Periodista
en Descifrando
la Guerra.
La nueva crisis de Ceuta se suma a una larga lista de episodios de presión de Marruecos sobre España que comenzó a tomar forma con la Marcha Verde de 1975.
La
nueva crisis migratoria que atraviesa Ceuta vuelve a colocar bajo
presión una de las relaciones bilaterales más importantes y
difíciles de la política exterior española. Con cerca de
80.000 entradas irregulares registradas según las cifras
disponibles, la ciudad autónoma afronta uno de los episodios de
mayor tensión desde mayo de 2021, cuando unas 10.000 personas
atravesaron la frontera en apenas dos días.
La
comparación con aquella crisis es inevitable, pero también plantea
una pregunta más incómoda. Desde entonces, España ha modificado su
política hacia Marruecos.
En marzo de 2022, el gobierno de Pedro
Sánchez abandonó la tradicional neutralidad española respecto
al Sáhara Occidental y
pasó a considerar el plan de autonomía marroquí como la propuesta
"más seria, realista y creíble" para resolver el
conflicto.
Carta de Pedro Sánchez a Mohammed VI anunciando el cambio de política de España en el Sáhara.
El
objetivo era abrir una nueva etapa de estabilidad con Rabat tras el
enfrentamiento diplomático del año anterior. Cuatro años después,
sin embargo, Ceuta vuelve a estar sometida a una enorme presión. Más
allá de las circunstancias concretas que expliquen la crisis actual,
el episodio obliga a preguntarse hasta qué punto el entendimiento
alcanzado en 2022 transformó realmente la naturaleza de las
relaciones entre España y Marruecos.
La
respuesta probablemente sea que mucho menos de lo esperado. España y
Marruecos mantienen una relación caracterizada simultáneamente por
la cooperación y la competencia. La geografía obliga a ambos países
a entenderse en comercio, inmigración, terrorismo, narcotráfico,
seguridad marítima y estabilidad regional.
Pero
esa misma interdependencia proporciona también instrumentos con los
que ejercer presión. Esa paradoja constituye uno de los principales
problemas estratégicos de España en su flanco sur.
Ceuta
es, además, el lugar donde mejor se concentran todas esas
contradicciones. Su posición en la entrada oriental del estrecho de
Gibraltar le concede un valor que trasciende ampliamente su tamaño.
Es
frontera exterior de la Unión Europea, punto de observación sobre
una de las principales rutas marítimas del mundo y símbolo de la
presencia española en el norte de África. Al mismo tiempo, su
condición de enclave rodeado por territorio marroquí la hace
especialmente vulnerable ante cualquier deterioro de las relaciones
bilaterales.
Una
larga tradición de presión
La
utilización de instrumentos situados por debajo del umbral de la
guerra no es una característica nueva de la política marroquí.
Algunos de sus antecedentes más importantes se remontan incluso a
varias décadas antes de que se popularizara el concepto
contemporáneo de "zona gris".
Este
concepto describe aquellas situaciones en las que un Estado
trata de modificar
el statu
quo mediante
instrumentos coercitivos sin llegar a provocar un conflicto armado
abierto o directamente una guerra a gran escala.
La crisis de Ceuta ilustra la diferencia entre amenaza híbrida, zona gris y guerra híbrida en las relaciones entre España y Marruecos.
La
presión puede ser diplomática, económica, migratoria, informativa
o incluso militar de forma limitada y ambigua. Su principal ventaja
reside precisamente en dificultar la respuesta del adversario: cada
medida aislada parece insuficiente para justificar una escalada, pero
la suma de todas ellas puede modificar gradualmente el equilibrio
existente.
La
Marcha Verde de 1975 constituye el ejemplo histórico más
significativo en el caso marroquí. Hasán II movilizó a
cientos de miles de civiles hacia
el Sáhara Occidental cuando
España atravesaba una profunda crisis política debido a la agonía
de Francisco Franco.
El conflicto saharaui entre Marruecos y el Frente Polisario es uno de los más persistentes y menos comprendidos del sistema internacional.
La
utilización de población civil, acompañada de una amenaza militar
implícita y de una intensa movilización nacionalista, permitió
modificar el statu
quo
territorial sin desencadenar una guerra convencional. España terminó
abandonando el territorio y Marruecos consiguió establecer un hecho
consumado que, medio siglo después, ha resultado extraordinariamente
difícil de revertir.
