18 de mayo, 19:30h. Alfonso X, Edificio Delegación del Gobierno.
Arqueólogo en el Instituto de Ciencias del Patrimonio.
Y
Fotografía y edición gráfica en El Salto.
Los etíopes que llegan a Somalilandia trabajan para los buscadores de oro o en los bares. El objetivo de la mayoría es ahorrar lo suficiente para cruzar el mar y buscar trabajo en Arabia Saudí o los países del Golfo Pérsico
El pasado mes de abril volvimos de realizar un proyecto arqueológico en Somalilandia. Este país independiente de facto en el Cuerno de África tiene un patrimonio riquísimo y poco explorado. Nuestro proyecto analiza la movilidad y las redes de intercambio de personas y bienes entre la Prehistoria y la Edad Media. Hemos tenido suerte y hemos dado con numerosos yacimientos arqueológicos que dan fe de los movimientos de gente a lo largo de los siglos. Pero también nos hemos encontrado otras movilidades, más recientes y más trágicas.
En nuestros viajes por Somalilandia nos cruzamos constantemente con pequeños grupos de hombres que caminaban al borde de la carretera. A veces son una pareja, a veces cuatro o cinco. Nuestros compañeros somalilandeses nos cuentan que vienen de Etiopía. Caminan todos ellos hacia el este del país y por un solo motivo: se ha descubierto oro. Y cuando aparece oro, llega la fiebre -más en un contexto global de precios desbocados y miseria extrema. Los jóvenes ven una oportunidad de mejorar sus condiciones, aunque esa oportunidad les pueda costar la vida.
Los etíopes que nos cruzamos no llevan casi nada con ellos. A lo sumo una botella de agua. Van calzados con chanclas o zapatillas viejas. Con este equipaje recorren a pie hasta mil kilómetros por terrenos montañosos y semidesérticos. Un paisaje, a veces, increíblemente hermoso, pero siempre implacable.
Cuando llega la noche se dejan caer al borde de la carretera. Se tumban con la cabeza en la dirección que han de seguir al día siguiente, para no desorientarse en un territorio que puede ser desesperantemente monótono. Duermen en el suelo. La mayoría no tienen ni una manta con que taparse, aunque las temperaturas en las montañas, en invierno, sean de solo unos pocos grados sobre cero. En el desierto litoral, en cambio, el calor es abrasador y húmedo diez meses al año. Los etíopes se alimentan de basura o de las sobras que les dan en las casas de comida junto a la carretera.
Su destino son las minas de la región de Sanaag, la mayoría ilegales. Hablamos con el gobernador de la región, que nos deja clara su impotencia: les gustaría atraer a empresas internacionales para que exploten el oro de forma organizada y que parte de los beneficios lleguen al Estado -de hecho, se lo ofrecieron a EEUU a cambio del reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente. Pero por ahora no parece haber demasiado interés. Es difícil trabajar en un país que no existe a efectos legales. Y en una región disputada entre Somalilandia y Khatumo, un nuevo estado autónomo en el Cuerno de África.
Mientras tanto, el oro genera conflictos: los clanes y subclanes se pelean por los recursos y los límites de sus territorios -unos metros más allá o más acá puede significar la prosperidad o la miseria. En el pueblo donde trabajamos, Xiis, escuchamos por las noches disparos de Kalashnikov: son los buscadores de oro ahuyentado a la competencia.
Los mineros cavan pozos en cualquier lado. En el yacimiento arqueológico que estudiamos, a pocos kilómetros del pueblo, han perforado monumentos funerarios de hace dos mil años para cavar galerías de varios metros de profundidad. Es un trabajo absurdo: los túmulos se levantan sobre playas fósiles, capas de coral y conchas en las que no ha habido jamás oro. El capitalismo global, la desesperación y los mitos ancestrales se combinan para dejar un paisaje devastado de cráteres. Junto al yacimiento pasamos cada día un campamento en el que viven tres o cuatro mineros: una carpa de plástico y unos bidones por todo mobiliario.
