domingo, 7 de abril de 2024

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Conoce las multinacionales que financian la ocupación israelí de Palestina

 Por Bruno Sgarzini



Articulo publicado originalmente en Canal Red


        "Mi hija sigue preguntando: ‘¿Por qué no tenemos una casa? ¿Por qué no podemos construir una casa? ¿Por qué no puedo tener mi propia habitación?", afirma Heyam Nawajah, una de las pocas pobladoras de carpas y estructuras precarias que quedan en la aldea palestina de Susiya, ubicada en el punto neurálgico de expansión de los asentamientos israelíes.


        Susiya es una aldea palestina cuyo origen data de principios del siglo XIX cuando lo que hoy se conoce como Israel y Palestina estaba bajo designio del Imperio Otomano. Los padres y abuelos vivieron de sus cultivos de olivo en relativa tranquilidad hasta que en los años 80 la Administración Civil del Ministerio de Defensa de Israel declaró el poblado un “parque nacional” por estar localizado encima de las ruinas de una sinagoga del siglo IV. De inmediato, fueron expulsados y se instalaron con carpas en sus campos de cultivos.



     Desde ese momento, la Administración Civil rechazó todos los planes de los aldeanos para reconstruir su aldea frente al parque nacional. El conflicto llegó, incluso, a la Corte Suprema de Israel en 2015, quien le dio la razón a las autoridades israelíes y ordenó que las carpas y estructuras, como una escuela y un almacén, fueran demolidos por no respetar los parámetros de planificación de las autoridades israelíes. Un parámetro que, por supuesto, no se utiliza con los asentamientos israelíes que rodean la aldea dedicada al cultivo de olivos, según la organización de derechos israelíes Btselem.


         La historia de Susya es paradójica porque está ubicada en el Área C, creada en los Acuerdos de Oslo entre Issac Rabin, primer ministro de Israel, y Yasser Arafat, líder de la Organización de Liberación de Palestina, de manera provisoria hasta el establecimiento de un Estado Palestino. El área bajo administración israelí es una de las que más ha registrado expansión de asentamientos ilegales, una acción considerada ilegal bajo los Acuerdos de Ginebra (artículo 49) ya que cualquier país ocupante no puede trasladar población en un área ocupada. La aldea, en términos prácticos, es considerada territorio palestino por la resolución 181 de Naciones Unidas de 1947 que creó el Estado de Israel y uno Árabe-Palestino.


        Las carpas y casas precarias de los aldeanos están separadas por una carretera de un asentamiento de colonos que administra los sitios arqueológicos del parque nacional Susiya. Los colonos, inclusos, utilizan un sistema de agua instalado en la aldea que tiene prohibido cavar un pozo de agua y sobrevive, por  ende, de recoger el agua de lluvia y las cisternas que pagan sus pobladores, según Amnistía Internacional.


        Pero Israel cuenta con la complicidad de una red de privados que facilitan la expulsión de los aldeanos palestinos que aún quedan en Susiya. La empresa Trip Advisor publicita el parque nacional como un destino turístico sin alertar sobre la ilegalidad de su existencia. Para Amnistía Internacional: “los visitantes del sitio hacen una contribución financiera al asentamiento vecino que gestiona las ruinas. Un centro de visitantes sirve como escaparate de productos y bienes cultivados o fabricados por colonos de los alrededores, incluidos vino, hierbas, aceite de oliva y artesanías. Por lo tanto, TripAdvisor beneficia y contribuye a la economía de los asentamientos y ayuda a mantener una situación ilegal”.


        ¿Cuántas empresas como Trip Advisor contribuyen con acciones ilegales como esta sin que se sepan? En 2020, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó una extensa lista de más de 100 compañías que apoyan la presencia y expansión de los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados. Entre ellas destacan plataformas competidoras de Trip  Advisor, como Booking y Airnb, por publicitar alojamientos en aldeas y pueblos de Cisjordania que pertenecen a los palestinos.   En su informe de 2018 “Bed and Breakfast on Stolen Land”, Human Rights Watch sostiene que estas plataformas ayudan a que los asentamientos en Cisjordania sean más rentables y, por tanto, sostenibles, facilitando así el traslado ilegal de sus ciudadanos por parte de Israel a la zona.





        Pero también hay otros privados involucrados: la organización Who Profits, dedicada a recopilar datos de los privados cómplices de la ocupación israelí, divide a esta lista entre las que favorecen la construcción de Asentamientos, la producción en estos lugares, y las que le brindan Servicios y Utilidades a los Asentamientos.


