El ‘tsunami himalayo’ es un delito climático

 

 Por Shreya K.C.   

      Activista por la justicia climática de Solukhumbu, Nepal. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Incidencia de la Coalición de Jóvenes por Pérdidas y Daños.

Lo ocurrido en Nepal y el Tíbet es la escena de un delito climático. Los responsables son las empresas de combustibles fósiles y los países contaminantes, a quienes se debe exigir responsabilidades

     Tras las catastróficas inundaciones y deslizamientos de tierra que azotaron el norte de Nepal la mañana del 26 de agosto, lo que queda son familias que lloran a quienes no volverán, esfuerzos desesperados de rescate y ayuda humanitaria, hospitales abarrotados.

Una imagen aérea de la devastadora riada ocurrida en la zona fronteriza entre Nepal y la región del Tíbet (China).

Hasta la tarde del 28 de agosto, se han confirmado 538 fallecidos. Se ha rescatado a 3.742 personas. Otras 977 personas siguen desaparecidas, entre ellas muchos turistas y peregrinos que se dirigían al lago Gosainkunda, en Rasuwa. Al menos doce empresas hidroeléctricas han sufrido daños masivos, mientras que más de 30 puentes han quedado arrasados.

Las inundaciones ocurrieron antes de las festividades de Janai Purnima, que marca el final de la temporada de siembra del arroz, y Raksha Bandhan, cuando las hermanas atan una pulsera protectora a la muñeca de sus hermanos, deseándoles una vida larga y saludable. Pero este año falta el espíritu festivo. Solemos citar el poema del poeta nacional Madhav Prasad Ghimire: “¿Cómo se elevará nuestra estatura si el propio Himalaya deja de existir?”

Nepal es un país montañoso, sin salida al mar. Pero sufrió lo que parecía un tsunami himalayo. Los estudios iniciales han concluido que una avalancha de roca y hielo en la cara norte del Langtang Himal (7.245 metros) fue tan violenta que provocó un terremoto de magnitud 4,4. Luego, una masa de roca y hielo se precipitó río abajo, con una fuerza y una velocidad sin precedentes.

La causa subyacente es clara: el aumento de las temperaturas ha acelerado el retroceso de los glaciares y el deshielo del permafrost, lo que ha provocado la desestabilización de las mismas montañas que nos sustentan y protegen. Lamentablemente, estos desastres no son inesperados. La ciencia ha advertido, una y otra vez que, a medida que nos acercamos a los puntos de inflexión del planeta, los fenómenos extremos serán cada vez más frecuentes y graves.

El año pasado, 18 personas perdieron la vida en una inundación provocada por el desbordamiento de un lago glaciar en el río Bhotekoshi, el mismo lugar donde se originaron las inundaciones en esta ocasión.

En 2021, la inundación de Melamchi se cobró la vida de al menos 17 personas y destruyó el proyecto de abastecimiento de agua de Melamchi. Las familias que lo perdieron todo, incluido su hogar, siguen esperando una indemnización.

Ascedieron a 17 los muertos en Nepal por unas lluvias que dejaron 24 desaparecidos en la inundación de Melamchi.

Cuando viajé a Melamchi el año pasado, la zona todavía parecía como si las inundaciones hubieran ocurrido una semana antes. Los distritos más afectados, Rasuwa y Nuwakot, se encuentran además entre aquellos en los que se tardan décadas solo en construir colegios, hospitales, puentes y carreteras. Cada desastre de este tipo echa por tierra décadas de progreso y desarrollo.

Nepal ha emprendido esfuerzos incansables para fomentar la adaptación y la resiliencia climática. Más del 45 % de la superficie del país está cubierta de bosques. Hemos logrado una electrificación casi universal gracias a la generación de energía hidroeléctrica limpia. Se han implantado sistemas de alerta temprana en muchas comunidades ribereñas, donde la población recibe avisos durante las lluvias intensas y las inundaciones previstas.

A pesar de ello, nos vemos repetidamente sacudidos por una devastación inimaginable. Es una injusticia. Nosotros no provocamos el incendio de la emergencia climática que nos ha envuelto. No podemos seguir pagando por ello con nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras esperanzas.

Para empeorar esto, la financiación climática se recibe en forma de préstamos con intereses de mercado, lo que no hace sino agravar la crisis de la deuda. Los países más vulnerables, incluido el nuestro, llevan más de tres décadas exigiendo una financiación nueva, accesible, y basada en subvenciones para evitar, minimizar y hacer frente a las pérdidas y daños. El Fondo de Pérdidas y Daños, creado en 2023, cuenta con menos de 1 000 millones de dólares estadounidenses. Se prevé que la necesidad real sea de 400.000 millones de dólares al año.

