Las elecciones del domingo miden la resistencia de Berlín al auge de la extrema derecha

 

 Por Àngel Ferrero   

      Periodista. En Moscú después de tres años informando desde Berlín para varios medios.

La Izquierda espera convertir Berlín en una plataforma que sirva para mejorar sus resultados a escala federal, donde actualmente obtiene hasta un 12% en las encuestas de intención de voto

Un joven pasa por delante de los vestigios del Muro de Berlín.

     La victoria de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones en Sajonia-Anhalt ha sacudido los cimientos de la política alemana incluso más de lo que se esperaba.

Ulrich Siegmund, político alemán miembro del Parlamento Regional de Sajonia-Anhalt desde 2016 – Colíder del grupo estatal del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD).

La agresividad en las declaraciones a los medios de comunicación de los principales representantes de AfD durante estos últimos días es claramente mayor y no sólo por los resultados obtenidos: este domingo se celebran elecciones al Senado de Berlín y en el estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y el partido quiere explotar todo lo posible el tirón electoral.

Es difícil que AfD pueda repetir los resultados de Sajonia-Anhalt. En Berlín las encuestas de intención de voto le proporcionan un respetable 18%, mientras que en Mecklemburgo-Pomerania Occidental –otro estado de la antigua República Democrática Alemana (RDA) rezagado económicamente– sería la primera fuerza con entre un 36% y un 37%, pero el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), al que se le pronostica entre un 30% y un 33% de los votos, podría formar un gobierno con La Izquierda (10-12%) y Los Verdes (5-6%). La Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), que tendrá un papel clave en la gobernabilidad de Sajonia-Anhalt, dejaría de tenerlo en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y podría ser extraparlamentaria en Berlín si no logra superar el umbral del 5%.

A pesar de toda la tinta vertida, la escisión nacional-populista de La Izquierda (Die Linke) quedaría a día de hoy fuera del Bundestag, en los estados federados de la antigua Alemania oriental sus porcentajes de intención de voto se mantienen en torno al umbral en el que podría entrar o quedarse fuera, y en los occidentales todavía se alejan más de esa cifra (3%). Por lo demás, BSW ya no forma parte de ninguno de los gobiernos en los que entró: en Brandeburgo gobierna ahora una Gran Coalición y el partido en Turingia ha implosionado por tensiones internas –antes las hubo en Brandeburgo– que podrían muy bien reproducirse en otros sitios tras el voto para elegir al ministro-presidente de Sajonia-Anhalt.

Berlín como antítesis de Sajonia-Anhalt

Las elecciones en Mecklemburgo-Pomerania Occidental –uno de los Länder con menos población y que menos contribuye al PIB del país– tienen poco peso en el conjunto, a diferencia de Berlín, que además es la capital y la sede del gobierno, y tiene por ello un alto valor simbólico.

Aquí la partida es otra, porque el liderazgo se lo disputan La Izquierda, que alcanza entre un 21% y un 23% en las encuestas de intención de voto, y la Unión Cristiano Demócrata (CDU), con entre un 19% y un 20%. Si se mantienen estos resultados, La Izquierda podría gobernar Berlín en una coalición con Los Verdes –que obtienen entre un 15% y un 16% en los sondeos– y los socialdemócratas –entre un 10% y un 15%–, un tripartito conocido como R2G.

Actualmente Die Linke participa en una coalición de gobierno con los socialdemócratas en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y con socialdemócratas y verdes en Bremen, pero una victoria en Berlín supondría su regreso a la presidencia de un Land desde que perdió la de Turingia en las elecciones de 2024. Con todo, los medios locales advierten de que la ultraderecha intentará alzarse con la victoria en un antiguo granero de votos de La Izquierda en Berlín, el distrito de Marzahn-Hellersdorf, de nuevo con la ayuda de los votos de BSW si ésta logra superar el 5%.

La Izquierda lleva meses trabajando cuidadosamente en la campaña de Berlín con un programa centrado en poner fin a la subida de los alquileres, un transporte público accesible y el refuerzo de los servicios públicos. La campaña de su candidata, Elif Eralp, parece seguir, en su forma y en su contenido, la misma estrategia que llevó a La Izquierda a remontar en las encuestas de intención de voto en las elecciones federales de febrero de 2025 y entrar finalmente en el Bundestag con un 8,8%.

La Izquierda de la capital, que en el pasado formó parte de varios gobiernos de Berlín con el SPD –en la legislatura de 2006-2011, con Klaus Wowereit; en la de 2016-2021, con Michael Müller; y en la de 2021-2023, junto con Los Verdes, con Franziska Giffey–, ha sufrido, como en el resto del país, fuertes tensiones internas de las que se presenta ahora libre.

Uno de los nombres más repetidos durante esta campaña es el de Zohran Mamdani como ejemplo de cómo la izquierda puede llegar al poder en los lugares aparentemente más difíciles.

