¿Son Meta y Mark Zuckerberg legalmente responsables por la muerte de más de 145 personas en Ceuta?

 

 Por Aitor Jiménez   

      Escribe, investiga y enseña sobre derecho, capitalismo, punitivismo y tecnología en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y el Instituto Internacional de Sociología Jurídica.

Meta y Marck Zuckerberg podrían ser responsables legales por el masivo cruce irregular de la frontera española y la muerte de 145 personas, pudiendo responder con hasta un 6% de la facturación mundial anual de Meta, o penas de hasta ocho años de prisión para el CEO

Cementerio musulmán cercano a la mezquita Sidi Embarek.

     El 31 de julio, alrededor de 75.000 personas cruzaron de manera irregular la frontera de Ceuta. El enclave español en el norte de África, de poco más de 89.000 habitantes y apenas 19,87 kilómetros cuadrados, se vio inmediatamente desbordado social, asistencial y políticamente. De manera aún más grave, más de 140 personas fallecieron tratando de cruzar la frontera a nado. Más allá de las iniciales y diferentes versiones ministeriales e institucionales, de las interpretaciones políticas, o de cuándo y cómo fueron alertados los servicios policiales, militares y de inteligencia del Estado español, hay hechos fundamentales que comienzan a clarificarse.

Carretera en la playa de La Almadraba cercana a El Tarajal y la frontera.

Lo primero y fundamental es la confirmación de que el cruce masivo no fue un hecho espontáneo. Tampoco fue operado (exclusivamente) por mafias locales: contó con la complicidad, por acción e inacción, de las fuerzas de seguridad marroquíes. Y, lo que es más importante, fue organizado, viralizado y gestionado fundamentalmente a través de redes sociales vinculadas al grupo Meta, especialmente Instagram, WhatsApp y Facebook. En estas redes se viralizó la idea de la facilidad del cruce, la tolerancia de las autoridades españolas y de una laguna legal que permitiría la entrada y permanencia en territorio europeo a aquellos que cruzaran a nado.

La pregunta que resuena desde multitud de ángulos es clara: ¿quiénes son los responsables de las muertes y de los altísimos costos sociales, humanos y políticos de esta crisis migratoria? El Gobierno español ya habla de un ataque híbrido con fines de desestabilización, mientras que, a nivel europeo, periodistas, activistas y especialistas como Petra Molnar y Liz Carolan ya lo identifican como un ataque basado en la desinformación.

El 30 de agosto de 2026, en Ceuta (España), se produjo una gran concentración de barcos y motocicletas en apoyo a los habitantes de la ciudad.

Si bien parece poco probable que, a corto o incluso medio plazo, pueda determinarse quiénes son los responsables últimos que promovieron este ataque, existen evidencias claras que señalan al medio necesario para que el masivo cruce irregular y la subsiguiente tragedia humanitaria tuvieran lugar: las plataformas digitales de Meta.

Esto no son meras suposiciones: son datos. El 11 de agosto se revelaba que la Comisión Europea había abierto un canal directo con Meta y TikTok para tratar de contener la crisis (evidencia, por otro lado, de la asimetría de poder de países pequeños y medianos y gigantes digitales).

Soldados españoles se preparan para escoltar a migrantes de regreso a Marruecos, en Ceuta, España, el 2 de agosto de 2026.

Progresivamente tuvieron lugar tanto filtraciones como desclasificación gubernamental de las investigaciones policiales, confirmando el conocimiento de los servicios policiales y de inteligencia de una campaña de desinformación promovida a través de las redes de Meta con la finalidad de provocar una avalancha migratoria.

En otras palabras, tanto el Estado español como la Unión Europea cuentan con algo más que indicios para situar a Meta en el centro de la crisis política y humanitaria. Y no únicamente como interlocutor, sino como potencial responsable administrativo y, posiblemente, también penal, civil y político.

La Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés) es el marco regulatorio europeo para el gobierno de las plataformas digitales. Define e identifica a las plataformas en línea y los motores de búsqueda de muy gran tamaño como las que cuentan con más de 45 millones de usuarios.

