Doble sacudida en Colombia: bombas y temblores

 

 Por Berta Camprubí Pàmies   

      Periodista y comunicadora catalana especializada en feminismo anticolonial, la defensa del territorio y los derechos de los pueblos indígenas.

Más allá de su bienvenida en forma de sismo trágico, la llegada al poder de De La Espriella marca el retorno de la guerra y la cultura narco y una amenaza directa a los pueblos indígenas, negros y campesinos, a las mujeres y a las comunidades LGTBIQ+

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella durante un encuentro con las fuerzas armadas para coordinar las labores tras el terremoto.

     10 de agosto de 2026, primer día laborable del nuevo gobierno de extrema derecha en Colombia: un terremoto sacude todo el país, con un saldo oficial de 250 muertos, sin haber medido aún la totalidad de los daños ocasionados en el epicentro del fuerte seísmo: el Chocó, un territorio históricamente excluido en la región del Pacífico de población negra.

Tres días antes, el 7 de agosto, se celebraba la posesión como presidente del abogado Abelardo de la Espriella, quien ejerció en 2008 la defensa de varios jefes paramilitares tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y en 2018, en Miami, defendió a narcotraficantes como Alex Saab.

El ultra De la Espriella asume la presidencia de una Colombia inmersa en una regresión del proceso de paz.

La madrugada del 8 de agosto, retumbaron explosivos sobre infraestructuras del Estado como peajes o estaciones de policía en departamentos como el Cauca o el Cesar, perpetrados según las fuerzas armadas por las disidencias de las FARC y el ELN. Una secuencia de hechos que no para y que marca el inicio de lo que muchos auguran como cuatro años oscuros para los pueblos colombianos.

La Petrotusa y el fraude electoral

El concepto de “Petrotusa” ha recorrido las redes sociales y los corazones de la mitad de los colombianos en los últimos días. Se refiere a la melancolía y sensación de desesperanza por el fin del mandato del presidente Gustavo Petro, cuatro años marcados por políticas sociales como la matrícula gratuita en las universidades, la reforma laboral y la reforma pensional, el financiamiento de organizaciones sociales históricamente perseguidas y excluidas, la restitución de tierras al campesinado, el reconocimiento de las madres comunitarias, un frenazo de la deforestación, la reducción de la pobreza con una subida del salario mínimo, etcétera.

Petro restablece el salario mínimo vital suspendido por el Consejo de Estado.

Todas ellas medidas que se augura se reviertan en cuestión de meses o semanas.

La Petrotusa -donde tusa es similar a duelo- aumenta con el hecho de que la diferencia entre De la Espriella y la fórmula del candidato Iván Cepeda, histórico defensor de los derechos humanos, y Aida Quilcué, lideresa indígena del pueblo nasa, fue de tan solo 250.000 votos. Nunca la izquierda en el país de García Márquez había obtenido tantos votos: casi 13 millones. Un duelo marcado también por la sensación de injusticia, crónica en Colombia, luego de que Petro anunciara acciones legales por fraude electoral mediante algoritmos y manipulación de software orquestados desde California e Israel, dos territorios con un papel importante.

Abelardo de la Espriella era poco conocido en Colombia antes de que el presidente Donald Trump y sus inversores le dieran su apoyo en las elecciones del 31 de mayo. “No lo conocía nadie, lo apoyé y ganó”, reconoció el magnate estadounidense. Y, en efecto, uno de los primeros gobiernos en felicitar al nuevo presidente, de nacionalidad colombiana y estadounidense, fue el de Israel. “Espero con interés trabajar con usted para fortalecer el vínculo entre Israel y Colombia. Los amigos de Israel siguen ganando. ¡Viva los Acuerdos de Isaac!”, predicó Benjamín Netanyahu en X. Una de las primeras medidas de política exterior de De la Espriella ha sido cancelar la apertura de la embajada colombiana en Ramallah, Palestina y ha prometido restablecer relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, trasladar la embajada a Jerusalén y retirar a Colombia de la denuncia por genocidio en Gaza ante la Corte Penal Internacional

Los Acuerdos de Isaac y el Escudo de las Américas

Los llamados Acuerdos de Isaac son un nuevo marco de cooperación estratégica firmado inicialmente entre Javier Milei y Netanyahu pero extendido a Estados pro-israelíes en América Latina, en una réplica de los Acuerdos de Abraham que Israel firmó con cuatro países árabes: Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos.