La justicia climática para nosotros y para muchas otras comunidades afectadas de todo el mundo significa afrontar quién ha creado esta crisis y quién se ve obligado a pagar por ella. Los países y las empresas que se han beneficiado enormemente de siglos de crecimiento impulsado por los combustibles fósiles no pueden seguir trasladando esta carga a las comunidades.

Quienes se encuentran en primera línea de la crisis climática no pueden esperar otro año, otra COP u otra década para obtener financiamiento. Lo que exigimos no es ayuda, donaciones ni caridad, sino justicia y compensación. Quienes más han contribuido a esta crisis y quienes cuentan con mayores recursos no pueden mirar hacia otro lado. Destinen dinero al Fondo de Pérdidas y Daños ahora mismo. Los contaminadores deben pagar por el caos que nos han infligido.

Fuente: El Salto

¿Es Xi Jinping la figura clave del siglo XXI?

 

 De Descifrando la Guerra

     Xi Jinping ha transformado profundamente las estructuras políticas de China desde su llegada a la secretaría general del Partido Comunista de China (PCCh) en 2012.

El sueño chino de Xi.

Su ascenso puso fin al equilibrio entre las dos principales facciones internas del partido y abrió una nueva etapa caracterizada por una mayor centralización del poder y por un proyecto político articulado alrededor del denominado “sueño chino”.

Xi asumió de forma simultánea la secretaría general del PCCh y la presidencia de la Comisión Militar Central (CMC), para poco después ocupar también la presidencia de la República Popular. De esta manera, concentró desde el comienzo el liderazgo del partido, el Estado y las Fuerzas Armadas, las tres estructuras de poder más importantes de la potencia asiática.

La nueva era de China: La gran estrategia para el sueño de Xi Jinping.

Su ascenso se produjo gracias a su capacidad para presentarse como una figura de consenso entre las dos grandes facciones del PCCh. Por un lado, se encontraba la denominada banda de Shanghái, liderada por Jiang Zemin; por otro, la facción populista encabezada por Hu Jintao y formada por dirigentes que habían desarrollado buena parte de sus carreras en las regiones interiores y rurales del país.

Xi reunía características aceptables para ambos bloques. Era un “príncipe rojo”, descendiente de un veterano revolucionario, pero también había desarrollado una extensa carrera administrativa en diferentes territorios, asumiendo responsabilidades en Hebei, Fujian o Shanghái, entre otros. Además, su propia familia había sufrido las purgas de la Revolución Cultural y él mismo había sido enviado durante ese periodo a trabajar al campo.

Xi y la campaña anticorrupción

Una de las primeras grandes iniciativas de Xi Jinping fue emprender una extensa campaña anticorrupción que alcanzó tanto a funcionarios de nivel inferior –las denominadas “moscas”– como a altos dirigentes –los “tigres”–.

La corrupción se había convertido en uno de los principales problemas internos tras décadas de rápido crecimiento económico. La liberalización iniciada durante la etapa de Deng Xiaoping generó nuevas oportunidades de enriquecimiento, pero también favoreció prácticas ilícitas como la malversación, el abuso de poder y la formación de redes clientelares dentro de las diferentes estructuras estatales, partidistas y castrenses.

La campaña impulsada desde 2012 ha investigado, sancionado o apartado a más de siete millones de funcionarios hasta comienzos de 2026. Entre los afectados también figuran antiguos aliados y figuras próximas a Xi, lo que ha permitido transmitir la idea de que nadie queda formalmente al margen de las investigaciones.

Al mismo tiempo, las purgas han debilitado a adversarios internos y facilitado una creciente concentración de poder en torno a su figura.

El XX Congreso Nacional PCCh, celebrado en octubre de 2022, reflejó este proceso con la entrada de dirigentes próximos a Xi en los principales órganos de decisión.

Miembros del XIX Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista Chino.

Este cambio terminó debilitando el anterior esquema de equilibrio entre las dos grandes coaliciones. Aunque el partido mantiene múltiples intereses y dinámicas propias, el círculo político próximo a Xi ocupa actualmente una posición predominante.

Xi Jinping en su discurso de apertura del XX Congreso Nacional del PCCh.

La campaña también ha alcanzado al Ejército Popular de Liberación. La Comisión Militar Central contaba, en agosto de 2026, únicamente con dos de sus siete miembros después de diferentes destituciones y purgas. Su composición deberá renovarse nuevamente durante el próximo Congreso Nacional del PCCh, previsto para 2027.

El “sueño chino” como horizonte político

La centralización del poder responde a un proyecto más amplio definido por Xi Jinping como el “rejuvenecimiento de la nación china”. Este “sueño chino” constituye el eje doctrinal alrededor del cual se articulan las iniciativas económicas, sociales, militares y diplomáticas.