Los etíopes trabajan para los buscadores de oro o en los bares y tiendas que surgen por todas partes. Lo hacen en jornadas extenuantes, de doce o catorce horas y por un salario ridículo: uno o dos dólares diarios. El objetivo de la mayoría es ahorrar lo suficiente para cruzar el mar y buscar trabajo en Arabia Saudí o los países del Golfo Pérsico. Para ello, en el mejor de los casos se ponen en manos de pescadores locales; en el peor, de traficantes de personas. Cientos mueren ahogados cada año, pero si cuantificar su número es difícil en el Mediterráneo, en el Golfo de Adén es simplemente imposible.
Al otro lado del mar no terminan sus problemas. Tienen que atravesar las montañas y los desiertos de Yemen, donde muchos morirán de enfermedad o de sed o bajo las balas de los guardias fronterizos de Arabia Saudí, que disparan a matar. Y cuando lleguen a su destino los tratarán como esclavos. Las mujeres sufrirán abusos sexuales. Muchos no volverán a su país ni a ver a sus familias. Unos pocos conseguirán prosperar, pero a un precio desmesurado.
Hace años nos cruzamos en el desierto de Yibuti a un niño de 10 u 11 años. Solo, deshidratado. Nos pidió agua. Caminaba hacia al puerto, a buscar pasaje en un barco para cruzar a Yemen. Nunca sabré si lo logró. Nunca sabremos cuantos niños se pierden en los desiertos del Cuerno de África o de Arabia.
Pese a la importancia que le damos y los ingentes recursos que se destinan a impedirla, la migración subsahariana a Europa es mínima. La gran mayoría de migrantes se mueven dentro de África o se dirigen a la Península Arábiga. Si de las historias de los que llegan a nuestra costa sabemos poco, de los otros no sabemos prácticamente nada.
Pienso en el contraste entre lo que excavamos y lo que vivimos. Lo que excavamos: un mundo de gente que viaja a pie o en barco, a veces lejísimos, que se encuentra con otra gente, que muere, a veces, por el camino. No tan distinto en cierta manera de lo que vivimos hoy, de lo que vemos. Pero en realidad sí es muy distinto. Porque el mundo que excavamos estaba regido por leyes de hospitalidad y cooperación: gente que cuida de otra gente, que los acoge en tierra extraña y que recuerda a quienes mueren en el camino o en casa, con monumentos que llegan hasta hoy.
El mundo que vemos, en cambio, el que nos cruzamos en nuestros viajes por Somalilandia, es de gente que no dejará rastro. Personas invisibles, que perderán sus vidas en hoyos en el desierto o en carreteras en las montañas o en el mar o en una ciudad desconocida donde nadie los llorará ni se acordará de ellos. Gente sin historia, con menos historia que las sociedades milenarias que estudiamos meticulosamente en un lugar remoto del Cuerno de África.
Fuente:
El
Salto
Por Pedro Costa Morata Ya tenemos aquí otro ejercicio de cortina de humo de nuestros fiscales cuando del Medio Ambiente se trata, me dije según iba leyendo la entrevista que le hacía el diario La Opinión (26 de abril de 2026) a Miguel de Mata, fiscal de Medio Ambiente en la Región de Murcia. Mira qué morro le echa este funcionario, me hice observar a mí mismo, al evocar los datos de que dispongo sobre la acción profesional del susodicho, que no pueden ser más pobres. Vuelve a salir por las mismas que su jefe José Luis Díaz Manzanera, me recordé, cuando hace unos años organizó una campaña de difusión del -esforzado, competente y por supuesto eficaz- trabajo de su Fiscalía en perseguir a los malos en la región, incluyendo a los criminales del medio ambiente (a lo que yo aludía en elDiario.es, 29 de diciembre de 2020).
Miguel de Mata, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la Región de Murcia (La Opinión).
Diré que, como impresión general, esa entrevista a De Mata me pareció digna de un marciano que, al aterrizar en la Huerta de Europa procedente del planeta rojo lo hiciera sin la menor idea de cómo están aquí las cosas, específicamente las medioambientales, ya que así de ajeno y distante se muestra el mismo entrevistado con las cosas por las que tiene que rendir cuentas. Pero -marcianidades aparte- en lo que en realidad iba pensando con su lectura era en la frialdad burocrática de sus respuestas, carentes de apego y pasión por su misión, en el más prístino encaje del trabajo burocrático, ese que se nutre de neutralidad ideológica (casi siempre falaz) y de competencia profesional (casi siempre equívoca y aún peor); porque las burocracias, como todo el mundo sabe, no se someten a escrutinio riguroso o crítica eficaz alguna, siendo sistemas y subsistemas reales que gozan de exención e impunidad, teniendo como misión constituirse como instancias de poder, influencia y control social, lo que en las democracias burguesas es inevitablemente conservador. Y esto es lo que se comprueba cada día en nuestra región con el medio ambiente.
