El brote de ébola más rápido jamás registrado golpea un Congo devastado por la guerra

 

 Por Queralt Castillo Cerezuela   

      Periodista freelance. Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

La nueva cepa Bundibugyo, para la que no existe vacuna, avanza en el este del país entre ataques armados, hospitales destruidos y graves recortes en ayuda humanitaria

El brote de ébola más rápido jamás registrado golpea un Congo devastado por la guerra.

     Hace apenas unos días, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertaba sobre una nueva cepa (Bundibugyo) de ébola para la que no hay vacuna y que ya se ha cobrado la vida de más de 220 personas en la República Democrática del Congo. También se han registrado casos en Uganda y en total se habla de casi un millar de personas que podrían estar contagiadas. Se trata del brote de ébola que ha avanzado más rápido desde que hay registros. Este martes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguraba que la situación “empeorará antes de mejorar”. El contagio ya ha sido declarado emergencia de salud pública de importancia internacional (Pheic, por sus siglas en inglés).

La situación, hoy por hoy, es de descontrol, ya que se trata de un brote “extremadamente grave y difícil”, en palabras del director de la OMS. A pesar de los esfuerzos para llevar equipos sanitarios a la región afectada y el refuerzo de las medidas de contención para que la enfermedad no se continúe propagando, lo cierto es que aún no se puede hablar de un control efectivo del brote.

La Unión Africana (UA) ha prometido destinar casi 429 millones de euros para reforzar las medidas de respuesta en la región afectada por este nuevo brote, especialmente al este del país.

Organizaciones como Médicos Sin Fronteras (RSF) aseguran trabajar “a contrarreloj” para contener la epidemia y han desplegado nuevos efectivos tanto médicos como logísticos. “Solo en la provincia de Ituri, epicentro del actual brote, unos 50 trabajadores internacionales llegarán próximamente a las zonas afectadas para trabajar con unos 480 profesionales contratados localmente”, se puede leer en el último comunicado emitido por la ONG.

Brote de ébola en la República Democrática del Congo.

También se están enviado suministros y equipos médicos fundamentales procedentes de Europa y se está trabajando en las medidas de aislamiento, esenciales para la contención de la enfermedad.

Si bien es demasiado pronto para saber el alcance de la epidemia, la prioridad ahora es aislar a los casos confirmados y así proteger a la población y al personal sanitario. “Hay que reforzar las medidas de higiene, establecer sistemas de triaje y aumentar considerablemente el número de aislamientos”, insisten desde Oxfam. Desde World Vision, David Munkle, director de zona del programa de la Región Este de World Vision en la RDC, asegura que “hay cierta ansiedad e incertidumbre porque no sabemos realmente hasta dónde se ha extendido”. “El hecho de que haya llegado tan lejos [la cepa ha llegado hasta Kampala, en Uganda, y también a Goma y Bukavu, zonas que están a un par de días en coche desde el epicentro] es en sí mismo sorprendente. Se ha propagado, lo que significa que no sabemos cuántas personas más podrían enfermar en los próximos días”, recalca.

Richard Mbagaro, supervisor del campamento de Kigonze para desplazados internos, se dirige por megáfono a los residentes, instándolos a lavarse las manos con jabón o ceniza ante el creciente temor a la propagación del ébola, en Bunia (RDC).

Trabajadores de la Cruz Roja, con equipo de protección personal (EPP), caminan en formación mientras uno de ellos desinfecta el camino en el hospital general de referencia de Mongbwalu (República Democrática del Congo), antes de manipular el cuerpo de un niño fallecido por ébola.

En una zona fuertemente golpeada por el conflicto armado y unos servicios de salud mermados por la falta de inversión tanto local como internacional, este nuevo brote convive con enfermedades endémicas como la malaria, el cólera o el sarampión, entre otras.

Los recortes en ayuda humanitaria han pauperizado los sistemas de salud

La aparición y rápida propagación de este nuevo brote, sin embargo, no es algo casual, sino que se han dado una serie de circunstancias que han contribuido a la situación actual. Uno de los factores que ha propiciado la rápida expansión del virus tiene que ver con los recortes de fondos destinados a ayuda humanitaria, que ha provocado el deterioro de unos sistemas de salud ya de por sí muy vulnerables.

