lunes, 20 de julio de 2026

Radiografía de la minería metálica como fenómeno económico y geopolítico global

 

 Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate           Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.


Nadie pone en duda la relevancia económica, política y ecosocial de la minería metálica, convertida en uno de los principales fenómenos de disputa global.


     Cada automóvil eléctrico precisa de 8 kilogramos de litio, 35 de níquel, 20 de manganeso y 14 de cobalto. Las baterías de almacenamiento de energía –claves para el desarrollo de la economía verde en su conjunto– necesitan también los cuatro metales antes citados, además de grafito, vanadio, cobre y aluminio.

Por su parte, los circuitos integrados y semiconductores, engranaje indispensable para el impulso de la digitalización –inteligencia artificial, centros de datos, redes 5G y 6G, cables interoceánicos, etc. –, verían limitada su expansión sin el silicio y otros minerales. A su vez, la amplísima gama de dispositivos electrónicos alimentados por chips, como por ejemplo los teléfonos inteligentes, requieren oro, aluminio, litio, cobre, zinc, níquel, plata, tierras raras, etc.


Las infraestructuras de la inteligencia artificial: poder corporativo y polarización global.

Por último, la industria militar utiliza ingentes cantidades de niobio, magnesio, titanio, renio, molibdeno, tungsteno y uranio para la producción de armamento, negocio al alza tras la escalada promovida por la OTAN desde su Cumbre de Madrid en 2022. Tal es así que el horizonte estipulado para 2035 aspira a situar la inversión en defensa y seguridad en el 5% del PIB.

En resumen: energía, economía verde, digitalización y complejo industrial-militar, buques insignia junto a las finanzas del capitalismo verde oliva y digital hoy en boga –agenda oficial que apunta a la resolución de la crisis sistémica vigente mediante alianzas público-privadas e inversiones masivas en dichos sectores económicos–, dependen de manera estrecha y directa de una serie de minerales fundamentales y/o críticos.


Capitalismo verde oliva y digital.

Específicamente las tierras raras –por sus altas propiedades magnéticas, ópticas, luminiscentes y electroquímicas–, ciertos minerales transversales o multiusos (cobre, aluminio, manganeso), así como los principales metales concentrados para baterías (litio, níquel, cobalto y grafito).


Tierras raras, las nuevas armas del poder geopolítico.

De manera complementaria, el resurgir del oro y la plata como depósito de valor –en un contexto de crisis, incertidumbre y vulnerabilidad monetario-financiera– refuerza la dinámica de expansión planetaria de la frontera extractiva vinculada a la minería metálica.

¿Cuál es la escala real de esta ofensiva? ¿Qué rol juega la minería metálica en el caos geopolítico actual? ¿A qué procesos vinculados a ésta debemos prestar especial atención?

Un análisis económico y geopolítico: entre las expectativas corporativas y el caos global

En los últimos años se han disparado las expectativas de crecimiento de la demanda global de metales. Múltiples informes publicados por diferentes estamentos oficiales y académicos concuerdan en señalar tanto su aumento exponencial como la creciente disputa por el acceso a estos recursos finitos.

El Banco Mundial apuntaba en 2020 la cifra de 3,000 millones de toneladas de minerales necesarias únicamente para el despegue de la energía eólica, solar y geotérmica, así como para su almacenamiento. La Agencia Internacional de la Energía, por su parte, sostenía en 2021 que la demanda de materiales para las tecnologías limpias debería cuadriplicarse entre 2020 y 2024.

Estas expectativas, no obstante, se derivaban de un hipotético horizonte de crecimiento sostenido y generalizado, premisa fallida y contraria a una realidad económica marcada por la tríada estancamiento económico-sobrecapacidad productiva-financiarización.

En resumidas cuentas, la tarta del crecimiento mundial se ha estancado en su expansión –aún en términos relativos y de manera asimétrica–, siendo un magro 2.4% la media esperada para la presente década; los ingentes capitales en liza compiten denodadamente por asegurarse un trozo de esa tarta menguante, alimentando guerras de precios que concluyen en un “juego de suma cero”, donde muchos pierden por falta de rentabilidad y muy pocos ganan; por último, la naturaleza financiarizada de la matriz económica actual –la deuda global alcanzó los 315 billones en 2025, el 333% del PIB mundial– abona horizontes de posibles estallidos financieros y bancarios como los de 2008 y 2023 –no se descarta a medio plazo la explosión de la burbuja de la IA–, retrayendo dinámicas de inversión en la economía real.

En consecuencia, la demanda de metales está en expansión, pero lejos de las desorbitadas expectativas anunciadas. La inversión verde se elevó hasta los 2.2 billones en 2025, la verde oliva los 2,7 billones, mientras la inversión esperada en IA parece catapultarse hasta los 2,6 billones. Cifras más que notables, sin duda, pero incapaces hasta el momento de revertir el estancamiento general ni de superar la sobrecapacidad –por ejemplo, China acapara sólo 1/3 de la inversión verde–, por lo que la necesidad de suministros se torna significativa, pero no tan exponencial como pareciera.

