Las poderosas resistencias populares internas en Estados Unidos frente a Trump

 

 Por Eric Toussaint    

      Historiador belga, portavoz del Comité para la Abolición de las Deuda Ilegítimas que ayudó a fundar desde sus comienzos. Doctor en ciencias políticas por la Universidad de Lieja y la Universidad París 8.

A lo largo de su primer mandato (2017-2021), así como de su segundo mandato iniciado en enero de 2025, Trump se ha enfrentado a resistencias internas de una magnitud considerable

Activistas por los derechos civiles y humanos se concentran en las puertas del centro de detención de migrantes.

      Uno de los elementos esenciales para comprender la política internacional de Donald Trump es no considerar a Estados Unidos como un bloque homogéneo que respalda a su presidente. A lo largo de su primer mandato (2017-2021), así como de su segundo mandato iniciado en enero de 2025, Trump se ha enfrentado a resistencias internas de una magnitud considerable. Estas resistencias han adoptado múltiples formas: movilizaciones masivas, acciones sindicales, campañas electorales, movimientos de solidaridad internacional, desobediencia civil y la aparición de candidaturas de izquierda en algunas grandes ciudades.

Estas luchas lograron en ocasiones frenar, modificar o deslegitimar ciertas políticas de Trump. También pusieron de manifiesto la existencia, en el seno mismo de la sociedad estadounidense, de un profundo conflicto entre un proyecto autoritario, nacionalista y reaccionario, y las aspiraciones democráticas, igualitarias e internacionalistas.

Las movilizaciones de las mujeres por el derecho al aborto

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2017, millones de mujeres se manifestaron en el marco de la Marcha de las Mujeres, organizada al día siguiente de su toma de posesión. Este movimiento constituyó una de las movilizaciones más importantes de la historia de Estados Unidos. Expresaba el rechazo al sexismo de Trump, a sus comentarios misóginos y a su voluntad de poner en tela de juicio los derechos reproductivos.

La Marcha de las Mujeres de enero de 2017 sigue siendo una de las mayores manifestaciones de la historia de Estados Unidos, con una participación estimada de entre tres y cinco millones de personas. Demostró de inmediato que la elección de Trump suscitaba una oposición masiva, especialmente entre las mujeres, las minorías y los movimientos progresistas.

La cuestión del aborto pasó a ocupar un lugar central cuando el Tribunal Supremo, reforzado por los nombramientos de jueces y juezas conservadores realizados por Trump, anuló en junio de 2022, durante el mandato de Joe Biden, la sentencia Roe contra Wade, que garantizaba desde 1973 el derecho constitucional al aborto. Esta decisión provocó una oleada de manifestaciones en todo el país y contribuyó a una fuerte movilización electoral a favor de los candidatos y candidatas que defendían el derecho al aborto.

Como reacción a la anulación en junio de 2022 de la sentencia Roe contra Wade por parte del Tribunal Supremo, influido por Trump y su bando, el electorado estadounidense fue llamado a pronunciarse directamente sobre el aborto en dieciséis estados entre 2022 y 2024. En trece de ellos, el bando favorable al mantenimiento o la ampliación del derecho al aborto se impuso en las urnas, incluso en varios estados conservadores como Kansas, Kentucky, Montana, Ohio, Misuri y Arizona1 . Estos resultados demuestran que la voluntad de penalizar el aborto no cuenta con un apoyo mayoritario uniforme entre el electorado estadounidense y que suscita una importante resistencia popular, incluso en bastiones republicanos.

Así, la defensa de los derechos de las mujeres se ha convertido en uno de los principales puntos de cristalización de la oposición a Trump y al trumpismo.

Movilizaciones ecologistas y científicas

La Marcha por la Ciencia, organizada en abril de 2017, constituyó una respuesta directa al escepticismo climático de Trump y a sus ataques contra las agencias científicas federales. Alrededor de un millón de personas participaron en manifestaciones en más de seiscientas ciudades, denunciando el cuestionamiento de los datos científicos sobre el cambio climático.

La Marcha Popular por el Clima, también en 2017, reunió a unas doscientas mil personas en Washington y a varios cientos de miles en todo el país. Con ella se protestaba contra la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y contra las políticas favorables a las industrias de combustibles fósiles.

Movilizaciones contra las armas de fuego

Tras el tiroteo de Parkland, en Florida, en febrero de 2018, el movimiento March for Our Lives movilizó entre uno y dos millones de personas, principalmente jóvenes. Se celebraron más de ochocientas manifestaciones en los cincuenta estados.