La
importancia del precedente no reside únicamente en su resultado. La
operación explotó cuidadosamente las vulnerabilidades del
adversario, provocando una profunda incertidumbre política interna,
escasa voluntad de asumir los costes de una confrontación militar y
un contexto internacional poco favorable a una reacción española
prolongada.
Esa
combinación entre presión civil, amenaza latente y explotación del
momento político constituye precisamente uno de los elementos
característicos de la lógica contemporánea de zona gris.
La
crisis del islote
de Perejil de 2002 siguió
una lógica distinta pero comparable. Un reducido grupo de fuerzas
marroquíes ocupó unilateralmente un territorio deshabitado cuya
situación se mantenía deliberadamente congelada.
Militares españoles colocan la bandera española en la isla de Perejil tras la crisis.
España
respondió mediante una operación militar limitada y restauró el
statu
quo.
El episodio fue interpretado como una prueba de la determinación
española en la que una acción pequeña en términos materiales,
pero políticamente cargada, permitía medir hasta dónde estaba
dispuesto Madrid a llegar.
El
resultado fue muy distinto al de 1975 porque también lo fue la
respuesta española. Madrid mostró rápidamente su disposición a
impedir la consolidación del hecho consumado y utilizó su
superioridad militar para restaurar la situación anterior. Pero
Perejil dejó otra enseñanza relevante. Y es que una crisis
aparentemente menor puede escalar con rapidez cuando afecta a
cuestiones territoriales y de prestigio nacional.
Desde
entonces, la presión ha adoptado formas mucho
menos espectaculares.
Marruecos llamó a consultas a su embajador después de la visita de
los Reyes a Ceuta y Melilla en 2007; aparecieron posteriormente
pasaportes que atribuían las ciudades a Marruecos; Rabat impidió a
sus diplomáticos acceder a ellas y cerró unilateralmente la aduana
comercial de Melilla en 2018. También fueron introduciéndose
restricciones comerciales sobre Ceuta.
Son
medidas diferentes, pero comparten la característica de que elevan
gradualmente el coste de mantener el statu
quo
sin cruzar la frontera que convertiría una disputa diplomática en
un conflicto convencional. Esa ambigüedad es precisamente lo que las
hace efectivas.
Ceuta
2021 y la presión a España
El
mecanismo más sensible es, sin embargo, el migratorio. La crisis de
mayo de 2021 mostró de manera extraordinariamente clara la
vulnerabilidad española. Más
de 10.000
personas entraron en Ceuta después de que los controles
marroquíes se relajaran en plena confrontación diplomática entre
ambos gobiernos.
El
detonante inmediato había sido la hospitalización en España de
Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario, organización
enfrentada a Marruecos por el Sáhara Occidental. Pero la disputa
trascendía ampliamente a Ghali.
Después
de que Donald Trump reconociera en diciembre de 2020 la soberanía
marroquí sobre el Sáhara Occidental, Rabat incrementó su presión
para que otros gobiernos occidentales se aproximasen a esa posición.
Alemania y España estaban entre los principales objetivos
diplomáticos.
La
crisis de Ceuta demostró entonces que Marruecos disponía de una
poderosa herramienta, y es su capacidad para modular la cooperación
migratoria. España y la Unión Europea necesitan la colaboración de
Rabat para contener los movimientos hacia la frontera europea.
Precisamente por ello, una reducción deliberada o circunstancial de
esa cooperación tiene consecuencias casi inmediatas para España.
Mapa a color sobre la MINURSO y los refugiados saharauis debido a la ocupación de Marruecos.
Ahí
reside una característica fundamental de la relación bilateral: un
mecanismo creado para favorecer la cooperación puede convertirse
también en instrumento de coerción. La asimetría es especialmente
significativa porque el coste político de una crisis migratoria no
se reparte de forma equivalente entre ambos países.
Una
relajación temporal de los controles puede generar rápidamente
presión humanitaria,
mediática y política en
España, mientras que para Marruecos el coste inmediato puede ser
comparativamente menor.