Uno de sus objetivos consiste en convertir a China en una potencia científica y tecnológica capaz de superar el papel tradicional de “fábrica del mundo”. Pekín busca desarrollar sectores de alto valor añadido como los semiconductores, la robótica, los vehículos eléctricos o las energías renovables, mientras trata de elevar el nivel de vida y reducir las desigualdades entre las zonas costeras y el interior.

El fortalecimiento militar constituye otro de los pilares. El gasto en defensa pasó de alrededor de 100.000 millones de dólares en 2012 a aproximadamente 245.000 millones en 2025, acompañado del desarrollo de armamento propio y doctrinas vinculadas a la competencia con Estados Unidos.

Otro objetivo es recuperar para China una posición central en el sistema internacional. Desde la perspectiva de Pekín, no se trataría tanto de un ascenso como de un resurgimiento después del denominado “siglo de humillación”.

Ilustración que muestra como el Imperio del Centro fue dividido por las potencias extranjeras, dando inicio al siglo de la humillación nacional en China.

El último gran componente es Taiwán. La reunificación de la isla forma parte explícita del proyecto nacional y Xi la ha presentado como una exigencia vinculada al rejuvenecimiento chino. El horizonte general del “sueño chino” está situado en 2049, centenario de la proclamación de la República Popular.

China y Taiwán: la tentación de la guerra y un reloj que se acelera.

La capacidad de Pekín para avanzar hacia estos objetivos determinará en buena medida el legado político de Xi Jinping y la evolución de la nueva etapa abierta en China desde 2012.

Fuente: Descifrando la Guerra

La histórica lucha por la tierra en Colombia comienza a cosechar sus frutos

 

 Por Mauricio Morales   

      Periodista y fotógrafo colombiano radicado en España. Su trabajo se centra en los conflictos en Oriente Medio y Colombia.

La llegada de la extrema derecha al gobierno de Colombia activa la organización y la solidaridad para hacer frente a lo que pueda afectar a una parte del campesinado organizado en un proyecto agroecológico y autogestionado en los territorios

Comienzo de una de las asambleas en la finca Lucha Campesina parte del TECAM de la Serranía del Perijá y el Valle del Río César. Fotografía de Mauricio Morales.

     “Agroecología sin lucha de clase es jardinería”, dice emocionado uno de los miembros de la comunidad de La Libertad, una de las fincas que componen el Territorio Campesino Agroalimentario (Tecam) de la Serranía del Perijá y el Valle del Río César, en la región Caribe colombiana.

En la finca La Libertad, en el municipio de Codazzi, bajo un sol sofocante y envueltos en un espíritu de lucha, se lleva a cabo una de las tantas reuniones y asambleas que la caravana solidaria internacionalista de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher) realiza con las comunidades de algunos Tecam que visita, como parte de una acción solidaria de acompañamiento e intercambio de saberes.

Los Tecam son una apuesta política de protección, soberanía y poder popular del campesinado colombiano para luchar por la tierra, la dignidad y la vida. La tenencia y el acaparamiento de la tierra por parte de las élites de terratenientes y multinacionales han sido una de las causas de las resistencias históricas de los movimientos sociales campesinos e indígenas en Colombia.

La gente de la finca La Libertad lo tiene claro. Históricamente han sido víctimas de despojo y desplazamiento forzoso por parte de las mismas élites que, a través del proyecto paramilitar, han forzado a millones de campesinos en la historia de Colombia a abandonar sus tierras para dar cabida a las empresas multinacionales extractivistas, los monocultivos y la ganadería extensiva.

Con la llegada de la ultraderecha al gobierno de la mano de Abelardo de la Espriella una nube de incertidumbre ha puesto en marcha la organización de los movimientos populares en estos territorios y los lazos de solidaridad internacional para defender sus territorios y su proyecto político en los Tecam.

Es por eso que, aunque legalmente se aprobó en el acto legislativo de 2024, esta lucha lleva décadas vigente. Es una lucha que han encabezado organizaciones sociales como la Coordinadora Agrario Nacional (CNA). En el caso específico de esta zona del sur del Cesar, la CNA ha trabajado codo a codo junto al Movimiento de Trabajadores y Campesinos del Cesar (MTCC), que asesora a estas comunidades organizadas.

Desde la recuperación y tenencia de la tierra hasta el desarrollo de los proyectos productivos agrícolas, hay un camino que no solo acaba con la formalización legal de los Tecam, sino con la capacidad de echar a andar el proceso y permanecer en el territorio. Para muchos en el movimiento campesino, los Tecamson una de las puntas de lanza de una de las luchas históricas en Colombia: la Reforma Agraria Integral y Popular.