Por tanto, la frontera extractiva vinculada a la minería metálica sigue ampliándose –el volumen del sector ya se duplicó entre 2017 y 2022–, fruto tanto de la demanda verde oliva y digital como de su consideración como depósito prioritario de valor, pero en un contexto de crisis, problemas de rentabilidad corporativa e incertidumbre.

Un contexto económico que, en todo caso, no desactiva sino que intensifica un marco geopolítico definido por el caos y la violencia, y en la que la disputa minera juega un rol clave.

En este sentido, el orden internacional consolidado tras la segunda guerra mundial está siendo desmantelado por su propio impulsor –Estados Unidos–, al constatar que China se ha convertido de facto en el nuevo hegemón económico, liderando rubros estratégicos –automóvil eléctrico, bombas de calor, paneles solares, energía eólica, redes 5G y 6G– y, como después analizaremos, la estratégica extracción y transformación de metales. El multilateralismo y las reglas generales saltan en consecuencia por los aires, y se imponen las dinámicas de guerra económica y militar como vía para solucionar conflictos y garantizar las propias dinámicas de acumulación frente a la hegemonía china.

Esta guerra se sustancia, más allá de la creación de zonas de seguridad e influencia para cada bloque regional, en la disputa en torno a tres ámbitos clave para el control de las principales cadenas globales de valor: los sectores punta verde oliva y digitales aún en competencia, específicamente la inteligencia artificial generativa y los semiconductores; las rutas comerciales, de manera especial Oriente Medio como pivote de Eurasia, así como Groenlandia dentro de la hipotética ruta a través del Ártico; y, por supuesto, los suministros como base de la pirámide de acumulación, dentro de los cuales destaca la energía fósil y, de manera  creciente, la minería metálica.


Puntos calientes de la geopolítica de la energía y los materiales.

Y la principal seña de identidad del sector minero-metálico es el evidente liderazgo de China tanto en la extracción como sobre todo en la transformación, a partir de planes, negocios y acuerdos estratégicos impulsados desde hace décadas.

En la actualidad, China extrae el 70% de las tierras raras –controlando el 90% de su refino y procesamiento–, produce el 56% del litio, gestiona el 50% de la transformación del cobalto –garantizando su acceso mediante acuerdos con República Democrática del Congo–, maneja el 60% del grafito, genera el 10% del cobre y refina el 50% del níquel, por poner sólo algunos de los ejemplos más significativos.

Esta posición de poder le permite no sólo alimentar sus cadenas globales de valor, sino también responder a las dinámicas de guerra económica lanzadas por Estados Unidos y sus aliados. Por ejemplo, la guerra arancelaria lanzada en 2025 por Trump, que pretendía incrementar los aranceles a productos chinos hasta un 145%, fue revertida y anulada por las restricciones chinas a la exportación de tierras raras para las corporaciones de defensa y automoción norteamericanas.

Estas estrategias de guerra económica, no obstante, se siguen impulsando dentro de una amplia batería de agresivas medidas impulsadas por un Occidente vulnerable y dependiente de suministros externos: ampliación de la frontera minera en sus propios territorios, bajo la premisa de garantizar la “autosuficiencia estratégica”; desarrollo de normativas proteccionistas y de exclusión de facto de suministros chinos; firma febril de tratados de comercio y acuerdos de materiales críticos y/o estratégicos, así como de proyectos internacionales de inversión como el Global Gateway europeo, o el proyecto Bóveda de Estados Unidos para el control de las tierras raras; impulso de estrategias imperiales, como la recuperación explícita de la Doctrina Monroe para América Latina por parte de Estados Unidos, en un intento por apropiarse de sus bienes naturales; y, por supuesto, agresiones militares directas como vía de expropiación y despojo sobre los mismos, tanto por su vertiente fósil como minera.

En conclusión, la minería metálica, aún lejos de las cebadas expectativas de crecimiento de su demanda, consolida su tendencia expansiva, y se convierte en uno de los principales ejes de la disputa económica y geopolítica en ciernes, acrecentando el caos vigente.

Principales alertas en torno al fenómeno minero-metálico

Concluimos el artículo alertando sobre tres de los procesos más significativos y peligrosos derivados de este fenómeno global.

Destacamos en primer lugar la proliferación de megaproyectos mineros, tanto en los países periféricos como centrales, impulsados por empresas transnacionales y protegidos por sus alianzas institucionales. La minería supone una tipología de megaproyectos especialmente nociva –máxime en el marco de impunidad corporativa que impera en muchos territorios–, generadora de grandes desastres ecológicos, criminalización, violencia, autoritarismo, división social y devastación económica. El marco para el crecimiento exponencial de la conflictividad social, por tanto, está servido, en un contexto no sólo de desregulación sino de destrucción de derechos.