Israel y Argentina firman acuerdo para reforzar cooperación.

Firma de los Acuerdos de Abraham en Washington.

Los supuestos pilares de este acuerdo, firmado ya por líderes políticos, religiosos y empresariales de Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Bolivia y Panamá (y el bolsonarismo de Brasil) son la libertad, la innovación tecnológica y la lucha contra el narcotráfico, el antisemitismo y el terrorismo.

Estados Unidos anuncia que Colombia le autoriza a realizar operativos militares en su territorio “para combatir el terrorismo”.

Pero incluso un medio tradicional conservador como Clarín en Argentina ha calificado este acuerdo como “un escudo retórico”, cuyo verdadero propósito es el 'blindaje diplomático' en foros internacionales ante las acusaciones globales de genocidio en Gaza.

Colombia legitima la ocupación israelí de los Altos del Golan tras sufrir 224 víctimas en un terremoto.

La otra cara de la moneda de este acuerdo es la Coalición Anticárteles de las Américas, también llamada Escudo de las Américas, “una iniciativa que permitirá unir capacidades, compartir información estratégica y fortalecer la acción conjunta de las naciones libres frente a las amenazas a nuestra seguridad”, aseveró el nuevo presidente colombiano en su primer discurso.

El ‘Escudo de la Américas’, la nueva coalición militar de Trump contra el narcotráfico.

La hegemonía de este escudo la ejerce evidentemente Estados Unidos: semanas antes de la posesión, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) ya dictaba el guión del operativo, un rastreo de seguridad que comenzó en Popayán y terminó convirtiendo a Cali en la ciudad más blindada del continente por ese día.

Y es que, en un inicio, De la Espriella anunció que su posesión como presidente tendría lugar en Popayán, la capital del Cauca, departamento donde tiene más fuerza el movimiento indígena liderado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), su guardia indígena y prácticas como la minga social o los cortes de la Panamericana para exigir sus derechos y autonomía. El CRIC había pedido a sus comunidades resguardarse ese fatídico día 7 de agosto que se acercaba, para no dar lugar a masacres u otros hechos violentos. Pero la misma tierra protegió el territorio: la actividad del volcán Puracé llenó el espacio aéreo de ceniza y anuló los vuelos a Popayán obligando a mudar la posesión a Cali, epicentro del histórico Paro Nacional de 2021.

A la posesión no acudió Donald Trump pero si dos de sus hombres de confianza: el fiscal general adjunto, Todd Blanche, y el director de la DEA, Terry Cole. Llegaron también los líderes del nuevo orden regional de ultraderecha Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), entre otros. No faltó tampoco el rey de la antigua metrópoli, Felipe VI. Según fuentes salvadoreñas, Nayib Bukele, presidente de El Salvador no hizo presencia en Cali para no aparecer en la foto de los países alineados con las directrices de Washington, cuidando así el carácter teóricamente nacional de su modelo de control de pandillas. En Colombia, este alineamiento por ahora se traducirá en un nuevo esquema militar nacional financiado por EEUU: un plan pactado en Washington con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, que proyecta una asistencia de 1.000 millones de dólares en lo que ya han llamado un “Plan Colombia 2.0”.

Revivir la pesadilla del paramilitarismo

El primer Plan Colombia fue una estrategia militar y antinarcóticos basada en la War on drugs (guerra contra las drogas) financiada por Estados Unidos entre los años 2000 y 2015, para supuestamente combatir el narcotráfico y guerrillas como las FARC. Los años y la sangre derramada demostraron que la guerra no era contra las drogas sino contra los pueblos: este plan se convirtió en el motor de una violencia sistémica cuyas principales consecuencias recayeron sobre las comunidades rurales del país. La militarización del territorio no solo provocó el desplazamiento forzado de millones de campesinos, indígenas y afrodescendientes de sus tierras ancestrales, sino que la presión militar por entregar resultados operativos bajo este esquema propicióen tiempos en que el Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, era el ministro de defensa,el auge de las ejecuciones extrajudiciales comúnmente llamadas falsos positivos. 

