viernes, 20 de noviembre de 2026

Vuelven las movilizaciones por la vivienda, el coste de la vida, la educación y los servicios públicos

 


En Madrid, Barcelona y centenares de ciudades están previstas manifestaciones este sábado 21 de noviembre en el marco de una movilización europea contra el “aumento desbocado del coste de la vida” y una huelga estudiantil en 24 países.

      El próximo sábado 21 de noviembre Madrid y Barcelona vuelven a las calles para denunciar el aumento del coste de la vida en una movilización de dimensión europea que también llegará a Francia, Reino Unido, Grecia, Portugal, Italia y Bélgica. En total, se han convocado cerca de 600 acciones en toda Europa para los días 20, 21 y 22 de noviembre bajo el lema “People over profit” (“La vida por encima del beneficio”).

En Madrid, el Sindicato de Inquilinas se unirá la manifestación ya convocada de la Mareas de Residencias que saldrá a las 12h de Cibeles para terminar en Sol. En Barcelona, a la misma hora, se unirá un bloque de vivienda a la manifestación convocada previamente por la Assemblea Educativa de Catalunya en la plaza Urquinaona, paso previo a la huelga docente convocada para el 26 de noviembre. Por la tarde, a las 19h, el Sindicat d’Inquilines d’Alacant se une a la Marxa de Torxes contra la violencia machista desde la plaza Calvo Sotelo. En València, el domingo 22 la Taula d’Habitatge (Mesa por la vivienda) ha convocado una manifestación a las 19h, en la Plaza de la Virgen, para exigir la libertad de los huelguistas presos y detenidos. También habrá manifestaciones en Zaragoza y Castellò.


Huelga general por la vivienda en Granada el pasado 11N. Jaime Cinca.

Las movilizaciones contra el aumento del coste de la vida y por los servicios públicos recorrerán un centenar de ciudades en toda Europa y tendrán un significado especial en el Estado español, en el marco de un proceso electoral donde el bloque de la derecha y la extrema derecha parte como favorito. A las demandas de vivienda, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas suma la derogación de la Ley Mordaza y una muestra de rechazo a la espiral represiva del Estado a la huelga del 11N.

Para los sindicatos de inquilinas, el uso de la prisión provisional contra huelguistas “no responde a ningún riesgo procesal”, sino a una voluntad disuasoria: “La prisión provisional debería ser excepcional y se está usando de forma indiscriminada para mandar un mensaje a quien se organiza. El mensaje es: quédate en casa. Pero la casa es precisamente lo que no tenemos garantizado”, señala Aldo Reverte, portavoz de la confederación.

La movilización europea parte de un encuentro en París el pasado 3 de noviembre que fue impulsado por la Confederación de Sindicatos de Inquilinos del Estado español. Participaron del encuentro una buena representación del tejido social francés: la coordinación de los Chalecos Amarillos, la Union Syndicale Lycéenne, la CGT francesa, Solidaires o Droit au Logement. También participaron del encuentro e impulsan las jornadas de lucha organizaciones europeas por la vivienda, como es el caso de London Renters Union o Greater Manchester Tenants Union (Reino Unido), el Sindicato de Moradoras de Lisboa (Portugal), el barrio okupado de Prosfygika (Grecia) o Unione Sindacale di Base – Associazione Inquilini e Abitanti (Italia).

“Somos las que nos negamos a rendirnos ante gobiernos al servicio de la clase capitalista. No vamos a permitir que avancen nuevas formas de fascismo. Nos negamos a aceptar un mundo en el que la mayoría social no puede vivir con dignidad”, proclamaban en un comunicado conjunto.

La convocatoria europea coincide en fecha con el lanzamiento de la huelga estudiantil europea (Young International Strike), que movilizará miles de jóvenes en 24 países.


20N Huelga Estudiantil europea.

Las jornadas están impulsadas por unas sesenta organizaciones estudiantiles, entre ellas, el Sindicato de Estudiantes en España.


20N HUELGA ESTUDIANTIL EUROPEA.

Los colectivos juveniles de buena parte de Europa llaman a vaciar las aulas el viernes 20 en defensa de la educación pública y contra el militarismo. El 20N esta organización juvenil ha convocado huelga educativa y movilizaciones en 27 ciudades del Estado español a las 12h.



