Periodista
palestino originario de Gaza, actualmente residente en el Reino
Unido, donde obtuvo una maestría en Medios y Comunicación Globales.
Israel
ha creado un vacío de poder en la Franja. En ausencia de un gobierno
civil que sustituya a Hamás, grupos armados saquean la escasa ayuda
humanitaria y secuestran y agreden a ciudadanos palestinos que no
tienen a quién recurrir
Palestinos armados y enmascarados escoltan vehículos cargados de ayuda humanitaria en Gaza el 19 de enero de 2025.
Casi
todos los días me suena el teléfono desde un número de Gaza. He
aprendido a contestar de pie, preparándome para salir corriendo
incluso antes de saber lo que voy a oír. A veces, la persona al otro
lado de la línea solo llama para decir que sigue viva. Pero con la
misma frecuencia me piden algo que no puedo darles: una farmacia que
aún tenga insulina para mi joven prima Marah; una forma de enviar
dinero que realmente llegue a su destino; cualquier información
sobre cuándo podría abrirse un paso fronterizo. O quieren saber
quién ha sido asesinado, ha desaparecido o se ha perdido bajo otra
capa de catástrofe –y, más recientemente, quién ha sido
secuestrado por las bandas.
Palestinos inspeccionan el lugar de un ataque israelí contra una comisaría en el barrio de Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, el 31 de enero de 2026.
Estas
conversaciones rara vez tratan sobre política, y mucho menos sobre
el futuro de Gaza. Tratan sobre la próxima hora: si es seguro
caminar por una calle concreta, dónde encontrar medicinas, si
la Línea
Amarilla –la frontera del territorio ocupado por las fuerzas
israelíes desde
el alto el fuego de octubre, que se ha ampliado del 50 al casi 70
% del
enclave– se ha desplazado de nuevo.
El ejército israelí instala bloques de hormigón de la Línea Amarilla, que delimita la zona ocupada de Gaza. Octubre de 2025.
Miles de millas separan Londres
de Gaza, pero en estas llamadas la distancia que siento con mayor
intensidad es la que existe entre quien escucha a alguien que ama
pidiendo ayuda y quien está al otro lado sabiendo que no puede
ayudarle.
Familiares y amigos transportan los cuerpos de una familia de cinco miembros que murieron en un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 18 de julio de 2026.
Entonces
cuelgo y abro las noticias. Los titulares hablan de conferencias de
reconstrucción, estrategias de recuperación y las instituciones que
supuestamente gobernarán Gaza “el
día después.”
El vocabulario es refinado: estabilización, reconstrucción,
recuperación, incluso una “Riviera
de Gaza.”
El plan filtrado de la ‘Riviera de Gaza’.
El mundo ya está debatiendo en qué debería convertirse Gaza,
mientras que los palestinos siguen lidiando con lo que se ha
convertido.
Para
más de dos millones de palestinos, muchos de los cuales siguen
viviendo en tiendas de campaña, no ha habido una transición clara
de una guerra genocida a la recuperación. La vida cotidiana sigue
girando en torno al desplazamiento, a la búsqueda de comida y a la
supervivencia. Se trata de una sociedad que sigue siendo
desmantelada, ladrillo a ladrillo, institución a institución,
hábito a hábito, aunque ahora lo hace con más lentitud y menos
público.
Y
cuando escucho lo que piden las familias de Gaza, la comida y el agua
son solo una parte. Cada vez más, y en voz más baja, oigo otra
serie de preguntas: ¿Quién tiene realmente el control? ¿Quién
puede protegernos si pasa algo? ¿Y si un grupo armado llega al
barrio? ¿A quién llamamos si alguien nos roba, nos amenaza o se
aprovecha de nosotros? ¿Cuándo habrá un gobierno al que podamos
recurrir de verdad?
