miércoles, 30 de septiembre de 2026

Quiénes son los siloviki, los hombres de confianza de Putin

 

 Por Carlos Planells   
      Politólogo y profesor de Geografía e Historia, interesado en la historia y relaciones internacionales, especialmente de Europa Oriental, antigua Yugoslavia y espacio post-soviético.



Los siloviki forman parte del círculo de poder de Vladimir Putin y desempeñan un papel central en la política, la seguridad y la inteligencia de Rusia.

     Cuando escuchamos el nombre de Rusia, especialmente en clave política, aparece de manera indisociable la figura de Vladimir Putin. No obstante, el a priori omnipresente presidente de la Federación ha sabido, a lo largo de su dilatada trayectoria política, rodearse de un círculo de hombres de confianza que, en buena medida, manejan los entresijos de la política, la economía y la seguridad del país más extenso del planeta.

Este grupo es el de los llamados siloviki. ¿Quiénes son estos hombres? ¿De dónde surgen y cuál es su papel en la Rusia actual, especialmente en el conflicto militar en Ucrania?

Siloviki, los “ministros de la fuerza”

La palabra siloviki viene de sila, que significa “fuerza”. Por tanto, se considera a los siloviki como los “ministros de la fuerza” o los miembros de los “ministerios de la fuerza”; es decir, las agencias autorizadas a utilizar la violencia para responder a las amenazas a la seguridad nacional.

Dentro del mosaico de agencias que operan en Rusia en este ámbito destacan el Servicio Federal de Seguridad (FSB) –sucesor del KGB soviético–, el Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) y el servicio de inteligencia militar de las Fuerzas Armadas (GRU), cada una de ellas con liderazgo, recursos e intereses diferentes.

Y es que, tras la disolución de la Unión Soviética en 1991 y durante la transición al capitalismo, la nueva democracia liberal rusa fue incapaz de crear un sistema de vigilancia parlamentaria sobre estos servicios de seguridad, que incluso fueron adquiriendo una autonomía cada vez mayor en sus actuaciones. Los mecanismos internos se mantuvieron intactos, lo cual dificulta hasta el día de hoy el control de sus actos por parte de actores independientes.

Algunos de los nombres más destacados de este grupo son Nikolái Pátrushev –secretario del Consejo de Seguridad de Rusia de 2008 a 2024–, Serguéi Narishkin –director del SVR–, Aleksandr Bórtnikov –director del FSB– o Serguéi Shoigú –ex ministro de Defensa y actual secretario del Consejo de Seguridad–.

Como se puede observar, muchos de ellos son miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, órgano que toma, junto al presidente, las decisiones en materia de seguridad nacional y otros asuntos de interés estratégico. Algunos de ellos también ostentan cargos destacados en importantes empresas estatales.

Putin frente a los servicios de seguridad

Cuando Vladimir Putin asumió la presidencia de Rusia en el año 2000, heredó del mandato de Boris Yeltsin un panorama complejo en cuanto a los servicios de seguridad: la sustitución de las dos grandes agencias soviéticas (KGB y GRU) por un mosaico de órganos en una feroz competencia; la ausencia de un sistema democrático de control y rendición de cuentas; y el mantenimiento de las funciones, liderazgo y personal de la era soviética.

Es así que Putin –que, a priori, adoptó una posición conciliadora, pero se encontró con los servicios secretos volviendo a ganar influencia– optó por una estrategia basada en la complicación del panorama institucional mediante la creación de agencias que rivalizasen entre sí.

De esta forma, el presidente ruso ha logrado una consolidación de estos servicios secretos de forma limitada, principalmente a través del aumento de los recursos. No obstante, si bien desde 2014 el número de siloviki en puestos administrativos importantes se ha incrementado, Putin no ha tenido reparo en intervenir de manera puntual mediante el cese de ciertos cargos, como el de Sergei Ivanov como jefe de la Administración Presidencial en 2016.

La incorporación de los siloviki a estos cargos no se trata, por tanto, de un proyecto unificado, sino que es una consecuencia del reclutamiento de élites de Putin y la naturaleza personalista de Rusia.

