Por Alberto
Mesas
Diez años después de los ‘Papeles de Panamá’ sigue faltando voluntad política para acabar con el fraude y la evasión
La riqueza que oculta en paraísos fiscales el 0,1 % más rico del planeta (5,5 millones de individuos) supera con creces el patrimonio total de la mitad más pobre de la humanidad (4.000 millones de personas). Son los datos que arroja un estudio publicado el pasado mes de abril por la confederación de oenegés Oxfam International. La organización estima que en el año 2024 esa riqueza oculta alcanzó los tres billones de euros, una cifra cercana al PIB de países como Francia y que dobla el PIB combinado de los 44 países más pobres del mundo.
No obstante, este dato no refleja únicamente la desigualdad en el patrimonio, sino que pone el acento en que esa monumental cantidad de dinero queda fuera del alcance de las arcas públicas y de los sistemas tributarios al estar escondido en paraísos fiscales, cuentas opacas o entramados de ingeniería fiscal que impiden que tribute.
La investigación de Oxfam coincide con el décimo aniversario de los ‘Papeles de Panamá’, la filtración coordinada que reveló el uso masivo de sociedades pantalla y trucos varios para evadir impuestos por parte de empresarios, celebridades y dirigentes políticos de todo el planeta. Desde entonces, algunos organismos transnacionales como la OCDE o la Unión Europea han endurecido los mecanismos tributarios, pero las grandes fortunas continúan evitando pagar los impuestos que les corresponden.
Los ricos evaden porque el sistema lo permite
Las multinacionales y millonarios del planeta tienen a su disposición múltiples mecanismos e instrumentos para evadir o reducir considerablemente los impuestos que deberían pagar. En toda esta ingeniería de la trampa, los paraísos fiscales y las sociedades offshore juegan un papel clave, y se calcula que en ellos se encuentra en torno al 8 % del PIB mundial (unos 10.000 billones de euros).
Además, quienes más tienen también poseen mayor conocimiento y capacidad para aprovechar las fisuras de los sistemas tributarios, que en algunos casos premian esa concentración de riqueza y tienen un efecto regresivo sobre las rentas más bajas. En muchas ocasiones se ha abierto el debate de instaurar un impuesto mínimo global para las grandes fortunas, pero instituciones como el EU Tax Observatory critican que este tipo de medidas únicamente confirman y perpetúan el hecho de que los ultrarricos tributan a niveles muy inferiores a los de otros contribuyentes en proporción a su riqueza, y que los gobiernos no pueden o no quieren hacer eficaz el principio de fiscalidad progresiva.
En concreto, los multimillonarios del mundo tributan en tipos impositivos que van del 0 % al 0,5 %. Esto no significa que todos los grandes patrimonios paguen lo mismo ni que todos evadan impuestos, pero sí demuestra que el sistema les permite hacer artimañas para pagar mucho menos que el contribuyente medio.
La responsable de Justicia Fiscal de Oxfam en España, Susana Ruiz, destaca el caso de nuestro país, donde “el impuesto sobre el patrimonio está diseñado de tal forma que permite a los más ricos estructurar su patrimonio para pagar mucho menos que el conjunto de la ciudadanía”. Ruiz comenta que el resultado de ese desajuste “es que ocho de cada diez euros de la recaudación potencial del impuesto sobre el patrimonio se pierden, y el tipo efectivo que paga el 0,1 % más rico es del 0,22 %, muy lejos del 3,5 % del impuesto para los tramos más altos”.
En el intento de lograr esa progresividad también existe una diferencia muy pronunciada entre el norte y el sur global. El World Social Report de la ONU constata que las políticas fiscales justas son capaces de reducir las desigualdades, pero que eso ocurre sobre todo en los países industrializados frente a los países en vías de desarrollo. Mientras que Bélgica, Finlandia o Dinamarca han logrado avances para hacer tributar a sus grandes fortunas, naciones como Gambia o Camboya carecen de la capacidad técnica y legal para llevarlo a cabo. No es solo que los ricos de esos países paguen poco, es que sus gobiernos ni siquiera pueden saber cuánto dinero y activos tienen.