La ley los reconoce como un agente social de gran relevancia y potencial impacto, imponiéndoles un régimen de deberes. Por ejemplo, en los artículos 34 y 35 de la DSA se describe que las corporaciones están legalmente obligadas a realizar evaluaciones de riesgo obligatorias y a aplicar medidas de mitigación frente a los llamados “riesgos sistémicos”, incluyendo la difusión de contenidos ilícitos, la manipulación del servicio y las amenazas al orden y la seguridad pública.

La DSA marca las consecuencias del incumplimiento. Por ejemplo, el artículo 52 de la DSA permite imponer sanciones administrativas de hasta el 6 % de su facturación global anual. La DSA deja amplios márgenes para que las corporaciones eludan su responsabilidad. No obstante, es potencialmente útil para lidiar con los casos más flagrantes de diseminación de contenidos peligrosos, ya sean información, productos como en los recientes casos de Temu o AliExpress, sancionados con 200 y 550 millones de euros por la Comisión Europea, respectivamente.

La DSA no es una legislación radical, es el resultado de duras pugnas, litigios y desarrollos políticos fuertemente disputados por el lobby internacional corporativo, que ha venido descafeinando cada intento regulatorio en la UE y en Estados Unidos, persiguiendo blindar la irresponsabilidad corporativa. Pero incluso en un momento político más proclive al nacionalismo tecnológico y al capitalismo de Estado, administraciones como la europea, la china o la estadounidense buscan poner límites a determinadas formas de abuso corporativo que ponen en peligro el tejido social. Por ejemplo, Meta se ha comprometido a pagar 18 billones de dólares a diversos territorios de los Estados Unidos tras una denuncia colectiva donde se acusaba a las plataformas no solo de violar la normativa sobre privacidad o menores, sino de diseñar plataformas dañinas, psicológica y socialmente, para estos.

Por estas razones, los gigantes digitales han desarrollado poderosos mecanismos para vigilar y controlar las redes. Herramientas que han utilizado de manera indiscriminada, por ejemplo, para penalizar la resistencia y movilizaciones en solidaridad con las víctimas del genocidio sionista de Israel en Palestina, o con las Hirak al-Rif (Revuelta del Rif) en Marruecos.

Una nueva investigación revela la supresión sistemática de contenido digital palestino en diversas plataformas de metadatos.

Parece poco creíble concebir que Meta no tuviera constancia del contenido vertido en sus redes en grupos de cientos de miles de usuarios, organizados y estructurados en idiomas familiares para esta compañía. Según la normativa europea, el Estado español y la Comisión Europea tienen canales directos de comunicación para movilizar esta maquinaria administrativa de vistoso músculo punitivo-económico.

Si el Estado español quisiera activar la vía penal, buscando, por ejemplo, discernir la responsabilidad de su CEO, Mark Zuckerberg, podría hacerlo a través del artículo 318 bis del Código Penal, relativo al tráfico ilegal de personas y a la facilitación de la inmigración clandestina. El Estado español no ha tenido escrúpulos en usarlo contra activistas y migrantes, acusándolos de componer mafias. Quizás, en esta ocasión, pudiera movilizarlo para poder abrir una vía de castigo y restitución a una corporación poderosa señalada directamente por las propias fuerzas y cuerpos de seguridad españolas.

No sería un camino fácil. La puesta en marcha de herramientas penales para perseguir a una corporación global con sede central y CEO en otra jurisdicción, incluso, por las consecuencias asesinas de sus plataformas sería un proceso complejo. Los marcos regulatorios nacionales e internacionales están diseñados para escudar los actos corporativos, a los ejecutivos responsables, y al accionariado que se lucra bajo un escudo de irresponsabilidad.

La empresa criminal. Por qué las corporaciones deben ser abolidas.

