Alemania reincide y no escarmienta

 

Que tampoco el otoño es ya lo que era (8 de 21)

 Por Pedro Costa Morata   

    Ingeniero, periodista y politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

Alemania no nos sirve de referencia política positiva: no hay más que ver su historia desde la unificación de 1870. Desde entonces todo ha sido enhebrar una agresión con otra y un exhibicionismo dañino y arrogante que fue haciéndose consustancial a partir del control político por Bismarck (1852), con la ambición expansionista territorial como rasgo esencial de su política exterior. Esa imagen de tenacidad comunitaria y espíritu individual del trabajo que los españoles hemos admirado tanto, sobre todo en los años de masiva emigración, cuando descubríamos un país obsesivamente dedicado a (se decía) superar la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial, lleva en sus profundidades un supremacismo impenitente, y nunca debemos llamarnos a engaño ni suponer que las desgracias sufridas por ese racismo inveterado, explosivo y criminal, le hayan hecho aprender las claras lecciones que de ello debieran deducirse.

    No ha tardado mucho la Alemania que logró la reunificación en 1990, en los momentos de desintegración de la Unión Soviética y a cambio de promesas rápidamente violadas, en volver a las andadas, es decir, a olvidar el pacifismo impuesto en su constitución de 1949, a pretender el control de la Europa comunitaria, a codiciar, al menos económicamente, espacios sometidos a su férula o rapiña temporales (Europa del Este, con Polonia y Ucrania como principales y “tradicionales” objetivos ambicionados) y, como trámite necesario, hostilizar a la Rusia de siempre, interpuesta en su camino, en sus ambiciones y en sus planes de avasallamiento.

    Este “resurgimiento” de los demonios de la peor Alemania viene a ser el núcleo caracterizado de las tensiones político-militares en la Europa actual, en la que la OTAN cubre y “completa” las insuficiencias geopolíticas del actual Estado alemán que, sin embargo, parece decidirse por una escalada en la tensión con Rusia sin, aparentemente, calcular sus consecuencias. Hétenos aquí de nuevo ante el militarismo alemán de siempre, exacerbado a partir de la eliminación del socialdemócrata Schröder, que amenazaba con quebrar la línea histórica de agresividad alemana hacia Rusia, con el burócrata de partido Scholz, también socialdemócrata, que inició el rearme y la agresividad hacia Rusia bloqueando las obras del gasoducto Nord Stream 2 (sin aportar luz alguna sobre el sabotaje en 2022 de los dos gasoductos de propiedad ruso-alemana, bajo el Báltico). Pero que alcanza su punto más álgido (por el momento) con el canciller Friedrich Merz, que no se ha privado de proclamar que hará de Alemania “la principal potencia militar de Europa”, siendo el principal suministrador militar y financiero de Ucrania en su guerra con Rusia.

El canciller Merz y el presidente ucraniano Zelensky (Gettyimages).

    Siempre es necesario recordar las apetencias históricas de Alemania hacia Ucrania, con el resultado de dos repúblicas vasallas, en 1918 y en 1941-43, con ocasión de ambas guerras mundiales, a costa y en detrimento en ambos casos de la URSS debilitada: experiencias expansionistas fracasadas, igualmente, a manos de la URSS recuperada.

    Parece obvio que el significativo interés actual del Gobierno alemán (cuyo canciller proviene de BlackRock, el principal fondo de inversiones del mundo) por esta tercera República ucraniana sigue la misma línea histórica reconocible e igualmente incurre en el olvido de las anteriores derrotas frente a la misma potencia hostilizada, que ahora se llama Federación de Rusia, pero que no vive frente a Alemania la situación militar de las anteriores experiencias habidas durante el siglo XX, sino que posee una fuerza militar muy superior en la actualidad, y en un futuro, cuando menos, a medio plazo. Las “agresiones” rusas a Alemania, lo de los drones inocuos sobre su territorio, no son sino la constatación de que la Rusia de Putin observa con todo detalle tanto la asistencia militar alemana a Ucrania como, sobre todo, los inquietantes planes de rearme y las ambiciones supremacistas, apenas veladas, que la Rusia de Putin no va a consentir. Moscú, con razón, acusa a sus rivales en la OTAN del doble lenguaje empleado cuando vociferan al recibir esos drones en su territorio, sin relacionar estas “advertencias” con la ayuda militar prestada a Ucrania; y tampoco parecen percibir en su adecuada dimensión, el desafío que esos drones suponen frente a la cacareada cláusula 5 de la Carta Atlántica, esa de la asistencia mutua en caso de agresión exterior…