La
seguridad se ha convertido en una necesidad propia e independiente
–distinta del hambre y el refugio–, pero está entrelazada con
algo más amplio. La gente no solo teme lo que pueda sucederles, sino
no tener a quién recurrir cuando suceda. Esto se debe a que parte de
lo que está desmantelando Gaza en este momento no es visible en
absoluto desde una conferencia de donantes: la desaparición de la
gobernanza y el colapso de cualquier autoridad funcional.
Un
vacío de gobierno
Los
debates internacionales sobre Gaza giran cada vez más en torno a
quién administrará el enclave tras la salida de Hamás, partiendo
de la premisa de que el grupo debe ser apartado del gobierno y
desarmado antes de que puedan comenzar la reconstrucción y un nuevo
orden político. En enero se creó el Comité
Nacional para la Administración de Gaza (NCAG),
supervisado por la Junta de Paz del presidente de EEUU, Donald Trump,
para suceder a Hamás y, en última instancia, dar paso a una
administración tecnocrática palestina.
Una imagen tomada dentro de la Franja de Gaza en febrero de 2025.
Ese
proceso ha eludido en gran medida la cuestión de si Hamás debería
gobernar Gaza, una cuestión política que, en última instancia,
deben decidir los propios palestinos. Pero otra cuestión más
inmediata es: ¿quién gobierna Gaza ahora?
Hamás
no ha desaparecido, pero su capacidad para gobernar se ha visto
gravemente debilitada. En julio, el Gobierno dirigido por
Hamás disolvió el
Comité de Emergencia que había administrado el enclave desde
octubre de 2023, anunciando que transferiría sus responsabilidades
al NCAG. Esta era, formalmente, la condición que se venía exigiendo
desde hacía tiempo: que Hamás se disolviera como partido gobernante
de Gaza. Hamás hizo precisamente eso. Pero Israel ha impedido que el
nuevo comité entre en Gaza. En lugar de que una autoridad
sustituyera a otra, los palestinos se han quedado sin ninguna.
Las
consecuencias se notan en los aspectos más cotidianos de la vida.
Los padres tienen dificultades para inscribir a los recién nacidos.
No es posible renovar los documentos de identidad de forma fiable,
mientras que los documentos expedidos en Gaza pueden no ser
reconocidos en otros lugares. Los empleados públicos pueden pasar
meses sin cobrar su salario, aunque sigan siendo, nominalmente,
responsables de sus puestos de trabajo. El registro civil, los
servicios públicos, los registros oficiales y otras funciones
administrativas básicas se han fragmentado o, sencillamente, se han
vuelto imposibles de gestionar.
En
ese vacío han entrado grupos armados, clanes e intermediarios cuyo
poder varía de un barrio a otro. En torno a la Línea
Amarilla, varios
informes han
descrito secuestros y redadas armadas por parte de bandas locales que
reciben apoyo israelí. En otros lugares, las Fuerzas Populares –una
facción armada cuyo respaldo ha reconocido Israel como parte de su
campaña contra Hamás– han sido acusadas de saquear la ayuda
humanitaria y de atacar a palestinos sospechosos de tener vínculos
con Hamás. Las organizaciones de seguimiento del conflicto y los
periodistas han documentado
cómo grupos
respaldados por Israel llevan a cabo detenciones, secuestros y
asesinatos de civiles.
Al
mismo tiempo, están resurgiendo antiguas fuentes de violencia
–rivalidades entre clanes, venganzas personales y acusaciones de
colaboración– en medio del colapso de las instituciones que en su
día podrían haberlas contenido. El 18 de julio, Qasam Youssef
Al-Khawaja, de 28 años, fue hallado muerto
en el interior de su estudio de arte en la zona de Abu Hasira, al
oeste de la ciudad de Gaza. Posteriormente, su familia acusó a
personas a las que describieron como colaboradoras con Israel de
haberlo asesinado, aunque las circunstancias de su muerte y la
identidad de los responsables siguen sin estar claras.