El derecho opera como código del capital, facilitando la circulación de bienes, y la explotación de la naturaleza y de la fuerza de trabajo. Incluso cuando las corporaciones perpetran o incitan a crímenes brutales que afectan a millones de personas, sus actos son reconducidos por la vía administrativa, en este caso la Ley de Servicios Digitales. Pero siempre hay margen para la actuación. Después de todo, el tribunal de excepción español de referencia y uno de los custodios fundamentales del “Estado Feroz”, la Audiencia Nacional tendría capacidad, recursos y lo que es más importante competencia, para iniciar tal singladura.

Quizás no lleguemos a saber nunca quiénes diseñaron el plan de desestabilización y deshumanización masiva de Ceuta que resultó en la tragedia sin fin que conocemos. Pero al menos contamos con las herramientas necesarias para señalar, identificar y potencialmente sancionar a esos poderosos cómplices de la muerte de 145 personas y del sufrimiento de decenas de miles, incluyendo las que siguen acampadas  en condiciones precarias y las que han visto su cotidianidad sacudida. 

Es evidente que el derecho y la arquitectura jurídica de las democracias liberales no están hechas para cambios profundos, ni siquiera para establecer la justicia social que muchas entendemos como compás necesario. Tampoco creo que la respuesta penal ni la cárcel sean la solución a problemas estructurales de alcance global. No cabe duda de que el escenario de fondo son las múltiples y complejas capas de imperialismo, colonialismo, régimen de fronteras y dependencia tecnológica, encarnados todos ellos en la tecnologizada e hipervigilada frontera sur. Solo una transformación profunda podrá darles respuesta. Pero, como he argumentado en otros lugares, dar pequeños pasos, como considerar como criminales (y no administrativas) las prácticas rutinarias de corporaciones capitalistas, y hacerlas cuanto menos responsables de sus actos brutales, puede acercarnos, si no a un cambio profundo, sí al menos a un giro del guión.

Los crímenes del capitalismo digital. Delitos corporativos en una era de explotación.

Para empezar, esta narrativa podría servir para dejar de acusar, perseguir y criminalizar la pobreza y comenzar a  señalar a los poderosos responsables que la orquestan. Y quién sabe, quizás esa sanción del 6% pueda servir sino para paliar el dolor, al menos para señalar que la impunidad de los oligarcas tecnológicos no es total.

Fuente: El Salto

Hasta que pasó de todo

 

 Por Antonio Turiel   

      Físico, matemático y experto en energía. Trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC.

     La última de las entradas de esta bitácora llevaba por irónico título "No pasa nada". Mientras iba degenerando la crisis bélica desatada por Donald Trump en Oriente Próximo y sus consecuencias se iban desarrollando, la consigna, como lleva siendo norma desde mayo, ha sido darle el menor espacio informativo a este desastre en ciernes.

Hasta que hace unos días alguien (aún no sabemos si los yemeníes hutíes, las milicias chiíes iraquíes o directamente los propios iraníes) decidió volar con drones el oleoducto Este-Oeste que permitía a Arabia Saudita desviar de su producción unos 4 millones de barriles diarios (Mb/d) para que no tuvieran que pasar a través del estrecho de Ormuz y llegaran directamente al mar Rojo.

Arabia Saudí cierra el oleoducto Este-Oeste, la principal ruta alternativa a Ormuz, tras los ataques de varios drones procedentes de Irak.

Pensemos que gracias a este oleoducto, y en menor medida al de Emiratos Árabes Unidos, se había conseguido aliviar el cuello de botella que ha supuesto la situación en Ormuz, al menos en lo que al petróleo se refiere (en el resto de materias primas la cosa sigue igual o peor, como luego comentaremos). Antes del cierre del estrecho, pasaban por Ormuz unos 20 Mb/d. Esos 20 Mb/d correspondían a una extracción equivalente y constante de petróleo de todos los países afectados; y sin vías alternativas y con los depósitos llenos, la extracción de petróleo del mundo (que es de poco más de 100 Mb/d, unos 106 Mb/d) habría caído en esa cantidad - nada más y nada menos que el 20% de todo el petróleo extraído en el mundo, o el 40% del petróleo con el que se comercia. Un frenazo de esa magnitud inevitablemente iba a acarrear una crisis económica sin precedentes, así que se pusieron todas las medidas para evitar sus efectos tanto como fuera posible.

