Periodista,
fundador
y editor jefe de Revista Opera,
un medio de comunicación independiente de Brasil.
Al
igual que los cargos contra Maduro permitieron a Trump una operación
militar sin el Congreso, la acusación de funcionarios cubanos
permitiría una acción contra la isla. El objetivo sería crear un
vacío en la estructura de Gobierno
Raúl Castro, izquierda, y el Che Guevara, derecha, en la Sierra de Cristal durante la Revolución Cubana, 1958.
La
Administración de Donald Trump acaba de imputar al expresidente
cubano Raúl Castro por el derribo de dos aviones en 1996.
Los planes de Estados Unidos para procesar a Raúl Castro aumentan los temores de los cubanos ante la amenza de violencia.
Dadas
las similitudes entre las medidas adoptadas contra Cuba en los
últimos meses y el modus
operandi de
los Estados Unidos en su ataque a Venezuela, la acusación contra el
líder cubano podría representar un paso más hacia una acción
militar contra la isla. Según Bloomberg, además de Castro,
Washington también estaría apuntando al actual presidente cubano,
Miguel Díaz-Canel, y a familiares de funcionarios del Gobierno
cubano.
Al
igual que lo que vivió Venezuela en los meses previos a la operación
militar del 3 de enero de este año –que terminó con el secuestro
del presidente Nicolás Maduro y de la congresista y primera dama
Cilia Flores–, Cuba ha estado enfrentando un bloqueo naval y
energético, mediante el cual la Administración de Trump ha cortado,
en los últimos tres meses, el flujo de petróleo hacia La Habana,
que es esencial para el suministro energético de la isla. En efecto,
el bloqueo ha dejado a Cuba prácticamente paralizada, interrumpiendo
servicios como el transporte, la recolección de basura, la atención
médica y la educación.
Y
al igual que los cargos de narcotráfico contra Maduro permitieron al
Gobierno de EEUU lanzar su operación militar en Caracas sin
autorización previa del Congreso, la acusación de funcionarios
cubanos también permitiría una acción militar limitada contra la
isla sin autorización legislativa.
Lo
que diferenciaría ambas acciones es que, en el caso de Cuba, el
objetivo de Washington sería crear, en la medida de lo posible, un
vacío en la estructura gubernamental de la isla, derrocando tanto a
los dirigentes del Estado cubano como a sus posibles sucesores
–evitando así el escenario venezolano, en el que la destitución
de Maduro no condujo a la remoción del Gobierno ni al
desmantelamiento de las fuerzas políticas que lo sostienen–.
Cuba
no es tan relevante estratégicamente como Venezuela, por supuesto.
Pero una acción militar contra la isla podría ser especialmente
importante para Trump en vísperas de las elecciones de mitad de
mandato, que tendrán lugar en noviembre: en primer lugar, porque
ofrecería un logro simbólico importante tras su enredo en el
atolladero iraní. Desde la crisis de los misiles de 1962, cuando
Kennedy llegó a un acuerdo con Jruschov para que Estados Unidos no
invadiera Cuba, los intentos militares abiertos de Washington contra
La Habana han cesado de hecho.
Lee Harvey Oswald tras presuntamente disparar al presidente John F. Kennedy.
Ningún presidente estadounidense ha
vuelto a intentar derrocar al Gobierno cubano por la fuerza; el
último intento de este tipo fue la invasión de Bahía de Cochinos
en 1961. Estados Unidos nunca ha aceptado la humillación simbólica
de coexistir con un gobierno rebelde a solo unos cientos de
kilómetros de Florida, pero todos sus presidentes han dejado de lado
la posibilidad de una solución militar. Romper con esta tradición
enviaría un mensaje contundente al mundo y al público
estadounidense: a Trump no le disuaden ni el legado diplomático ni
la irrelevancia estratégica de ciertas acciones. Cualquiera es un
objetivo potencial.