Una entrevista, ya digo, cuyos contenidos aparecen absolutamente alejados de la realidad, dirigidos todos ellos a echar balones fuera: porque si nuestra tierra presenta un estado ambiental deplorable es en buena medida debido a fiscales y jueces que -auto disculpas aparte- permiten que cunda el desastre porque son incapaces de evitarlo, perseguirlo y castigarlo. Por supuesto que los fiscales culpan a los jueces por ser tan difícil conmoverlos y que entiendan el problema y los jueces culpan a las administraciones civiles de ser insensibles (como ellos, vaya) y de no tomar las medidas necesarias; finalmente, los administradores siempre tienen a quien señalar y culpar, tratando de descargar su responsabilidad o en los de arriba o en los de abajo (y así nos luce el pelo).
De burócratas acostumbrados a irse de rositas en su mal hacer es típico -y así nos lo evoca el fiscal De Mata- quejarse del “sistema” que, dice, “no está del todo preparado para grandes catástrofes como la del Mar Menor”, olvidándose de que él es parte significativa de ese “sistema”, no los ciudadanos de a pie, y que -siguiendo con el Mar Menor- pretenderá que ignoremos que fiscales y jueces han dejado pasar décadas sin mover un dedo en favor de la laguna, mirando para otro lado y dejando actuar libre y provechosamente a esa larga patulea de tipos y empresas que lo vienen envenenando sin que el “sistema” judicial se haya estremecido. Ahora, puesto a trabajar en ese asunto por obligación y sin encontrar escapatoria posible, encuentra que el asunto es “complejo”, claro. Y evita la menor alusión a esa novedad de la Ley 19/2022, sobre la personalidad jurídica del Mar Menor, una de cuyas virtualidades -aun estando por demostrar, dada la hostilidad con que gran número de jueces la han tenido que encajar- es saltarse a los fiscales por demostradamente irrelevantes en tan magno y acuciante asunto.
Pero yo quiero destacar del fiscal de Medio Ambiente -o por ser menos puntilloso, de las tareas en materia de medio ambiente de la Fiscalía murciana, de la que él es máximo responsable- una cierta afición por archivar muy serias denuncias sobre sangrantes problemas ambientales de la región, como es el caso del agua extraída ilegalmente y envenenada por la agricultura intensiva. Un tratamiento elusivo y frivolizante que -según mi percepción, que creo que los hechos presentes lo pueden confirmar- que afecta a los daños a la salud pública en al menos dos casos de exasperante actualidad: la atmósfera irrespirable por la industria derivada de las canteras en ciertas pedanías de Abanilla y el impacto de los metales tóxicos acumulados en el Hondón de Cartagena y gran parte de su sierra. Me impresionó el expeditivo archivado de nuestras denuncias cuando, desde el Consejo de Defensa del Noroeste, le pedimos cuentas por la situación desmadrada de pozos y acuíferos en la finca de El Chopillo, en Moratalla; y cuando nos quejamos a su jefe Díaz Manzanera y tuvo que reabrir el asunto, volvió a archivarlo quejándose de que insistiéramos buscándole tres pies al gato (o algo así); no sin antes “nuclear” su indagación pidiendo información a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que era a la que denunciábamos, y tomarla como buena y definitiva (menudo estilo indagador y social el de este tipo, me dije). Esto de echar la bronca al denunciante me pareció otro gesto típicamente burocrático, que es el de no consentir críticas al propio ejercicio funcionarial y responder “matando al mensajero” o advirtiéndole de forma más o menos expresa que ceje en sus interpelaciones por intempestivas, tratando siempre de quitar importancia a las situaciones de abuso y agresión social, incluso las más graves.
