El movimiento de vivienda alerta sobre los intentos del Gobierno de aprobar un “decreto farsa”

 

 Por Martín Cúneo   

       Periodista. Desde Diagonal en El Salto.

Tras la masiva manifestación y la exitosa acampada de Sol, el Gobierno siente el aliento de un movimiento reforzado que ha pasado a la ofensiva y no se contenta con titulares y más promesas vacías.

Exitosa acampada en Sol. Fotografía de Dani Gago.

     Por la mañana, Madrid era rojigualda: decenas de miles de personas clamaban contra “los invasores”, el nuevo hallazgo de la derecha y la extrema derecha para referirse a las personas migrantes.

Por la tarde-noche de ese 26 de septiembre, Madrid parecía otro sitio, con otros colores, otros cánticos, el anverso, una ciudad a la que el movimiento por la vivienda había dado la vuelta.

La movilización histórica del 26S acabó con una acampada que tomó Sol acompañada por miles de manifestantes. Fotografía de Dani Gago.

Los responsables de la pérdida de derechos, de estabilidad, de seguridades —“los invasores”— ya no eran los migrantes, los okupas o los pobres, sino los fondos de inversión, el rentismo, la especulación inmobiliaria tolerada por el Gobierno. La historia de Maricarmen y lo que ha despertado ha marcado un antes y un después, un punto de inflexión en un ciclo de movilizaciones por la vivienda que comenzó en 2023 y que está viviendo en estos días su clímax.

Presionado por todos los frentes, el Gobierno ha acelerado los contactos con los socios de investidura para aprobar en el Consejo de Ministros de este martes 29 de septiembre el llamado “Decreto de Maricarmen”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigía este 27 de septiembre a Maricarmen, que sigue en el hospital desde el día del desahucio: “Tengo un mensaje para ti: el Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros el decreto ley de vivienda".

El presidente respondía de esta forma a un vídeo de la vecina del distrito de Retiro de 87 años en el que pedía a Sánchez medidas urgentes en materia de vivienda: “Quiero que lo que me ha pasado a mí no se repita”.

Las primeras filtraciones descartaban que el Ejecutivo pudiera llegar al martes con un acuerdo con todos sus socios, especialmente con Podemos por la izquierda y Junts por la derecha. Tras la manifestación masiva del 26 de septiembre, que reunió a más de 200.000 personas y el éxito de la acampada en Sol, Sánchez confirmó que habrá decreto. Pero ¿qué llevará este “Decreto Maricarmen”? ¿Evitará que el caso de Maricarmen se repita no una, sino miles y miles de veces?

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, desconfía de las promesas del Gobierno y advierte de la aprobación de un decreto vacío de contenido. Según declaró en una rueda de prensa este domingo, el Sindicato “ha conocido” que el Gobierno pretende dejar fuera del decreto de vivienda la principal demanda de esta organización: los alquileres indefinidos.

Esta propuesta, basada en el sistema que funciona actualmente en Inglaterra, Alemania o Austria, implica la renovación automática de todos los contratos, que pasan a ser indefinidos. Estos contratos solo pueden romperse cuando existe una razón de peso. Y esa razón no puede ser especular con la vivienda, explica la portavoz. “Hemos dicho por activa y por pasiva que es la medida más importante de todas para que no haya ninguna Maricarmen más”, dice Del Río. “Si esto no se aprueba, siguen gobernando los fondos buitre y este gobierno progresista no tiene ningún sentido”, sentencia.

Para evitar que la ley que prepara el Gobierno sea un “decreto farsa que no incluya los alquileres indefinidos”, el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha realizado un llamamiento a la ciudadanía catalana para protestar ante la visita de Pedro Sánchez a Barcelona este lunes 28 de septiembre a las 19h, frente al Palacio de Congresos.

El 27 de septiembre confluyeron en Sol una acampada por la vivienda que no deja de crecer y las luchas por la educación pública.

