Por
Pablo
Pérez Ruiz
El desahucio de Maricarmen, de 87 años, debe ser un punto de inflexión, un antes y un después en una ciudad al servicio de los intereses inmobiliarios y especulativos
Esta semana han tenido lugar en Madrid dos encuentros muy diferentes.
En Ifema, The District ha reunido a miles de directivos, inversores y empresas inmobiliarias para debatir sobre lo que sus propios organizadores describen como “oportunidades de inversión y cierre de operaciones”.
Blackstone, Brookfield y otros grandes inversores internacionales han estado representados en un evento construido sobre la premisa de que las ciudades, los edificios y las viviendas son activos a través de los cuales el capital puede obtener rentabilidad.
Al otro lado de la ciudad comienza otro encuentro. Del 24 al 27 de septiembre, alrededor de 70 sindicatos de inquilinas, organizaciones por el derecho a la vivienda y movimientos sociales de 24 países se reúnen en El Barrio, una contracumbre internacional de movimientos por la vivienda organizada frente a esa lógica.
El contraste no podría ser más evidente. Ellos se reúnen para hablar de cómo invertir en nuestras ciudades. Nosotras nos reunimos para hablar de cómo vivir en ellas.
Y entre estas dos formas de entender Madrid se encuentra la historia de Maricarmen.
El 23 de septiembre, Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, fue desahuciada de su vivienda en el distrito madrileño de Retiro, donde había vivido durante unos 70 años.
Era el cuarto intento de desahuciarla y cientos de personas se concentraron frente a su edificio para intentar impedirlo. Finalmente, la policía la sacó de su casa en una camilla.
Esto no fue la consecuencia inevitable de una supuesta escasez natural de vivienda. Fue el resultado de decisiones políticas, relaciones de propiedad y un sistema de vivienda en el que el derecho de un inversor a obtener una mayor rentabilidad puede imponerse a la posibilidad de una persona de permanecer en la casa donde ha pasado toda su vida adulta.
Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros al mes. Después de que el fondo de inversión Urbagestion comprara el inmueble, le ofrecieron un nuevo alquiler de más de 2.000 euros mensuales, muy por encima de su pensión de 1.300 euros. Esto es posible porque la legislación española permite a los caseros subir el alquiler o expulsar a las inquilinas, aunque no hayan incumplido ninguna de sus obligaciones, una vez finaliza su contrato, normalmente después de entre cinco y siete años, dependiendo del tipo de contrato.
Incluso el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas había solicitado medidas cautelares para que España suspendiera el desahucio o garantizara una alternativa habitacional adecuada mientras estudiaba su caso. Después de que el desahucio se ejecutara, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada sostuvo que debería haberse suspendido para evitar un daño irreparable.
El caso de Maricarmen es extremo. Pero las fuerzas que lo explican no son excepcionales. En todo Madrid, las inquilinas se enfrentan a esas mismas fuerzas bajo formas diferentes: subidas del alquiler que expulsan a la gente de sus barrios; contratos de temporada que convierten la inseguridad permanente en un modelo de negocio; pisos turísticos y proyectos de coliving y flex living que extraen cada vez más valor del espacio residencial; edificios comprados con sus inquilinas todavía dentro; y viviendas tratadas fundamentalmente en función de la rentabilidad que pueden generar.
Precisamente por eso importa The District. La crisis de vivienda suele describirse como si fuera un fallo técnico: falta oferta, sobra demanda, no se construye lo suficiente. Sin embargo, para buena parte del sector inmobiliario, el aumento del valor del suelo, la subida de los alquileres y la expansión de nuevas “clases de activos” inmobiliarios no son señales de que el sistema esté fallando. Son oportunidades de inversión.
Un mismo mercado de la vivienda puede producir, por tanto, dos experiencias completamente distintas. Para un fondo de inversión, un barrio en el que los alquileres están aumentando rápidamente puede representar un mercado atractivo. Para una inquilina, puede significar tener que abandonar la calle en la que crecieron sus hijos. Para los inversores, la vivienda puede ser una clase de activo. Para nosotras, es nuestro hogar.
Por eso tampoco podemos atribuir lo ocurrido con Maricarmen únicamente a un casero. Las instituciones públicas también le fallaron. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid no fueron capaces de garantizar una solución adecuada que permitiera a una mujer de 87 años seguir arraigada en su comunidad. El contraste resulta especialmente difícil de ignorar cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid ha gastado recientemente 6,3 millones de euros de dinero público en la compra de un ático de lujo, una operación que se ha convertido además en objeto de una intensa controversia política.