Naturalmente, y visto de qué va este funcionario, en la entrevista que comento aparece como un quejica entregado y sufriente que, ante las deficiencias de la justicia, señala que “el problema es de organización. Hace falta una reforma procesal y, sobre todo, especialización: juzgados y fiscales especializados en medio ambiente”. Como si lo suyo no fuera una tarea especializada y su obligación no fuera demostrar que sabe cumplir, que ya lleva unos cuantos años con lo mismo. También se queja de las macrocausas, como la del Mar Menor, y de las ejecuciones de sentencias que, como sucede con las demoliciones en el ámbito urbanístico, se complican extraordinariamente (hasta hacerlas, añado yo, rarísimas, imponiéndose, con expresa burla de la ley, los hechos consumados).
Carga las tintas nuestro hombre en el urbanismo ilegal, señalando que domina ampliamente, con un 70 por 100 de los casos que caen en sus manos, cuando los delitos contra la gestión del agua debieran de ocupar, más o menos, ese 70 por 100, por ser más decisivos que los urbanísticos (que, a fin de cuentas, debieran de resolverse en el ámbito administrativo municipal-autonómico). Porque lo más curioso de la entrevista es que ni una sola vez alude al agua, a su maltrato y envilecimiento y, sobre todo, a la pésima gestión de la CHS, contra la que creo que ni ha ido nunca ni piensa hacerlo, siendo ese organismo del Estado el principal responsable tanto de la pérdida de salubridad de los acuíferos como de la ruina galopante del ecosistema marmenorense.
Para comprobar la inopia ambiental de nuestros fiscales -con De Mata en cabeza- y el reconocimiento práctico de la impunidad antiecológica de la CHS, basta con contemplar el modus operandi de la masiva tarea de eliminación de la caña de río en las orillas del Segura y afluentes. Una planta convertida de repente en villana a erradicar, hacia la que se desarrolla una salvajada ambiental que adquiere dos formas igualmente equivalentes a (presunta) malversación de caudales públicos y la (segura) destrucción del ecosistema ribereño: o eliminando a matarrasa toda la vegetación superficial de las riberas, lo que no impide que resurja la caña enhiesta y desafiante, ya que el rizoma persiste, o cubriendo las orillas con un plástico negro duro e impermeable, pertinaz absorbente de la radiación solar que, pretendiendo asfixiar las raíces de la caña, destruye toda la intensa y estratégica vida vegetal y animal acompañante que se asienta en esas riberas. Es el “crimen ripario”, novedad con que ahora mismo nos alegra la vida la CHS con su pasmosa bilis antiecológica.
Y como no podía ser de otra forma, lo que más me ha tocado los sentimientos ha sido que vea en “la concienciación social” las claves del futuro, que es justamente de lo que yo me quejo porque creo que es lo que desprecia practicando tan deportivamente el archivado de las causas ambientales. Atreviéndose además a decir que “hay mayor conciencia ambiental y también más control por parte de los técnicos y funcionarios”, expresión tan alejada de la realidad como lo están esos marcianos que se pasmarían si visitaran nuestra tierra para encontrarse con opiniones del jaez de las que expresa De Mata.
La impresión mía es que en una región ambientalmente en carne viva resulta inevitable la existencia “activa” de funcionarios como él, carentes de genio y verdadera pasión por el oficio propio y el interés general. De Mata, por su parte, no parece conmoverse mucho, ni siquiera como ciudadano, a la hora de la verdad ante la situación general catastrófica, y parece no importarle demasiado escurrirse (digamos, mejor, “adoptar un perfil bajo”) ante los grandes abusos y delitos, como sucede con el manejo del agua en general o con la contaminación por la actividad de las canteras o la presencia enquistada de residuos mineros, asuntos todos ellos de extrema gravedad y a los que ni siquiera alude en esa entrevista.
Eliminación de vegetación riparia a matarrasa y resurgimiento posterior de la caña en el Segura, aguas arriba de Cieza.