    Y hay un casus belli, que no simple “línea roja”, en el que no deberá incurrir esta Alemania desquiciada, ni siquiera por el intermedio de sus vasallas/jaleadas Polonia y Lituania, y se trata del enclave ruso de Kaliningrad (antigua Königsberg). Si los otanistas más agresivos, esos tres Estados a los que aludo, se empeñan en tocar ese territorio de soberanía rusa internacionalmente reconocida la respuesta militar rusa será segura y ha de pensarse que certera. Esa región se la anexionó la URSS después de ganarla a la Alemania hitleriana en la Segunda Guerra Mundial y como botín de guerra (que tampoco alcanzaba a pagar por los 25 millones de muertos que Alemania y sus aliados produjeron a la Unión Soviética). Las crónicas relatan cómo siendo Königsberg la capital de Prusia Oriental y seguramente la ciudad mejor amurallada y protegida del Reich nazi, fue asaltada y conquistada en cuatro días de abril de 1945 por las tropas del general soviético Vasilievsky, dejando asombrado a aquel mundo en guerra. La rebautizada Kaliningrad es parte de esa Prusia que en su día -en la primera mitad del siglo XIII- los Caballeros Teutones arrebataron a los habitantes locales, báltico-eslavos.

    Dejando aparte al belicoso y necio Merz y a ese establishment alemán, siempre interesado en el negocio de la guerra y en las ambiciones territoriales, hay que prestar atención, y mucha, al auge electoral de la ultraderecha alemana, concretamente el partido Alternative für Deutschland (AfD) que, curiosamente, en su ideario programático figuran, junto a objetivos típicamente fascistas, la recuperación de las buenas relaciones con Rusia y la “corrección” del enfoque oficial hacia el holocausto judío… El primer punto parecería que quiebra la idea tradicional de la potencia alemana hacia Rusia, muy especialmente desde que se considera amparada bajo el paraguas de la OTAN, pero apunta a la recuperación de la situación de los años de gobierno de Merkel y Schröder y, sobre todo, aporta un correctivo significativo al militarismo del Gobierno federal. Y el segundo se enfrenta al tabú de los tabúes de la Alemania de posguerra: su sentido de culpabilidad por el holocausto judío con la consecuencia de su supeditación al Estado de Israel y al sionismo como ideología. Acerca de este asunto, parece evidente que AfD ha captado el sentido y las repercusiones que tiene lo que el historiador Norman Finkelstein llama La industria del holocausto (2014), explicando con todo detalle cómo los lobbies sionistas norteamericanos continúan todavía hoy extrayendo el pringue financiero a Alemania, Austria, Suiza… a cuenta de las exacciones cometidas contra los judíos en su día, convirtiendo este acoso en operaciones que enriquecen a esas organizaciones (ya que no hay actualmente supervivientes de aquellos hechos).

    No obstante, y aun teniendo en cuenta las peculiaridades de la pujante ultraderecha alemana actual, sigue resultando procedente, ante el oscurecimiento de la situación política en este país, la “vuelta” una y otra vez a las comparaciones entre lo sucedido durante la República de Weimar (1919-1933), con la liquidación de la democracia por el ascenso al poder del nazismo, y la situación actual; y más todavía por las perspectivas ya perfiladas, ya que esa AfD domina desde setiembre uno de los länder federales, Sajonia-Anhalt, evocando el comienzo del fin durante la etapa Weimar, cuando los nazis del NSPD consiguieron entrar, en enero de1930, en el gobierno regional de Turingia (donde, en setiembre de 2024, por cierto, lograron la mayoría relativa con casi el 33 por 100 de los votos, aunque el “cordón sanitario” que se les opuso les impidió su acceso al gobierno del land).

    Ya que mantengo mi interés acerca de aquella República de Weimar por lo que muestra, o amenaza, en relación con la República Federal actual, leo en el último libro que sobre aquellos años ha caído en mis manos, El fracaso de la República de Weimar. Las horas fatídicas de una democracia (2025), del periodista e historiador Volker Ullrich, cómo actuaron los nazis en cuanto se instalaron en un gobierno federado, concretamente en Turingia, en 1930, y me zumban los oídos al leer que la decisión adoptada en un congreso del partido en esas mismas fechas fue “fortalecer la voluntad militar alemana” (p. 241), que ahora imita el acomplejado, torvo y (pretendidamente) democrático Merz. Ulrich se niega a admitir que el ascenso al poder de los nazis con Hitler de Canciller, en enero de 1933, fuera inevitable, y cita ocho “posibilidades” que hubo de evitarlo, a modo de “alternativas” al impetuoso y agresivo avance nazi, citando en primer lugar la falta de reacción adecuada a dos acontecimientos que excitaron la adhesión a la República: el golpe de Estado de Kapp en 1920 y el asesinato del prestigioso ministro de Exteriores, Rathenau, en 1922.

Tropas en la calle durante el golpe de Kapp (Anne Frank House).