Este movimiento cuestionó el apoyo de Trump al lobby de las armas, la Asociación Nacional del Rifle (NRA), y contribuyó a convertir la regulación de las armas de fuego en un tema político de primer orden.

Las huelgas del personal docente

Las huelgas del personal docente de 2018 y 2019 marcaron un punto de inflexión en las luchas sociales estadounidenses. Más de quinientos mil miembros del personal docente y escolar participaron en movimientos de huelga en varios estados, a menudo conservadores.

Estas movilizaciones reclamaban aumentos salariales, una mejor financiación de la educación pública y una reducción de las desigualdades educativas.

Black Lives Matter y la lucha contra el racismo sistémico

El movimiento Black Lives Matter, surgido tras los casos de violencia policial contra personas afroamericanas, alcanzó su punto álgido en 2020 tras el asesinato de George Floyd a manos de un agente de policía en Minneapolis. El movimiento Black Lives Matter supuso la mayor ola de movilizaciones de la historia reciente de Estados Unidos.

Tras el asesinato de George Floyd en mayo de 2020, se celebraron manifestaciones en más de dos mil ciudades y localidades. Algunos estudios estiman que entre quince y veintiséis millones de personas participaron en al menos una manifestación, lo que lo convertiría en el mayor movimiento de protesta de la historia de Estados Unidos.

Trump reaccionó adoptando una postura de confrontación. Calificó a algunos manifestantes y manifestantes de «delincuentes» y amenazó con desplegar al ejército contra las movilizaciones. Esta respuesta reforzó la percepción de un presidente que apoyaba un aparato policial militarizado y se negaba a reconocer la existencia del racismo sistémico.

Sin embargo, Black Lives Matter ha logrado avances importantes: el cuestionamiento de ciertas prácticas policiales, debates sobre la financiación de la policía, la retirada de símbolos racistas en varias ciudades y la incorporación de la cuestión del racismo estructural al debate político nacional.

Tras el 6 de enero de 2021

El asalto al Capitolio por parte de los partidarios y partidarias de Trump el 6 de enero de 2021 provocó una ola de movilizaciones en defensa de la democracia.

Se celebraron manifestaciones en numerosas ciudades estadounidenses para denunciar el intento de cuestionar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 y para exigir la protección de las instituciones democráticas.

La solidaridad con Palestina

La cuestión palestina se ha convertido en otro importante frente de resistencia interna. Durante el primer mandato de Trump, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel en 2017, seguido del traslado de la embajada estadounidense, suscitó una fuerte oposición en una parte de la sociedad estadounidense.

Esta oposición se intensificó a partir de 2023 con la guerra genocida librada por Israel contra Gaza, guerra que contó con el apoyo activo de la Administración demócrata de Joe Biden. El movimiento continuó durante el segundo mandato de Trump. Cientos de miles de personas se manifestaron en las grandes ciudades estadounidenses para denunciar el apoyo militar y diplomático de Estados Unidos a Israel.

Los campus universitarios han desempeñado un papel fundamental. Los estudiantes han organizado acampadas, ocupaciones y acciones de desinversión dirigidas contra empresas vinculadas a la industria militar israelí. A pesar de una represión a menudo brutal, estas movilizaciones han contribuido a hacer evolucionar el debate público: por primera vez en décadas, una parte significativa de la juventud estadounidense cuestiona abiertamente el apoyo incondicional de Washington a Israel.

Las movilizaciones de solidaridad con Palestina alcanzaron una magnitud sin precedentes a partir de 2023. En las jornadas de acción más importantes, varios cientos de miles de personas se manifestaron simultáneamente en las grandes ciudades estadounidenses. Las acampadas universitarias se extendieron a más de un centenar de universidades y centros de enseñanza superior, en las que participaron directamente decenas de miles de estudiantes y que provocaron cientos de detenciones.

Las movilizaciones contra el ICE y las políticas migratorias

Las políticas migratorias de Trump también suscitaron una resistencia masiva. Ya en 2017, las manifestaciones contra la «prohibición a los musulmanes», que impedía la entrada a personas procedentes de varios países de mayoría musulmana, inundaron los aeropuertos estadounidenses.

Pintada en Minneapolis.

La separación de miles de niños y niñas migrantes de sus padres en la frontera con México provocó indignación internacional. El movimiento «Families Belong Together» organizó manifestaciones a gran escala para exigir la reunificación familiar.

Durante el segundo mandato, las movilizaciones contra el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) se intensificaron ante las redadas, las expulsiones y los centros de detención para migrantes. Se han creado redes de solidaridad en varias ciudades para proteger a las personas amenazadas de expulsión y para documentar los abusos cometidos por las autoridades de inmigración. Las acciones han movilizado de forma continuada a varios cientos de miles de personas en más de 16 grandes metrópolis y en cientos de municipios rurales o periurbanos.

