Por primera vez en el Reino Unido, un juez condenó a cuatro activistas de Palestine Action con cargos de terrorismo por una protesta de acción directa contra una fábrica de Elbit Systems. El fallo sienta un peligroso precedente
El 12 de junio de 2026, un juez del Tribunal de la Corona de Woolwich, en el Reino Unido, condenó a cuatro activistas de Palestine Action por terrorismo y los sentenció a prisión por su participación en una protesta de acción directa en una fábrica de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel, que causó daños por valor de 1,2 millones de libras esterlinas.
Esta es la primera vez en el Reino Unido que se aplica la legislación antiterrorista contra activistas. Existe una gran preocupación de que esto siente un peligroso precedente para otros activistas que se oponen al genocidio israelí contra los palestinos en Gaza y a la limpieza étnica en Cisjordania.
Charlotte Head y Leona Kamio, miembros de Palestine Action, fueron condenadas a 6 años menos 45 días, mientras que Fatema Zainab Rajwani fue condenada a 5 años y 8 meses menos 45 días, en virtud de una cláusula de la legislación antiterrorista por causar daños materiales. Samuel Corner también fue condenado a ocho años y ocho meses, incluyendo una pena adicional por lesiones corporales graves sin intención.
La incursión llevada a cabo por seis activistas en la fábrica de Elbit en Filton, Reino Unido, tuvo lugar en agosto de 2024. Según los informes, destruyeron 40 “activos militares”, incluyendo el dron Magni X y varios drones Thor, ambos ampliamente desplegados en Gaza por el ejército israelí.
Los activistas fueron arrestados en el lugar. Otras 18 personas fueron arrestadas en relación con la incursión, como parte de la “Operación Recomply”, y posteriormente fueron apodadas los “Filton 24”. En mayo de 2026, se convirtieron en los “Filton 25” después de que la Fiscalía decidiera adelantar el veredicto de Lewis Chiaramello por su presunta participación en una acción en la base aérea de la RAF Brize Norton.
Durante la lectura de la sentencia, más de 500 personas se congregaron frente al tribunal para apoyar y solidarizarse con los activistas, exhibiendo pancartas, interpretando música y poesía, y coreando consignas. Un amplio contingente policial estuvo presente y realizó más de 100 arrestos, principalmente por mostrar apoyo a Palestine Action, organización que el gobierno británico catalogó como terrorista en julio de 2025.
Posteriormente se produjeron más arrestos tras el bloqueo de una furgoneta penitenciaria que transportaba a algunos activistas a la salida del juzgado. El vehículo permaneció detenido durante más de una hora hasta que la policía desalojó a los manifestantes, acusados de usar fuerza desproporcionada y realizar arrestos violentos.
Un juicio sin precedentes
Las sentencias se dictaron al término de un juicio sin precedentes.
Tras los hechos del 6 de agosto de 2024, Samuel Corner, Jordan Devlin, Charlotte Head, Leona Kamio, Fatema Rajwani y Zoe Rogers fueron acusados inicialmente de daños a la propiedad y robo con agravantes. Corner, Head y Kamio también fueron acusados de alteración del orden público.
En virtud de las facultades antiterroristas, se les denegó la libertad bajo fianza y permanecieron en prisión preventiva, a pesar de haber sido acusados de delitos menores. Permanecieron encarcelados hasta la conclusión de su juicio en febrero de 2026, que comenzó en noviembre de 2025; casi 18 meses después de su detención.
Ninguno fue declarado culpable inicialmente de ningún delito, ya que el jurado no llegó a un veredicto sobre los cargos de daños a la propiedad y alteración del orden público, y todos fueron absueltos del cargo de robo con agravantes. Insatisfecha con el resultado, la fiscal Deanna Heer KC confirmó que se solicitaría un nuevo juicio.
El nuevo juicio concluyó el 4 de mayo de 2026 y declaró culpables de daños criminales a Samuel Corner, Charlotte Head, Leona Kamio y Fatema Zainab Rajwani. Corner también fue declarado culpable de causar lesiones corporales graves sin intención. Devlin y Rogers fueron absueltos.
Una vez levantadas las restricciones de información impuestas por el tribunal el 12 de mayo de 2026, se reveló que se había ocultado un factor importante al jurado durante las deliberaciones: que un veredicto de culpabilidad podría activar una cláusula de “conexión terrorista” en virtud de la Ley de Lucha contra el Terrorismo y Sentencias de 2021 en el momento de la sentencia.
