El “Octavo Frente”: Palestina y la batalla por el relato

 

 Por Jaldía Abubakra   

      Destacada activista, política y militante hispano-palestina nacida en Gaza en 1967.

Palestina y la batalla por el relato.

Más de mil millones de dólares, empresas de influencia, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte de una ofensiva global por condicionar cómo se mira, se interpreta y se cuenta Palestina. Frente a esa maquinaria, la disputa ya no es solo por la opinión pública, sino también por la memoria, el conocimiento y el derecho de un pueblo a narrar su propia historia

     Hay una batalla que no se libra con aviones, drones ni soldados. No tiene fronteras claramente delimitadas y, sin embargo, atraviesa continentes. Se libra en las pantallas de nuestros teléfonos, en las universidades, en los grandes medios, en las iglesias evangélicas, en los parlamentos y, cada vez más, en ese territorio aparentemente invisible donde algoritmos e inteligencia artificial intervienen en nuestra manera de acceder al conocimiento.

El propio aparato israelí ha comenzado a tratarla como un frente estratégico. Benjamin Netanyahu la ha presentado como el “Octavo Frente”: la batalla por “los corazones y las mentes”, con especial atención a la juventud occidental y a sectores conservadores de Estados Unidos. Cuando un Estado convierte la opinión pública en un frente de guerra, está reconociendo que las palabras, las imágenes y la interpretación de la realidad han adquirido para él un valor estratégico.

No estamos hablando simplemente de campañas publicitarias ni de la vieja hasbará adaptada a TikTok. Hablamos de una infraestructura internacional de influencia que combina empresas de comunicación, campañas digitales, delegaciones políticas, periodistas, creadores de contenido e influencers, y que comienza a extenderse hacia un terreno mucho más profundo: el entorno informativo del que se alimentan buscadores y sistemas de inteligencia artificial.

Una investigación publicada en julio de 2026 por el Quincy Institute for Responsible Statecraft, basada en registros de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos —FARA— y documentos de contratación pública israelíes, calcula que el gobierno israelí ha destinado más de mil millones de dólares a diplomacia pública desde octubre de 2023.

Dentro de la campaña de influencia de Israel de mil millones de dólares.

Desde entonces, más de 100 millones de dólares han sido destinados a actividades de influencia israelí declaradas bajo FARA y 17 nuevas empresas se registraron entre 2024 y 2025 para trabajar en favor de intereses israelíes. Para 2026 se planteó, además, un presupuesto de unos 750 millones de dólares para diplomacia pública, aproximadamente cuatro veces el del año anterior, según se explica en el informe del Quincy Institute. En este contexto, quizá la pregunta más interesante que debamos hacernos no sea cuánto dinero está gastando Israel con todo esto, sino por qué necesita gastarlo ahora.

Las opiniones desfavorables hacia Israel van en aumento

Durante décadas, Israel disfrutó de una posición excepcional en buena parte de Occidente y no necesitaba convencer desde cero. Gobiernos, grandes medios e instituciones culturales y académicas reprodujeron los marcos desde los que debía entenderse Palestina. La colonización se convertía en “conflicto”, la ocupación desaparecía detrás de la “seguridad” y la resistencia palestina era separada de las condiciones históricas que la habían producido. Cada nueva agresión comenzaba informativamente cuando Israel decidía responder, como si todo lo anterior perteneciera a otra historia.

El 7 de octubre de 2023 no creó esa maquinaria narrativa. Existía desde mucho antes. Pero lo ocurrido después en Gaza produjo algo que no había previsto en toda su dimensión: millones de personas comenzaron a observar, casi en tiempo real, aquello que durante décadas había sido filtrado, fragmentado o explicado por intermediarios. Periodistas palestinos, familias, médicos y habitantes de Gaza mostraron directamente al mundo barrios destruidos, hospitales atacados, desplazamientos masivos, hambre, niños y niñas asesinados y familias enteras borradas de los registros civiles. Entonces apareció un problema mucho más difícil de resolver mediante relaciones públicas. Ya no se trataba solamente de decidir qué contar sobre Palestina, sino de convencer a millones de personas de que aquello que habían visto debía interpretarse de otra manera.

Los datos permiten observar esa ruptura. En febrero de 2026, Gallup registró por primera vez que la simpatía de la población estadounidense hacia los palestinos superaba a la expresada hacia los israelíes: 41% frente a 36%. Entre las personas de 35 a 54 años, la diferencia llegaba al 46% frente al 28%.

Los israelíes ya no lideran la simpatía de los estadounidenses hacia Oriente Medio.

El Pew Research Center encontró además que entre los republicanos de 18 a 49 años el 57% tenía una opinión desfavorable de Israel.

No sorprende que jóvenes, conservadores y evangélicos aparezcan entre los públicos prioritarios de las nuevas campañas. La documentación examinada por el Quincy Institute incluye una campaña de 3,2 millones de dólares dirigida a cristianos evangélicos y otra destinada a reclutar influencers menores de 30 años para alcanzar audiencias conservadoras en Instagram y TikTok. La batalla consiste también en impedir que continúe erosionándose el consenso que sostuvo durante décadas la relación especial entre Washington e Israel.