Las organizaciones anti-ICE y las contra-instituciones basadas en el cuidado.

Se han registrado miles de acciones relacionadas con los derechos de las personas inmigrantes y la oposición al ICE en los 50 estados. Si se incluyen las movilizaciones de No Kings (véase más adelante), son más de 10 millones de personas las que han participado en manifestaciones callejeras para denunciar la política anti migratoria y los métodos del ICE.

El movimiento «No Kings»

El movimiento «No Kings» surgió como respuesta directa a los excesos autoritarios de Trump. Denuncia la concentración del poder presidencial, los ataques contra las instituciones democráticas, las amenazas contra los medios de comunicación y la voluntad de gobernar por decreto.

Protesta de «No Kins» contra Donald Trump en Baltimore.

Las manifestaciones de «No Kings» reunieron a ciudadanas y ciudadanos de diversas tendencias políticas, unidos por el rechazo a que Estados Unidos evolucione hacia un régimen cada vez más autoritario. Este movimiento ha recordado que la defensa de las libertades democráticas sigue siendo un eje central de la resistencia al trumpismo.

El movimiento «No Kings» constituye una de las expresiones más significativas de la oposición al segundo mandato de Trump. Las principales jornadas nacionales de movilización, especialmente en 2026, reunieron, según las estimaciones, entre tres y cinco millones de personas en más de mil quinientas ciudades y localidades. Esta magnitud la convierte en una de las mayores movilizaciones contra Trump desde la Marcha de las Mujeres de 2017.

Estas son las tres fechas clave de las movilizaciones de No Kings:

- 14 de junio de 2025 (No Kings 1.0): Aproximadamente 5 millones de personas en más de 2 100 lugares.

- 18 de octubre de 2025 (No Kings 2.0): unos 7 millones de personas en más de 2 700 lugares.

- 28 de marzo de 2026 (No Kings 3.0): unos 8 millones de personas reunidas en más de 3 300 lugares.

Las movilizaciones LGBTQ+

Las políticas de Trump destinadas a limitar los derechos de las personas transgénero, especialmente en el ejército y en determinados ámbitos de la vida pública, han suscitado una fuerte oposición.

Entre 2022 y 2026, las movilizaciones contra las leyes antitrans reunieron a decenas de miles, e incluso a cientos de miles de personas, en algunas jornadas nacionales de acción.

La resistencia sindical y social

No hay que olvidar el papel de los sindicatos y los movimientos sociales. Los años 2021-2026 se caracterizaron por un resurgimiento de las luchas obreras en Estados Unidos: huelgas en el sector del automóvil, en el sector servicios, en los almacenes de Amazon, en las cafeterías Starbucks y en el sector educativo.

Estas movilizaciones a menudo han ido más allá de las reivindicaciones salariales para denunciar las desigualdades sociales, la precariedad laboral y el poder excesivo de las grandes empresas. Han demostrado que una parte importante de la clase trabajadora estadounidense no se identifica ni con el neoliberalismo del Partido Demócrata ni con el nacionalismo reaccionario de Trump.

Los éxitos electorales de la izquierda: el caso de Zohran Mamdani

La resistencia a Trump no se limita a las movilizaciones callejeras. También se manifiesta en el ámbito electoral, sobre todo a través de la aparición de candidatos de izquierda en algunas grandes ciudades.

El caso de Zohran Mamdani es especialmente significativo. Miembro de los Socialistas Democráticos de América (DSA), ganó las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York, frente a candidatas y candidatos respaldados por la cúpula del Partido Demócrata. Fue elegido alcalde de Nueva York en noviembre de 2025 a pesar de las amenazas de Trump y de la campaña lanzada en su contra por 26 multimillonarios estadounidenses que, según la revista Forbes, gastaron más de 22 millones de dólares para impedir su elección. Afortunadamente, la voluntad y la energía populares, sobre todo entre los más jóvenes, han triunfado sobre el poder del dinero y del capital.

Su campaña, centrada en la vivienda asequible, el transporte público gratuito, la tributación de las grandes fortunas y la solidaridad con Palestina, movilizó a una gran parte de la juventud y de las clases populares. Demostró que en Estados Unidos puede surgir una alternativa política de izquierdas, a pesar del peso del sistema bipartidista y de la influencia del dinero en las campañas electorales.

El éxito de Mamdani se inscribe en una dinámica más amplia, que incluye las victorias de figuras como Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar y otros cargos electos progresistas. Esta izquierda estadounidense sigue siendo minoritaria, pero representa una fuerza en auge capaz de desafiar tanto al trumpismo como a las orientaciones centristas del Partido Demócrata.

