Integrante
del Sindicato de Inquilinas de Madrid.
El
desahucio de Maricarmen, de 87 años, debe ser un punto de inflexión,
un antes y un después en una ciudad al servicio de los intereses
inmobiliarios y especulativos
Maricarmen arropada por más de 500 personas y amplia presencia de medios de comunicación el 22 de septiembre de 2026, el día antes de su desahucio. Fotografía de David F. Sabadell.
Esta
semana han tenido lugar en Madrid dos encuentros muy diferentes.
En
Ifema, The
District
ha reunido a miles de directivos, inversores y empresas inmobiliarias
para debatir sobre lo que sus propios organizadores describen como
“oportunidades de inversión y cierre de operaciones”.
En la protesta ante The District, colectivos han señalado a los empresarios del negocio de la vivienda. Fotografía de Alberto Astudillo.
Blackstone,
Brookfield y otros grandes inversores internacionales han estado
representados en un evento construido sobre la premisa de que las
ciudades, los edificios y las viviendas son activos a través de los
cuales el capital puede obtener rentabilidad.
Activistas del sindicato de inquilinos en el Axel Hotel en la calle Atocha, de Madrid. Fotografía de Alberto Astudillo.
Al
otro lado de la ciudad comienza otro encuentro. Del 24 al 27 de
septiembre, alrededor de 70 sindicatos de inquilinas, organizaciones
por el derecho a la vivienda y movimientos sociales de 24 países se
reúnen en El
Barrio,
una contracumbre internacional de movimientos por la vivienda
organizada frente a esa lógica.
El Barrio.
El
contraste no podría ser más evidente. Ellos se reúnen para hablar
de cómo invertir en nuestras ciudades. Nosotras nos reunimos para
hablar de cómo vivir en ellas.
Y
entre estas dos formas de entender Madrid se encuentra la historia de
Maricarmen.
El
23 de septiembre, Maricarmen
Abascal,
una mujer de 87 años, fue desahuciada de su vivienda en el distrito
madrileño de Retiro, donde había vivido durante unos 70 años.
El desahucio de Maricarmen desata una ola de indignación que empuja al Gobierno contra las cuerdas. Fotografía de Jaime Pérez Rivero.
Era
el cuarto intento de desahuciarla y cientos de personas se
concentraron frente a su edificio para intentar impedirlo.
Finalmente, la policía la sacó de su casa en una camilla.
Esto
no fue la consecuencia inevitable de una supuesta escasez natural de
vivienda. Fue el resultado de decisiones políticas, relaciones de
propiedad y un sistema de vivienda en el que el derecho de un
inversor a obtener una mayor rentabilidad puede imponerse a la
posibilidad de una persona de permanecer en la casa donde ha pasado
toda su vida adulta.
Maricarmen
pagaba alrededor de 500 euros al mes. Después de que el fondo de
inversión Urbagestion comprara el inmueble, le ofrecieron un nuevo
alquiler de más de 2.000 euros mensuales, muy por encima de su
pensión de 1.300 euros. Esto es posible porque la legislación
española permite a los caseros subir el alquiler o expulsar a las
inquilinas, aunque no hayan incumplido ninguna de sus obligaciones,
una vez finaliza su contrato, normalmente después de entre cinco y
siete años, dependiendo del tipo de contrato.
Incluso
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones
Unidas había solicitado medidas cautelares para que España
suspendiera el desahucio o garantizara una alternativa habitacional
adecuada mientras estudiaba su caso. Después de que el desahucio se
ejecutara, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a
una vivienda adecuada sostuvo que debería haberse suspendido para
evitar un daño irreparable.
El
caso de Maricarmen es extremo. Pero las fuerzas que lo explican no
son excepcionales. En todo Madrid, las inquilinas se enfrentan a esas
mismas fuerzas bajo formas diferentes: subidas del alquiler que
expulsan a la gente de sus barrios; contratos de temporada que
convierten la inseguridad permanente en un modelo de negocio; pisos
turísticos y proyectos de coliving
y flex
living que extraen cada vez más valor del espacio
residencial; edificios comprados con sus inquilinas todavía dentro;
y viviendas tratadas fundamentalmente en función de la rentabilidad
que pueden generar.
Precisamente
por eso importa The District. La crisis de vivienda suele describirse
como si fuera un fallo técnico: falta oferta, sobra demanda, no se
construye lo suficiente. Sin embargo, para buena parte del sector
inmobiliario, el aumento del valor del suelo, la subida de los
alquileres y la expansión de nuevas “clases de activos”
inmobiliarios no son señales de que el sistema esté fallando. Son
oportunidades de inversión.
Un
mismo mercado de la vivienda puede producir, por tanto, dos
experiencias completamente distintas. Para un fondo de inversión, un
barrio en el que los alquileres están aumentando rápidamente puede
representar un mercado atractivo. Para una inquilina, puede
significar tener que abandonar la calle en la que crecieron sus
hijos. Para los inversores, la vivienda puede ser una clase de
activo. Para nosotras, es nuestro hogar.
Por
eso tampoco podemos atribuir lo ocurrido con Maricarmen únicamente a
un casero. Las instituciones públicas también le fallaron. La
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid no fueron capaces de
garantizar una solución adecuada que permitiera a una mujer de 87
años seguir arraigada en su comunidad. El contraste resulta
especialmente difícil de ignorar cuando la presidenta de la
Comunidad de Madrid ha gastado recientemente 6,3 millones de euros de
dinero público en la compra de un ático de lujo, una operación que
se ha convertido además en objeto de una intensa controversia
política.