Zohran Mamdani en un mitin político diez días antes de la elecciones.

Los críticos desde la izquierda, no obstante, se han apresurado a señalar que La Izquierda, a diferencia de Mamdani, sigue esquivando la cuestión palestina por miedo a que este tema pueda volver a dividir a sus militantes y a sus votantes, una disputa amplificada por unos medios de comunicación siempre interesados en que esto sea lo que precisamente ocurra agitando el espantajo del antisemitismo.

Debates sobre táctica aparte, La Izquierda espera convertir Berlín en una plataforma que sirva para mejorar sus resultados a escala federal, donde actualmente obtiene hasta un 12% en las encuestas de intención de voto, mejorando su mejor marca electoral hasta la fecha, que fue la de las elecciones al Bundestag de 2009, en las que obtuvo un 11,9%. Buena parte de los partidos de la izquierda europea espera también con interés los resultados de estas elecciones por si una victoria de La Izquierda en Berlín sirve a un mismo tiempo para crear una “isla roja” dentro de una Europa escorada cada vez más a la derecha –como ocurre, a otro nivel, en la ciudad austríaca de Graz– y como impulso a unas izquierdas que siguen sin dar con la fórmula que les permita recobrar fuerza.

La carrera de fondo de AfD

Aunque quede fuera del gobierno en ambas elecciones, la estrategia de AfD se mantiene firme: avanzar y afianzarse. En Mecklemburgo-Pomerania Occidental su crecimiento se ha nutrido, como en el resto de Alemania, del desplome de la CDU, que obtendría un testimonial 6-7% de los votos según los sondeos. La presión sobre el canciller, Friedrich Merz, ha aumentado estos días, en los que se han multplicado de nuevo los rumores sobre su posible dimisión como presidente de la CDU y hasta como canciller. En los medios de comunicación ha vuelto a aparecer el nombre del ministro de Defensa, Boris Pistorius (SPD), como recambio de Merz al frente del gobierno, y los del ministro-presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, y del ministro-presidente de Schleswig-Holstein, Daniel Günther, como futuro líder de la CDU.

En ausencia de una base de apoyo sólida, empero, nadie parece dispuesto a querer dar ese paso por ahora y ponerse al frente de un partido en crisis. La situación podría empeorar a partir de este domingo si La Izquierda consigue ganar en Berlín y la CDU desaparece del Landtag de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, como señalan algunas encuestas de intención de voto. “Si la CDU pierde Berlín, donde ha gobernado hasta ahora, Friedrich Merz será entonces como un boxeador que ha tenido que encajar tres golpes claros”, ha comentado el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Rostock Wolfgang Muno al medio ZDF, “y entonces uno se pregunta si caerá KO o no”.

Todo ello sin tener en cuenta la situación económica: a la sucesión de noticias sobre la crisis de modelo industrial vino a sumarse a comienzos de esta semana la de la subida del combustible en las estaciones de servicio como consecuencia de los últimos acontecimientos en los conflictos en Irán y en Yemen.

Planta de Volkswagen en Osnabrück (Baja Sajonia).

“Un precio del crudo a 100 dólares se traslada en precios más elevados para la gasolina, el diésel, el gasóleo, el keroseno y otros productos derivados”, ha observado el analista Wolfgang Münchau, “un invierno severo podría llevar a un déficit de gas natural en Alemania, donde las reservas se encuentran en niveles históricamente bajos.” Y un precio de 100 dólares el barril, remacha, “no es uno con el que nuestras economías occidentales funcionen sin fricciones.”

A nivel federal la CDU se encuentra a entre 9 y 10 puntos porcentuales en las encuestas de intención de voto de AfD, que bate récords históricos con porcentajes del 29% y del 30%. Su socio de coalición actual, el SPD, sigue con entre un 11% y un 13%, por detrás de Los Verdes, con un 15%, en consonancia acaso con los cambios sociales del país, en los que la tradicional base de votantes de los socialdemócratas ha envejecido y se ha erosionado, mientras que la de Los Verdes –la clase profesional-directiva (PMC) teorizada por John y Barbara Ehrenreich a finales de la década de los setenta– se ha consolidado. La consigna de aportar estabilidad, lejos de favorecer al SPD, empeora sus resultados. Los socialdemócratas se oponen a los recortes al sistema social que los conservadores defienden como necesarios, pero su manifiesta debilidad no los hace aparecer ni como un dique de contención ni como un motor del cambio, sino como sostén de una gestión del declive. De acuerdo con Muno, un gobierno liderado por los socialdemócratas en Mecklemburgo-Pomerania Occidental podría refozar una candidatura de la jefa de su ejecutivo, Manuela Schwesig, a escala federal, con la que, quizás, poder frenar y revertir la caída.