La lucha por la tierra

La tierra que ahora tienen en los predios de la finca La Libertad se ha luchado. En la noche, alrededor del fuego y cuando el calor comienza a dar un respiro, se reúnen la comunidad y los miembros de la caravana para recordar las historias de lucha por la tierra, los recuerdos de las avanzadas paramilitares y el reguero de muertos y horror que dejaron a su paso cuando comenzaba el milenio.

Pero ese dolor lo transforman en anécdotas que, en ocasiones y con la capacidad única de aquellos que luchan, pueden convertir en risas.

En 2024 comenzaron a recuperar las tierras para los campesinos que estaban en manos de terratenientes. Meterse al monte, acampar y estar en condiciones difíciles con el miedo del paramilitarismo acechándolos. Las brigadas ganaderas solidarias, grupos de seguridad privada nacida de la poderosa agrupación Fedegan, que asocia a poderosos ganaderos y terratenientes en Colombia y que ha estado vinculada a grupos paramilitares, son usadas para contrarrestar las acciones de los campesinos que recuperan las tierras.

Los rodeaban con cientos de camionetas y hombres para presionarlos a abandonar los predios. Pero resistieron hasta donde pudieron. Fueron desalojados de algunas fincas y decidieron seguir su lucha acampando en el cementerio de Casacará durante más de un año. Esa resistencia finalmente les otorgó las tierras que ahora se disponen a trabajar y habitar, concedidas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). “Puede sonar muy bonito lo de lo colectivo, pero si no se construye el poder popular, se queda solo en eso”, dice un miembro de la comunidad que ve la importancia no solo de la tenencia y de la titulación legal de la tierra, sino de la necesidad de tener el poder para tomar decisiones sobre ella.

Paramilitarismo y otras amenazas

Desde 2009, después de las arremetidas paramilitares que despojaron a miles de campesinos del sur del Cesar, la empresa minera estadounidense Drummond comenzó a explotar carbón en una mina de cielo abierto cerca del pueblo de Casacará. Las comunidades denuncian las afectaciones particulares de este tipo de minería: sobre los recursos hídricos, ruidos de la mina, polvillo de la explotación del carbón e hipervigilancia de la seguridad privada de la mina, que ha colocado cámaras de seguridad dirigidas a las vías públicas cercanas a la finca La Libertad.

“El paramilitarismo no se ha ido”, dice la comunidad, que teme otra arremetida con la llegada del gobierno del ultraderechista Abelardo de La Espriella, pero algo tienen claro: “De acá no nos vamos”. “Acá nada se ha regalado. ¡Acá todo ha sido producto de la lucha!”, dice Gladis Rojas en una asamblea en el pueblo de Micoahumado, en el sur de Bolívar, una mujer que hace parte del liderazgo del proceso del Tecam de la Serranía de San Lucas.

Gladis, con una formación en pedagogía popular, lleva inmersa en los movimientos sociales y populares desde que tenía 15 años y está especialmente vinculada a los procesos populares del sur de Bolívar y el Magdalena Medio. “En el sur de Bolívar ha habido una ausencia total del Estado, muy mínima, muy ineficaz. La única presencia es la militar, que no ha servido sino para reprimir a la gente, porque frente al paramilitarismo hay una total connivencia, una postura de no hacer nada para detenerlos. Ellos han avanzado, se han posesionado, controlan con el beneplácito de la fuerza pública. El sur de Bolívar es una de las zonas más militarizadas del país, tiene alrededor de 5.000 efectivos, y el paramilitarismo controla; ahí queda clara la estrategia”, dice Gladis, que también reflexiona sobre la deuda que el gobierno de Petro tuvo con el territorio, donde el paramilitarismo se expandió en este periodo que termina.

Gladis también apunta la importancia de las mujeres en este y otros procesos: “Para nosotras en el territorio, una prioridad es la organización de las mujeres, que son esa fuerza incontenible que a veces no se ve pero se siente. Las mujeres han estado en los momentos más difíciles al frente, de la mano con los compañeros resistiendo; entonces necesitamos que ellas estén fortalecidas para la lucha común y la propia”. La violencia y la amenaza paramilitar es más palpable en este territorio. Ataques recientes a casas y escuelas campesinas en algunas veredas cercanas a Micoahumado así lo evidencian, así como el asesinato sistemático de algunos liderazgos, como el del querido líder Narciso Beleño, asesinado en 2024 por organizarse junto a otros campesinos y denunciar el incremento de la arremetida paramilitar que pretende tomarse el pueblo y las veredas del territorio donde está el Tecam.

En el cementerio de Micoahumado, los pobladores recuerdan a sus muertos. Todavía se ven las trincheras en las que el ejército colombiano tomó posición dentro del casco urbano de la población, poniendo a la gente en peligro en combates con estructuras del Ejercito de Liberacion Nacional (ELN) en el año 2019. El grupo insurgente ELN también tiene presencia en la zona, donde libra combates con las fuerzas paramilitares que acechan al pueblo.