Según esclareció la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su histórico Auto de 2021, esta práctica cobró la vida de al menos 6.402 civiles legítimamente presentados como bajas en combate. La implementación del Plan Colombia coincidió y se cruzó de forma directa con la mayor expansión de los grupos paramilitares en todo Colombia. Y todo esto es lo que se teme de nuevo en territorios donde abunda el cultivo de la hoja de coca como el Cauca, el Catatumbo, Putumayo, Nariño o el Chocó. El temor a revivir el pasado impregna el día a día de muchas comunidades: “Estamos esperando el golpe”, aseguran líderes indígenas en un encuentro comunitario en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, “pero resistiremos como siempre hemos hecho”.

En posible peligro territorios indígenas liberados

En el Norte del Cauca, las comunidades indígenas del pueblo nasa se han asentado durante los cuatro años de Petro en tierras ancestrales recuperadas de los terratenientes dueños de ingenios azucareros. En el Proceso de Liberación de la Madre Tierra, iniciado en 2014, más allá de desarmonías internas, había una sensación de victoria y calma: lo que había sido monocultivo de caña, ahora son campos sembrados con comida y casitas de guadua y bahareque —bambú y barro—. Donde había una hacienda latifundista o una base militar ahora hay un centro cultural indígena. Pero con el regreso de la ultraderecha se ha esclarecido que no está todo ganado.

La realidad es que, de miles de hectáreas recuperadas donde hoy viven y siembran comida las comunidades nasa, sólo se ha logrado la entrega de títulos de propiedad de algunos cientos de hectáreas. El resto, está en el aire. Y considerando que el nuevo mandatario se comprometió a dar atención y protección militar prioritaria a los predios de los ingenios de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), existe un miedo fundado del regreso a los desalojos violentos por parte del ejército o el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios que durante el gobierno de Petro se ha convertido en la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) o de ese otro tipo de actor armado: “hace dos días vimos varios 4x4 polarizados entrando y saliendo de la base militar: quién más puede ser sino paramilitares?”, asegura un líder nasa del Resguardo Indígena de Corinto, uno de los epicentros de la Liberación de la Madre Tierra.

Preparada la resistencia: “La Muerte No Volverá”

A pocos kilómetros de allí, en Cali, el contraste de esta transición se sintió con fuerza. El rector de la Universidad Santiago de Cali dimitió tras la oleada de rechazo que provocó haber permitido que la posesión se realizara en sus instalaciones. El acto, confinado en un auditorio más bien pequeño y con notables sillas vacías, distó enormemente de la multitudinaria y colorida toma de posesión de Petro hace cuatro años en una Plaza de Bolívar desbordada. Mientras De La Espriella pronunciaba su primer discurso blindado desde un cantón militar y lanzaba amenazas judiciales contra Petro y Cepeda, las calles de la ciudad respondían. En Puerto Resistencia, el icónico epicentro del estallido social de 2021 que abrió el camino del Pacto Histórico al poder, una gran pancarta proclamaba: “La Muerte No Volverá”. A su alrededor, las barriadas populares pintaban muros con consignas directas: “Abelardo, gonorrea, el pueblo no copea” y “El presidente gringo nos regala IsraHell”.

La “mano dura” prometida por De la Espriella con el Plan Colombia 2.0 es el núcleo de una declaración de guerra total que cierra definitivamente las vías del diálogo con los grupos armados que desangran las regiones —y que Petro había entablado con al menos nueve grupos armados en su política de “Paz Total”—. Su agenda para los próximos cuatro años pretende desmontar los cimientos de la Colombia progresista: ha prometido el retorno de las aspersiones aéreas con herbicidas similares al glifosato y la instauración de la cadena perpetua, a pesar de que ambas medidas están explícitamente prohibidas por la legislación nacional.