Fuente: El Salto

miércoles, 18 de noviembre de 2026

Apología de lo abyecto

 

 Por Karima Ziali   
      Escritora, filósofa y antropóloga. Nacida en Marruecos y criada en Catalunya, se dedicó a la docencia hasta que decidió tomarse en serio como escritora e investigadora.


Lo primero que ha hecho el flamante senador de Michigan, Abdulrahman Muhammad El-Sayed, una vez elegido, ha sido pronunciar su nombre con todas y cada una de sus letras y sonoridades.


Abdul El-Sayed celebra su elección como senador por Michigan junto a su esposa Sarah.


     Judith Butler dijo que apropiarse de los términos con los que nos injurian permite subvertir los propósitos originarios de dominación. Y este acto casi mágico –Butler lo denomina re-citación o re-significación– es justo lo que ha cristalizado en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. El senador electo por Michigan, Abdulrahman Muhammad El-Sayed, ha hecho suya la fricción abyecta que pesaba sobre su nombre: la ha desarticulado con la entereza que requiere de un sentido del humor sagaz y elocuente. En efecto, tergiversar su nombre ha sido el arma política de Trump y compañía, pero al subrayar su incapacidad por pronunciarlo, El-Sayed ha revelado que regodearse en la ignorancia no puede ser motivo de orgullo personal (tampoco colectivo). Lo primero que ha hecho el flamante senador de Michigan, una vez conocido su nuevo cargo electo, ha sido pronunciar su nombre con todas y cada una de sus letras y sonoridades. Nombrarse de esta forma es todo un acto político de apología de lo abyecto.

El-Sayed es uno de los rostros que ha logrado transformar los cuerpos inhabitables, inviables e inasumibles en fisonomías que desplazan y redefinen los términos bajo los cuales la sociedad reconoce un cuerpo que importa, una vida vivible, un sujeto inteligible. De lo abyecto, es decir, de los rasgos árabes, del tono marrón tirando a oscuro, del pelo afro, del hiyab cubriendo el cabello y de la barba sospechosa, a la expansión de los límites que permiten crear fisuras internas del propio orden social y político. ¿Es una ingenuidad sostener que El-Sayed logra desplazar esa rigidez normativa que impedía imaginarlo en el poder, sabiendo que desde su nombre hasta su fisonomía han sido la munición histórica de la abyección?

Cierto sentido común nos dice que la resistencia al orden social y político pasan por una huida a tiempo, una fuga que revierta la constricción del poder sobre nosotros. Me pregunto si se puede escapar del orden y de su poder sin caer en la trampa de la detestable apatía. Para Michel Foucault es imposible: el poder que nos constriñe es, simultáneamente, el poder que nos constituye. O sea, el poder produce la realidad en la que vivimos, donde nos relacionamos, aprendemos, sabemos, decimos, callamos, sentimos… El poder nos hace. Y, tal vez, la ingenuidad es pensar que no tenemos nada que ver con el poder o que podemos rehuirlo de manera idílica.

Pues bien, El-Sayed es cuanto menos, una invitación a reflexionar sobre las posibilidades de subvertir el poder desde dentro, aun cuando uno haya sido considerado y leído (desde este mismo poder) como lo socialmente abyecto. El poder, por lo tanto, puede ser agrietado por quienes habían sido narrados como enemigos viscerales del orden. ¿Nos acordamos cuando Barack H. Obama ganó las elecciones allá por 2008? La abyección que pesaba sobre él desde el orden social y político estadounidense se reducía a dos asuntos: su negritud y ese segundo nombre difícil de digerir: Hussein.

Han pasado dieciocho años desde ese momento. La maquinaria de la abyección volvió no solo a reiterarnos que la normalidad le pertenece al sujeto blanco de nombre anglosajón, sino a engrasar la idea de que esta naturalidad fosilizada solo se sostiene sobre la expulsión violenta de todo aquello que no se ajuste al ideal regulatorio. Los cuerpos abyectos son existencias sostenidas a una distancia paradójica: lo suficientemente lejos para impedir un contacto contaminante, pero lo bastante cerca como para definir los contornos de la normalidad y la identidad de un grupo. Amenaza y necesidad; lo abyecto está negado por naturaleza al ejercicio de un bien común. El-Sayed es senador y es musulmán. Pero es esta última etiqueta (si bien me atrevo a decir que no es problemática para su fuero interno) la que está presente en cada titular, en cada entrevista, en cada referencia a él: se trata de recordar que es esto y solo esto lo que puede hacerlo sospechoso de no gobernar más allá de sus intereses siempre abyectos, siempre reprensibles.

