Mi primo Paco Rabal Valera

 

 Por Pedro Costa Morata   

   Ingeniero, periodista y politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

Un día, cuando la invasión de Cuba de 1961, me preguntó por mis referencias en política internacional y le contesté que los Kennedy, me miró fijamente y me espetó: “Esos son unos hijos de puta”.

     En nuestra familia Valera de la Cuesta de Gos (Águilas, Murcia), llamada de los Rencos, hemos sido lo menos 30 primos, ya que nuestros bisabuelos, Paco y Teresa, tuvieron nueve hijos. El mayor de nuestros abuelos, de esos nueve, era Paco, padre de Paco el de las Cabras, Dolores, Encarnación, Juana y Teresa, y esta era la madre de Paco Rabal, que también nació en la Cuesta de Gos, coto minero en el que su padre, Benito, era minero, concretamente capataz. Paco el cabrero tenía a Paco el artista por hijo, y decidió morirse cuando los de Sanidad le quitaron las cabras del patio de su casa; era el único de la familia que me llamaba Perico (Paco siempre me llamó Pedrín, y Asunción, Pedrito). Mi abuela María Jesús, séptima de aquellos nueve, se casó con Juan, molinero del campo de Lorca.

La casa donde nació Paco, llamado en Águilas durante mucho tiempo Francisco Rabal, ha desaparecido totalmente, pero queda, enhiesta y cuidada, que da gusto verla, así como su huertecico-jardín, la “Casa de los Valeras”, que había sido del tío Emilio, penúltimo de la saga y encargado en la mina, y que ha rescatado Paco el del Molino, mi primo y amigo, hijo de (otro) Paco y nieto del tío Federico, molinero, el último del panteón de Rencos de segunda generación. De Paco Rabal queda para siempre en la Cuesta de Gos su estatua sedente, junto a la ermita, mirando a esos cabezos austeros de espartizal heroico y pinos salteados, con una encina aislada y salvada de los furores arboricidas de aquella minería cuasi artesanal. Paco siempre, siempre, se ha referido a su terruño con la nostalgia de sus primeros años y sus juegos y tareas con cabras, perros y tortugas. Además, desde allá arriba sobre la mar ancha y brillante, y con sus ojos asombrados —bien que lo recordaba— “se veía el mundo”.

Entrevista “Francisco Rabal: vocación y éxito”, revista En Marcha, nº125/126, enero/febrero de 1967.

Paco siempre me distinguió con su afecto: de las primas hermanas de su madre (las chachas, en nuestra jerga familiar) a mi madre la recordaba con gran cariño porque —decía— “me daba bocadillos de escabeche para merendar”, que era lo que más le gustaba… Y mi madre siempre tuvo cierta debilidad por él. Y cuando volvía a Águilas de vacaciones o a descansar, siendo ya actor conocido, siempre había un día en que pasaba, con Asunción y los críos, a comer en mi casa, que era cuando mi madre exhibía en la mesa de mármol los manteles y servilletas de su ajuar, con bordados de figuras y colores, y aquellos platos ribeteados de escenas mitológicas reservados para ocasiones así. Cuando me fui haciendo mayor y coincidíamos, yo de vacaciones de mi internado y él de sus escapadas atávicas, me hablaba de mi padre, ferroviario, porque él sí lo había conocido. Luego, interesado por mis ideas y políticas —era el primero de la familia que estudiaba y haría carrera— supo reconvenirme con su tacto y afecto por la educación nacionalcatólica que me imprimían; y un día (cuando la invasión de Cuba de 1961) que me preguntó por mis referencias en política internacional y le contesté que los Kennedy, me miró fijamente y me espetó: “Esos son unos hijos de puta”.

Fui un día a buscarlo a Prado del Rey, donde remataba el Don Juan de 1966, para hacerle una entrevista y publicarla en la revista de los colegios salesianos, donde se iniciaba mi afición periodística, y como supo que me gustaba escribir y “que lo hacía bien”, con estas palabras hizo mi presentación ante sus amigos periodistas y corresponsales, aquellos de “Las cuatro plumas”, veraneantes en la playa aguileña del Hornillo.

Así que cuando se nos “apareció” en aquella Navidad de 1973 la central nuclear en la Marina de Cope, solaz y herencia espiritual de gran parte de nuestra rama materna, Renca y Valera, siendo yo ingeniero y conocedor de la energía nuclear, nuestro encuentro en el no a ese proyecto nos valió por toda una historia de trayectorias distintas y asíncronas (Paco me llevaba casi 22 años), y con la ayuda inestimable en Lorca del maestro y poeta Pedro Guerrero, supimos ser lo que éramos: gente de sangre y de clan, enemigos de la dictadura, aguileños con la idea sagrada de mantener la integridad de nuestro sol y nuestro mar, de la brisa impoluta que remonta desde las olas y acaricia, en los peores días de canícula, las laderas broncas, tan entrañables, que nuestros viejos pastorearon, labraron y horadaron.