Estados Unidos no es una excepción. En 2026, una encuesta del Pew Research Center realizada en 36 países encontró una mediana del 67% de opiniones desfavorables hacia Israel, frente a un 25% favorables. En todos los países europeos incluidos predominaban las opiniones negativas. En España alcanzaban el 96% entre quienes se situaban en la izquierda, pero también el 66% entre quienes se identificaban con la derecha.

Aquí aparece una contradicción cada vez más visible: mientras amplios sectores de las sociedades europeas se alejan de Israel, numerosos gobiernos mantienen estrechas relaciones militares, económicas, tecnológicas, científicas y diplomáticas con el Estado israelí. Por eso la batalla por la opinión pública no busca únicamente mejorar encuestas, sino evitar que el rechazo social termine convirtiéndose en fuerza política: embargos de armas, sanciones, rupturas institucionales, boicot o cuestionamientos de la impunidad israelí.

La misma disputa atraviesa América Latina. En 2026, las opiniones desfavorables hacia Israel superaban el 50% en países como Chile, México, Colombia, Argentina y Brasil, según el Pew Research Center. Precisamente porque Palestina conserva un enorme capital histórico de solidaridad en la región, Israel y organizaciones que trabajan por estrechar sus relaciones con ella buscan llegar no solo a gobiernos, sino también a parlamentos, empresarios, medios, periodistas, creadores de contenido y sectores religiosos.

Este pasado mes de junio, Leah Soibel, fundadora de Fuente Latina, afirmaba que su organización había llevado a Israel a 300 periodistas hispanos no judíos y habló abiertamente de trabajar con periodistas, influencers y creadores latinoamericanos, según documentaba Genesis Prize Foundation.

El líder argentino Milei lanza una iniciativa para impulsar los lazos entre Israel y América Latina.

A ello se suman iniciativas como los Acuerdos de Isaac, concebidos para ampliar las relaciones de Israel con América Latina y para los que se anunció una inversión inicial de un millón de dólares.

No todas estas iniciativas están financiadas directamente por el Estado israelí ni forman parte de una única estructura centralizada. Existen fundaciones, organizaciones aliadas, redes empresariales, actores políticos y movimientos religiosos con autonomía propia. Pero esa diversidad muestra una amplia red internacional de actores e intereses capaz de extender la influencia mucho más allá de las embajadas. Las redes del sionismo cristiano desempeñan aquí un papel especialmente importante.

Acercarse a los países árabes

En el mundo árabe la estrategia adopta otras formas. Israel lleva años desarrollando una diplomacia digital específicamente en lengua árabe. Construye un relato propio: Israel como Estado moderno y dispuesto a vivir en paz; Palestina reducida a un problema de seguridad; la resistencia convertida en responsable de guerras producidas por décadas de colonización; y la normalización presentada como puerta hacia la estabilidad. La propia Knéset informó de campañas que alcanzaron alrededor de 858 millones de visualizaciones en medios digitales en árabe.

Sin embargo, cuando pasamos de las pantallas a las sociedades aparece otra realidad. Arab Barometer encontró que, después del 7 de octubre de 2023, en ninguno de los siete países árabes estudiados la población que apoyaba la normalización con Israel superaba el 13%. En Marruecos, el apoyo cayó del 31% al 13%. El Arab Opinion Index registró además que el 89% rechazaba que sus países reconocieran a Israel y que el 92% consideraba la causa palestina una cuestión de todos los árabes y no solamente de los palestinos. Hay una enseñanza que décadas de acuerdos no han conseguido borrar: se pueden normalizar relaciones entre gobiernos sin normalizar la conciencia de los pueblos.

El “Octavo Frente”, sin embargo, mira también hacia el futuro. Y ahí aparece la inteligencia artificial: en mayo de 2024, OpenAI informó de que había interrumpido varias operaciones encubiertas de influencia que utilizaban sus modelos. Una estaba vinculada a STOIC, una empresa comercial israelí, que habría empleado herramientas de inteligencia artificial para generar artículos y comentarios difundidos posteriormente en distintas plataformas. OpenAI señaló, sin embargo, que no había encontrado pruebas de que sus modelos hubieran aumentado significativamente el alcance de aquella operación.

El Quincy Institute documenta además un contrato israelí con Clock Tower X que incluye la creación de páginas web y contenidos orientados a influir en la forma en que los sistemas generativos recuperan y presentan información, buscando determinados encuadres en conversaciones con sistemas GPT y una mayor presencia de ciertos contenidos en buscadores.

Esto no significa que Israel controle ChatGPT ni ningún otro sistema de inteligencia artificial. La cuestión es diferente y probablemente más importante a largo plazo. Si millones de personas utilizan sistemas de IA para comprender la historia y el presente, influir sobre las fuentes y los contenidos que componen el entorno informativo se convierte también en una batalla por el conocimiento del futuro. Está en juego el espacio del que dependerán las respuestas que mañana recibamos cuando preguntemos qué ocurrió en Gaza, qué es el sionismo, cuándo comenzó la colonización de Palestina o por qué existe la resistencia palestina.

Aquí cualquiera que lea este artículo tiene también una responsabilidad: aprender a reconocer cómo funciona la propaganda. La más eficaz rara vez necesita inventarlo todo; le basta con decidir dónde comienza la historia, qué palabras se utilizan y qué queda fuera del encuadre.