    Fueron muy timoratas las autoridades del momento, de las que destacaba el presidente de la República, el socialdemócrata Ebert, que disponía de poderes constitucionales excepcionales y podía haber frenado en seco a los responsables.

    Ha de añadirse, a la muerte prematura de Ebert, la elección en 1925 del mariscal Hindenburg como presidente, enemigo declarado de la República y de la democracia, que a su vez representaba a lo más rancio de la aristocracia alemana (aquellos grandes propietarios agrarios “al Este del Elba”); “una elección que podría haberse evitado -dice este autor- si los comunistas hubieran superado sus diferencias”.

El mariscal Hindenburg, segundo presidente de la República de Weimar (Wikipedia).

    También se habría podido evitar la ruptura de la gran coalición en 1930, que daba estabilidad al sistema, achacable a la falta de visión y de generosidad de los partidos decisorios, lo que condujo al fin de la democracia parlamentaria. La inclusión de nazis, como ya he señalado, en el gobierno regional de Turingia ese mismo año pudo haberse evitado si los partidos democráticos se hubieran puesto de acuerdo. Al viejo presidente se le ocurrió despedir al canciller Brüning en mayo de 1932, haciendo posible el golpe de Estado de Von Papen (malvado, pero ingenuo compinche de Hitler) en Prusia y la caída de uno de los baluartes de la República, la siempre socialista Prusia. Y, finalmente, el mismo nombramiento de Hitler como canciller el 30 de enero de 1933 por Hindenburg, no era inevitable y se debió a “un oscuro juego de intrigas cuando su movimiento estaba en declive y muchas personas inteligentes ya lo daban por muerto”.

    También he leído, del historiador francés Johann Chapoutot, Irresponsables. ¿Quién llevó Hitler al poder? (2026), con un resumen de lo más claro (y alentador), en el que se opone a tantos lugares comunes como “los nazis llegaron al poder democráticamente” (falso), “a Hitler lo eligieron los alemanes” (nunca), “la crisis llevó a los nazis al poder” (falso), “los extremos/populismos acabaron con la democracia de Weimar” (falso), e incluso, para los más zoquetes, “la izquierda es la responsable de la llegada de los nazis al poder" (falso).

    Que los caminos de la Historia ni son inescrutables ni están determinados por causas o agentes concretos: no hay univocidad que valga, y se construyen día a día a partir de la actuación -sensata o irresponsable- de sus protagonistas, individuales o colectivos.

De amigos, raíces y paisajes: Domingo Mayor Asensio, in memoriam

 

Que tampoco el otoño es ya lo que era (7 de 21)

 Por Pedro Costa Morata   

    Ingeniero, periodista y politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

“Mañana a las pistolas” o “a las espadas”... Cada película, cada emoción heroica nos precipitaba, con renovado entusiasmo, a vivir y reconstruir en nuestra fantasía activa lo que aquellas entrañables sesiones de cine nos incitaban a imitar. Otras veces la consigna se inspiraba en los tebeos (los pulgarcitos, les llamábamos) y era “al Capitán Trueno” o “al Cachorro”, y nuestro ánimo se transformaba de inmediato, dispuesto a la acción fiel y entusiasta. Para nuestras correrías disponíamos de dos escenarios singulares, el barranco y detrás de la pareta, y entre sus recovecos, salados, y vagones del tren (aunque la proximidad a las vías nos estaba terminantemente prohibido), en aquellos espacios que nos resultaban casi ilimitados vivíamos tan discretas como maravillosas aventuras, en un tiempo en el que los inviernos eran ventosos, oscuros y recogidos, y el verano alegre. Y ni que decir tiene que espadas, fusiles y caballos eran de caña, ramas de palmera o tablas imaginativamente trabajadas; y a lo mejor podría yo encontrar en mi patio, todavía, un revólver de piedra que me duró varias campañas en nuestro particular y trepidante Oeste.

Aunque los efectivos variaban, los elementos más permanentes -el núcleo más arrebatado por la acción bélica- éramos media docena: José Luis Franco, Juan Ramón Cervellera, Juan Solano, Domingo Mayor y yo; todos, más o menos, del Callejón de la Vía.

La colla del Callejón/Paso a Nivel, en la playa del Hornillo (verano de 1967). Dominguico es el segundo, sentado, por la izquierda.

Este año hemos perdido a Domingo Mayor, el Dominguico, y yo (el Pedrín), he sentido que con él perdía una parte sustancial de mi niñez y de mi vida. Sin verlo ya pasar por mi puerta, sin poder reírme con él al recordar tantas cosas se me ha nublado una historia y un paisaje, una emoción siempre a punto, un pasado gozoso que alimentábamos con la constancia amistosa del saludo y la sonrisa: una porción del alma.

