La tormenta perfecta de Ceuta: un mes de crisis para alimentar el odio y la violencia contra los migrantes

 

 Por Laura Prieto Gallego   

      Redactora de Vivienda y Memoria Histórica en Público.

La crisis humanitaria en Ceuta ha desatado un profundo choque político y social marcado por el repunte de los discursos xenófobos, las críticas a la gestión institucional y la preocupación por el deterioro de la convivencia

Mobiliario urbano y enseres arden en Ceuta durante una manifestación para protestar por la situación provocada por la llegada masiva de migrantes. 27.08.2026.

     Entre el 30 y el 31 de julio, 72.000 personas cruzaron la frontera que separa Marruecos de la ciudad autónoma de Ceuta. Lo hicieron a pie o nadando con pequeños flotadores. La incursión se saldó con 145 fallecidos -según datos de Caminando Fronteras-, confirmándose como una de las mayores tragedias migratorias de la ciudad. Otros tantos se encontraron con una ciudad incapaz de darles asistencia. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) arrastraba días de problemas de sobreocupación, así que calles, playas y parques se convirtieron en campamentos improvisados. El 29 de julio, antes incluso de que se produjera la entrada masiva, el presidente de Ceuta ya hablaba de "colapso".

La mayoría eran chicos jóvenes y menores, aunque también cruzaron niñas y familias enteras que se encontraron con la misma problemática. Ante la falta de recursos, en los días siguientes se produjo un gran flujo de retorno, aunque un mes después todavía son miles las personas que siguen durmiendo al raso y que subsisten gracias a la ayuda de vecinos y ONG.

Uno de los mayores asentamientos se concentró en la playa de El Trampolín, donde el pasado jueves un grupo de ceutíes quemó las camas improvisadas y los pocos enseres que tenían los migrantes. El grupo violento se había concentrado en esta zona tras acudir a una manifestación en contra del Gobierno. Minutos antes de este incidente habían tratado de evitar que voluntarios de Cruz Roja repartieran comida en la zona. Este viernes otro grupo se acercó o a la misma zona con consignas como “Invasores, expulsión”, pero no hubo brotes de violencia.

La crispación y la polarización no han hecho más que aumentar en estas cuatro semanas, convirtiendo a esta pequeña ciudad de 84.000 habitantes en una olla a presión. La normalidad está lejos de retomarse, como admitió a finales de semana Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. El Gobierno central no puso en marcha el mando único hasta el martes pasado y todavía no se ha podido trasladar a la Península a los miles de menores que llegaron esos días a Ceuta, entre ellos al menos 500 niñas. Esta semana también se conocía la denuncia de 16 agresiones sexuales en lo que va de mes, algunas con estas menores como víctimas.

En medio de toda esta situación, desde la derecha han aprovechado para atacar al Gobierno y su política migratoria. El Partido Popular se ha negado en todo momento al reparto obligatorio de menores migrantes, una postura compartida también por Vox. Los populares piden reformar la ley de Extranjería para garantizar el rechazo en frontera y plantean como única alternativa la repatriación de todos los migrantes. Ante el aumento de la tensión social y mensajes ambiguos de sus dirigentes, finalmente los populares hicieron un "llamamiento firme a la calma" el viernes, aunque sin dejar de dirigirse a los migrantes como "invasores". "Quien piense que con la violencia ayuda a Ceuta se equivoca. Solo da alas a los que pretenden señalar a los invasores como víctimas cuando las víctimas verdaderas somos los ceutíes", afirmaba el diputado popular Jesús Celaya Brey. 

Una crisis humanitaria lejos de resolverse

En cuestión de horas la entrada masiva de personas en Ceuta se convirtió en una emergencia sanitaria y social aguda, con todos los servicios al límite. Precisamente las posibles instalaciones para albergar a quienes han decidido quedarse o están pendientes de que avancen sus peticiones de asilo fueron motivo de discusión con el Gobierno de la ciudad. Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, se ha negado a facilitar polideportivos y otros emplazamientos elegidos por el Gobierno al contar con baños y duchas, entre otros motivos. "Si intentan usarlos, van a tener que sacarme a mí de ellos", llegó a decir. Este viernes, el mando único aprobó un listado de espacios para la reubicación de los migrantes.

La falta de salubridad de los asentamientos ha provocado también ciertos brotes de gastroenteritis y otras infecciones, aunque desde la comunidad médica descartan que se pueda hablar de epidemia. Si bien, en los días posteriores al 30 de julio los sindicatos denunciaron que tanto el Hospital Universitario como los campamentos a pie de calle se encontraban al límite. Desde el Partido Popular se han utilizado estas noticias para llegar, incluso, a pedir el confinamiento en Ceuta por "enfermedades infectocontagiosas". Algunos militares denunciaron casos de sarna, que ellos mismos achacaban a la falta de higiene de las bases.

Migrantes acampados en las naves del Tarajal.