Qué debe contener el “Decreto Maricarmen”

Además de los alquileres indefinidos, el movimiento de vivienda reclama que el decreto de vivienda recupere muchas de las iniciativas que han sido derogadas por el bloque de derechas del Congreso en el último año. Entre ellas, la moratoria de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga de dos años para los alquileres, la moratoria de cortes de suministro y otras ayudas dirigidas a población vulnerable vigentes hasta hace pocos meses. Además, añade, este Real Decreto debería incluir otras iniciativas que no han sido votadas todavía por las Cortes, pero son clave para contener los precios, especialmente la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.

El desahucio de Maricarmen es una vulneración de derechos humanos resultado del fracaso de las instituciones del estado español.

Para Irene Escorihuela, directora del Observatori Desca, la recuperación de la moratoria de los desahucios es una de las principales medidas que garantizaría no que haya más maricármenes. Cuando se derogó esta norma con los votos de Junts y el resto de la derecha, las organizaciones sociales ya avisaron del “tsunami de desahucios” que se venía. Al menos 62.000 hogares se habían acogido a esta moratoria, que se había ido prorrogando desde tiempos de la pandemia. Y el decreto no solo tiene que recuperar esta moratoria, sino que la debe mejorar, dice Escorihuela a El Salto: solo una de cada cuatro familias vulnerables que enfrentaban situaciones de desahucio pudo recurrir a esta norma. Hace falta “mejorar la redacción” de la moratoria para que todos los hogares que la necesiten puedan recurrir a ella y evitar que los jueces conservadores rechacen las peticiones.

Gran parte de los desahucios se solucionaría, sostiene Escorihuela, si se siguen las recomendaciones de la ONU, organización que ha condenado en numerosas ocasiones a España por no proteger el derecho a la vivienda. “Cuando hay un juicio por desahucio, se debe valorar la situación de vulnerabilidad en la que se quedaría el hogar y la necesidad de vivienda que tiene el propietario, algo que no se hace”, explica.

De fondo, una vez más, la letra muerta de la ley de vivienda de 2023. Esta norma, que iba a “prohibir los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional”, solo daba un plazo máximo de cuatro meses para que las autoridades encontraran una vivienda. Pero como no hay vivienda pública disponible, la medida solo sirve —en los limitados casos en los que se aplica— para aplazar algunas semanas los lanzamientos. Entre las medidas que el Gobierno está negociando se encuentra una reforma de estos procedimientos.

odas estas propuestas, explica la directora del Observatori Desca, chocan con las demandas de Junts, que presiona para dejar fuera de la moratoria de desahucios y de la prórroga de los alquileres a los pequeños propietarios. Una propuesta que “carece de sentido”, dice Escorihuela, ya que expondría a desahucios y subidas abusivas a cientos de miles de hogares. 

El partido de Carles Puigdemont también pretende incluir bonificaciones a inquilinos y caseros, y más ayudas a los propietarios, con un sistema “que funcione mejor” para compensar a los tenedores afectados por la moratoria de desahucios.

Antes del martes 29 de septiembre, el Gobierno tendrá que tomar una decisión que marcará el rumbo político de lo que queda de legislatura: apostar por un decreto de vivienda que contente a la calle y a sus socios de izquierda, pero cuya validación en el Congreso penderá de un hilo; o un decreto que no gustará a nadie, pero que tiene más posibilidades de ser convalidado. Los tiempos también han cambiado para los nacionalistas catalanes. Al votar Junts contra la moratoria de los desahucios, millones de personas ya no verán a un okupa encapuchado dándole una patada a una puerta, verán a Maricarmen. Una tercera opción, convertida en práctica habitual de esta legislatura, es parcelar el decreto: en uno, todo aquello que cuenta con apoyo legislativo suficiente; en otro, los aspectos no consensuados y que serán presumiblemente derogados por las Cortes. De hecho, el discurso de Junts ha cambiado desde el desahucio de Maricarmen y ha aceptado endurecer la normativa para limitar la actuación de los fondos de inversión en la vivienda siempre que no se toquen los intereses de los pequeños propietarios. “Si el decreto de vivienda es para parar los pies a los fondos buitres, tendrá nuestro voto”, declaraba el secretario general del partido, Jordi Turull este 27 de septiembre.