Además, el abogado defensor de los acusados, Rajiv Menon KC, se enfrentó a un proceso por desacato al tribunal por su alegato final en el juicio de 2024 y fue acusado de desobedecer las órdenes del juez, Sir Jeremy Charles Johnson KC.
El juez dictaminó que los acusados no podían alegar una excusa legal basada en las acciones del ejército israelí en Gaza, y prohibió a los abogados incitar al jurado a desobedecer las decisiones judiciales o a aplicar el principio de equidad del jurado, es decir, el derecho del jurado a absolver a los acusados según su propia conciencia o sentido de justicia.
En su alegato final, Menon habló al jurado sobre la histórica sentencia judicial de 1670, el caso Bushel, que estableció la independencia de los jurados. También leyó una placa en el Tribunal Penal Central, destacando la importancia del caso y citando que “estableció el derecho de los jurados a emitir su veredicto según sus convicciones”.
Este fue el punto de controversia para Johnson y se cree que es la primera vez en la historia jurídica del Reino Unido que se inicia un procedimiento por desacato al tribunal contra un abogado por su alegato final.
Los jueces de apelación concluyeron que Johnson carecía de jurisdicción para remitir el caso al Tribunal Superior, y la demanda por desacato contra Menon fue desestimada.
Poco después, Johnson fue ascendido a juez presidente adjunto superior de Inglaterra y Gales por la jueza presidenta Sue Carr y ratificado por el ministro de Hacienda, David Lammy, miembro de Labour Friends of Israel, quien ha recibido más de 32.000 libras esterlinas en financiación de este grupo de presión proisraelí. Labour Friends of Israel es un grupo de presión proisraelí que trabaja estrechamente “entre bastidores” con la embajada israelí en Londres, como se reveló en la serie documental de Al Jazeera The Lobby.
En la semana previa a la sentencia, el grupo activista Defend Our Juries presentó una queja formal contra Johnson, alegando prácticas parciales y discriminatorias. Más de 5.000 personas firmaron la queja, entre ellas abogados, profesores de derecho, policías jubilados y magistrados, y exigieron su recusación durante el juicio. Johnson se negó a renunciar.
Represión contra Palestine Action
Desde su fundación en 2020, Palestine Action ha atacado a Elbit Systems y otras empresas vinculadas a la fabricación israelí de armas y municiones. Con el tiempo, algunos miembros del grupo han sido procesados por su participación, mientras que otros han sido absueltos. Esto se ha convertido en una creciente preocupación para el Gobierno británico, que ya se encuentra bajo presión del gobierno israelí y de grupos de presión. Desde que comenzó el genocidio israelí en Gaza en 2023, las acciones contra instalaciones y oficinas se han intensificado, al igual que la atención del gobierno.
El 20 de junio de 2025, dos activistas de Palestine Action irrumpieron en la base aérea de la RAF Brize Norton en Oxfordshire, dañando dos aeronaves Voyager que, según afirman, forman parte de la participación directa de Gran Bretaña en el genocidio y otros crímenes de guerra. Días después, Yvette Cooper, entonces ministra del Interior, anunció en el Parlamento su intención de ilegalizar Palestine Action en virtud de la Ley Antiterrorista de 2000.
Posteriormente se supo que la Fiscalía le había aconsejado no ilegalizar al grupo en los seis meses previos a cualquier vista judicial, alegando que hacerlo perjudicaría un juicio justo. Su anuncio se produjo cinco meses antes del inicio del primer juicio. Además, se arriesgó a ser acusada de desacato al tribunal por divulgar detalles del caso en un artículo publicado, a pesar de las restricciones a la información. El juez Johnson desestimó la solicitud del abogado defensor en su contra.
Cooper también es miembro de Labour Friends of Israel y ha recibido donaciones del lobby proisraelí.
A pesar de la amplia oposición de la ciudadanía, las organizaciones de derechos humanos y libertades civiles, y las Naciones Unidas, la ilegalización siguió adelante. Los diputados votaron a favor por 382 votos contra 26. Sin embargo, se cree que Cooper influyó estratégicamente en la votación al incluir en su orden de ilegalización a dos grupos: el grupo neonazi Maniacs Murder Cult y el ultranacionalista y supremacista blanco Russian Imperial Movement. Cabe destacar que Jonathan Reynolds, exsecretario de Comercio del Reino Unido y actual vicepresidente de Labour Friends of Israel, quien supervisó las exportaciones de armas a Israel y se beneficia del lobby proisraelí, votó a favor de la prohibición.
