En 1979, Sadam Hussein, que ya era desde hacía años la persona más influyente del partido gobernante Baaz, alcanzó la presidencia de Irak. Pocos meses después declaró la guerra a Irán, aprovechando que el país persa se encontraba aislado diplomáticamente por la Revolución Islámica que había acabado con el sistema del sah y había encumbrado a los ayatolás.
Si bien las autoridades iraquíes habían previsto una contienda rápida, el conflicto se estancó y las fuerzas armadas iraquíes fueron puestas a la defensiva durante varias etapas de la misma.
A la guerra con Irán, devastadora en términos humanos, hay que añadir la que enfrentaba al Estado contra las guerrillas kurdas al norte del país, que se oponían a los planes de arabización llevados a cabo por el gobierno baazista. Justo antes del final del conflicto con Irán, que concluyó en agosto de 1988, Bagdad emprendió una campaña militar dentro de su propio territorio, conocida como Al-Anfal.
Con el objetivo de acabar con la base social de la guerrilla, las fuerzas armadas iraquíes asesinaron a miles de civiles kurdos, generando en el proceso cientos de miles de desplazados internos y de refugiados. El uso masivo de armas químicas fue, además, una de las características principales tanto del genocidio kurdo como de la estrategia bélica contra Irán.
Asimismo, en agosto de 1990, Sadam Hussein ordenó la invasión de Kuwait. El Consejo de Seguridad de la ONU respondió imponiendo una serie de sanciones económicas a Irak que darían inicio a una larga década de restricciones, bloqueos y tutelas que solo acabaron una vez consumada la invasión estadounidense de 2003. En noviembre de 1990, la ONU aprobó también la utilización del uso de la fuerza contra el país para forzarle a retirarse de Kuwait.
Entre enero y febrero de 1991, una amplia coalición internacional bombardeó las infraestructuras clave de Irak, cumpliendo virtualmente las amenazas que el secretario de Estado de la administración estadounidense, presidida entonces por George Bush padre, había hecho al ministro de Exteriores iraquí, Tariq Aziz: “Vamos a devolver a Irak a la era preindustrial”.
Las sanciones fueron pensadas para que afectaran a toda la economía iraquí. Su aplicación puede dividirse en dos etapas distintas: la primera, la más severa, abarcó desde su aprobación hasta 1996, cuando empezó a aplicarse el programa “Petróleo por Alimentos”; la segunda duró hasta el levantamiento de las sanciones, en 2003.
En el Kurdistán Iraquí, convertido en región autónoma tras la tregua, esta situación se conjuró con un conflicto civil que enfrentó a las dos principales fuerzas político-militares kurdas y que generó unos 250.000 desplazados internos.
Las sanciones de la ONU contra Irak
La primera fase de las sanciones consistió en una gama de medidas muy variadas. Se creó un Comité de Sanciones en la ONU para gestionar las reparaciones impuestas a Bagdad y se establecieron oficinas cuyo objetivo era asegurarse que Irak no desarrollara armas de destrucción masiva.
El país salió de la guerra de 1991 en un estado de enorme vulnerabilidad. Su infraestructura civil estaba enormemente dañada –incluyendo las plataformas de extracción de petróleo, la principal fuente de ingresos– y se enfrentaba a una segunda posguerra sin haber cerrado aún la primera.
De entre todos los datos resaltan, por ejemplo, la enorme caída en la producción de alimentos en Irak en la década de 1990: entre 1989 y 1996, la producción de trigo y de cereales se redujo casi un 50%, siendo ambos productos esenciales en la dieta local.
La producción de maíz cayó alrededor de un 70% en dos años y la de arroz entorno a un 25%. La carne, por su parte, desapareció de la mesa de los iraquíes: la producción de carne bovina se redujo entorno a un 75% y la de ave cerca de un 90%.
Todo esto vino acompañado, evidentemente, por un aumento exponencial del desempleo, del precio de los alimentos y, por lo tanto, de la desnutrición crónica, que en 1999 afectaba a cuatro de cada cinco niños iraquíes. La reducción de la producción de alimentos se generaba, además, en un país que antes de la guerra importaba el 70% de los alimentos que consumía.
La destrucción de la infraestructura civil se notó en todos los niveles. Las plantas de energía iraquíes sufrieron numerosos bombardeos –los dos embalses hidroeléctricos habían sido inutilizados durante la guerra contra Irán– y de 120 operativas antes de la guerra de 1991 tan sólo 50 seguían funcionando tras acabar el conflicto: de 9.295 megavatios habían pasado a producir 2.325.