Además, la confianza presidencial en estas figuras viene también dada como reacción a ciertos eventos que marcan un cambio de dirección en la política interior y exterior del Kremlin: la Primavera Árabe, las Revoluciones de Colores, las protestas de Moscú de 2012 o el conflicto en Ucrania han llevado a una mayor represión dentro del país y a una acción internacional más asertiva.


Un BMP-2 ruso durante la guerra en Osetia del Sur contra Georgia.

Así, Putin ha ido apartando a los tecnócratas de su círculo, pero también perdiendo confianza en algunos siloviki como resultado de su ineficiencia política, reduciendo el número de reuniones con estos; no obstante, ha mantenido un círculo cercano que comparte su visión gubernamental, prefiriendo trabajar con actores informales antes que con instituciones.

Las luchas por el poder

Lejos de la visión occidental que presenta a los siloviki como un grupo cohesionado, la realidad plantea un panorama mucho más complejo. Si bien se establecen como una facción del Kremlin diferenciada de los liberales y los tecnócratas, existe una jerarquía entre los siloviki, encontrándose en la cúspide los agentes del FSB. La ausencia de un líder y la falta de espacios de trabajo en común enfatizan este problema.

Cada una de estas agencias cuenta, además, con sus propios intereses –que raramente coinciden con los de sus competidoras–, conflictos internos y capacidad de adaptación.

Por ejemplo, mientras que desde 2022 el FSB ha adquirido más poder y ha reforzado el monopolio de la información que llega a la oficina presidencial con la deriva cada vez más autoritaria del régimen, el SVR ha enfrentado problemas de autoridad y liderazgo.

También existen tensiones intergeneracionales dentro de los siloviki, puesto que la primera generación tenía una percepción sobre sí misma de “nueva nobleza” que los más jóvenes no comparten, siendo menos probable que aporten ideas independientes o contrarias a Putin y asumiendo su dificultad para promocionar, lo que genera una desconfianza hacia los siloviki más veteranos que, además, se mantienen aún en sus cargos.

Es así que no coordinan sus acciones, sino que se da una competición entre grupos que sí comparten su interés en el statu quo, protegiéndose entre ellos de reformas que podrían amenazar los beneficios de los que gozan gracias a la corrupción política.

Por ejemplo, los siloviki orquestaron el caso Yukos, por el cual dicha petrolera fue absorbida por la empresas estatal Rosneft, siendo arrestado posteriormente su presidente, Mijaíl Jodorkovski, acusado de corrupción, cortando radicalmente sus posibles aspiraciones políticas.

Una visión común del mundo

A pesar de estas diferencias, hay varios puntos que los siloviki comparten. Un ejemplo es su educación diferenciada de la del resto de la sociedad. No obstante, uno de los elementos que más se destaca es su visión común de Rusia y del mundo basada en cuatro puntos:

  • La preferencia de un Estado altamente centralizado apoyado por grandes estructuras de seguridad que aplican la fuerza siguiendo la ley o al margen de la misma.

  • La cosmovisión de Rusia como nación amenazada por fuerzas externas, envidiosas de su riqueza natural y estatus de potencia.

  • La autopercepción de los siloviki como la única élite capaz de entender los peligros que enfrenta Rusia y articular una respuesta apropiada.

  • Su estrecha relación con la Iglesia Ortodoxa Rusa.

Los siloviki también comparten algunos rasgos como la existencia de códigos de conducta y honor, la obediencia a los superiores, la lealtad y disciplina, el derecho a utilizar armas y la potestad para castigar a aquellos que infrinjan este código.

De estos puntos, el más influyente en la política exterior del país ha sido la idea de Rusia como nación amenazada por enemigos externos que buscan su caída. Esta se ha visto reforzada por los eventos mencionados previamente en este artículo, percibidos como muestras de “guerra híbrida” por parte de Estados Unidos en su afán por implantar regímenes políticos favorables en el espacio postsoviético.

Esto ha causado que los servicios de seguridad rusos se encuentren desde los años 2011 y 2012 en un “modo guerra”. Entre diferentes acciones de sabotaje en política exterior, se han llevado a cabo ciberoperaciones e injerencias en los Parlamentos occidentales, se ha integrado al grupo de mercenarios Wagner en el Africa Corps, se ha intervenido activamente en la guerra de Siria y se ha expulsado masivamente a personal de las embajadas rusas en Occidente al ser sospechosos de espionaje.