Lo abyecto es por lo tanto el cimiento del conflicto y la tiranía, porque no contempla la construcción de una vida social en común. Cuando Zohran Mamdani fue elegido alcalde de Nueva York, la consigna para subrayar su abyección consistía en que iba a llevar a cabo una repoblación musulmana en la ciudad. Por suerte, el humor hizo de nuevo el trabajo épico de transformar el sinsentido en una parodia mordaz y el término “Mamdanistan” fue acuñado por los seguidores del alcalde para devolver el poder a lo que era presentado como abyecto. En la misma línea, decía ente risas El-Sayed, “Do not believe the people who say I'm for Sharia law, I'm for shawarma law” (No te creas a la gente que dice que apoyo la ley de la Sharía, yo apoyo la ley Shawarma).

Pero la reiteración a pico y pala de los mantras de la abyección –capital sacrosanto de los discursos populistas en todas sus formas– demuestra precisamente que, si deben ser repetidos, subrayados y constantemente recordados, se debe a su extrema debilidad. Se necesita mucha masilla para sostener una edificación en la que solo pretenden vivir unos pocos.

Por fortuna, pero también por la fuerza intrínseca con la que se van cargando todas las vidas repudiables, los espacios abyectos han aprendido a latir en un espacio asfixiante. Permanecen de forma latente dentro del orden social que los rechaza y los expulsa, poniendo en jaque sus límites seguros, sus fronteras tan bien valladas y vigiladas. No existe un orden social que pueda vivir atrincherado con la abyección que ha construido en su interior sin que le estalle entre las manos.

Y creo que el estallido se ha producido de la forma más profunda y reveladora posible. Es probable que esto es lo que moleste en algunos mundos políticos de la derecha y sus extremos: que la transformación de un orden político y por qué no, de una conciencia social, haya venido de la mano de aquellos a quienes siempre han señalado como lo incivilizado, lo enemigo, lo que viene a invadirnos, lo que viene a ocuparnos, lo que viene a destruirnos. En definitiva, lo que perturba es que quienes fueron confinados a la abyección hayan desbordado las vestiduras del poder desde dentro; operando como sujetos políticos, apropiándose del lenguaje, ocupando el espacio público y orientando su discurso hacia un horizonte colectivo. Judith Butler tenía razón: hay una ilusión romántica en creer que desde fuera uno puede subvertir las normas. Pues bien, El-Sayed, con su camiseta negra de algodón, ha descentrado el centro del poder: al nombrarse ha hecho habitables y legibles todos nuestros nombres abyectos.



Fuente: Ctxt

¿Y después de la huelga, qué?

 

 Por Nuria Alabao   
      Periodista y doctora en Antropología Social. Investigadora especializada en el tratamiento de las cuestiones de género en las nuevas extremas derechas.



Esta es una carrera de fondo que se juega en la capacidad de sostener unas movilizaciones que se alimentan del malestar general, combustible de las protestas.


Portavoces del Sindicato de Inquilinas durante el desahucio de Maricarmen en Madrid. Dani Gago.


     Venimos de una serie de fogonazos que han hecho estallar la calle en protestas masivas en torno a la cuestión de la vivienda –aunque no solo–. Si bien el seguimiento de la huelga general fue irregular dependiendo del sector o del territorio, la jornada de lucha del mismo 11N fue multitudinaria y explosiva, con cortes de calles y piquetes que desplegaron energías militantes que no veíamos desde hace tiempo. En conjunto se interpreta como el inicio de un nuevo ciclo de movilización.

También contamos en esta historia con cargas policiales injustificadas y completamente desproporcionadas como la de Madrid, destinada a limpiar la calle de manera preventiva. Se han desalojado las acampadas de Madrid y Barcelona y se ha detenido al menos a un centenar de personas, de las que al menos cuatro se encuentran en prisión preventiva. Un colofón represivo incomprensible al que se suma el contexto electoral de “todos contra la derecha”. Nos encontramos en una suerte de impasse hasta después de las elecciones. Pero después, ¿continuarán las movilizaciones, y cómo? ¿Y los intentos de apropiación partidaria de las movilizaciones? ¿Qué significaría escalar la lucha? No son respuestas sencillas pero lanzamos aquí algunas ideas para el debate.