La ciudad autónoma de Ceuta es un punto clave en la geopolítica de España en el Mediterráneo Occidental.
Así, la capacidad de transformar un ámbito
de cooperación cotidiana en un mecanismo de presión proporciona a
Rabat una ventaja considerable en momentos de tensión diplomática.
Esto
explica también por qué Ceuta y Melilla ocupan una
posición tan singular.
Ubicación geográfica de Ceuta y Melilla.
La lejanía respecto a la Península y su escaso peso demográfico
han favorecido históricamente que buena parte del debate público
español las contemple principalmente a través de cuestiones
migratorias, fronterizas o de seguridad.
Esa
percepción puede convertirse a su vez en una vulnerabilidad
política: cuanto más se presenten las ciudades como un problema
periférico, mayor será el coste interno de cualquier crisis
sostenida.
2022:
¿cesión o pragmatismo?
España
respondió a la crisis con una profunda reconsideración de su
relación con Marruecos. El punto culminante llegó en marzo de 2022,
cuando Pedro Sánchez respaldó el plan de autonomía marroquí como
la alternativa más seria y creíble para resolver el conflicto
saharaui. La decisión admitía dos interpretaciones, no por ello
excluyentes.
La
primera, especialmente plausible en aquel momento, era que España
había efectuado una "rendición
preventiva".
Después de la crisis migratoria, la ruptura diplomática y otros
episodios de presión, Madrid realizaba una importante concesión
precisamente sobre el asunto que Marruecos consideraba prioritario.
El
peligro era evidente: si Rabat concluía que la presión funcionaba,
podía sentirse incentivado a utilizarla en futuros desacuerdos,
incluidos aquellos relacionados con Ceuta, Melilla o la delimitación
marítima.
Además, el giro tuvo costes externos importantes.
Mapa de las reclamaciones marítimas de España, Marruecos, Portugal y Sáhara en Macaronesia.
España
abandonaba el delicado equilibrio que había mantenido
tradicionalmente entre Marruecos y Argelia precisamente cuando la
rivalidad entre ambos atravesaba uno de sus momentos más graves en
décadas. Argel había roto relaciones con Rabat en 2021 y
posteriormente reaccionó negativamente al cambio español, afectando
a una relación estratégica en ámbitos como el energético.
Pero
existe una segunda interpretación, más pragmática. El contexto
internacional del Sáhara ha evolucionado profundamente desde 2020.
El reconocimiento estadounidense fortaleció considerablemente la
posición de Marruecos y en los años posteriores varios gobiernos
europeos se aproximaron de diferentes maneras al plan de autonomía.
El margen de maniobra español sobre el conflicto se redujo
considerablemente.
Desde
esta perspectiva, el giro de 2022 podía entenderse como la
adaptación
a una realidad
internacional crecientemente favorable a Rabat y como el precio
de estabilizar una relación bilateral vital para los intereses
españoles.
Fotografía panorámica de El Aaiún, en el territorio del Sáhara Occidental.
La
evolución internacional posterior ha reforzado esta segunda
interpretación. La posibilidad de una independencia saharaui aparece
hoy mucho más lejana que hace una década, mientras que el plan de
autonomía ha ido obteniendo un apoyo diplomático creciente.
Para
España, mantener indefinidamente una posición formalmente neutral
podía proporcionar cada vez menos beneficios reales mientras
continuaba deteriorando la relación con un vecino cuya cooperación
es esencial.
Ambas
interpretaciones pueden contener parte de la verdad. El acercamiento
a Marruecos era comprensible desde una perspectiva de interés
nacional. España no puede elegir su geografía y necesita una
relación funcional con su vecino meridional. Pero la eficacia de
aquella decisión dependía también de que la nueva etapa modificase
los incentivos de Rabat y redujese el recurso a mecanismos
coercitivos.
Es
precisamente ahí donde la crisis actual vuelve a plantear dudas. Si
después de una de las mayores concesiones realizadas por España en
su política hacia el Magreb desde la retirada del Sáhara reaparecen
episodios de elevada presión sobre Ceuta, entonces el problema no
puede explicarse exclusivamente por el contencioso saharaui. La
tensión tiene raíces más profundas relacionadas con la propia
estructura de la relación bilateral.
Fuente:
Descifrando
la Guerra