Paco Rabal, con Pedro Costa y Pedro Guerrero en Murcia (1992).

La batalla que siguió encendió al pueblo e iluminó con pasiones buena parte del país, haciendo con nuestro arrojo que Hidroeléctrica Española mordiera el polvo de la derrota: no contó con los Rencos, dura estirpe de cabreros, mineros, molineros… actores y ecologistas; y así le fue.

Fuente: mundo obrero.es

Vivir bajo la ‘línea amarilla’: “Sabemos que Israel tiene derecho de vida o muerte sobre nosotros”

 

 Por Laurent Perpigna Iban   

      Periodista.

En el sur del Líbano, el llamado “alto el fuego” esta sirviendo más para prolongar la guerra que para detenerla. A ambos lados de la mal llamada zona de seguridad, el ejército israelí sigue sembrando destrucción. Crónica de una tregua mortífera.

Un grupo de mujeres durante un funeral en el pueblo de Qlaieh, en el sur del Líbano.

     “Después de todo lo vivido, hemos desarrollado, desgraciadamente, un verdadero saber hacer en el arte de la reconstrucción”, ironiza Haidar. El joven, de 33 años y vecino de una localidad cercana, ha acudido junto a unos amigos a observar las obras de rehabilitación del puente de Qasmiyeh, sobre el río Litani y uno de los principales puntos de conexión entre el sur del país y el resto del Líbano. Frente a él, las excavadoras no dejan de moverse, intentando rellenar un gigantesco cráter.

“Es un castigo”, afirma con amargura. Como prueba señala el momento del bombardeo: apenas unas horas antes de la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 17 de abril. Resulta difícil llevarle la contraria. Para los habitantes del sur, obligados a un nuevo exilio desde la reactivación de la guerra israelí en el Líbano, esta destrucción adicional no ha hecho más que complicar todavía más el regreso a sus tierras.

En el cementerio improvisado del pueblo de Toul están enterradas las personas que no pueden ser sepultadas en sus localidades de origen.

Desde entonces, por una carretera ya parcialmente reabierta, se cruzan vehículos constantemente: los de los desplazados que intentan regresar a sus pueblos del sur –a menudo únicamente para recuperar algunas pertenencias– pese a las restricciones impuestas por el ejército israelí y las recomendaciones de Hizbulá; y los de quienes emprenden el camino de vuelta. Es el caso de Fátima y su familia, que regresan hacia Beirut tras una estancia fugaz. “Nuestra casa es inhabitable y, en el contexto actual, no podemos permitirnos iniciar obras. La situación es demasiado inestable”, explica desde la ventanilla de un minibús abarrotado.

Para los libaneses del sur, la expresión “alto el fuego” sabe a insulto. Mientras Israel sigue ocupando alrededor de 500 kilómetros cuadrados situados entre la línea de demarcación trazada en 2000 y una ‘línea amarilla’ dibujada unilateralmente unos diez kilómetros más al norte, los bombardeos y las órdenes de evacuación se multiplican peligrosamente.

Las cifras hablan por sí solas: cuando entró en vigor el alto el fuego, habían muerto 2.167 personas en el Líbano. El balance actualizado al 8 de mayo asciende ya a 2.759 muertos. Unos números macabros que no hacen sino confirmar una realidad persistente: la guerra israelí no ha terminado, ahora se concentra exclusivamente en el sur del país.

La ‘línea amarilla’

En el paseo marítimo de la ciudad portuaria de Tiro, decenas de personas escrutan la costa libanesa, visible a simple vista hasta Naqoura, la localidad fronteriza con Israel.

Una mujer señala a lo lejos unas rocas blancas: son los acantilados de al-Bayada, situados a apenas ocho kilómetros y convertidos ahora en posiciones avanzadas de las tropas israelíes desplegadas en el sur del país. Aunque los soldados no son visibles, los habitantes de Tiro sienten que viven bajo una vigilancia permanente. “Los israelíes siempre han querido quedarse con Naqoura; desde esa punta se domina toda la costa. Antes estábamos bajo la vigilancia constante de los drones; ahora sabemos que nos observan directamente desde allí”, lamenta una joven cuyo apartamento da a los territorios recientemente ocupados.

Panorama del sur del Líbano visto desde Majdal Zoun.

En las calles adyacentes, y pese a los graves daños causados por el ejército israelí, numerosos desplazados procedentes de las aldeas situadas junto a la Línea Azul –la trazada por la ONU en 2000 entre el Líbano e Israel– han encontrado refugio. Sus tierras quedaron destruidas por los bombardeos o absorbidas por las zonas hoy ocupadas por el ejército israelí.