El empobrecimiento de la región, con miles de personas desplazadas y zonas de difícil acceso a causa de la violencia armada, sumado a la ausencia de una vacuna efectiva hacen que la situación sea crítica. En ese sentido, los recortes en ayuda humanitaria de los últimos meses han tenido un papel clave en la proliferación de este último brote. “Una de las diferencias entre este brote y el que hubo entre 2014 y 2016, o el de 2020, es la ausencia de recursos. Antes teníamos una buena financiación y donantes importantes como los británicos o los norteamericanos. La respuesta fue rápida y las cadenas de suministro estaban bien organizadas. Actualmente esto no es así. El material necesario para construir lugares de aislamiento temporales, para montar triajes, para suministrar agua limpia para la desinfección… Todo va muy lento, y los recursos son muy limitados”, explica para El Salto Manenji Mangudu, director de Oxfam en la República Democrática de Congo. Mandugu, originario de Zimbabue, estuvo en el último brote de ébola en la RDC y está actualmente trabajando en este nuevo episodio.

Munkle, sin embargo, considera que no hay que ligar necesariamente la aparición de esta cepa del ébola con los recortes en ayuda humanitaria, pero que sí hay que poner el foco en la respuesta de la comunidad internacional durante los próximos días. Insiste en que la OMS, de momento, no ha calificado el brote de “pandemia” y ve cierta esperanza en que esta situación ayude a poner el foco en la región y aumenten los fondos de ayuda para la población.

Tercera vez en la historia que aparece esta cepa

La cepa Bundibugyo es la tercera vez que aparece desde que hay registros; con lo cual, las autoridades sanitarias tanto locales como internacionales no cuentan con ningún tratamiento aprobado ni vacunas. El hecho de que se trate de una cepa prácticamente desconocida ha influido directamente en la rápida propagación. “Fue a finales de abril cuando tuvimos noticia de un paciente potencial, pero debido a que se trata de una cepa no reconocida, se hizo un mal diagnóstico. Esto ha provocado el aumento de las personas infectadas; porque no se consideró como ébola, en un principio”, explica David Munkle.

Una región remota azotada por el conflicto armado

La provincia de Ituri, al este del país y epicentro del brote, es una región remota severamente afectada por el conflicto armado. Allí, hay varios campos de personas desplazadas, algunos de gran tamaño, con importantes problemas de abastecimiento e infraestructuras. 

La violencia en la región hace que resulte muy complicado hacer llegar la ayuda necesaria para los y las afectadas y compromete la seguridad de los y las trabajadoras humanitarias en terreno.

Las FARDC recibiendo entrenamiento de combate, impartido por la MONUSCO, parte del programa de desarrollo de la capacidad operativa de las fuerzas armadas congoleñas, Kivu del Norte.

En las últimas semanas, la situación en Ituri se ha deteriorado aún más por los enfrentamientos entre grupos armados y el aumento de ataques contra población civil y núcleos desplazados.

Organizaciones humanitarias y agencias de Naciones Unidas llevan meses alertando de asesinatos, saqueos y bloqueos de carreteras que dificultan el acceso a amplias zonas de la provincia y comprometen tanto el suministro de ayuda como la seguridad del personal sobre el terreno. “Pedimos que se garantice el acceso a la ayuda humanitaria, que se respete y que se permita, porque es lo que está establecido en el derecho internacional humanitario”, exige Ricardo Pires, portavoz global de UNICEF. “Si hay un conflicto, los trabajadores humanitarios y los suministros vitales que necesitamos llevar a las comunidades deben llegar a ellas de manera segura, sin impedimentos y de forma continua. Eso es fundamental. Y ahora mismo estamos lejos de un escenario ideal en el que podamos trabajar sin problemas”.

El este de la RDC es una de las regiones más frágiles del mundo, ya al límite, devastado por el conflicto armado, el desplazamiento masivo de personas y los contínuos ataques de las milicias armadas a infraestructuras clave como hospitales o escuelas. Esto complica la gestión de la crisis. “El sistema de vigilancia [epidemiológico] no funcionaba [antes de la irrupción del brote]: la mayoría de los centros de salud de las aldeas han sido quemados. El personal ha huido por el conflicto, porque esta zona es frecuentada por grupos armados”, recuerda Manenji Mangudu, de Oxfam. Otra de las consecuencias de la violencia en la zona tiene que ver con el desplazamiento de sus habitantes: “si la población afectada tiene que irse por la violencia, esto supondrá el aumento de la propagación de la enfermedad. Podría ser devastador y se trata de un escenario muy negativo”, puntualiza Munkley.