En segundo término, asistimos con preocupación al fortalecimiento de un contexto geopolítico de imperialismo, colonialismo, dependencia y reprimarización, al que la disputa minera contribuye notablemente. Por un lado, corporaciones y estados centrales utilizan todos sus dispositivos económicos, diplomáticos y militares para apropiarse de los recursos que necesitan sus cadenas de valor, sin rubor alguno. Por el otro, gobiernos y élites de países periféricos se abonan crecientemente al extractivismo como vía de inserción internacional. El sector metálico, en consecuencia, contribuye a la consolidación de agendas violentas y de desestructuración política y social.

Por último, es especialmente grave el vínculo directo y creciente entre la minería metálica y el avance del régimen de guerra. Como ya hemos señalado previamente, son sobre todo las inversiones digitales y armamentísticas las que definen el horizonte económico y geopolítico actual, especialmente en la conexión entre inteligencia artificial y el complejo militar y securitario.

Si la guerra económica no ha dado para Occidente los resultados esperados, es la guerra pura y dura donde Estados Unidos y sus aliados sitúan ahora el desesperado intento tanto por fomentar la acumulación de capital de sus corporaciones, como la herramienta principal para sostener su posición internacional, a partir de su aparente primacía tecnológica en el vínculo entre belicismo e IA. Las nuevas herramientas militares utilizadas en Gaza, Venezuela e Irán evidencian esta apuesta estratégica, fortaleciendo la lógica de bloque público-privado entre estados y grandes tecnológicas como Palantir.

Esta agenda bélico-digital en ascenso, centrada en el desmantelamiento del Estado social, el control social masivo y del desarrollo armamentístico de última generación sería imposible sin la minería metálica, por lo ya expuesto en la introducción.

Por tanto, el extractivismo minero supone hoy un fenómeno global de primer orden, modelador del caos geopolítico vigente y del régimen de guerra en expansión. Es fundamental acelerar la movilización popular contra su avance, la regulación democrática de su uso, así como el impulso de una agenda minera propia por parte de pueblos y movimientos sociales en pos de una transición ecosocial justa.


Fuente: Rebelión

domingo, 19 de julio de 2026

El 98 de Donald, o las cuentas del imperio

 

      Profesor de Cine y Estudios Caribeños, Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas y Clásicas, Universidad Rice. Houston, Texas.


Detrás del errático comportamiento de Trump asoma una potencia que ya no manda como antes, con la deuda desbocada y el oro que desplaza al bono del Tesoro. Puede que el verdadero 98 de nuestro tiempo sea el de EEUU



Tump y su gabinete reunidos con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026.


     El pasado 8 de julio, en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Donald Trump llamó a España “causa perdida” y “aliado horrible”, dijo que no volvería a hacer negocios con Madrid, reclamó Groenlandia y reprochó a los europeos que no lo hubieran secundado en su guerra contra Irán. Esa misma noche, a bordo del Air Force One, aseguró que España se había “redimido por completo” tras acceder a una importante solicitud de pago. No dijo cuál. La Casa Blanca no lo aclaró, y la Alianza tampoco. La Moncloa negó que existiera compromiso alguno. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, observó que solo Trump podía explicar sus propias palabras y evitó ligarlas a los 6.200 millones de euros que el Gobierno acababa de transferir a Defensa. Mientras tanto, según Reuters, el Tesoro estadounidense preparaba una lista de productos españoles para un eventual embargo.

En doce horas, España pasó de la excomunión a la absolución sin que nadie pueda señalar el hecho que separa una cosa de la otra. Nadie verificó pago alguno; bastó con afirmar que lo había habido. El tributo fue retórico y funcionó. Ahí está la información incómoda del episodio, porque describe con exactitud qué sostiene hoy la alianza atlántica: ya no la disuasión compartida, sino un peaje que ni siquiera necesita cobrarse mientras pueda proclamarse.

Detrás del ruido de los exabruptos, y de la réplica de Sánchez, que despachó el asunto diciendo que con Trump solo había hablado de fútbol y de golf, hay cifras que cuentan una historia más profunda. La deuda federal bruta de Estados Unidos superó los 39 billones de dólares en marzo de 2026, sobre una economía de unos 32 billones. La deuda en manos del público volvió a rebasar el tamaño de toda la economía, algo que no sucedía, salvo el paréntesis de la pandemia, desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Solo los intereses de esa deuda superaron el billón anual por primera vez en 2025, unos 150.000 millones más de lo que Washington gasta en su ejército. Y en mayo de aquel año Moody's le retiró la última calificación máxima que conservaba de las tres grandes agencias, la que mantenía, según su propio relato, desde 1917. Ninguno de estos datos ocupó una portada, pero ya dictan sentencia.


Moody’s rebaja la calificación crediticia de Estados Unidos, citando el aumento de la deuda pública.

