La
larga parálisis administrativa impuesta por los sucesivos gobiernos
de la Región de Murcia impide la aprobación de las normas que deben
regular este parque regional, el espacio natural más emblemático
del litoral murciano
En
el extremo suroccidental de la Región de Murcia, entre los términos
de Lorca y Águilas, se extiende uno de los espacios naturales más
singulares del litoral mediterráneo español: el Parque Regional de
Calnegre y Cabo Cope, declarado como tal en 1992 por la Ley 4/1992 de
Ordenación y Protección del Territorio.
Litoral del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, en la Región de Murcia. AMACOPE.
Dentro
de sus límites se extienden montes, ramblas y calas vírgenes de
alto valor ecológico que se enfrentan a las amenazas que supone una
desprotección ambiental que dura ya 33 años. Es el tiempo que ha
transcurrido desde que el parque aparece en los mapas oficiales sin
que se haya aprobado su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN), el instrumento legal que debe fijar las normas, usos
permitidos y límites a las actividades dentro del espacio
supuestamente protegido.
Sin
ese plan, no hay medidas claras para su conservación ni sanciones
aplicables a las agresiones que sufre. Y, mientras la Administración
autonómica persiste en un silencio que dura más de tres décadas,
la degradación avanza.
30
años de inactividad administrativa
La
urgencia por la “necesidad inmediata de protección”, justificó
que el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope se declarase sin
contar con un PORN previo. Sin embargo, la Ley 4/1992 preveía esa
situación y mandataba a las administraciones competentes —en este
caso, al Gobierno de la Región de Murcia— a la aprobación de
dicho instrumento “en el plazo máximo de un año” desde la
declaración. El ejecutivo murciano estaba entonces en manos del
PSOE, que ese mismo año había aprobado los PORN de otros tres
parques regionales: el de Sierra Espuña, el de las Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar y el de Calblanque.
En
1993, la entonces Agencia Regional para el Medio Ambiente y la
Naturaleza acordó el inicio del procedimiento de elaboración del
PORN de Cabo Cope y Calnegre. Sin embargo, el proceso quedó
paralizado tras la llegada del Partido Popular al Gobierno murciano,
en el que permanece inamovible desde entonces.
La desprotección de Cabo Cope-Calnegre se hace especialmente patente cuando las crecidas de las ramblas depositan en su litoral toneladas de residuos plásticos, principalmente provenientes de la agricultura intensiva.
En
todos estos años, es cierto que hubo intentos por parte de la
Administración regional para cumplir con la legalidad respecto al
parque, pero todos tan intermitentes como ineficaces: en 2012, cuando
una orden de la Consejería de Presidencia creó las Áreas de
Planificación Integrada e incluyó al parque en la “API 004: Costa
Occidental”; y posteriormente, en 2020, cuando la Dirección
General de Medio Natural volvió a iniciar formalmente el expediente
de elaboración del PORN. Incluso se llegó a redactar un documento
previo en 2021. Pero nunca se produjo la aprobación inicial ni su
publicación oficial en el Boletín Regional.
Un
paso que resulta esencial porque, sin esa aprobación inicial, no se
activa el régimen de protección cautelar previsto en la Ley 42/2007
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que impide
transformaciones sustanciales del territorio. Así que, en la
práctica, la inactividad del Gobierno regional (que las
organizaciones ecologistas tildan de premeditada), está sirviendo
para que Cabo Cope y Calnegre se rija por la “ley del salvaje
Oeste”.
Una
exigencia formal tras décadas de silencio
El
pasado 16 de septiembre de 2025, Ecologistas en Acción de la Región
Murciana registró un requerimiento formal ante la Consejería de
Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. En el
mismo, al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, reclama
la “inmediata aprobación inicial” del PORN del Parque Regional
de Cabo Cope-Calnegre, y su tramitación por procedimiento de
urgencia, conforme al artículo 48.5 de la Ley 4/1989.
