Periodista
y doctora en Antropología Social. Investigadora especializada en el
tratamiento de las cuestiones de género en las nuevas extremas
derechas.
Esta
es una carrera de fondo que se juega en la capacidad de sostener unas
movilizaciones que se alimentan del malestar general, combustible de
las protestas.
Portavoces del Sindicato de Inquilinas durante el desahucio de Maricarmen en Madrid. Dani Gago.
Venimos
de una serie de fogonazos que han hecho estallar la calle en
protestas masivas en torno a la cuestión de la vivienda –aunque no
solo–. Si bien el seguimiento de la huelga general fue irregular
dependiendo del sector o del territorio, la jornada de lucha del
mismo 11N fue multitudinaria y explosiva, con cortes de calles y
piquetes que desplegaron energías militantes que no veíamos desde
hace tiempo. En conjunto se interpreta como el inicio de un nuevo
ciclo de movilización.
También
contamos en esta historia con cargas policiales injustificadas y
completamente desproporcionadas como la de Madrid, destinada a
limpiar la calle de manera preventiva. Se han desalojado las
acampadas de Madrid y Barcelona y se ha detenido al
menos a un centenar de personas,
de las que al
menos cuatro
se encuentran en prisión preventiva. Un colofón represivo
incomprensible al que se suma el contexto electoral de “todos
contra la derecha”. Nos encontramos en una suerte de impasse
hasta después de las elecciones. Pero después, ¿continuarán las
movilizaciones, y cómo? ¿Y los intentos de apropiación partidaria
de las movilizaciones? ¿Qué significaría escalar la lucha? No son
respuestas sencillas pero lanzamos aquí algunas ideas para el
debate.
El
malestar va a continuar
Se
compara mucho este ciclo con el 15M, cuyas consecuencias políticas
alumbraron a los partidos del cambio –hoy en decadencia– e
incluso vieron nacer a Sánchez, la traducción de la sacudida
política quincemayista en el PSOE: ese outsider
que se rebeló contra la vieja guardia socialista y que traía un
programa de regeneración democrática acorde con los tiempos.
Durante sus ocho años en el Gobierno ha habido protestas de muy
diverso signo –algunas de derechas–, pero nada tan masivo como
esta escalada de contestación social en torno a la vivienda. Es
cierto que durante el 15M se vivía un contexto de crisis aguda y sus
consecuencias en forma de desempleo y recortes dieron paso a nuevas
formas de radicalidad política, y a un movimiento difícil de
interpretar según las coordenadas políticas tradicionales.
Hoy
la situación económica es muy diferente, y las movilizaciones
también tienen que serlo. El momento es ambivalente. Hay crecimiento
económico y récord de empleo, a lo que acompaña un aumento de la
oferta de empleo público –entre 2018 y 2025 el Gobierno convocó
una media de 32.500
plazas públicas al año,
que triplica la del Gobierno de Rajoy–. Pero los servicios públicos
empeoran por la gestión neoliberal y los recortes: las listas de
espera para operaciones se
sitúan en cifras récord.
También está muy presente la inflación que afecta al nivel de
vida. Casi un 11 % de la población dice que no llega a fin de mes y
un 33,5 % que llegan justos, aunque algo más del 54 % consigue
ahorrar aunque sea poco, según
las encuestas.
El bienestar no llega a todos por igual ni el momento se vive con
optimismo en todos los sectores sociales.
El
malestar es difuso pero se centra en las clases populares –más
allá de las que participan en la PAH y otras organizaciones donde no
son mayoría, parece que bastante ausentes de las protestas– y en
los jóvenes, los más afectados también por la crisis de vivienda y
los bajos salarios. En ese sector demoscópico, la edad de
emancipación sigue subiendo. Es este malestar subyacente el que ha
dado cuerpo al movimiento levantado por el Sindicato de Inquilinas, y
va a continuar más allá de las elecciones. Sobre todo, porque la
crisis de vivienda tiene una solución complicada a corto y medio
plazo. Por ejemplo, a medida que crece la rentabilidad de la vivienda
como bien de inversión, se vuelve más caro construir vivienda
pública.