El malestar va a continuar

Se compara mucho este ciclo con el 15M, cuyas consecuencias políticas alumbraron a los partidos del cambio –hoy en decadencia– e incluso vieron nacer a Sánchez, la traducción de la sacudida política quincemayista en el PSOE: ese outsider que se rebeló contra la vieja guardia socialista y que traía un programa de regeneración democrática acorde con los tiempos. Durante sus ocho años en el Gobierno ha habido protestas de muy diverso signo –algunas de derechas–, pero nada tan masivo como esta escalada de contestación social en torno a la vivienda. Es cierto que durante el 15M se vivía un contexto de crisis aguda y sus consecuencias en forma de desempleo y recortes dieron paso a nuevas formas de radicalidad política, y a un movimiento difícil de interpretar según las coordenadas políticas tradicionales.

Hoy la situación económica es muy diferente, y las movilizaciones también tienen que serlo. El momento es ambivalente. Hay crecimiento económico y récord de empleo, a lo que acompaña un aumento de la oferta de empleo público –entre 2018 y 2025 el Gobierno convocó una media de 32.500 plazas públicas al año, que triplica la del Gobierno de Rajoy–. Pero los servicios públicos empeoran por la gestión neoliberal y los recortes: las listas de espera para operaciones se sitúan en cifras récord. También está muy presente la inflación que afecta al nivel de vida. Casi un 11 % de la población dice que no llega a fin de mes y un 33,5 % que llegan justos, aunque algo más del 54 % consigue ahorrar aunque sea poco, según las encuestas. El bienestar no llega a todos por igual ni el momento se vive con optimismo en todos los sectores sociales.

El malestar es difuso pero se centra en las clases populares –más allá de las que participan en la PAH y otras organizaciones donde no son mayoría, parece que bastante ausentes de las protestas– y en los jóvenes, los más afectados también por la crisis de vivienda y los bajos salarios. En ese sector demoscópico, la edad de emancipación sigue subiendo. Es este malestar subyacente el que ha dado cuerpo al movimiento levantado por el Sindicato de Inquilinas, y va a continuar más allá de las elecciones. Sobre todo, porque la crisis de vivienda tiene una solución complicada a corto y medio plazo. Por ejemplo, a medida que crece la rentabilidad de la vivienda como bien de inversión, se vuelve más caro construir vivienda pública.

La izquierda y sus aparatos de captura

Como explica Pablo Carmona, autor de La democracia de propietarios, la izquierda parlamentaria y el propio Gobierno han tratado de mimetizarse con las protestas para “hacerse parte del movimiento”, lo que ha facilitado “una lectura progresista de lo que está ocurriendo”; es decir, que el malestar expresado en la movilización se ha intentado encerrar en el estrecho marco institucional de izquierda-derecha.

Sánchez, en otra de sus alucinantes gambetas, ha tratado de hacer suyas unas reivindicaciones que en el fondo ponían en cuestión las escasas acciones del Gobierno destinadas a solventar la crisis de vivienda. (Recordemos que ya mostró esta increíble habilidad cuando asumió como suyas las protestas contra el genocidio en Gaza.) El PSOE lo mismo te cuelga en sus sedes una bandera palestina con su logo que otra que enuncia: “Tú o fondos buitres”, y esto no es una metáfora, ambas existen.

Justo antes de la huelga, Sánchez el Hábil publicó un vídeo donde explicaba que “los derechos exigen movilización”, apropiándose descaradamente del marco comunicativo del Sindicato de Inquilinas y llevándolo al terreno electoral: “Lo que costó un siglo conquistar se puede perder en un instante”. También trató de instalar la idea de que era una huelga contra la oposición. Mientras, los otros partidos de izquierda llamaban a movilizarse y aportaban su granito de arena para que la huelga se entendiese como un acto de campaña. Sería así, según muchas lecturas, la primera huelga general “a favor de un gobierno”. Al menos, la primera en la que varios ministros han llamado a secundarla.