Asimismo, reinará el punitivismo penal mediante la anunciada construcción de diez megacárceles al estilo de Nayib Bukele y ha anunciado un proyecto legislativo para liquidar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); una reforma institucional que analistas y expertos como el senador Ariel Ávila advierten que se traducirá, en la práctica, en un ahogamiento financiero para paralizar las investigaciones abiertas. La JEP tiene entre manos 11 macrocasos abiertos que investigan los crímenes más graves del conflicto armado colombiano. El tribunal se encuentra en un momento definitorio: acaba de poner en firme sus dos primeras sentencias condenatorias e implementó el mecanismo de monitoreo para las sanciones restaurativas.

Solidaridad comunitaria ante el algoritmo del despojo

La ofensiva no es solo militar, sino económica y cultural. Una de sus primeras medidas contempladas es la eliminación del impuesto al patrimonio, un guiño directo a las élites financieras que se complementa con la reactivación de proyectos extractivistas ecocidas como el fracking, camuflado bajo el cínico adjetivo de “responsable”. En paralelo, el nuevo ejecutivo se alinea con la extrema derecha mundial para desatar una batalla cultural orientada a recortar los derechos de las mujeres, las disidencias LGTBIQ+, los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes.

Y como si la Petrotusa y el miedo a revivir la pesadilla no fueran suficientes, el terremoto del pasado 10 de agosto deja una grieta física sobre el país que agrava la situación. Mientras el saldo preliminar asciende a 265 muertos y 496 desaparecidos, las comunidades ya han entendido que la verdadera reconstrucción no vendrá desde los despachos oficiales y ya se han organizado recolectas solidarias de alimentos y todo tipo de material que se necesite para hacer frente al drama colectivo.

Las víctimas mortales del terremoto en Colombia ascienden a 265 y De la Espriella cifra en 496 los desaparecidos.

Frente al algoritmo, el Escudo de las Américas y los planes de despojo diseñados desde el norte, el mapa social del país se prepara para un invierno hostil. Pero si algo ha demostrado la historia de esta geografía, es que la dignidad de la gente no se decreta en un cantón militar. En las montañas del Cauca, en las selvas del Chocó y en las barriadas que resistieron en Cali, la memoria de los pueblos ya se organiza para defender el territorio y la vida.

Fuente: El Salto

La dura realidad detrás del deseo occidental de que Ucrania está ganando la guerra a Rusia

 

 Por Àngel Ferrero   

      Periodista. En Moscú después de tres años informando desde Berlín para varios medios.

Cuando van a cumplirse cuatro años y medio de la segunda fase de la guerra de Ucrania, el país dirigido por Zelensky afronta severas dificultades que contrastan con la propaganda de sus países aliados

Manifestación de apoyo a Ucrania en Córdoba, España. Fotografía de Álvaro Minguito.

     El 25 de julio Ucrania atacó a un buque comercial iraní en el mar Caspio alegando que transportaba material militar entre Rusia e Irán, causando la muerte de uno de sus tripulantes. La diplomacia entre Kíev y Teherán –y, posiblemente, Moscú– logró que Irán abandonase la intención de adoptar represalias atacando un puerto ucraniano con un misil balístico. A pesar de tratarse de un incidente “menor” dentro de un conflicto más amplio, lo sucedido no resulta menos preocupante en tanto que ocurría, como es sabido, en el escenario de las hostilidades entre Irán y los Estados Unidos y sus aliados árabes en el golfo Pérsico. La única lectura, pues, que puede desprenderse de esta agresión militar es la de que el gobierno ucraniano buscaba conectar una guerra con la otra y arrastrar a sus aliados occidentales o, al menos, congraciarse con la administración de Donald Trump para conseguir más ayuda financiera y la rápida entrega de interceptores con los que defenderse de los ataques aéreos cada vez más frecuentes de Rusia.