La necesidad de recuperar el relato palestino

Cuando escuchamos que “Israel se defiende”, conviene preguntar: ¿en qué momento comienza la historia que nos cuentan? Cuando se habla de “conflicto israelí-palestino”, ¿por qué una realidad de colonización, ocupación y enorme desigualdad de poder se presenta como un enfrentamiento entre iguales? ¿Por qué desaparecen la ocupación y la dominación colonial, como si la resistencia palestina hubiera nacido en el vacío?

Lo mismo ocurre cuando se habla de “la única democracia de Oriente Medio” —esto último una denominación geográfica colonial que debería ser sustituida por Asia Occidental—. ¿Democracia para quién? ¿Dónde quedan los millones de palestinos sometidos a ocupación, bloqueo, desplazamiento, discriminación y regímenes jurídicos profundamente desiguales?

La propaganda pierde parte de su poder cuando dejamos de discutir dentro de las palabras que ella misma ha elegido. Pero su maquinaria sigue siendo poderosa: mil millones de dólares compran campañas, acceso político, producción audiovisual, influencers, consultores y tecnología, sin contar grandes organizaciones estadounidenses favorables a Israel que no reciben financiación del gobierno israelí, como AIPAC.

Esa maquinaria puede contribuir a criminalizar organizaciones, presionar universidades, condicionar debates y perseguir la solidaridad con Palestina. Conocerla y exponerla no es una tarea exclusivamente de la población palestinas, sino de todas aquellas personas que quieran saber quién intenta condicionar lo que ve, lee y cómo interpreta el mundo.

A todo ello se suma una cuestión que pocas veces se reconoce fuera de Palestina. Desde los Acuerdos de Oslo (1993 y 1995), una parte importante del discurso oficial palestino fue desplazando el lenguaje de la liberación hacia el del “proceso de paz”, la negociación permanente y la construcción de un Estado en una parte del territorio. Palestina quedó cada vez más reducida a Cisjordania y Gaza, relegando a los refugiados, el derecho al retorno y a los palestinos de los territorios ocupados en 1948, mientras la cuestión colonial cedía espacio al lenguaje del “conflicto”, la gestión y la diplomacia.

Recuperar el relato palestino exige superar también esos límites. Palestina no es una Autoridad ni un territorio administrado: es Gaza, Jerusalén, Cisjordania, las ciudades y aldeas palestinas ocupadas en 1948, los campos de refugiados y la diáspora. Es una tierra, un pueblo y una historia que la fragmentación no ha conseguido convertir en causas diferentes. Recupera el relato palestino significa también reivindicar el derecho de un pueblo a definir qué significa liberarse, cuáles son sus derechos inalienables y qué futuro reclama.

Para comprender Palestina hay que abandonar dos filtros: dejar de mirarla únicamente a través del relato sionista y dejar de encerrarla en los límites que décadas de negociación y diplomacia oficial impusieron sobre la propia cuestión palestina; porque Palestina no empezó con la creación del Estado de Israel ni puede reducirse a una sucesión de agresiones y respuestas. Antes de la Nakba había ciudades, pueblos, escuelas, periódicos, sindicatos, asociaciones de mujeres y una sociedad enfrentada ya a la colonización. Después hubo campos de refugiados convertidos en espacios de organización, generaciones que preservaron las llaves y los nombres de sus aldeas, presos que escribieron desde las cárceles y una cultura que atravesó fronteras sin abandonar la idea del retorno.

Conocer esa historia es romper una de las formas más persistentes del colonialismo: reducir a un pueblo a aquello que su colonizador dice de él. Significa recuperar archivos y voces silenciadas, incluidas las de generaciones que nacieron lejos de las aldeas de sus familias y siguieron transmitiendo sus nombres. Dejar de preguntar solamente qué hace Israel y preguntarnos también quiénes son los palestinos, qué memoria conservan y qué futuro reclaman. Más de mil millones de dólares pueden leerse también como la medida del problema que Israel intenta resolver.

Durante décadas, el sionismo consiguió que una parte considerable del mundo occidental discutiera Palestina dentro de límites previamente establecidos. Hoy esa relación empieza a mostrar grietas. Gaza ha abierto una de las más profundas. No porque los palestinos hayan descubierto cómo contar su historia, sino porque millones de personas han visto demasiado: niños y niñas asesinados, médicos sin medios, periodistas asesinados, familias desplazadas y personas buscando comida. Pero también han visto a un pueblo que, en medio del genocidio, continúa enseñando, estudiando, cuidando y aferrándose obstinadamente a la vida.

Frente a un pueblo que despliega una maquinaria extraordinaria del dinero, la tecnología y el poder, la respuesta no puede ser construir una propaganda más eficaz, sino investigar, contrastar, escuchar las voces que el poder intenta silenciar y preservar la memoria. No se trata de vivir respondiendo a Israel, sino de devolver al centro a Palestina: su historia, su pueblo, su resistencia, su memoria y su futuro. Porque esta batalla también se libra sobre las palabras y el conocimiento, y no pertenece solamente a los palestinos: interpela a cualquiera que crea que no se deben silenciar la verdad, la memoria de los pueblos ni su derecho a contar su propia historia.