Rota y Morón

Los insultos a España hay que leerlos contra ese fondo. Durante más de un año, Trump ha hecho de Madrid su blanco predilecto dentro de la OTAN. En La Haya, en junio de 2025, España fue el único país que se descolgó del compromiso de elevar el gasto militar al 5% del PIB; en su carta al secretario general, Sánchez calificó ese objetivo de irrazonable y contraproducente. Desde entonces, Trump ha acusado a España de querer “viajar gratis” dentro de la Alianza, ha amenazado con duplicarle los aranceles, ha sugerido desde el Despacho Oval que quizá habría que expulsarla y ha insinuado, con un deje casi mafioso, que su economía podría saltar por los aires si algo malo llegara a ocurrir.

Ese no es el lenguaje de un poder incontestado. Pertenece a una concepción del mundo donde los aliados dejan de ser socios para volverse vasallos, medidos por su grado de obediencia. En esa gramática, el vasallo no discrepa; incumple. La disidencia se traduce sin más a deuda impagada.

La ruptura verdadera no se produjo en La Haya ni en Ankara, sino el 2 de marzo de 2026. Iniciada la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció que las bases de Rota y Morón no prestarían apoyo alguno a la operación, y Albares precisó que España no cedería sus instalaciones para nada que no encajara en el convenio bilateral ni en la Carta de las Naciones Unidas.

Madrid no improvisó. Invocó el Convenio de Cooperación para la Defensa firmado con Estados Unidos el 1 de diciembre de 1988 y prorrogado desde entonces. Su artículo 2.2 concede a Washington el uso del territorio, el mar territorial y el espacio aéreo españoles solo para objetivos comprendidos en el ámbito del propio convenio; cualquier otro uso, dice el texto, exige la autorización previa del gobierno español. Un avión cisterna que despega de Morón para repostar a un bombardero camino de Teherán queda, según esa lectura, fuera del marco de la defensa mutua. Los aviones estadounidenses se replegaron.

Merece la pena reparar en lo que no ocurrió. No hubo sanción, ni fuerza, ni violación del candado. Hubo derecho. La primera potencia militar del planeta leyó un tratado firmado con un país cuatro veces menor y acató su letra pequeña. En 2003 eso no habría ocurrido, entre otras cosas porque a nadie se le habría pasado por la cabeza intentarlo.

Conviene, sin embargo, nombrar lo que el convenio apenas insinúa. La ofensiva contra Irán no fue una empresa estadounidense a la que Israel se sumó, sino al revés: Israel abrió fuego en junio de 2025 y Washington se alineó después, hasta bombardear tres instalaciones nucleares iraníes y exigir la “rendición incondicional” de Teherán.


Los bombardeos de EE.UU. no destruyeron programa nuclear iraní.

Lo que Madrid se negó a franquear en Morón no era, pues, un capítulo cualquiera de la defensa atlántica, sino un eslabón de una guerra israelí a la que Estados Unidos había prestado su escuadra. Y la distinción cuenta, porque la alianza que Trump invoca para reclamar obediencia se parece cada año menos a un pacto de defensa mutua y más a una fusión. En su proyecto de gasto militar para 2027, el Congreso deslizó una “Iniciativa de Cooperación Tecnológica” con Israel que integra las industrias de defensa de ambos países y la sustrae al escrutinio parlamentario, lo que un negociador israelí describió sin rubor como el tránsito de un modelo de ayuda del siglo XX a una fusión estratégica del XXI.


El Congreso de Estados Unidos impulsa una mayor colaboración militar con Israel.

Negarse a repostar un bombardero camino de Teherán es, en esa gramática, algo más que leer la letra pequeña: es rehusar ser conscripto en una guerra ajena.

La ironía es densa. Rota y Morón existen porque en 1953, con los Pactos de Madrid, Franco vendió pedazos de soberanía, y también Zaragoza y Torrejón, a cambio de los dólares y del reconocimiento que la dictadura necesitaba. Aquellas bases fueron el precio de entrada de España en el orden occidental, una dictadura fascista blanqueada por el mismo país que en 1898 se había presentado como libertador de Cuba. En 2003 sirvieron de retaguardia a la invasión de Irak mientras cientos de miles de personas gritaban “no a la guerra” en las calles. Setenta y tres años después de su concesión, son el instrumento jurídico con el que España dice que no.

El otro lado del cerrojo pesa igual. Rota da empleo a más de un millar de trabajadores españoles y sostiene buena parte de la economía de la bahía de Cádiz; Morón, a varios cientos más. Cuando Trump amenaza con retirar las tropas no amenaza a Sánchez, sino a El Puerto de Santa María. La dependencia se ha vuelto una cuestión de nóminas.

Tampoco hay que idealizar el gesto. La posición de Sánchez le rinde una evidente rentabilidad interna. Lo presenta como abanderado del multilateralismo, goza de amplio respaldo en las encuestas y llega en un momento de fragilidad parlamentaria. Se puede defender un principio y hacer caja con él a la vez. Y hay un dato que estorba la lectura heroica: España ha triplicado su gasto militar desde que Sánchez llegó a la Moncloa, de modo que su negativa sobre Irán convive con un sí rotundo al rearme. Es la definición misma de la autonomía subalterna, la que discrepa en el uso y nunca en la estructura.