En una entrevista con el medio austríaco de ultraderecha AUF1 publicada el pasado 11 de septiembre, la co-presidenta de AfD, Alice Weidel, exponía algunas de las medidas que su partido llevaría a cabo en caso de llegar a la cancillería, evidenciando que el programa de su partido se encuentra entre los más radicales de todo el espacio de la extrema derecha europea: poner fin a la ayuda financiera a Ucrania y exigir a Kíev que devuelva parte del dinero entregado; expulsar a refugiados ucranianos –especialmente a los varones en edad militar– y a los refugiados sirios; terminar con las contribuciones a la Unión Europea (“vamos a dejar de co-financiar la fiesta para nuestros países vecinos, queremos nuestro dinero de vuelta […] veremos el drama que se producirá en Bruselas y Estrasburgo cuando dejemos de financiar este circo”). Como el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) en el país vecino, AfD parece haber hecho suya la propuesta del escritor fascista Julius Evola de que, para vencer al tigre, la mejor manera es cabalgarlo hasta que se agote.

Pegatina contra Herbert Kickl, líder del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) desde 2021.

Fuente: El Salto

Emmet Doyle (Minnesota 15): “Trump necesita fabricar una conspiración para acabar con toda disidencia”

 

 Por Miguel A. Fernández   

      Periodista que colabora en El Salto y otros medios.

Emmet Doyle es carpintero, músico folk y organizador sindical. El Gobierno de Trump le acusa, junto a otras 14 personas, de ser un terrorista doméstico que mantiene lazos con Antifa. Doyle, con quien hablamos desde El Salto, se encuentra a la espera de juicio, acusado de “conspiración contra el Estado” por haber formado parte de los grupos de vigilancia vecinal que protegían a los migrantes de la persecución del ICE en Minnesota

Emmet Doyle es uno de los acusados en el caso de los 15 de Minnesota.

     El pasado mes de enero, las calles de las ciudades gemelas (Minneapolis y Saint Paul) vivieron semanas de agitación después del despliegue de más de 3.000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos —comúnmente conocido como ICE—, en la operación Metro Surge, con la que el Gobierno federal buscaba detener y deportar a cientos de inmigrantes, en la que iba a ser la “mayor operación de control migratorio jamás realizada” según sus propias palabras.

Manifestación contra la agencia policial de fronteras ICE en Nueva York.

Las protestas se intensificaron tras la muerte a tiros de los activistas Alex Pretti y Renee Good, y desembocaron en una huelga general que paralizó el estado de Minnesota, algo impensable en la historia reciente de los EEUU.

Durante las protestas, la ciudadanía respondió llevando comida y artículos de primera necesidad a las personas que se escondían de las redadas y organizó grupos de vigilancia vecinal que, armados de silbatos y cámaras de móvil, rastreaban los movimientos del ICE y alertaban a los vecinos de su presencia. El Gobierno respondió por su parte presentando numerosos cargos federales por conspiración contra decenas de activistas, sindicalistas y periodistas, e incluso, según documentos judiciales que se han hecho públicos este verano, llegó a poner en marcha una operación de vigilancia e infiltración en organizaciones progresistas, sindicatos y grupos de apoyo.

La operación de infiltración, denominada Puppet Master, tendría como objetivo acabar con lo que las autoridades calificaron de “red de conspiradores que ayudaban a oportunistas violentos y agitadores”.

Es el contexto en el que se enmarca el caso contra las 15 personas –conocidas ya como Minnesota 15— acusadas por la fiscalía de conspirar contra el Gobierno federal mediante diversas acciones, que abarcan desde lanzar trozos de hielo, establecer barricadas u obstaculizar o lesionar a funcionarios federales; a pesar de que hasta ahora no se ha identificado a un solo funcionario federal herido en las protestas—.

A juicio de Doyle, los cargos forman parte de “un procesamiento selectivo como represalia contra actividades protegidas por la Primera Enmienda [aquella que protege las cinco libertades fundamentales: de religión, de expresión, a una prensa libre, de reunión y de petición al gobierno]”. En todo caso, confía en que, una vez que se presenten las pruebas en el juicio, quedará demostrada su inocencia, “tanto moral como legalmente”.

Un grupo heterodoxo

El grupo es diverso, pero las personas que lo componen no concuerdan mucho con el perfil de terroristas que la Administración Trump se ha empeñado en difundir: “Soy carpintero, y entre mis coacusados ​​hay electricistas, sanitarios, educadores, un artista, un vendedor y varias personas cuyas vidas profesionales desconozco, pero que seguramente no son mucho más emocionantes que los oficios que he mencionado. Todos residimos en las ciudades gemelas; no somos 'agitadores externos' como afirma el gobierno. La mayoría de nosotros crecimos en Minnesota o llevamos mucho tiempo viviendo aquí”.