Como parte de ese plan, el ejecutivo ucraniano también ha invitado recientemente a Laura Loomer, una conocida influencer de la ultraderecha estadounidense, a visitar el país y reunirse con su presidente, Volodímir Zelensky, y altos mandos militares, como Andriy Biletsky, responsable del Tercer Cuerpo del Ejército Ucraniano, fundado a partir del notorio batallón neonazi ‘Azov’.

Andriy Biletsky, lider del movimiento Azov ucraniano.

Loomer –que llegaba siguiendo los pasos del senador de Carolina del Sur Lindsey Graham, fallecido pocos días después a su regreso a EEUU– se deshizo en elogios hacia Ucrania y, en un peculiar intercambio en la red social X, aseguró a Tommy Robinson, una de las caras más conocidas de la ultraderecha británica, que una de las mejores cosas del país es que “no había visto ni a un sólo musulmán” durante su visita.

Manifestantes de extrema derecha con el Ayuntamiento de Leeds al fondo, mientras manifestantes tanto de izquierdas como de derechas se reunían en Leeds. La derecha marchó brevemente por el centro de Leeds y se produjo una detención.

Si hay una guerra que Kíev está claramente ganando es la informativa. Los medios de comunicación europeos, por inercias ideológicas o directamente autocensura, rara vez recogen las noticias negativas de Ucrania –como las derrotas militares, los problemas cada vez más graves de reclutamiento (que se lleva en muchos casos a la fuerza, desconociéndose la cifra exacta de soldados que han desertado o de los llamados a filas que evaden el alistamiento) o los escándalos de corrupción que afectan al gobierno– y amplifican las positivas en un patrón a estas alturas bien establecido, pero que alimenta pese a todo sesgos de interpretación y enturbia cualquier análisis con pretensiones de entender la realidad política y militar sobre el terreno.

“El problema es que el debate sobre Ucrania ocurre con frecuencia desde la distancia, a través de redes sociales, ecosistemas informativos partidarios, indignación fabricada y branding político”, ha observado recientemente Peter Bach en Counterpunch, “la guerra en Ucrania se ha convertido en un conflicto librado no sólo con misiles y drones, sino con narrativas que compiten entre sí, comunidades digitales e identidades reforzadas por los algoritmos”.

El analista Anatol Lieven se ha expresado con mayor gravedad: “Es difícil saber qué podría ser peor: si nos están mintiendo deliberadamente o si todos estos militares retirados y ‘expertos’ en seguridad que pregonan la victoria inminente de Ucrania realmente se creen este sinsentido”, ha escrito para Sidecar al agregar que “lo más probable es que el consenso político, burocrático, mediático, académico y de los think tanks en Europa se haya vuelto tan monolítico y absoluto que se lo crean, puesto que nadie dice nada diferente".

El coste económico de los ataques contra Rusia

Pero la realidad, para Ucrania, no es buena. Como ha recogido un periodista independiente, Peter Korotaev, que sigue de cerca los hechos –significativamente desde una página en Substack financiada por sus lectores, Events in Ukraine, y no desde un medio de comunicación establecido–, las cifras oficiales cuentan una historia muy diferente a la que leemos con una frecuencia cada vez más irregular.

Ucrania ha emprendido como es sabido una espectacular campaña de ataques con drones en territorio ruso. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa de Rusia, sólo en julio se registraron 9.800 ataques de este tipo. Pero como señala Korotaev, los medios ucranianos informan de entre 5 y 10 objetivos alcanzados, lo que supondría un porcentaje de intercepción del 97-98% por parte de Rusia. En mayo y junio Ucrania lanzó unos 39 misiles de crucero ‘Flamingo’, de los cuales seis alcanzaron sus objetivos y el resto fueron interceptados. El pasado 6 de agosto Ucrania lanzó cinco misiles de crucero ‘Flamingo’, todos los cuales fueron interceptados por las defensas aéreas rusas en la región de Tiumén.