En realidad, evitar la crisis nunca fue posible. Pero lo que sí que se podía hacer era retardar su comienzo, en la esperanza de que, si EE.UU. ganaba la guerra, al menos las penurias inevitables de la crisis se verían compensadas por las promesas de riquezas futuras. Y eso es lo que se ha hecho. Se liberó petróleo de las reservas estratégicas, China redujo sus importaciones y Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos rodearon Ormuz con sus oleoductos. El descenso de producción reconocido por la Agencia Internacional de la Energía se sitúa en torno a los 6 Mb/d, aunque por ejemplo el Departamento de Energía de los EE.UU. lo coloca más cerca de los 12 Mb/d. Por tanto, gracias a los oleductos de bypass y al petróleo que mal que bien ha conseguido navegar a través de Ormuz se ha conseguido hacer llegar al mercado unos 8 Mb/d de los que antes pasaban tranquilamente por esa vía marítima, pero igualmente se ha tenido que hacer un recorte de 12 Mb/d de consumo.

Imagen de Peak Oil Barrel. https://peakoilbarrel.com/april-world-oil-production-drops-again/

Así que se han tenido que poner numerosas medidas en marcha para reducir nada menos que el 12% del consumo mundial de petróleo. Pero, claro, estas medidas tenían fecha de caducidad. 

De entrada, los países de la OCDE liberaron 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, teóricamente al mercado libre. Además, han estado usando petróleo de sus reservas para compensar lo que no estaba llegando. En el caso particular de España, consiguió compensar el desaguisado hasta mayo (como comentábamos en el post anterior) a base de diversificar las entradas de petróleo, de modo que solo perdió un 5% de las importaciones; y por el lado de las salidas, redujo un 5% de las exportaciones de productos petrolíferos, quedando bastante balanceada. Por desgracia, la situación en el resto de Europa no era tan buena (no tienen tantas refinerías como España) y por eso el precio de los combustibles se está disparando más que en tierras hispanas.

De otro lado, China había reducido sus importaciones a la mitad, de 11 Mb/d a 5,5 Mb/d en marzo. En parte porque gracias al bypass de Arabia Saudita empezó a haber más crudo en el mercado y en parte porque,  desgraciadamente, China ha perdido la fe en que esto se vaya a resolver en un plazo breve de tiempo, en los últimos meses sus importaciones de petróleo han subido con fuerza y en agosto ya fueron casi de 9 Mb/d.

Y por el lado de los EE.UU., sus reservas estratégicas están ya por debajo del límite de operación segura. A pesar de las veces que Trump ha repetido que no va a haber una prohibición de exportación de petróleo, el reloj va en su contra: el precio de los combustibles se está disparando en todos los EE.UU., con cifras llegando ya en algunos lugares a los 10$ por galón (unos 2,64$/litro), algo absolutamente inaudito en ese país. No va a ser una cuestión de voluntad política: los EE.UU. se van a ver obligados a limitar sus exportaciones de petróleo - nunca se frenarán del todo, porque por culpa del fracking producen demasiado petróleo ligero que no pueden consumir, pero las fracciones medias y pesadas sin duda acabarán por dejarse de exportar.

En cuanto al flujo de petroleros, es difícil saber exactamente cuántos consiguen circular. Se estima que, tras el repunte de la euforia del primer momento cuando se firmo el Acuerdo de Entendimiento y la expiración del mismo el 17 de agosto, en la actualidad deben estar circulando alrededor de un 10% de los petroleros que pasaban antes de la guerra.

En la actualidad deben estar circulando alrededor de un 10% de los petroleros que pasaban antes de la guerra.