Una resistencia multifacética

Las resistencias internas en Estados Unidos demuestran que el proyecto político de Trump se enfrenta a una oposición profunda y duradera.

Si sumamos estas diferentes oleadas de movilizaciones, se observa que decenas de millones de personas han participado, en un momento u otro, en acciones de protesta contra las políticas de Trump o contra las tendencias autoritarias, racistas, patriarcales, belicistas y neoliberales del trumpismo.

Estos movimientos no forman un bloque homogéneo, sino que constituyen un mosaico de resistencias que atraviesa toda la sociedad estadounidense: mujeres, afroamericanos, latinoamericanos, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, científicos, miembros del cuerpo docente, activistas ecologistas, defensores de los derechos LGBTQ+ y partidarios de la democracia.

Estas movilizaciones han logrado en ocasiones victorias concretas, pero también se enfrentan a una represión creciente, al poder de los medios conservadores y a la polarización política del país. Como símbolo de esta represión, Renee Nicole Good y Alex Pretti, que intentaban interponerse ante las operaciones contra los migrantes en Minneapolis, fueron asesinados ambos por agentes del ICE.

No obstante, estos movimientos constituyen un elemento fundamental para comprender los límites del poder de Trump. Recuerdan que, incluso en el corazón de la primera potencia imperialista mundial, existen fuerzas sociales y políticas que se oponen al autoritarismo, el racismo, el patriarcado, el militarismo y las políticas neoliberales.

Así pues, la historia del trumpismo no puede escribirse únicamente desde el punto de vista de la Casa Blanca. También debe contarse a partir de los millones de personas que, en las calles, en los campus, en los lugares de trabajo y en las urnas, se han resistido y siguen resistiéndose a su proyecto político.

Fuente: El Salto

El cóctel de ola de calor e incendios lleva a la Península Ibérica a una situación crítica

 

 Por Pablo Rivas   

       Coordinador de Clima y Medio Ambiente en El Salto.

La superficie quemada ya es cinco veces superior a la que se había calcinado por estas fechas en 2025. España pide a la UE activar el mecanismo de respuesta ante emergencias

Vivienda calcinada por el fuego en la Comunidad de Madrid.

     La tercera ola de calor en lo que llevamos de verano en una Península que cada año ve cómo aumentan los días de calor extremo y los récords de temperatura está dejando una situación crítica en gran parte del territorio con la proliferación de incendios forestales.

El verano más cálido de la historia en España se salda con 31 días adicionales de calor extremo.

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha dado por terminado el episodio de temperatura extremas este viernes, pero las temperaturas alcanzadas, de hasta 45ºC en zonas del interior y el sur peninsular, han dejado un caldo de cultivo perfecto para una nueva oleada de incendios que, si el año pasado atacaron especialmente el noroeste peninsular, en esta ocasión está afectando principalmente al interior.

Un bombero durante la extinción de un incendio den Carballeda de Avia, Ourense.

A pesar del descenso térmico anunciado, el nivel de peligro de incendios, no obstante, sigue siendo este viernes 24 de julio “muy alto o extremo en la mayor parte del territorio pese al descenso de las temperaturas”, señala el organismo meteorológico. Y aunque las condiciones “mejorarán algo durante el fin de semana”, se incrementará de nuevo el peligro en días posteriores.

Incendios en la España peninsular el 24 de julio.

132.00 hectáreas en lo que va de año

El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés) cifra las hectáreas quemadas hasta ahora en España en 132.825. Se trata de casi cuatro veces más que la media de los años 2006-25 (de 35.700 ha). Desde el Ministerio de Transición Ecológica manejaban una cifra algo menor: 114.796 hectáreas hasta este 24 de julio, un registro igualmente alto. Son “cinco veces más que el mismo periodo del año anterior”, señalaba la ministra Sara Aagesen, recordemos, el peor año en tres décadas en el que se quemaron 354.793,50 ha, más de 300.000 en la oleada de agosto, episodio que también coincidió con una ola de calor, la segunda más larga e intensa de la Península desde que hay registros.

Imágenes a vista de dron de Pelayos de la Presa tras el fuego desatado en San Martín de Valdeiglesias fruto de un coche ardiendo en la M-501.