La
izquierda y sus aparatos de captura
Como
explica Pablo Carmona,
autor de La
democracia de propietarios,
la izquierda parlamentaria y el propio Gobierno han tratado de
mimetizarse con las protestas para “hacerse parte del movimiento”,
lo que ha facilitado “una lectura progresista de lo que está
ocurriendo”; es decir, que el malestar expresado en la movilización
se ha intentado encerrar en el estrecho marco institucional de
izquierda-derecha.
Sánchez,
en otra de sus alucinantes gambetas, ha tratado de hacer suyas unas
reivindicaciones que en el fondo ponían en cuestión las escasas
acciones del Gobierno destinadas a solventar la crisis de vivienda.
(Recordemos que ya mostró esta increíble habilidad cuando asumió
como suyas las protestas contra el genocidio en Gaza.) El PSOE lo
mismo te cuelga en sus sedes una bandera palestina con su logo que
otra que enuncia: “Tú o fondos buitres”, y esto no es una
metáfora, ambas existen.
Justo
antes de la huelga, Sánchez el Hábil publicó un vídeo donde
explicaba que “los
derechos exigen movilización”,
apropiándose descaradamente del
marco comunicativo del Sindicato de Inquilinas
y llevándolo al terreno electoral: “Lo que costó un siglo
conquistar se puede perder en un instante”. También trató de
instalar la idea de que era una huelga contra la oposición.
Mientras, los otros partidos de izquierda llamaban a movilizarse y
aportaban su granito de arena para que la huelga se entendiese como
un acto de campaña. Sería así, según muchas lecturas, la primera
huelga general “a favor de un gobierno”. Al menos, la primera en
la que varios ministros han llamado a secundarla.
Cuanto
más entusiasta era el apoyo socialista, más se reforzaba el
argumento de la derecha de que esta era una huelga electoral; por
eso, el Sindicato de Inquilinas –y el resto del movimiento de
vivienda– ha insistido tanto en responsabilizar
al Gobierno de la situación actual.
El PSOE es un “partido
rentista”,
dijo una de las portavoces del Sindicato, y Sánchez, un “mago
de la apropiación”.
Cuando la huelga parecía servir al Gobierno, el Sindicato cargaba
contra los socialistas, y cuando la derecha intentaba deslegitimarla,
lo hacía contra el PP y la patronal.
¿Pero
se ha conseguido efectivamente desmarcar la huelga de la apropiación
partidista? De aquí al 29N el margen es muy escaso. El movimiento de
vivienda puede señalar al Gobierno, pero si este en gran medida
llama a la movilización es inevitable pensar que esta huelga le
beneficiaba –o que creía que así era–.
La
consecuencia de esta apropiación es, según Carmona, que un sector
de la población no se haya limitado a la indiferencia, como en otras
ocasiones, sino que haya militado activamente en contra. Para muchos,
no secundar la huelga equivalía a oponerse al Gobierno. Una
traducción de la protesta totalmente novedosa. El 15M no era ni de
izquierdas ni de derechas –en un sentido institucional, porque sí
tenía contenidos emancipatorios–, y eso le permitió un impacto
mucho más transversal en una sociedad que, además, estaba
sensibilizada porque sufría la crisis en su conjunto. Con la
acampada de Sol todavía en pie, el 81% de los españoles creía que
los indignados “tenían razón”, según Metroscopia. Esta
vez no ha sido así. En
encuestas preelectorales,
el apoyo a la huelga partía a la población casi en dos mitades a
favor y en contra. Entre quienes prefieren un gobierno PP-Vox, el
52,7 % no simpatizaba “nada” con la huelga, mientras que entre
quienes prefieren uno del PSOE y Frente Amplio solo el 5 % no
simpatizaba nada, según
esta misma encuesta.
Curiosamente, la clase social apenas pesaba en estas preferencias; en
torno al 46 % de todas veía con buenos ojos el paro. El dato
definitivo era que entre los que no apoyaban la huelga, siete de cada
diez suspendían al Gobierno y más de la mitad creía que el 29N
serviría “para terminar con el sanchismo”.
Sin
embargo, hay algo que permite vislumbrar que el malestar pervive a
pesar de la captura institucional. Entre los votantes de derechas que
señalaban la vivienda como lo que estaba en juego en estas
elecciones, la simpatía por el paro doblaba la del resto de votantes
de derechas. Es decir, el problema material existe y atraviesa a los
dos bloques; lo que encierra a la gente en cada bloque es la lectura
partidista de la huelga.