El
documento —firmado por Ana María García Albertos, presidenta del
colectivo— se apoya en una sólida base jurídica, que incluye la
invocación del artículo 45 de la Constitución Española, al tiempo
que advierte que la ausencia del PORN vulnera el principio de
legalidad y los derechos de participación pública.
Un ejemplar de tortuga mora, símbolo de la riqueza natural de la Región de Murcia, en las inmediaciones de Cabo Cope, en Águilas. AMACOPE.
El
texto subraya que esta inactividad administrativa no solo incumple la
normativa estatal y autonómica, sino que “pone en entredicho el
propio régimen sancionador ambiental”, al no existir un marco
reglamentario aplicable dentro del parque. Y recuerda que la
jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido la posibilidad de
recurrir judicialmente la “inactividad reglamentaria” cuando esta
produce efectos lesivos para el medio ambiente o para derechos de
participación ciudadana.
Así
que, si la Consejería no responde en tres meses, Ecologistas en
Acción estará legitimada para interponer recurso
contencioso-administrativo por inactividad, abriendo así un nuevo
frente judicial en aras de la protección de este espacio.
Las
amenazas de siempre… y las nuevas
El
Parque Regional ha sobrevivido durante décadas a amenazas de gran
envergadura. En los años ochenta y noventa, una central nuclear
proyectada en Cabo Cope estuvo a punto de condenarlo para siempre.
Más
tarde, la presión urbanística se convirtió en el mayor peligro. En
2001, la nueva Ley del Suelo de la Región de Murcia fue aprovechada
para modificar los límites del parque regional y declarar la
Actuación de Interés Regional (AIR) ‘Marina de Cope’, un
controvertido proyecto urbanístico-turístico que pretendía un
desarrollo desaforado —60.000 viviendas, cinco campos de golf, diez
campos de fútbol, veinte hoteles y un puerto interior con 2.000
puntos de amarre— dentro de lo que, hasta entonces, había sido
parque regional.
Los
ayuntamientos de Lorca y Águilas no tardaron en buscar acomodo a la
AIR en sus respectivos planes generales de ordenación, con la única
oposición de Izquierda Unida. Eran los años del boom del
ladrillo.
Mapa del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope. CARM.
Hubo
que esperar hasta 2012 para que el Tribunal Constitucional, en una de
las sentencias más simbólicas relacionadas con el urbanismo
murciano, declarara nula la disposición adicional octava de la Ley
autonómica del Suelo que desprotegía unas 15.000 hectáreas de
espacios naturales, principalmente en Cope-Calnegre y devolviera sus
límites originales al parque. Una larga batalla jurídica y social
que fue posible por la interposición, diez años antes, de un
recurso de inconstitucionalidad por parte de 50 diputados del PSOE,
liderados por la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, que
respaldaron la lucha de Ecologistas en Acción, ANSE, WWF y
Greenpeace.
Un
tiempo que fue aprovechado por empresas y organizaciones agrícolas
para que, con el Gobierno regional de brazos caídos, roturaran
varios cientos de hectáreas, las convirtieran en regadío y se
construyeran infraestructuras como gasolineras, almacenes y viviendas
dentro del parque.
Hoy,
a pesar de la sentencia, las amenazas no han desaparecido. El
deterioro se manifiesta en forma de nuevas roturaciones ilegales,
sobreexplotación agrícola y contaminación difusa. En las zonas
agrícolas colindantes proliferan los invernaderos, el uso intensivo
de plásticos y fitosanitarios, y las captaciones ilegales de agua en
una comarca árida. Cada DANA, la crecida de las ramblas llenan el
litoral del parque de botes, envases de fungicidas y herbicidas de
uso agrícola, tubos de riego por goteo, trozos de gomas y toneladas
de plásticos que contaminan la costa. Nadie responde por ello.
Imagen de satélite de la Marina de Cope, donde se aprecian múltiples roturaciones y construcción de infraestructuras. Instituto Geográfico Nacional.
La
falta de un PORN también impide establecer zonas de exclusión y
amortiguación, lo que deja el parque expuesto a la expansión de
cultivos hasta incluso dentro de sus límites naturales.