Entre lágrimas me he visto, con Dominguico, trepando las rejas de las ventanas para ver los vapores -por sobre la pareta, la fábrica de esparto y las palmeras del Paseo de Parra- cuando con su mugido de humo nos alertaban y asombraban (morían entonces los pailabotes, tan hermosos); o llamándonos para contemplar juntos la estela extraordinaria de los primeros aparatos a chorro. Y cuando mi niñez de los 9 años se vio alterada por el internado ferroviario en remotas geografías, Dominguico siempre estaba entre los amigos fieles, esperando en la estación mi llegada triunfal de vacaciones; y tampoco faltaba en el tristísimo día de la despedida.

De la primera juventud me veo con Dominguico tirándonos al agua desde las proas de los barcos, compitiendo en valor y estilo: el Fortún, el Gabarrón, el Hermanos Mayor... la del Dolores era la más alta y yo nunca me atreví: él sí. Y contemplo, con la tristeza cruel de los más bellos recuerdos, las fotos que nos muestran en la Torre de Cope en los días en que nos daba por hacer regatas en bicicleta, después de que jugáramos a la pelota en el anchurón de La Almadraba y de que los últimos pagaran las cervezas en el bar de Miguel de Calabardina. Luego, llegada la noche, no pocas veces saltaríamos -con depurada técnica de comando- la baranda de la pista para bailar gratis con aquellas zagalicas que iluminaban nuestras primeras noches de cotillón (y que, poco a apoco se unirían, transformándolas, a nuestras cálidas aventuras de estío).

Luego, con la mili, el noviazgo de verdad y los inciertos comienzos del trabajo, parecía que se imponía un tiempo de separaciones, pero qué va. En mi inacabable historia de regresos al Callejón, siempre he sabido que Dominguico era, cinco puertas más allá de la mía, una referencia fija y admirable: era de todos nosotros el que menos se alejó de sus orígenes -y entiéndase por ello la casa donde nació- y el que optó por una vida más sencilla. Y esto, que algunos habrán creído equivocación o quizás fracaso, es para mí un acierto y una prueba de que la humildad y la discreción están siempre mucho más cerca de la sabiduría que la apariencia y la ambición.

Es verdad, sin embargo, que es ahora cuando, desolado, quiero contar que Domingo Mayor, hijo de Pepe Mayor y de la Quisca, gente pescadora de Calabardina, era seguramente el mejor de nosotros y quizás por eso, como todos los mejores, se ha ido antes. Así que ya no estamos todos, y nunca volveremos a estarlo.

(Del Programa de Festejos de Águilas, Verano 2000)

El profesorado madrileño secunda una inédita huelga indefinida

 

 Por Sara Plaza Casares   

      Coordinadora de sanidad y co coordinadora de Feminismos en El Salto.

Las protestas que comenzaron hace tres cursos para conseguir la bajada de horas lectivas entre el profesorado y la disminución de ratios, entre otras mejoras, desembocan en una huelga indefinida que arranca este miércoles 14 de octubre.

Manifestación en defensa de la educación pública el pasado 27 de septiembre en Madrid. Manuel del Valle.

     Ana Vicenti es profesora de Historia en un instituto de Madrid. Sus clases tienen entre 26 y 34 alumnas y alumnos. Todas están por encima de la ratio fijada por la Comunidad de Madrid para toda la Educación Secundaria Obligatoria este nuevo curso, que es 25. Explica que la comunidad deja un margen de tres plazas para que sean cubiertas a lo largo del curso de manera excepcional. “Pero esa excepción la han convertido en la regla”, se queja. Vicenti es portavoz de Menos Lectivas, una de las organizaciones que ha tejido una huelga indefinida en la Comunidad para toda la enseñanza no universitaria que arranca este miércoles 14 de octubre y que aúna a más de una veintena de organizaciones y sindicatos.

Desde Menos Lectivas tienen contabilizadas la creación de 200 asambleas en 200 centros educativos “pero puede haber más”, añaden, por lo que el número de piquetes es incontable. “Muchas están organizando sus propios piquetes sin avisarnos. Nos interesa que las profesoras se organicen, se movilicen, que vayan a la huelga y que haya una estructura libre”, explica Vicenti.

Chapas por la educación pública. David Canales.

Además de piquetes, el paro contará con concentraciones descentralizadas y una unitaria a las 12 h. en Sol y a las 18 h. en una manifestación que irá de Atocha hasta Sol.

Las entidades convocantes destacan que el paro es inédito por su carácter indefinido. Cuentan como modelo inspirador la huelga de las educadoras infantiles de 0-3 que llevan desde abril secundando un paro. Pero la protesta comenzó a cocinarse hace tres años, cuando se creó Menos Lectivas la plataforma de profesores y profesoras que se organiza de manera asamblearia. “Llevamos más de tres cursos, empezamos en junio de 2023, hemos organizado huelgas de uno, dos y tres días”, explica mientras añade que la inacción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) las ha llevado a tomar la decisión de parar del todo.