Por otra parte, en el interior, se han reprimido cada vez con más fuerza los mensajes disidentes, dando más poder al FSB en arrestos e investigaciones por corrupción a partir de la mayor deriva autoritaria del régimen, destruyendo centros independientes de la vida política y civil del país.

El papel de los siloviki en Ucrania

El conflicto que mayor ejemplifica lo expuesto en este artículo es el que tiene lugar en el este de Ucrania. La situación dada en el país vecino desde 2014 ha reforzado, por un lado, la narrativa rusa de la injerencia occidental y, por otro, ha expuesto algunos de los problemas de este modelo basado en los servicios de seguridad.

Sin ir más lejos, el FSB fue incapaz de predecir la crisis ucraniana, principalmente debido a su falta de interés en los movimientos sociales. Así, para justificar este fallo de la inteligencia rusa, se optó por culpar a Occidente, llevando a cabo una política más agresiva y basada en los siloviki, que tuvo su pico en la invasión de Crimea de 2014.

La propia operación en Crimea ejemplificó una mala gestión política de una operación militar competente, ya que la falta de agentes del FSB en la península hizo que Putin aumentara su confianza en personalidades del ultranacionalismo.


Calle principal de Bucha tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

A partir de 2022, con la invasión a gran escala de Ucrania, se ha integrado al Grupo Wagner en el ejército, llevando a cabo también acciones de sabotaje en Europa por parte del GRU como respuesta a sus pérdidas en las fuerzas especiales. Otros cuerpos, como el SVR, se han adaptado de forma más irregular y descoordinada a este nuevo contexto.

Del mismo modo, desde la élite siloviki se ha fomentado una retórica ucranófoba, presentando a Ucrania como un concepto antiortodoxo. Quien ha tomado un papel destacado en este aspecto es Patrushev, negando activamente la existencia de una nación o pueblo ucranianos y relacionando al país con el fascismo y la injerencia estadounidense anti-Rusia, pensamiento compartido por un amplio sector de la esfera nacionalista panrusa.


Svetlana Tijanóvskaya, líder bielorrusa en el exilio en una comparecencia ante el Parlamento Europeo.

En suma, pese a los cambios experimentados en los últimos años, especialmente desde 2022, no parece que los servicios de inteligencia vayan a perder su relevancia en el corto plazo. Estos gozan de la confianza de Putin como instrumento de control interior y exterior, y tampoco se prevé una mejora de las relaciones con Occidente.


Kaja Kallas plantea una serie de exigencias maximalistas que Rusia debería aceptar para poder negociar una solución diplomática a la guerra en Ucrania junto a la Unión Europea.

El círculo de los siloviki próximo al presidente es, por su parte, cada vez más cerrado y restringido, quedando únicamente los más influyentes por su cercanía y por su visión compartida respecto a Occidente, y perdiendo paulatinamente la confianza en los hombres externos. Es así que la política exterior rusa es cada vez más riesgosa e impredecible, una tendencia que los expertos apuntan a que no va a revertirse próximamente.



Fuente: Descifrando la Guerra

martes, 29 de septiembre de 2026

La calle grita que no a un decreto de vivienda descafeinado horas antes de su debate en Consejo de Ministros

 

 Por Pablo Elorduy   
      Integrante del colectivo fundador de El Salto.


El PSOE filtra un borrador del Decreto-Ley de Vivienda que no contempla el alquiler indefinido, la medida principal exigida por el Sindicato de Inquilinas en el pulso que mantiene desde las calles contra el Gobierno.


Concierto de apoyo a la acampada de vivienda de la Puerta del Sol el 27 de septiembre. Fotografía de Álvaro Minguito.


     En una noche de manifestaciones y protestas en las principales ciudades del país, la sucesión de avances y retrocesos en la negociación entre partidos no ha sido el principal foco de atención de las miles de personas que siguen movilizadas por la vivienda desde el pasado 23 de septiembre. El interés en la Puerta del Sol y frente al Palau de Congressos de Catalunya de Barcelona estaba en saber qué medidas pueden tomarse para escalar el conflicto ante la sospecha de un decreto descafeinado.


El movimiento de vivienda alerta sobre los intentos del Gobierno de aprobar un “decreto farsa”. Fotografía de Álvaro Minguito.