Entre los migrantes que lograron cruzar la frontera había muchos hombres jóvenes, pero también un número inusualmente alto de menores no acompañados y de familias con niños. El Gobierno asegura que actualmente hay unos 2.000 menores en el sistema de acogida de Ceuta; de ellos, más de 500 son niñas o chicas adolescentes. Este último grupo, el más vulnerable a sufrir violencias, será próximamente trasladado a la Península. El resto también será repartido entre las diferentes comunidades autónomas, otro de los temas de confrontación entre Gobierno y oposición.

"La crisis de Ceuta muestra con especial crudeza cómo ser mujer, niña o adolescente, estar en movilidad y encontrarse sin alojamiento estable multiplica las situaciones de riesgo", subraya en conversación con Público Oussama Chakkor, psicólogo social experto en migraciones en la organización ActionAid España. Una de las caras más amargas de esta crisis es la violencia sexual. Según ha informado la Fiscalía, se han contabilizado 16 agresiones sexuales en el último mes, con 17 víctimas, de las que 16 son mujeres. La mayoría no llegan a la mayoría de edad.

Mujer migrante en Ceuta, reubicada en el campo de fútbol del colegio Reina Sofía.

El psicólogo explica que la situación actual es particularmente grave porque muchas de estas personas se han encontrado con semanas de "incertidumbre, recursos improvisados y situaciones de calle", que han podido documentar ONG como Human Rights Watch. "Cuando falta identificación individual, aumentan las posibilidades de que una niña desaparezca de los mecanismos de protección. Cuando no existen espacios seguros para mujeres, aumenta la exposición a la violencia sexual", añade. Bajo su punto de vista, la respuesta a las menores no ha sido "ni correcta ni suficiente". "La protección llegó tarde y, durante semanas, muchas niñas y adolescentes quedaron expuestas a situaciones que nunca deberían haberse normalizado", concluye.

En la misma línea, Helena Maleno, defensora de los derechos humanos, periodista e investigadora especialista en migraciones y trata de seres humanos, cree que, un mes después, España no ha estado a la altura que la situación requería. "Todavía no se está garantizando el acceso a ayuda humanitaria, no se está pudiendo proteger a todos los niños y a todas las personas demandantes de asilo... Hay un fracaso del sistema y un abandono de las autoridades, y esto está alimentando el malestar y los discursos de odio", lamenta.

Odio y racismo disparados

"Nos estamos encontrando con que no se da una respuesta gubernamental adecuada y sobre todo con que se está propagando el discurso del odio, y ese odio está haciendo mucho daño en Ceuta. Se está atacando a los migrantes y a los musulmanes ceutíes", denuncia a este periódico Abdelah Mustafa, presidente de la asociación de vecinos de la Barriada de la Reina. Junto con sus vecinos se organizó desde el primer día para habilitar el polideportivo como refugio para mujeres y menores. Otros muchos voluntarios y ciudadanos anónimos se han encargado de llevar comida, mantas o hasta abrir las puertas de sus casas a familias y personas necesitadas.

En el lado contrario, según pasan los días ganan más terreno los mensajes de odio y la hostilidad hacia la comunidad árabe y subsahariana. Aunque el suceso más grave se vivió el jueves con la quema de enseres en la playa, la ultraderecha llevaba semanas caldeando el ambiente. El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, llegó a afirmar que había que "cazar uno por uno" a los migrantes que habían entrado irregularmente en Ceuta. Sus palabras provocaron denuncias ante la Fiscalía, pero el diputado no ha dado marcha atrás.

Varias personas intentan bloquear la ayuda humanitaria en la playa de El Espigón.

En tan solo dos días -el 30 y 31 de julio-, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), detectó más de 9.500 mensajes de odio en redes sociales contra la entrada masiva de finales de julio. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este "pico" de mensajes de odio ligado a la crisis migratoria en Ceuta ha impulsado el repunte de publicaciones de odio en redes durante julio, con 57.406 contenidos frente a los 40.800 de junio. El 68% de los contenidos analizados tenían foco en el odio a las personas procedentes del norte de África.

"Cuando se repite diariamente que existe una invasión, una amenaza o una ciudad tomada, se alimenta una sensación de emergencia permanente que puede aumentar la hostilidad hacia los migrantes, las agresiones racistas o la ruptura de la convivencia. En una ciudad como Ceuta las consecuencias pueden ser muy peligrosas", advierte Chakkor. El psicólogo alerta de los riesgos de convertir una crisis de gestión y protección en un conflicto identitario entre cristianos y musulmanes "si no se pone freno a ciertos discursos". En el caso de la violencia sexual, recuerda que "no tiene pasaporte", pero las víctimas sí tienen "rostro, cuerpo, historia y derechos": "Cuando utilizamos una agresión para construir odio contra miles de personas, corremos el riesgo de volver a ejercer una segunda violencia: quitar a la víctima su historia y convertir su dolor en propaganda".

El consultor político y analista Jordi Sarrión también incide en declaraciones a Público en la influencia que puede tener el discurso político en estallidos violentos como el del jueves -aunque no sea el único responsable directo- "al ir radicalizando progresivamente a una parte de la sociedad". Por otro lado, afirma que "cada día hay un ejército digital que se levanta en las redes para sembrar el caos": "Hay cuentas, perfiles y actores que amplifican cada incidente, cada imagen y cada mensaje de confrontación, y contribuyen a generar una sensación de conflicto permanente. No podemos ser ingenuos ante el papel que está jugando este ecosistema digital en la crisis de Ceuta".