La carretera costera que serpentea desde Tiro hacia el sur está casi desierta: apenas unos pocos vehículos avanzan a través de un paisaje devastado, saturado de retratos de combatientes de Hizbulá muertos en el frente.

A lo lejos, aparece un puesto de control custodiado por unos pocos soldados libaneses. Imposible seguir avanzando. Las tropas israelíes están a apenas un kilómetro. Aquí comienza la ‘línea amarilla’, una delimitación impuesta por Israel y presentada como un “cinturón de seguridad”. Dentro de ella hay zonas ocupadas directamente por el ejército israelí, así como pueblos que todavía no lo están –o al menos no oficialmente– pero cuyo acceso permanece totalmente bloqueado.

A lo lejos se distingue la localidad de al-Mansouri. En sus calles polvorientas, un puñado de habitantes llora a sus muertos, asesinados poco después del anuncio del alto el fuego. “Volvimos al día siguiente para inspeccionar nuestras casas y el ejército israelí nos rodeó. Disparaban desde el aire y también desde sus posiciones terrestres. Tres de los nuestros murieron como mártires y ni las fuerzas de seguridad ni la Cruz Roja obtuvieron permiso para entrar en el pueblo. Nos quedamos solos durante cuatro días”, relata uno de ellos.

Familiares de combatientes de Hizbulá lloran a los suyos durante un funeral.

Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. “Intentamos entender qué está ocurriendo. Los israelíes tienen posiciones muy cerca, en la colina que domina el pueblo. Pueden verlo todo y sabemos que no tardarán en avanzar”, observa Moussa Zen, un vecino de 65 años.

Como muchos otros, quiere quedarse. Pero ese deseo choca tanto con la magnitud de la destrucción y la ausencia de agua y electricidad como con los bombardeos constantes. “Nuestra vida, igual que la de nuestros padres y abuelos, ha estado marcada por guerras e invasiones. Durante mucho tiempo nadie prestó atención a eso. Hoy el mundo entero entiende que Hizbulá no es más que un pretexto dentro de sus proyectos de expansión territorial”, asegura Mohammad. Su padre murió durante el asedio que siguió a la entrada en vigor de la tregua. Todavía no ha podido ser enterrado.

A pocos kilómetros al sureste de al-Mansouri, los habitantes de Majdal Zoun viven una situación prácticamente idéntica. En el flanco sur del pueblo se distingue Shama, a unos dos kilómetros. Las banderas israelíes ondean sobre el fuerte que alberga el santuario de Shamoun es-Safa, tumba del profeta homónimo.

De repente se escuchan detonaciones. Poco después, columnas de humo negro se elevan desde la vecina Tayr Harfa. “Están dinamitando las casas. Después de bombardear los pueblos, se empeñan en arrasarlo todo, como en Gaza”, afirma Ali, de 39 años.

El alcalde del pueblo de Insar, en su vivienda completamente destrozada.

Resulta difícil verlo como una simple exageración partidista. Porque, aunque resulta difícil saber qué ocurre exactamente dentro de esa ‘línea amarilla’, las imágenes satelitales y los vídeos difundidos por el propio ejército israelí son inequívocos: además de vaciar progresivamente la franja fronteriza –donde viven unas 150.000 personas–, Israel parece decidido a convertir esas tierras en inhabitables. Lo hace mediante un urbicidio plenamente asumido y devastando tierras agrícolas, en ocasiones aparentemente con fósforo blanco. Una auténtica política de tierra quemada que no perdona nada ni a nadie: en Yaroun, incluso el convento de las hermanas salvatorianas ha sido pulverizado.

Todo el sur sigue bajo fuego

A varias decenas de kilómetros más al norte, junto al río Litani, el pueblo de Insar apenas logra recomponerse. Aunque oficialmente se encuentra fuera de la zona de evacuación decretada por Israel al comienzo de la guerra, ha sido bombardeado sin descanso.

Los habitantes ven en ello una voluntad deliberada de castigarles por las heridas del pasado. A la entrada del pueblo, un tanque perteneciente al antiguo Ejército del Sur del Líbano –milicia aliada de Israel disuelta en 2000– permanece como vestigio de otra época.

El cementerio del pueblo de Jebchit, gravemente dañado por los bombardeos israelíes.

Frente a su casa destrozada, una mujer de unos cuarenta años apenas logra contener la desesperación. “Regresamos hace dos días. La casa no está totalmente destruida, pero en el contexto actual no vamos a correr el riesgo de reconstruir inmediatamente”, explica. Y añade: “Aunque seamos civiles, sabemos que nuestras vidas dependen de su voluntad y que tienen derecho de vida o muerte sobre nosotros”.