Por su parte, Ricardo Pires insiste en la situación que atraviesa ya no solo la región —donde una de cada cuatro personas padece hambre—, sino el resto del mundo actualmente. “El mundo es un lugar mucho más complejo ahora mismo, con todas las crisis abiertas que tenemos, especialmente la de Oriente Medio, que afecta a las cadenas de suministro, la logística y la capacidad de las agencias para llegar rápidamente. La situación es mucho más complicada que en 2014, simplemente por el estado del mundo. Los sistemas de salud se han ido debilitando en las últimas décadas, hay más gente desplazada, más ataques a infraestructuras civiles como hospitales y escuelas, y una inversión crónica insuficiente en los servicios básicos. La RDC necesita mucho más apoyo de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas para poder manejar esta crisis”, sentencia.

Munkley va más allá y habla del impacto que este brote puede tener en la economía de la región: “Si hay que confinar, esto tendrá un gran impacto en la población. La gente no puede permitirse quedarse en casa: tiene que salir y ganarse la vida. Esto puede impactar negativamente en miles de niños y familias. Por otro lado, si la gente hace vida normal, el riesgo de propagación aumenta”. Ante lo descrito, el director de zona de World Vision anticipa “más malnutrición” y la consecuente aparición y propagación de enfermedades como “el cólera, el tifus o la malaria”.

Fuente: El Salto

La ONU contra Irak: historia del desmantelamiento de un país

 

 Por Guillermo di Marco    

      Periodista de Descifrando la Guerra.

     En 1979, Sadam Hussein, que ya era desde hacía años la persona más influyente del partido gobernante Baaz, alcanzó la presidencia de Irak. Pocos meses después declaró la guerra a Irán, aprovechando que el país persa se encontraba aislado diplomáticamente por la Revolución Islámica que había acabado con el sistema del sah y había encumbrado a los ayatolás.

La guerra entre Irak e Irán fue uno de los conflictos más cruentos de la segunda mitad del siglo XX, con miles de muertos en ambos bandos.

Si bien las autoridades iraquíes habían previsto una contienda rápida, el conflicto se estancó y las fuerzas armadas iraquíes fueron puestas a la defensiva durante varias etapas de la misma.

A la guerra con Irán, devastadora en términos humanos, hay que añadir la que enfrentaba al Estado contra las guerrillas kurdas al norte del país, que se oponían a los planes de arabización llevados a cabo por el gobierno baazista. Justo antes del final del conflicto con Irán, que concluyó en agosto de 1988, Bagdad emprendió una campaña militar dentro de su propio territorio, conocida como Al-Anfal.

Con el objetivo de acabar con la base social de la guerrilla, las fuerzas armadas iraquíes asesinaron a miles de civiles kurdos, generando en el proceso cientos de miles de desplazados internos y de refugiados. El uso masivo de armas químicas fue, además, una de las características principales tanto del genocidio kurdo como de la estrategia bélica contra Irán.

Asimismo, en agosto de 1990, Sadam Hussein ordenó la invasión de Kuwait. El Consejo de Seguridad de la ONU respondió imponiendo una serie de sanciones económicas a Irak que darían inicio a una larga década de restricciones, bloqueos y tutelas que solo acabaron una vez consumada la invasión estadounidense de 2003. En noviembre de 1990, la ONU aprobó también la utilización del uso de la fuerza contra el país para forzarle a retirarse de Kuwait.

Entre enero y febrero de 1991, una amplia coalición internacional bombardeó las infraestructuras clave de Irak, cumpliendo virtualmente las amenazas que el secretario de Estado de la administración estadounidense, presidida entonces por George Bush padre, había hecho al ministro de Exteriores iraquí, Tariq Aziz: “Vamos a devolver a Irak a la era preindustrial”.

Las sanciones fueron pensadas para que afectaran a toda la economía iraquí. Su aplicación puede dividirse en dos etapas distintas: la primera, la más severa, abarcó desde su aprobación hasta 1996, cuando empezó a aplicarse el programa “Petróleo por Alimentos”; la segunda duró hasta el levantamiento de las sanciones, en 2003.

El régimen de sanciones de la ONU contra Irak terminó provocando una grave crisis humanitaria en un país ya devastado por las guerras.

En el Kurdistán Iraquí, convertido en región autónoma tras la tregua, esta situación se conjuró con un conflicto civil que enfrentó a las dos principales fuerzas político-militares kurdas y que generó unos 250.000 desplazados internos.