La demanda de expropiación

Además de la aprobación del decreto de vivienda, otra reivindicación se ha posicionado en el centro del debate tras el desalojo del 23 de septiembre: la expropiación del piso de Maricarmen para que esta vecina de 87 años pueda volver a él. 

Esta propuesta, defendida sobre todo por Sumar, técnicamente sería posible, explica a El Salto la abogada experta en derecho a la vivienda Alejandra Jacinto. La medida tiene un “encaje perfectamente constitucional” y se puede justificar por razones de utilidad pública. El punto 3 del artículo 33 de la Carta Magna permite la expropiación “por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización”.

Sería una medida “ejemplarizante”, argumenta Jacinto, pero muy limitada, ya que los fondos de inversión están haciendo “exactamente lo mismo” en bloques enteros, en cientos de miles de casos. “Con la expropiación de una casa no se soluciona la problemática crónica de la vivienda. La medida debería estar acompañada de un paquete de medidas estructurales que den la vuelta a la política inmobiliaria”, subraya. La eurodiputada de Podemos Irene Montero amplió la propuesta para incluir la expropiación del uso de todos los pisos de los fondos buitre.

En este paquete se debería incluir la prohibición de la compra especulativa, contratos de alquiler indefinidos, medidas reales para prohibir los desahucios, la regulación del alquiler de temporada y turístico y alternativas habitacionales concretas y dignas. “Vamos como cinco años tarde con todo esto”, sostiene.

Desde el hospital, Maricarmen dejaba claro que su objetivo ya no es recuperar su casa, sino que nadie tenga que volver a pasar por lo que ella ha pasado. Para ello, dice la directora del Observatori Desca, hace falta “un cambio de mentalidad” y empezar a poner por delante del derecho a la propiedad el derecho de las personas a la vivienda y una vida digna.

Fuente: El Salto

Los manifestantes contra los desahucios instalan un campamento en Sol para “escalar la presión” al Gobierno

 

 De Redacción El Salto

Una manifestación masiva, con la participación de 300.000 personas según los convocantes, colapsa el centro de Madrid

La movilización histórica del 26S acabó con una acampada que tomó Sol acompañada por miles de manifestantes. Fotografía de Dani Gago.

     El 26 de septiembre será recordado como una fecha histórica, junto con el 13 de octubre, 23 de noviembre, el 5 de abril o 6 de junio, en la lucha por la vivienda. La manifestación comenzó a las 18:30h en una Puerta del Sol colapsada, donde los manifestantes apenas podían moverse por la aglomeración. Cerca de 300.000, según el cálculo del Sindicato de Inquilinas de Madrid, acudieron a la llamada de esta organización y de una miríada de entidades sociales, sindicales, vecinales y sociales que secundaron la movilización.  

Frente a la sede de la Comunidad, con “todas las llaves de Madrid en la mano”, los manifestantes exhibían el símbolo de este ciclo de lucha por la vivienda y coreaban lemas como “Expropiación a los fondos de inversión”, “No habrá paz para el rentismo” o “Los invasores son los fondos buitres”.

Los manifestantes descendieron en una lenta procesión hasta el Ayuntamiento, en la plaza de Cibeles, donde corearon “El que no salta es rentista”. Desde el Sindicato de Inquilinos hablan de una marcha histórica: “Más de 300.000 asistentes a la manifestación ‘Ni una Maricarmen más’. Ya hemos llegado a Neptuno y todavía hay gente en Sol”. La portavoz del Sindicato de Inquilinas Alicia del Río recordaba frente al palacio de Correos la complicidad del Ayuntamiento de Madrid con los fondos buitre, que en 2013 les puso ”una alfombra roja“ con la venta de pisos sociales y públicos a Blackstone. 