El número de grandes incendios, como se califica a los que devoran más de 500 ha, también se está disparando. “Ya son 29”, lamentaba este viernes Aagesen, lo que supera la media anual de episodios de estas características registrados entre los años 2015-25, situada en 24. Este incremento es debido a la combinación de olas de calor más duras junto con una mayor cantidad de combustible vegetal seco disponible en sobre el terreno. “Cuando hay determinadas condiciones muy específicas, muchísimo más duras, esa capacidad de extinción no funciona, y eso es porque las condiciones del medio han cambiado muchísimo”, señalaba a El Salto recientemente el biólogo y consultor ambiental Xabier Vázquez Pumariño.

El incendio de La Mierla (Guadalajara) es un ejemplo de esto. Con más de 35.000 hectáreas quemadas, ya es el tercer incendio más grandes de la historia de España por superficie. Desde que comenzase el 16 de julio, aún no ha sido apagado y actualmente se encuentra en “fase de estabilización”. El director técnico de Emergencias remitía en la tarde del jueves a los medios unas declaraciones en las que señalaba que “pueden quedar todavía días” para que se dé por completamente estabilizado. “Solo podremos llegar a la estabilización del incendio cuando el cien por cien de la integridad de ese perímetro se encuentre estabilizado. Mientras tengamos diez metros o cinco metros donde no esté estabilizado el perímetro, no podremos llegar a esa estabilización que buscamos”, apuntaba.

El centro de la emergencia, entre Ávila y Madrid

De Guadalajara el foco de la emergencia se ha movido apenas cien kilómetros al oeste. El Gobierno declaró a medianoche del jueves la emergencia de interés nacional en Ávila y la Comunidad de Madrid debido a la rápida escalada en la evolución de tres incendios forestales declarados en los términos de Burgohondo (Ávila) —una zona que lleva años sufriendo especialmente los incendios forestales estivales— y Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid), estos dos últimos ya prácticamente unidos en un mismo frente.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaba la medida debido a “la concurrencia de estos incendios” y unas condiciones meteorológicas que ha calificado de “especialmente adversas”, en plena salida de la ola de calor, con máximas por encima de los 30 grados y rachas de viento en la zona en torno a los 30 km/h. 

La medida responde también a “la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos de distintas administraciones públicas”, señalaba Interior, que ya ha encomendando la dirección operativa de la emergencia a la Unidad Militar de Emergencias.

El 112 de la Comunidad de Madrid ha cifrado en más de 20.000 personas las evacuadas —en los términos municipales de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Aldea del Fresno, Navas del Rey, Chapinería y Colmenar de Arroyo— debido a los incendios en esta región, que en la mañana de este viernes seguían sin estar controlados y sin perimetrar, a pesar de que Emergencias señalaba a primera hora que “los trabajos nocturnos han sido efectivos”. El mismo organismo cifraba a primera hora del viernes en 270 los profesionales actuando en la extinción de estos incendios.

Desde Burgohondo, Ángel Malanda, bombero forestal en la base del Barco de Ávila (Ávila), que en la noche del juves estuvo trabajando en la ladera que baja hacia Piedralaves (Ávila), señala a El Salto que, si bien esa zona “es digamos la parte menos conflictiva”, el área es “potencialmente muy peligrosa porque si acaba bajando todo ese frente de llamas, que ayer sería de unos cuatro o cinco kilómetros como poco, a los pinares que hay en Piedralaves, ya en el valle del Tiétar eso ya puede ser el acabose”.

Se trata de una preocupación que comparten desde la Junta de Castilla y León respecto a un fuego que ya se ha extendido a los municipios de Navaluenga, El Tiemblo y El Barraco, y que ha obligado a a evacuar a 1.500 personas.

En cuanto a medios para combatir el fuego, España ha activado el mecanismo ante emergencias de la Unión Europea y ha solicitado al menos cuatro aviones para combatir los principales focos. Grecia ya ha respondido, poniendo a disposición del Ejecutivo español dos aviones Canadair CL-415.

Fuego en León y Aragón

La emergencia por incendios, no obstante, no se ciñe exclusivamente al interior peninsular. En Castilla y León, la comunidad más castigada en 2025 junto con Galicia por el fuego, además del de Burgohondo hay una decena de fuegos activos. El de Murias de Ponjos (León) ha ascendido Índice de Gravedad Potencial 2 esta noche, obligando a evacuar las localidades de Rosales, Folloso y Andarroso.

También Aragón está sufriendo el ataque del fuego, con un incendio declarado el jueves entre entre La Cerollera y La Cañada de Verich, en Teruel. Asimismo, siguen activos los de Ejulve (Teruel) y Plan, en el pirineo oscense.