Los aspectos comunes que sí destaca Doyle serían los de la orientación sexual o el activismo de todos ellos: “varios de nosotros formamos parte de la comunidad queer, lo cual es lógico, ya que nuestra ciudad es un refugio para este tipo de personas. De hecho, Renee Good se había mudado aquí recientemente con su esposa. Y casi todos somos organizadores laborales y sindicalistas, y muchos participamos activamente en la organización de la huelga general del invierno pasado. Somos gente trabajadora y miembros de esta comunidad”.

“No se nos procesa por lo que hicimos” continúa Doyle, “porque el gobierno necesita encontrar a alguien a quien presentar como el 'coco' —esa figura aterradora del anarquista y el antifascista— y fabricar una 'conspiración' que sirva para acabar con toda disidencia. Se nos procesa porque creemos que, cuando nuestros seres queridos y vecinos son perseguidos por el gobierno, es nuestro derecho y nuestra responsabilidad actuar en defensa de nuestra comunidad. Esa idea resulta profundamente peligrosa para un gobierno que se basa en el miedo, la división y la desconfianza para consolidar su poder sobre nosotros.

Una de las cosas más llamativas del caso es el argumento de los “lazos” de estas personas con “Antifa” que no es una organización como tal, pues no cuenta con estructura formal, ni registro de miembros, y en todo caso se trataría más bien una corriente ideológica. Pese a ello, en septiembre del año pasado, y después del asesinato del agitador ultraderechista Charlie Kirk, Trump aprovechaba el aquelarre macartista para aventar el espantajo de “una organización militarista y anarquista que aboga explícitamente por el derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos, las fuerzas del orden y nuestro sistema legal [y que] utiliza medios ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia y terrorismo a nivel nacional con el fin de lograr estos objetivos”.

Expertos en derecho constitucional y libertades civiles recuerdan que en Estados Unidos no es delito pertenecer a una ideología o movimiento social y que sólo se podrían perseguir delitos individuales específicos, no corrientes de pensamiento. Señalan igualmente, que, aunque Donald Trump hubiera firmado una orden ejecutiva el año pasado para calificar a “Antifa” como organización terrorista doméstica, este tipo de decretos carecen de un sustento estatutario firme.

“No existe fundamento jurídico para esta acusación, pero la administración Trump opera en un terreno de ficción jurídica” opina Doyle. “Hay una tira cómica estadounidense llamada Calvin & Hobbes, en la que el niño, Calvin, juega a un juego llamado Calvinball, en el que las reglas se inventan sobre la marcha. Trump, como oligarca parásito surgido de los rincones más turbios de Wall Street, está acostumbrado a salirse con la suya sin consecuencias, ya sea en sus negocios, en los contratos que ha incumplido, con las mujeres y los niños a los que ha maltratado, o en su trato hacia nuestra gente, sus leyes y su Constitución: como si fueran una víctima más cuyos límites puede transgredir para obtener lo que quiera”.

El activista menciona la orden NSPM-7 [Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7], que ordena a las fuerzas del orden en sus diferentes niveles a coordinarse para obstaculizar la actividad política de aquellos considerados antiamericanos; una categoría que puede incluir a anticapitalistas, antifascistas, feministas, personas queer y a quienes en general puedan disentir de las políticas de su administración: “el objetivo es identificar a presuntos antifascistas y exhibirlos ante los medios para demonizarlos y atemorizar al público, y luego utilizar supuestos vínculos financieros con sindicatos y organizaciones sin fines de lucro para desmantelar y criminalizar a las instituciones progresistas de nuestra sociedad civil”.

El proceso contra los ‘15 de Minnesota’ sería pues, un aviso a navegantes con el que disuadir a la contestación a pie de calle: “sí, esa es precisamente la intención, o al menos uno de los objetivos, intimidar a la gente para que no oponga resistencia. Al atacar a activistas y sindicalistas, esperan neutralizar cualquier intento de organizar otra huelga general o más acciones sindicales en el futuro. También esperan encontrar pruebas —aunque no existen— que sugieran que los sindicatos brindaron apoyo organizativo o financiero a la resistencia contra el ICE, como la de las redes de respuesta rápida. Estas fueron, de hecho, iniciativas de base autoorganizadas que no contaban con un liderazgo establecido ni con una fuente de financiación. No logran comprender por qué la gente se organizaría para defender a sus vecinos de la violencia estatal. Esto se debe a que las acciones de los cientos de miles de personas que resisten requieren empatía, valentía y un sentido de responsabilidad hacia la justicia y los derechos de los demás, algo que nuestros perseguidores no poseen ni comprenden”.