Los convocantes demandan que el Gobierno apruebe el próximo martes el llamado ”Decreto Maricarmen", una nueva ley que reúna muchas de las principales demandas del movimiento de vivienda: medidas reales que eviten los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, alquileres indefinidos, regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, congelación de las rentas y prórroga de los contratos, entre otros.

Pasadas las 21h, los manifestantes instalaron una treintena de tiendas de campaña en Sol. Desde el Sindicato de Inquilinas llaman a defender el espacio para evitar un desalojo por parte de la policía. “Esta acampada escala la presión hacia el Gobierno: lo ocurrido con Maricarmen no puede volver a suceder y es urgente y necesario adoptar medidas estructurales para cambiar el modelo de vivienda en España para que deje de ser un negocio para especular y se convierta en un derecho garantizado”, dicen desde el Sindicato. “O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!”, añaden desde redes sociales.

Emocionantes imágenes llegan desde la Puerta del Sol, convertida una vez más en la capital de la resistencia.

A las 22h, miles de personas habían rodeado al campamento. Las unidades antidisturbios presentes se retiraron un poco antes del centro de la plaza. Quince años después de la acampada del 15M, la Puerta del Sol vuelve a estar viva. “No vamos a parara porque Madrid por fin a despertado”, decía sobre un escenario improvisado Valeria Racu, portavoz del Sindicato. “No vamos a dejar que sigan dominando nuestras vidas”, añadía. Más de 120 tiendas pasaron la noche en Sol sin incidentes.

Fotogalería de Dani Gago

Fuente: El Salto

Madrid no está en venta: lo que el desahucio de Maricarmen nos dice sobre la ciudad que quiere The District

 

 Por Pablo Pérez Ruiz  

      Integrante del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

El desahucio de Maricarmen, de 87 años, debe ser un punto de inflexión, un antes y un después en una ciudad al servicio de los intereses inmobiliarios y especulativos

Maricarmen arropada por más de 500 personas y amplia presencia de medios de comunicación el 22 de septiembre de 2026, el día antes de su desahucio. Fotografía de David F. Sabadell.

     Esta semana han tenido lugar en Madrid dos encuentros muy diferentes.

En Ifema, The District ha reunido a miles de directivos, inversores y empresas inmobiliarias para debatir sobre lo que sus propios organizadores describen como “oportunidades de inversión y cierre de operaciones”.

En la protesta ante The District, colectivos han señalado a los empresarios del negocio de la vivienda. Fotografía de Alberto Astudillo.

Blackstone, Brookfield y otros grandes inversores internacionales han estado representados en un evento construido sobre la premisa de que las ciudades, los edificios y las viviendas son activos a través de los cuales el capital puede obtener rentabilidad.

Activistas del sindicato de inquilinos en el Axel Hotel en la calle Atocha, de Madrid. Fotografía de Alberto Astudillo.

Al otro lado de la ciudad comienza otro encuentro. Del 24 al 27 de septiembre, alrededor de 70 sindicatos de inquilinas, organizaciones por el derecho a la vivienda y movimientos sociales de 24 países se reúnen en El Barrio, una contracumbre internacional de movimientos por la vivienda organizada frente a esa lógica.

El Barrio.

El contraste no podría ser más evidente. Ellos se reúnen para hablar de cómo invertir en nuestras ciudades. Nosotras nos reunimos para hablar de cómo vivir en ellas.

Y entre estas dos formas de entender Madrid se encuentra la historia de Maricarmen.

El 23 de septiembre, Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, fue desahuciada de su vivienda en el distrito madrileño de Retiro, donde había vivido durante unos 70 años.

El desahucio de Maricarmen desata una ola de indignación que empuja al Gobierno contra las cuerdas. Fotografía de Jaime Pérez Rivero.

Era el cuarto intento de desahuciarla y cientos de personas se concentraron frente a su edificio para intentar impedirlo. Finalmente, la policía la sacó de su casa en una camilla.