Fuente: El Salto

Francia se dispone a dar una “licencia para matar” a sus fuerzas del orden

 

 Por Mael Guéguen

Este 7 de julio de 2026, la Asamblea Nacional francesa aprobó en primera lectura un texto que presume la legalidad de todos los disparos mortales por parte de agentes de policía y de gendarmería. Es una reforma reclamada desde hace 20 años por la extrema derecha y los sindicatos policiales, denunciada por numerosas ONG, sindicatos y colectivos de familiares de víctimas por sus derivas autoritarias sin precedentes en Europa

Un gendarme utiliza balas de goma durante una manifestación en Francia. Álvaro Minguito.

     El martes 7 de julio, desde las tribunas de la Asamblea Nacional, Issam El Khalfaoui asistía a la votación de la proposición de ley que pretende inscribir la presunción de legalidad para las fuerzas del orden en caso de disparo mortal. Casi cinco años antes, el 4 de agosto de 2021, su hijo Souheil El Khalfaoui, de 19 años, fue abatido por un policía durante un control de tráfico en Marsella, en el sur de Francia, tras negarse a detenerse.

El 4 de agosto de 2021, Souheil El Khalfaoui fue asesinado a tiros durante un control de tráfico en Marsella.

Sentado junto a colectivos de familiares de víctimas, invitados por los diputados de izquierda, Issam asistió a la votación. Relata su indignación ante las palabras de los diputados que respaldaban la ley, a la que él califica de “licencia para matar”.

“Nos dimos cuenta del desprecio hacia las familias de las víctimas. Durante toda la sesión, los diputados, desde el macronismo hasta la extrema derecha, nos abuchearon, nos silbaron y nos insultaron. Nos trataron de delincuentes, de multirreincidentes, de escoria”, relata. Los diputados que apoyaban la ley defendieron esta medida en nombre de la protección de los policías y gendarmes. Frente a estas posturas, Issam El Khalfaoui se declaró horrorizado por los argumentos utilizados. “No había el menor pensamiento, la menor consideración por las personas que han sido asesinadas en este tiempo”.

Para acelerar la aprobación de la ley frente a varios cientos de enmiendas presentadas por la izquierda, el gobierno activó el artículo 44.3 de la Constitución francesa. Este procedimiento de excepción, llamado "voto bloqueado”, permite retener únicamente las enmiendas aceptadas por el ejecutivo. Así, la ley fue votada tal como se había propuesto, acortando los debates.

El resultado de la votación llegó por la noche. Con una mayoría que abarca desde el partido presidencial hasta la extrema derecha, la ley fue aprobada en primera lectura con 313 votos (Renaissance, MoDem, Horizons, Los Republicanos y la Agrupación Nacional) frente a 199 (La Francia Insumisa, el Partido Comunista, los ecologistas y el Partido Socialista). Habiendo superado su obstáculo más difícil, el texto debe ahora ser examinado por el Senado, y volver después a una segunda lectura en la Asamblea, antes de ser definitivamente aprobado.

Un mecanismo de escalada autoritaria en dos tiempos: 2017 y 2026

Para entender lo que está en juego hoy, hay que remontarse al 28 de febrero de 2017. Bernard Cazeneuve, entonces ministro socialista (PS) del Interior de François Hollande, creó el artículo L435-1 del Código de Seguridad Interior. Antes de esa fecha, un agente de policía o de gendarmería solo podía disparar en caso de estricta legítima defensa. La disposición de 2017 amplía ese marco, permitiendo a las fuerzas del orden abrir fuego si consideran que una persona puede representar un peligro futuro. Así, solo cuenta la interpretación subjetiva del agente, aunque el Estado conserva la obligación de demostrar que esa apreciación estaba fundada.

La enmienda del 7 de julio de 2026 va más lejos: invierte la carga de la prueba. Un disparo de un policía o gendarme se presume ahora legal por defecto, es decir, necesario y proporcionado, salvo prueba de lo contrario. Ya no le corresponde al Estado justificar la legitimidad del uso del arma, sino a la familia de la víctima demostrar que no lo fue.

Esta ley implica numerosas consecuencias ampliamente denunciadas por los colectivos de familiares de víctimas y por las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Laurent Bigot, exsubprefecto y diplomático convertido en chaleco amarillo y observador crítico del mantenimiento del orden, afirma que la ley presenta un riesgo serio de desinhibición de las fuerzas del orden en el uso de sus armas.

Una mujer se manifiesta cerca de la Plaza de la Bastilla. Escrito en su chaleco: ‘No abandonaremos’.