La motivación importa menos que la estructura que el gesto deja al descubierto. Durante décadas, incluso en sus desencuentros más ásperos, Washington y Madrid se movieron dentro de códigos previsibles entre aliados. Hoy ese marco cruje, y quien lo hace crujir no es el aliado pequeño.

Gaza, o los límites del gesto

Si el episodio de Rota y Morón se lee aislado, se pierde su verdadero contexto. La negativa sobre Irán es el último eslabón de una divergencia más antigua, cuyo eje no es Teherán sino Gaza. El 28 de mayo de 2024, España reconoció el Estado palestino junto a y días después fue el primer país europeo en sumarse a la demanda por genocidio que Sudáfrica había interpuesto contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. En septiembre de 2025, Pedro Sánchez decretó un embargo total de armas “para frenar el genocidio en Gaza”, con la prohibición de comprar y vender material militar a Israel y de que atracaran en puertos españoles los buques que abastecían a su ejército. El lenguaje, en boca de un jefe de gobierno europeo, era inédito: aquello no era defensa propia, dijo, sino el exterminio de un pueblo indefenso. Meses antes, la Corte Penal Internacional había dictado una orden de arresto contra Netanyahu, y en septiembre una comisión de investigación de la ONU concluyó que en Gaza se había cometido genocidio.


Criminal. Por J. R. Mora.

La medida abrió en canal a la Unión Europea. De un lado, España, Irlanda y Eslovenia empujaban sanciones y la suspensión del acuerdo de asociación con Israel; del otro, Alemania y Hungría frenaban. El contraste con Berlín es el más elocuente. Tras una breve congelación de licencias en agosto de 2025, el canciller Friedrich Merz reanudó las exportaciones, viajó a Israel en diciembre y recibió el sistema antimisiles Arrow 3 por unos 4.500 millones de dólares, la mayor venta de armamento de la historia israelí. Francia y el Reino Unido, que en septiembre de 2025 reconocieron a su vez el Estado palestino, oscilaban entre el gesto y la cautela. En esa Europa partida, Madrid ocupaba el extremo más ruidoso.

Con todo, no conviene deslumbrarse. El embargo español es sobre todo un símbolo: las exportaciones que de verdad sostienen a la industria militar israelí no salen de Madrid, y las españolas apenas rozaban una fracción ínfima del total. Cancelar los contratos con Elbit o Rafael, además, dejó a las propias fuerzas españolas sin munición y sin misiles anticarro que esperaban recibir, según admitían los analistas del Real Instituto Elcano. Vuelve a asomar la autonomía subalterna que ya definió la negativa sobre Irán: España nombra el genocidio y reconoce a Palestina, pero no abandona la OTAN, ni el mercado europeo de defensa, ni el paraguas de Washington. El gesto es sincero como indignación y simbólico como política: incomoda a los imperios sin salirse de su orden. Y esa es, quizá, la única forma de desobediencia que hoy se permite un aliado leal frente a las imposiciones de Berlín, de París y de Washington.

El otro 1898

La tentación inmediata es recurrir a 1898. Aquel año selló el hundimiento del imperio español y la consagración de Estados Unidos como potencia mundial, y desde entonces el “Desastre” quedó grabado en la memoria nacional como la fecha de la decadencia, la que empujó a Unamuno, a Machado y a Joaquín Costa a preguntarse en voz alta qué le pasaba a España.

Pero “Desastre” es una palabra metropolitana. Nombra lo que perdió Madrid y silencia el resto. 1898 no fue tanto el año en que España perdió un imperio como aquel en que una guerra anticolonial de tres décadas quedó confiscada. La insurrección cubana había empezado en 1868, en Yara, siguió en la Guerra Chiquita y se reanudó en febrero de 1895. En Filipinas la revolución llevaba dos años en marcha cuando la escuadra de Dewey destruyó a la flota española en la bahía de Manila, y seis semanas después Emilio Aguinaldo proclamó la independencia. Nada de eso cabe en la palabra “Desastre”.

José Martí lo había visto con una lucidez que da escalofríos. Un día antes de morir en Dos Ríos, en mayo de 1895, dejó a medias una carta a su amigo Manuel Mercado donde explicaba que cuanto había hecho, y cuanto haría, era para impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que Estados Unidos se extendiera por las Antillas y cayera luego, con esa fuerza añadida, sobre las tierras de nuestra América. La carta se interrumpe a media frase. La historia la completó.

¿Y cómo defendió España lo suyo? En octubre de 1896, el capitán general Valeriano Weyler ordenó “la reconcentración”, el traslado forzoso de la población rural a los pueblos bajo control militar. Los muertos se estiman, según las fuentes, entre 150.000 y más de 300.000, campesinos, mujeres y niños que murieron de hambre y de enfermedad. Fue uno de los primeros campos de concentración modernos. Poco después los británicos repetirían el método en Sudáfrica, y el ejército estadounidense lo aplicaría en Batangas contra los filipinos que se negaban a cambiar de metrópoli. Los métodos del imperio sobreviven al imperio que los inventa, y esa es la primera lección de 1898, que no está en Unamuno.

