Por Pedro Costa Morata Ya tenemos aquí otro ejercicio de cortina de humo de nuestros fiscales cuando del Medio Ambiente se trata, me dije según iba leyendo la entrevista que le hacía el diario La Opinión (26 de abril de 2026) a Miguel de Mata, fiscal de Medio Ambiente en la Región de Murcia. Mira qué morro le echa este funcionario, me hice observar a mí mismo, al evocar los datos de que dispongo sobre la acción profesional del susodicho, que no pueden ser más pobres. Vuelve a salir por las mismas que su jefe José Luis Díaz Manzanera, me recordé, cuando hace unos años organizó una campaña de difusión del -esforzado, competente y por supuesto eficaz- trabajo de su Fiscalía en perseguir a los malos en la región, incluyendo a los criminales del medio ambiente (a lo que yo aludía en elDiario.es, 29 de diciembre de 2020).
Miguel de Mata, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la Región de Murcia (La Opinión).
Diré que, como impresión general, esa entrevista a De Mata me pareció digna de un marciano que, al aterrizar en la Huerta de Europa procedente del planeta rojo lo hiciera sin la menor idea de cómo están aquí las cosas, específicamente las medioambientales, ya que así de ajeno y distante se muestra el mismo entrevistado con las cosas por las que tiene que rendir cuentas. Pero -marcianidades aparte- en lo que en realidad iba pensando con su lectura era en la frialdad burocrática de sus respuestas, carentes de apego y pasión por su misión, en el más prístino encaje del trabajo burocrático, ese que se nutre de neutralidad ideológica (casi siempre falaz) y de competencia profesional (casi siempre equívoca y aún peor); porque las burocracias, como todo el mundo sabe, no se someten a escrutinio riguroso o crítica eficaz alguna, siendo sistemas y subsistemas reales que gozan de exención e impunidad, teniendo como misión constituirse como instancias de poder, influencia y control social, lo que en las democracias burguesas es inevitablemente conservador. Y esto es lo que se comprueba cada día en nuestra región con el medio ambiente.
Una entrevista, ya digo, cuyos contenidos aparecen absolutamente alejados de la realidad, dirigidos todos ellos a echar balones fuera: porque si nuestra tierra presenta un estado ambiental deplorable es en buena medida debido a fiscales y jueces que -auto disculpas aparte- permiten que cunda el desastre porque son incapaces de evitarlo, perseguirlo y castigarlo. Por supuesto que los fiscales culpan a los jueces por ser tan difícil conmoverlos y que entiendan el problema y los jueces culpan a las administraciones civiles de ser insensibles (como ellos, vaya) y de no tomar las medidas necesarias; finalmente, los administradores siempre tienen a quien señalar y culpar, tratando de descargar su responsabilidad o en los de arriba o en los de abajo (y así nos luce el pelo).
De burócratas acostumbrados a irse de rositas en su mal hacer es típico -y así nos lo evoca el fiscal De Mata- quejarse del “sistema” que, dice, “no está del todo preparado para grandes catástrofes como la del Mar Menor”, olvidándose de que él es parte significativa de ese “sistema”, no los ciudadanos de a pie, y que -siguiendo con el Mar Menor- pretenderá que ignoremos que fiscales y jueces han dejado pasar décadas sin mover un dedo en favor de la laguna, mirando para otro lado y dejando actuar libre y provechosamente a esa larga patulea de tipos y empresas que lo vienen envenenando sin que el “sistema” judicial se haya estremecido. Ahora, puesto a trabajar en ese asunto por obligación y sin encontrar escapatoria posible, encuentra que el asunto es “complejo”, claro. Y evita la menor alusión a esa novedad de la Ley 19/2022, sobre la personalidad jurídica del Mar Menor, una de cuyas virtualidades -aun estando por demostrar, dada la hostilidad con que gran número de jueces la han tenido que encajar- es saltarse a los fiscales por demostradamente irrelevantes en tan magno y acuciante asunto.