Mohammad el-Halaf dirige un equipo de primeros auxilios que, pese a los riesgos, permaneció sobre el terreno durante toda la guerra. “Por ahora solo despejamos carreteras y ayudamos a los habitantes. No podemos iniciar ningún verdadero proceso de reconstrucción “, afirma.

Las muestras de apoyo hacia el pequeño grupo son constantes, más aún cuando el Estado libanés sigue siendo prácticamente invisible. En el cielo, los drones continúan zumbando, amenazantes. “Seguimos conservando la esperanza. Durante todas estas pruebas, pasadas y presentes, el Líbano no habría sobrevivido sin ella. Es nuestro cemento”, añade Mohammad, tan resignado como combativo.

En este pueblo, como en buena parte del sur del país, los reproches contra Hizbulá por la apertura del frente en marzo parecen haberse disipado. El Partido de Dios aparece ahora como el último dique de contención. “¿Qué hace nuestra República por nosotros? ¿Qué hace el mundo por nosotros? Son nuestros jóvenes quienes derraman su sangre por este país, nadie más”, clama una mujer de 40 años.

Un grupo de jóvenes frente al puente destrozado de Qasmiyeh, que atraviesa el río Litani y conecta el sur del Líbano con el resto del país.

A pocos kilómetros, el pueblo de Jebchit también ha pagado un precio altísimo. Resulta difícil encontrar una sola vivienda intacta. Khadija Ali Darab, de 63 años, permanece de pie detrás del mostrador de una pequeña tienda polvorienta y desvencijada. Su comercio, perdido en medio de un océano de destrucción, ha quedado relativamente intacto. Permaneció en el pueblo durante cuarenta días y solo se marchó en los últimos seis, cuando las instalaciones eléctricas quedaron destruidas. Vivió bombardeos que cayeron a apenas un centenar de metros de ella sin resultar herida. Se considera una superviviente.

“Es mi manera de resistir. No escuchaba los aviones, escuchaba las explosiones y las sacudidas. Todos los días había temblores, muertos. No tengo condiciones para combatir, pero tenía que quedarme por los jóvenes del pueblo que sí lo hacen”. También ella carga contra el Estado: “El gobierno ni siquiera nos mira. No tiene ningún respeto ni consideración hacia nosotros. No apoyamos a la Resistencia ciegamente, sino porque sin ellos nuestro pueblo ya no existiría, y nosotros tampoco. No podemos aceptar que nuestro gobierno dialogue con los israelíes que nos matan ni con los estadounidenses que les entregan las armas para hacerlo. Eso escríbalo bien claro. No podemos aceptarlo”.

En los últimos días, el pueblo ha recibido nuevas órdenes de evacuación seguidas de nuevos bombardeos. Incluso a decenas de kilómetros de la ‘línea amarilla’, la vida parece imposible.

En el pueblo vecino de Toul, Ahmad, de 34 años, se recoge ante una tumba improvisada, en medio de un cementerio levantado a toda prisa. Aquí entierran a las víctimas de los bombardeos aéreos que no pueden ser sepultadas en sus localidades de origen, ya sea porque están ocupadas por Israel o porque continúan siendo atacadas constantemente.

Un grupo de mujeres en su pueblo, en el sur del Líbano.

“Mi cuñado murió y no tuvimos otra opción que enterrarlo aquí, de acuerdo con el municipio. Es triste y desgarrador, pero su pueblo está ocupado, así que dejamos su cuerpo aquí para que no acabara devorado por los animales.”

De repente llega lentamente una caravana de vehículos. Decenas de hombres y mujeres descienden y se agrupan alrededor de una ambulancia. Los gritos y los llantos se superponen en una coreografía macabra, mientras varios hombres transportan el cuerpo de un joven socorrista, muerto en un ataque israelí unos días antes.

Se suma así a la larga lista de rescatistas asesinados desde el inicio de la guerra, muchas veces mientras intervenían tras bombardeos. El 15 de abril, en la localidad de Mayfadoun, el ejército israelí cruzó todos los límites: tras atacar una ambulancia que acudía al lugar de un bombardeo, atacó una segunda ambulancia que había acudido a socorrer a la primera. Y después, a una tercera enviada para auxiliar a los ocupantes de las dos anteriores.

Y, como en Gaza, el hecho de que estos ataques deliberados y repetidos puedan constituir crímenes de guerra –como ocurre también con los periodistas tomados como objetivo– ya no parece frenar a unos dirigentes israelíes embriagados por la impunidad.

División

Frente a estas agresiones, Hizbulá –a diferencia del anterior alto el fuego, durante el cual el Partido de Dios no respondió a las más de 10.000 violaciones israelíes registradas entre noviembre de 2024 y marzo de 2026– ha multiplicado las operaciones contra las tropas israelíes presentes en el sur del país.