Este grupo insurgente es ahora, después de la desmovilización de las FARC-EP, el grupo armado con el que Petro no pudo avanzar en la negociación de paz.

La solidaridad como lazo activo

“No estamos solos. No están solos”, se escucha en cada asamblea en la que los caravanistas nacionales e internacionales se reúnen con las comunidades de los diferentes Tecam en un ejercicio de acompañamiento y discusión política. Los miembros de la caravana comparten luchas: la lucha por la tierra de las comunidades campesinas e indígenas de Guatemala, el movimiento de trabajadores rurales sin tierra de Brasil y su efectiva organización, las luchas por la defensa del medio ambiente y anticapitalistas en Portugal, los movimientos por la vivienda en el Estado español, la resistencia de las organizaciones rurales en El Salvador.

Los Tecam, la lucha campesina en Colombia y la solidaridad internacionalista, hoy más que nunca se busca afianzar para defender lo conquistado ante la llegada de la ultraderecha al gobierno y a las instituciones del Estado colombiano. Las violencias estructurales del sistema de expolio en Colombia, la negación histórica a una vida digna del campesinado, las violencias de la guerra y el proyecto paramilitar han dejado heridas profundas en el corazón de muchas y muchos campesinos, pero estas se han transformado en una de las bases de la lucha por ese mundo nuevo que llevan en sus corazones.

Fotogalería de Mauricio Morales:

La comunidad de la finca de la Libertad del TECAM de la Serranía del Perijá y el Valle del Río César, se reúnen y hacen un ejercicio de memoria de las violencias que han sufrido.

La comunidad de la finca de la Libertad del TECAM de la Serranía del Perijá y el Valle del Río César. y el campamento de la caravana de REHER.

La cocina, los alimentos se manejan de manera colectiva por la comunidad de la finca, la Libertad.

Reportaje TECAM Colombia – 4.

El acceso al agua es uno de los desafíos de la comunidad de la finca de la Libertad, con un verano y una sequía fuerte, cuentan con pocas fuentes de agua, para el consumo y riego.

Recorrido por las trochas del TECAM de la Serranía de San Lucas.

Fuente: El Salto

La tormenta perfecta de Ceuta: un mes de crisis para alimentar el odio y la violencia contra los migrantes

 

 Por Laura Prieto Gallego   

      Redactora de Vivienda y Memoria Histórica en Público.

La crisis humanitaria en Ceuta ha desatado un profundo choque político y social marcado por el repunte de los discursos xenófobos, las críticas a la gestión institucional y la preocupación por el deterioro de la convivencia

Mobiliario urbano y enseres arden en Ceuta durante una manifestación para protestar por la situación provocada por la llegada masiva de migrantes. 27.08.2026.

     Entre el 30 y el 31 de julio, 72.000 personas cruzaron la frontera que separa Marruecos de la ciudad autónoma de Ceuta. Lo hicieron a pie o nadando con pequeños flotadores. La incursión se saldó con 145 fallecidos -según datos de Caminando Fronteras-, confirmándose como una de las mayores tragedias migratorias de la ciudad. Otros tantos se encontraron con una ciudad incapaz de darles asistencia. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) arrastraba días de problemas de sobreocupación, así que calles, playas y parques se convirtieron en campamentos improvisados. El 29 de julio, antes incluso de que se produjera la entrada masiva, el presidente de Ceuta ya hablaba de "colapso".

La mayoría eran chicos jóvenes y menores, aunque también cruzaron niñas y familias enteras que se encontraron con la misma problemática. Ante la falta de recursos, en los días siguientes se produjo un gran flujo de retorno, aunque un mes después todavía son miles las personas que siguen durmiendo al raso y que subsisten gracias a la ayuda de vecinos y ONG.

Uno de los mayores asentamientos se concentró en la playa de El Trampolín, donde el pasado jueves un grupo de ceutíes quemó las camas improvisadas y los pocos enseres que tenían los migrantes. El grupo violento se había concentrado en esta zona tras acudir a una manifestación en contra del Gobierno. Minutos antes de este incidente habían tratado de evitar que voluntarios de Cruz Roja repartieran comida en la zona. Este viernes otro grupo se acercó o a la misma zona con consignas como “Invasores, expulsión”, pero no hubo brotes de violencia.

La crispación y la polarización no han hecho más que aumentar en estas cuatro semanas, convirtiendo a esta pequeña ciudad de 84.000 habitantes en una olla a presión. La normalidad está lejos de retomarse, como admitió a finales de semana Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. El Gobierno central no puso en marcha el mando único hasta el martes pasado y todavía no se ha podido trasladar a la Península a los miles de menores que llegaron esos días a Ceuta, entre ellos al menos 500 niñas. Esta semana también se conocía la denuncia de 16 agresiones sexuales en lo que va de mes, algunas con estas menores como víctimas.