Bajo una llovizna leve y con algunos problemas para llegar a través de la megafonía a las aproximadamente dos mil personas que escuchaban, la asamblea convocada a las 19:30 en el kilómetro cero apenas ha resuelto nada sobre la permanencia de la acampada. Los gritos de “no nos vamos, nos quedamos” y de “huelga general” han aportado algo de nervio, pero la contundencia ha venido antes de la enorme cantidad de apoyo y adhesión recibida en las últimas horas que de la claridad de la hoja de ruta. Las próximas horas y la claridad del texto del Decreto serán importantes para saber si la acampada continúa o si se buscan otras vías de intervención.

Solo una cosa queda clara en la noche del 28 de septiembre: la movilización continúa. Desde la asamblea se ha llamado a nuevas manifestaciones, se ha celebrado que decenas de ciudades estaban saliendo a la misma hora para protestar y se ha recordado que todos los días hay desahucios y que los colectivos de vivienda siguen poniendo el cuerpo para detenerlos.


La policía local usando la fuerza para evitar la acampada en la Plaza de la Constitución de Málaga.

Pasadas las 20h, varios medios de comunicación publicaban un borrador que marcaba las pocas concesiones que el PSOE quiere hacer en materia de vivienda. Una prórroga de los alquileres que solo alcanzaría a los contratos que venzan en 2028 y una moratoria de desahucios que solo se extendería hasta ese año en el caso de “personas vulnerables”.

Una medida alejada de las exigencias planteadas por el Sindicato de Inquilinas y aún más lejos de las que se proclamaban esta misma tarde en la Puerta del Sol, donde por tercera jornada consecutiva seguían apareciendo nuevas tiendas de campaña.

El PSOE muestra sus posiciones sobre vivienda y la calle ha respondido que no. La jornada del 28 de septiembre no ha servido para clarificar las cuestiones fundamentales que atañen a la discusión política sobre el Decreto de Vivienda que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana, día 29, para calmar las aguas después de la intensa semana de movilizaciones sobre vivienda que comenzaron tras el desahucio de Maricarmen Abascal. Pese a que, antes de las 22, se ha anunciado que el Sindicato de Inquilinos había llegado a un acuerdo la empresa Urbagestión, responsable del desahucio de Maricarmen, para que ésta pueda volver a su hogar, la existencia de “miles de maricármenes”, como se ha recordado en las asambleas impide que la exigencia se rebaje antes de la aprobación del citado Decreto-Ley

La disputa política

En el seno del Gobierno, a última hora de la noche del lunes, siguen las discusiones sobre el alcance de ese texto. La propuesta del PSOE ha sido respondida por Sumar. Este grupo pide que se incorpore al texto la renovación automática de los contratos. “Dotar de estabilidad al mercado del alquiler es imprescindible para garantizar que tanto inquilinos como propietarios cuenten con seguridad y certidumbre a largo plazo”, dicen fuentes del partido magenta.

Los ministros de IU, Comuns, Más Madrid y Sumar en el Ejecutivo continúan la negociación, pero se felicitan de que hasta ahora se ha conseguido la inclusión de la prórroga y congelación de los contratos de alquiler que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. En el debe está, además de la mención a lo indefinido de los contratos, la negativa del PSOE a añadir un marco de regulación al alquiler de habitaciones, algo en lo que ha incidido también Esquerra Republicana de Catalunya.

De ser aprobado en Consejo de Ministros, el texto tiene que contar con el apoyo de la mayoría de investidura para convertirse en una hoja de ruta sólida para transformar las condiciones del acceso a la vivienda en España. A última hora del lunes 28 Junts ha anunciado que se apea de la negociación porque, según los exconvergentes, el texto deja “sin protección a los pequeños propietarios”.

Será indefinido o tal vez no será

Entre esos puntos, el más importante, tal y como ha advertido el Sindicato de Inquilinos, uno de los impulsores principales de la movilización, es la restauración del contrato de alquiler indefinido. De tal manera, se pretende que por ley, cuando termine un contrato de cinco o siete años, este se prorrogue por otro periodo equivalente salvo que el propietario acredite una causa justificada para no hacerlo.