Israel puede comprar campañas, contratar empresas, financiar influencers y producir millones de contenidos. Puede intentar ocupar cada nueva tecnología que transforme nuestra manera de acceder a la información. Pero hay algo mucho más difícil de borrar.

Después de Gaza, la batalla ya no consiste solamente en conseguir que el mundo mire a Palestina. Consiste en impedir que, después de haberla visto, alguien vuelva a convencerlo de que no vio lo que vio. Y también en aprender, por fin, a mirar Palestina sin necesitar que Israel —ni quienes durante décadas administraron los límites de lo posible— nos diga qué estamos viendo.

Fuente: El Salto

Melilla, el punto más vulnerable de la defensa española en el norte de África

 

 Por Pedro Garcia   

      Periodista en Descifrando la Guerra.

     La posición geográfica de Melilla convierte a la ciudad autónoma en uno de los territorios más difíciles de defender de España.

La posición geográfica de Melilla convierte a la ciudad en el enclave más vulnerable de España frente a una crisis híbrida con Marruecos.

Situada a más de 200 kilómetros por mar de la península, rodeada por un entorno urbano marroquí y asentada sobre un terreno poco favorable para la defensa, la plaza reúne unas condiciones muy distintas a las de Ceuta.

Su principal riesgo no reside en una invasión convencional, sino en una crisis limitada y ambigua que trate de aislarla, desbordar su capacidad de respuesta y crear un hecho consumado.

Melilla, una vulnerabilidad geográfica

La principal debilidad estratégica de Melilla puede observarse directamente sobre el mapa. La ciudad está separada de la península, rodeada casi por completo por territorio marroquí y depende de las conexiones marítimas y aéreas para mantener su relación con el resto de España.

La distancia es un factor esencial en la ecuación. Cualquier crisis podría afectar con rapidez al abastecimiento, la movilidad y la llegada de apoyo exterior. A ello se suma un terreno relativamente llano y un entorno urbano denso al otro lado de la frontera, que reducen la profundidad territorial del enclave y dificultan la gestión de incidentes fronterizos.

Melilla se encuentra, además, expuesta a situaciones ambiguas que no adoptarían necesariamente la forma de una agresión militar abierta. La presión migratoria, los disturbios, las campañas de desinformación o las restricciones fronterizas podrían combinarse y trasladar rápidamente la tensión al interior de la ciudad.

Más que una cuestión de superioridad militar, su vulnerabilidad reside en el aislamiento, la dependencia de comunicaciones seguras y la dificultad de interpretar y contener una crisis antes de que adquiera una dimensión mayor.

Así, el escenario más peligroso para Melilla no es ni mucho menos una ofensiva dirigida a conquistar toda la ciudad. Una acción de ese tipo tendría enormes costes militares, diplomáticos y políticos para Marruecos. El riesgo más plausible sería una operación de alcance limitado, diseñada para explotar la ambigüedad y poner a prueba la capacidad de reacción española.

Una acción localizada podría consistir en la ocupación temporal de una posición, una incursión fronteriza, la creación de una situación de desorden o una presión coordinada sobre las comunicaciones de la ciudad. Su objetivo sería alterar el statu quo sin presentar inicialmente la apariencia de una guerra abierta.

Melilla resulta especialmente sensible a esta clase de escenarios porque carece de profundidad territorial. Cualquier incidente en la frontera se desarrolla a escasa distancia de las principales áreas urbanas y de las infraestructuras esenciales.

El adversario no necesitaría obtener una victoria militar completa. Bastaría con crear una situación suficientemente confusa para dificultar la respuesta española y convertir una acción limitada en una crisis política de alcance nacional.

La ocupación temporal de una parte del territorio o la pérdida de control sobre una instalación tendría un valor simbólico muy superior a su importancia material. La imagen de una bandera marroquí, de unidades españolas obligadas a replegarse o de una ciudad temporalmente aislada tendría un impacto inmediato en la opinión pública.

La presión informativa acompañaría necesariamente a la acción sobre el terreno. Las imágenes circularían a gran velocidad, mientras distintas narrativas tratarían de presentar los acontecimientos como una protesta local, una reacción defensiva o una cuestión interna. En ese contexto, España tendría que decidir con rapidez qué tipo de respuesta dar a una acción cuya autoría, alcance y objetivos podrían no estar claros desde el primer momento.

La frontera como instrumento de presión

La vulnerabilidad de Melilla no comienza en un escenario militar. Se manifiesta ya en la capacidad marroquí para condicionar la vida económica y social de la ciudad mediante decisiones adoptadas al otro lado de la frontera.

El cierre unilateral de la frontera comercial en 2018 mostró hasta qué punto una medida administrativa podía afectar al modelo económico melillense. La decisión interrumpió una parte importante de los intercambios transfronterizos y obligó a la ciudad a adaptarse a una nueva realidad.

Esta presión posee un valor estratégico. Cuanto más débil sea la economía de Melilla y mayor su dependencia de decisiones externas, más costoso resultará para España mantener su estabilidad.

El deterioro económico puede favorecer la pérdida de población, aumentar el descontento y reforzar la imagen de la ciudad como un territorio aislado y sin perspectivas. No modifica directamente su soberanía, pero debilita las condiciones necesarias para sostenerla a largo plazo.