Pero yo quiero destacar del fiscal de Medio Ambiente -o por ser menos puntilloso, de las tareas en materia de medio ambiente de la Fiscalía murciana, de la que él es máximo responsable- una cierta afición por archivar muy serias denuncias sobre sangrantes problemas ambientales de la región, como es el caso del agua extraída ilegalmente y envenenada por la agricultura intensiva. Un tratamiento elusivo y frivolizante que -según mi percepción, que creo que los hechos presentes lo pueden confirmar- que afecta a los daños a la salud pública en al menos dos casos de exasperante actualidad: la atmósfera irrespirable por la industria derivada de las canteras en ciertas pedanías de Abanilla y el impacto de los metales tóxicos acumulados en el Hondón de Cartagena y gran parte de su sierra. Me impresionó el expeditivo archivado de nuestras denuncias cuando, desde el Consejo de Defensa del Noroeste, le pedimos cuentas por la situación desmadrada de pozos y acuíferos en la finca de El Chopillo, en Moratalla; y cuando nos quejamos a su jefe Díaz Manzanera y tuvo que reabrir el asunto, volvió a archivarlo quejándose de que insistiéramos buscándole tres pies al gato (o algo así); no sin antes “nuclear” su indagación pidiendo información a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que era a la que denunciábamos, y tomarla como buena y definitiva (menudo estilo indagador y social el de este tipo, me dije). Esto de echar la bronca al denunciante me pareció otro gesto típicamente burocrático, que es el de no consentir críticas al propio ejercicio funcionarial y responder “matando al mensajero” o advirtiéndole de forma más o menos expresa que ceje en sus interpelaciones por intempestivas, tratando siempre de quitar importancia a las situaciones de abuso y agresión social, incluso las más graves.
Naturalmente, y visto de qué va este funcionario, en la entrevista que comento aparece como un quejica entregado y sufriente que, ante las deficiencias de la justicia, señala que “el problema es de organización. Hace falta una reforma procesal y, sobre todo, especialización: juzgados y fiscales especializados en medio ambiente”. Como si lo suyo no fuera una tarea especializada y su obligación no fuera demostrar que sabe cumplir, que ya lleva unos cuantos años con lo mismo. También se queja de las macrocausas, como la del Mar Menor, y de las ejecuciones de sentencias que, como sucede con las demoliciones en el ámbito urbanístico, se complican extraordinariamente (hasta hacerlas, añado yo, rarísimas, imponiéndose, con expresa burla de la ley, los hechos consumados).
Carga las tintas nuestro hombre en el urbanismo ilegal, señalando que domina ampliamente, con un 70 por 100 de los casos que caen en sus manos, cuando los delitos contra la gestión del agua debieran de ocupar, más o menos, ese 70 por 100, por ser más decisivos que los urbanísticos (que, a fin de cuentas, debieran de resolverse en el ámbito administrativo municipal-autonómico). Porque lo más curioso de la entrevista es que ni una sola vez alude al agua, a su maltrato y envilecimiento y, sobre todo, a la pésima gestión de la CHS, contra la que creo que ni ha ido nunca ni piensa hacerlo, siendo ese organismo del Estado el principal responsable tanto de la pérdida de salubridad de los acuíferos como de la ruina galopante del ecosistema marmenorense.
Para comprobar la inopia ambiental de nuestros fiscales -con De Mata en cabeza- y el reconocimiento práctico de la impunidad antiecológica de la CHS, basta con contemplar el modus operandi de la masiva tarea de eliminación de la caña de río en las orillas del Segura y afluentes. Una planta convertida de repente en villana a erradicar, hacia la que se desarrolla una salvajada ambiental que adquiere dos formas igualmente equivalentes a (presunta) malversación de caudales públicos y la (segura) destrucción del ecosistema ribereño: o eliminando a matarrasa toda la vegetación superficial de las riberas, lo que no impide que resurja la caña enhiesta y desafiante, ya que el rizoma persiste, o cubriendo las orillas con un plástico negro duro e impermeable, pertinaz absorbente de la radiación solar que, pretendiendo asfixiar las raíces de la caña, destruye toda la intensa y estratégica vida vegetal y animal acompañante que se asienta en esas riberas. Es el “crimen ripario”, novedad con que ahora mismo nos alegra la vida la CHS con su pasmosa bilis antiecológica.