El ejemplo de otros países como Alemania o Suecia muestra que los contratos indefinidos aportan estabilidad. Este sistema no da a los arrendadores la facilidad de establecer una puja sobre la vivienda en alquiler. En España, el Gobierno socialista de Felipe González decretó en 1985 el fin de la “renta antigua”: todos los contratos firmados a partir de esta fecha ya no estarían atados a las leyes de alquileres aprobadas durante el franquismo. La reforma de Mariano Rajoy de la ley estatal de alquileres redujo a tres años la duración del alquiler y la reforma de 2019 realizada por Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos fijó la duración mínima del contrato en cinco años para las personas físicas y siete para las jurídicas.

“Hemos dicho por activa y por pasiva que es la medida más importante de todas para que no haya ninguna Maricarmen más”, aseguraba el lunes en rueda de prensa Alicia Del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas. “Si esto no se aprueba, siguen gobernando los fondos buitre y este gobierno progresista no tiene ningún sentido”, sentenciaba.

El programa de esta organización incluye asimismo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para evitar fraudes y abusos en aspectos como los contratos de temporada y los alquileres de habitaciones.

Además, otros sectores del movimiento por la vivienda exigen la recuperación de la moratoria de los desahucios, que nació en 2020 en el contexto de la pandemia por coronavirus y fue prorrogada en distintas fases hasta que dejó de estar en vigente en enero de 2026. Si bien la moratoria no se aplicó a todos los casos de desahucio, se calcula que más de 60.000 hogares pudieron acogerse a ella. El borrador presentado deja esa moratoria en el mismo punto desde el que cayó, con un límite temporal poco ambicioso —hasta 2028— y al albur de lo que decida el futuro Gobierno que salga de las elecciones previstas para 2027.

Los partidos de la izquierda del arco parlamentario se han mostrado esta mañana partidarios de la aprobación íntegra de los puntos acordados por el Sindicato de Inquilinas. En una comparecencia conjunta en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde Maricarmen Abascal permanece en observación desde el día de su desahucio, Sumar, Comunes, Izquierda Unida, Más Madrid, Podemos, ERC, EH Bildu, BNG y Compromís se han unido para dar ese apoyo a lo que se reclama desde las calles y plazas.

La celebración del Consejo de Ministros mañana martes tiene como punto de interés saber si el PSOE mejora la oferta lanzada vía borradores y si, de no ser así, se hace efectiva la amenaza de plante que se pide también desde sus espacios políticos a los ministros de Sumar. A última hora del lunes, las negociaciones con el PSOE continuaban. El puerto al que lleguen esas negociaciones puede no ser suficiente para un movimiento de vivienda que no tiene casas, pero tiene voz en el debate sobre condiciones de vida más importante de cuantos se dan en la actualidad política.


Fuente: El Salto

lunes, 28 de septiembre de 2026

El movimiento de vivienda alerta sobre los intentos del Gobierno de aprobar un “decreto farsa”

 

 Por Martín Cúneo   
       Periodista. Desde Diagonal en El Salto.


Tras la masiva manifestación y la exitosa acampada de Sol, el Gobierno siente el aliento de un movimiento reforzado que ha pasado a la ofensiva y no se contenta con titulares y más promesas vacías.


Exitosa acampada en Sol. Fotografía de Dani Gago.


     Por la mañana, Madrid era rojigualda: decenas de miles de personas clamaban contra “los invasores”, el nuevo hallazgo de la derecha y la extrema derecha para referirse a las personas migrantes.

Por la tarde-noche de ese 26 de septiembre, Madrid parecía otro sitio, con otros colores, otros cánticos, el anverso, una ciudad a la que el movimiento por la vivienda había dado la vuelta.


La movilización histórica del 26S acabó con una acampada que tomó Sol acompañada por miles de manifestantes. Fotografía de Dani Gago.

Los responsables de la pérdida de derechos, de estabilidad, de seguridades —“los invasores”— ya no eran los migrantes, los okupas o los pobres, sino los fondos de inversión, el rentismo, la especulación inmobiliaria tolerada por el Gobierno. La historia de Maricarmen y lo que ha despertado ha marcado un antes y un después, un punto de inflexión en un ciclo de movilizaciones por la vivienda que comenzó en 2023 y que está viviendo en estos días su clímax.