Bigot recuerda las cifras de la investigación del sociólogo del CNRS Sébastien Roché, que alerta sobre la multiplicación por cinco de los disparos mortales desde la adopción del artículo L435-1 en 2017. Precisa que la Dirección General de la Policía Nacional tuvo que redactar de nuevo una instrucción para recordar estrictamente las condiciones de apertura de fuego a sus agentes, dado el aumento de la mortalidad. “Una negativa a detenerse es un delito menor, no un crimen”, recuerda el exsubprefecto. “Que se pueda matar a la gente porque comete un delito menor plantea un problema real, sobre todo cuando Francia es ya el país de Europa con más muertes por intervenciones policiales”, dice Bigot.

La parcialidad estructural de la justicia frente a los procesos contra policías

Este vuelco en la justicia se produce en un contexto ya muy desfavorable para las familias de las víctimas desde la ley Cazeneuve. Según las cifras de Amnistía Internacional, entre 2017 y 2026, menos del 2% de los casos de disparos policiales mortales terminaron en una condena firme, sobre un total de 437 casos. Esta estadística revela la magnitud de una parcialidad estructural que este cambio de enfoque en la presunción de legalidad corre el riesgo de agravar todavía más.

Licencia para matar: ¿qué cambia la ley sobre la presunción de legítima defensa policial?

La batalla judicial librada por la familia El Khalfaoui bajo la ley de 2017 ilustra la dificultad para obtener la verdad ante los tribunales. Aunque el policía autor del disparo contra Souheil invocó la legítima defensa, los testimonios y vídeos de las personas presentes en el lugar indican que ningún agente estaba amenazado. Una primera investigación por homicidio voluntario fue llevada a cabo por la IGPN (Inspección General de la Policía Nacional, organismo de asuntos internos, a menudo apodada “la policía de la policía”), pero fue archivada en diciembre de 2021. 

Issam El Khalfaoui cuestiona la investigación: “el policía que disparó a mi hijo no estuvo detenido. El fiscal pidió explícitamente que fuera interrogado después de todos los testigos y funcionarios. Esa misma noche del crimen, pudo hablar libremente con sus compañeros”. Para Issam, la ausencia de detención permitió una sincronización de las versiones entre compañeros, y esa detención preventiva era esencial para preservar la verdad en el momento de los hechos.

La familia, representada por su abogado Arié Alimi, se constituyó después como parte civil y presentó una denuncia por “obstrucción a la manifestación de la verdad”, tras constatar la desaparición de nueve piezas de convicción –objetos y elementos relacionados con el delito– precintadas, entre ellas, pruebas en vídeo de la escena y del interrogatorio del tirador, así como la bala mortal. Aunque finalmente aparecieron de forma repentina en 2025, la instrucción sigue estancada y continúa abierta.

Con la aprobación del texto de 2026, este tipo de batalla judicial, ya de por sí difícil, podría volverse imposible. Al presumirse legal el disparo por defecto, la fiscalía ya no tiene la obligación de abrir sistemáticamente una investigación preliminar sobre las circunstancias de los hechos. Ahora recae sobre las familias de las víctimas la carga de demostrar que el disparo fue ilegítimo para forzar la intervención de la justicia.

Si bien el ministro del Interior promete que esta presunción “simple” puede levantarse en cualquier momento mediante una prueba externa, Issam El Khalfaoui denuncia una mentira del gobierno. En la práctica, sin una prueba irrefutable, como el vídeo de un testigo que demuestre la ausencia de peligro, ninguna investigación se pondrá en marcha y el caso será archivado. El padre de Souheil recuerda que, en su caso, tuvo que esperar nueve meses para que se designara un juez. Bajo la nueva ley, es decir, sin una investigación policial inmediata, las pruebas de los primeros días, las más determinantes, desaparecen antes de poder ser recogidas. Los testigos se dispersan, la balística no se preserva y, sobre todo, las imágenes de las cámaras de videovigilancia se borran automáticamente al cabo de entre tres y 30 días como máximo. Esta nueva ley no deja, por tanto, medios a las familias para demostrar la posible inocencia de sus seres queridos asesinados.

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, hizo un llamamiento a las autoridades francesas para que retiren o revisen en profundidad esta enmienda, que considera atentatoria contra los derechos humanos. Tidball-Binz estima que la ausencia de una investigación sistemática constituye una violación del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la vida.

Además, Laurent Bigot señala otro problema estructural. En Francia, las investigaciones sobre las fuerzas del orden son instruidas por la IGPN, un organismo compuesto por policías, lo que plantea un verdadero problema de independencia. Una anomalía en comparación con los países vecinos que Francia comparte con España. El exsubprefecto también alerta sobre la cercanía desleal entre los magistrados y los policías sobre los que investigan, cuando trabajan juntos a diario en otros expedientes.