Las sanciones de la ONU contra Irak

La primera fase de las sanciones consistió en una gama de medidas muy variadas. Se creó un Comité de Sanciones en la ONU para gestionar las reparaciones impuestas a Bagdad y se establecieron oficinas cuyo objetivo era asegurarse que Irak no desarrollara armas de destrucción masiva.

El país salió de la guerra de 1991 en un estado de enorme vulnerabilidad. Su infraestructura civil estaba enormemente dañada –incluyendo las plataformas de extracción de petróleo, la principal fuente de ingresos– y se enfrentaba a una segunda posguerra sin haber cerrado aún la primera.

De entre todos los datos resaltan, por ejemplo, la enorme caída en la producción de alimentos en Irak en la década de 1990: entre 1989 y 1996, la producción de trigo y de cereales se redujo casi un 50%, siendo ambos productos esenciales en la dieta local.

La producción de maíz cayó alrededor de un 70% en dos años y la de arroz entorno a un 25%. La carne, por su parte, desapareció de la mesa de los iraquíes: la producción de carne bovina se redujo entorno a un 75% y la de ave cerca de un 90%.

Todo esto vino acompañado, evidentemente, por un aumento exponencial del desempleo, del precio de los alimentos y, por lo tanto, de la desnutrición crónica, que en 1999 afectaba a cuatro de cada cinco niños iraquíes. La reducción de la producción de alimentos se generaba, además, en un país que antes de la guerra importaba el 70% de los alimentos que consumía.

La destrucción de la infraestructura civil se notó en todos los niveles. Las plantas de energía iraquíes sufrieron numerosos bombardeos –los dos embalses hidroeléctricos habían sido inutilizados durante la guerra contra Irán– y de 120 operativas antes de la guerra de 1991 tan sólo 50 seguían funcionando tras acabar el conflicto: de 9.295 megavatios habían pasado a producir 2.325.

Esto afectaba a toda la sociedad y en todos los niveles, pues los cortes de luz alcanzaban a durar entre 10 y 12 horas, lo cual dificultó la atención sanitaria en muchos aspectos, limitó la capacidad de la población y de las autoridades de almacenar alimentos, retrasó todo tipo de gestiones administrativas, impidió el uso de calefacción y aire acondicionado en lugares con climas muy fríos en invierno o muy calurosos en verano, etcétera.

Con la infraestructura del agua pasó algo similar. La escasez de agua potable se volvió crónica debido a la ruptura de tuberías y depuradoras y los vertidos en los ríos. Esto afectó a los cultivos, al ganado y, por supuesto, a las personas. Un informe de UNICEF de 1998 concluyó que el consumo de agua per cápita había descendido entorno a un 63% en todo el país.

El empleo de agua contaminada fue tan común que otro estudio de la oficina estipuló en el año 2000 que “casi la mitad de los niños de menos de cinco años había tenido diarrea en ese mes durante dos semanas”.

Un retrato de Saddam Hussein con varios impactos de bala.

Los medicamentos, como los instrumentos químicos potabilizadores, sufrieron un embargo especialmente riguroso por parte del Consejo de Seguridad debido a su posible doble uso, es decir, su potencial empleo para fabricar armas químicas. Irak era dependiente de la importación para conseguir gran parte de sus medicinas y el embargo impidió que hubiera existencias en el país.

La escasez de medicamentos se coaligaba con la falta de agua limpia, el estado ruinoso de parte de la infraestructura sanitaria, la destrucción de los servicios de basuras –antes de la guerra, la ciudad de Bagdad disponía de 800; casi una década después, apenas tenía 80–, la desnutrición y las heridas de las guerras tensionaban enormemente los escasos medios sanitarios disponibles.

Cabe destacar, de hecho, que en el Kurdistán había un número indeterminado de supervivientes de ataques con armas químicas que no pudieron recibir el tratamiento requerido.

La mortandad aumentó en toda la población, especialmente la infantil y la de las mujeres en el momento del parto, por las condiciones externas en que muchas tenían que hacerlo y su debilidad física debido a la deficiente ingesta calórica y de nutrientes.

El plan "Petróleo por Alimentos" en Irak

En 1995, el Consejo de Seguridad empezó a ceder ante las denuncias que alertaban de las terribles condiciones de vida de los iraquíes. Los representantes de Estados Unidos y Reino Unido, reticentes a cualquier tipo de aligeramiento de las sanciones, aceptaron que la ONU llevase a cabo un plan: “Petróleo por Alimentos”, que permitió a Irak vender al menos una parte de su crudo para comprar, de manera controlada, bienes de primera necesidad.