A comienzos de agosto, por comparación, la capital ucraniana sufrió un ataque ruso de 115 drones y 24 misiles balísticos. Ni uno solo de los misiles pudo ser interceptado. Incluso si EEUU mantiene su apoyo a Ucrania y estudia actualmente la posibilidad de que los sistemas ‘Patriot’ se fabriquen en territorio europeo o en la propia Ucrania, puede pasar un tiempo considerable hasta que estos sistemas estén disponibles. Washington no puede suministrarlos porque su propio inventario se ha visto reducido como consecuencia de la agresión estadounidense contra Irán y la respuesta de éste: según informaciones de Reuters, Arabia Saudí utilizó el 86% de sus 2.800 interceptores PAC-3 en los primeros 38 días de guerra y le quedaban unos 400 en el mes de abril; EEUU gastó por su parte el 65% de sus interceptores ‘Patriot’ entre febrero y julio, quedándose con menos de 850 de los 2.330 que tenía antes de la guerra contra Irán.

Serguiy Bezkrestnov, asesor del gobierno ucraniano en materia de drones, ha calculado que el coste de fabricación de un misil ruso del tipo ‘Iskander’, del que se producen 70 unidades mensuales, se encuentra en torno a los dos-tres millones de dólares, y del sistema S-400, igualmente ruso y del que se producen 50 unidades mensuales, entre uno o dos millones de dólares, mientras que cada misil del sistema ‘Patriot’ que puede interceptar a los dos anteriores cuesta cuatro millones de dólares y se producen entre 50 y 60 unidades al mes. Rusia también está desarrollando nuevos modelos de sus drones, en particular los ‘Geran’, que son más rápidos y difíciles de interceptar, así como sistemas de comunicaciones por satélite a baja altitud propios, una versión rusa del Starlink de Elon Musk llamada ‘Rassvet’ (Amanecer) que ha comenzado a desplegar.

Uno de los medios citados por Korotaev, strana.ua, ha calculado que la campaña aérea contra Rusia cuesta entre 980 millones y más de mil millones de dólares mensuales a Ucrania, con proyectiles que van desde los 60.000 hasta los 200.000 dólares por unidad. Una proyección anual, en ausencia de una nueva inyección de dinero occidental, supondría un coste de 12.000 millones de dólares, que es más del 12% del presupuesto actual de defensa, y al que aún habría que añadir los costes económicos en inteligencia, planificación e infraestructura sobre el terreno necesarios para llevar a cabo este tipo de operaciones.

Korotaev atribuye precisamente a este coste la necesidad de modificar sus objetivos: de la infraestructura petrolera y gasística a las refinerías de petróleo, primero, y los almacenes de grandes empresas de comercio online, como Wildberries, a la que acusa de apoyar material y económicamente la guerra, después. Pero es este cambio de objetivos lo que ha permitido a Rusia reparar las instalaciones dañadas por los ataques ucranianos y devolverlas a su actividad comercial: los puertos en el Báltico han retomado sus operaciones comerciales y, según el Financial Times, actualmente sietede las 26 refinerías que hubieron de suspender su producción no han podido restablecerla, mientras ocho han regresado a su plena capacidad y 11 de ellas han recuperado su actividad parcialmente.

Como consecuencia de ello, Moscú ha podido relajar las restricciones de combustible en su territorio, exceptuando la península de Crimea y otros territorios cercanos a la línea de frente. Por otra parte, el gobierno ruso ha instalado defensas aéreas en torno a la capital que no dejan ya ningún corredor aéreo a los drones ucranianos, que ahora buscan otros objetivos que resuenan mucho menos en el público occidental que un ataque a Moscú o San Peterburgo.

“La conclusión es que Ucrania sigue cambiando sus objetivos porque carece de los suficientes drones para superar las defensas aéreas rusas que se instalan una vez una serie de objetivos ha sido atacado”, escribe Korotaev, “esto, al mismo tiempo, indica que a Ucrania eventualmente se le agotarán los objetivos sin proteger.” Este periodista también opina que los ataques tienen como objetivo suministrar a los medios de comunicación occidentales fotogénicas instantáneas de columnas de humo que permitan a Kíev ganarse a la opinión pública de aquéllos países y mantener su apoyo financiero y militar. En el Donbás, mientras tanto, Rusia continúa su avance lento, pero constante, sin que los medios de comunicación occidentales informen sobre él.