Sin
embargo, lo más importante es el hecho de que una acción exitosa
contra la isla movilizaría el apoyo, los votos y el dinero de la
comunidad cubana en EEUU, estimada en 2,9 millones de personas, de
las cuales entre 1,2 y 1,5 millones son votantes. Dado que la mayoría
de las encuestas electorales apuntan a una victoria demócrata en las
elecciones de mitad de mandato –lo que pondría fin a la mayoría
republicana en el Congreso–, se trata de un contingente que el
actual inquilino de la Casa Blanca no puede ignorar.
¿Organización
humanitaria o grupo terrorista?
Tras
meses insistiendo en que Maduro era el líder de una
organización ficticia de
narcotráfico, Estados Unidos rebajó de
hecho el papel atribuido al presidente venezolano para justificar su
secuestro. Cabe señalar, sin embargo, que la acusación de que
Maduro era el líder de una organización narcoterrorista llamada
“Cartel de Los Soles” se utilizó precisamente para imputar
penalmente a Maduro, junto con otros 14 miembros del Gobierno
venezolano, seis años antes, en marzo de 2020.
En
el caso de la acusación contra Raúl Castro, el cargo sería que
Castro, entonces ministro de Defensa de Cuba, tuvo responsabilidad
directa en el derribo de dos aviones pertenecientes a la organización
cubano-estadounidense Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996,
lo que provocó cuatro muertes. El hecho ocurrió efectivamente –los
aviones fueron derribados, cuatro personas murieron– y es cierto
que Raúl, como ministro de Defensa, tuvo cierto grado de
responsabilidad en el disparo de los misiles aire-aire por parte de
un MiG-29 que derribó los aviones. Pero, contrariamente a lo que se
ha difundido ampliamente en la prensa, este no fue un ataque
injustificado contra “voluntarios
desarmados de una organización humanitaria”.
Fundada
en Miami en mayo de 1991, oficialmente para ayudar a
los balseros (cubanos
que cruzaban en embarcaciones, a menudo improvisadas, hacia EEUU),
Hermanos al Rescate estuvo involucrada en numerosas violaciones del
espacio aéreo cubano antes del derribo del 24 de febrero de 1996. Su
fundador y líder, José Basulto, había sido, como
él mismo reconoció,
un agente de la CIA entrenado en EEUU, Panamá y Guatemala, quien
participó, en nombre de la agencia, en la invasión de Bahía de
Cochinos en 1961 y en un intento de sabotear una base de misiles en
la isla. También participó, en nombre de la organización
anticastrista Directorio Revolucionario Estudiantil –también
apoyada y financiada por la CIA–,
en el ataque al hotel Hornedo de Rosita en La Habana en agosto de
1962, durante el cual disparó docenas de ráfagas con un cañón
automático de 20 mm contra el hotel desde una lancha rápida. Al
comentar el incidente años más tarde,
Basulto dijo: “Éramos unos terroristas bastante [pésimos], se lo
aseguro. Cualquier otro habría utilizado munición explosiva. Pero
nuestra intención no era matar a la gente, sino más bien asustarla
de muerte”.
Cuando
Basulto decidió fundar su organización en 1991, Cuba se encontraba
en el Período Especial, una época en la que la isla atravesaba una
grave crisis económica tras el colapso de su entonces mayor socio
comercial, la Unión Soviética.
Como describe Fernando Morais en su
libro Los
últimos soldados de la Guerra Fría,
para sus primeras operaciones, la organización de Basulto recibió
tres aviones O-2 “retirados tras años de servicio en la Fuerza
Aérea de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam (1959-1975) y
la Guerra Civil Salvadoreña (1980-1992).
Los últimos soldados de la Guerra Fría.
Basulto había recibido los
aviones como regalo por orden del presidente George Bush, a petición
de la congresista cubano-estadounidense Ileana Ros-Lehtinen”. El
Período Especial brindó a Hermanos muchas oportunidades para lanzar
kits de supervivencia y suministros médicos a los balseros en el
Estrecho de Florida, una actividad que garantizaba a la organización
donaciones anuales por un monto de 1,1
millones de dólares (como
en 1993 y 1994). Pero con los cambios en la política migratoria de
Estados Unidos hacia los cubanos, a partir de 1995 el número de
balseros comenzó a disminuir y las donaciones a Hermanos se
agotaron.