Crisis política

La crisis humanitaria en Ceuta ha pasado a ser una crisis política de primera magnitud. Dos días después de la entrada masiva, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que la crisis "estaba resuelta". Este jueves 27 de agosto Bolaños reconocía que no se había recuperado la normalidad y que todavía quedaba un largo camino por delante. En los últimos días han comparecido varios ministros sobre el tema, aunque lo más llamativo ha sido la confrontación de versiones sobre el papel del CNI en la detección de la entrada masiva por parte de Interior y Defensa.

Tanto la oposición como los organismos sociales y los vecinos de Ceuta llevan semanas denunciando "lentitud" a la hora de actuar en la ciudad autónoma. Este martes entró en vigor el real decreto por el que se ha establecido el mando único, una medida que el Gobierno ceutí pidió desde el minuto uno. Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y exsenador del PSOE, considera que el mando único puede optimizar la gestión y acelerar en lo posible la puesta en marcha de soluciones inmediatas. "Evidentemente, hemos perdido varias semanas, preciosas", apostilla. Entre otras cuestiones, el experto no entiende por qué se rechazó la petición unánime de los políticos ceutíes para activar mecanismos extraordinarios previstos o la tardanza de algunos ministros en personarse en la ciudad. "Sumemos el hecho de que no se ha dotado de medios y recursos extraordinarios a los servicios de Policía y administración de justicia que tienen que gestionar los varios miles de expedientes de retorno, los de acogida y los de traslado en el caso de los menores", explica a este medio. 

Todo esto, opina el experto, ha contribuido decisivamente a esa reacción de violencia que estamos viendo, "al haber una presión constante de discursos xenófobos" por parte de la extrema derecha que han sido incorporados "no solo por Vox, sino también en parte por el PP": "Se ha llegado a utilizar un lenguaje casi bélico, y se piden actuaciones que no solo infringen la legalidad vigente, sino que tratan a todos esos grupos que se encuentran en Ceuta no como personas con derechos, sino como grupos peligrosos que hay que expulsar o incluso eliminar".

Por su parte, Sarrión cree que hay que distinguir entre cómo se gestionó el inicio de la crisis y la reacción actual. De acuerdo a su análisis, los esfuerzos iniciales por transmitir tranquilidad podrían haber sido acertados —teniendo en cuenta el revuelo político interno y global— si la crisis se hubiera cerrado rápidamente. "El problema es que el Gobierno se confió, no estaba preparado para que el problema se prolongase durante semanas y afectase a la convivencia en Ceuta", añade. Además, considera que la presencia del Estado en el terreno debería haber sido mucho mayor desde el principio. 

En cuanto a la reacción de la oposición, al igual que De Lucas, lamenta que estemos viendo cómo se cruzan "líneas rojas que no deberíamos normalizar". "Todos los partidos tienen una responsabilidad enorme en este momento. Se puede exigir al Gobierno que recupere el control, que dé soluciones y que proteja a los ceutíes sin convertir a las personas migrantes en el enemigo", concluye.

El papel de Marruecos y las redes sociales

Otra de las cuestiones que se ha reprochado al Ejecutivo es la ausencia de crítica hacia Rabat. "Sembrar sospechas sobre un gobierno de un país vecino con el que hay que cooperar y con el que hay que tener buenas relaciones de vecindad no es un buen camino", decía Bolaños esta semana recetando a la oposición un curso acelerado de diplomacia básica. Lo cierto es que hasta ahora todo apunta a que detrás de la entrada masiva estaban las redes sociales, aunque las imágenes parecen confirmar que la gendarmería marroquí no opuso gran resistencia los días 30 y 31 de julio, como sí hizo ante el intento de entrada fallido del 15 de agosto.

"Creo que lo que está a nuestro alcance no es tanto establecer inequívocamente la responsabilidad directa de Marruecos en la entrada masiva, sino sostener la verosimilitud de la hipótesis de que, sin el conocimiento por parte de Marruecos de lo que se preparaba, sin la omisión de medidas de control en la parte marroquí de la frontera, en esos dos días, es imposible que ocurriera un acontecimiento de esas dimensiones", analiza De Lucas, que sostiene que es "difícil creer" que 8.000 personas se pongan de acuerdo espontáneamente en acudir el mismo día a Ceuta. También apunta al posible interés de potencias extranjeras en erosionar la imagen de España y sembrar desunión en la UE.

En este sentido, tanto el catedrático como el resto de voces consultadas por este medio insisten en la importancia de tener fronteras seguras. "Es evidente que la externalización de fronteras abre la puerta a estas consecuencias. Cuanto más se amurallan los Estados, más muestran su incapacidad de ser soberanos en asuntos que son de rango global y por lo tanto exceden a la competencia de un solo Estado; incluso de una asociación de Estados como la UE", concluye.