El Tratado de París se firmó en diciembre de 1898. En la mesa había españoles y estadounidenses, pero no cubanos, ni puertorriqueños, ni filipinos; al representante de Aguinaldo, Felipe Agoncillo, se le negó la entrada. Filipinas se compró por veinte millones de dólares, y la resistencia que siguió costó más de doscientas mil vidas civiles. Cuba pasó a una independencia tutelada, porque la Enmienda Teller había prometido no anexionarla y la Enmienda Platt de 1901 se reservó el derecho de intervenir en ella y, de paso, el arriendo de Guantánamo, vigente todavía. Puerto Rico quedó donde sigue. En su voto del caso Downes contra Bidwell, el juez Edward Douglass White acuñó la fórmula que aún lo define, la de un territorio que no era extranjero pero sí “extranjero para Estados Unidos en un sentido doméstico”. Ciento quince años más tarde, la ley PROMESA puso su gobierno electo bajo la tutela de una junta federal no elegida.

1898 no cerró un ciclo colonial, lo transfirió. Aníbal Quijano llamó a esa persistencia “colonialidad del poder”, y la fórmula es exacta, porque el colonialismo termina y la colonialidad no. Guantánamo, la base que un imperio le arrancó a otro sobre el cuerpo de una tercera nación, sigue funcionando. Rota y Morón pertenecen a la misma familia, con una diferencia que no es menor: Madrid conserva la llave y San Juan no.

Aquí está la parte de 1898 que Estados Unidos debería temer, y que nada tiene que ver con la deuda. Cuatro días después del protocolo de paz, Francisco Silvela publicó en El Tiempo un artículo que haría época, “Sin pulso”. España, escribía, no reaccionaba ante nada; dondequiera que se pusiera el dedo, no se hallaba el pulso. El diagnóstico prendió. El regeneracionismo lo convirtió en programa, y Joaquín Costa, en su memoria sobre oligarquía y caciquismo leída en el Ateneo en 1901, le dio la fórmula que haría fortuna: aquella política quirúrgica necesitaba un “cirujano de hierro”, alguien capaz de conocer la anatomía del país y de sentir por él una “compasión infinita”.

Costa imaginaba a un reformador, y merece la pena subrayarlo, porque lo que vino después no lo fue. La metáfora médica, el país enfermo y el bisturí redentor no condujeron a ninguna reforma. Miguel Primo de Rivera dio su golpe en 1923 invocando la salud de la patria. Ramiro de Maeztu, que en 1898 pedía regeneración, publicó en 1934 Defensa de la Hispanidad, donde la grandeza perdida se volvía teología. Y Franco salió del sitio exacto adonde España había ido a buscar consuelo tras perder Cuba: Marruecos.

Porque eso hizo España con su 98. No renunció al imperio, lo mudó de continente. El Rif fue la compensación. Allí murieron más de diez mil soldados en el desastre de Annual, en 1921, una humillación que dos años después desembocaría en el golpe de Primo de Rivera. Allí el ejército español se convirtió en uno de los primeros del mundo en emplear armas químicas contra población civil, fosgeno y gas mostaza comprados a la industria alemana, entre 1921 y 1927. Y allí se formó la generación de africanistas que en 1936 se sublevó contra la República. La derrota imperial, lejos de producir modestia, produjo humillación, y de esa humillación salió un cirujano de hierro que ya no se parecía en nada al que Costa había soñado.

¿Make America Great Again será casi una traducción al inglés de una frase regeneracionista española, luego del 98? La nostalgia de la grandeza es el producto político más característico de la decadencia, y también el más peligroso.

Habrá quien lea en todo esto una fábula de emancipación española. No lo es. El imperio español no terminó en 1898: Guinea Ecuatorial fue colonia hasta 1968, Ifni hasta 1969 y el Sáhara Occidental hasta 1975, con una descolonización que sigue sin completarse y un Madrid que en 2022 abandonó la neutralidad para respaldar el plan de autonomía marroquí. Ceuta y Melilla siguen donde están. España vende armas, acoge bases y custodia una frontera europea que mata. Que Madrid le diga que no a un bombardeo no la convierte en potencia descolonizadora, solo en un Estado que ha leído su propio convenio.

El otoño del dólar

Un país que paga más en intereses que en defensa no está en ruinas, pero tampoco es el hegemón incontestable de hace treinta años. Paul Kennedy lo llamó, en Auge y caída de las grandes potencias, “sobre extensión imperial”: el punto en que los compromisos superan a los recursos y el gesto empieza a suplir a la fuerza. Giovanni Arrighi afinó la idea en El largo siglo XX, al describir cómo cada ciclo hegemónico entra en su otoño cuando el capital abandona la producción y se refugia en las finanzas. La financiarización es el último resplandor y, entre la crisis que anuncia el fin de un ciclo y la que lo consuma, pueden mediar décadas de esplendor aparente.