Esto no fue la consecuencia inevitable de una supuesta escasez natural de vivienda. Fue el resultado de decisiones políticas, relaciones de propiedad y un sistema de vivienda en el que el derecho de un inversor a obtener una mayor rentabilidad puede imponerse a la posibilidad de una persona de permanecer en la casa donde ha pasado toda su vida adulta.

Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros al mes. Después de que el fondo de inversión Urbagestion comprara el inmueble, le ofrecieron un nuevo alquiler de más de 2.000 euros mensuales, muy por encima de su pensión de 1.300 euros. Esto es posible porque la legislación española permite a los caseros subir el alquiler o expulsar a las inquilinas, aunque no hayan incumplido ninguna de sus obligaciones, una vez finaliza su contrato, normalmente después de entre cinco y siete años, dependiendo del tipo de contrato.

Incluso el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas había solicitado medidas cautelares para que España suspendiera el desahucio o garantizara una alternativa habitacional adecuada mientras estudiaba su caso. Después de que el desahucio se ejecutara, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada sostuvo que debería haberse suspendido para evitar un daño irreparable.

El caso de Maricarmen es extremo. Pero las fuerzas que lo explican no son excepcionales. En todo Madrid, las inquilinas se enfrentan a esas mismas fuerzas bajo formas diferentes: subidas del alquiler que expulsan a la gente de sus barrios; contratos de temporada que convierten la inseguridad permanente en un modelo de negocio; pisos turísticos y proyectos de coliving y flex living que extraen cada vez más valor del espacio residencial; edificios comprados con sus inquilinas todavía dentro; y viviendas tratadas fundamentalmente en función de la rentabilidad que pueden generar.

Precisamente por eso importa The District. La crisis de vivienda suele describirse como si fuera un fallo técnico: falta oferta, sobra demanda, no se construye lo suficiente. Sin embargo, para buena parte del sector inmobiliario, el aumento del valor del suelo, la subida de los alquileres y la expansión de nuevas “clases de activos” inmobiliarios no son señales de que el sistema esté fallando. Son oportunidades de inversión.

Un mismo mercado de la vivienda puede producir, por tanto, dos experiencias completamente distintas. Para un fondo de inversión, un barrio en el que los alquileres están aumentando rápidamente puede representar un mercado atractivo. Para una inquilina, puede significar tener que abandonar la calle en la que crecieron sus hijos. Para los inversores, la vivienda puede ser una clase de activo. Para nosotras, es nuestro hogar.

Por eso tampoco podemos atribuir lo ocurrido con Maricarmen únicamente a un casero. Las instituciones públicas también le fallaron. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid no fueron capaces de garantizar una solución adecuada que permitiera a una mujer de 87 años seguir arraigada en su comunidad. El contraste resulta especialmente difícil de ignorar cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid ha gastado recientemente 6,3 millones de euros de dinero público en la compra de un ático de lujo, una operación que se ha convertido además en objeto de una intensa controversia política.

Pero la responsabilidad no termina en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El Gobierno central ha prometido en repetidas ocasiones que esta sería la legislatura en la que por fin se afrontaría la crisis de vivienda y, sin embargo, las medidas capaces de ofrecer una mayor protección a las inquilinas vulnerables han quedado atrapadas en las negociaciones parlamentarias. Los propios ministros reconocieron tras el desahucio de Maricarmen que algunas de las disposiciones incluidas en un decreto de vivienda bloqueado podrían haber permitido suspender su desahucio.

Para una inquilina que está a punto de perder su casa, las explicaciones institucionales sobre jurisdicciones, aritmética parlamentaria o reparto de competencias administrativas sirven de muy poco. Un sistema de vivienda debe juzgarse, en última instancia, por lo que ocurre cuando alguien está a punto de perder su hogar. Maricarmen demuestra que el sistema actual ha suspendido esa prueba.

Y por eso El Barrio no es simplemente una protesta contra The District. Queremos construir una organización capaz de enfrentarse durante todo el año al poder que se concentra dentro de ese recinto.