El caso de Minnesota representa el último intento del Departamento de Justicia estadounidense por criminalizar cualquier acción opositora. Antes, manifestantes de Chicago y Spokane, en el estado de Washington, se enfrentaron a cargos similares con resultados dispares; el caso de Chicago fue desestimado por mala conducta de la fiscalía, mientras que los manifestantes de Spokane, acusados de formar una barrera humana para bloquear un autobús del ICE, fueron condenados y se enfrentan una pena de seis años de prisión. Y en junio, otro grupo de activistas ha sido sentenciado a condenas de entre 30 y 100 años de cárcel después de participar en una acción de protesta frente al centro de detención de inmigrantes de Prairieland, una cárcel del ICE en Texas, en la cual se lanzaron fuegos artificiales y en la que un oficial de policía resultó herido de bala. Entre los condenados está el dibujante “Des” Sánchez-Estrada, que, pese a no participar en las protestas, fue acusado por el hecho de transportar una caja con fanzines y libros de temática antifascista.

Apoyo a las personas condenadas por cargos de terrorismo en Texas.

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“Confío plenamente en nuestras perspectivas legales. Cada vez que recibimos el material probatorio [las supuestas pruebas de la fiscalía] parece revelarse muy poca evidencia de que hayamos cometido algún delito. Como no soy abogado, no hablaré de las estrategias de defensa de nuestro equipo, pero en lo más profundo de mi ser, creo que seré un hombre libre. Sin embargo, si no fuera así, eso no supondría ninguna victoria para mi gobierno. No detendrá las protestas ni la resistencia contra ellos ni por un instante. Además, ¿realmente quieren encarcelar a un cantante de música folk y hacer que la gente quiera escuchar mis canciones aún más? ¿Realmente quieren enviar a un grupo de organizadores sindicales a ese campo de trabajos forzados en que se ha convertido el sistema penitenciario estadounidense, donde los reclusos ya se están organizando y declarando en huelga? Sería un honor organizar a la gente en las prisiones de Estados Unidos, si no tuviera tanto que hacer fuera de ellas”.

Desde el inicio del proceso, la solidaridad de la comunidad progresista de las ciudades gemelas ha sido abrumadora, como sigue explicándonos Doyle: “Desde el momento en que salí de la cárcel tras mi lectura de cargos, he recibido un nivel de apoyo y afecto que supera todo lo que jamás imaginé. En mi frigorífico siempre hay comida casera que alguien ha traído. Han surgido músicos dispuestos a ofrecer conciertos benéficos para nosotros, abogados para representarnos y terapeutas para ayudarnos a gestionar el miedo y el impacto de descubrir que estábamos bajo una vigilancia tan intensa; y así sucesivamente. Lejos de intimidar a la gente, nuestro caso ha insuflado nuevo oxígeno a las brasas del invierno pasado, reactivando la movilización. Ha recordado a la población que el ICE sigue aquí, que sigue llevándose a personas y que nos están procesando para debilitar la resistencia de cara a la próxima vez que vuelvan a ocuparnos”.

“Es evidente que el gobierno esperaba que, al tacharnos de 'oportunistas violentos' que secuestraron protestas legítimas, lograría abrir una brecha entre nosotros y los manifestantes más 'respetables'. Esta es una estrategia que también los gobiernos municipales liberales, alineados con el Partido Demócrata, han utilizado una y otra vez contra sectores antiautoritarios, trabajadores en huelgas combativas, jóvenes negros del movimiento Black Lives Matter y otros manifestantes. El objetivo es dividir el movimiento, privar a los manifestantes más radicales de la solidaridad y el apoyo de los demás, mientras se ofrece un asiento en la mesa y algunas concesiones limitadas y simbólicas a los líderes de la facción moderada”.

Emmet Doyle, de los 15 de Minnesota.

“Sin embargo”, continúa el activista, “la administración Trump no quiere ofrecer un asiento a los moderados ni hacer concesiones, siquiera de carácter simbólico. Se trata de un régimen basado en el espectáculo, incapaz de mejorar las condiciones materiales de vida general del pueblo estadounidense y que, en su lugar, se apoya en ofrecer a cierta parte de la población (especialmente blancos, hombres y cristianos) una sensación de orgullo moral y psicológico. Por eso, para ellos, las concesiones simbólicas resultan aún más peligrosas que las reales. El régimen de Trump es tan hostil hacia cualquiera que no pertenezca al bando MAGA —que, por cierto, purga a sus propios seguidores ante cualquier sospecha de deslealtad— que no puede cooptar ni comprar a la oposición y tampoco puede dividirla fácilmente para devorarla pieza a pieza”.

“Más allá de eso, creo que las experiencias vividas bajo las dos administraciones de Trump, así como durante la administración de Biden han demostrado que el retroceso democrático hacia el fascismo no puede combatirse con cortesía, bipartidismo ni espíritu de conciliación. A nuestros vecinos y a nuestra comunidad no les importa si el gobierno nos tilda de antifa, comunistas o anarquistas. Nos conocen: somos sus vecinos y compañeros de trabajo. Saben que, si este gobierno nos acusa de resistirnos a él con uñas y dientes, nos está acusando de algo noble”.