Imagen de la manifestación en defensa de la Educación Pública el pasado 19 de abril. Manuel del Valle.

Seis son los ejes principales de la protesta. La bajada de ratios es una de ellas. Piden 13 para Infantil, 15 para Primaria, 20 para ESO y 25 para Bachillerato. “En mi centro hay cursos de Bachillerato con 38 alumnos y alumnas, eso no puede ser”, se queja Vicenti. Añade que en estos cursos “hay niveles diversos y necesidades educativas que atender y también hay que atender la parte emocional del alumnado. Más de 20 en ESO y 25 en Bachillerato nos dificulta atender a nuestro alumnado como nos gustaría”, explica.

Contra la segregación escolar

Para Vicenti, la bajada de ratios “es una de las medidas más significativas porque sería una de las cosas más fáciles de implementar”. Pero no es la única. La lucha contra la segregación escolar es otro de los ejes de la huelga. “La Consejería de Educación hace que algunos centros se hacinen, como el mío que nos falta dar clases en los cuartos de baño”, ironiza. A su vez, valora, hay centros que están convirtiéndose en guetos con cada vez menos alumnos pero más vulnerables, ya que con el distrito  único de matrícula “la Consejería favorece que las familias vayan a los centros que tienen más fama”, explica.

Esta profesora habla de una competición entre centros para atraer más alumnado, fomentada por la Consejería. “Los centros, de manera velada, intentan atraer a su centro a chavales de familias en mejores condiciones socioeconómicas” se queja. En este sentido, las entidades convocantes piden un “plan de medidas para garantizar la equidad y la adecuada atención del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con necesidades educativas especiales o perteneciente a otros colectivos vulnerables”, además de la eliminación de modelos segregadores como el bilingüismo.

Por otro lado, “nos cierran aulas cada curso, incluso con el curso empezado pero a los concertados se los mantienen. Esto siempre juega en contra de la pública”, explica. Tal y como ha documentado El Salto este curso arrancaba con la supresión de cuatro aulas en dos colegios públicos de Las Tablas y Valdebebas: el Calvo Sotelo y el Nuria Espert. Cuatro profesores fueron desaplazados y, de la noche a la mañana, el alumnado pasaba a ocupar aulas sobrerratio, usando las plazas previstas por la ley para ser cubiertas en casos excepcionales.

Más financiación

De fondo: las entidades denuncian un problema de financiación. Según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, presentado en noviembre de 2025, la Comunidad de Madrid es la que menos invierte en educación por alumnado, con menos de 6.000 euros por persona matriculada, frente a los más de 9.000 invertidos por Euskadi o los 8.000 en Cantabria.

Por ello entre las reivindicaciones de la huelga hay ejes que pasan por un aumento de esta inversión como la mejora salarial de los docentes y una equiparación con lo que ganan en el resto de comunidades. Concretamente, demandan un incremento de 600 euros mensuales en el Complemento Específico General.

Esto unido a la reducción de la burocracia, con la exigencia de “contar con al menos un auxiliar administrativo a tiempo completo en cada centro educativo para liberar al profesorado de cargas burocráticas y administrativas ajenas a su labor docente” o una mejora en las infraestructuras, que incluya un plan integral para climatizar las aulas y retirar el amianto, harían cinco los ejes de lucha.

Pero falta el sexto, que dejamos para el final, ese que hizo prender la mecha de la indignación: la bajada de horas lectivas. Y es que la Comunidad de Madrid tiene una situación singular en el Estado: la única que mantiene el recorte educativo, instalado durante la crisis económica, que supuso un aumento en las horas lectivas del profesorado. Las docentes piden volver a las 17 horas para Secundaria y a las 22 para Primaria. 

En marzo de 2025 la mesa sectorial lograba un acuerdo con la Comunidad de Madrid, que las organizaciones consideraban como “insuficiente”. El acuerdo incluía que a partir del curso 2025/26 todos los profesores de Secundaria, FP y Régimen Especial tendrían una jornada semanal de 19 horas lectivas, que iría bajando progresivamente hasta las 18 horas en 2030. Por su parte, los docentes de Infantil y Primaria disfrutarían de una hora más de libre disposición, pero no conseguirán reducir su jornada lectiva.

“El acuerdo no llega a todas. Es ridículo”, valora Vicenti. Si la Comunidad de Madrid hubiera querido sentarse a negociar un acuerdo más ambicioso “no hubiéramos llegado hasta una huelga indefinida. Nunca nos hubiera gustado llegar hasta aquí”, asegura esta profesora.