Cuanto más entusiasta era el apoyo socialista, más se reforzaba el argumento de la derecha de que esta era una huelga electoral; por eso, el Sindicato de Inquilinas –y el resto del movimiento de vivienda– ha insistido tanto en responsabilizar al Gobierno de la situación actual. El PSOE es un “partido rentista”, dijo una de las portavoces del Sindicato, y Sánchez, un “mago de la apropiación”. Cuando la huelga parecía servir al Gobierno, el Sindicato cargaba contra los socialistas, y cuando la derecha intentaba deslegitimarla, lo hacía contra el PP y la patronal.

¿Pero se ha conseguido efectivamente desmarcar la huelga de la apropiación partidista? De aquí al 29N el margen es muy escaso. El movimiento de vivienda puede señalar al Gobierno, pero si este en gran medida llama a la movilización es inevitable pensar que esta huelga le beneficiaba –o que creía que así era–.

La consecuencia de esta apropiación es, según Carmona, que un sector de la población no se haya limitado a la indiferencia, como en otras ocasiones, sino que haya militado activamente en contra. Para muchos, no secundar la huelga equivalía a oponerse al Gobierno. Una traducción de la protesta totalmente novedosa. El 15M no era ni de izquierdas ni de derechas –en un sentido institucional, porque sí tenía contenidos emancipatorios–, y eso le permitió un impacto mucho más transversal en una sociedad que, además, estaba sensibilizada porque sufría la crisis en su conjunto. Con la acampada de Sol todavía en pie, el 81% de los españoles creía que los indignados “tenían razón”, según Metroscopia. Esta vez no ha sido así. En encuestas preelectorales, el apoyo a la huelga partía a la población casi en dos mitades a favor y en contra. Entre quienes prefieren un gobierno PP-Vox, el 52,7 % no simpatizaba “nada” con la huelga, mientras que entre quienes prefieren uno del PSOE y Frente Amplio solo el 5 % no simpatizaba nada, según esta misma encuesta. Curiosamente, la clase social apenas pesaba en estas preferencias; en torno al 46 % de todas veía con buenos ojos el paro. El dato definitivo era que entre los que no apoyaban la huelga, siete de cada diez suspendían al Gobierno y más de la mitad creía que el 29N serviría “para terminar con el sanchismo”.

Sin embargo, hay algo que permite vislumbrar que el malestar pervive a pesar de la captura institucional. Entre los votantes de derechas que señalaban la vivienda como lo que estaba en juego en estas elecciones, la simpatía por el paro doblaba la del resto de votantes de derechas. Es decir, el problema material existe y atraviesa a los dos bloques; lo que encierra a la gente en cada bloque es la lectura partidista de la huelga.

Después del 29N: escalar

Tras las elecciones, si gobierna la derecha, estos intentos de apropiación por parte de la izquierda institucional serán más difíciles –aunque no cesarán–, pero se corre el peligro de que el movimiento pase a ser una pieza más de la “resistencia” frente a PP y Vox. Y costará más evitar que se lea como parte del bloque contrario. También será más fácil mantener el conflicto –sin duda habrá más–, aunque también podemos acabar atrapadas en las guerras culturales a las que Vox nos tiene acostumbradas, donde será difícil apuntar a los conflictos centrales que pueden hacer avanzar las reivindicaciones sociales. Buena parte de los movimientos pueden acabar desgastándose en esas confrontaciones donde se juega poco, o lo que se juega es más simbólico que sustantivo.

Si llegase a gobernar la izquierda, aunque hoy no parezca probable, la prueba de fuego sería sostener el conflicto contra un “gobierno amigo”. Como sabemos por precedentes anteriores –simplificando mucho, el 15M fue absorbido en buena medida por Podemos, la potencia feminista fue en parte canalizada por el feminismo institucional y el Ministerio de Igualdad–, la integración rara vez llega como derrota; suele presentarse como victoria parcial. Entre lo que se arranca mediante presión y lo que se concede para desactivar la protesta media una frontera difusa, y en ese terreno incierto se juega buena parte de la política. El Sindicato de Inquilinas tiene a su favor la baza de un programa con algunas medidas difíciles de asumir para los partidos. La cesión obligatoria de viviendas vacías o medidas que pongan el derecho a la vivienda por delante de la propiedad y la libertad de empresa tienen un coste electoral que ningún partido con opciones de gobernar querría pagar. 