Esta estrategia de política migratoria, además, ha resultado ineficaz para frenar las llegadas irregulares y eventos tan trágicos como el vivido este julio. Las entradas irregulares a través de Ceuta se han multiplicado por cinco, de acuerdo con los datos que periódicamente publica el Ministerio del Interior: han pasado de 753 en 2021 a 3.323 en 2025. En lo que llevamos de 2026 (hasta julio y sin contar la entrada masiva de los días 30 y 31) han sido ya 4.182 personas las que han logrado sortear las concertinas.

Hay desaparecidos y fallecidos sin identificar

Los últimos de los que nadie habla en esta crisis son los fallecidos. Caminando Fronteras cifra en 145 las víctimas mortales de esta crisis migratoria, aunque, según señala a Público Helena Maleno, aún hay un número importante de personas que continúan desaparecidas y que podrían estar o no entre los cadáveres recuperados.

Entierro de varios migrantes en el cementerio musulmán de Ceuta.

El pasado jueves, mientras se producían los disturbios en las playas de Ceuta, en el cementerio de la mezquita de Sidi Embarek se daba sepultura a los últimos once cuerpos que quedaban por enterrar. Solo nueve de los fallecidos rescatados por España han podido ser identificados; el resto descansan en bolsas blancas con un número identificativo. Maleno pide más ayuda para que las familias, especialmente las de terceros países, puedan recuperar los restos mortales, "para lo que sería fundamental la colaboración de los consulados".

Fuente: Público

La bandera pirata de ‘One Piece’ se convierte en icono de las protestas globales de la Generación Z

 

 Por Jose Durán Rodríguez   

      Periodista de El Salto que coordina la sección de culturas.

Las recientes movilizaciones de protesta en lugares tan alejados entre sí como Nepal, Perú o Marruecos han supuesto terremotos políticos y cambios en los gobiernos. En todas se ha visto una curiosa bandera pirata con un sombrero de paja

     La llama del descontento prendió en Nepal a principios de septiembre, cuando multitudinarias protestas protagonizadas principalmente por menores de 30 años obligaron a dimitir al primer ministro, Khadga Prasad Oli, y dejaron imágenes tan impactantes como las de varios edificios gubernamentales devorados por el fuego. La represión de las manifestaciones causó varias decenas de muertos. Las movilizaciones comenzaron por una decisión poco afortunada por parte del Gobierno nepalí, que cerró hasta 26 redes sociales bajo el pretexto de que las plataformas no estaban correctamente registradas. Pero de fondo había otras razones para la indignación con la que la llamada Generación Z —personas nacidas entre 1995 y 2010, año arriba, año abajo— se levantó: la corrupción gubernamental, una sociedad profundamente empobrecida y desigual, una tasa de desempleo juvenil cercana al 20%.

Protesta contra el gobierno nepalí en Chitwan, 8 de septiembre de 2025.

Un mes después, otra mandataria fue cesada de su cargo tras ver cómo su popularidad se desplomaba y el malestar por su gestión tomaba las calles. El 10 de octubre, Dina Boluarte dejó de ser la presidenta de Perú, después de varias semanas en las que las huelgas de trabajadores de transportes y las masivas manifestaciones juveniles contra la reforma de la ley de fondo de pensiones hicieron imposible su continuidad.

Un manifestante en las protestas en Perú en octubre de 2025 lleva a la espalda la bandera pirata de 

‘One Piece’.

En Marruecos, en medio de una fuerte crítica generalizada a la construcción de estadios para el Mundial de Fútbol 2030 y la Copa África 2026, la chispa se ubica en la muerte de ocho mujeres embarazadas en el hospital Hassan II de Agadir. El movimiento juvenil GenZ212 surgió allí el 27 de septiembre desde una aplicación de juegos y chat. La respuesta del Estado marroquí fue la mano dura contra las manifestaciones.

Manifestaciones de GenZ212 en Rabat.

Son tres países con realidades sociales y estructuras de poder muy diferentes, pero en todos estos movimientos de protesta contra las decisiones de sus gobiernos han participado menores de 30 años, organizados mediante plataformas digitales como Discord. Y han mostrado una bandera convertida ya en icono de la revuelta: la de la tripulación del Sombrero de Paja, del manga y anime One Piece.

“Creo que no es algo puntual y va a seguir creciendo exponencialmente”, vaticina Andrés González, editor de la web especializada en manga y anime Ramen para Dos, a quien no ha sorprendido el uso de esta bandera en las movilizaciones recientes, pero sí le ha alegrado como fan de la serie desde la infancia. González recuerda que ya hace años, antes del 7 de octubre de 2023, se veían en protestas a favor de Palestina en todo el mundo algunas banderas pirata como esta, si bien de forma más tímida, portadas por “gente afín a la serie que creía oportuno, con razón, llevarlas a la manifestación”. Por ello apunta que lo que se ha vivido es un “efecto dominó que ‘empieza’ en Nepal, se viraliza, a la gente le gusta la idea y acaba en todo el mundo”. De hecho, a él no le extrañaría ver estas banderas próximamente “en Argentina o Estados Unidos, sin ir más lejos”.