La frontera también puede utilizarse para generar crisis humanas y políticas. Una relajación de los controles migratorios puede incrementar en muy poco tiempo la presión sobre los servicios públicos, las fuerzas de seguridad y las infraestructuras de acogida.

En Melilla, donde el espacio disponible es limitado, una entrada masiva tendría un efecto inmediato. El enclave podría pasar rápidamente de una situación de normalidad a otra de saturación institucional.

Posición estratégica de Melilla.

Este tipo de presión resulta especialmente eficaz porque obliga a España a responder en varios planos al mismo tiempo. El Gobierno debe gestionar la emergencia humanitaria, mantener el orden público, atender la dimensión diplomática y evitar que la situación sea utilizada para cuestionar la capacidad del Estado.

La dependencia de las conexiones con la península constituye uno de los elementos centrales de la vulnerabilidad melillense. En una crisis prolongada, no sería necesario impedir por completo el acceso a la ciudad. Bastaría con dificultar las comunicaciones, aumentar sus costes o generar una percepción de inseguridad en torno a ellas.

La interrupción parcial del transporte marítimo o aéreo afectaría al abastecimiento, a la movilidad de la población y a la llegada de refuerzos. También tendría consecuencias psicológicas. La sensación de aislamiento puede convertirse en un factor de desestabilización incluso antes de que exista una escasez material grave.

Por ello, la defensa de Melilla no puede limitarse a la protección de su perímetro terrestre. Debe incluir la garantía permanente de las rutas marítimas y aéreas que la conectan con el resto de España.

La superioridad naval española ofrece una ventaja importante, pero esa capacidad debe traducirse en planes operativos concretos. Mantener abierto un corredor logístico durante una crisis exige vigilancia, escolta, defensa aérea y coordinación entre distintos mandos.

También requiere reservas suficientes en la propia ciudad. Una plaza que depende de la llegada inmediata de suministros es más vulnerable que otra capaz de resistir durante un periodo prolongado sin apoyo exterior.

¿Es Melilla sostenible a medio plazo?

La vulnerabilidad de Melilla plantea una cuestión que va más allá de su defensa inmediata. El problema no es únicamente si España podría responder a una crisis militar o impedir un hecho consumado, sino si la ciudad puede sostener su posición a medio plazo frente a una presión económica, política y fronteriza continuada.

Melilla tiene una población reducida, una economía vulnerable y un valor militar menor que el que estos enclaves tuvieron en otras etapas históricas. Además, su proximidad a Marruecos permite a Rabat ejercer una presión constante sin necesidad de recurrir a una agresión abierta.

El cierre de la frontera comercial mostró hasta qué punto Melilla puede ser sometida a una forma de asfixia gradual. Las decisiones marroquíes afectan a los intercambios, al empleo y a la estabilidad económica de la ciudad. A ello se suma la capacidad de utilizar la presión migratoria, las restricciones fronterizas y las campañas políticas como instrumentos de desgaste.

Desde esta perspectiva, Melilla difícilmente puede sostenerse únicamente con sus propios recursos. Su viabilidad depende de una implicación continuada del Estado español, tanto en el plano económico como en el diplomático y militar. La ciudad necesita comunicaciones estables con la península, una menor dependencia de su entorno inmediato y una estrategia capaz de reducir el impacto de las medidas adoptadas por Marruecos.

Sin embargo, considerar que la plaza resulta costosa o que ha perdido parte de su valor estratégico no implica que España pueda desentenderse de ella. Melilla es territorio español y sus habitantes quieren seguir formando parte de España. Ceder la ciudad supondría abandonar a ciudadanos españoles y aceptar que la presión sostenida de otro Estado puede modificar las fronteras.

Ubicación geográfica de Ceuta y Melilla en el norte de África frente a la costa peninsular española.

La protección de Melilla es, por tanto, una responsabilidad básica de un Estado funcional. No se trata únicamente de valorar si el enclave produce beneficios económicos o conserva la importancia militar que tuvo en el pasado. La cuestión central es si España está dispuesta a proteger su soberanía y los derechos de sus ciudadanos incluso cuando hacerlo exige asumir costes.

Para ello, la relación con Marruecos no puede basarse exclusivamente en el apaciguamiento. Madrid necesita una política exterior coherente y firme hacia Rabat, con líneas rojas claras que impidan que las crisis fronterizas, diplomáticas o económicas escalen hasta poner en peligro la estabilidad de la ciudad. Esa política también debe reconocer que España dispone de instrumentos de presión.

La dependencia no funciona en una sola dirección. Marruecos mantiene vínculos económicos, energéticos y políticos con España que Madrid puede emplear para defender sus intereses. Entre ellos se encuentra el suministro de una parte importante del gas consumido por Marruecos a través del gasoducto Magreb-Europa.

La disuasión no depende únicamente del despliegue de fuerzas militares. También consiste en demostrar que cualquier intento de asfixiar Melilla tendrá consecuencias económicas y diplomáticas. Si Marruecos utiliza la frontera, la migración o el comercio como instrumentos de presión, Madrid debe estar preparado para responder mediante las palancas de las que dispone.