Es el propio Sindicato el que ha llamado a escalar la lucha. No será fácil, pero ha nombrado ya el que podría ser un próximo paso: la huelga de alquileres. Primero contra grandes propietarios concretos, como las que ya se han llevado a cabo contra La Caixa o Nestar, dicen, y después ampliarla a territorios completos. Este tipo de acciones serían más difíciles de llevar adelante precisamente porque es poco probable que recibieran apoyo institucional. Es una forma de conflicto que, por su naturaleza, difícilmente se puede capitalizar en las urnas. Acumular “poder popular”, en sus propias palabras, podría significar no necesitar ese apoyo.

Para Carmona, la “organización política del impago” está relacionada con la experiencia de la PAH –hacer colectivo y público el hecho de no poder pagar la hipoteca o el alquiler–. Algo que sucede desde hace años. También politizar la okupación es un paso más: “Miles de familias se quedarán en la calle sin ningún tipo de alternativa y la única opción que les va a quedar es okupar una de las más de 400.000 viviendas vacías que hay en zonas tensionadas”, dice Carmona.

Brotes verdes y dudas

Por lo tanto, hay propuestas para escalar y también interrogantes sobre la fuerza acumulada estos meses. Por ejemplo, si van a continuar los 1.340 comités de huelga que se armaron para la organización del 11N –más bien poblados de gente ya organizada–. Sin duda podrían llegar a ser una buena herramienta. Sin embargo, en muchos de ellos parece que han prevalecido lógicas más competitivas que cooperativas y, en general, experiencias previas de espacios activistas similares han sido más bien infructuosas. ¿Será esta vez distinto?

En cualquier caso, esta también es una carrera de fondo que se juega en la capacidad de sostener unas movilizaciones que se alimentan del malestar general, combustible de estas protestas. ¿Seguirá la situación económica atemperando, aunque sea de forma socialmente desigual, esos malestares, o en algún momento del próximo gobierno veremos signos de agotamiento y crisis? De la situación económica dependerá también la explosividad de lo que está por venir. Lo que se consiga hacer con ello dependerá de la capacidad de organización, de sostener el conflicto y de abrir nuevos, así como de sostener la autonomía de las luchas. De momento, y pese a todos los interrogantes, contamos con cartas mejores: una situación más agitada que en los meses previos y una experiencia política que, para muchos y muchas de las generaciones más jóvenes, ha sido la primera. Y tenemos también las ganas de pelear.


Fuente: Ctxt

lunes, 16 de noviembre de 2026

El partido hegemónico de las porras

 

 Por Pablo Elorduy   
      Integrante del colectivo fundador de El Salto.


La violencia contra manifestantes durante la huelga del 11 de noviembre vuelve a señalar al ministro de Interior, el hombre de las cien peticiones de dimisión, pero sobre todo evidencia el estatus privilegiado de los cuerpos policiales.


Agentes de la Unidad de Intervención Policial durante la huelga general del 11 de noviembre. David F. Sabadell.


     La capacidad de influencia política de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado alcanza parámetros que le están vedados a cualquier otro gremio. Sólo la judicatura tiene un nivel de penetración similar en la esfera pública, pero en el caso del partido de los jueces existe al menos una oposición visible, aunque sea minoritaria, dentro del mismo colectivo. Los nombres de Jueces para la Democracia o la Asociación Libre de Abogados son conocidos, esas organizaciones tienen una actividad constante y responden positivamente a la pregunta de si hay vida inteligente más allá de una mayoría de jueces que, como costumbre arraigada en el tiempo y el espacio, dejan pasar a los tiburones y se ceban con los pececillos. No ocurre así con los cuerpos policiales, que navegan sin contrapesos relevantes, con una aprobación récord entre la población, situada por encima del 60%, y que no se ven afectados ni por los casos de corrupción en su seno, que aparecen casi cada semana, ni por sus actuaciones brutales.


La ideología de los jueces españoles se ha hecho más explícita a medida que se profundizaba la crisis de régimen. Byron Maher Sancho Somalo.

Otro elemento que los diferencia de los jueces-soldados es que la Policía aparece como una institución sin apenas rostro, una razón en sí misma, a la que se permite actuar como un ente autosuficiente.