One Piece, creado por Eiichiro Oda, es uno de los manga más vendidos e importantes de la historia junto a Akira, de Katsuhiro Ōtomo, y Dragon Ball, de Akira Toriyama. Su publicación en Japón en las páginas del semanal Shonen Jump, la misma revista que vio crecer a Son Goku, comenzó en julio de 1997 y aún no ha acabado. Se trata de una serie de aventuras y fantasía, con personajes humanos y animales que disfrutan de poderes sobrenaturales y capacidades especiales, en algunos casos por nacimiento y en otros adquiridas por comer las frutas del diablo, pero como toda la ficción tiene un trasfondo y se puede entresacar un significado más allá del literal. Ha alcanzado cifras de venta extraordinarias, con más de 500 millones de ejemplares en distribución, hay una versión anime, otra con actores estrenada en Netflix en 2023 y los ingresos por la comercialización de productos relacionados con la serie se expresan con números mareantes. Incluso tiene su propio día de celebración en Tokio. Y ahora se ha convertido en un símbolo global de la protesta contra el orden establecido encabezada por quienes nacieron al mismo tiempo que el manga. “Pese a lo que muchos iluminados que no han sabido comprender la obra de Eiichiro Oda puedan decir en redes sociales, One Piece es una serie con un claro y fuerte mensaje político”, resume González. 

El periodista cultural Julio Plaza Torres, lector de One Piece desde hace un cuarto de siglo, explica que en la serie se habla de racismo, de bullying a quien es diferente, de la corrupción de los distintos poderes y de luchar contra el sistema establecido para encontrar la verdadera libertad. También precisa que, aunque no se menciona la discriminación del colectivo LGTBI, sí hay multitud de personajes, desde bien temprano, que forman parte del colectivo: chicos gays, drag queens, personajes no binarios o trans. Plaza Torres recuerda que One Piece empezó como una sencilla aventura de piratas que rápidamente comenzó a evolucionar. Por eso se pueden encontrar alegatos contra el racismo —“pero en lugar de hablar de las personas negras, hablan de lo marginados que están la raza de los tritones y sirenas”—, la esclavitud o los privilegios de las clases altas. También se muestra la corrupción del Gobierno Mundial y de una gran parte de la Marina, “que se podría decir que es como la Policía del mundo de One Piece”.

La bandera que se ha visto en todas las manifestaciones de los últimos meses es la clásica calavera pirata con un par de tibias, con el añadido de un sombrero de paja, y fue dibujada originalmente por el protagonista de One Piece, Monkey D. Luffy. González señala que, aunque es un significante sin un significado concreto, en la serie se han mostrado diferentes ejemplos de lo que quiere decir la jolly roger, “un sinónimo de vivir libremente sin ataduras, pero no necesariamente de caos y descontrol, sino de camaradería, ayuda, amistad y justicia”.

Para Plaza Torres, la bandera representa a la banda pirata de Luffy, quien es “un poco tonto e inconsciente, pero se convierte en una persona decidida cuando se trata de defender a los suyos o de acabar con las injusticias. Por ello, si tiene que derrotar a un rey tirano, a un pirata que está haciendo la vida imposible a un amigo suyo, o al Gobierno Mundial, no le tiembla el pulso”. Él también destaca lo que considera el eje de la serie, el sueño de Luffy. “Quiere ser el Rey de los Piratas, pero no es un monarca como tal, sino que se llama así a quien encuentra el tesoro One Piece y se convierte en la persona más libre del mundo. Eso es lo que ansía Luffy y lo que valora de vivir en un barco navegando por el mar, la libertad”.

El poder simbólico de las banderas

Las banderas tienen una notable presencia en One Piece, según desarrolla el responsable de Ramen para Dos. “Tomando inspiración de los piratas reales, las banderas implican dos cosas: es tanto lo que define de forma tangible a un grupo de personas u organización, en este caso pirata, como un claro ejemplo de guerra psicológica. Cuando un navío de una organización gubernamental de cualquier país ve cierta bandera de tela a lo alto de un mástil sabe perfectamente a quién se están enfrentando y si temerles o no”. González, además, subraya que, a pesar de que Luffy no quiere ser un héroe por definición, no le queda otra que “portar una bandera de libertad que une a millones de personas, tanto en el manga como en la vida real, ante un objetivo común: liberarse de las ataduras de un régimen dictatorial y vivir como cada uno quiera”. 

Plaza Torres, por su parte, valora que la simbología de las banderas es “altamente importante” en One Piece ya que juega mucho con “el sentido peyorativo que tiene la calavera con los huesos cruzados detrás y le da la vuelta para demostrar que no es algo malo”. Él destaca cómo muchas de las islas que Luffy salva terminan colocando bien visible la bandera del sombrero de paja, “como un símbolo de que ese territorio fue salvado por esa banda de piratas”. También pone como ejemplo de la relevancia de los estandartes uno de los arcos de la serie en el que el Gobierno Mundial secuestra y pretende matar a Nico Robin, una arqueóloga de la banda de Luffy tachada de peligrosa porque puede desentrañar los mayores secretos que el Gobierno tiene escondidos. “Por supuesto, los protagonistas no lo permiten y, al ir a salvarla, queman la bandera del Gobierno Mundial como declaración de guerra”, recuerda este especialista.