En contra de lo que se cree, los paraísos fiscales no suelen ser islas paradisíacas en el Caribe o el Pacífico, sino que donde primero se permite el fraude es en las grandes economías occidentales. Tal y como asegura Bemnet Agata, responsable de comunicación de la organización británica Tax Justice Network, que investiga sobre la evasión de impuestos y el fraude fiscal, “los mayores riesgos suelen estar arraigados en las propias grandes economías avanzadas y centros financieros. En la UE, alrededor del 34 % del secreto financiero que amenaza a los Estados miembros procede de centros financieros dentro de la propia UE”.
Agata remarca que estas instituciones del capital desempeñan un papel clave dentro del sistema financiero mundial facilitando la ocultación de beneficios y patrimonio a través de sofisticados mecanismos jurídicos y financieros: “El secreto financiero se genera y se mantiene a través de decisiones políticas y jurídicas deliberadas, y muchos de los países más implicados en facilitar estos flujos de dinero no figuran en absoluto en ninguna lista negra, sino que se encuentran entre las economías y los centros financieros más grandes e influyentes del planeta”.
En la ineficacia de esas listas coincide Susana Ruiz: “Seguimos contando con listas de paraísos fiscales que son meramente testimoniales y no cumplen con su función. Si se contara con listas efectivas y bien diseñadas, se podrían también implementar mejores sanciones o reforzar los controles”. Ruiz también propone “reforzar la transparencia, hacer públicos los registros de titulares reales de cuentas bancarias, sociedades y trusts (fideicomisos), y poner coto a las sociedades fantasma o pantalla, que no ejercen actividad económica real y son una vía para la ocultación de activos”.
Se grava más el trabajo que la propiedad
Estructuralmente, los sistemas fiscales están configurados no tanto para gravar a las empresas y la propiedad como a los salarios y el trabajo. Según la OCDE, en los países desarrollados aproximadamente la mitad de la recaudación procede de impuestos sobre el trabajo, mientras que el impuesto de sociedades representa en torno al 10 % y los impuestos sobre la propiedad alrededor del 5 %. Esto significa que la mayor parte del esfuerzo fiscal recae sobre los salarios y el consumo (el IVA, por ejemplo, no tiene en cuenta la renta ni el patrimonio).
Susana Ruiz, de Oxfam incide en esta cuestión al afirmar que “uno de los problemas esenciales es que los sistemas tributarios están diseñados para gravar la renta, pero no tanto la riqueza o el capital”. Ruiz habla de que en los niveles más altos de la escala, los ricos no suelen generar rentas del trabajo, sino rentas del capital debido al patrimonio que acumulan. “Está clara la incapacidad del IRPF para gravar a los individuos con mayor riqueza”, remarca.
En el caso de la UE, los datos de la Comisión Europea muestran que en 2026 los impuestos sobre el trabajo representan el 51,5 % del total de ingresos fiscales, mientras que los impuestos sobre el capital y la propiedad se sitúan en torno al 21,6 %. El Fondo Monetario Internacional ha advertido en varias ocasiones de que esta estructura amplifica las desigualdades, ya que los sistemas fiscales tienden a depender de ingresos más fáciles de recaudar pero menos progresivos, como el trabajo y el consumo, en detrimento de bases más concentradas y móviles como el capital.
La OCDE también destaca la bajada progresiva y la ampliación de mecanismos de deducción y exención del impuesto de sociedades en los últimos lustros. Conocido como race to the bottom (competir a la baja en salarios y precios), esta tendencia limita la capacidad de los Estados para gravar los beneficios de las grandes empresas de manera efectiva.