Acciones llevadas a cabo especialmente con drones kamikaze –y difundidas en vídeo– que ponen en serias dificultades a las tropas sobre el terreno y colocan a Benjamin Netanyahu ante una guerra de desgaste que reabre heridas nunca cicatrizadas: toda una generación de soldados israelíes quedó profundamente marcada por lo que entonces fue considerado “el pantano” de 2006.

Sin embargo, lejos de encarnar el papel de héroe providencial, Hizbulá sigue estando en el centro de una crisis nerviosa nacional. Mientras una parte del país considera al Partido de Dios como el único dique frente a las ambiciones expansionistas israelíes, otra lo responsabiliza directamente de la ocupación de alrededor del 6 % del territorio libanés.

El 15 de marzo, Ali Al-Chami, socorrista, frente a las ruinas del centro médico de Burj Qalaouiye, donde doce de sus compañeros acababan de perder la vida. Él mismo moriría pocos días después en un ataque israelí.

Como reflejo de una fractura mucho más profunda, dos narrativas chocan frontalmente incluso en el plano jurídico: mientras el Estado libanés ha declarado “fuera de la ley” al brazo armado de Hizbulá, la formación chií considera “ilegales”–en nombre de la Constitución libanesa– las conversaciones directas iniciadas en las últimas semanas con Israel.

Porque, por primera vez desde 1983, el Estado libanés ha emprendido conversaciones directas con Tel Aviv. Un giro impulsado por el gobierno libanés y facilitado por Donald Trump y su enviado especial Steve Witkoff.

“Se puede decir, sin traicionar a la historia, que es algo inédito”, explica un antiguo diplomático libanés de alto rango. “Ha habido distintos ciclos de actividad diplomática, más o menos intensos, incluidas numerosas negociaciones indirectas, como ocurrió entre 2020 y 2022 sobre las fronteras marítimas. Pero, en la práctica, hacía más de cuarenta años que no nos sentábamos en la misma mesa que Israel. Conviene recordar que, en aquella época, se firmó un acuerdo basado en “retirada israelí a cambio de reconocimiento libanés”, antes de que el régimen sirio lo hiciera saltar por los aires.”

Como si la historia estuviera condenada a repetirse, el espectro de una reactivación de las tensiones internas sigue muy presente. Del lado de Hizbulá, las amenazas son explícitas. El 16 de marzo, en una entrevista con la cadena Al-Jadeed, Mahmoud Comati, vicepresidente del Consejo Político del partido, declaró que su formación era “capaz de poner el país patas arriba y derribar al gobierno”, asegurando que su “paciencia tiene límites”.

“El gobierno ya no es capaz de gobernar el país y sus acciones solo sirven al enemigo israelí. La confrontación es inevitable y los traidores pagarán por su traición”, afirmó.

El pueblo libanés de Shama, ocupado por Israel, visto desde Majdal Zoun.

Un discurso beligerante que reabre heridas profundas en la sociedad libanesa, especialmente las del 7 de mayo de 2008, cuando el Partido de Dios desencadenó una demostración de fuerza en Beirut para reafirmar un poder que consideraba amenazado.

Aun así, el espectro de una confrontación interna parece, de momento, pertenecer más al terreno de la ficción que al de la realidad, muy a pesar de Benjamin Netanyahu. Según la fuente diplomática citada anteriormente, el dirigente israelí habría exigido la destitución del jefe del ejército libanés, Rodolphe Haykal, después de que este rechazara participar en un desarme forzoso de Hizbulá. Sin éxito. 

Porque, más allá de su retórica triunfalista, el primer ministro israelí no ha logrado transformar su superioridad militar ni en victoria ni en una perspectiva política. Lo que se perfila en el horizonte parece más bien la posibilidad de una guerra interminable antes que la de una normalización, suponiendo siquiera que Netanyahu persiga realmente ese objetivo.

A ello se suma el desgaste de la guerra que Israel libra junto a Estados Unidos contra Irán, que plantea múltiples interrogantes sobre las posibles salidas de la crisis. Y también aquí emerge una posibilidad paradójica: que tanto el régimen iraní como Hizbulá, lejos de salir aniquilados, acaben fortaleciéndose todavía más tras este periodo.

Un socorrista frente a un cráter, en el sur del Líbano.

Un habitante de un pueblo cristiano del sur concluye: “Nuestro único refugio y nuestra única salvación solo pueden venir del Estado libanés. Está intentando avanzar para recuperar el control, pero la estrategia mortífera de Israel le corta constantemente la hierba bajo los pies. ¿Son conscientes de ello? No lo sé. Pero, al arrasar el sur del Líbano, lo único que consiguen es reforzar la legitimidad de Hizbulá, y eso es catastrófico.”