Cubierta de un tomo del manga ‘One Piece’ de la edición española.

Esa bandera gubernamental representa “la opresión y la corrupción, el tráfico de personas, impuestos abusivos, gobernadores militares o gobernantes títeres que mantienen el poder con la Marina”, explica Oriol Erausquin, comunicador y activista que acaba de publicar el ensayo La rabia es nuestra (Siglo XXI, 2025). Frente a esa enseña opone la del sombrero de paja, que puede identificarse con una lucha contra la injusticia y por la libertad que trasciende fronteras. Por eso entiende que se haya utilizado en las protestas de los últimos meses, tan distanciadas geográficamente: “Al venir de una obra de ficción esos ideales no responden a un contexto nacional concreto, son más abstractos y por eso resultan fáciles de apropiación en distintos países”.

Erausquin, divulgador conocido en redes sociales como Infusión Ideológica y participante en el colectivo de creación de contenidos antifascistas Pantube, aporta más motivos que ayudan a entender la elección de ese símbolo por parte de jóvenes que residen a miles de kilómetros de distancia. Uno de ellos es que se trata de una generación que vive en internet y conoce la potencia semiótica del meme; otro, que las ideas las ideas de libertad y contra la tiranía “conectan transversalmente”; y uno más alude al éxito global del anime, exportado con profusión: “Generaciones enteras crecieron con esta obra, forma parte de su identidad y son fáciles de reconocer y usar como emblemas comunes”.

La universalidad y abstracción de la bandera pirata de One Piece son dos factores que pueden hacer, según Erausquin, que se utilice por manifestantes de ideologías enfrentadas, como ha sucedido con la máscara de Guy Fawkes del cómic V de Vendetta. Él opina que hay gente de derechas, de tendencias neoliberales o anarcocapitalistas, que puede leer “el libertarismo de Luffy como una fantasía individualista y usarlo para enmarcar su propia lucha contra el Estado. No me parece que sea intrínsecamente un símbolo de derechas, pero su apertura semántica permite apropiaciones diversas”. Erausquin concluye que, como todo producto cultural, tiene “un gran potencial de ser instrumentalizado por cualquier causa para legitimarse y normalizarse”.

Esa posibilidad de reinterpretación provocaría un importante malestar a Andrés González, según afirma: “Me da terror ver la bandera de Luffy usada en protestas y por personas que no comulguen realmente con la obra original. Me resultaría especialmente irónico ver a un joven de las Nuevas Generaciones del Partido Popular en el homenaje a Charlie Kirk usar la bandera pirata de los Sombrero de Paja para oponerse al ‘régimen woke y asesino de los antifascistas de occidente’ y de Pedro Sánchez”.

Julio Plaza Torres cree que si gente con la ideología opuesta se adueña de la bandera de Luffy “lo que demostrarán es su ignorancia, como suele pasar en casos de este tipo porque, o no han visto One Piece y desconocen lo que significa, o bien lo han visto pero no han entendido nada. Y esto segundo no me extrañaría”. Él entrevistó en una ocasión al creador del manga y cree que es posible que Oda sienta un “cierto orgullo” al ver que la bandera del sombrero de paja se ha lucido en estas protestas porque intuye que el autor “ha aprendido a descubrir ciertas realidades que hay en el mundo y a ver más allá de algunos valores retrógrados de la sociedad japonesa y todo ello lo ha ido introduciendo en su obra”.

Fuente: El Salto

Calnegre y Cabo Cope, una joya natural que espera protección desde hace más de 30 años

 

 Por Gloria Piñero   

      Periodista en elDiarioRegióndeMurcia.es y guionista.

La larga parálisis administrativa impuesta por los sucesivos gobiernos de la Región de Murcia impide la aprobación de las normas que deben regular este parque regional, el espacio natural más emblemático del litoral murciano

      En el extremo suroccidental de la Región de Murcia, entre los términos de Lorca y Águilas, se extiende uno de los espacios naturales más singulares del litoral mediterráneo español: el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, declarado como tal en 1992 por la Ley 4/1992 de Ordenación y Protección del Territorio.

Litoral del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, en la Región de Murcia. AMACOPE.

Dentro de sus límites se extienden montes, ramblas y calas vírgenes de alto valor ecológico que se enfrentan a las amenazas que supone una desprotección ambiental que dura ya 33 años. Es el tiempo que ha transcurrido desde que el parque aparece en los mapas oficiales sin que se haya aprobado su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), el instrumento legal que debe fijar las normas, usos permitidos y límites a las actividades dentro del espacio supuestamente protegido.

Sin ese plan, no hay medidas claras para su conservación ni sanciones aplicables a las agresiones que sufre. Y, mientras la Administración autonómica persiste en un silencio que dura más de tres décadas, la degradación avanza.