Y en este contexto, el oleoducto de Arabia Saudita ha volado por los aires. Aunque técnicamente podía bombear hasta 7 Mb/d (como se hizo al principio), debido a limitaciones técnicas estaba en los 4 Mb/d antes de su voladura. Conviene recordar, además, que esa voladura es una represalia por la destrucción de cinco petroleros iraníes por parte de los EE.UU. La pérdida de esos buques sin duda habrá afectado a los 2 Mb/d que Irán estaba exportando; de hecho, se estima que las exportaciones de Irán están colapsando, que es lo que pretendía EE.UU. y que es probablemente lo que ha precipitado el golpe sobre la mesa de Irán.

Así que a los 12 Mb/d que ya no se estaban extrayendo tenemos que sumar los 4 Mb/d del bypass saudí que se ha perdido y hasta 2 Mb/d de las exportaciones iraníes. En este momento, por tanto, pueden estar ya faltando 18 Mb/d, y justo cuando las medidas paliativas están dejando de funcionar. Y si en algún momento Irán decide bombardear el otro oleoducto de bypass, el de Emiratos Árabes Unidos, faltarán otros 1,5 a 2 Mb/d adicionales.

Para acabar de redondear la faena, los hutíes han protagonizado una espectacular ofensiva, tomando el control de prácticamente toda la costa de Yemen en el mar Rojo y la isla de Perim, lo que de facto les da el control del estrecho de Bab el-Mandeb, que es la puerta de entrada al mar Rojo y al canal de Suez.

De manera prácticamente inmediata el precio del petróleo Brent ha superado los 100$ por barril y anda coqueteando con la barrera de los 110$. Pero eso es solo la punta del iceberg.

El precio del Brent no incluye los costes de transporte y seguros. Antes de la guerra, esos costes añadían un par de dólares al precio final del barril. Ahora, debido a la escasez general de combustibles, el alargamiento de las rutas y los riesgos de la guerra, esos costes llegan a los 30$/barril. De hecho, el coste del barril en muchas refinerías llega a los 150$.

A eso cabe añadir la escasez de petróleos medios, fundamentales para la producción de diésel, gasóleos y keroseno. El crack spread, o diferencial entre el precio de un barril de petróleo y un producto refinado, se ha disparado en los últimos meses desde unos pocos dólares (que era lo habitual) hasta los 100$ y más en el caso del diésel. Dénse cuenta de lo que significa eso. Incluso asumiendo un precio del barril de petróleo de 100$, un crack spread de otros 100$ significa que el precio del barril de diésel a la salida de la refinería es de 200$. Como un barril contiene casi 160 litros, eso quiere decir que el coste de ese diésel es de 1,25$ por litro. Contando el margen comercial, los costes de distribución y los impuestos, el coste del diésel es solamente alrededor de un tercio del precio de venta del diésel en la gasolinera. Es decir, el precio final sería de 3,75$ por litro o unos 3,25 €/l. Por eso, no es de extrañar que en Alemania estén llegando ya a los 3€/l. España está un poco mejor porque, de nuevo, tiene menores costes de refino y distribución gracias a que tiene 8 refinerías en su territorio, pero aún así poco a poco nos vamos deslizando a los 2€/l, y con el tiempo podremos llegar a 3€ y más.

Y eso es solo la parte del petróleo. La situación con el gas natural es terrible para Europa: la interrupción de las exportaciones de gas desde el golfo Pérsico, y particularmente desde Omán, han creado una situación de fiera competencia por el gas natural licuado (España recibió en junio un 40% menos de los buques esperados precisamente porque su carga fue comprada cuando estaban en alta mar y cambiaron su rumbo). Europa afronta el invierno con sus inventarios en mínimos de 15 años, con el agravante que los inventarios de gas no son tan amplios como los de petróleo porque el gas natural es más complejo de almacenar.

Faltan fertilizantes nitrogenados justamente cuando las cosechas son peores por culpa del calor excesivo de este verano. Falta azufre y por tanto ácido sulfúrico, afectando a la producción de cobre, de fosfatos y de metales en general. Falta aluminio. Y, sobre todo, falta diésel para operar la maquinaria.