En medio de toda esta situación, desde la derecha han aprovechado para atacar al Gobierno y su política migratoria. El Partido Popular se ha negado en todo momento al reparto obligatorio de menores migrantes, una postura compartida también por Vox. Los populares piden reformar la ley de Extranjería para garantizar el rechazo en frontera y plantean como única alternativa la repatriación de todos los migrantes. Ante el aumento de la tensión social y mensajes ambiguos de sus dirigentes, finalmente los populares hicieron un "llamamiento firme a la calma" el viernes, aunque sin dejar de dirigirse a los migrantes como "invasores". "Quien piense que con la violencia ayuda a Ceuta se equivoca. Solo da alas a los que pretenden señalar a los invasores como víctimas cuando las víctimas verdaderas somos los ceutíes", afirmaba el diputado popular Jesús Celaya Brey. 

Una crisis humanitaria lejos de resolverse

En cuestión de horas la entrada masiva de personas en Ceuta se convirtió en una emergencia sanitaria y social aguda, con todos los servicios al límite. Precisamente las posibles instalaciones para albergar a quienes han decidido quedarse o están pendientes de que avancen sus peticiones de asilo fueron motivo de discusión con el Gobierno de la ciudad. Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, se ha negado a facilitar polideportivos y otros emplazamientos elegidos por el Gobierno al contar con baños y duchas, entre otros motivos. "Si intentan usarlos, van a tener que sacarme a mí de ellos", llegó a decir. Este viernes, el mando único aprobó un listado de espacios para la reubicación de los migrantes.

La falta de salubridad de los asentamientos ha provocado también ciertos brotes de gastroenteritis y otras infecciones, aunque desde la comunidad médica descartan que se pueda hablar de epidemia. Si bien, en los días posteriores al 30 de julio los sindicatos denunciaron que tanto el Hospital Universitario como los campamentos a pie de calle se encontraban al límite. Desde el Partido Popular se han utilizado estas noticias para llegar, incluso, a pedir el confinamiento en Ceuta por "enfermedades infectocontagiosas". Algunos militares denunciaron casos de sarna, que ellos mismos achacaban a la falta de higiene de las bases.

Migrantes acampados en las naves del Tarajal.

Entre los migrantes que lograron cruzar la frontera había muchos hombres jóvenes, pero también un número inusualmente alto de menores no acompañados y de familias con niños. El Gobierno asegura que actualmente hay unos 2.000 menores en el sistema de acogida de Ceuta; de ellos, más de 500 son niñas o chicas adolescentes. Este último grupo, el más vulnerable a sufrir violencias, será próximamente trasladado a la Península. El resto también será repartido entre las diferentes comunidades autónomas, otro de los temas de confrontación entre Gobierno y oposición.

"La crisis de Ceuta muestra con especial crudeza cómo ser mujer, niña o adolescente, estar en movilidad y encontrarse sin alojamiento estable multiplica las situaciones de riesgo", subraya en conversación con Público Oussama Chakkor, psicólogo social experto en migraciones en la organización ActionAid España. Una de las caras más amargas de esta crisis es la violencia sexual. Según ha informado la Fiscalía, se han contabilizado 16 agresiones sexuales en el último mes, con 17 víctimas, de las que 16 son mujeres. La mayoría no llegan a la mayoría de edad.

Mujer migrante en Ceuta, reubicada en el campo de fútbol del colegio Reina Sofía.

El psicólogo explica que la situación actual es particularmente grave porque muchas de estas personas se han encontrado con semanas de "incertidumbre, recursos improvisados y situaciones de calle", que han podido documentar ONG como Human Rights Watch. "Cuando falta identificación individual, aumentan las posibilidades de que una niña desaparezca de los mecanismos de protección. Cuando no existen espacios seguros para mujeres, aumenta la exposición a la violencia sexual", añade. Bajo su punto de vista, la respuesta a las menores no ha sido "ni correcta ni suficiente". "La protección llegó tarde y, durante semanas, muchas niñas y adolescentes quedaron expuestas a situaciones que nunca deberían haberse normalizado", concluye.

En la misma línea, Helena Maleno, defensora de los derechos humanos, periodista e investigadora especialista en migraciones y trata de seres humanos, cree que, un mes después, España no ha estado a la altura que la situación requería. "Todavía no se está garantizando el acceso a ayuda humanitaria, no se está pudiendo proteger a todos los niños y a todas las personas demandantes de asilo... Hay un fracaso del sistema y un abandono de las autoridades, y esto está alimentando el malestar y los discursos de odio", lamenta.