El plan empezó a aplicarse en 1996. Para entonces, la capacidad de exportación de petróleo de Bagdad era escasa, pues la falta de recambios y de distintos materiales había impedido al gobierno rehabilitar debidamente las plantas dañadas, cuya producción se veía afectada también por otros condicionantes como los constantes cortes de luz.

El programa permitió, sin embargo, que empezaran a entrar en el país algunos suministros básicos que paliaran la crisis humanitaria, si bien con numerosos retrasos y restricciones impuestos por el Consejo de Seguridad.

Los representantes de Estados Unidos y Reino Unido argumentaban que el relato de la situación de miseria de la población en Irak eran exageraciones de Sadam Hussein y que la pobreza de sus habitantes se debía a la corrupción del gobierno. Tuvieron una relación tensa con la Oficina del Coordinador de las Operaciones Humanitarias de la ONU en la capital, cuyo objetivo era gestionar los envíos, supervisar su distribución y hacer estudios de campo.

Las distintas dimisiones de los principales responsables de este órgano reflejan las tiranteces entre el mismo y el Consejo de Seguridad y el Comité de Sanciones, que retenía el 30% de los beneficios de la venta del petróleo iraquí en concepto de reparaciones de guerra.

De los ingresos provenientes de la venta del crudo hay que restar otras partidas como la que estaba destinada a financiar el gigantesco despliegue de la ONU en Irak u otras dedicadas a pagar los numerosos bienes defectuosos o caducados que llegaban al país y que eran imposibles de devolver debido a las trabas burocráticas.

La magnitud de las retenciones dependió de la fase, la partida y el lugar a la que el bien estuviera destinado, pero siempre constituyó un obstáculo que podía retrasar durante años la llegada de unos suministros que podían acabar siendo recibidos en mal estado.

En 1998, según denunció el entonces Coordinador de las Operaciones Humanitarias de la ONU, Hans C. Von Sponeck, hasta el 73% de los artículos solicitados por el Ministerio de Enseñanza Superior de Irak fueron retenidos.

La situación de la población no mejoró. En 1998, una sequía que duró tres años volvió a limitar los alimentos y el agua disponible. Para más inri, a esta situación se sumó la operación Zorro del Desierto, una campaña de ataques aéreos liderada por la administración Clinton que dañó de nuevo numerosas infraestructuras civiles.

La complejidad de los procedimientos administrativos para los contratantes extranjeros, la obstrucción constante por parte de los representantes de Washington y Londres y la corrupción de la administración iraquí lastraron la eficacia de un programa ya de por si insuficiente.

Según el Banco Mundial y la ONU, cualquier persona que dispone de menos de 180 dólares cada seis meses –es decir, un dólar al día– vive "en la más absoluta miseria". Sin embargo, el valor total del suministro humanitario que llegó a Irak durante los seis meses correspondientes a la «fase V» de 1998 –incluyendo alimentos, medicamentos, piezas de recambio o material escolar– ascendió a apenas 53 dólares por persona.

Un oleoducto iraquí devastado como consecuencia de los ataques de Estados Unidos durante la invasión de 2003.

A finales de la década, una estimación de la Oficina del Coordinador Humanitario de la ONU indicó que en Irak había “entre un 60 y un 75%” de desempleo. El empleo que existía, por otra parte, estaba mal pagado y apenas permitía cubrir las necesidades básicas.

El sistema educativo colapsó casi por completo y su recuperación fue lenta  e incompleta. El embargo afectaba a las publicaciones científicas y el material electrónico era muy escaso. La desnutrición infantil, la compleja situación económica o habitacional de muchas familias y el escaso presupuesto y material disponible dificultaban enormemente un proceso educativo que tampoco ofrecía salidas laborales.

El Kurdistán iraquí recibió dos partidas especiales que no recibieron las provincias administradas por Bagdad: una destinada a habitabilidad y otra a la remoción de minas.

La primera era necesaria no sólo por los desplazados internos generados por el conflicto civil, sino también porque la escasez de vivienda funcional llevaba siendo un grave problema para la población kurda desde la campaña Al Anfal de 1988, cuando el gobierno de Sadam Hussein no sólo exterminó a decenas de miles de personas, sino que destruyó miles de aldeas peinando regiones enteras de manera meticulosa.