Como demuestran los casos de Chicago, Spokane, Prairieland, y ahora el de los Minnesota 15, corren tiempos oscuros para la izquierda en Estados Unidos, —especialmente para aquella más combativa—: el Gobierno da pasos acelerados hacia un autoritarismo cesarista –cuando no puramente fascista— y no parece que el trumpismo vaya a acabar con la salida del narcisista que ocupa la Casa Blanca –si no ocurre nada inesperado, este debería ser su último mandato—.

Pese a todo, y aunque Doyle es crítico con la situación actual que atraviesa el país, no pierde el optimismo: “Trump no creó lo que llamamos trumpismo. Existe una facción de nuestra clase dominante —representada por figuras como Elon Musk o Peter Thiel— que busca frenar cualquier mecanismo de rendición de cuentas democrática, por débil que sea. Y hay una base social que ve con resentimiento los derechos y la visibilidad crecientes de las personas queer, los avances de las mujeres en materia de libertad desde la segunda ola del feminismo y los derechos civiles conquistados por personas negras, mestizas e indígenas que han exigido responsabilidades por el terror infligido a sus comunidades. Estas élites corporativas se han valido de Trump y del séquito de oportunistas y advenedizos que lo rodean para consolidar una coalición reaccionaria que les permite impulsar aspectos clave de su agenda y, al mismo tiempo, facilita que otros socios de la coalición —como los partidarios de políticas bélicas imperialistas y los nacionalistas blancos agraviados— promuevan también sus propias iniciativas.

“Estados Unidos se debate entre dos legados. Por un lado, ha intentado ser una ciudad en la colina, donde la libertad renace y los oprimidos y desdichados del Viejo Mundo pueden fundar una tierra de igualdad y libertad. Por otro lado, una nación construida sobre las tumbas profanadas y los restos masacrados de pueblos a los que desposeímos y confinamos en reservas; una nación cuya inmensa riqueza algodonera jamás pudo absorber la sangre de los seres humanos esclavizados cuyo trabajo hizo posible cultivar ese algodón. Una nación edificada por una clase trabajadora inmigrante cuyos sueños de emancipación laboral fueron aplastados durante los dos grandes Pánicos Rojos y bajo un régimen de terror blanco. Somos una nación de muchas Harriet Tubman, John Brown, Little Crow, Toro Sentado, Joe Hill, Martin Luther King, Malcolm X y otros héroes; pero también de muchos Andrew Jackson, Robert E. Lee, Nathan Bedford Forrest, George Armstrong Custer, J. Edgar Hoover y Donald Trump”.

“El fascismo es un culto a la muerte; demasiado violento y opresivo para estabilizar la sociedad y gobernarla a largo plazo. Siempre fracasa, ya se le detenga en seco —como ocurrió en Cable Street—, que se le derribe tras una larga lucha —como cuando cayó el Reichstag— o que se le soporte mediante un sacrificio heroico hasta lograr derrocarlo —como sucedió en España—. En Estados Unidos, el reloj ha superado con creces el momento de Cable Street, pero aún no ha marcado la hora de obligar a toda resistencia a pasar a la clandestinidad. Las tradiciones de resistencia en esta tierra son anteriores a la existencia misma del país; un país nacido de la rebelión y de la apropiación de dicha rebelión por parte de terratenientes y comerciantes. El legado que nos dejaron los esclavos rebeldes y los cimarrones, los pueblos indígenas que defendieron sus tierras frente al colonialismo, los trabajadores en huelga que mantuvieron barricadas en nuestras ciudades, los manifestantes por los derechos civiles, el movimiento antibélico, nuestras madres feministas y nuestros mayores queer: nada de esto será fácil de desarraigar. Aquí, en el Medio Oeste, el fuego es parte natural de nuestro paisaje. Arrasa las praderas y puede devorarlo todo a su paso, dejando tallos ennegrecidos que se pudren sobre la capa superficial del suelo. Pero la pradera posee raíces profundas y semillas que se nutren de las cenizas; siempre vuelve a brotar” concluye Doyle.

Fuente: El Salto

¿Son Meta y Mark Zuckerberg legalmente responsables por la muerte de más de 145 personas en Ceuta?

 

 Por Aitor Jiménez   

      Escribe, investiga y enseña sobre derecho, capitalismo, punitivismo y tecnología en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y el Instituto Internacional de Sociología Jurídica.

Meta y Marck Zuckerberg podrían ser responsables legales por el masivo cruce irregular de la frontera española y la muerte de 145 personas, pudiendo responder con hasta un 6% de la facturación mundial anual de Meta, o penas de hasta ocho años de prisión para el CEO

Cementerio musulmán cercano a la mezquita Sidi Embarek.