Melilla puede ser difícil de sostener por sí sola, pero no está sola. Su futuro depende de la voluntad del Estado de integrarla dentro de una estrategia nacional más amplia. Sin esa protección, su aislamiento geográfico y su vulnerabilidad económica pueden convertirse en debilidades estructurales. Con una política exterior firme, una defensa creíble y una menor dependencia del entorno marroquí, España puede elevar el coste de cualquier presión y reducir el riesgo de nuevas crisis.

Fuente: Descifrando la Guerra

Karim Khan se atrevió a pedir cuentas a Israel y por eso lo han destituido

 

 Por David Hearst   

      Cofundador y redactor jefe de Middle East Eye. Es comentarista y conferenciante sobre la región, además de analista de Arabia Saudí.

La orden de detención de la CPI contra Benjamin Netanyahu ha sido, hasta la fecha, el único intento serio de la comunidad internacional de llevar al Estado israelí ante la justicia por el genocidio en Gaza. El fiscal Karim Khan, la persona que presentó la orden de detención ha sido destituida por la CPI bajo acusaciones falsas

Karim Khan se atrevió a pedir cuentas a Israel y por eso lo han destituido.

     Entre la avalancha de reacciones que siguieron a la destitución, tan previsible, del fiscal jefe Karim Khan por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) el viernes, hubo una publicación reveladora. La realizó Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU, quien advirtió al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Mamdani acababa de calificar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de criminal de guerra que debería ser detenido la próxima vez que pisara suelo estadounidense, aunque Mamdani admitió que no tenía competencias para hacerlo.

Danon repitió la afirmación —que ahora parece haberse confirmado como un hecho— de que Khan utilizó las órdenes de detención contra Netanyahu y su exministro de Defensa para encubrir sus presuntas faltas sexuales.

Tal y como dejó claro la investigación de Middle East Eye, Khan presentó las órdenes de detención, meticulosamente preparadas, seis semanas antes incluso de tener conocimiento de las acusaciones. Pero la verdad y las garantías procesales fueron irrelevantes en la campaña de 18 meses destinada a destituir a Khan. La presión incluyó una campaña mediática en el Wall Street Journal, Associated Press, The Guardian y, más recientemente, la CNN; advertencias privadas de David Cameron, entonces ministro de Asuntos Exteriores, quien le dijo que el Reino Unido retiraría la financiación a la CPI y se retiraría del Estatuto de Roma si se emitían las órdenes de detención; senadores republicanos que le dijeron: « Si te enfrentas a Israel, nosotros nos enfrentaremos a ti», y el hecho de que la presidenta de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), la finlandesa Paivi Kaukoranta, lo señalara públicamente como sospechoso antes incluso de que hubiera tenido la oportunidad de defenderse.

Danon amenazó a Mamdani con el mismo destino que el de Khan. «@NYCMayor Zohran Mamdani, toma nota: utilizar a Israel como arma política no te eximirá de rendir cuentas», publicó Danon.

Un nuevo precedente

En el pasado, Israel prefería actuar entre bastidores. Cuando intentó presionar a la predecesora de Khan, la fiscal jefe Fatou Bensouda, lo hizo con discreción.La exfiscal describió en una entrevista con Al Jazeera una reunión con el entonces jefe del Mossad, Yossi Cohen, en un hotel de Nueva York durante una sesión de la Asamblea General de la ONU. Cuando se le preguntó si Cohen le había dicho que Israel podría «ocuparse» de ella y le había advertido de que seguir adelante podría comprometer la seguridad de su familia, Bensouda respondió: «Sí. Así fue».

Pero esta campaña para apartar a Khan sentó un nuevo precedente. Israel reivindicó su autoría desde el principio y no hizo ningún intento de ocultar, ni al propio Khan ni al mundo exterior, que estaba detrás de estas acusaciones.

Envió un equipo del Mossad a La Haya, donde vive Khan, para intimidarlo. Transmitió mensajes a Khan a través de un abogado británico, aunque este afirmó a MEE que solo hablaba a título personal. Finalmente, el propio Netanyahu «reveló» que otras cuatro mujeres se disponían a testificar contra Khan. Esto ocurrió horas antes de que The Guardian afirmara que había una segunda mujer a punto de dar un paso al frente.

Por supuesto, no pasó nada.

Khan se mantuvo firme en su postura y en su convicción de que la CPI, de entre todos los tribunales, respetaría las garantías procesales. Esta última confianza puede haber sido muy mal depositada. Las acusaciones contra Khan fueron investigadas durante más de un año por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS). Esta oficina formuló 137 conclusiones, ninguna de las cuales constituía una conducta indebida, y mucho menos una conducta sexual indebida.

Las pruebas recabadas por la OIOS fueron posteriormente revisadas meticulosamente por un tribunal compuesto por tres jueces internacionales de alto rango designados por la Asamblea de los Estados Partes (ASP).

Este tribunal judicial decidió que las conclusiones de la OIOS «no demuestran conducta indebida ni incumplimiento del deber» por parte de Khan. Se aplicaron los mismos criterios probatorios que utiliza la propia CPI. A continuación, la propia ASP puso en marcha una campaña para sabotear el informe elaborado por los jueces que ella misma había designado.

Un tribunal irregular

Permítanme insistir en este último punto.