Por otro lado, la remoción de minas era esencial porque la zona kurda había sido un frente de guerra muy activo y los montes Zagros estaban plagados de ellas. Su eliminación era imperativa para que los pastores y los agricultores pudieran ejercer sus oficios de manera segura.

Existió un desequilibrio en el reparto de bienes humanitarios a favor de las zonas kurdas desde el principio de la aplicación del programa “Petróleo por Alimentos”. El gobierno iraquí y distintos cargos de la ONU denunciaron estos hechos asegurando que Estados Unidos y Reino Unido trataban de fragmentar al Estado reforzando a la región secesionista.

Al comienzo de la invasión estadounidense de 2003, el régimen de sanciones seguía vigente. Los organismos de la ONU encargados de supervisar que Irak no desarrollara armas de destrucción masiva habían retenido numerosos envíos del exterior, revisado la distribución de bienes de doble uso y realizado numerosas inspecciones en distintas instituciones del país; todo sin encontrar evidencias de que Bagdad estuviera incumpliendo ningún tratado.

El fin de las sanciones

Los 13 años de sanciones dejaron miles de muertos y millones de afectados. Tanto Hans Von Sponeck como Dennis Halliday, que fueron coordinadores de las Operaciones Humanitarias de la ONU en Irak y que acabaron dimitiendo, coinciden en que la población iraquí fue condenada por el Consejo de Seguridad con el objetivo de provocar un cambio de régimen o, al menos, impedir que el Estado iraquí recuperara las capacidades previas a la guerra de 1991.

Además, como denuncian ambos funcionarios de Naciones Unidas, estas medidas estaban acompañadas de una intensa labor propagandística que acusaba al gobierno baazista de ser corrupto, ineficaz y el único responsable de la miseria en la que vivían los habitantes de su país.

Von Sponeck no niega la corrupción sistémica y las prioridades cuestionables de Sadam Hussein –que, al fin y al cabo, había declarado dos guerras en diez años y había lanzado una campaña militar con objetivos genocidas contra su propia población–.

Lo que sostiene es que determinados organismos impidieron de forma sistemática la entrada de suministros básicos en Irak, boicoteando también la capacidad del país para recuperar parte de su dañada estructura productiva y cubrir, al menos parcialmente, las necesidades de la población.

Fuente: Descifrando la Guerra

Bombardeos a plantas de tratamiento de aguas, cortes de tuberías: Israel lleva la crisis del agua de Gaza al borde del abismo

 

 Por Ibtisam Mahdi  

      Periodista independiente de Gaza especializada en informar sobre temas sociales, especialmente relacionados con mujeres y niños.

Desde marzo, los ataques intensificados por el ejército a la infraestructura hídrica no han dejado a los habitantes de Gaza otra opción que beber agua de mar y racionar los suministros contaminados.

     Wissam Badawi pasa sus días esperando y escuchando, con la esperanza de oír el característico bocinazo de un camión cisterna entrando en su barrio. Estos camiones, conducidos por voluntarios locales, se han convertido en el último recurso para esta madre de ocho hijos de 49 años, junto con miles de palestinos en la ciudad de Gaza, en medio de una crisis de agua cada vez más grave causada por el continuo ataque de Israel a la Franja.

Mujer palestina recogen agua potable en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 17 de marzo de 2025.

“La mayoría de las tuberías de agua han sido destruidas por las excavadoras del ejército israelí, y el municipio no puede repararlas”, declaró Badawi, residente del barrio de Tel Al-Hawa, a +972. “No hay un pozo cerca, así que tengo que enviar a mis hijos al mar a buscar agua para el uso diario. Luego espero a que llegue el camión para mezclar agua limpia con el agua del mar, reducir su salinidad y potabilizarla”.

Palestinos recogen agua en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 4 de marzo de 2025.

Debido a la extrema escasez, el precio del agua en los mercados de Gaza se ha disparado. «Un galón de agua cuesta entre 5 y 8 NIS [1,30-2,20 dólares]. Necesitamos unos cinco galones al día para beber y cocinar, y me resulta difícil costearlo. Además, no hay nadie que venda agua en nuestra zona, así que si no llegan camiones, tengo que caminar una gran distancia para comprarla».

Palestinos recogen agua potable en la ciudad de Gaza, en el centro de la Franja de Gaza, el 10 de abril de 2025.