Fuente: El Salto

La ONU contra Irak: historia del desmantelamiento de un país

 

 Por Guillermo di Marco    

      Periodista de Descifrando la Guerra.

     En 1979, Sadam Hussein, que ya era desde hacía años la persona más influyente del partido gobernante Baaz, alcanzó la presidencia de Irak. Pocos meses después declaró la guerra a Irán, aprovechando que el país persa se encontraba aislado diplomáticamente por la Revolución Islámica que había acabado con el sistema del sah y había encumbrado a los ayatolás.

La guerra entre Irak e Irán fue uno de los conflictos más cruentos de la segunda mitad del siglo XX, con miles de muertos en ambos bandos.

Si bien las autoridades iraquíes habían previsto una contienda rápida, el conflicto se estancó y las fuerzas armadas iraquíes fueron puestas a la defensiva durante varias etapas de la misma.

A la guerra con Irán, devastadora en términos humanos, hay que añadir la que enfrentaba al Estado contra las guerrillas kurdas al norte del país, que se oponían a los planes de arabización llevados a cabo por el gobierno baazista. Justo antes del final del conflicto con Irán, que concluyó en agosto de 1988, Bagdad emprendió una campaña militar dentro de su propio territorio, conocida como Al-Anfal.

Con el objetivo de acabar con la base social de la guerrilla, las fuerzas armadas iraquíes asesinaron a miles de civiles kurdos, generando en el proceso cientos de miles de desplazados internos y de refugiados. El uso masivo de armas químicas fue, además, una de las características principales tanto del genocidio kurdo como de la estrategia bélica contra Irán.

Asimismo, en agosto de 1990, Sadam Hussein ordenó la invasión de Kuwait. El Consejo de Seguridad de la ONU respondió imponiendo una serie de sanciones económicas a Irak que darían inicio a una larga década de restricciones, bloqueos y tutelas que solo acabaron una vez consumada la invasión estadounidense de 2003. En noviembre de 1990, la ONU aprobó también la utilización del uso de la fuerza contra el país para forzarle a retirarse de Kuwait.

Entre enero y febrero de 1991, una amplia coalición internacional bombardeó las infraestructuras clave de Irak, cumpliendo virtualmente las amenazas que el secretario de Estado de la administración estadounidense, presidida entonces por George Bush padre, había hecho al ministro de Exteriores iraquí, Tariq Aziz: “Vamos a devolver a Irak a la era preindustrial”.

Las sanciones fueron pensadas para que afectaran a toda la economía iraquí. Su aplicación puede dividirse en dos etapas distintas: la primera, la más severa, abarcó desde su aprobación hasta 1996, cuando empezó a aplicarse el programa “Petróleo por Alimentos”; la segunda duró hasta el levantamiento de las sanciones, en 2003.

El régimen de sanciones de la ONU contra Irak terminó provocando una grave crisis humanitaria en un país ya devastado por las guerras.

En el Kurdistán Iraquí, convertido en región autónoma tras la tregua, esta situación se conjuró con un conflicto civil que enfrentó a las dos principales fuerzas político-militares kurdas y que generó unos 250.000 desplazados internos.

Las sanciones de la ONU contra Irak

La primera fase de las sanciones consistió en una gama de medidas muy variadas. Se creó un Comité de Sanciones en la ONU para gestionar las reparaciones impuestas a Bagdad y se establecieron oficinas cuyo objetivo era asegurarse que Irak no desarrollara armas de destrucción masiva.

El país salió de la guerra de 1991 en un estado de enorme vulnerabilidad. Su infraestructura civil estaba enormemente dañada –incluyendo las plataformas de extracción de petróleo, la principal fuente de ingresos– y se enfrentaba a una segunda posguerra sin haber cerrado aún la primera.

De entre todos los datos resaltan, por ejemplo, la enorme caída en la producción de alimentos en Irak en la década de 1990: entre 1989 y 1996, la producción de trigo y de cereales se redujo casi un 50%, siendo ambos productos esenciales en la dieta local.

La producción de maíz cayó alrededor de un 70% en dos años y la de arroz entorno a un 25%. La carne, por su parte, desapareció de la mesa de los iraquíes: la producción de carne bovina se redujo entorno a un 75% y la de ave cerca de un 90%.

Todo esto vino acompañado, evidentemente, por un aumento exponencial del desempleo, del precio de los alimentos y, por lo tanto, de la desnutrición crónica, que en 1999 afectaba a cuatro de cada cinco niños iraquíes. La reducción de la producción de alimentos se generaba, además, en un país que antes de la guerra importaba el 70% de los alimentos que consumía.