Esto afectaba a toda la sociedad y en todos los niveles, pues los cortes de luz alcanzaban a durar entre 10 y 12 horas, lo cual dificultó la atención sanitaria en muchos aspectos, limitó la capacidad de la población y de las autoridades de almacenar alimentos, retrasó todo tipo de gestiones administrativas, impidió el uso de calefacción y aire acondicionado en lugares con climas muy fríos en invierno o muy calurosos en verano, etcétera.
Con la infraestructura del agua pasó algo similar. La escasez de agua potable se volvió crónica debido a la ruptura de tuberías y depuradoras y los vertidos en los ríos. Esto afectó a los cultivos, al ganado y, por supuesto, a las personas. Un informe de UNICEF de 1998 concluyó que el consumo de agua per cápita había descendido entorno a un 63% en todo el país.
El empleo de agua contaminada fue tan común que otro estudio de la oficina estipuló en el año 2000 que “casi la mitad de los niños de menos de cinco años había tenido diarrea en ese mes durante dos semanas”.
Los medicamentos, como los instrumentos químicos potabilizadores, sufrieron un embargo especialmente riguroso por parte del Consejo de Seguridad debido a su posible doble uso, es decir, su potencial empleo para fabricar armas químicas. Irak era dependiente de la importación para conseguir gran parte de sus medicinas y el embargo impidió que hubiera existencias en el país.
La escasez de medicamentos se coaligaba con la falta de agua limpia, el estado ruinoso de parte de la infraestructura sanitaria, la destrucción de los servicios de basuras –antes de la guerra, la ciudad de Bagdad disponía de 800; casi una década después, apenas tenía 80–, la desnutrición y las heridas de las guerras tensionaban enormemente los escasos medios sanitarios disponibles.
Cabe destacar, de hecho, que en el Kurdistán había un número indeterminado de supervivientes de ataques con armas químicas que no pudieron recibir el tratamiento requerido.
La mortandad aumentó en toda la población, especialmente la infantil y la de las mujeres en el momento del parto, por las condiciones externas en que muchas tenían que hacerlo y su debilidad física debido a la deficiente ingesta calórica y de nutrientes.
El plan "Petróleo por Alimentos" en Irak
En 1995, el Consejo de Seguridad empezó a ceder ante las denuncias que alertaban de las terribles condiciones de vida de los iraquíes. Los representantes de Estados Unidos y Reino Unido, reticentes a cualquier tipo de aligeramiento de las sanciones, aceptaron que la ONU llevase a cabo un plan: “Petróleo por Alimentos”, que permitió a Irak vender al menos una parte de su crudo para comprar, de manera controlada, bienes de primera necesidad.
El plan empezó a aplicarse en 1996. Para entonces, la capacidad de exportación de petróleo de Bagdad era escasa, pues la falta de recambios y de distintos materiales había impedido al gobierno rehabilitar debidamente las plantas dañadas, cuya producción se veía afectada también por otros condicionantes como los constantes cortes de luz.
El programa permitió, sin embargo, que empezaran a entrar en el país algunos suministros básicos que paliaran la crisis humanitaria, si bien con numerosos retrasos y restricciones impuestos por el Consejo de Seguridad.
Los representantes de Estados Unidos y Reino Unido argumentaban que el relato de la situación de miseria de la población en Irak eran exageraciones de Sadam Hussein y que la pobreza de sus habitantes se debía a la corrupción del gobierno. Tuvieron una relación tensa con la Oficina del Coordinador de las Operaciones Humanitarias de la ONU en la capital, cuyo objetivo era gestionar los envíos, supervisar su distribución y hacer estudios de campo.
Las distintas dimisiones de los principales responsables de este órgano reflejan las tiranteces entre el mismo y el Consejo de Seguridad y el Comité de Sanciones, que retenía el 30% de los beneficios de la venta del petróleo iraquí en concepto de reparaciones de guerra.
De los ingresos provenientes de la venta del crudo hay que restar otras partidas como la que estaba destinada a financiar el gigantesco despliegue de la ONU en Irak u otras dedicadas a pagar los numerosos bienes defectuosos o caducados que llegaban al país y que eran imposibles de devolver debido a las trabas burocráticas.
La magnitud de las retenciones dependió de la fase, la partida y el lugar a la que el bien estuviera destinado, pero siempre constituyó un obstáculo que podía retrasar durante años la llegada de unos suministros que podían acabar siendo recibidos en mal estado.
En 1998, según denunció el entonces Coordinador de las Operaciones Humanitarias de la ONU, Hans C. Von Sponeck, hasta el 73% de los artículos solicitados por el Ministerio de Enseñanza Superior de Irak fueron retenidos.