El capital ya opera a escala internacional. Los mismos inversores compran viviendas en Madrid, Berlín, Londres, Dublín, Los Ángeles y Barcelona. Sus estrategias de inversión atraviesan las fronteras sin dificultad. La organización inquilina y por la vivienda debe hacer lo mismo. El Barrio reúne a organizaciones de Europa, Estados Unidos, América Latina y otros lugares para intercambiar estrategias de organización, fortalecer los sindicatos de inquilinas y desarrollar formas de acción coordinada. Nuestro objetivo no es simplemente describir juntas la crisis de vivienda. Es construir el poder colectivo necesario para transformarla.

Y nuestras reivindicaciones son concretas.

Los alquileres tienen que bajar. Necesitamos una regulación efectiva de los alquileres que impida que los caseros se apropien de una parte cada vez mayor de los ingresos de los hogares.

Las inquilinas necesitamos contratos indefinidos y estabilidad residencial. Una vivienda no puede ofrecer seguridad cuando permanecer en ella depende de sobrevivir una y otra vez a nuevos contratos, subidas de precio y negociaciones para renovar.

Las inquilinas debemos tener el derecho y la capacidad organizativa para emprender acciones colectivas, incluidas las huelgas de alquiler. Cuando miles de personas se enfrentan individualmente a las mismas prácticas de los caseros, son ellos quienes tienen el poder. Cuando las inquilinas nos organizamos colectivamente, ese equilibrio empieza a cambiar.

Y la política de vivienda debe superar la idea de que basta con construir más vivienda de mercado para resolver la crisis. Construir, por sí solo, no garantiza que la vivienda sea asequible cuando las nuevas viviendas se incorporan al mismo sistema de especulación y extracción. La tarea de fondo consiste en ampliar el parque de vivienda fuera de los mercados especulativos y avanzar hacia un modelo en el que la vivienda sea tratada como un bien social, y no fundamentalmente como un activo financiero.

Estas reivindicaciones no son un programa abstracto. Maricarmen demuestra por qué son necesarias. No queremos otra campaña después de que otra mujer de 87 años sea amenazada con el desahucio. No queremos otra negociación de última hora después de que alguien haya pasado décadas construyendo su vida en un barrio. No queremos que la solidaridad llegue únicamente cuando la policía ya está frente a la puerta de una casa.

No queremos ni una Maricarmen más.

La extraordinaria respuesta a su desahucio —vecinas llenando la calle, personas ofreciendo habitaciones y viviendas, y movilizaciones de solidaridad extendiéndose a otras ciudades— nos muestra también otra cosa. La crisis de vivienda provoca un enorme sufrimiento, pero también está generando una enorme indignación colectiva. Esa indignación puede convertirse en resignación. Puede dirigirse contra las personas migrantes o contra otras personas que también tienen dificultades para encontrar una vivienda. O puede convertirse en organización.

Nosotras elegimos organizarnos. Ese es el mensaje que llevamos a El Barrio. Si el capital financiero puede atravesar fronteras para comprar nuestras casas, las inquilinas podemos atravesarlas para defenderlas. Si los inversores pueden coordinarse internacionalmente, nosotras también. Si ellos tienen fondos, carteras y vehículos financieros, nosotras tenemos algo de lo que, en última instancia, dependen: millones de personas que viven, cuidan y pagan las viviendas de las que extraen sus rentabilidades.

The District representa uno de los futuros posibles para Madrid: una ciudad organizada cada vez más en torno a la rentabilidad inmobiliaria. Nosotras luchamos por otro: una ciudad en la que la gente pueda quedarse; en la que envejecer no signifique ser expulsada del barrio en el que has pasado tu vida; en la que tener menos dinero no signifique tener menos derechos; y en la que las viviendas existan, ante todo, para quienes las habitan.

Porque un District se puede comprar y vender. Un barrio se vive.

Y los barrios de Madrid no están en venta.

Fuente: El Salto