Estamos hablando de un tribunal. En él, los jueces son nombrados por su capacidad para examinar y evaluar las pruebas. Y aquí tenemos a la Mesa Política, formada por antiguos diplomáticos designados por los Estados miembros, decidiendo invalidar el dictamen jurídico de sus jueces de mayor rango y volver a juzgar las acusaciones por su cuenta en un tribunal irregular.

Imagínense cuál habría sido la reacción de los gobiernos occidentales si el presidente ruso, Vladímir Putin —contra el que Khan también ha dictado una orden de detención— hubiera hecho lo mismo que Netanyahu para presionar a los Estados miembros de la CPI.

Pero fue incluso peor que eso.

Para destituir a Khan, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, el órgano rector de la Corte, tuvo que negarle a él y a sus abogados el derecho a un proceso justo o, de hecho, a cualquier tipo de proceso. Entre otras cosas, los miembros de la Mesa comentaron en privado al denunciante y entre ellos mismos que Khan estaba acabado; modificaron el motivo por el que se le iba a destituir sin consultárselo; y cambiaron las normas de votación.

Margareta Kassangana, diplomática polaca y vicepresidenta de la ASP, se reunió en privado con la denunciante de Khan para discutir el caso antes de que la Mesa remitiera el asunto a la OIOS de la ONU a finales de 2024.

Se escuchó a otra miembro de la Mesa, la embajadora de Uganda Mirjam Blaak, decirle a un colega que creía que Khan «quizá no volviera», al tiempo que se refería a la denunciante en términos personales.

En mi entrevista con él, Khan afirmó que la Mesa se estaba inventando las cosas sobre la marcha. «Es un proceso creado a medida para Khan… específico para mí».

En su votación para suspender a Khan, la Mesa consideró que había cometido una «falta grave». La decisión, a la que ha tenido acceso MEE, acusaba a Khan de haber mantenido una relación sexual con la denunciante, lo cual era impropio debido al desequilibrio de poder entre ambos.

Esta acusación nunca se le había planteado a Khan. Se le acusó primero de haber tocado a la denunciante, luego de violación, pero nunca de haber mantenido una relación sexual consentida.

El relato de la denunciante se centraba en una conducta no consentida. La oficina lo despidió basándose en un cargo que nunca le habían imputado.

Con el fin de garantizar que el «linchamiento público» de su fiscal jefe se llevara a cabo según lo previsto, la oficina modificó el proceso de votación, pasando de una votación en dos fases a una única votación, de tal forma que se privara a la ASP de la oportunidad de formular su propia valoración de la supuesta conducta indebida.

Tres bandos

La campaña para destituir a Khan dividió a los observadores en tres bandos: los que creían en su inocencia y que todo el proceso había sido orquestado por Israel; los que creían que era culpable y que utilizaba las órdenes de detención como tapadera; y un grupo intermedio que consideraba que Khan no era un «fiscal creíble», aunque su conducta principal como fiscal sí lo fuera. Su destitución permitiría que las órdenes de detención que él había iniciado siguieran adelante.

Esta era la opinión de Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch. Roth declaró en la CNN que, dado que las órdenes de detención eran fruto del trabajo de un equipo de fiscales y habían sido aprobadas por tres jueces de la sala de instrucción, debían seguir adelante.

Tras la destitución de Khan, la Fiscalía de la CPI afirmó que su labor continuaría sin interrupción. La CPI tiene más de una docena de investigaciones en curso en Ucrania, Darfur, Libia y Afganistán. Sin embargo, tal y como informó Middle East Eye, la Fiscalía intentó en abril emitir una orden de detención contra el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, y se estaba preparando otra contra el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

Esas solicitudes estaban listas antes de que Khan se tomara una excedencia en mayo de 2025 y desde entonces no ha habido novedades.

Las órdenes de detención originales contra Netanyahu y Gallant siguen vigentes y solo los jueces pueden revocarlas. Israel ha presentado una serie de recursos judiciales y dos de ellos siguen pendientes. El más importante de ellos es que el tribunal no tiene jurisdicción sobre sus ciudadanos, ya que Israel no es un Estado parte del Estatuto de Roma.

Este asunto está siendo ahora objeto de un tira y afloja entre la Sala de Apelaciones y una sala inferior, y es muy posible que la resolución definitiva no se produzca hasta 2027.

En una de las muchas propuestas para que Khan diera marcha atrás, se sugirió permitir que la fiscal jefe «bajara del árbol». Se propuso que Khan reclasificara las órdenes de detención como confidenciales. Esto permitiría a Israel impugnarlas a puerta cerrada.

Por lo que se sabe, toda la labor relativa a Israel en la CPI se ha paralizado.

Dos fiscales adjuntas, Nazhat Shameem Khan, de Fiyi, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal, siguen al frente de la oficina. Ambas fueron sancionadas por Estados Unidos por mantener las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant tras asumir el liderazgo de la oficina. Quienes están al frente de la campaña para deshacerse de Khan ahora se jactan de que quieren más cabezas.

¿Quién será el siguiente?