La situación de la población no mejoró. En 1998, una sequía que duró tres años volvió a limitar los alimentos y el agua disponible. Para más inri, a esta situación se sumó la operación Zorro del Desierto, una campaña de ataques aéreos liderada por la administración Clinton que dañó de nuevo numerosas infraestructuras civiles.
La complejidad de los procedimientos administrativos para los contratantes extranjeros, la obstrucción constante por parte de los representantes de Washington y Londres y la corrupción de la administración iraquí lastraron la eficacia de un programa ya de por si insuficiente.
Según el Banco Mundial y la ONU, cualquier persona que dispone de menos de 180 dólares cada seis meses –es decir, un dólar al día– vive "en la más absoluta miseria". Sin embargo, el valor total del suministro humanitario que llegó a Irak durante los seis meses correspondientes a la «fase V» de 1998 –incluyendo alimentos, medicamentos, piezas de recambio o material escolar– ascendió a apenas 53 dólares por persona.
A finales de la década, una estimación de la Oficina del Coordinador Humanitario de la ONU indicó que en Irak había “entre un 60 y un 75%” de desempleo. El empleo que existía, por otra parte, estaba mal pagado y apenas permitía cubrir las necesidades básicas.
El sistema educativo colapsó casi por completo y su recuperación fue lenta e incompleta. El embargo afectaba a las publicaciones científicas y el material electrónico era muy escaso. La desnutrición infantil, la compleja situación económica o habitacional de muchas familias y el escaso presupuesto y material disponible dificultaban enormemente un proceso educativo que tampoco ofrecía salidas laborales.
El Kurdistán iraquí recibió dos partidas especiales que no recibieron las provincias administradas por Bagdad: una destinada a habitabilidad y otra a la remoción de minas.
La primera era necesaria no sólo por los desplazados internos generados por el conflicto civil, sino también porque la escasez de vivienda funcional llevaba siendo un grave problema para la población kurda desde la campaña Al Anfal de 1988, cuando el gobierno de Sadam Hussein no sólo exterminó a decenas de miles de personas, sino que destruyó miles de aldeas peinando regiones enteras de manera meticulosa.
Por otro lado, la remoción de minas era esencial porque la zona kurda había sido un frente de guerra muy activo y los montes Zagros estaban plagados de ellas. Su eliminación era imperativa para que los pastores y los agricultores pudieran ejercer sus oficios de manera segura.
Existió un desequilibrio en el reparto de bienes humanitarios a favor de las zonas kurdas desde el principio de la aplicación del programa “Petróleo por Alimentos”. El gobierno iraquí y distintos cargos de la ONU denunciaron estos hechos asegurando que Estados Unidos y Reino Unido trataban de fragmentar al Estado reforzando a la región secesionista.
Al comienzo de la invasión estadounidense de 2003, el régimen de sanciones seguía vigente. Los organismos de la ONU encargados de supervisar que Irak no desarrollara armas de destrucción masiva habían retenido numerosos envíos del exterior, revisado la distribución de bienes de doble uso y realizado numerosas inspecciones en distintas instituciones del país; todo sin encontrar evidencias de que Bagdad estuviera incumpliendo ningún tratado.
El fin de las sanciones
Los 13 años de sanciones dejaron miles de muertos y millones de afectados. Tanto Hans Von Sponeck como Dennis Halliday, que fueron coordinadores de las Operaciones Humanitarias de la ONU en Irak y que acabaron dimitiendo, coinciden en que la población iraquí fue condenada por el Consejo de Seguridad con el objetivo de provocar un cambio de régimen o, al menos, impedir que el Estado iraquí recuperara las capacidades previas a la guerra de 1991.
Además, como denuncian ambos funcionarios de Naciones Unidas, estas medidas estaban acompañadas de una intensa labor propagandística que acusaba al gobierno baazista de ser corrupto, ineficaz y el único responsable de la miseria en la que vivían los habitantes de su país.
Von Sponeck no niega la corrupción sistémica y las prioridades cuestionables de Sadam Hussein –que, al fin y al cabo, había declarado dos guerras en diez años y había lanzado una campaña militar con objetivos genocidas contra su propia población–.
Lo que sostiene es que determinados organismos impidieron de forma sistemática la entrada de suministros básicos en Irak, boicoteando también la capacidad del país para recuperar parte de su dañada estructura productiva y cubrir, al menos parcialmente, las necesidades de la población.
Fuente: Descifrando la Guerra