Presionado por todos los frentes, el Gobierno ha acelerado los contactos con los socios de investidura para aprobar en el Consejo de Ministros de este martes 29 de septiembre el llamado “Decreto de Maricarmen”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigía este 27 de septiembre a Maricarmen, que sigue en el hospital desde el día del desahucio: “Tengo un mensaje para ti: el Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros el decreto ley de vivienda".

El presidente respondía de esta forma a un vídeo de la vecina del distrito de Retiro de 87 años en el que pedía a Sánchez medidas urgentes en materia de vivienda: “Quiero que lo que me ha pasado a mí no se repita”.

Las primeras filtraciones descartaban que el Ejecutivo pudiera llegar al martes con un acuerdo con todos sus socios, especialmente con Podemos por la izquierda y Junts por la derecha. Tras la manifestación masiva del 26 de septiembre, que reunió a más de 200.000 personas y el éxito de la acampada en Sol, Sánchez confirmó que habrá decreto. Pero ¿qué llevará este “Decreto Maricarmen”? ¿Evitará que el caso de Maricarmen se repita no una, sino miles y miles de veces?

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, desconfía de las promesas del Gobierno y advierte de la aprobación de un decreto vacío de contenido. Según declaró en una rueda de prensa este domingo, el Sindicato “ha conocido” que el Gobierno pretende dejar fuera del decreto de vivienda la principal demanda de esta organización: los alquileres indefinidos.

Esta propuesta, basada en el sistema que funciona actualmente en Inglaterra, Alemania o Austria, implica la renovación automática de todos los contratos, que pasan a ser indefinidos. Estos contratos solo pueden romperse cuando existe una razón de peso. Y esa razón no puede ser especular con la vivienda, explica la portavoz. “Hemos dicho por activa y por pasiva que es la medida más importante de todas para que no haya ninguna Maricarmen más”, dice Del Río. “Si esto no se aprueba, siguen gobernando los fondos buitre y este gobierno progresista no tiene ningún sentido”, sentencia.

Para evitar que la ley que prepara el Gobierno sea un “decreto farsa que no incluya los alquileres indefinidos”, el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha realizado un llamamiento a la ciudadanía catalana para protestar ante la visita de Pedro Sánchez a Barcelona este lunes 28 de septiembre a las 19h, frente al Palacio de Congresos.


El 27 de septiembre confluyeron en Sol una acampada por la vivienda que no deja de crecer y las luchas por la educación pública.

Qué debe contener el “Decreto Maricarmen”

Además de los alquileres indefinidos, el movimiento de vivienda reclama que el decreto de vivienda recupere muchas de las iniciativas que han sido derogadas por el bloque de derechas del Congreso en el último año. Entre ellas, la moratoria de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga de dos años para los alquileres, la moratoria de cortes de suministro y otras ayudas dirigidas a población vulnerable vigentes hasta hace pocos meses. Además, añade, este Real Decreto debería incluir otras iniciativas que no han sido votadas todavía por las Cortes, pero son clave para contener los precios, especialmente la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.


El desahucio de Maricarmen es una vulneración de derechos humanos resultado del fracaso de las instituciones del estado español.

Para Irene Escorihuela, directora del Observatori Desca, la recuperación de la moratoria de los desahucios es una de las principales medidas que garantizaría no que haya más maricármenes. Cuando se derogó esta norma con los votos de Junts y el resto de la derecha, las organizaciones sociales ya avisaron del “tsunami de desahucios” que se venía. Al menos 62.000 hogares se habían acogido a esta moratoria, que se había ido prorrogando desde tiempos de la pandemia. Y el decreto no solo tiene que recuperar esta moratoria, sino que la debe mejorar, dice Escorihuela a El Salto: solo una de cada cuatro familias vulnerables que enfrentaban situaciones de desahucio pudo recurrir a esta norma. Hace falta “mejorar la redacción” de la moratoria para que todos los hogares que la necesiten puedan recurrir a ella y evitar que los jueces conservadores rechacen las peticiones.

Gran parte de los desahucios se solucionaría, sostiene Escorihuela, si se siguen las recomendaciones de la ONU, organización que ha condenado en numerosas ocasiones a España por no proteger el derecho a la vivienda. “Cuando hay un juicio por desahucio, se debe valorar la situación de vulnerabilidad en la que se quedaría el hogar y la necesidad de vivienda que tiene el propietario, algo que no se hace”, explica.