Pero
la responsabilidad no termina en el Gobierno de la Comunidad de
Madrid. El Gobierno central ha prometido en repetidas ocasiones que
esta sería la legislatura en la que por fin se afrontaría la crisis
de vivienda y, sin embargo, las medidas capaces de ofrecer una mayor
protección a las inquilinas vulnerables han quedado atrapadas en las
negociaciones parlamentarias. Los propios ministros reconocieron tras
el desahucio de Maricarmen que algunas de las disposiciones incluidas
en un decreto de vivienda bloqueado podrían haber permitido
suspender su desahucio.
Para
una inquilina que está a punto de perder su casa, las explicaciones
institucionales sobre jurisdicciones, aritmética parlamentaria o
reparto de competencias administrativas sirven de muy poco. Un
sistema de vivienda debe juzgarse, en última instancia, por lo que
ocurre cuando alguien está a punto de perder su hogar. Maricarmen
demuestra que el sistema actual ha suspendido esa prueba.
Y
por eso El Barrio no es simplemente una protesta contra The District.
Queremos construir una organización capaz de enfrentarse durante
todo el año al poder que se concentra dentro de ese recinto.
El
capital ya opera a escala internacional. Los mismos inversores
compran viviendas en Madrid, Berlín, Londres, Dublín, Los Ángeles
y Barcelona. Sus estrategias de inversión atraviesan las fronteras
sin dificultad. La organización inquilina y por la vivienda debe
hacer lo mismo. El Barrio reúne a organizaciones de Europa, Estados
Unidos, América Latina y otros lugares para intercambiar estrategias
de organización, fortalecer los sindicatos de inquilinas y
desarrollar formas de acción coordinada. Nuestro objetivo no es
simplemente describir juntas la crisis de vivienda. Es construir el
poder colectivo necesario para transformarla.
Y
nuestras reivindicaciones son concretas.
Los
alquileres tienen que bajar. Necesitamos una regulación
efectiva de los alquileres que impida que los caseros se apropien de
una parte cada vez mayor de los ingresos de los hogares.
Las
inquilinas necesitamos contratos indefinidos y estabilidad
residencial. Una vivienda no puede ofrecer seguridad
cuando permanecer en ella depende de sobrevivir una y otra vez a
nuevos contratos, subidas de precio y negociaciones para renovar.
Las
inquilinas debemos tener el derecho y la capacidad organizativa para
emprender acciones colectivas, incluidas las huelgas de alquiler.
Cuando miles de personas se enfrentan individualmente a
las mismas prácticas de los caseros, son ellos quienes tienen el
poder. Cuando las inquilinas nos organizamos colectivamente, ese
equilibrio empieza a cambiar.
Y
la política de vivienda debe superar la idea de que basta con
construir más vivienda de mercado para resolver la crisis.
Construir, por sí solo, no garantiza que la vivienda sea
asequible cuando las nuevas viviendas se incorporan al mismo sistema
de especulación y extracción. La tarea de fondo consiste en ampliar
el parque de vivienda fuera de los mercados especulativos y avanzar
hacia un modelo en el que la vivienda sea tratada como un bien
social, y no fundamentalmente como un activo financiero.
Estas
reivindicaciones no son un programa abstracto. Maricarmen
demuestra por qué son necesarias. No queremos otra campaña después
de que otra mujer de 87 años sea amenazada con el desahucio. No
queremos otra negociación de última hora después de que alguien
haya pasado décadas construyendo su vida en un barrio. No queremos
que la solidaridad llegue únicamente cuando la policía ya está
frente a la puerta de una casa.
No
queremos ni una Maricarmen más.
La
extraordinaria respuesta a su desahucio —vecinas llenando la calle,
personas ofreciendo habitaciones y viviendas, y movilizaciones de
solidaridad extendiéndose a otras ciudades— nos muestra también
otra cosa. La crisis de vivienda provoca un enorme sufrimiento, pero
también está generando una enorme indignación colectiva. Esa
indignación puede convertirse en resignación. Puede dirigirse
contra las personas migrantes o contra otras personas que también
tienen dificultades para encontrar una vivienda. O puede convertirse
en organización.
Nosotras
elegimos organizarnos. Ese es el mensaje que llevamos a El Barrio. Si
el capital financiero puede atravesar fronteras para comprar nuestras
casas, las inquilinas podemos atravesarlas para defenderlas. Si los
inversores pueden coordinarse internacionalmente, nosotras también.
Si ellos tienen fondos, carteras y vehículos financieros, nosotras
tenemos algo de lo que, en última instancia, dependen: millones de
personas que viven, cuidan y pagan las viviendas de las que extraen
sus rentabilidades.
The
District representa uno de los futuros posibles para Madrid: una
ciudad organizada cada vez más en torno a la rentabilidad
inmobiliaria. Nosotras luchamos por otro: una ciudad en la que la
gente pueda quedarse; en la que envejecer no signifique ser expulsada
del barrio en el que has pasado tu vida; en la que tener menos dinero
no signifique tener menos derechos; y en la que las viviendas
existan, ante todo, para quienes las habitan.
Porque
un District se puede comprar y vender. Un barrio se vive.
Y
los barrios de Madrid no están en venta.
Fuente:
El
Salto