Fuente: El Salto

El movimiento de vivienda calienta motores para construir la huelga general del 11N

 

 Por Alejandra Mateo Fano   

      Periodista y activista que escribe sobre justicia social.

Los sindicatos de inquilinas consideran que la tarea troncal de las organizaciones reside en construir la arquitectura de la huelga barrio a barrio, a través de acciones agitativas sostenidas. Las asambleas territoriales de vivienda juegan un papel fundamental a la hora de llamar a la movilización.

Manifestación en Madrid del pasado 3 de octubre por la huelga general. Fotografía de Susana Albarrán Méndez.

     La última vez que España entró en huelga general fue hace 14 años, en noviembre de 2012. Por aquel entonces los sindicatos mayoritarios secundaron unas protestas que venían motivadas por el hartazgo ante los recortes del gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular). Su seguimiento superó el 77% y concluyó con cientos de encausados y heridos.

Este otoño caliente, sin embargo, la convocada para el próximo 11 de noviembre por los sindicatos de inquilinas de todo el Estado luce algo distinta: se trata del primer paro general por la vivienda en la historia de España.

Huelga General por el derecho a la vivienda el próximo 11 de noviembre.

La ciudadanía exige medidas ambiciosas y contundentes contra la especulación inmobiliaria, pero también salarios dignos que suban a la par que el IPC. El mes que viene, semanas antes de que comience la campaña electoral para las elecciones anticipadas del 29N, millones de personas están llamadas a detener la producción durante 24 horas.

Todo comenzó con la chispa social que desató el desahucio de Maricarmen, vecina de 87 años fallecida dos semanas después de su violento desalojo. Su caso, devenido un símbolo de la voracidad del mercado inmobiliario en las ciudades, movilizó a miles de jóvenes que rápidamente se agolparon en la Puerta del Sol para acampar de manera indefinida: era la primera vez que la crisis de la vivienda protagonizaba con tanta intensidad la conversación pública. Aunque todavía se mantienen las acampadas en territorios como Madrid, Valencia o Sevilla, el Sindicato de Inquilinas considera que la tarea troncal en adelante debe ser construir desde la base, barrio a barrio la arquitectura de la huelga. Las asambleas territoriales de vivienda juegan un papel fundamental a la hora de dinamizar acciones agitativas como piquetes informativos.

La labor no es sencilla pero las inquilinas ya se han puesto manos a la obra y cuentan con el apoyo de los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, así como CGT, CNT, Acción Social de Solidaridad Obrera y Co.Bas, tal y como anunció el pasado miércoles la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI). También ha sido convocada por los principales sindicatos independentistas como LAB, ELA, CIG y la Intersindical Alternativa de Catalunya, Confederación Intersindical, Intersindical Valenciana, además de otros sindicatos vascos como ESK, Steilas o la Unión de actores y actrices, entre otros.

“Estamos muy contentas de que los dos sindicatos con más afiliación de nuestro Estado se hayan puesto al lado de todo un movimiento que lleva dos semanas en la calle luchando por el derecho a una vivienda digna. Desde los sindicatos de inquilinas no vamos a dejar de trabajar para que haya una auténtica unidad popular de todas las trabajadoras de este país para conquistar nuestro derecho a la vivienda”, declaraba en rueda de prensa recientemente la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río.

Desde la CGT justificaban la legalidad de la convocatoria —puesta inicialmente en tela de juicio por parte de la patronal inmobiliaria y algunos sectores de la derecha y ultraderecha— en cuanto a que el parón permite trasladar el conflicto habitacional a los centros de trabajo. Con los salarios actuales, inciden, es imposible acceder a una vivienda digna. Otros ejemplos de huelgas no laborales que han sembrado camino en la época reciente fueron la última parada global por Gaza durante el genocidio sionista y la huelga de cuidados feminista en 2018 convocada por la Comisión 8M de Madrid.

El papel de los sindicatos de vivienda en la huelga

Las organizaciones de inquilinas de todo el Estado deberán a partir de ahora dinamizar acciones agitativas, asambleas, talleres formativos, piquetes y actos encaminados a movilizar a la ciudadanía en todos los municipios. Aunque los próximos pasos para organizar la huelga contemplan la creación de comités territoriales con presencia de distintos agentes sociales, numerosos colectivos ya han empezado a impartir formaciones sindicales para llamar a la participación y resolver inquietudes. “La huelga general es la única manera de garantizar que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo, gobierne quien gobierne”, infería del Río animando a la organización popular.

Y es que una de las grandes incógnitas que rodearon a la huelga desde que el presidente —ahora en funciones— Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas fue quién sería el destinatario último de los parones, contra qué partido se estaría protestando sin haber un Gobierno de facto. Lo cierto es que todas las organizaciones de vivienda apuntan a que existe un malestar generalizado tanto por la inacción del Ejecutivo central como por parte de los gobiernos autonómicos, en especial en la Comunidad de Madrid.