De fondo, una vez más, la letra muerta de la ley de vivienda de 2023. Esta norma, que iba a “prohibir los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional”, solo daba un plazo máximo de cuatro meses para que las autoridades encontraran una vivienda. Pero como no hay vivienda pública disponible, la medida solo sirve —en los limitados casos en los que se aplica— para aplazar algunas semanas los lanzamientos. Entre las medidas que el Gobierno está negociando se encuentra una reforma de estos procedimientos.

odas estas propuestas, explica la directora del Observatori Desca, chocan con las demandas de Junts, que presiona para dejar fuera de la moratoria de desahucios y de la prórroga de los alquileres a los pequeños propietarios. Una propuesta que “carece de sentido”, dice Escorihuela, ya que expondría a desahucios y subidas abusivas a cientos de miles de hogares. 

El partido de Carles Puigdemont también pretende incluir bonificaciones a inquilinos y caseros, y más ayudas a los propietarios, con un sistema “que funcione mejor” para compensar a los tenedores afectados por la moratoria de desahucios.

Antes del martes 29 de septiembre, el Gobierno tendrá que tomar una decisión que marcará el rumbo político de lo que queda de legislatura: apostar por un decreto de vivienda que contente a la calle y a sus socios de izquierda, pero cuya validación en el Congreso penderá de un hilo; o un decreto que no gustará a nadie, pero que tiene más posibilidades de ser convalidado. Los tiempos también han cambiado para los nacionalistas catalanes. Al votar Junts contra la moratoria de los desahucios, millones de personas ya no verán a un okupa encapuchado dándole una patada a una puerta, verán a Maricarmen. Una tercera opción, convertida en práctica habitual de esta legislatura, es parcelar el decreto: en uno, todo aquello que cuenta con apoyo legislativo suficiente; en otro, los aspectos no consensuados y que serán presumiblemente derogados por las Cortes. De hecho, el discurso de Junts ha cambiado desde el desahucio de Maricarmen y ha aceptado endurecer la normativa para limitar la actuación de los fondos de inversión en la vivienda siempre que no se toquen los intereses de los pequeños propietarios. “Si el decreto de vivienda es para parar los pies a los fondos buitres, tendrá nuestro voto”, declaraba el secretario general del partido, Jordi Turull este 27 de septiembre.

La demanda de expropiación

Además de la aprobación del decreto de vivienda, otra reivindicación se ha posicionado en el centro del debate tras el desalojo del 23 de septiembre: la expropiación del piso de Maricarmen para que esta vecina de 87 años pueda volver a él. 

Esta propuesta, defendida sobre todo por Sumar, técnicamente sería posible, explica a El Salto la abogada experta en derecho a la vivienda Alejandra Jacinto. La medida tiene un “encaje perfectamente constitucional” y se puede justificar por razones de utilidad pública. El punto 3 del artículo 33 de la Carta Magna permite la expropiación “por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización”.

Sería una medida “ejemplarizante”, argumenta Jacinto, pero muy limitada, ya que los fondos de inversión están haciendo “exactamente lo mismo” en bloques enteros, en cientos de miles de casos. “Con la expropiación de una casa no se soluciona la problemática crónica de la vivienda. La medida debería estar acompañada de un paquete de medidas estructurales que den la vuelta a la política inmobiliaria”, subraya. La eurodiputada de Podemos Irene Montero amplió la propuesta para incluir la expropiación del uso de todos los pisos de los fondos buitre.

En este paquete se debería incluir la prohibición de la compra especulativa, contratos de alquiler indefinidos, medidas reales para prohibir los desahucios, la regulación del alquiler de temporada y turístico y alternativas habitacionales concretas y dignas. “Vamos como cinco años tarde con todo esto”, sostiene.

Desde el hospital, Maricarmen dejaba claro que su objetivo ya no es recuperar su casa, sino que nadie tenga que volver a pasar por lo que ella ha pasado. Para ello, dice la directora del Observatori Desca, hace falta “un cambio de mentalidad” y empezar a poner por delante del derecho a la propiedad el derecho de las personas a la vivienda y una vida digna.


Fuente: El Salto