La consecuencia más directa de la evasión de impuestos es que los Estados recaudan menos dinero y, por tanto, tienen menos recursos a su disposición para hacer políticas públicas. “El fraude fiscal suele abordarse como una cuestión técnica o financiera, pero sus consecuencias son muy tangibles y se notan en la vida cotidiana”, afirma Agata, de Tax Justice Network. “Los efectos recaen en la sanidad y la educación públicas, la vivienda, el transporte, las infraestructuras, el cuidado infantil, las pensiones y los sistemas de protección social, al tiempo que debilitan la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las crisis económicas y climáticas, y las pandemias”, continúa.
En España, por ejemplo, las arcas públicas dejan de ingresar entre 4.000 y 8.000 millones de euros cada año por la evasión fiscal de las grandes fortunas –principalmente empresas–. Se estima que entre 2016 y 2021 España perdió 33.000 millones de euros (casi la mitad del presupuesto en Educación).
Agata comenta que, en muchas ocasiones, los gobiernos tratan de compensar ese descenso en los ingresos públicos mediante formas de tributación regresivas como el IVA, los recortes del gasto público, la contención salarial, privatizaciones, austeridad y endeudamiento público.
Los más ricos cada vez son más ricos
En los últimos treinta años, la riqueza global privada ha crecido ocho veces más que la pública (300.000 billones de euros frente a 40.000 billones), lo que ha contribuido enormemente al incremento sostenido de la concentración de riqueza de quienes se encuentran en la cúspide de la pirámide, y un aumento desproporcionado de la desigualdad.
Desde 2015, el 1 % más rico del planeta ha incrementado su patrimonio en unos 34.000 millones de euros, un dinero con el que se podría cubrir varias veces el coste estimado de erradicación de la pobreza extrema según los baremos del Banco Mundial. En los años posteriores a 2020, una parte muy importante de toda esa nueva riqueza generada a escala mundial ha sido acaparada por el 1% más rico.
Desde Oxfam, Susana Ruiz señala que “en los últimos 15 años, la riqueza de las 200 familias más ricas en España ha crecido un 188 %. La concentración de riqueza se acelera y hay que tratarla de manera diferente en la tributación”, insiste.
Con los años también se ha instaurado el argumento de que subirles los impuestos a los millonarios hace que se marchen del país, pero los datos lo desmienten.
Según datos de Tax Justice Network, la tasa de movilidad anual de los millonarios es de apenas del 0,2 %.
En cualquier caso, Agata señala que “la cuestión no es si los ricos se van, sino si los gobiernos tienen la capacidad de diseñar y aplicar sistemas fiscales para gravar la riqueza de manera justa, en vez de permitir que la política fiscal se vea influenciada por las preferencias de una élite de megarricos”.
Sin voluntad política para perseguir el fraude
Tras las filtraciones de los ‘Papeles de Panamá’, la lucha contra el fraude fiscal cogió un impulso que con los años se ha ido desinflando. Varios países del G20 se comprometieron a mejorar sus mecanismos para identificar y perseguir a los tramposos, pero la realidad es que no existe una acción coordinada y realmente efectiva, a pesar de que hay tecnología para ello.
Básicamente, la lucha contra los paraísos fiscales gira en torno a unas pocas pautas de transparencia marcadas por instituciones como la OCDE. El eje central es el Common Reporting Standard, que facilita el intercambio de información financiera entre países, pero no todos los Estados –especialmente en el sur global– participan en condiciones equivalentes ni tienen la misma capacidad para recibir, procesar y usar esos datos.
En resumidas cuentas, hay más información que hace una década, pero sigue faltando la voluntad política necesaria para lograr que todo ese patrimonio evadido, o al menos una parte importante, tribute como debería. En el marco de Naciones Unidas también se ha discutido la creación de una convención fiscal internacional que refuerce la coordinación global, aunque aún está sobre el papel y no hay mucho compromiso por llevarla a cabo.
Fuente: Ctxt