Podrá parecerle al fiscal de Medio Ambiente algo duro este alegato que le dirijo, pero me siento obligado a exigirle más y mejor trabajo. Y no otra cosa puedo hacer si dejo que desfilen por mi memoria y experiencia las angustias y los cabreos propios, así como la repetitiva impunidad con que se arruinan la estructura física de esta región, las dinámicas ecológicas seculares y el futuro que a todos nos pertenece; es lo que conozco y vivo desde hace más de medio siglo y contra lo que he procurado expresarme siempre, y no pienso contemporizar con ello tampoco ahora. Sí he de admitir una cierta ternura que esta misma entrevista que critico me ha hecho sentir cuando De Mata reconoce en ella que atraviesa lo que él mismo llama “crisis de fe”, a cuento de la complejidad del caso del Mar Menor y de la incapacidad -se supone- judicial de afrontarlo; porque asumir estas cosas indica que quienes ejercen, aunque sea por un momento, la humildad del fracaso merecen al menos conmiseración. Aun así, don Miguel no aclara si su crisis de fe lo es hacia el “sistema” (judicial, a la sazón), como destacados responsables (él y el “sistema”) de la calamidad en la que estamos sumidos, o sus cuitas son más profundas y esencialistas, y atañen a la ineficiencia de la Ley (con mayúscula) para resolver asuntos de tanta enjundia y trascendencia como es el medio ambiente. O si es meramente una crisis de fe en sí mismo, como micro agente, más inútil que efectivo, en el vasto mundo de las injusticias proliferantes y de los canallas repicantes. Si es así, si su sinceridad se está atascando en sí mismo, mi recomendación -que quiere ser leal- es que contenga tan íntimo descreimiento y lo reconduzca cambiando de tema y de “sistema”, abandonando de una vez tanto lo del medio ambiente como lo de fiscal, que hay muy numerosas tareas de utilidad social que con su carrera seguro que puede desempeñar con más brillo y éxito. Láncese, pues, a la (controlada) aventura de explorar nuevas áreas del Derecho creativo y social. Pero no se le ocurra archivar o minimizar las causas que tanto duelen y oprimen a esta tierra nuestra.
Termino lamentando que en esa entrevista de marras al periodista no se le haya ocurrido poner al fiscal en un brete, dada su bien visible inepcia, con el material sobreabundante que tendría a mano sobre lo que pasa en esta tierra martirizada por hombres y dioses, y donde la injusticia ambiental es prueba irrefutable de su condena. Porque el periodismo blandengue y escapista es parte muy importante, por colaboracionista, del paisaje de depredación ambiental generalizada (y a la murciana).
Este mes se cumple década y media de la manifestación que bajo el lema “Democracia Real Ya” dio inicio al movimiento social más importante del siglo XXI en el Estado español. Lo recordamos a través de imágenes de la acampada en Sol en sus primeros días
Nos resistimos a creer que no queda nada de aquel 15 de mayo de 2011. Probablemente antes ya existían esos granitos de arena que se convirtieron en tormenta aquella noche, aquella semana, aquellas semanas hasta más allá de mediados de junio cuando la asamblea general decidió levantarse y dispersarse por barrios y pueblos.
El movimiento social más importante en el Estado español en el siglo XXI dio muchos frutos, algunos maduraron hasta desbordarse, otros se quedaron a medio camino.
Un movimiento que también dio dolores de cabeza al gobierno de Rajoy, que dio fuelle a gobiernos municipalistas pero también fue víctima de la represión de Estado.
Solo cinco años después, cuando todavía los movimientos sociales estaban en pleno auge, se crea la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, mejor conocida como Ley Mordaza, que a pesar de las promesas del Pedro Sánchez, continúa vigente.
Bajo sus preceptos se ha llevado a la cárcel a músicos, y ha criminalizado mediante acoso y multas al movimiento por el derecho de la vivienda o por manifestarse contra un político.
Década y media después, la Democracia Real Ya aún no llega, los jóvenes “sin futuro y sin miedo” ya son padres pero no necesariamente tienen una vivienda digna, el grito mudo ahora se escucha menos y con menos frecuencia, y volvimos a los elegidos que “no nos representan”.
A pesar de ello, sin una nueva explosión ciudadana a la vista, al menos no en el corto plazo, en barrios y pueblos, en centros sociales y colectivos vecinales la luchas que eclosionaran en aquel momento continúan, el apoyo mutuo sobrevive y se refrenda cada vez que las condiciones materiales y ambientales de la vida llegan al límite y no queda más que arrimar el hombro.
Algo aprendimos entonces, pero queda todo por hacer.
Galería fotográfica de Olmo Calvo, David F. Sabadell y Álvaro Minguito
Fuente:
El
Salto