Diésel y gasóleo – Producción de refinería (en Mb/d).

La gráfica de arriba la he generado yo con datos del Joint Oil Data Initiative. Son los valores mensuales de la producción de diésel en las refinerías de todo el mundo hasta junio de 2026. Los dos o tres últimos meses no son muy fiables porque algunos países tardan en reportar. Además, la producción de Rusia está extrapolada desde su valor medio en 2021 porque desde 2022 no hay datos de ese país. Es una gráfica, por tanto, con muchas limitaciones y pegas. Y aún así cuenta una historia muy simple: la producción mundial de diésel tocó máximo en el período que va de 2015 a 2017; nunca fue capaz de recuperar esos niveles, ni siquiera después de la pandemia; y este año sin duda la situación es catastrófica. Quizá Vd. no nota que falte diésel en su gasolinera, pero seguro que falta en una mina en algún país recóndito y por eso se está extrayendo menos de alguna materia prima que sí que va a impactarle en su trabajo o su vida cotidiana.

El verano se acabó. Ahora viene el ajuste de cuentas. Nada nos va a salvar de una crisis económica (que podría agravarse o retroalimentarse con el estallido de la burbuja de la inteligencia artificial). Será cuestión de días, semanas o meses, pero nada se puede hacer por evitarla ya. Por eso hicimos la campaña de No Normal. Por eso les insto a que se organicen y se preparen para lo que viene (no reinventen la rueda, apóyense en las organizaciones que ya existen en su zona).

No pasa nada. Hasta que, de repente, pasa de todo. 

P. Data: el próximo 30 de septiembre sale a la venta mi nuevo libro, "El fondo del pozo". Ojalá no hubiera tenido que escribirlo. Y todavía hay quien se atreve a decir que estamos a punto de conseguir la "prosperidad ecológica", válgame el cielo...

El fondo del pozo.

Fuente: The Oil Crash

Los tecnoligarcas desatan el pánico al apocalipsis IA

 

 Por Pablo Elorduy   

      Integrante del colectivo fundador de El Salto.

Las compañías estadounidenses Anthropic y Open AI agitan el fantasma de una inteligencia capaz de aniquilar a la especie humana. La ONU pide regulación a los Estados ante lo que parece una ofensiva contra los derechos humanos

Ejemplo de software de reconocimiento facial.

     Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, abrió la caja de Pandora el pasado sábado con un breve ensayo de 3.800 palabras. No ha sido el único barón de la IA que ha manifestado que el desarrollo acelerado de esa serie de tecnologías es potencialmente peligroso para la especie humana, pero su posición como CEO de una de las principales empresas del sector tecnomilitar asociado al Pentágono, ha hecho saltar las alarmas de los organismos internacionales y, también, pero por distintos motivos, de los mercados.

La máquina de los asesinatos en masa: Silicon Valley abraza la guerra.

Parte del aviso de Amodei viene asociado con una crítica a la principal empresa de la competencia, OpenAI. Su reflexión viene dada por el incidente de OpenAI-HuggingFace, que tuvo su primer episodio conocido en julio y que, en septiembre, volvió a ocupar los debates sobre la autonomía creciente de los sistemas algorítmicos, después de un ataque sin intermediación humana.

Inteligencia. Por Malagón.

El caso ha marcado un antes y un después, ya que cientos de “agentes” de inteligencia artificial de OpenAI salieron de sus entornos aislados y piratearon la empresa emergente de IA HuggingFace y llevaron a cabo ciberataques contra objetivos que no se les había pedido que atacaran. En un comienzo se estimaba que serían solo unos pocos agentes, pero el informe encargado por OpenAI evidencia que el ataque fue realizado por 700 de los 1.200. El trabajo de investigación, además, ha estado limitado por varias cortapisas impuestas por la empresa. 