A
ello se suma la presión turística creciente. Por un lado, los
planes urbanizadores del Ayuntamiento de Águilas, que promueve la
construcción de un camping en una zona situada a escasos 2.000
metros de importantes áreas de conservación de la biodiversidad;
por otro, la costa virgen de Calnegre es, cada verano, un imán para
visitantes y vehículos todoterreno, sin apenas regulación.
Mención
aparte merece el vandalismo ambiental. El último ejemplo se produjo
el pasado agosto: una nueva quema intencionada de tarayes en la playa
del Charco, espacio integrado en el Parque. El mismo lugar que ha
sido escenario de reiterados incendios en los últimos meses, según
ha denunciado AMACOPE, y que se ceba con la especie Tamarix
canariensis, incluida en el Catálogo Regional de Flora Silvestre
Protegida de la Región de Murcia donde está calificada de “interés
especial”.
Pero
no es el único. En los últimos años, son frecuentes la rotura
intencionada de la señalización informativa, el vuelco de
contenedores o el destrozo con tractores de las líneas de bolardos
de madera que protegen la flora autóctona, incluidas especies
vulnerables, como el azufaifo (Ziziphus lotus), el patagusanos
(Salsola papillosa) o el chumberillo de lobo (Caralluma europea),
cuando no directamente en peligro de extinción, como la gramínea
Enneapogon persicus o la ortiga muerta de roca (Scrophularia arguta).
Así
que, lo que la ley llamó en su día parque regional es, en la
práctica, “un territorio a la deriva”, resumen desde Ecologistas
en Acción. El resultado de la parálisis institucional es la
impunidad ambiental: el espacio protegido más emblemático del
litoral murciano se mantiene sin orden ni protección real.
Una
joya ecológica que languidece
El
valor ambiental del parque es indiscutible. En su territorio
confluyen hábitats esteparios, dunas, acantilados y zonas marinas de
alto interés ecológico. Es refugio de especies amenazadas como la
tortuga mora (Testudo graeca), el águila perdicera, el búho real o
diversas especies de flora endémica litoral.
Cala Blanca, en el término municipal de Lorca, una de las playas vírgenes que forman parte del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope.
Además,
el parque forma parte de la Red Natura 2000, bajo las figuras de
Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA). Paradójicamente, estas designaciones europeas
obligan a la existencia de planes de gestión coherentes. La propia
normativa autonómica —Ley 6/2012 y Orden de 2012 sobre
planificación integrada— establece que, cuando se solapan varias
figuras de protección, la planificación debe integrarse en un único
documento.
Pero
el Gobierno regional, según Ecologistas en Acción, “anuló por la
vía de los hechos” su decisión de incluir el PORN dentro del Plan
de Gestión Integral de la Costa Occidental “sin respaldo jurídico
alguno”.
En
su escrito, Ecologistas en Acción también lanza una advertencia
clara: “No puede haber auténtica gestión de los recursos
naturales sin la previa planificación y ordenación, a través del
instrumento expresamente previsto por la Ley para ello”.
La
falta de ese instrumento —el PORN— priva al parque de un elemento
esencial: la seguridad jurídica. Propietarios, agricultores y
administraciones locales operan en un limbo normativo donde ni los
límites ni los usos están definidos.
El
espejo de un modelo regional
El
caso de Cabo Cope–Calnegre simboliza un patrón recurrente en la
política ambiental murciana: declarar espacios naturales sin
dotarlos de herramientas de gestión ni recursos para su
conservación.
Imagen aérea de la Manga del Mar Menor.
Mientras
otras comunidades autónomas han culminado hace años la
planificación de sus parques regionales, Murcia arrastra décadas de
retrasos e incumplimiento de la ley.
El
contraste es aún más evidente cuando se compara con la atención
mediática y política que ha recibido el Mar Menor, cuya degradación
ecológica ha movilizado reformas legales y plataformas ciudadanas,
mientras Cabo Cope languidece a la espera de una decisión política
que nunca llega y que no admite más demora.
Fuente:
elDiario.es
Por Alicia Negre .jpg)
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