Un texto racista de consecuencias mortales para los jóvenes racializados de los barrios populares

“El primer blanco son los jóvenes racializados de los barrios populares”, recuerda Issam El Khalfaoui, explicando cómo pudo aprobarse el texto. “Es muy fácil, en esta Francia cada vez más escorada a la derecha, a la extrema derecha, incluso al fascismo, estigmatizar a esta población.” En una investigación de 2016, el Defensor de los Derechos —equivalente al Defensor del Pueblo en España— revela que un joven percibido como negro o árabe tiene veinte veces más probabilidades de ser sometido a un control policial que el resto de la población. En consecuencia, cuanto más los controlan, más expuestos están a que les disparen. En 2023, el caso de Nahel Merzouk conmocionó al país tras el disparo mortal de un policía durante un control de tráfico en Nanterre. El suceso catalizó la indignación de parte de la población ante esta asimetría racial de las víctimas de la policía.

El asesinato del adolescente Nahel por parte de la policía ha desatado en Francia la revuelta de los jóvenes de los barrios populares más importante desde 2005.

Ante esta realidad, Issam El Khalfaoui relata un intercambio revelador en el que consiguió que un policía reconociera que la ley se basa enteramente en la subjetividad del agente en el momento del disparo. Una confesión que, para él, resume todo el problema. Frente a un joven racializado, el sesgo racista ya documentado en las prácticas policiales hará que sea percibido más fácilmente como “peligroso” y, por tanto, más expuesto a un disparo, mientras que un joven blanco que huye en estado de embriaguez al volante (siendo esta, sin embargo, la primera causa de mortalidad vial), suscitará ese reflejo con mucha menos frecuencia.

Esta proposición de ley se produce en un contexto de fuerte presión sobre el gobierno por parte de los sindicatos policiales, en particular Alliance, cuya línea es cercana a la extrema derecha. Para Laurent Bigot, “el poder busca comprar la paz social dentro de la policía y lleva varios años cediendo ante escaladas securitarias.” El gobierno justifica estas concesiones en nombre de la protección de las fuerzas del orden frente a una violencia supuestamente inédita. El exsubprefecto recuerda, sin embargo, que las estadísticas demuestran lo contrario: hoy hay la mitad de policías muertos en servicio que en los años 1980. El verdadero peligro, documentado por el Tribunal de Cuentas, reside más bien en el grave déficit de formación en el manejo de armas de los agentes.

Lo que ilustra en realidad esta sumisión a los sindicatos policiales es un vuelco ideológico mayor de todo el espectro político hacia la extrema derecha. Si esta proposición de ley fue defendida históricamente desde 2007 por Jean-Marie Le Pen, fundador del partido de extrema derecha, la presunción de legalidad ya no es monopolio de la Agrupación Nacional. Presentada por un diputado de la derecha radical (LR), la proposición fue votada masivamente por el bloque central presidencial. “Resulta impactante recordar que en 2022 Gérald Darmanin, entonces ministro del Interior, denunciaba esta misma medida calificándola de demagógica y propia de la RN”. Este vuelco se produce en un contexto electoralista de cara a las presidenciales de 2027. El partido presidencial y la derecha tradicional (LR), muy debilitados frente al auge de la Agrupación Nacional, buscan captar una parte del electorado de la extrema derecha.

Más de 730 000 personas han expresado su indignación a través de la petición lanzada por Issam El Khalfaoui contra este texto. La mayoría presidencial aplica su método habitual, ignorando esta movilización ciudadana masiva. La Comisión de Leyes de la Asamblea Nacional se reunió este martes 21 de julio para votar en contra de la apertura de un debate sobre el tema en el hemiciclo. En el mismo contexto, la ley Yadan, que penaliza la crítica al Estado de Israel, y la ley Duplomb, que reintroduce los pesticidas y refuerza la ganadería intensiva, fueron aprobadas con la misma indiferencia hacia las peticiones ciudadanas que se les oponían, que reunieron respectivamente 700.000 y 2.100.000 firmas.

El texto conocido como “licencia para matar” sigue ahora su recorrido legislativo en el Senado, donde será debatido próximamente. Sus opositores, encabezados por las familias de las víctimas, las ONG y los sindicatos de magistrados, apuestan ahora por un recurso ante el Consejo Constitucional, las instancias europeas y la ONU para impedir este texto. Aunque la medida aún no ha sido aprobada de forma definitiva, su votación en primera lectura en la Asamblea Nacional atestigua la radicalización hacia la extrema derecha de buena parte del espectro político, incluido un gobierno que se reivindica de centro, cuando queda menos de un año para las próximas elecciones presidenciales.

Fuente: El Salto