La destrucción de la infraestructura civil se notó en todos los niveles. Las plantas de energía iraquíes sufrieron numerosos bombardeos –los dos embalses hidroeléctricos habían sido inutilizados durante la guerra contra Irán– y de 120 operativas antes de la guerra de 1991 tan sólo 50 seguían funcionando tras acabar el conflicto: de 9.295 megavatios habían pasado a producir 2.325.

Esto afectaba a toda la sociedad y en todos los niveles, pues los cortes de luz alcanzaban a durar entre 10 y 12 horas, lo cual dificultó la atención sanitaria en muchos aspectos, limitó la capacidad de la población y de las autoridades de almacenar alimentos, retrasó todo tipo de gestiones administrativas, impidió el uso de calefacción y aire acondicionado en lugares con climas muy fríos en invierno o muy calurosos en verano, etcétera.

Con la infraestructura del agua pasó algo similar. La escasez de agua potable se volvió crónica debido a la ruptura de tuberías y depuradoras y los vertidos en los ríos. Esto afectó a los cultivos, al ganado y, por supuesto, a las personas. Un informe de UNICEF de 1998 concluyó que el consumo de agua per cápita había descendido entorno a un 63% en todo el país.

El empleo de agua contaminada fue tan común que otro estudio de la oficina estipuló en el año 2000 que “casi la mitad de los niños de menos de cinco años había tenido diarrea en ese mes durante dos semanas”.

Un retrato de Saddam Hussein con varios impactos de bala.

Los medicamentos, como los instrumentos químicos potabilizadores, sufrieron un embargo especialmente riguroso por parte del Consejo de Seguridad debido a su posible doble uso, es decir, su potencial empleo para fabricar armas químicas. Irak era dependiente de la importación para conseguir gran parte de sus medicinas y el embargo impidió que hubiera existencias en el país.

La escasez de medicamentos se coaligaba con la falta de agua limpia, el estado ruinoso de parte de la infraestructura sanitaria, la destrucción de los servicios de basuras –antes de la guerra, la ciudad de Bagdad disponía de 800; casi una década después, apenas tenía 80–, la desnutrición y las heridas de las guerras tensionaban enormemente los escasos medios sanitarios disponibles.

Cabe destacar, de hecho, que en el Kurdistán había un número indeterminado de supervivientes de ataques con armas químicas que no pudieron recibir el tratamiento requerido.

La mortandad aumentó en toda la población, especialmente la infantil y la de las mujeres en el momento del parto, por las condiciones externas en que muchas tenían que hacerlo y su debilidad física debido a la deficiente ingesta calórica y de nutrientes.

El plan "Petróleo por Alimentos" en Irak

En 1995, el Consejo de Seguridad empezó a ceder ante las denuncias que alertaban de las terribles condiciones de vida de los iraquíes. Los representantes de Estados Unidos y Reino Unido, reticentes a cualquier tipo de aligeramiento de las sanciones, aceptaron que la ONU llevase a cabo un plan: “Petróleo por Alimentos”, que permitió a Irak vender al menos una parte de su crudo para comprar, de manera controlada, bienes de primera necesidad.

El plan empezó a aplicarse en 1996. Para entonces, la capacidad de exportación de petróleo de Bagdad era escasa, pues la falta de recambios y de distintos materiales había impedido al gobierno rehabilitar debidamente las plantas dañadas, cuya producción se veía afectada también por otros condicionantes como los constantes cortes de luz.

El programa permitió, sin embargo, que empezaran a entrar en el país algunos suministros básicos que paliaran la crisis humanitaria, si bien con numerosos retrasos y restricciones impuestos por el Consejo de Seguridad.

Los representantes de Estados Unidos y Reino Unido argumentaban que el relato de la situación de miseria de la población en Irak eran exageraciones de Sadam Hussein y que la pobreza de sus habitantes se debía a la corrupción del gobierno. Tuvieron una relación tensa con la Oficina del Coordinador de las Operaciones Humanitarias de la ONU en la capital, cuyo objetivo era gestionar los envíos, supervisar su distribución y hacer estudios de campo.

Las distintas dimisiones de los principales responsables de este órgano reflejan las tiranteces entre el mismo y el Consejo de Seguridad y el Comité de Sanciones, que retenía el 30% de los beneficios de la venta del petróleo iraquí en concepto de reparaciones de guerra.

De los ingresos provenientes de la venta del crudo hay que restar otras partidas como la que estaba destinada a financiar el gigantesco despliegue de la ONU en Irak u otras dedicadas a pagar los numerosos bienes defectuosos o caducados que llegaban al país y que eran imposibles de devolver debido a las trabas burocráticas.

La magnitud de las retenciones dependió de la fase, la partida y el lugar a la que el bien estuviera destinado, pero siempre constituyó un obstáculo que podía retrasar durante años la llegada de unos suministros que podían acabar siendo recibidos en mal estado.