La
policía de Gaza anunció una investigación. Pero lo que puede
significar una investigación en las condiciones actuales es, en sí
mismo, incierto. Las comisarías apenas funcionan, la capacidad
forense ha quedado devastada, los agentes han sido blanco repetido de
ataques israelíes y no existe una cadena de mando fiable a través
de la cual las familias puedan buscar respuestas. Por lo tanto, el
anuncio de una investigación puede ofrecer pocas garantías de que
realmente se exija responsabilidades a alguien.
La
geografía de estos incidentes ayuda a explicar lo que está
sucediendo. Un secuestro cerca de la Línea Amarilla, actos de
violencia en un refugio para desplazados, un asesinato en un estudio
de arte en el oeste de Gaza: nada de esto sugiere que una única
organización haya sustituido a Hamás, ni que una red criminal haya
tomado el control. Por el contrario, el poder se ha dispersado y se
ha vuelto intensamente local, ejercido por diferentes actores en
distintos lugares sin una autoridad fiable por encima de ellos.
Ese
poder también puede manifestarse en encuentros aparentemente
cotidianos. Los
vídeos que
circulan por Internet han mostrado a hombres armados enfrentándose a
civiles mientras reparten cigarrillos y otros bienes escasos. Pero se
trata de escenas intimidatorias y humillantes, en las que se obliga a
los civiles a permanecer de pie y esperar ante hombres armados que
deciden quién recibe qué. En un lugar donde tantos sistemas
habituales de distribución y autoridad se han derrumbado, incluso
repartir un cigarrillo se convierte en una forma de demostrar quién
detenta el poder.
¿A
quién llamas cuando alguien desaparece?
Estas
historias no son algo abstracto para mí. El 16 de julio me desperté
con una notificación en nuestro grupo familiar de WhatsApp: unos
hombres armados habían cruzado la Línea Amarilla hacia Shuja’iya
y se habían dirigido a la casa de mi pariente de 66 años, Mamdouh
Jamal Mushtaha. Entraron en su casa y se lo llevaron. No se ha sabido
nada de él desde entonces.
Bloques de hormigón amarillos en una zona devastada del barrio de Tuffah, en la ciudad de Gaza, que marcan la ‘Línea Amarilla’ impuesta por Israel, 27 de julio de 2026.
Mushtaha,
conocido por su kunya,
Abu Mu’taz, ya había perdido a su hijo, Mu’tasem,
el 2 de diciembre de 2023, y había soportado largos períodos de
desplazamiento. En enero de 2026, regresó a casa y se negó a
marcharse de nuevo. Su familia le instó a alejarse más de la Línea
Amarilla, pero no había ningún lugar claro al que ir. No era un
combatiente. Era un hombre de 66 años que quería quedarse en el
hogar que conocía.
No
dejo de pensar en él. ¿Dónde estará? ¿Estará vivo? ¿Quién se
lo ha llevado y qué le han hecho? Su familia lleva semanas llamando
a gente, preguntando a los vecinos, siguiendo rumores, esperando
algún mensaje que les indique dónde se encuentra.
Pero
no hay ninguna institución clara a la que dirigirse, ninguna cadena
de responsabilidad fiable que comience con la denuncia de una
desaparición y termine con que, al menos, se obligue a alguien a
buscarlo.
También
pienso en mi padre, mis hermanos, mis tíos y mis primos que siguen
en Gaza. Durante la mayor parte de la guerra, los peligros que temía
por ellos ya eran más que suficientes: los bombardeos, el
desplazamiento, el hambre, morir en un ataque. Antes nunca me
preguntaba si una banda armada podría llamar a su puerta. Ahora sí.
Eso
es lo que más me asusta del secuestro de Abu Mu’taz. Ha puesto de
manifiesto que el peligro ya no proviene solo del ejército israelí
o de las penurias de la guerra. Ya no se puede distinguir quién es
un vecino y quién una amenaza.