Wall Street lo ilustra bien. Diez empresas concentran ya en torno al 41% del valor del S&P 500, y el índice solo ha estado más caro una vez en ciento cuarenta años, en vísperas del crac de las puntocom. Los gigantes de la inteligencia artificial gastarán este año cerca de 700.000 millones de dólares en centros de datos, la mayor inversión corporativa de la historia fuera de una guerra, mientras apenas una de cada cinco empresas estadounidenses dice usar esa tecnología. No es la fantasía sin caja del año 2000, cuando Cisco cotizaba a doscientas veces beneficios y Pets.com no tenía ninguno; las compañías que hoy sostienen el índice ganan dinero de verdad. Se parece más a lo que describía Arrighi, una economía que gana cada vez más moviendo capital y cada vez menos organizando trabajo. Justo lo que le pasó a la España finisecular, que sostenía con papel el déficit de Ultramar mientras las Antillas ardían.

Ninguna potencia imperial puede desentenderse de la salud de su moneda, y aquí el asunto se presta a la profecía fácil. El dólar representaba en el tercer trimestre de 2025 el 56,9% de las reservas mundiales de divisas, frente a más del 70% a comienzos de siglo, pero el propio Fondo Monetario Internacional ha advertido que buena parte de ese descenso se explica por la apreciación de otras monedas y no por ventas. El dólar no se hunde ni nadie lo vende.

Lo que ha cambiado es dónde busca refugio el dinero público. El 2 de junio de 2026, el Banco Central Europeo constató que el oro había superado a los bonos del Tesoro estadounidense como principal activo de reserva del planeta, un 27% del total frente a un 22%. Los activos en dólares siguen siendo el mayor bloque, así que la hegemonía monetaria permanece intacta; lo que ha cedido es el instrumento. Los bancos centrales acumulan ya más de 36.000 toneladas de oro, cerca de las 38.000 de la era de Bretton Woods, y en 2025 el mayor comprador individual del mundo no fue un Estado, sino Tether, una empresa de criptomonedas.

Detrás de esto hay una fecha. En 2022, la congelación de unos 300.000 millones de dólares en reservas rusas le enseñó a cada banquero central del planeta que un activo en dólares puede dejar de ser suyo por decisión ajena. El oro, a diferencia del bono, no se puede sancionar. Y ya no funciona solo como seguro: a comienzos de 2026, tras el estallido de la guerra de Irán, Turquía vendió o prestó 130 de las 220 toneladas que había acumulado desde 2022. El oro es también un cofre de guerra, y se está usando.

La historia guarda un precedente incómodo. En vísperas de 1914, la libra esterlina era la primera moneda de reserva del mundo, con cerca de la mitad de las tenencias oficiales identificadas, según las estimaciones clásicas de Peter Lindert. Y lo sorprendente es la rapidez de su caída: el dólar la había superado ya a mediados de los años veinte, según han mostrado Barry Eichengreen y Marc Flandreau, cuando Londres seguía creyéndose el centro del mundo. La primacía monetaria se pierde mucho antes de que nadie lo admita.

Hubo un momento, eso sí, en que el declive se hizo visible. Entre noviembre y diciembre de 1956, Washington bloqueó el crédito del Fondo Monetario Internacional a Gran Bretaña y amenazó con vender sus tenencias de deuda británica hasta que Londres retirase sus tropas de Suez. Eisenhower no necesitó disparar, le bastó con dejar caer la moneda de su aliado. Fue entonces cuando Gran Bretaña entendió que ya no era un imperio, y lo entendió porque otro imperio se lo cobró en divisas. Nadie tiene hoy esa palanca sobre Washington, pero 36.000 toneladas de oro son el primer borrador de una.

Detrás de esa erosión asoma China, que teje con paciencia una arquitectura financiera alternativa, con sistemas de pago propios y comercio en yuanes. No es que Pekín vaya a destronar mañana a Washington, pues el yuan apenas roza el 1,9% de las reservas mundiales, pero por primera vez en generaciones empieza a dibujarse un horizonte en el que podría hacerlo. Un horizonte no es una promesa, y quien haya leído a Quijano sabe que la arquitectura financiera china no es un proyecto de emancipación, sino de sustitución. Un cambio de metrópoli no equivale a una descolonización.

El interregno

Frente a ese poder que se sabe menguante, Europa ha elegido, en su mayoría, el apaciguamiento. En La Haya, los aliados se plegaron a la exigencia del 5%, y el propio secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llegó a llamar “papá” al presidente estadounidense. Un mes después, la Unión Europea firmaba un acuerdo comercial que muchos describieron como una capitulación, con aranceles del 15% sobre sus exportaciones y el compromiso de comprar cientos de miles de millones en energía y armamento estadounidenses. Viktor Orbán lo resumió con crueldad: Trump se había desayunado a Von der Leyen.