En zonas donde no hay camiones cisterna para transportar agua, muchos gazatíes se ven obligados a caminar kilómetros y hacer cola durante horas para llenar un solo recipiente en un pozo. Pero incluso estos recursos escasean cada vez más, tras ser bombardeados o quedar inaccesibles debido a las órdenes de evacuación israelíes. UNICEF ha advertido que la crisis del agua en la Franja ha alcanzado niveles críticos, señalando que solo una de cada diez personas tiene actualmente acceso a agua potable.

Un niño lleva bidones de agua en la Franja de Gaza.

Esta crisis no es un efecto secundario de la ofensiva israelí, sino más bien un aspecto deliberado de la misma. Según datos de la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, el ejército israelí ha destruido 719 pozos de agua desde el 7 de octubre. El 10 de marzo, Israel cortó el suministro eléctrico restante a Gaza, lo que obligó a la mayor planta desalinizadora de la Franja a reducir sus operaciones. Unos días después, la segunda planta más grande dejó de funcionar debido a la escasez de combustible derivada del bloqueo total impuesto por Israel al enclave.

Palestinos recogen agua potable en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 17 de marzo de 2025.

Otra, la planta de Ghabayen en la ciudad de Gaza, fue bombardeada a principios de abril. Y el 5 de abril, Israel interrumpió el suministro de agua a Gaza de la empresa israelí Mekorot, que suministraba casi el 70 % del agua potable de la Franja.

Ahmad Al-Buhaisi, un vendedor de agua de 22 años de Deir Al-Balah, en el centro de Gaza, cuyo suministro provenía de la planta de desalinización Aquamatch, dijo a +972: "El cierre de la estación no solo cortó mi sustento, sino que también privó a muchos ciudadanos de la oportunidad de acceder a agua limpia y potable".

Joven palestino recoge agua potable en la ciudad de Gaza, en el centro de la Franja de Gaza, el 10 de abril de 2025.

Explicó que la gente lo contacta constantemente para pedirle que lleve agua a sus hogares, y lo único que puede hacer es disculparse y decirle que ya no quedan plantas desalinizadoras en funcionamiento. "Sigo buscando un pozo que funcione para comprar agua potable", dijo. "Pero los precios han subido drásticamente y se nos ha vuelto difícil comprarla y luego revenderla al público".

“Están acabando con todos los recursos vitales”

La planta desalinizadora de Ghabayen, una instalación privada que abastecía a partes de la ciudad de Gaza y Jabalia, era una de las fuentes de agua vitales del norte de Gaza. El 4 de abril, el ejército israelí la bombardeó por tercera vez durante la guerra actual, matando a uno de sus propietarios, Majd Ghabayen. Se encontraba dentro de la planta y su cuerpo quedó destrozado junto a las tuberías y los tanques.

“Cada vez que el ejército bombardeaba las instalaciones, causaba una destrucción masiva”, declaró Ahmad Ghabayen, hermano menor de Majd, a +972. “Sin embargo, siempre regresábamos y reparábamos lo que podíamos con el dinero y los recursos que teníamos, simplemente para abastecer de agua a la gente”.

Pero el último ataque fue diferente. "Esta vez, el pozo fue atacado con un misil de gran tamaño, que lo destruyó por completo", dijo Ghabayen. "Nos dijeron que sería difícil excavar un nuevo pozo porque la contaminación del misil lo había inutilizado".

“Israel no solo atacó una planta de distribución de agua; destruyó parte de la vida de mi familia y privó de agua a miles de personas”, continuó Ghabayen. “La estación abastecía a extensas zonas de Al-Tuffah, Shuja'iyyah, Al-Daraj, Sheikh Radwan y Jabalia. La gente venía de lejos para llenar los contenedores de agua. Están destruyendo todo lo que consideramos vital”.

El bombardeo de la estación de Ghabayen forma parte de una política sistemática que Israel ha seguido desde el comienzo de la guerra: atacar deliberadamente pozos de agua y la infraestructura conectada a ellos y cortar el suministro de agua que antes fluía a Gaza a través de tuberías israelíes.

Wael Abu Amsha, de 51 años y padre de siete hijos, uno de los beneficiarios de la estación, afirmó que el ataque representó un duro golpe para cientos de familias que dependían de ella como principal fuente de agua. "Tras el bombardeo, empezamos a buscar una fuente alternativa", declaró a +972. "Encontramos otra estación, pero está lejos —a una media hora a pie— y el agua no está del todo limpia. Aun así, nos vemos obligados a beberla".