        Veamos primero las dedicadas a la Construcción de los Asentamientos y están acusadas de ayudar la Producción:


        Para Who Profits: “la jurisdicción de los asentamientos en Cisjordania comprende más de 2,2 millones de dunams (550.000 acres) en el Área C, alrededor del 40% de toda Cisjordania. La construcción de asentamientos, zonas industriales y un sistema de carreteras israelí —cuyo uso está prohibido para los residentes palestinos— ocupa cientos de miles de hectáreas a los que los palestinos tienen acceso limitado, si es que tienen alguno, lo que refuerza la fragmentación del del espacio palestino. Las carreteras y los asentamientos pasan así a formar parte de un sistema más amplio de segregación y control, que incluye permisos especiales, muros y puestos de control”.


        En la expansión de las colonias juegan un papel clave los siete grandes bancos de Israel: Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bank Discount, Mizrahi Tefahot, el Primer Banco Internacional de Israel (FIBI), el Igud Bank y el Bank of Jerusalem. Según Human Rights Watch: “conceden préstamos a los consejos de los asentamientos (autoridades locales) y préstamos hipotecarios a los compradores de viviendas en los asentamientos y operan allí cajeros automáticos y sucursales bancarias”. También conceden financiamientos a los proyectos de infraestructura, como carreteras, trenes y servicios públicos, que perpetúan la ocupación según Who Profits.  Entre los accionistas de bancos, como Bank Leumi, el Discount o el First International Bank of Israel, aparecen grandes fondos financieros occidentales como el francés Lazard y los estadounidenses Vanguard Group, Black Rock y Goldman Sachs, según la base de datos de Who Profits.



        También a esta lista hay que sumar a las empresas constructoras involucradas en proyectos de infraestructura como el tranvía ligero que conecta los asentamientos ilegales a través de la Línea Roja. La multinacional española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (C.A.F.)  obtuvo el contrato de ampliación de la línea Roja y construcción de una línea más (la Verde) en un consorcio integrado por la israelí Shapir, incluida en la lista elaborada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de privados que se benefician de las violaciones a los derechos humanos de los palestinos. Amnistía Internacional llamó al proyecto el “tranvía del apartheid” porque conectara los “asentamientos ilegales en Jerusalén Oriental, un territorio ocupado en 1980, cuya anexión no reconoce Naciones Unidas y donde la Unión Europea ha declarado que es ilegal cualquier asentamiento de acuerdo al derecho internacional”.


        La española, además, se presentó a la licitación de otras dos líneas más que para atravesaran los asentamientos ilegales. No es la única empresa de su país cómplice de la ocupación: Comsa ganó la licitación para construir la línea Azul del tranvía que conectara Jerusalen con asentamientos ilegales como Gilo. La acompañan otros privados españoles como GMV y TyPSA.


        La española, además, se presentó a la licitación de otras dos líneas más que para atravesaran los asentamientos ilegales.


Mapa con el recorrido del tranvía en Jerusalén


        No es la única multinacional involucrada: la francesa Alstom, quien tiene como accionista al Estado, participa en el Tren Ligero de Jerusalén que conecta la Ciudad Vieja con los asentamientos ilegales. En 2022, la compañía ganó, además, la licitación para fabricar y mantener los vagones de  la Línea Verde del tranvía de Jerusalén y se convirtió en accionista principal de la compañía Bombardier Transportation que colabora con Israel Airways en la línea que une Jerusalén y Tel Aviv atravesando los Territorios Palestinos ocupados por colonias ilegales. Por esta razón, el fondo de pensiones noruego KLP desinvirtió con la justificación de que la multinacional colabora con “el abuso de los derechos humanos de los palestinos”.


        Tanto Alstom, como CAF, tienen el visto bueno de sus gobiernos a pesar de que desconocen su política de no reconocimiento de estos asentamientos como parte de Israel. Lo mismo la alemana Siemens quien ganó la licitación para electrificar el tren de alta Velocidad Tel Aviv-Jerusalén que cruza los asentamientos ilegales, y suministra el sistema de control de tráfico de las carreteras 5 y 443 de Cisjordania, que los palestinos tienen prohibido atravesar.


