuertos. Seguimos financiando y facilitando el genocidio, la ocupación y el apartheid en Palestina.

Nada impide al Gobierno convocar al Consejo de Ministros con carácter urgente, y decretar formalmente un embargo de armas a un Estado genocida como Israel. El momento es ahora.

Así mismo, exigimos a las autoridades competentes que denieguen el acceso a los servicios poos a aquellos que, como el Danica Violet, son parte de las rutas regulares que facilitan la logística del genocidio mediante el suministro de armas y combustible. Ningún puerto español debe permitir el atraque de barcos implicados en el comercio de armas con Israel.

Solidaridad con Palestina.

Pongamos fin a la complicidad con el genocidio de Israel contra el pueblo palestino.

¡Embargo de armas a Israel YA!

Fuente: Kaos en la red

(N. de E.).- Gracias a la denuncia inicial de Fin al Comercio de Armas con Israel el barco no atracará finalmente en Cartagena y cambia su rumbo a Chipre.

Lo que vi y escuché sobre la guerra de Ucrania en Moscú

 

 Por Anatol Lieven

Autor, periodista y analista político británico. Director del Programa de Eurasia en el Instituto Quincy para una gestión responsable del Estado.

Las élites rusas parecen resignadas a aceptar que el conflicto continuará indefinidamente.

     Tal vez lo más sorprendente de Moscú hoy en día es su calma. Es una ciudad que apenas ha sido tocada por la guerra. De hecho, hasta que no enciendes la televisión, donde la propaganda es omnipresente, difícilmente te enterarías de que hay una guerra.

Los daños económicos que han causado las sanciones occidentales se han visto compensados por el gran número de rusos ricos que han regresado a Rusia debido a las sanciones. El gobierno ruso ha limitado deliberadamente el reclutamiento en Moscú y San Petersburgo, y esto, junto con un cierto grado de represión, explica por qué ha habido pocas protestas de jóvenes con educación. Muchos de los moscovitas jóvenes que huyeron de Rusia al comienzo de la guerra ya no temen el reclutamiento.

En cuanto a las tiendas del centro de Moscú, no podría decir si los bolsos Louis Vuitton son auténticos o imitaciones chinas, pero no faltan. Y lo que es mucho más importante, Rusia, desde la guerra, demuestra algo que Alemania entendió en su día y que el resto de Europa haría bien en entender: que en un mundo incierto es muy importante poder cultivar todos los alimentos que uno mismo consume.

En las provincias, la situación es muy distinta. Allí, el reclutamiento y las bajas han sido realmente graves. Sin embargo, esto se ha visto compensado por el hecho de que las provincias industriales han experimentado un enorme auge económico debido al gasto militar, y la escasez de mano de obra ha hecho subir los salarios. Abundan las historias de trabajadores técnicos de más de setenta años que han sido llamados a trabajar, lo que ha mejorado sus ingresos y les ha devuelto el respeto por sí mismos que habían perdido con el colapso de los años 90. Como he oído decir a muchos rusos, “la guerra finalmente nos ha obligado a hacer muchas de las cosas que deberíamos haber hecho en los años 90”.

Sin embargo, al menos en Moscú, hay poco entusiasmo positivo por la guerra. Tanto las encuestas de opinión como mis propias conversaciones con las élites rusas sugieren que la mayoría de los rusos no quieren luchar por una victoria completa (sea lo que sea lo que eso signifique) y que les gustaría ver una paz de compromiso ahora. Sin embargo, incluso grandes mayorías están en contra de la rendición y se oponen a la devolución a Ucrania de cualquier territorio en las cinco provincias “anexadas” por Rusia.

En las élites, el deseo de una paz de compromiso está vinculado a la oposición a la idea de intentar tomar por la fuerza las principales ciudades ucranianas, como fue el caso de Mariupol (y Járkov tiene al menos tres veces el tamaño de Mariupol). “Incluso si tuviéramos éxito, nuestras bajas serían enormes, al igual que las muertes de civiles, y heredaríamos grandes montones de ruinas que tendríamos que reconstruir”, me dijo un analista ruso. “No creo que la mayoría de los rusos quieran ver eso”.

A pesar de los esfuerzos de algunas personalidades, como el ex presidente Dmitri Medvedev, hay muy poco odio hacia el pueblo ucraniano (en contraposición con el gobierno ucraniano), en parte porque muchos rusos son de origen ucraniano. De ahí quizás otra razón por la que Putin ha presentado esto como una guerra contra la OTAN, no contra Ucrania. Esto me recordó las actitudes hacia Rusia de la gente que conocí en las zonas de habla rusa de Ucrania el año pasado, muchos de los cuales son total o parcialmente rusos. Odiaban al gobierno ruso, no al pueblo ruso.

En las élites de asuntos exteriores y de seguridad circulan diversas ideas para una paz de compromiso: un tratado ratificado por las Naciones Unidas que garantice la seguridad de Ucrania (y Rusia) sin que Ucrania se una a la OTAN; la creación de zonas desmilitarizadas patrulladas por fuerzas de paz de la ONU en lugar de la anexión de más territorio; intercambios territoriales, en los que Rusia devolvería tierras en Járkov a Ucrania a cambio de tierras en el Donbáss o en Zaporozhia. Sin embargo, la gran mayoría de los analistas rusos con los que hablé creen que sólo Estados Unidos puede iniciar conversaciones de paz, y que esto no sucederá hasta después de las elecciones estadounidenses, si es que sucede.

Por lo tanto, el estado de ánimo general parece ser el de aceptar la inevitabilidad de la continuación de la guerra, en lugar de un entusiasmo positivo por ella; y la administración Putin parece contenta con esto. Putin sigue desconfiando mucho del pueblo ruso; de ahí su negativa hasta ahora a movilizar más que una fracción de la mano de obra disponible en Rusia. Este no es un régimen que desee la participación masiva y, por lo tanto, también se muestra cauteloso ante el entusiasmo masivo. Su máxima parece más bien: “La calma es el primer deber de todo ciudadano”.

Fuente: Responsible Statecraft