El ejército ruso está a menos de cinco kilómetros de las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk, Donetsk. Donbás.

A comienzos de julio la periodista Olha Kyrylenko, del medio Ukrainska Pravda, preguntó a los militares que estaban combatiendo en la línea de contacto si las campañas de drones de medio y largo alcance estaban sintiendo los efectos de las mismas en la situación que ellos vivían.

De vuelta a la realidad: cómo Ucrania está utilizando —y desperdiciando— su ventana de oportunidad veraniega en el campo de batalla.

Un oficial del 19º Cuerpo del Ejército desplegado cerca de Kostiantynivka respondió secamente: “Nada”. Y añadía: “¿Qué ataques de alcance medio? Nosotros somos tropas aerotransportadas. Lo único que sentimos son los drones rusos ‘Molniya’ y los FPV”.

“No sé en qué momento hemos tomado la iniciativa”, declaró a Ukrainska Pravda otro oficial de uno de los cuerpos desplegados en la región de Donetsk, que no fue menos expeditivo en su juicio: “En algunos frentes solo ha habido una tregua en la actividad de esos maricones [sic], pero tarde o temprano volverá a recrudecerse. 

En el frente de Sloviansk, la ofensiva rusa no ha cesado desde la caída de Siversk. Las brigadas que mantienen la línea en torno a Kostiantynivka están agotadas. Lo mejor que podemos hacer es utilizar operadores de drones para mantener la presión sobre esos maricones [sic]. Eso es todo".

Los costes de la guerra de desgaste

Los ataques ucranianos contra la infraestructura rusa no han quedado sin respuesta. Rusia ha atacado por los mismos medios la red de estaciones de servicio en Ucrania, forzando a algunas compañías a limitar el suministro de combustible a los consumidores. El país tampoco ha podido reconstruir del todo sus centrales energéticas y no se descarta que este invierno haya apagones de electricidad de 8 a 14 horas al día en algunos puntos de su territorio. El primer ministro ucraniano, Serhiy Koretsky, ha asegurado que el gobierno necesita 650 millones de dólares adicionales para proteger su sector energético y evitar los incidentes del invierno anterior. El ministro de Energía, Denis Shmyhal, ha alertado por su parte de que Rusia podría ampliar su abanico de objetivos e incluir el suministro de agua y el alcantarillado, complicando todavía más la vida de la población.

Otra de las respuestas asimétricas de Rusia ha sido atacar los puertos ucranianos, dificultando su tráfico marítimo: las autoridades ucranianas han contabilizado 57 ataques con drones a embarcaciones bajo su bandera y 67 ataques con drones a sus puertos. En declaraciones a la agencia Reuters, el responsable del Ministerio de Agricultura, Taras Vysotskyi, anunció pérdidas de hasta tres mil millones de dólares por el cierre de los puertos ucranianos.

La mitad de las exportaciones de grano, unos 30 millones de toneladas, podría realizarse a través de otras rutas, pero los costes del transporte ferroviario pueden aumentar a causa del aumento de la demanda hasta un 30% y las rutas fluviales a través del Danubio no permiten el transporte de los volúmenes existentes, a lo que se añade los bajos niveles de agua debido a las elevadas temperaturas de este verano. Algunas embarcaciones se han negado a entrar en puertos ucranianos porque las aseguradoras se niegan a cubrirlas por los elevados costes asociados.

La factura del cierre de los puertos se extiende al sector metalúrgico del país, que atraviesa serias dificultades desde julio, cuando la Unión Europea eliminó las exenciones a la importación de acero ucraniano para defender su producción, una decisión criticada por los empresarios ucranianos del sector.

Un empleado trabaja en la siderúrgica Zaporizhstal en Ucrania, propiedad en parte de Metinvest.