Desde hace décadas, esos cuerpos  gozan de un poder en constante crecimiento; sus asociaciones y sindicatos (SUP, Jupol) tienen mayor capacidad de incidencia y lobby que los de cualquier otra institución y la “copaganda” –la difusión de su ideario a través de la cultura y la publicidad– ha apuntalado su peso social por la vía del poder suave. Una parte mayoritaria de los medios de comunicación han contribuido a consolidar ese estatus excepcional: la tasa de criminalidad permanece inalterada casi desde hace quince años, pero la percepción de inseguridad tiende a sobrevalorar el miedo al delito. Y el miedo al delito llena informativos, pone el alpiste en las tertulias y crea taquillazos en las plataformas de streaming.

Donde no llega el poder suave, se expresa el poder a secas. Ese fue el caso de la principal aportación de la Policía al momento político actual, que tuvo lugar el pasado miércoles 11 de noviembre, durante la huelga general. No fue ni siquiera una expresión de frustración acumulada, los palos se han repartido durante todo el otoño: en desahucios, en manifestaciones del profesorado, entre las personas que permanecen varadas en Ceuta y también entre la población sin hogar.


Cargas policiales durante la huelga indefinida de la educación pública madrileña. Alberto Astudillo.

Su manifiesto del miércoles, escrito con cargas, moratones, escozor de ojos y brechas en la cabeza, llegó a todos los rincones del país. Llamó la atención de las centrales sindicales mayoritarias, poco dadas a hacer escándalo ante la violencia policial cotidiana, y fue un tema de portada en algunos informativos. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, habitual parapeto de los abusos, tuvo que improvisar una prohibición sobre el spray de pimienta y los botes de humo. Al fin y al cabo estamos en campaña y el Gobierno veía con buenos ojos una huelga que suponía una impugnación al sistema y no solo a las políticas coyunturales del PSOE.


Cabecera de la manifestación en Madrid a su llegada a plaza de España. Jaime Pérez Rivero.

Pero la Policía Nacional ha desafiado a Marlaska. No es la primera vez que lo hace. Unas horas después de los medidos aspavientos del ministro contra el uso de ese material menos letal, unas horas después del supuesto veto a los botes de humo, todo volvía a su cauce. Un comunicado de Interior rebajaba a la mínima expresión la prohibición emitida por Marlaska: los botes de humo seguirán intoxicando manifestantes, el uso del spray de pimienta será revisado en un plazo que no se especifica. Todo en orden, aquí no hay nada que ver.

Las peticiones de dimisión de Marlaska pasarán este fin de semana a la carpeta de “las veces que se pidió la dimisión de Marlaska”, un expediente que no muestra sólo el historial del ministro como agente ejecutor del Estado feroz, sino también todos los sapos que esos mismos cuerpos policiales han hecho tragarse al Gobierno de coalición. 

La Policía goza de otro privilegio, una cosa rara, como es que nunca es un tema electoral. No hay recortes que le afecten, ni por supuesto ningún partido que se atreva a llevar el tema de su reducción de volumen drástica, su desfinanciación ni, por supuesto, su abolición. Como explicaba el investigador francés Fabien Jobard, las organizaciones policiales tienen turno de palabra en la constitución del régimen político. No se trata solo de que sean la primera defensa del statu quo, es decir, de la desigualdad, sino de que hace mucho tiempo se sientan en la mesa de los poderes fácticos. No defienden el estado de las cosas, sino que lo moldean como un actor privilegiado más.

El partido de las porras sabe que está en un momento dulce. Los candidatos de la derecha le hacen todo tipo de trajes de saliva y nunca cuestionarán sus privilegios, y la izquierda se limita habitualmente a pedir un poco de contención en las cargas, a menudo aceptando el marco de que la mano dura solo es inaceptable cuando se dirige contra la ciudadanía que paga sus impuestos. Las elecciones del 29 de noviembre no van de quitarles recursos ni de auditar la hegemonía que han tomado y se les ha dado. Esa asignatura permanece abierta en busca de autor/a. Mientras tanto, permanece la cuestión fundamental que es si cuando dicen que quieren mantener la seguridad lo que quieren decir es que quieren extender el miedo.


Fuente: El Salto