La brecha de seguridad abierta por los agentes de OpenAI en HuggingFace ha sido un ejemplo de la capacidad de la IA actual para atacar una aplicación, pero, más importante que esto, también para ocultarlo. Aunque la Fiscalía de Alabama (EEUU) ha abierto una investigación, los expertos señalan las instituciones públicas no tienen la capacidad de comprender y, sobre todo, no tienen el mandato para investigar el ataque en su complejidad y se limitan a la investigación en casos de fraudes de consumo.

‘Ningún organismo gubernamental tiene el mandato ni la experiencia necesarios para investigar los detalles técnicos del incidente’.

El caso ha venido acompañado de una advertencia que ha resonado en todo el mundo. En el mes de septiembre, tres investigadores de Anthropic expresaron públicamente que existe una probabilidad superior al 10% de que la IA acabe con la humanidad en la próxima década. Uno de ellos, Jacob Coxon, dimitió por su rechazo a la construcción de “sistemas sobrehumanos” que, trabajando en enjambre, podrán desobedecer órdenes.

Este investigador de inteligencia artificial ha señalado que ni Open AI ni Anthropic, para la que trabajaba, actúa con responsabilidad: “Están corriendo a toda velocidad hacia la superinteligencia auto-mejorada y jugando con nuestras vidas”.

Coxon pone en juego el concepto de la “automejora recursiva”, uno de los elementos más intrigantes y, hasta cierto punto, amenazantes de la IA, que se basa en la idea de que la inteligencia artificial se perfeccione a sí misma de forma indefinida. Esto edificaría una IA cada vez más potente y ajena a cualquier control humano. 

De manera específica, se ha señalado el riesgo de que la IA cree armas biológicas desconocidas para la humanidad. Un artículo del lunes 14 de septiembre en The New York Times señala el riesgo de que la IA pueda acelerar el diseño de toxinas y virus. En esta ocasión, además de las empresas responsables (Anthropic), la alerta viene de expertos en bioseguridad. Un estudio hecho público en agosto por la revista Science llegaba a la conclusión de que las bases para el “diseño generativo de genomas más grandes y complejos” están puestas.

A pesar de que ninguna empresa ha llegado a ese punto en sus modelos de desarrollo, la idea de la "automejora recursiva” está detrás de todas las alarmas activadas por el sector y también del coro de tecnooligarcas que, comenzando por Amodei, Sam Altman (Open AI), Elon Musk (Grok), Satya Nadella (Microsoft), y Demis Hassabis (Google DeepMind), piden una ralentización en el desarrollo de sus productos para dotar al proceso de mayores garantías de seguridad.

Trump dobla la apuesta 

El lunes, el presidente de EEUU, Donald Trump, rechazó cualquier medida regulatoria bajo la premisa de que China se vería beneficiada de ese posible embridamiento: “¡El único control o ‘barreras de seguridad’ que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡de alto coeficiente intelectual!), y EEUU lo tiene, ¡y de sobra! ¡La Administración Trump ha impedido que ‘personas’ de la IA hagan ‘cosas’ malas, o potencialmente malas, como Dario (¡Anthropic!), quien ahora finge ser un ‘angelito perfecto’ – y seguiremos haciéndolo! ¡Ya tenemos un tremendo poder CRIMINAL y REGULADOR sobre estas empresas!”, indicó el presidente en un mensaje de su red Truth Social.

Las declaraciones de Trump no son una excepción a la corriente general que invitan a la desregulación. El regreso del “cisne naranja” a la Casa Blanca estuvo acompañado de una ofensiva contra las medidas impuestas durante la administración de Joseph Biden.

Desde la crisis de 2008 a Trump.

A finales de enero de 2025, solo unos días después de asumir el cargo, Trump estableció una revisión de las políticas: “Debemos desarrollar sistemas de IA que estén libres de sesgos ideológicos o agendas sociales diseñadas”. Pese a que los compromisos de aceptar “supervisión de terceros” que han entonado ahora los barones de la tecnología ya existían en la etapa de Biden, el expresidente demócrata —al parecer influido por una de las películas de la saga Misión Imposible— estableció una Ley de Producción de Defensa contraria a los intereses financieros de Silicon Valley.