Ninguno de ellos, sostienen, ha sido capaz de atajar una crisis que continúa situándose como el primer problema de los españoles según el barómetro del CIS. “No vamos a poner nuestra organización en pausa durante la campaña. Nuestros derechos no pueden depender de sus cálculos electorales. La chispa de Sol sigue en los barrios. En cada asamblea, en cada vecina que se suma, en cada conflicto que afrontamos juntas, seguimos hacia la huelga general por la vivienda”, clamaba en sus redes el Sindicato de Inquilinas.

Las reclamas que sustentan el parón del 11N, como alquileres indefinidos, expropiación de inmuebles de fondos buitre, ampliación del parque de vivienda social o el fin de la compra especulativa, responden a un clamor popular que no ha cesado aún tras la aprobación de los dos decretos una vez disueltas las Cortes Generales. Tan solo el primero de ellos está actualmente en vigor, ya que el segundo —el Real Decreto-Ley 28/2026, que incluye los contratos indefinidos, es decir, la renovación automática de los mismos— todavía debe ser convalidado por la Diputación Permanente. Como parte del proceso de construcción de la huelga, el Sindicato de Inquilinas ha puesto en marcha un portal web donde se indica paso a paso cómo acceder a los derechos contemplados en el primer decreto, el Real Decreto-Ley 28/2026.

Entre algunas de estas medidas inéditas, que se han sentido como un triunfo sin precedentes del movimiento por la vivienda, se encuentran las prórrogas de alquiler extraordinarias de dos años, incluyendo el caso de tácita reconducción para contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 o la suspensión de los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad social hasta el 31 de diciembre de 2030. Un paquete del que los inquilinos pueden beneficiarse al menos hasta que un futuro gobierno decidiera derogarla (un escenario posible si el Partido Popular ganara los comicios de noviembre). Las reivindicaciones que las inquilinas mantienen en el horizonte incluyen, además de topes a los precios de los alquileres con bajadas del 50%, la recuperación de pisos turísticos y alquiler temporal, y la desarticulación de los grupos de desokupación.

Coordinación y comunicación entre organizaciones para movilizar los barrios

Las organizaciones que componen el movimiento por la vivienda coinciden en que es necesaria una coordinación y comunicación máximas entre sí para la consecución de los objetivos de la huelga. En este sentido, Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), explica que los comités de huelga todavía en composición serán compartidos por varios colectivos. Uno de los imperativos más urgentes a día de hoy es informar a la ciudadanía poco o nada politizada sobre las implicaciones de arrancar un proceso como este, que no cuenta con antecedentes en nuestro país.

“Nadie va a hacer una huelga que no entienda, ahora toca hacer un trabajo centrado en informar a la gente que pasa por la calle, en los pequeños comercios, acercarnos a las salidas de metro y otros puntos neurálgicos del centro de las ciudades pidiendo esa solidaridad y participación”, estima Villalobos. Sus demandas incluyen también cuestiones vinculadas a los derechos de quienes tienen una vivienda en propiedad: por ejemplo, problemas con el pago de las hipotecas a causa de los salarios o dificultades en la rehabilitación de las viviendas por la dejación institucional.

A su juicio, el clima social es hoy más propicio que nunca para la acción masiva de la ciudadanía, especialmente la manifestación del pasado 3 de octubre, que aglutinó a cientos de miles de personas y tuvo lugar en varias ciudades de manera simultánea. A medida que se ha ido despejando la incertidumbre inicial sobre los pormenores de una huelga que no es estrictamente laboral —aunque sí incluye demandas vinculadas a los salarios y la revalorización de las pensiones— el ánimo ha ido in crescendo. “Nunca antes habíamos tenido un mejor momento para luchar con todas las garantías posibles por resolver el problema de la vivienda con unas elecciones generales por delante que lo condicionan todo”, clama enérgico Villalobos.

Quienes también hacen énfasis en la relevancia de establecer una coordinación intersindical activa son los integrantes del Sindicato de Vivienda de Tetuán (SVT). Aunque manifiestan algunas diferencias respecto a las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas —el SVT ha expresado un mayor inconformismo con lo estipulado en el primer decreto— su objetivo es compartido: forzar medidas estructurales que pongan coto al rentismo. Para ellas, la huelga general también debería poner sobre la mesa una cuestión fundamental que llevan tiempo peleando los movimientos sociales de todo color: la derogación de la Ley Mordaza, en virtud de la cual decenas de activistas han recibido multas estratosféricas por manifestarse en puerta contra el desalojo de familias vulnerables. En julio de este mismo año, cuatro integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) vallecana tuvieron que declarar por un supuesto delito de desórdenes públicos tras haber participado pacíficamente en una protesta contra CaixaBank. Entre varios sindicatos de vivienda por todo el país acumulan miles de euros de multas.