Y como no podía ser de otra forma, lo que más me ha tocado los sentimientos ha sido que vea en “la concienciación social” las claves del futuro, que es justamente de lo que yo me quejo porque creo que es lo que desprecia practicando tan deportivamente el archivado de las causas ambientales. Atreviéndose además a decir que “hay mayor conciencia ambiental y también más control por parte de los técnicos y funcionarios”, expresión tan alejada de la realidad como lo están esos marcianos que se pasmarían si visitaran nuestra tierra para encontrarse con opiniones del jaez de las que expresa De Mata.
La impresión mía es que en una región ambientalmente en carne viva resulta inevitable la existencia “activa” de funcionarios como él, carentes de genio y verdadera pasión por el oficio propio y el interés general. De Mata, por su parte, no parece conmoverse mucho, ni siquiera como ciudadano, a la hora de la verdad ante la situación general catastrófica, y parece no importarle demasiado escurrirse (digamos, mejor, “adoptar un perfil bajo”) ante los grandes abusos y delitos, como sucede con el manejo del agua en general o con la contaminación por la actividad de las canteras o la presencia enquistada de residuos mineros, asuntos todos ellos de extrema gravedad y a los que ni siquiera alude en esa entrevista.
Eliminación de vegetación riparia a matarrasa y resurgimiento posterior de la caña en el Segura, aguas arriba de Cieza.
Podrá parecerle al fiscal de Medio Ambiente algo duro este alegato que le dirijo, pero me siento obligado a exigirle más y mejor trabajo. Y no otra cosa puedo hacer si dejo que desfilen por mi memoria y experiencia las angustias y los cabreos propios, así como la repetitiva impunidad con que se arruinan la estructura física de esta región, las dinámicas ecológicas seculares y el futuro que a todos nos pertenece; es lo que conozco y vivo desde hace más de medio siglo y contra lo que he procurado expresarme siempre, y no pienso contemporizar con ello tampoco ahora. Sí he de admitir una cierta ternura que esta misma entrevista que critico me ha hecho sentir cuando De Mata reconoce en ella que atraviesa lo que él mismo llama “crisis de fe”, a cuento de la complejidad del caso del Mar Menor y de la incapacidad -se supone- judicial de afrontarlo; porque asumir estas cosas indica que quienes ejercen, aunque sea por un momento, la humildad del fracaso merecen al menos conmiseración. Aun así, don Miguel no aclara si su crisis de fe lo es hacia el “sistema” (judicial, a la sazón), como destacados responsables (él y el “sistema”) de la calamidad en la que estamos sumidos, o sus cuitas son más profundas y esencialistas, y atañen a la ineficiencia de la Ley (con mayúscula) para resolver asuntos de tanta enjundia y trascendencia como es el medio ambiente. O si es meramente una crisis de fe en sí mismo, como micro agente, más inútil que efectivo, en el vasto mundo de las injusticias proliferantes y de los canallas repicantes. Si es así, si su sinceridad se está atascando en sí mismo, mi recomendación -que quiere ser leal- es que contenga tan íntimo descreimiento y lo reconduzca cambiando de tema y de “sistema”, abandonando de una vez tanto lo del medio ambiente como lo de fiscal, que hay muy numerosas tareas de utilidad social que con su carrera seguro que puede desempeñar con más brillo y éxito. Láncese, pues, a la (controlada) aventura de explorar nuevas áreas del Derecho creativo y social. Pero no se le ocurra archivar o minimizar las causas que tanto duelen y oprimen a esta tierra nuestra.
Termino lamentando que en esa entrevista de marras al periodista no se le haya ocurrido poner al fiscal en un brete, dada su bien visible inepcia, con el material sobreabundante que tendría a mano sobre lo que pasa en esta tierra martirizada por hombres y dioses, y donde la injusticia ambiental es prueba irrefutable de su condena. Porque el periodismo blandengue y escapista es parte muy importante, por colaboracionista, del paisaje de depredación ambiental generalizada (y a la murciana).
