Periodista
y activista que escribe sobre justicia social.
Los
sindicatos de inquilinas consideran que la tarea troncal de las
organizaciones reside en construir la arquitectura de la huelga
barrio a barrio, a través de acciones agitativas sostenidas. Las
asambleas territoriales de vivienda juegan un papel fundamental a la
hora de llamar a la movilización.
Manifestación en Madrid del pasado 3 de octubre por la huelga general. Fotografía de Susana Albarrán Méndez.
La
última vez que España entró en huelga
general
fue hace 14 años, en noviembre de 2012. Por aquel entonces los
sindicatos mayoritarios secundaron unas protestas que venían
motivadas por el hartazgo ante los recortes del gobierno de Mariano
Rajoy (Partido Popular). Su seguimiento superó el 77% y concluyó
con cientos de encausados y heridos.
Este
otoño caliente, sin embargo, la convocada para el próximo 11
de noviembre
por los sindicatos
de inquilinas
de todo el Estado luce algo distinta: se trata del primer paro
general por la vivienda en
la historia de España.
Huelga General por el derecho a la vivienda el próximo 11 de noviembre.
La
ciudadanía exige medidas ambiciosas y contundentes contra la
especulación inmobiliaria, pero también salarios dignos que suban a
la par que el IPC. El mes que viene, semanas antes de que comience la
campaña electoral para las elecciones anticipadas del 29N, millones
de personas están llamadas a detener la producción durante 24
horas.
Todo
comenzó con la chispa social que desató el
desahucio de Maricarmen,
vecina de 87 años fallecida dos semanas después de su violento
desalojo. Su caso, devenido un símbolo de la voracidad del mercado
inmobiliario en las ciudades, movilizó a miles de jóvenes que
rápidamente se agolparon en la Puerta del Sol para acampar de manera
indefinida: era la primera vez que la crisis de la vivienda
protagonizaba con tanta intensidad la conversación pública. Aunque
todavía se mantienen las
acampadas
en territorios como Madrid,
Valencia
o Sevilla,
el Sindicato de Inquilinas considera que la tarea troncal en adelante
debe ser construir desde la base, barrio a barrio la arquitectura de
la huelga. Las asambleas territoriales de vivienda juegan un papel
fundamental a la hora de dinamizar acciones agitativas como piquetes
informativos.
La
labor no es sencilla pero las inquilinas ya se han puesto manos a la
obra y cuentan con el apoyo de los sindicatos mayoritarios UGT
y CCOO,
así como CGT, CNT, Acción Social de Solidaridad Obrera y Co.Bas,
tal y como anunció el pasado miércoles la Confederación de
Sindicatos de Inquilinas (CSI). También ha sido convocada por los
principales sindicatos independentistas como LAB, ELA, CIG y la
Intersindical Alternativa de Catalunya, Confederación Intersindical,
Intersindical Valenciana, además de otros sindicatos vascos como
ESK, Steilas o la Unión de actores y actrices, entre otros.
“Estamos
muy contentas de que los dos sindicatos con más afiliación de
nuestro Estado se hayan puesto al lado de todo un movimiento que
lleva dos semanas en la calle luchando por el derecho a una vivienda
digna. Desde los sindicatos de inquilinas no vamos a dejar de
trabajar para que haya una auténtica unidad popular de todas las
trabajadoras de este país para conquistar nuestro derecho a la
vivienda”, declaraba en rueda de prensa recientemente la portavoz
del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río.
Desde
la CGT justificaban la legalidad de la convocatoria —puesta
inicialmente en tela de juicio por parte de la patronal inmobiliaria
y algunos sectores de la derecha y ultraderecha— en cuanto a que el
parón permite trasladar el conflicto
habitacional
a los centros de trabajo. Con los salarios actuales, inciden, es
imposible acceder a una vivienda digna. Otros ejemplos de huelgas no
laborales que han sembrado camino en la época reciente fueron la
última parada
global por Gaza
durante el genocidio sionista y la
huelga de cuidados feminista en 2018
convocada por la Comisión 8M de Madrid.
El
papel de los sindicatos de vivienda en la huelga
Las
organizaciones de inquilinas de todo el Estado deberán a partir de
ahora dinamizar acciones agitativas, asambleas, talleres formativos,
piquetes y actos encaminados a movilizar a la ciudadanía en todos
los municipios. Aunque los próximos pasos para organizar la huelga
contemplan la creación de comités territoriales con presencia de
distintos agentes sociales, numerosos colectivos ya han empezado a
impartir formaciones sindicales para llamar a la participación y
resolver inquietudes. “La huelga general es la única manera de
garantizar que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo,
gobierne quien gobierne”, infería del Río animando a la
organización popular.
Y
es que una de las grandes incógnitas que rodearon a la huelga desde
que el presidente —ahora en funciones— Pedro Sánchez convocó
elecciones
anticipadas
fue quién sería el destinatario último de los parones, contra qué
partido se estaría protestando sin haber un Gobierno de facto. Lo
cierto es que todas las organizaciones de vivienda apuntan a que
existe un malestar generalizado tanto por la inacción del Ejecutivo
central como por parte de los gobiernos autonómicos, en especial en
la Comunidad de Madrid.