Odio y racismo disparados

"Nos estamos encontrando con que no se da una respuesta gubernamental adecuada y sobre todo con que se está propagando el discurso del odio, y ese odio está haciendo mucho daño en Ceuta. Se está atacando a los migrantes y a los musulmanes ceutíes", denuncia a este periódico Abdelah Mustafa, presidente de la asociación de vecinos de la Barriada de la Reina. Junto con sus vecinos se organizó desde el primer día para habilitar el polideportivo como refugio para mujeres y menores. Otros muchos voluntarios y ciudadanos anónimos se han encargado de llevar comida, mantas o hasta abrir las puertas de sus casas a familias y personas necesitadas.

En el lado contrario, según pasan los días ganan más terreno los mensajes de odio y la hostilidad hacia la comunidad árabe y subsahariana. Aunque el suceso más grave se vivió el jueves con la quema de enseres en la playa, la ultraderecha llevaba semanas caldeando el ambiente. El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, llegó a afirmar que había que "cazar uno por uno" a los migrantes que habían entrado irregularmente en Ceuta. Sus palabras provocaron denuncias ante la Fiscalía, pero el diputado no ha dado marcha atrás.

Varias personas intentan bloquear la ayuda humanitaria en la playa de El Espigón.

En tan solo dos días -el 30 y 31 de julio-, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), detectó más de 9.500 mensajes de odio en redes sociales contra la entrada masiva de finales de julio. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este "pico" de mensajes de odio ligado a la crisis migratoria en Ceuta ha impulsado el repunte de publicaciones de odio en redes durante julio, con 57.406 contenidos frente a los 40.800 de junio. El 68% de los contenidos analizados tenían foco en el odio a las personas procedentes del norte de África.

"Cuando se repite diariamente que existe una invasión, una amenaza o una ciudad tomada, se alimenta una sensación de emergencia permanente que puede aumentar la hostilidad hacia los migrantes, las agresiones racistas o la ruptura de la convivencia. En una ciudad como Ceuta las consecuencias pueden ser muy peligrosas", advierte Chakkor. El psicólogo alerta de los riesgos de convertir una crisis de gestión y protección en un conflicto identitario entre cristianos y musulmanes "si no se pone freno a ciertos discursos". En el caso de la violencia sexual, recuerda que "no tiene pasaporte", pero las víctimas sí tienen "rostro, cuerpo, historia y derechos": "Cuando utilizamos una agresión para construir odio contra miles de personas, corremos el riesgo de volver a ejercer una segunda violencia: quitar a la víctima su historia y convertir su dolor en propaganda".

El consultor político y analista Jordi Sarrión también incide en declaraciones a Público en la influencia que puede tener el discurso político en estallidos violentos como el del jueves -aunque no sea el único responsable directo- "al ir radicalizando progresivamente a una parte de la sociedad". Por otro lado, afirma que "cada día hay un ejército digital que se levanta en las redes para sembrar el caos": "Hay cuentas, perfiles y actores que amplifican cada incidente, cada imagen y cada mensaje de confrontación, y contribuyen a generar una sensación de conflicto permanente. No podemos ser ingenuos ante el papel que está jugando este ecosistema digital en la crisis de Ceuta".

Crisis política

La crisis humanitaria en Ceuta ha pasado a ser una crisis política de primera magnitud. Dos días después de la entrada masiva, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que la crisis "estaba resuelta". Este jueves 27 de agosto Bolaños reconocía que no se había recuperado la normalidad y que todavía quedaba un largo camino por delante. En los últimos días han comparecido varios ministros sobre el tema, aunque lo más llamativo ha sido la confrontación de versiones sobre el papel del CNI en la detección de la entrada masiva por parte de Interior y Defensa.

Tanto la oposición como los organismos sociales y los vecinos de Ceuta llevan semanas denunciando "lentitud" a la hora de actuar en la ciudad autónoma. Este martes entró en vigor el real decreto por el que se ha establecido el mando único, una medida que el Gobierno ceutí pidió desde el minuto uno. Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y exsenador del PSOE, considera que el mando único puede optimizar la gestión y acelerar en lo posible la puesta en marcha de soluciones inmediatas. "Evidentemente, hemos perdido varias semanas, preciosas", apostilla. Entre otras cuestiones, el experto no entiende por qué se rechazó la petición unánime de los políticos ceutíes para activar mecanismos extraordinarios previstos o la tardanza de algunos ministros en personarse en la ciudad. "Sumemos el hecho de que no se ha dotado de medios y recursos extraordinarios a los servicios de Policía y administración de justicia que tienen que gestionar los varios miles de expedientes de retorno, los de acogida y los de traslado en el caso de los menores", explica a este medio. 