Pero la responsabilidad no termina en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El Gobierno central ha prometido en repetidas ocasiones que esta sería la legislatura en la que por fin se afrontaría la crisis de vivienda y, sin embargo, las medidas capaces de ofrecer una mayor protección a las inquilinas vulnerables han quedado atrapadas en las negociaciones parlamentarias. Los propios ministros reconocieron tras el desahucio de Maricarmen que algunas de las disposiciones incluidas en un decreto de vivienda bloqueado podrían haber permitido suspender su desahucio.
Para una inquilina que está a punto de perder su casa, las explicaciones institucionales sobre jurisdicciones, aritmética parlamentaria o reparto de competencias administrativas sirven de muy poco. Un sistema de vivienda debe juzgarse, en última instancia, por lo que ocurre cuando alguien está a punto de perder su hogar. Maricarmen demuestra que el sistema actual ha suspendido esa prueba.
Y por eso El Barrio no es simplemente una protesta contra The District. Queremos construir una organización capaz de enfrentarse durante todo el año al poder que se concentra dentro de ese recinto.
El capital ya opera a escala internacional. Los mismos inversores compran viviendas en Madrid, Berlín, Londres, Dublín, Los Ángeles y Barcelona. Sus estrategias de inversión atraviesan las fronteras sin dificultad. La organización inquilina y por la vivienda debe hacer lo mismo. El Barrio reúne a organizaciones de Europa, Estados Unidos, América Latina y otros lugares para intercambiar estrategias de organización, fortalecer los sindicatos de inquilinas y desarrollar formas de acción coordinada. Nuestro objetivo no es simplemente describir juntas la crisis de vivienda. Es construir el poder colectivo necesario para transformarla.
Y nuestras reivindicaciones son concretas.
Los alquileres tienen que bajar. Necesitamos una regulación efectiva de los alquileres que impida que los caseros se apropien de una parte cada vez mayor de los ingresos de los hogares.
Las inquilinas necesitamos contratos indefinidos y estabilidad residencial. Una vivienda no puede ofrecer seguridad cuando permanecer en ella depende de sobrevivir una y otra vez a nuevos contratos, subidas de precio y negociaciones para renovar.
Las inquilinas debemos tener el derecho y la capacidad organizativa para emprender acciones colectivas, incluidas las huelgas de alquiler. Cuando miles de personas se enfrentan individualmente a las mismas prácticas de los caseros, son ellos quienes tienen el poder. Cuando las inquilinas nos organizamos colectivamente, ese equilibrio empieza a cambiar.
Y la política de vivienda debe superar la idea de que basta con construir más vivienda de mercado para resolver la crisis. Construir, por sí solo, no garantiza que la vivienda sea asequible cuando las nuevas viviendas se incorporan al mismo sistema de especulación y extracción. La tarea de fondo consiste en ampliar el parque de vivienda fuera de los mercados especulativos y avanzar hacia un modelo en el que la vivienda sea tratada como un bien social, y no fundamentalmente como un activo financiero.
Estas reivindicaciones no son un programa abstracto. Maricarmen demuestra por qué son necesarias. No queremos otra campaña después de que otra mujer de 87 años sea amenazada con el desahucio. No queremos otra negociación de última hora después de que alguien haya pasado décadas construyendo su vida en un barrio. No queremos que la solidaridad llegue únicamente cuando la policía ya está frente a la puerta de una casa.
No queremos ni una Maricarmen más.
La extraordinaria respuesta a su desahucio —vecinas llenando la calle, personas ofreciendo habitaciones y viviendas, y movilizaciones de solidaridad extendiéndose a otras ciudades— nos muestra también otra cosa. La crisis de vivienda provoca un enorme sufrimiento, pero también está generando una enorme indignación colectiva. Esa indignación puede convertirse en resignación. Puede dirigirse contra las personas migrantes o contra otras personas que también tienen dificultades para encontrar una vivienda. O puede convertirse en organización.
Nosotras elegimos organizarnos. Ese es el mensaje que llevamos a El Barrio. Si el capital financiero puede atravesar fronteras para comprar nuestras casas, las inquilinas podemos atravesarlas para defenderlas. Si los inversores pueden coordinarse internacionalmente, nosotras también. Si ellos tienen fondos, carteras y vehículos financieros, nosotras tenemos algo de lo que, en última instancia, dependen: millones de personas que viven, cuidan y pagan las viviendas de las que extraen sus rentabilidades.
The District representa uno de los futuros posibles para Madrid: una ciudad organizada cada vez más en torno a la rentabilidad inmobiliaria. Nosotras luchamos por otro: una ciudad en la que la gente pueda quedarse; en la que envejecer no signifique ser expulsada del barrio en el que has pasado tu vida; en la que tener menos dinero no signifique tener menos derechos; y en la que las viviendas existan, ante todo, para quienes las habitan.
Porque un District se puede comprar y vender. Un barrio se vive.
Y los barrios de Madrid no están en venta.
Fuente: El Salto