A
partir de ese momento, la organización intensificó sus sobrevuelos
ilegales sobre Cuba, violando el espacio aéreo de la isla para
lanzar folletos que incitaban a los cubanos a la rebelión. Fue en
una de estas ocasiones, tras docenas de violaciones de su espacio
aéreo, cuando la Fuerza Aérea Cubana derribó los dos aviones
Cessna pertenecientes a Hermanos.
Unos
meses antes del incidente, en octubre de 1995, surgió en Miami un
nuevo grupo anticastrista: el Consejo Cubano. El objetivo del grupo
no era llevar a cabo ataques terroristas contra la isla ni asesinar a
líderes cubanos, como lo hacían una miríada de organizaciones
tales como Alfa 66, el Comando de Organizaciones Revolucionarias
Unidas (CORU), Omega 7, el Partido de la Unión Nacional Democrática
(PUND), los Comandos L, los Comandos F4, la Fundación Nacional
Cubano-Americana (CANF) o la red de Luis Posada Carriles –todos
ellos responsables de atentados con bombas, secuestros, tiroteos e
intentos de asesinato–. Tampoco se trataba de invadir el espacio
aéreo y marítimo cubano desde Florida para llevar a cabo actos de
propaganda, como hacían Hermanos al Rescate, de Basulto, y el
Movimiento por la Democracia, de Ramón Saúl Sánchez.
El
Consejo tenía un rostro más liberal; se valía de términos como
democracia y derechos humanos, y su estrategia consistía en
construir una red de organizaciones y de la “sociedad civil”
cubana para hacer frente al Gobierno. Había surgido al solicitar
formalmente a Fidel Castro, a través de la delegación cubana ante
la ONU, que su primera asamblea se celebrara en La Habana los días
24, 25, 26 y 27 de febrero de 1996, y contaba con el apoyo público
de la Casa Blanca. Como relata Fernando Morais: “En una de sus
conferencias dirigidas a líderes anticastristas en Florida, el
subsecretario de Estado Richard Nuccio dejó clara la postura del
presidente Clinton sobre la cuestión cubana. ‘Ustedes le dan
demasiada importancia a Fidel, y la solución no está en sus manos,
sino en las de las comunidades de derechos humanos dentro de la
isla’, dijo el funcionario. ‘Si la comunidad de exiliados cubanos
brinda un apoyo masivo a organizaciones como el Consejo, esto podría
reportar enormes beneficios a Cuba y otorgar a la comunidad cubana en
el extranjero un papel positivo en la resolución de la crisis’”.
De
hecho, atendiendo al llamado del subsecretario de Estado,
organizaciones como Hermanos y el Movimiento por la Democracia –a
pesar de las diferencias tácticas con el Consejo– comenzaron a
colaborar con el incipiente movimiento. El anuncio de que las
organizaciones llevarían a cabo acciones de propaganda dentro del
espacio aéreo cubano y en las proximidades de las aguas
territoriales cubanas en apoyo del Consejo motivó un aviso a pilotos
y controladores aéreos emitido por la Administración Federal de
Aviación (FAA), la agencia federal estadounidense responsable de las
leyes de aviación, a petición del Departamento de Estado. En un
momento dado, el aviso indicaba: “El Gobierno de Cuba ha reafirmado
en varias ocasiones su decisión de tomar medidas contra las
aeronaves que violen su espacio aéreo. Estas medidas tienen por
objeto defender la soberanía nacional cubana y evitar los
sobrevuelos de aeronaves no autorizadas. Cualquier persona que entre
en el espacio aéreo cubano sin autorización será objeto de
detención y puede exponerse a sí misma y a otros a un grave riesgo
personal”.
A
pesar de estas preocupaciones, las organizaciones llevaron a cabo las
acciones prometidas a finales de octubre de 1995 sin ninguna
respuesta por parte del Gobierno cubano. Así, repitieron las
acciones el 9 de diciembre, el 13 de enero y el 14 de enero, lo que
suscitó nuevas preocupaciones por parte del Departamento de Estado y
la FAA. Morais describe otro memorándum de la FAA: “Al comentar
sobre otra incursión más de Basulto, [el director de la FAA] afirmó
que ‘estos sobrevuelos solo pueden considerarse una burla al
gobierno cubano’”. Según él, el Departamento de Estado estaba
cada vez más preocupado por las reacciones de Cuba ante “estas
violaciones flagrantes”, hasta el punto de que el subsecretario
Richard Nuccio había ordenado una investigación sobre el estado de
un caso presentado por la FAA contra Basulto por violar las normas de
aviación. “El peor de los casos sería que Cuba derribara una de
estas aeronaves”.