       Cemex, la multinacional del cemento mexicano, tiene una filial en Israel, Readymix Industries,  que ha sido proveedor de concreto para la construcción de asentamientos ilegales, un muro de seguridad a lo largo del puente Gilo en la Ribera  Occidental Ocupada, puestos de seguridad,  sistemas de drenaje y alcantarillado del tan criticado tren ligero de Jerusalén. Según Who Profits, la empresa vendió sus plantas de fabricación de hormigón en la Cisjordania Ocupada, pero, sin embargo, en la práctica siguen siendo proveedores de hormigón para los proyectos de infraestructura en los asentamientos ilegales.  “Las actividades de Cemex son preocupantes ya que están vinculadas al uso de recursos naturales, en particular agua y tierra, para fines comerciales, y el suministro de materiales que facilitan la construcción y la expansión de los asentamientos “, según Don´t Buy into The Occupation, un proyecto conjunto entre 24 organizaciones palestinas, regionales y europeas con sede en Bélgica, Francia, Irlanda, los Países Bajos, Noruega, España y el Reino Unido.


        Otras compañías extranjeras, como Volvo, Hyundai Heavy Industries y Cartepillar,  han vendido al Ejército de Israel los bulldozer y retroexcavadoras que han utilizado para demoler la casa de miles de palestinos, según un informe de esta misma ONG. Otras como Ford o Toyota venden camionetas que el Ejército israelí utiliza como vehículos blindados o patrulleros de vigilancia en los Territorios Palestinos Ocupados.

Empresas que dan Servicios y Utilidades a los Asentamientos.


        Para Who Profits; “las corporaciones israelíes e internacionales brindan servicios y utilidades vitales gestión de residuos, agua, seguridad telecomunicaciones y servicios financieros, facilitando la conexión de los asentamientos con Israel y normalizando su estatus”. Un ejemplo de servicios es todo lo relacionado a las plataformas de alojamientos, como Booking, Airbn y Trip Advisor, aunque hay otros casos que encajan bastante en esta descripción.


        La cadena de supermercados francesa Carrefour en marzo de 2022 se asoció con Electra Consumer Products y su filial minorista Yenot Bitan, a cargo de ocho tiendas en asentamientos ilegales de Cisjordania como Ariel y  Ma’ale Adumim. Yenot Bitan, además, fabrica y vende productos Carrefour en Israel y las tiendas de estos asentamientos. La multinacional francesa  también se vinculó con seis empresas emergentes israelíes de alta tecnológica en negocios relacionados a inteligencia artificial, operaciones en sus tiendas, y ciberseguridad. Entre ellas, se encuentra la empresa de seguridad e infraestructura de iluminación Juganu con presencia en los asentamientos Har Homa y Beitar Illit. Para Don´t Buy Into The Occupation, las actividades de Carrefour “son preocupantes ya que están vinculadas a la prestación de servicios de apoyo el mantenimiento y existencia de asentamientos”.


        La alemana PUMA, el tercer mayor fabricante de ropa deportiva a nivel mundial,  es el sponsor  de la Asociación de Fútbol de Israel (IFA) y socio oficial de los equipos nacionales israelíes. PUMA suministra calzado, camisetas y toda la indumentaria necesaria para disputar todas las competiciones. Entre los combinados están equips de los asentamientos israelíes, Ma’ale, Adumim, Oranit y Giv’at Ze’ev. Para Sari Bashi de Human Rights Watch: “los clubes de los asentamientos juegan sus partidos en casa en tierras confiscadas ilegalmente a los palestinos, y a los palestinos de Cisjordania no se les permite ingresar a los asentamientos para jugar, entrenar o incluso ver los partidos.  Los equipos, además, proporcionan empleo a tiempo parcial y servicios recreativos a los colonos”. La FIFA, por supuesto, no suspendió a la IFA a pesar de que sus clubes ocupan el territorio de otro país miembro. Mientras que Puma ha anunciado que el próximo año finalizará su patrocinio.


Puma Ends Sponsorship Deal With Israeli Soccer Team



        Las tecnológicas estadounidenses tampoco se quedan atrás: Hewlett Packard Enterprise (HPE) proporciona servidores y mantenimiento al sistema AVIV ( de identificación Población e Inmigración) utilizado por el Ejército de Israel en los puntos de control en Cisjordania para restringir el paso de la población palestina. AVIV será sustituido en el futuro por el sistema Eitan, diseñado por la estadounidense International Business Machines Corporation (IBM), según un contrato firmado por la la Autoridad Israelí de Población, Inmigración y Fronteras. Ambos sistemas, según la organización Investigar, están dirigidos a “implementar políticas discriminatorias contra los palestinos como restringir su libertad de movimiento, su derecho al voto, derecho a la vida familiar (reunificación familiar) y acceso a servicios”.