Ninguno
de ellos, sostienen, ha sido capaz de atajar una crisis que continúa
situándose como el primer problema de los españoles según el
barómetro
del CIS.
“No vamos a poner nuestra organización en pausa durante la
campaña. Nuestros derechos no pueden depender de sus cálculos
electorales. La chispa de Sol sigue en los barrios. En cada asamblea,
en cada vecina que se suma, en cada conflicto que afrontamos juntas,
seguimos hacia la huelga general por la vivienda”, clamaba en sus
redes el Sindicato de Inquilinas.
Las
reclamas que sustentan el parón del 11N, como alquileres
indefinidos, expropiación de inmuebles de fondos buitre, ampliación
del parque de vivienda social o el fin de la compra especulativa,
responden a un clamor popular que no ha cesado aún tras la
aprobación
de los dos decretos
una vez disueltas las Cortes Generales. Tan solo el primero de ellos
está actualmente en vigor, ya que el segundo —el Real Decreto-Ley
28/2026, que incluye los contratos indefinidos, es decir, la
renovación automática de los mismos— todavía debe ser
convalidado por la Diputación Permanente. Como parte del proceso de
construcción de la huelga, el Sindicato de Inquilinas ha puesto en
marcha un portal
web
donde se indica paso a paso cómo acceder a los derechos contemplados
en el primer decreto, el Real Decreto-Ley 28/2026.
Entre
algunas de estas medidas inéditas, que se han sentido como un
triunfo sin precedentes del movimiento por la vivienda, se encuentran
las prórrogas de alquiler extraordinarias de dos años, incluyendo
el caso de tácita reconducción para contratos que finalicen antes
del 31 de diciembre de 2028 o la suspensión de los desahucios para
personas en situación de vulnerabilidad social hasta el 31 de
diciembre de 2030. Un paquete del que los inquilinos pueden
beneficiarse al menos hasta que un futuro gobierno decidiera
derogarla (un escenario posible si el Partido Popular ganara los
comicios de noviembre). Las reivindicaciones que las inquilinas
mantienen en el horizonte incluyen, además de topes a los precios de
los alquileres con bajadas del 50%, la recuperación de pisos
turísticos y alquiler temporal, y la desarticulación de los grupos
de desokupación.
Coordinación
y comunicación entre organizaciones para movilizar los barrios
Las
organizaciones que componen el movimiento por la vivienda coinciden
en que es necesaria una coordinación y comunicación máximas entre
sí para la consecución de los objetivos de la huelga. En este
sentido, Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de
Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM),
explica que los comités de huelga todavía en composición serán
compartidos por varios colectivos. Uno de los imperativos más
urgentes a día de hoy es informar a la ciudadanía poco o nada
politizada sobre las implicaciones de arrancar un proceso como este,
que no cuenta con antecedentes en nuestro país.
“Nadie
va a hacer una huelga que no entienda, ahora toca hacer un trabajo
centrado en informar a la gente que pasa por la calle, en los
pequeños comercios, acercarnos a las salidas de metro y otros puntos
neurálgicos del centro de las ciudades pidiendo esa solidaridad y
participación”, estima Villalobos. Sus demandas incluyen también
cuestiones vinculadas a los derechos de quienes tienen una vivienda
en propiedad: por ejemplo, problemas con el pago de las hipotecas a
causa de los salarios o dificultades en la rehabilitación de las
viviendas por la dejación institucional.
A
su juicio, el clima social es hoy más propicio que nunca para la
acción masiva de la ciudadanía, especialmente la
manifestación del pasado 3 de octubre,
que aglutinó a cientos de miles de personas y tuvo lugar en varias
ciudades de manera simultánea. A medida que se ha ido despejando la
incertidumbre inicial sobre los pormenores de una huelga que no es
estrictamente laboral —aunque sí incluye demandas vinculadas a los
salarios y la revalorización de las pensiones— el ánimo ha ido in
crescendo.
“Nunca antes habíamos tenido un mejor momento para luchar con
todas las garantías posibles por resolver el problema de la vivienda
con unas elecciones generales por delante que lo condicionan todo”,
clama enérgico Villalobos.
Quienes
también hacen énfasis en la relevancia de establecer una
coordinación intersindical activa son los integrantes del Sindicato
de Vivienda de Tetuán (SVT). Aunque manifiestan algunas diferencias
respecto a las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas —el SVT
ha expresado un mayor inconformismo con lo estipulado en el primer
decreto— su objetivo es compartido: forzar medidas estructurales
que pongan coto al rentismo. Para ellas, la huelga general también
debería poner sobre la mesa una cuestión fundamental que llevan
tiempo peleando los movimientos sociales de todo color: la derogación
de la Ley Mordaza, en virtud de la cual decenas de activistas han
recibido multas estratosféricas por manifestarse en puerta contra el
desalojo de familias vulnerables. En julio de este mismo año, cuatro
integrantes
de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) vallecana
tuvieron que declarar por un supuesto delito de desórdenes públicos
tras haber participado pacíficamente en una protesta contra
CaixaBank. Entre varios sindicatos de vivienda por todo el país
acumulan miles
de euros de multas.