Y sin embargo algo se movió en Ankara. Cuando Trump volvió a reclamar Groenlandia, los aliados cerraron filas con Dinamarca. Cuando llamó a España “causa perdida”, fue el propio Rutte quien le recordó, sentado a su lado, que Madrid había dado un paso al alcanzar el 2%, mientras Friedrich Merz mediaba para rebajar la tensión. Nada heroico, cortesía de pasillo, pero hasta la cortesía informa cuando la ejerce quien un año antes llamaba “papá” a su interlocutor. Lo que Europa ha elegido, en todo caso, es su propio imperio. El continente que no quiere ser vasallo aspira a ser potencia, y eso es una respuesta, no una emancipación.

En ese cuadro de genuflexiones matizadas, la negativa española cobra un relieve inesperado. No porque España sea una potencia rebelde, sino porque su “no”, pequeño, interesado y discutible, revela lo que la coreografía europea disimula: que hasta el aliado más leal dispone hoy de más margen para discrepar del que tenía hace dos décadas, y que la primera potencia del mundo ya no puede dar por descontada la obediencia. En 2003, la respuesta fueron Rota y Morón abiertas de par en par; en 2026, un artículo del convenio y un portazo cortés.

España es aquí un escenario menor de una transformación mayúscula. La disputa sobre el gasto militar no es el problema de fondo. Lo decisivo es que Estados Unidos empieza a topar con los límites de su propio poder y reacciona como han reaccionado siempre los imperios en apuros: endurece el lenguaje, exige disciplina, confunde la autoridad con la capacidad de arrancar obediencia. Cuando la hegemonía flaquea, el liderazgo se degrada en coacción.

Se dirá que la analogía cojea, y en parte cojea. España perdió su imperio en diez semanas y ante un ejército extranjero; Estados Unidos conserva once portaaviones, el mercado de capitales más profundo del mundo y ninguna flota enemiga a la vista. Nadie va a hundir su escuadra en la bahía de Manila. Pero los imperios rara vez mueren de una derrota. Mueren de aritmética. El 98 español fue el certificado tardío de una insolvencia que llevaba décadas anotándose en los libros de Ultramar.

Y hay que desconfiar del consuelo. Un imperio en declive no se vuelve más manso. España tenía el pulso perdido y aun así levantaba campos de reconcentración; Estados Unidos bombardeó Irán el mismo año en que su factura de intereses superó a su presupuesto de defensa. La decadencia no civiliza, amarga. Quien crea que la caída de una hegemonía es, por sí sola, una buena noticia para los pueblos que la padecieron no ha leído bien 1898. El fin del imperio español no le trajo la libertad a Cuba, le trajo la Enmienda Platt; no le trajo la independencia a Filipinas, le trajo una guerra; a Puerto Rico no le trajo nada, y sigue siendo, ciento veinticinco años después, extranjero en un sentido doméstico.

Hay un último síntoma, más turbio, que roza al propio presidente. Trump mantuvo durante décadas una amistad documentada con Jeffrey Epstein –voló varias veces en su avión y llegó a llamarlo “un tipo estupendo”–, y su segundo mandato quedó atrapado en la promesa incumplida de abrir los archivos del financiero. En febrero de 2025 su fiscal general, Pam Bondi, aseguró tener “la lista de clientes” sobre la mesa; en julio, un memorándum del Departamento de Justicia y el FBI dijo que no existía tal lista y que Epstein se había suicidado. La marcha atrás encendió a las propias bases de Trump, que llevaban años reclamando esos papeles; en noviembre la Cámara forzó la publicación de miles de documentos con cientos de menciones al presidente, aunque ninguna imputación contra él.

Que la primera potencia del planeta prometa los archivos de su propio presidente y luego los retire, los exhiba y luego los guarde, es acaso el síntoma más repulsivo de esa decadencia: el de una vacuidad en la que ya nada se sostiene, ni las cuentas ni las alianzas, y en la que la palabra basta y el hecho sobra. Una corte tardía incapaz de ordenar siquiera su propia transparencia, donde la sospecha acaba ocupando el sitio de la prueba.

Gramsci escribió que la crisis consiste en que lo viejo muere y lo nuevo no acaba de nacer, y que en ese interregno surgen los síntomas mórbidos más diversos. Estamos en el interregno. Los síntomas son un presidente que insulta y absuelve el mismo día, una absolución que se paga con un tributo que nadie ha visto, un archivo que no puede abrirse ni cerrarse, un aliado que dice que no y unos bancos centrales que compran oro como quien cava un refugio. Lo que asoma no es el 98 español de vuelta. Es su continuación en otro idioma, el primer capítulo del 98 americano. Y la pregunta que 1898 dejó sin responder no es quién manda después, sino quién paga mientras tanto.



Fuente: Ctxt