        El Ejército israelí los utiliza en “Allenby Bridge Crossing, el único punto de entrada y salida para los palestinos que residen en Cisjordania a través de Jordán; y el puesto de control de Erez, que es el único paso que permite la circulación de personas entre Gaza, Israel y el resto de Territorios Palestinos Ocupados”, según Don´t Buy Into The Occupation.


        Motorola también ha diseñado sistemas para el  Ministerio de Defensa de Israel, como el “MotoEagle”, que “se utiliza en decenas de asentamientos ilegales en Cisjordania, en el muro que rodea Gaza. y en bases militares israelíes”. También el ‘Zramim’, un sistema de tarjetas inteligentes utilizados en los puntos de control israelíes para el transporte de mercancías donde los conductores palestinos deben registrar su información personal. También ha proporcionado redes de teléfonos celulares cifradas para los militares israelíes. Mientras que el Consejo del Valle del Jordán, que incluye más de 20 asentamientos ilegales en Cisjordania, utiliza el sistema administrador  de cámaras Avigilon, conocido como Motobridge.



        No es la única tecnológica involucrada con las colonias israelíes: Cisco Systems estableció una asociación con el gobierno israelí para crear “centros digitales”, espacios de coworking subsidiados por el gobierno diseñados para ayudar a integrar ciudades pequeñas y regiones remotas a la industria israelí de alta tecnología. Según la organización Investigación: “ocho de las 45 ubicaciones anunciadas de centros digitales se encuentran en asentamientos ilegales en territorios ocupados o cerca de ellos. Además, en los centros de Cisco en la región de Naqab (Negev) en el sur de Israel se han establecido en asociación con el Fondo Nacional Judío, una organización con una larga historia de desplazamiento de palestinos y apoyo a la empresa de asentamientos ilegales de Israel”.


        Los vínculos de las empresas extranjeras con la ocupación israelí son extensos y profundos. Pero también tiene como principales responsables a los grandes bancos y fondos financieros accionistas de las empresas involucradas


        Don´t Buy Into The Occupation halló que, entre enero de 2020 y agosto de 2023,  776 instituciones financieras europeas, incluidos bancos, gestores de activos, compañías de seguros y fondos de pensiones, mantuvieron relaciones financieras con 51 compañías que participan de forma activa en los asentamientos israelíes. “Durante el período analizado, se proporcionaron 164,2 mil millones de dólares en forma de préstamos y financiamiento. En agosto de 2023, los inversores europeos tenían en su poder 144 700 millones de dólares en acciones y bonos de estas empresas Nuestra institución no cree que todo el dinero, destinado a estos privados, fluya a las empresas activas en los asentamientos ilegales. Pero si conectan a los inversores con estas actividades realizadas con sus aportes”. según la organización.


        Entre las entidades financieras están: el BNP Paribas y Societé Genérale de Francia, Deutsche Bank Allianz y KfW de Alemania, UniCredit de Italia, Santander de España, y Barclays y HSBC de Gran Bretaña.  Las campañas del Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) han tenido impacto para algunos de estos fondos desinviertan:  ABP, el  fondo de pensión más grande de Países Bajos, desinvirtió los bancos Israelíes Leumi y Hapoalim, su hermano gemelo  en Noruega, Kommunal Landspensjonskasse (KLP), hizo lo mismo en 16 compañías vinculadas a asentamientos. Al igual que ellos, el gestor de activos noruego Storebrand vendió sus acciones de más de 20 compañías y  el Fondo de Pensiones del Gobierno Noruego Global (GPFG) se retiró de tres compañías bajo el argumento de que corría “riesgo de contribuir a la violación sistemática de millones de personas por las actividades de los asentamientos ilegales”.




        El armado de base de datos de multinacionales cómplices, como el elaborado la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, también provocó que la multinacional de alimentos General Mills abandonara su fábrica en la localidad de Pillsbur, anexionada por Israel después de la guerra de Los Seis Días en 1967. Algo parecido hizo la compañía de helado Ben & Jerry’s cuando anunció que dejaba de vender sus productos en los asentamientos ilegales por ir en “contra de sus valores como empresa”.

        Uno de los principales argumentos para justificar el boicot es que una acción similar fue clave para derribar el apartheid en Sudáfrica.