Hoy
se muestran especialmente críticos con medidas que a su parecer “no
hacen más que blindar el negocio de la vivienda” como las
bonificaciones fiscales a pequeños propietarios. Se refieren a la
última
promesa de Moncloa,
que el pasado martes afirmaba que “los pequeños propietarios
disfrutarán de un incentivo fiscal si alquilan su casa a precios
asequibles”.
Medidas
incluidas para contentar a los sectores más conservadores y que
estas activistas califican como “electoralistas”. Para ellas,
esta huelga debe perseguir un fin concreto: avanzar en la
organización de clase desde los sindicatos de vivienda. Fabián
Ferlosio,
portavoz del SVT, define la acampada como un momento clave a la hora
de cohesionar organizaciones y sindicatos de inquilinas “con
diferentes sensibilidades y posturas políticas que hoy buscan
trabajar juntas pese a sus diferencias”.
De
la indignación social a la ilusión militante
En
las últimas semanas, desde la primera gran manifestación por el
desahucio de Maricarmen, los espacios de lucha por la vivienda han
experimentado una crecida exponencial de afiliados. Ello, máxime en
pleno momento de edificación de la huelga, exige la creación
de nuevas estructuras
ya que “hacía muchísimo tiempo que no se vivía una situación
política tan activa desde las organizaciones de la clase
trabajadora” subrayan. La rabia y la indignación que brotaron
tras la primera derogación de ambos decretos
en el Congreso fue poco a poco transformándose en ilusión
militante.
Las
asambleas territoriales de inquilinas se ven en este nuevo ciclo
político más nutridas que en décadas, desbordadas por vecinas
deseosas de impulsar un cambio verdaderamente sistémico. Las voces
dubitativas sobre el calendario de movilizaciones venideras se suman
a las de quienes transmiten enérgicas su voluntad de colaborar en
las acciones agitativas.
El
sentido común general ha virado, en estas primeras semanas de
organización popular, hacia una mayor conciencia social sobre el
acceso a la vivienda: “Antes los medios nos preguntaban, por
ejemplo, ¿qué pasa con los propietarios que tengan tres o cuatro
viviendas? Y nuestra respuesta era, estamos más cerca de ser
desahuciados, de no poder emanciparnos o de no poder asumir el precio
del alquiler que de tener varias viviendas”, apunta Ferlosio.
En
esta misma línea, desde Derecho
a Techo,
organización que lidera la
lucha contra la especulación en Málaga,
consideran que la huelga debería servir a largo plazo para
visibilizar todavía más la situación que viven de forma invisible
“muchas maricármenes”. Esta provincia andaluza lidera junto a
las Islas
Baleares
el ranking de precios del alquiler por m² debido a la presión
turística. “La vivienda nos cuesta la vida y Mari Carmen lo ha
dejado bastante claro. En Málaga
conocemos a muchas mujeres mayores enfermas que se han visto en la
calle. Si no queremos llorarlas y enterrarlas el día de mañana,
tenemos que defenderlas hoy”, infiere a este medio Ana Cortes,
activista en esta organización, para quien es fundamental mantener
el debate sobre la vivienda en el candelero estos meses próximos.
Admite
que para ella y sus convecinas organizadas los decretos del gobierno
en funciones no son ni soluciones ni dignas, ni estables, mucho menos
definitivas una vez transcurran los comicios del 29N. Por ello, crear
redes vecinales es una labor primordial, al igual que extender la
movilización a los centros de trabajo difundiendo los motivos de la
huelga entre las plantillas y convocando asambleas informativas a
través de los comités de empresa. Muchas activistas recomiendan
hacer un buen manejo de las
redes sociales
y apps móviles utilizándolos como instrumentos de propaganda para
llamar a la huelga y facilitar la extensión organizativa.
“Tenemos
que mantener viva esa llama que estalló ese 23 de septiembre en
Retiro creando alianzas en los barrios, desde los centros de trabajo
hasta las asociaciones, debemos permanecer unidas pese a la dureza
del proceso”, desliza. El reto residirá, asegura, en sostener el
pálpito social en las próximas semanas para que la movilización no
decaiga. Sobre todo ahora que la acampada malagueña acaba de
concluir con el fin de continuar en las calles la batalla contra el
rentismo.
“Ese
despertar no podemos dejarlo dormir, si no insistimos día a día la
gente girará la atención hacia otros asuntos de última hora y la
emoción se enfriará”, admite. Hace hincapié en la feminización
de la crisis residencial. Las mujeres
migrantes con hijos
han sido quienes más han acudido a las asambleas en los últimos
años para defender sus hogares y los de sus familias en tiempos de
dificultad. “Los desahucios tienen un rostro de mujer. Somos las
que luchamos por la vida, por mantener nuestras casas y hemos puesto
el cuerpo para defenderlas”, esgrime.
Fuente:
El
Salto
Por
Pedro
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