Hoy se muestran especialmente críticos con medidas que a su parecer “no hacen más que blindar el negocio de la vivienda” como las bonificaciones fiscales a pequeños propietarios. Se refieren a la última promesa de Moncloa, que el pasado martes afirmaba que “los pequeños propietarios disfrutarán de un incentivo fiscal si alquilan su casa a precios asequibles”.

Medidas incluidas para contentar a los sectores más conservadores y que estas activistas califican como “electoralistas”. Para ellas, esta huelga debe perseguir un fin concreto: avanzar en la organización de clase desde los sindicatos de vivienda. Fabián Ferlosio, portavoz del SVT, define la acampada como un momento clave a la hora de cohesionar organizaciones y sindicatos de inquilinas “con diferentes sensibilidades y posturas políticas que hoy buscan trabajar juntas pese a sus diferencias”.

De la indignación social a la ilusión militante

En las últimas semanas, desde la primera gran manifestación por el desahucio de Maricarmen, los espacios de lucha por la vivienda han experimentado una crecida exponencial de afiliados. Ello, máxime en pleno momento de edificación de la huelga, exige la creación de nuevas estructuras ya que “hacía muchísimo tiempo que no se vivía una situación política tan activa desde las organizaciones de la clase trabajadora” subrayan. La rabia y la indignación que brotaron tras la primera derogación de ambos decretos en el Congreso fue poco a poco transformándose en ilusión militante.

Las asambleas territoriales de inquilinas se ven en este nuevo ciclo político más nutridas que en décadas, desbordadas por vecinas deseosas de impulsar un cambio verdaderamente sistémico. Las voces dubitativas sobre el calendario de movilizaciones venideras se suman a las de quienes transmiten enérgicas su voluntad de colaborar en las acciones agitativas.

El sentido común general ha virado, en estas primeras semanas de organización popular, hacia una mayor conciencia social sobre el acceso a la vivienda: “Antes los medios nos preguntaban, por ejemplo, ¿qué pasa con los propietarios que tengan tres o cuatro viviendas? Y nuestra respuesta era, estamos más cerca de ser desahuciados, de no poder emanciparnos o de no poder asumir el precio del alquiler que de tener varias viviendas”, apunta Ferlosio.

En esta misma línea, desde Derecho a Techo, organización que lidera la lucha contra la especulación en Málaga, consideran que la huelga debería servir a largo plazo para visibilizar todavía más la situación que viven de forma invisible “muchas maricármenes”. Esta provincia andaluza lidera junto a las Islas Baleares el ranking de precios del alquiler por m² debido a la presión turística. “La vivienda nos cuesta la vida y Mari Carmen lo ha dejado bastante claro. En Málaga conocemos a muchas mujeres mayores enfermas que se han visto en la calle. Si no queremos llorarlas y enterrarlas el día de mañana, tenemos que defenderlas hoy”, infiere a este medio Ana Cortes, activista en esta organización, para quien es fundamental mantener el debate sobre la vivienda en el candelero estos meses próximos.

Admite que para ella y sus convecinas organizadas los decretos del gobierno en funciones no son ni soluciones ni dignas, ni estables, mucho menos definitivas una vez transcurran los comicios del 29N. Por ello, crear redes vecinales es una labor primordial, al igual que extender la movilización a los centros de trabajo difundiendo los motivos de la huelga entre las plantillas y convocando asambleas informativas a través de los comités de empresa. Muchas activistas recomiendan hacer un buen manejo de las redes sociales y apps móviles utilizándolos como instrumentos de propaganda para llamar a la huelga y facilitar la extensión organizativa.

“Tenemos que mantener viva esa llama que estalló ese 23 de septiembre en Retiro creando alianzas en los barrios, desde los centros de trabajo hasta las asociaciones, debemos permanecer unidas pese a la dureza del proceso”, desliza. El reto residirá, asegura, en sostener el pálpito social en las próximas semanas para que la movilización no decaiga. Sobre todo ahora que la acampada malagueña acaba de concluir con el fin de continuar en las calles la batalla contra el rentismo.

“Ese despertar no podemos dejarlo dormir, si no insistimos día a día la gente girará la atención hacia otros asuntos de última hora y la emoción se enfriará”, admite. Hace hincapié en la feminización de la crisis residencial. Las mujeres migrantes con hijos han sido quienes más han acudido a las asambleas en los últimos años para defender sus hogares y los de sus familias en tiempos de dificultad. “Los desahucios tienen un rostro de mujer. Somos las que luchamos por la vida, por mantener nuestras casas y hemos puesto el cuerpo para defenderlas”, esgrime.

Fuente: El Salto