El principal de ellos es el Departamento de Estado de EE. UU. Su portavoz, Tommy Pigott, declaró: «Karim Khan es un ejemplo paradigmático de la corrupción y el abuso de su supuesta autoridad por parte de la CPI. Es positivo que se haya ido, pero no es más que un pequeño engranaje de esta institución irremediablemente corrupta. El resultado de hoy no tendrá ningún impacto en los planes de Estados Unidos de desmantelar la CPI». Estados Unidos e Israel coaccionan a la Corte Penal Internacional – Rafael Poch de Feliu.

Estados Unidos e Israel coaccionan a la Corte Penal Internacional.

Su jefe, Marco Rubio, está llevando a cabo una campaña para desmantelar la CPI «ladrillo a ladrillo», tal y como él mismo ha dicho. Afirmó: «La Corte Penal Internacional pretende convertirse en el árbitro, exento de rendir cuentas, de una nueva ley global, con facultades para procesar y detener a nuestros ciudadanos a su antojo y amenazar de forma existencial la soberanía estadounidense. Le enseñaremos a la CPI el verdadero significado de la determinación estadounidense».

Animados por la destitución de Khan, destacados abogados proisraelíes están amenazando ahora abiertamente a otros objetivos, como Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados.

Hillel Neuer, director de United Nations Watch, publicó: «Se acabó la inmunidad para los funcionarios internacionales que abusan de sus cargos. El fiscal de la CPI, Karim Khan, abusó sexualmente de sus empleadas. Nuestra campaña para destituirlo ha tenido éxito: acaba de ser despedido».

«Tú eres la siguiente, @FranceskAlbs. Tu apoyo al terrorismo de Hamás tendrá consecuencias».

Fíjense en la palabra «nuestro».

Pero, por supuesto, en este punto Neuer no podía haber sido más acertado. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, desempeñó un «papel activo» en la decisión de los Estados miembros de la CPI de destituir a Khan.

Sa’ar supervisó «un grupo de trabajo específico y llevó a cabo intensos esfuerzos diplomáticos destinados a garantizar la destitución de Khan», según Guy Azriel, corresponsal diplomático de i24 News.

Netanyahu, que acogió con satisfacción la decisión, publicó que había hablado con Rubio sobre dar el golpe de gracia a la CPI. «Reafirmó una vez más la determinación de Estados Unidos de actuar con firmeza contra esta institución —una institución que socava la justicia, ataca a naciones democráticas y soberanas, y pretende subordinar su seguridad a las decisiones de funcionarios corruptos y que no rinden cuentas en La Haya», escribió Netanyahu.

Al sumarse a la campaña para destituir a Khan, Roth no ha protegido a la CPI ni a sus colegas abogados de derechos humanos de este tipo de abusos y ataques. Ha puesto aún más en peligro tanto a la corte como a ellos.

Una batalla perdida

Es revelador que, el mismo día de la destitución de Khan, la ONU votara a favor de conceder al abogado austriaco Volker Turk otro mandato de cuatro años como responsable de derechos humanos. Israel ignoró este revés y no hizo ningún esfuerzo apreciable por contrarrestarlo.

Esto se debe a que sabe que lo que hace la ONU es irrelevante. Ha emitido resolución tras resolución, declaración tras declaración, informe tras informe y nada ha cambiado con respecto a la ocupación, salvo para peor.

Pero lo que hizo Karim Khan tuvo un gran impacto. Fue la amenaza internacional más importante para Israel desde que este iniciara su genocidio en Gaza. Por eso había que deshacerse de Khan.

Israel está librando una batalla perdida.

El vídeo de Mamdani en el que condena a Netanyahu como criminal de guerra superó los 200 millones de visualizaciones.

Tras la destitución de Khan, YouGov preguntó a los adultos estadounidenses si las autoridades de EE. UU. deberían detener a Netanyahu cuando vuelva. El 46 % respondió que sí, el 28 % que no y el 25 % no estaba seguro.

Al día siguiente, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, afirmó que Netanyahu era un criminal de guerra y que no era bienvenido en Londres.

Este es el legado de un fiscal británico obstinado que se negó a dejarse intimidar.

Los Estados miembros de la CPI han suspendido la prueba de defender la justicia internacional. El difunto senador Lindsey Graham tenía razón cuando dijo que la CPI era solo para «africanos y matones como Putin. No es para democracias como Israel y los Estados Unidos de América». Porque así es como se ha comportado la mayoría de sus Estados miembros. Cuando se vieron sometidos a presión, cedieron y, lamentablemente, eso incluye al Sur Global. Cuando necesitan justicia internacional y descubren que no la hay, solo pueden mirarse a sí mismos en el espejo.

Pase lo que pase ahora con Khan, su nombre quedará vinculado para siempre a las órdenes de detención de la CPI contra Netanyahu y Galant, que siguen siendo la respuesta más eficaz, seria y significativa que la comunidad internacional ha dado al genocidio en Gaza. Todas las demás respuestas son meramente retóricas. Por eso Israel se esforzó tanto por deshacerse de Khan. Esas órdenes de detención sacan a la luz los crímenes de guerra israelíes como nunca antes y, por primera vez en este conflicto, hacen que los máximos responsables del país rindan cuentas por ellos.

Khan se atrevió a plantar cara a los poderosos para buscar justicia para las víctimas, y ese será su verdadero legado.

Del blog personal de

Rafael Poch-de-Feliu