Por Pablo
Elorduy
El PSOE filtra un borrador del Decreto-Ley de Vivienda que no contempla el alquiler indefinido, la medida principal exigida por el Sindicato de Inquilinas en el pulso que mantiene desde las calles contra el Gobierno.
En una noche de manifestaciones y protestas en las principales ciudades del país, la sucesión de avances y retrocesos en la negociación entre partidos no ha sido el principal foco de atención de las miles de personas que siguen movilizadas por la vivienda desde el pasado 23 de septiembre. El interés en la Puerta del Sol y frente al Palau de Congressos de Catalunya de Barcelona estaba en saber qué medidas pueden tomarse para escalar el conflicto ante la sospecha de un decreto descafeinado.
Bajo una llovizna leve y con algunos problemas para llegar a través de la megafonía a las aproximadamente dos mil personas que escuchaban, la asamblea convocada a las 19:30 en el kilómetro cero apenas ha resuelto nada sobre la permanencia de la acampada. Los gritos de “no nos vamos, nos quedamos” y de “huelga general” han aportado algo de nervio, pero la contundencia ha venido antes de la enorme cantidad de apoyo y adhesión recibida en las últimas horas que de la claridad de la hoja de ruta. Las próximas horas y la claridad del texto del Decreto serán importantes para saber si la acampada continúa o si se buscan otras vías de intervención.
Solo una cosa queda clara en la noche del 28 de septiembre: la movilización continúa. Desde la asamblea se ha llamado a nuevas manifestaciones, se ha celebrado que decenas de ciudades estaban saliendo a la misma hora para protestar y se ha recordado que todos los días hay desahucios y que los colectivos de vivienda siguen poniendo el cuerpo para detenerlos.
Pasadas las 20h, varios medios de comunicación publicaban un borrador que marcaba las pocas concesiones que el PSOE quiere hacer en materia de vivienda. Una prórroga de los alquileres que solo alcanzaría a los contratos que venzan en 2028 y una moratoria de desahucios que solo se extendería hasta ese año en el caso de “personas vulnerables”.
Una medida alejada de las exigencias planteadas por el Sindicato de Inquilinas y aún más lejos de las que se proclamaban esta misma tarde en la Puerta del Sol, donde por tercera jornada consecutiva seguían apareciendo nuevas tiendas de campaña.
El PSOE muestra sus posiciones sobre vivienda y la calle ha respondido que no. La jornada del 28 de septiembre no ha servido para clarificar las cuestiones fundamentales que atañen a la discusión política sobre el Decreto de Vivienda que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana, día 29, para calmar las aguas después de la intensa semana de movilizaciones sobre vivienda que comenzaron tras el desahucio de Maricarmen Abascal. Pese a que, antes de las 22, se ha anunciado que el Sindicato de Inquilinos había llegado a un acuerdo la empresa Urbagestión, responsable del desahucio de Maricarmen, para que ésta pueda volver a su hogar, la existencia de “miles de maricármenes”, como se ha recordado en las asambleas impide que la exigencia se rebaje antes de la aprobación del citado Decreto-Ley
La disputa política
En el seno del Gobierno, a última hora de la noche del lunes, siguen las discusiones sobre el alcance de ese texto. La propuesta del PSOE ha sido respondida por Sumar. Este grupo pide que se incorpore al texto la renovación automática de los contratos. “Dotar de estabilidad al mercado del alquiler es imprescindible para garantizar que tanto inquilinos como propietarios cuenten con seguridad y certidumbre a largo plazo”, dicen fuentes del partido magenta.
Los ministros de IU, Comuns, Más Madrid y Sumar en el Ejecutivo continúan la negociación, pero se felicitan de que hasta ahora se ha conseguido la inclusión de la prórroga y congelación de los contratos de alquiler que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. En el debe está, además de la mención a lo indefinido de los contratos, la negativa del PSOE a añadir un marco de regulación al alquiler de habitaciones, algo en lo que ha incidido también Esquerra Republicana de Catalunya.
De ser aprobado en Consejo de Ministros, el texto tiene que contar con el apoyo de la mayoría de investidura para convertirse en una hoja de ruta sólida para transformar las condiciones del acceso a la vivienda en España. A última hora del lunes 28 Junts ha anunciado que se apea de la negociación porque, según los exconvergentes, el texto deja “sin protección a los pequeños propietarios”.
Será indefinido o tal vez no será
Entre esos puntos, el más importante, tal y como ha advertido el Sindicato de Inquilinos, uno de los impulsores principales de la movilización, es la restauración del contrato de alquiler indefinido. De tal manera, se pretende que por ley, cuando termine un contrato de cinco o siete años, este se prorrogue por otro periodo equivalente salvo que el propietario acredite una causa justificada para no hacerlo.
El ejemplo de otros países como Alemania o Suecia muestra que los contratos indefinidos aportan estabilidad. Este sistema no da a los arrendadores la facilidad de establecer una puja sobre la vivienda en alquiler. En España, el Gobierno socialista de Felipe González decretó en 1985 el fin de la “renta antigua”: todos los contratos firmados a partir de esta fecha ya no estarían atados a las leyes de alquileres aprobadas durante el franquismo. La reforma de Mariano Rajoy de la ley estatal de alquileres redujo a tres años la duración del alquiler y la reforma de 2019 realizada por Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos fijó la duración mínima del contrato en cinco años para las personas físicas y siete para las jurídicas.
“Hemos dicho por activa y por pasiva que es la medida más importante de todas para que no haya ninguna Maricarmen más”, aseguraba el lunes en rueda de prensa Alicia Del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas. “Si esto no se aprueba, siguen gobernando los fondos buitre y este gobierno progresista no tiene ningún sentido”, sentenciaba.
El programa de esta organización incluye asimismo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para evitar fraudes y abusos en aspectos como los contratos de temporada y los alquileres de habitaciones.
Además, otros sectores del movimiento por la vivienda exigen la recuperación de la moratoria de los desahucios, que nació en 2020 en el contexto de la pandemia por coronavirus y fue prorrogada en distintas fases hasta que dejó de estar en vigente en enero de 2026. Si bien la moratoria no se aplicó a todos los casos de desahucio, se calcula que más de 60.000 hogares pudieron acogerse a ella. El borrador presentado deja esa moratoria en el mismo punto desde el que cayó, con un límite temporal poco ambicioso —hasta 2028— y al albur de lo que decida el futuro Gobierno que salga de las elecciones previstas para 2027.
Los partidos de la izquierda del arco parlamentario se han mostrado esta mañana partidarios de la aprobación íntegra de los puntos acordados por el Sindicato de Inquilinas. En una comparecencia conjunta en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde Maricarmen Abascal permanece en observación desde el día de su desahucio, Sumar, Comunes, Izquierda Unida, Más Madrid, Podemos, ERC, EH Bildu, BNG y Compromís se han unido para dar ese apoyo a lo que se reclama desde las calles y plazas.
La celebración del Consejo de Ministros mañana martes tiene como punto de interés saber si el PSOE mejora la oferta lanzada vía borradores y si, de no ser así, se hace efectiva la amenaza de plante que se pide también desde sus espacios políticos a los ministros de Sumar. A última hora del lunes, las negociaciones con el PSOE continuaban. El puerto al que lleguen esas negociaciones puede no ser suficiente para un movimiento de vivienda que no tiene casas, pero tiene voz en el debate sobre condiciones de vida más importante de cuantos se dan en la actualidad política.
Fuente:
El
Salto