Esta
es una de las consecuencias del colapso institucional
prolongado. Remodela
la sociedad subyacente a la crisis,
cambiando no solo quién ejerce el poder, sino también cómo se
protege la gente cuando fallan los sistemas formales. Me resisto a
describir esto simplemente como un “aumento de la delincuencia”,
porque la delincuencia presupone una distinción funcional entre
quien infringe las normas y la autoridad encargada de hacerlas
cumplir. En la Gaza actual, esas líneas son cada vez más difíciles
de trazar.
Nada
de esto significa que los palestinos hayan dejado de cuidarse unos a
otros o de distinguir el bien del mal. Los vecinos comparten la
comida de la que apenas disponen. Los médicos siguen atendiendo a
los pacientes sin saber si se les pagará. Los voluntarios
transportan ayuda para desconocidos. Estas relaciones han mantenido
con vida a la gente durante casi tres años de guerra. Pero la
solidaridad no puede expedir un documento de identidad, investigar
una desaparición ni obligar a alguien a responder por un asesinato.
Médicos y personal sanitario del Hospital Al-Nasser atienden a varios bebés que sufren hipotermia, Khan Younis, Franja de Gaza, 18 de diciembre de 2025.
Y
la violencia israelí que contribuyó a provocar este colapso no ha
cesado. Incluso mientras los palestinos se enfrentan a secuestros y a
grupos armados, Israel sigue bombardeando y matando a personas en
toda Gaza.
Según
el Ministerio de Sanidad palestino, 1.254 palestinos han perdido la
vida y 4.121 han resultado heridos por disparos israelíes desde que
se anunciara el alto el fuego en octubre de 2025. En la madrugada del
30 de julio, un ataque aéreo israelí alcanzó el
campo de refugiados de Al-Shati, en el norte de Gaza, destruyendo las
tiendas y los refugios de 35 familias y obligándolas a volver a
sufrir la agonía del desplazamiento.
En
esas mismas horas, otro ataque israelí alcanzó una tienda para
desplazados en Al-Mawasi, en Jan Yunis, y también fue alcanzada una
vivienda en el campo de refugiados de Bureij. Dos personas perdieron
la vida, entre
ellas un niño, y
otras diez resultaron heridas. En 2023, ataques como estos podrían
haber acaparado la cobertura informativa internacional. Ahora apenas
se registran, si es que se registran, como una línea más en el
recuento diario de víctimas de Gaza: un nivel de violencia al que el
mundo se ha acostumbrado, pero al que las personas que lo viven nunca
podrían acostumbrarse.
La
ficción del “día después”
Calificar
a Gaza de “posguerra” hace mucho más que describir una supuesta
etapa del conflicto. Cambia las preguntas que se plantean. En lugar
de preguntarse cómo detener la matanza, la conversación gira en
torno a quién administrará la ayuda, quién gobernará Gaza, cuánto
costará la reconstrucción y quién la pagará. Esas preguntas son
importantes: Gaza tendrá que reconstruirse. Pero el peligro es que
la reconstrucción se convierta en una forma de hablar de Gaza sin
tener que afrontar por qué los palestinos siguen sin poder vivir
allí con seguridad.
La
ficción del “día después” resulta útil para casi todos los
que participan en su diseño. La Junta de Paz adquiere un propósito
y un futuro que planificar desde fuera de Gaza. La Autoridad
Palestina puede presentarse como la alternativa palestina definitiva
sin tener que rendir cuentas por su ausencia de casi dos décadas en
Gaza, ni por sus fracasos en Cisjordania.
El teniente general del Ejército de EE. UU., Patrick Frank, comandante del Comando Central del Ejército de EE. UU., informa a Nickolay Mladenov, Alto Representante para la Administración de Gaza y miembro de la Junta Ejecutiva de la Junta de Paz, en el Centro de Coordinación Cívico-Militar en Kiryat Gat, el 27 de enero de 2026.
Hamás,
por su parte, puede señalar el fin formal de su función
administrativa y el acuerdo que
ha firmado recientemente, en el que se compromete, en principio, a
desarmarse y a entregar sus armas a la NCAG. Trump lo calificó
de “un
paso monumental hacia la paz y la seguridad”.