Todo esto, opina el experto, ha contribuido decisivamente a esa reacción de violencia que estamos viendo, "al haber una presión constante de discursos xenófobos" por parte de la extrema derecha que han sido incorporados "no solo por Vox, sino también en parte por el PP": "Se ha llegado a utilizar un lenguaje casi bélico, y se piden actuaciones que no solo infringen la legalidad vigente, sino que tratan a todos esos grupos que se encuentran en Ceuta no como personas con derechos, sino como grupos peligrosos que hay que expulsar o incluso eliminar".

Por su parte, Sarrión cree que hay que distinguir entre cómo se gestionó el inicio de la crisis y la reacción actual. De acuerdo a su análisis, los esfuerzos iniciales por transmitir tranquilidad podrían haber sido acertados —teniendo en cuenta el revuelo político interno y global— si la crisis se hubiera cerrado rápidamente. "El problema es que el Gobierno se confió, no estaba preparado para que el problema se prolongase durante semanas y afectase a la convivencia en Ceuta", añade. Además, considera que la presencia del Estado en el terreno debería haber sido mucho mayor desde el principio. 

En cuanto a la reacción de la oposición, al igual que De Lucas, lamenta que estemos viendo cómo se cruzan "líneas rojas que no deberíamos normalizar". "Todos los partidos tienen una responsabilidad enorme en este momento. Se puede exigir al Gobierno que recupere el control, que dé soluciones y que proteja a los ceutíes sin convertir a las personas migrantes en el enemigo", concluye.

El papel de Marruecos y las redes sociales

Otra de las cuestiones que se ha reprochado al Ejecutivo es la ausencia de crítica hacia Rabat. "Sembrar sospechas sobre un gobierno de un país vecino con el que hay que cooperar y con el que hay que tener buenas relaciones de vecindad no es un buen camino", decía Bolaños esta semana recetando a la oposición un curso acelerado de diplomacia básica. Lo cierto es que hasta ahora todo apunta a que detrás de la entrada masiva estaban las redes sociales, aunque las imágenes parecen confirmar que la gendarmería marroquí no opuso gran resistencia los días 30 y 31 de julio, como sí hizo ante el intento de entrada fallido del 15 de agosto.

"Creo que lo que está a nuestro alcance no es tanto establecer inequívocamente la responsabilidad directa de Marruecos en la entrada masiva, sino sostener la verosimilitud de la hipótesis de que, sin el conocimiento por parte de Marruecos de lo que se preparaba, sin la omisión de medidas de control en la parte marroquí de la frontera, en esos dos días, es imposible que ocurriera un acontecimiento de esas dimensiones", analiza De Lucas, que sostiene que es "difícil creer" que 8.000 personas se pongan de acuerdo espontáneamente en acudir el mismo día a Ceuta. También apunta al posible interés de potencias extranjeras en erosionar la imagen de España y sembrar desunión en la UE.

En este sentido, tanto el catedrático como el resto de voces consultadas por este medio insisten en la importancia de tener fronteras seguras. "Es evidente que la externalización de fronteras abre la puerta a estas consecuencias. Cuanto más se amurallan los Estados, más muestran su incapacidad de ser soberanos en asuntos que son de rango global y por lo tanto exceden a la competencia de un solo Estado; incluso de una asociación de Estados como la UE", concluye.

Esta estrategia de política migratoria, además, ha resultado ineficaz para frenar las llegadas irregulares y eventos tan trágicos como el vivido este julio. Las entradas irregulares a través de Ceuta se han multiplicado por cinco, de acuerdo con los datos que periódicamente publica el Ministerio del Interior: han pasado de 753 en 2021 a 3.323 en 2025. En lo que llevamos de 2026 (hasta julio y sin contar la entrada masiva de los días 30 y 31) han sido ya 4.182 personas las que han logrado sortear las concertinas.

Hay desaparecidos y fallecidos sin identificar

Los últimos de los que nadie habla en esta crisis son los fallecidos. Caminando Fronteras cifra en 145 las víctimas mortales de esta crisis migratoria, aunque, según señala a Público Helena Maleno, aún hay un número importante de personas que continúan desaparecidas y que podrían estar o no entre los cadáveres recuperados.

Entierro de varios migrantes en el cementerio musulmán de Ceuta.

El pasado jueves, mientras se producían los disturbios en las playas de Ceuta, en el cementerio de la mezquita de Sidi Embarek se daba sepultura a los últimos once cuerpos que quedaban por enterrar. Solo nueve de los fallecidos rescatados por España han podido ser identificados; el resto descansan en bolsas blancas con un número identificativo. Maleno pide más ayuda para que las familias, especialmente las de terceros países, puedan recuperar los restos mortales, "para lo que sería fundamental la colaboración de los consulados".

Fuente: Público