     El 31 de julio, alrededor de 75.000 personas cruzaron de manera irregular la frontera de Ceuta. El enclave español en el norte de África, de poco más de 89.000 habitantes y apenas 19,87 kilómetros cuadrados, se vio inmediatamente desbordado social, asistencial y políticamente. De manera aún más grave, más de 140 personas fallecieron tratando de cruzar la frontera a nado. Más allá de las iniciales y diferentes versiones ministeriales e institucionales, de las interpretaciones políticas, o de cuándo y cómo fueron alertados los servicios policiales, militares y de inteligencia del Estado español, hay hechos fundamentales que comienzan a clarificarse.

Carretera en la playa de La Almadraba cercana a El Tarajal y la frontera.

Lo primero y fundamental es la confirmación de que el cruce masivo no fue un hecho espontáneo. Tampoco fue operado (exclusivamente) por mafias locales: contó con la complicidad, por acción e inacción, de las fuerzas de seguridad marroquíes. Y, lo que es más importante, fue organizado, viralizado y gestionado fundamentalmente a través de redes sociales vinculadas al grupo Meta, especialmente Instagram, WhatsApp y Facebook. En estas redes se viralizó la idea de la facilidad del cruce, la tolerancia de las autoridades españolas y de una laguna legal que permitiría la entrada y permanencia en territorio europeo a aquellos que cruzaran a nado.

La pregunta que resuena desde multitud de ángulos es clara: ¿quiénes son los responsables de las muertes y de los altísimos costos sociales, humanos y políticos de esta crisis migratoria? El Gobierno español ya habla de un ataque híbrido con fines de desestabilización, mientras que, a nivel europeo, periodistas, activistas y especialistas como Petra Molnar y Liz Carolan ya lo identifican como un ataque basado en la desinformación.

El 30 de agosto de 2026, en Ceuta (España), se produjo una gran concentración de barcos y motocicletas en apoyo a los habitantes de la ciudad.

Si bien parece poco probable que, a corto o incluso medio plazo, pueda determinarse quiénes son los responsables últimos que promovieron este ataque, existen evidencias claras que señalan al medio necesario para que el masivo cruce irregular y la subsiguiente tragedia humanitaria tuvieran lugar: las plataformas digitales de Meta.

Esto no son meras suposiciones: son datos. El 11 de agosto se revelaba que la Comisión Europea había abierto un canal directo con Meta y TikTok para tratar de contener la crisis (evidencia, por otro lado, de la asimetría de poder de países pequeños y medianos y gigantes digitales).

Soldados españoles se preparan para escoltar a migrantes de regreso a Marruecos, en Ceuta, España, el 2 de agosto de 2026.

Progresivamente tuvieron lugar tanto filtraciones como desclasificación gubernamental de las investigaciones policiales, confirmando el conocimiento de los servicios policiales y de inteligencia de una campaña de desinformación promovida a través de las redes de Meta con la finalidad de provocar una avalancha migratoria.

En otras palabras, tanto el Estado español como la Unión Europea cuentan con algo más que indicios para situar a Meta en el centro de la crisis política y humanitaria. Y no únicamente como interlocutor, sino como potencial responsable administrativo y, posiblemente, también penal, civil y político.

La Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés) es el marco regulatorio europeo para el gobierno de las plataformas digitales. Define e identifica a las plataformas en línea y los motores de búsqueda de muy gran tamaño como las que cuentan con más de 45 millones de usuarios.

La ley los reconoce como un agente social de gran relevancia y potencial impacto, imponiéndoles un régimen de deberes. Por ejemplo, en los artículos 34 y 35 de la DSA se describe que las corporaciones están legalmente obligadas a realizar evaluaciones de riesgo obligatorias y a aplicar medidas de mitigación frente a los llamados “riesgos sistémicos”, incluyendo la difusión de contenidos ilícitos, la manipulación del servicio y las amenazas al orden y la seguridad pública.

La DSA marca las consecuencias del incumplimiento. Por ejemplo, el artículo 52 de la DSA permite imponer sanciones administrativas de hasta el 6 % de su facturación global anual. La DSA deja amplios márgenes para que las corporaciones eludan su responsabilidad. No obstante, es potencialmente útil para lidiar con los casos más flagrantes de diseminación de contenidos peligrosos, ya sean información, productos como en los recientes casos de Temu o AliExpress, sancionados con 200 y 550 millones de euros por la Comisión Europea, respectivamente.