“Solíamos beneficiarnos de la estación comprando agua potable a un precio que no había cambiado desde antes de la guerra, y muchos días se distribuía gratis”, continuó. “El agua salada también se distribuía gratuitamente todo el día, lo que nos ayudó después de que el ejército israelí destruyera las tuberías que abastecían de agua al municipio. Ahora hemos perdido todo tipo de agua.

“La gente está sufriendo”, continuó Abu Amsha. “Camino largas distancias y espero horas solo para llenar un galón de agua para mi familia, que ni siquiera es suficiente. Terminamos mezclándola con agua de otra estación, cuya agua no es potable, pero está más cerca que la primera. No tenemos otra solución”.

Una catástrofe de salud pública

La crisis del agua no solo provoca sed, sino que también afecta directamente la salud de quienes padecen enfermedades. Samar Zaarab, una paciente de cáncer de 45 años de Khan Younis que actualmente vive en una tienda de campaña en Al-Mawasi, contó a +972 que la escasez de agua agrava su dolor diario. "Mi frágil cuerpo necesita desesperadamente agua potable", dijo.

Palestinos en un campamento temporal establecido para personas evacuadas de sus hogares, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

“Desde que me desplazaron hace unos días, mi sufrimiento ha aumentado”, continuó Zaarab. “Los camiones cisterna no llegan, y la poca agua que recibimos no alcanza ni siquiera para las necesidades diarias más básicas, como lavarnos y limpiar. Sin higiene, mi enfermedad empeora. Si no muero de la enfermedad, será por la falta de agua potable”.

Zuhd Al-Aziz, asesor del viceministro de gobierno local de Gaza, dijo a +972 que después de que Israel cortó la electricidad a la Franja y obligó a cerrar la mayoría de las plantas de desalinización y tratamiento de agua, toda la población enfrenta una "crisis humanitaria catastrófica".

Según Al-Aziz, el ejército israelí atacó directamente los generadores de emergencia, lo que dificultó enormemente su funcionamiento. «El 85 % de las fuentes de agua dulce de Gaza han sido destruidas, lo que obliga a los residentes a consumir agua contaminada e imbebible», explicó. «Alrededor del 90 % de las plantas de desalinización privadas y públicas (296 en total) han dejado de funcionar, ya sea por ataques directos o por escasez de combustible. Cinco importantes plantas de tratamiento de aguas residuales también han dejado de funcionar, lo que ha aumentado el riesgo de contaminación ambiental y brotes de enfermedades».

Assem Al-Nabeeh, portavoz de la Municipalidad de la Ciudad de Gaza, describió la crisis con un lenguaje igualmente crudo. «La ocupación israelí ha destruido más de 64 pozos de agua solo en la Ciudad de Gaza, junto con más de 110.000 metros lineales de redes de agua, lo que ha provocado una grave disminución del suministro de agua disponible», explicó. «Actualmente, solo 30 pozos están en funcionamiento y no pueden satisfacer ni siquiera una fracción de las necesidades de la población, especialmente con la afluencia de desplazados de los distritos del norte.

“El municipio trabaja arduamente para encontrar alternativas a pesar de los recursos extremadamente limitados, pero los daños son enormes y no pueden compensarse debido al asedio y los bombardeos constantes”, continuó Al-Nabeeh. “No hay combustible ni repuestos, ni para generadores ni bombas de pozo. Los pozos no pueden funcionar las 24 horas del día. Alrededor del 61 % de los hogares ahora dependen de la compra de agua potable de fuentes privadas costosas, lo cual es un peligroso indicador del colapso del sistema público de agua”.

Al-Nabeeh señaló que la crisis del agua coincide con un empeoramiento del hambre, un asedio continuo, el aumento de las temperaturas y un deterioro de la situación sanitaria y ambiental causado por la acumulación de desechos y las fugas de aguas residuales, todo lo cual representa una amenaza directa a la vida de los residentes, especialmente sin acceso al agua para esterilización, higiene o cocinar.

Palestinos hacen fila para recibir comida de la Cocina Central Mundial en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 16 de marzo de 2025.

Si bien es imposible obtener cifras exactas, Al-Nabeeh estima que el suministro diario promedio de agua ha disminuido a entre 3 y 5 litros por persona por día, significativamente menos que los 15 litros considerados como el mínimo necesario para beber, cocinar y la higiene para proteger la salud pública durante las emergencias.

Fuente: +972