Después
del 29N: escalar
Tras
las elecciones, si gobierna la derecha, estos intentos de apropiación
por parte de la izquierda institucional serán más difíciles
–aunque no cesarán–, pero se corre el peligro de que el
movimiento pase a ser una pieza más de la “resistencia” frente a
PP y Vox. Y costará más evitar que se lea como parte del bloque
contrario. También será más fácil mantener el conflicto –sin
duda habrá más–, aunque también podemos acabar atrapadas en las
guerras culturales a las que Vox nos tiene acostumbradas, donde será
difícil apuntar a los conflictos centrales que pueden hacer avanzar
las reivindicaciones sociales. Buena parte de los movimientos pueden
acabar desgastándose en esas confrontaciones donde se juega poco, o
lo que se juega es más simbólico que sustantivo.
Si
llegase a gobernar la izquierda, aunque hoy no parezca probable, la
prueba de fuego sería sostener el conflicto contra un “gobierno
amigo”. Como sabemos por precedentes anteriores –simplificando
mucho, el 15M fue absorbido en buena medida por Podemos, la potencia
feminista fue en parte canalizada por el feminismo institucional y el
Ministerio de Igualdad–, la integración rara vez llega como
derrota; suele presentarse como victoria parcial. Entre lo que
se arranca mediante presión y lo que se concede para desactivar la
protesta media una frontera difusa, y en ese terreno incierto se
juega buena parte de la política. El Sindicato de Inquilinas tiene a
su favor la baza de un
programa con algunas medidas difíciles
de asumir para los partidos. La cesión obligatoria de viviendas
vacías o medidas que pongan el derecho a la vivienda por delante de
la propiedad y la libertad de empresa tienen un coste electoral que
ningún partido con opciones de gobernar querría pagar.
Es
el propio Sindicato el que ha llamado a escalar la lucha. No será
fácil, pero ha
nombrado ya el que podría ser un próximo paso:
la huelga de alquileres. Primero contra grandes propietarios
concretos, como las que ya se han llevado a cabo contra La Caixa o
Nestar, dicen, y después ampliarla a territorios completos. Este
tipo de acciones serían más difíciles de llevar adelante
precisamente porque es poco probable que recibieran apoyo
institucional. Es una forma de conflicto que, por su naturaleza,
difícilmente se puede capitalizar en las urnas. Acumular “poder
popular”, en sus propias palabras, podría significar no necesitar
ese apoyo.
Para
Carmona,
la “organización política del impago” está relacionada con la
experiencia de la PAH –hacer colectivo y público el hecho de no
poder pagar la hipoteca o el alquiler–. Algo que sucede desde hace
años. También politizar la okupación es un paso más: “Miles de
familias se quedarán en la calle sin ningún tipo de alternativa y
la única opción que les va a quedar es okupar una de las más de
400.000 viviendas vacías que hay en zonas tensionadas”, dice
Carmona.
Brotes
verdes y dudas
Por
lo tanto, hay propuestas para escalar y también interrogantes sobre
la fuerza acumulada estos meses. Por ejemplo, si van a continuar los
1.340
comités de huelga
que se armaron para la organización del 11N –más bien poblados de
gente ya organizada–. Sin duda podrían llegar a ser una buena
herramienta. Sin embargo, en muchos de ellos parece que han
prevalecido lógicas más competitivas que cooperativas y, en
general, experiencias previas de espacios activistas similares han
sido más bien infructuosas. ¿Será esta vez distinto?
En
cualquier caso, esta también es una carrera de fondo que se juega en
la capacidad de sostener unas movilizaciones que se alimentan del
malestar general, combustible de estas protestas. ¿Seguirá la
situación económica atemperando, aunque sea de forma socialmente
desigual, esos malestares, o en algún momento del próximo gobierno
veremos signos de agotamiento y crisis? De la situación económica
dependerá también la explosividad de lo que está por venir. Lo que
se consiga hacer con ello dependerá de la capacidad de organización,
de sostener el conflicto y de abrir nuevos, así como de sostener la
autonomía de las luchas. De momento, y pese a todos los
interrogantes, contamos con cartas mejores: una situación más
agitada que en los meses previos y una experiencia política que,
para muchos y muchas de las generaciones más jóvenes, ha sido la
primera. Y tenemos también las ganas de pelear.
Fuente: Ctxt