Indignados por el resultado, se llevaron a cabo vigilias de protesta silenciosas con pancartas que decían: “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”. Esta campaña a nivel nacional se reprimió con detenciones masivas y, posteriormente, desempeñó un papel importante en la presión ejercida antes de la impugnación legal de la prohibición.
Tras una revisión judicial histórica, el Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó que la prohibición era ilegal y que sería revocada, alegando violaciones de los derechos a la libertad de expresión y de reunión, consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, el fallo no sería retroactivo y entraría en vigor una vez concluida la apelación del Ministerio del Interior contra el Tribunal Superior. Como consecuencia, las vigilias de protesta con detenciones masivas continuaron; solo en Londres, más de 500 personas fueron arrestadas en una sola jornada.
Antes del día de la sentencia, más de 3.300 personas habían sido arrestadas, 1.200 de ellas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo. Sin embargo, otras 72 fueron arrestadas a las afueras del Tribunal de la Corona de Woolwich por portar carteles modificados con el lema “Salvar vidas no es terrorismo. Apoyo a Palestine Action”, algunos de los cuales medían menos de 2,5 cm.
Actualmente esperan juicio y podrían enfrentarse a hasta 14 años de prisión.
Una escalada demencial
La sentencia de Samuel Corner, Charlotte Head, Leona Kamio y Fatema Zainab Rajwani en virtud de la legislación antiterrorista constituye un caso histórico para el Reino Unido. De hecho, es el primero de su tipo.
En una declaración enviada a Mondoweiss, Lisa ‘Luxx’ Minerva, coordinadora del Comité de Defensa de Filton25, afirmó: “Esto representa una escalada insensata por parte del Estado; todo ha sido orquestado”.
Considera que el resultado sin precedentes de este juicio es fruto de un esfuerzo concertado, llevado a cabo por un juez “parcial” que “ignoró por completo las pruebas”, y forma parte de una “estrategia para reprimir el movimiento” que ha cobrado fuerza durante el genocidio israelí en Gaza.
Muchos ven esto como otro espantoso ejemplo del compromiso del Gobierno británico con la complacencia hacia el Estado israelí y su participación activa en el genocidio, los crímenes de guerra y las provocaciones militares en el mundo árabe; todos ellos considerados abominables e inquietantes.
De hecho, como declaró el juez Johnson en su discurso de clausura del proceso: “Elbit no está siendo juzgado”.
Y esta es la razón por la que Luxx afirma que la acción directa es posible: “Estas cuatro personas se convirtieron en los líderes que necesitaban ver en la sociedad. Cuando necesitaban que se detuviera la violencia, salieron y la detuvieron ellos mismos cuando nada más funcionaba”.
Estas sentencias se producen en un momento en que muchos en el Reino Unido han presenciado cómo las manifestaciones, vigilias y marchas propalestinas han sido objeto de mayor control policial y restricciones que incluían limitaciones a los cánticos y al uso del lenguaje, los símbolos y la iconografía. Estos esfuerzos han buscado demonizar las manifestaciones contra el genocidio como “marchas de odio”, las campañas de boicot como “discriminación” y el discurso político que cuestiona a Israel como antisemita.
Sin embargo, Luxx considera que estas son tácticas desesperadas impulsadas por un sistema nervioso: “Esto pretende intimidar al movimiento, pero las acciones contra Elbit Systems no han cesado”.
Pero no hay indicios de que la represión vaya a disminuir pronto. El lunes 15 de junio de 2026, de forma sorpresiva, el Tribunal de Apelaciones dictaminó que la prohibición de Palestine Action era legal.
Aunque es probable que se apele la sentencia ante el Tribunal Supremo y posiblemente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el proceso puede durar años. El destino de los restantes “Filton 25” aún está por verse. Asimismo, el futuro de la acción directa y la protesta es incierto. Pero una cosa es segura para Luxx: “Lucharemos contra esto. No es el final, es solo el comienzo”.
Fuente: Ctxt