Esto
es exactamente lo que ocurrió el 24 de febrero, fecha de la reunión
del Consejo. Cuando se puso en contacto con la torre de control de La
Habana para informarles de que la zona de operaciones de los tres
aviones de Hermanos al Rescate sería al norte de la ciudad, a José
Basulto se le comunicó que la zona estaba “activada” (es decir,
bajo la protección de aviones militares) y que cualquier incursión
estaría sujeta a riesgos. “Como cubanos libres, tenemos derecho a
estar aquí”, fue la respuesta del disidente unos 20 minutos antes
de que los dos aviones de la organización que lo acompañaban fueran
alcanzados por misiles lanzados desde un MiG-29 cubano.
Aunque
existe controversia sobre si los aviones derribados se encontraban en
el espacio aéreo cubano en el momento del derribo, no hay duda de
que al menos uno de ellos –el de Basulto– cruzó
la frontera invisible ese día,
por no mencionar las innumerables ocasiones anteriores en las que la
organización violó el espacio aéreo cubano. También es bien
sabido que esta no fue una tragedia inesperada, tanto porque el
Gobierno cubano había protestado en numerosas ocasiones ante el
Gobierno de los Estados Unidos por las actividades de Hermanos y
otras organizaciones que operaban en Florida, como porque el propio
Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado
y la Administración Federal de Aviación, había emitido
advertencias sobre los riesgos que entrañaban los vuelos de la
organización.
El
derribo de los aviones puso fin a la posibilidad de un acercamiento
entre el Gobierno cubano y la Administración Clinton. Además de la
suspensión de los vuelos chárter a Cuba, las restricciones a la
entrada de funcionarios cubanos en EEUU, la ampliación del alcance
de Radio Martí –financiada por el Gobierno estadounidense para
difundir propaganda contra Cuba– y la autorización para utilizar
activos cubanos congelados en EEUU para indemnizar a las familias de
los pilotos fallecidos, el derribo de los aviones también condujo a
la firma de la Ley Helms-Burton, que amplió las sanciones impuestas
a la isla a prácticamente cualquier empresa extranjera que hiciera
negocios con Cuba, cualquier barco que atracara en puertos cubanos y
cualquier inversor que realizara inversiones en la isla.
El
derribo de los aviones de Hermanos el 24 de febrero de 1996 no fue un
delito; fue, tal como había pronosticado la Administración Federal
de Aviación, “una medida destinada a defender la soberanía
nacional cubana”. Si hubieran sido aviones de organizaciones
cubanas que ingresaran al espacio aéreo estadounidense para lanzar
folletos sobre Miami, es seguro que habrían sido derribados en el
primer intento. Tampoco fue un acto militar contra aeronaves civiles
inofensivas y desarmadas: los mismos aviones que lanzaban folletos
sobre La Habana podían, después de todo, en cualquier momento,
lanzar explosivos, si así lo deseaban.
Así
como Basulto parecía pensar que disparar indiscriminadamente contra
un hotel con docenas de cartuchos diseñados para penetrar el
blindaje de buques de guerra no era “terrorismo”, porque “otro
habría utilizado munición explosiva”, probablemente consideraba
que la violación constante del espacio aéreo cubano por parte de
sus aviones para lanzar folletos exigiendo la caída del Gobierno
constituía “misiones humanitarias”. Cada vez que la prensa
califica a Hermanos al Rescate de “organización humanitaria”,
termina suscribiendo esta curiosa línea de razonamiento. Pero, lo
que es más grave aún, contribuye a que las medidas adoptadas por
Trump contra Cuba y sus líderes –incluida una posible acción
militar en la isla– se presenten al público como justas.
Fuente: Ctxt