Así, Ferrexpo detuvo las operaciones de dos fábricas de acero el 5 de agosto debido al cierre de los puertos ucranianos. Si la situación se prolonga podría llevar a escenarios de un mayor deterioro la balanza comercial del país, un empeoramiento de la inflación, la devaluación de la gryvna y una crisis del sistema financiero si las empresas ya no pueden pagar los préstamos contratados con varias entidades bancarias.

Con gran repercusión en los medios de comunicación occidentales, Ucrania ha atacado 12 centros logísticos de Wildberries. Según Zelensky, esta compañía rusa suministra “componentes destinados a la producción de drones y equipos de navegación”, aunque una investigación del medio opositor Meduza no ha encontrado ninguna prueba de vínculos entre la empresa y el Ministerio de Defensa ruso, aunque sí que grupos de voluntarios han adquirido en su portal equipamiento militar –kits de ayuda médica, equipos de radio y de visión nocturna, defensa corporal y componentes de doble uso que pueden usarse para la construcción de algunos drones– de manera abierta y regular, si bien a una escala modesta, queeste medio ruso con sede en Riga ha calculado en 221.000 dólares para el año en curso y que, por su naturaleza, no puede afirmarse que proporcionase una ventaja decisiva a Rusia en el terreno militar. Otras teorías sugieren que con estos ataques Ucrania busca golpear a la economía rusa y hacer ver a sus consumidores que no están exentos de las consecuencias del conflicto.

Como ocurre con la infraestructura energética, estos ataques han sido contestados simétricamente por Rusia con un incremento de sus envíos de drones y misiles contra el servicio postal, Nova Poshta, Rozetka –el equivalente ucraniano de Wildberries– o las cadenas de supermercados Epicentr y ATB. El 5 de agosto fue destruido el mayor centro logístico de Rozetka en el país, en Brovarí, sin posibilidad de poder ser reconstruido. Además del daño económico para Ucrania, la destrucción de estos centros podría llevar a un alza de los precios de los bienes de consumo y a problemas de suministro, con un margen fiscal para indemnizar a las empresas estrecho debido a las limitaciones presupuestarias.

El texto de Korotaev termina con una valoración de la situación de Roman Ponomarenko, un analista militar de ‘Azov’, que merece ser citada en toda su extensión: “Ya no nos queda nada con lo que interceptar los misiles rusos, y el enemigo lo sabe, se está preparando en consecuencia y está reforzando sus capacidades. Esto plantea naturalmente la pregunta: ¿Qué vendrá después? ¿Cuál es la estrategia en una situación que ya presenta todos los indicios de ser crítica? ¿Suplicar una vez más a nuestros ‘socios’ que nos proporcionen más misiles de defensa aérea? Están de vacaciones de agosto. Y, además, nadie nos va a dar suficientes misiles para proteger por completo nuestro espacio aéreo, eso es obvio. ¿O deberíamos destruir los lanzadores de misiles balísticos rusos, como dijo ayer el presidente? Quizás funcionase una o dos veces. Generaría un efecto mediático a corto plazo, pero poco más. Los artífices de la ‘Operación Teleraña’ serían los primeros en confirmarlo. Si no hay una solución eficaz para proteger nuestros cielos, espero que todo el mundo comprenda lo que nos espera: más destrucción, enormes pérdidas materiales y numerosas víctimas civiles, sin prácticamente ninguna forma de contrarrestarlo. Como dijo una vez Riddick: ‘No te metas con Dios, no te va a gustar lo que pase después.’ Solo eso ya da mucho en qué pensar. P. D. Quizá te preguntes por qué la ‘gente con pancartas de cartón’ [en referencia a los manifestantes que piden la reinstauración del exministro de Defensa, Mijailo Fedórov] no está planteando ahora mismo cuestiones realmente importantes como éstas. Porque el nuestro no es un país de cuestiones importantes. El nuestro es un país de sensacionalismo mediático. Y las consecuencias son, como siempre, exactamente las que cabría esperar.”

“Sabes que las cosas no van bien cuando ‘Azov’ es la voz sensata en este manicomio”, concluye Korotaev.

Fuente: El Salto