Pero los negociadores de Hamás matizaron inmediatamente su
compromiso: no cumplirían su parte a menos que Israel cumpliera sus
propias obligaciones de retirada.
Israel
ni siquiera firmó públicamente el acuerdo. A los pocos días de su
anuncio, el propio enviado de la Junta se encontraba en Jerusalén
presionando a Netanyahu simplemente para que detuviera los ataques
israelíes. Desde entonces, Israel ha persuadido
a la Junta para que cambie los términos,
exigiendo que Hamás desmantele por completo sus armas antes de que
las fuerzas israelíes se retiren.
El
acuerdo, por lo tanto, formaliza un proceso que no se ha
materializado sobre el terreno. El camino más probable a partir de
ahora no es ni el colapso ni la plena aplicación, sino uno
progresivo: un acuerdo que se mantiene formalmente intacto mientras
se va desgastando a través de retrasos, reinterpretaciones y
acusaciones mutuas de incumplimiento, convirtiéndose el tiempo en un
motivo más de conflicto.
Milicianos de Hamás hacen gala de su fuerza durante la entrega de los cuerpos de los rehenes a la Cruz Roja en Khan Younis, al sur de Gaza, el 20 de febrero de 2025.
También conviene ser sinceros sobre lo que
realmente significa el “desarme” tras casi tres años de guerra.
Israel ha desmantelado gran parte de la estructura de batallones de
Hamás y ha eliminado a un comandante tras otro, mientras que el
bloqueo vigente desde 2007 ha controlado estrictamente lo que entra
en Gaza. Lo que queda son armas ligeras: armas que no han impedido
que Israel entre en Gaza, ni han protegido a los palestinos de las
bandas armadas que operan allí.
Poner
esas armas bajo autoridad civil seguiría teniendo importancia, pero
las preguntas siguen sin respuesta: ¿Quién las recogerá, en virtud
de qué autoridad, y cómo responderán los combatientes sobre el
terreno a una nueva administración creada bajo el patrocinio
estadounidense?
El
acuerdo codifica en gran medida una realidad militar que Israel ya
había impuesto. Se exige a Hamás que renuncie a lo que queda de su
capacidad armada antes de que Israel renuncie a su poder, mucho
mayor, sobre Gaza. Se exige el desarme a la parte que ya se encuentra
militarmente derrotada. Se exige la retirada y el fin de los
bombardeos a la parte que mantiene un control abrumador sobre si
cualquiera de ambas cosas llega a producirse.
Por
eso es más fácil hablar del futuro de Gaza que de su presente. El
presente nos remite obstinadamente a las cuestiones más difíciles
en materia de responsabilidad, incluido el control continuado de
Israel sobre aspectos clave del territorio y la circulación en Gaza.
El
afianzamiento de la división entre Gaza y Cisjordania
Para
los palestinos, la reconstrucción no puede comenzar con un nuevo
organigrama. Nombrar a una autoridad para supervisar un hospital no
reconstruye el hospital. El equipamiento aún tiene que entrar en
Gaza; los médicos tienen que estar vivos, cobrar su salario y poder
acudir al trabajo; los pacientes tienen que poder llegar hasta ellos.
Una escuela necesita profesores, alumnos y un barrio que funcione a
su alrededor.
El
Gobierno funciona más o menos de la misma manera. Más que un
logotipo o una lista de ministerios, lo que importa es si alguien
puede inscribir un nacimiento, expedir un documento de identidad,
pagar a un profesor, mantener el suministro de agua, abastecer a un
hospital, recoger la basura o proteger a una persona que denuncia un
delito.
Gaza
ya ha experimentado antes la brecha entre un traspaso político y una
transferencia real del poder. En octubre de 2017, Hamás disolvió su
comité administrativo en Gaza y acordó, en virtud de un acuerdo
de reconciliación negociado en El Cairo,
transferir el
pleno control
civil a la Autoridad Palestina antes de diciembre.