Los mercados financieros también han reaccionado mal a las proclamas de los tecnooligarcas. El lunes 14 se registraron caídas en las acciones vinculadas a la IA, concretamente en aquellas empresas como Sandisk, Intel, Micron o Nvidia dedicadas a la fabricación de memorias y chips. El ímpetu del sector de la inteligencia artificial depende de la creación constante de una promesa de crecimiento, tanto en la tecnología como en la infraestructura asociada. Actualmente, ni OpenAI ni Anthropic cotizan en bolsa.

Trump se refirió también a la construcción de centros de datos, una de las bases del negocio que es fruto de una creciente contestación a nivel global. El equivalente al “perfora, nena, perfora” con el que Trump dio carpetazo a los intentos de mitigación de la crisis climática en su campaña electoral de 2024 se ha traducido en esta ocasión en un llamamiento a territorios y comunidades estadounidenses: “Si quieren tener éxito y ser ricas, con impuestos mucho más bajos y empleos por todas partes, que reine el dominio de los datos”. Tras el discurso de Amodei, Trump asoció las críticas a la expansión de esta infraestructura a un complot: “¡Hay una conspiración ENFERMIZA en marcha contra la IA y los Centros de Datos, y el único que se alegra de ello es China”.

Críticas a las empresas

El lamento de Amodei no ha caído en saco roto en la esfera internacional. El lunes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, levantaba la voz para denunciar que la IA pone en riesgo “todos” los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad.

“Poblaciones enteras podrían quedar aisladas del agua potable, la calefacción y los servicios financieros, y la IA con capacidad de gestión ya está acelerando el ritmo y el alcance de la guerra y erosionando las salvaguardias que nos protegen del lanzamiento de armas de destrucción masiva”, señala Turk en su misiva.

Haciéndose eco de las últimas polémicas, el relator de la ONU instó a los Estados a garantizar “una verificación independiente y técnicamente competente de las capacidades de los agentes, con acceso a modelos, documentación y entornos de prueba, y a exigir una debida diligencia continua en materia de derechos humanos”.

Como informa Common Dreams, varias fuentes en EEUU han clamado por una legislación clara que termine con la impunidad de facto de las mismas empresas que alertan de una IA fuera de control. El congresista demócrata Ro Khanna (California) señalaba a las empresas: “Si creas una IA que realiza actos ilegales, debes afrontar responsabilidades o sanciones penales”. Más claramente, el periodista David Sirota apuntaba la paradoja actual: “Si la ley hiciera explícitamente responsables financiera y penalmente a los directores ejecutivos de IA por cualquier destrucción masiva que creen sus tecnologías, y si los accionistas de la industria de la IA supieran que sus empresas se enfrentan a la amenaza de importantes pérdidas financieras por dicha destrucción, gran parte de la amenaza de que '¡la IA se está saliendo de control!' desaparecería instantáneamente”. 

En un post publicado este fin de semana, el investigador Richard Seymour, ponía en contexto el episodio Anthropic y recordaba que las “falsas amenazas desorientan tanto a la oposición como a la regulación”. Según Seymour: “En cierta medida, la burbuja de la IA estadounidense, al igual que la euforia por las criptomonedas en su momento, existe para absorber (y, en última instancia, destruir mediante una recesión) billones de dólares en capital excedente ante la falta de oportunidades de inversión suficientemente rentables en otros lugares. Es un pozo sin fondo de dinero, que consume cientos de miles de millones de dólares para obtener una fracción de los ingresos; sin embargo, el abanico de inversiones es limitado, y las afirmaciones grandilocuentes sobre el futuro poder descontrolado de los modelos son todo lo que la industria tiene para mostrar”.

Sin embargo, como refiere Seymour, el hecho de que las máquinas no tengan la capacidad destructiva que reclaman sus propietarios. Como resume: “Los problemas con la IA que no implican un dispositivo todopoderoso que se vuelva contra la humanidad son innumerables”.

Fuente: El Salto