30 años de inactividad administrativa

La urgencia por la “necesidad inmediata de protección”, justificó que el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope se declarase sin contar con un PORN previo. Sin embargo, la Ley 4/1992 preveía esa situación y mandataba a las administraciones competentes —en este caso, al Gobierno de la Región de Murcia— a la aprobación de dicho instrumento “en el plazo máximo de un año” desde la declaración. El ejecutivo murciano estaba entonces en manos del PSOE, que ese mismo año había aprobado los PORN de otros tres parques regionales: el de Sierra Espuña, el de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y el de Calblanque.

En 1993, la entonces Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza acordó el inicio del procedimiento de elaboración del PORN de Cabo Cope y Calnegre. Sin embargo, el proceso quedó paralizado tras la llegada del Partido Popular al Gobierno murciano, en el que permanece inamovible desde entonces.

La desprotección de Cabo Cope-Calnegre se hace especialmente patente cuando las crecidas de las ramblas depositan en su litoral toneladas de residuos plásticos, principalmente provenientes de la agricultura intensiva.

En todos estos años, es cierto que hubo intentos por parte de la Administración regional para cumplir con la legalidad respecto al parque, pero todos tan intermitentes como ineficaces: en 2012, cuando una orden de la Consejería de Presidencia creó las Áreas de Planificación Integrada e incluyó al parque en la “API 004: Costa Occidental”; y posteriormente, en 2020, cuando la Dirección General de Medio Natural volvió a iniciar formalmente el expediente de elaboración del PORN. Incluso se llegó a redactar un documento previo en 2021. Pero nunca se produjo la aprobación inicial ni su publicación oficial en el Boletín Regional.

Un paso que resulta esencial porque, sin esa aprobación inicial, no se activa el régimen de protección cautelar previsto en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que impide transformaciones sustanciales del territorio. Así que, en la práctica, la inactividad del Gobierno regional (que las organizaciones ecologistas tildan de premeditada), está sirviendo para que Cabo Cope y Calnegre se rija por la “ley del salvaje Oeste”.

Una exigencia formal tras décadas de silencio

El pasado 16 de septiembre de 2025, Ecologistas en Acción de la Región Murciana registró un requerimiento formal ante la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. En el mismo, al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, reclama la “inmediata aprobación inicial” del PORN del Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre, y su tramitación por procedimiento de urgencia, conforme al artículo 48.5 de la Ley 4/1989.

El documento —firmado por Ana María García Albertos, presidenta del colectivo— se apoya en una sólida base jurídica, que incluye la invocación del artículo 45 de la Constitución Española, al tiempo que advierte que la ausencia del PORN vulnera el principio de legalidad y los derechos de participación pública.

Un ejemplar de tortuga mora, símbolo de la riqueza natural de la Región de Murcia, en las inmediaciones de Cabo Cope, en Águilas. AMACOPE.

El texto subraya que esta inactividad administrativa no solo incumple la normativa estatal y autonómica, sino que “pone en entredicho el propio régimen sancionador ambiental”, al no existir un marco reglamentario aplicable dentro del parque. Y recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido la posibilidad de recurrir judicialmente la “inactividad reglamentaria” cuando esta produce efectos lesivos para el medio ambiente o para derechos de participación ciudadana.

Así que, si la Consejería no responde en tres meses, Ecologistas en Acción estará legitimada para interponer recurso contencioso-administrativo por inactividad, abriendo así un nuevo frente judicial en aras de la protección de este espacio.

Las amenazas de siempre… y las nuevas

El Parque Regional ha sobrevivido durante décadas a amenazas de gran envergadura. En los años ochenta y noventa, una central nuclear proyectada en Cabo Cope estuvo a punto de condenarlo para siempre.

Más tarde, la presión urbanística se convirtió en el mayor peligro. En 2001, la nueva Ley del Suelo de la Región de Murcia fue aprovechada para modificar los límites del parque regional y declarar la Actuación de Interés Regional (AIR) ‘Marina de Cope’, un controvertido proyecto urbanístico-turístico que pretendía un desarrollo desaforado —60.000 viviendas, cinco campos de golf, diez campos de fútbol, veinte hoteles y un puerto interior con 2.000 puntos de amarre— dentro de lo que, hasta entonces, había sido parque regional.

Los ayuntamientos de Lorca y Águilas no tardaron en buscar acomodo a la AIR en sus respectivos planes generales de ordenación, con la única oposición de Izquierda Unida. Eran los años del boom del ladrillo.

Mapa del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope. CARM.

Hubo que esperar hasta 2012 para que el Tribunal Constitucional, en una de las sentencias más simbólicas relacionadas con el urbanismo murciano, declarara nula la disposición adicional octava de la Ley autonómica del Suelo que desprotegía unas 15.000 hectáreas de espacios naturales, principalmente en Cope-Calnegre y devolviera sus límites originales al parque. Una larga batalla jurídica y social que fue posible por la interposición, diez años antes, de un recurso de inconstitucionalidad por parte de 50 diputados del PSOE, liderados por la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, que respaldaron la lucha de Ecologistas en Acción, ANSE, WWF y Greenpeace.