El
traspaso nunca se produjo. En cuestión de semanas, Hamás y Fatah se
acusaban públicamente mutuamente de no cumplir el acuerdo. El plazo
se pospuso y, finalmente, se abandonó. A principios de 2018, las
negociaciones se habían estancado en cuestiones que siguen sin
resolverse hoy en día: Hamás se
negó a
desarmar a ninguna de sus facciones, y el presidente de la Autoridad
Palestina y líder de Fatah, Mahmud Abás, se
negó a
aceptar nada que no fuera el control total de la Autoridad Palestina
sobre la seguridad de Gaza.
La
Autoridad Palestina nunca asumió de forma significativa el control
de los ministerios, el aparato de seguridad ni los pasos fronterizos
de Gaza –Hamás siguió gobernando en la práctica, mientras que el
acuerdo establecía que dicha autoridad se había transferido a otra
instancia. Eso podría constituir un precedente más útil para 2026
que la transición ordenada prevista por la Junta de Paz, ya que la
actual transferencia al órgano tecnocrático de la Junta de Paz
corre el riesgo de correr la misma suerte.
Sin
embargo, incluso si el traspaso actual tiene éxito donde fracasó el
acuerdo de 2017, plantea un problema diferente. La NCAG no se limita
a sustituir a la administración de Hamás. También crea un centro
alternativo de gobierno palestino al margen de la Autoridad
Palestina. Según el propio plan de la Junta de Paz, la Autoridad
Palestina solo podrá regresar a Gaza una vez que haya “completado
satisfactoriamente su programa de reformas” –un umbral que nadie
ha definido y que nadie está obligado a certificar jamás que se
haya cumplido–. Tanto Trump como Netanyahu han afirmado que la
Autoridad Palestina no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza
hasta que “complete
un programa de reformas”,
mientras que el Gobierno de Israel ha rechazado repetidamente que la
Autoridad Palestina desempeñe un papel significativo en Gaza “de
ninguna manera”.
En
la práctica, la Junta está despojando a la Autoridad Palestina de
la escasa legitimidad que le quedaba para gobernar allí, mientras
que la propia Autoridad Palestina sigue siendo demasiado débil
–institucional y políticamente– para hacer valer su propio
derecho sobre el territorio mientras tanto. Respaldada por Washington
y responsable ante este, la Junta de Paz carece de cualquier mandato
democrático por parte de los palestinos. Está presidida de forma
indefinida por Donald Trump, quien ostenta el poder de elegir a su
propio sucesor. Sin embargo, a la Junta se le está otorgando una
enorme influencia sobre el futuro de Gaza: cómo será la
reconstrucción, quién habla en nombre de los habitantes de Gaza y,
cada vez más, dónde se sitúan realmente sus fronteras con el resto
de la vida política palestina.
Este
mismo proceso conlleva una consecuencia política más amplia. Se
está tratando a Gaza como un territorio independiente cuyas
instituciones y futuro político pueden rediseñarse al margen de los
de Cisjordania. Cuanto más se convierte Gaza en un proyecto
tecnocrático autónomo, gobernado a través de un organismo
patrocinado desde el exterior y sin relación institucional con
Ramala, más se aleja la perspectiva de una única entidad política
palestina –el resultado que persiguen tanto Washington como el
actual Gobierno de Israel–.
Sobre
el autor del artículo:
Mahmoud
Mushtaha es un periodista
palestino originario de Gaza, actualmente residente en el Reino
Unido, donde obtuvo una maestría en Medios y Comunicación Globales.
El periodista palestino Mahmoud Mushtaha fue evacuado a Gran Bretaña en diciembre.
Es
autor de Sobrevivir al genocidio en Gaza, su primer libro, publicado
en español.
Sobrevivir al genocidio en Gaza. Mahmoud Mushtaha.
Fuente:
CTXT
De
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