La DSA no es una legislación radical, es el resultado de duras pugnas, litigios y desarrollos políticos fuertemente disputados por el lobby internacional corporativo, que ha venido descafeinando cada intento regulatorio en la UE y en Estados Unidos, persiguiendo blindar la irresponsabilidad corporativa. Pero incluso en un momento político más proclive al nacionalismo tecnológico y al capitalismo de Estado, administraciones como la europea, la china o la estadounidense buscan poner límites a determinadas formas de abuso corporativo que ponen en peligro el tejido social. Por ejemplo, Meta se ha comprometido a pagar 18 billones de dólares a diversos territorios de los Estados Unidos tras una denuncia colectiva donde se acusaba a las plataformas no solo de violar la normativa sobre privacidad o menores, sino de diseñar plataformas dañinas, psicológica y socialmente, para estos.

Por estas razones, los gigantes digitales han desarrollado poderosos mecanismos para vigilar y controlar las redes. Herramientas que han utilizado de manera indiscriminada, por ejemplo, para penalizar la resistencia y movilizaciones en solidaridad con las víctimas del genocidio sionista de Israel en Palestina, o con las Hirak al-Rif (Revuelta del Rif) en Marruecos.

Una nueva investigación revela la supresión sistemática de contenido digital palestino en diversas plataformas de metadatos.

Parece poco creíble concebir que Meta no tuviera constancia del contenido vertido en sus redes en grupos de cientos de miles de usuarios, organizados y estructurados en idiomas familiares para esta compañía. Según la normativa europea, el Estado español y la Comisión Europea tienen canales directos de comunicación para movilizar esta maquinaria administrativa de vistoso músculo punitivo-económico.

Si el Estado español quisiera activar la vía penal, buscando, por ejemplo, discernir la responsabilidad de su CEO, Mark Zuckerberg, podría hacerlo a través del artículo 318 bis del Código Penal, relativo al tráfico ilegal de personas y a la facilitación de la inmigración clandestina. El Estado español no ha tenido escrúpulos en usarlo contra activistas y migrantes, acusándolos de componer mafias. Quizás, en esta ocasión, pudiera movilizarlo para poder abrir una vía de castigo y restitución a una corporación poderosa señalada directamente por las propias fuerzas y cuerpos de seguridad españolas.

No sería un camino fácil. La puesta en marcha de herramientas penales para perseguir a una corporación global con sede central y CEO en otra jurisdicción, incluso, por las consecuencias asesinas de sus plataformas sería un proceso complejo. Los marcos regulatorios nacionales e internacionales están diseñados para escudar los actos corporativos, a los ejecutivos responsables, y al accionariado que se lucra bajo un escudo de irresponsabilidad.

La empresa criminal. Por qué las corporaciones deben ser abolidas.

El derecho opera como código del capital, facilitando la circulación de bienes, y la explotación de la naturaleza y de la fuerza de trabajo. Incluso cuando las corporaciones perpetran o incitan a crímenes brutales que afectan a millones de personas, sus actos son reconducidos por la vía administrativa, en este caso la Ley de Servicios Digitales. Pero siempre hay margen para la actuación. Después de todo, el tribunal de excepción español de referencia y uno de los custodios fundamentales del “Estado Feroz”, la Audiencia Nacional tendría capacidad, recursos y lo que es más importante competencia, para iniciar tal singladura.

Quizás no lleguemos a saber nunca quiénes diseñaron el plan de desestabilización y deshumanización masiva de Ceuta que resultó en la tragedia sin fin que conocemos. Pero al menos contamos con las herramientas necesarias para señalar, identificar y potencialmente sancionar a esos poderosos cómplices de la muerte de 145 personas y del sufrimiento de decenas de miles, incluyendo las que siguen acampadas  en condiciones precarias y las que han visto su cotidianidad sacudida. 

Es evidente que el derecho y la arquitectura jurídica de las democracias liberales no están hechas para cambios profundos, ni siquiera para establecer la justicia social que muchas entendemos como compás necesario. Tampoco creo que la respuesta penal ni la cárcel sean la solución a problemas estructurales de alcance global. No cabe duda de que el escenario de fondo son las múltiples y complejas capas de imperialismo, colonialismo, régimen de fronteras y dependencia tecnológica, encarnados todos ellos en la tecnologizada e hipervigilada frontera sur. Solo una transformación profunda podrá darles respuesta. Pero, como he argumentado en otros lugares, dar pequeños pasos, como considerar como criminales (y no administrativas) las prácticas rutinarias de corporaciones capitalistas, y hacerlas cuanto menos responsables de sus actos brutales, puede acercarnos, si no a un cambio profundo, sí al menos a un giro del guión.

Los crímenes del capitalismo digital. Delitos corporativos en una era de explotación.

Para empezar, esta narrativa podría servir para dejar de acusar, perseguir y criminalizar la pobreza y comenzar a  señalar a los poderosos responsables que la orquestan. Y quién sabe, quizás esa sanción del 6% pueda servir sino para paliar el dolor, al menos para señalar que la impunidad de los oligarcas tecnológicos no es total.

Fuente: El Salto