En 1998, según denunció el entonces Coordinador de las Operaciones Humanitarias de la ONU, Hans C. Von Sponeck, hasta el 73% de los artículos solicitados por el Ministerio de Enseñanza Superior de Irak fueron retenidos.

La situación de la población no mejoró. En 1998, una sequía que duró tres años volvió a limitar los alimentos y el agua disponible. Para más inri, a esta situación se sumó la operación Zorro del Desierto, una campaña de ataques aéreos liderada por la administración Clinton que dañó de nuevo numerosas infraestructuras civiles.

La complejidad de los procedimientos administrativos para los contratantes extranjeros, la obstrucción constante por parte de los representantes de Washington y Londres y la corrupción de la administración iraquí lastraron la eficacia de un programa ya de por si insuficiente.

Según el Banco Mundial y la ONU, cualquier persona que dispone de menos de 180 dólares cada seis meses –es decir, un dólar al día– vive "en la más absoluta miseria". Sin embargo, el valor total del suministro humanitario que llegó a Irak durante los seis meses correspondientes a la «fase V» de 1998 –incluyendo alimentos, medicamentos, piezas de recambio o material escolar– ascendió a apenas 53 dólares por persona.

Un oleoducto iraquí devastado como consecuencia de los ataques de Estados Unidos durante la invasión de 2003.

A finales de la década, una estimación de la Oficina del Coordinador Humanitario de la ONU indicó que en Irak había “entre un 60 y un 75%” de desempleo. El empleo que existía, por otra parte, estaba mal pagado y apenas permitía cubrir las necesidades básicas.

El sistema educativo colapsó casi por completo y su recuperación fue lenta  e incompleta. El embargo afectaba a las publicaciones científicas y el material electrónico era muy escaso. La desnutrición infantil, la compleja situación económica o habitacional de muchas familias y el escaso presupuesto y material disponible dificultaban enormemente un proceso educativo que tampoco ofrecía salidas laborales.

El Kurdistán iraquí recibió dos partidas especiales que no recibieron las provincias administradas por Bagdad: una destinada a habitabilidad y otra a la remoción de minas.

La primera era necesaria no sólo por los desplazados internos generados por el conflicto civil, sino también porque la escasez de vivienda funcional llevaba siendo un grave problema para la población kurda desde la campaña Al Anfal de 1988, cuando el gobierno de Sadam Hussein no sólo exterminó a decenas de miles de personas, sino que destruyó miles de aldeas peinando regiones enteras de manera meticulosa.

Por otro lado, la remoción de minas era esencial porque la zona kurda había sido un frente de guerra muy activo y los montes Zagros estaban plagados de ellas. Su eliminación era imperativa para que los pastores y los agricultores pudieran ejercer sus oficios de manera segura.

Existió un desequilibrio en el reparto de bienes humanitarios a favor de las zonas kurdas desde el principio de la aplicación del programa “Petróleo por Alimentos”. El gobierno iraquí y distintos cargos de la ONU denunciaron estos hechos asegurando que Estados Unidos y Reino Unido trataban de fragmentar al Estado reforzando a la región secesionista.

Al comienzo de la invasión estadounidense de 2003, el régimen de sanciones seguía vigente. Los organismos de la ONU encargados de supervisar que Irak no desarrollara armas de destrucción masiva habían retenido numerosos envíos del exterior, revisado la distribución de bienes de doble uso y realizado numerosas inspecciones en distintas instituciones del país; todo sin encontrar evidencias de que Bagdad estuviera incumpliendo ningún tratado.

El fin de las sanciones

Los 13 años de sanciones dejaron miles de muertos y millones de afectados. Tanto Hans Von Sponeck como Dennis Halliday, que fueron coordinadores de las Operaciones Humanitarias de la ONU en Irak y que acabaron dimitiendo, coinciden en que la población iraquí fue condenada por el Consejo de Seguridad con el objetivo de provocar un cambio de régimen o, al menos, impedir que el Estado iraquí recuperara las capacidades previas a la guerra de 1991.

Además, como denuncian ambos funcionarios de Naciones Unidas, estas medidas estaban acompañadas de una intensa labor propagandística que acusaba al gobierno baazista de ser corrupto, ineficaz y el único responsable de la miseria en la que vivían los habitantes de su país.

Von Sponeck no niega la corrupción sistémica y las prioridades cuestionables de Sadam Hussein –que, al fin y al cabo, había declarado dos guerras en diez años y había lanzado una campaña militar con objetivos genocidas contra su propia población–.

Lo que sostiene es que determinados organismos impidieron de forma sistemática la entrada de suministros básicos en Irak, boicoteando también la capacidad del país para recuperar parte de su dañada estructura productiva y cubrir, al menos parcialmente, las necesidades de la población.

Fuente: Descifrando la Guerra