Un tiempo que fue aprovechado por empresas y organizaciones agrícolas para que, con el Gobierno regional de brazos caídos, roturaran varios cientos de hectáreas, las convirtieran en regadío y se construyeran infraestructuras como gasolineras, almacenes y viviendas dentro del parque.

Hoy, a pesar de la sentencia, las amenazas no han desaparecido. El deterioro se manifiesta en forma de nuevas roturaciones ilegales, sobreexplotación agrícola y contaminación difusa. En las zonas agrícolas colindantes proliferan los invernaderos, el uso intensivo de plásticos y fitosanitarios, y las captaciones ilegales de agua en una comarca árida. Cada DANA, la crecida de las ramblas llenan el litoral del parque de botes, envases de fungicidas y herbicidas de uso agrícola, tubos de riego por goteo, trozos de gomas y toneladas de plásticos que contaminan la costa. Nadie responde por ello.

Imagen de satélite de la Marina de Cope, donde se aprecian múltiples roturaciones y construcción de infraestructuras. Instituto Geográfico Nacional.

La falta de un PORN también impide establecer zonas de exclusión y amortiguación, lo que deja el parque expuesto a la expansión de cultivos hasta incluso dentro de sus límites naturales.

A ello se suma la presión turística creciente. Por un lado, los planes urbanizadores del Ayuntamiento de Águilas, que promueve la construcción de un camping en una zona situada a escasos 2.000 metros de importantes áreas de conservación de la biodiversidad; por otro, la costa virgen de Calnegre es, cada verano, un imán para visitantes y vehículos todoterreno, sin apenas regulación.

Mención aparte merece el vandalismo ambiental. El último ejemplo se produjo el pasado agosto: una nueva quema intencionada de tarayes en la playa del Charco, espacio integrado en el Parque. El mismo lugar que ha sido escenario de reiterados incendios en los últimos meses, según ha denunciado AMACOPE, y que se ceba con la especie Tamarix canariensis, incluida en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia donde está calificada de “interés especial”.

Pero no es el único. En los últimos años, son frecuentes la rotura intencionada de la señalización informativa, el vuelco de contenedores o el destrozo con tractores de las líneas de bolardos de madera que protegen la flora autóctona, incluidas especies vulnerables, como el azufaifo (Ziziphus lotus), el patagusanos (Salsola papillosa) o el chumberillo de lobo (Caralluma europea), cuando no directamente en peligro de extinción, como la gramínea Enneapogon persicus o la ortiga muerta de roca (Scrophularia arguta).

Así que, lo que la ley llamó en su día parque regional es, en la práctica, “un territorio a la deriva”, resumen desde Ecologistas en Acción. El resultado de la parálisis institucional es la impunidad ambiental: el espacio protegido más emblemático del litoral murciano se mantiene sin orden ni protección real.

Una joya ecológica que languidece

El valor ambiental del parque es indiscutible. En su territorio confluyen hábitats esteparios, dunas, acantilados y zonas marinas de alto interés ecológico. Es refugio de especies amenazadas como la tortuga mora (Testudo graeca), el águila perdicera, el búho real o diversas especies de flora endémica litoral.

Cala Blanca, en el término municipal de Lorca, una de las playas vírgenes que forman parte del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope.

Además, el parque forma parte de la Red Natura 2000, bajo las figuras de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Paradójicamente, estas designaciones europeas obligan a la existencia de planes de gestión coherentes. La propia normativa autonómica —Ley 6/2012 y Orden de 2012 sobre planificación integrada— establece que, cuando se solapan varias figuras de protección, la planificación debe integrarse en un único documento.

Pero el Gobierno regional, según Ecologistas en Acción, “anuló por la vía de los hechos” su decisión de incluir el PORN dentro del Plan de Gestión Integral de la Costa Occidental “sin respaldo jurídico alguno”.

En su escrito, Ecologistas en Acción también lanza una advertencia clara: “No puede haber auténtica gestión de los recursos naturales sin la previa planificación y ordenación, a través del instrumento expresamente previsto por la Ley para ello”.

La falta de ese instrumento —el PORN— priva al parque de un elemento esencial: la seguridad jurídica. Propietarios, agricultores y administraciones locales operan en un limbo normativo donde ni los límites ni los usos están definidos.

El espejo de un modelo regional

El caso de Cabo Cope–Calnegre simboliza un patrón recurrente en la política ambiental murciana: declarar espacios naturales sin dotarlos de herramientas de gestión ni recursos para su conservación.

Imagen aérea de la Manga del Mar Menor.

Mientras otras comunidades autónomas han culminado hace años la planificación de sus parques regionales, Murcia arrastra décadas de retrasos e incumplimiento de la ley.

El contraste es aún más evidente cuando se compara con la atención mediática y política que ha recibido el Mar Menor, cuya degradación ecológica ha movilizado reformas legales y plataformas ciudadanas, mientras Cabo Cope languidece a la espera de una decisión política que nunca llega y que no admite más demora.

Fuente: elDiario.es