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martes, 12 de mayo de 2026

Reporteros Sin Fronteras considera la amenaza de Israel a una periodista de El Salto “un aviso a navegantes”

 


La organización Reporteros Sin Fronteras condena el veto de Israel a la periodista Queralt Castillo Cerezuela y la difusión de su caso para señalarla, y advierte de presiones crecientes sobre periodistas extranjeros


Reporteros Sin Fronteras condena el veto de Israel a la periodista española Queralt Castillo y la difusión de su caso para señalarla, y advierte de presiones crecientes sobre periodistas extranjeros.


     Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha criticado la situación sufrida por la periodista de El Salto Queralt Castillo Cerezuela, a la que el Estado de Israel vetó la entrada en el país y posteriormente la expuso en un comunicado oficial en el que las autoridades sionistas la acusaban de antisemitismo por utilizar términos como “genocidio”, “barbarie” o “masacre” en informaciones sobre la actualidad en Palestina.


Queralt Castillo Cerezuela.

Según RSF, este tipo de prácticas, que combinan decisiones administrativas con la exposición pública de periodistas, suponen “un mecanismo de presión incompatible con los estándares internacionales de libertad de prensa”.


La nueva flotilla a Gaza inició su salida desde Barcelona.

La organización tiene constancia de, al menos, otros dos casos recientes de denegación de visados a periodistas europeos.

El 20 de enero, Queralt Castillo Cerezuela, especializada en información internacional, migración y derechos humanos y empleada de El Salto desde marzo de 2025, solicitó autorización para trabajar sobre el terreno ante la Oficina de Prensa del Gobierno israelí (GPO), aportando toda la documentación requerida. Ante la demora en la respuesta, a mediados de abril consultó el estado de su solicitud y fue informada de que el permiso le sería denegado. Pocos días después, recibió una comunicación oficial: no solo se le rechazaba la acreditación como periodista, sino que se le prohibía la entrada en el país, según un documento adjunto de la autoridad de inmigración. “Pensé en alegar, pero no le di más vueltas. Creí que al estar en medio de un conflicto bélico podía haberse cerrado la entrada a periodistas. Todo cambió cuando un par de días más tarde me empezaron a llegar mensajes de compañeros/as periodistas para preguntarme sobre el asunto y si estaba bien. Yo no lo había hablado con nadie más que con la gente de mi periódico”, ha explicado Queralt Castillo a RSF.

Las preguntas de sus colegas de profesión se debían a que el Ministerio israelí de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo había emitido un comunicado, distribuido a grupos de periodistas internacionales, en el que acusaba a la periodista de “antisemitismo”, de apoyar el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) y de haber utilizado la expresión “genocidio” en sus artículos. El comunicado sustenta estas acusaciones citando publicaciones de la periodista en redes sociales, frases extraídas de sus artículos e incluso retuits en X. “No entiendo esta decisión, porque yo no soy una persona relevante, sino una persona anónima que hace su trabajo. El hecho de hacer público mediante un comunicado ministerial los motivos de denegación de la entrada al país me consta que se había hecho con personajes públicos, pero no había visto este proceder para con los periodistas. Además de sentirme vulnerada, me preocupa que esto tenga consecuencias a la hora de trabajar en otros países”.

El comunicado citaba su nombre y apellidos, su lugar de residencia y los medios para los que trabaja la periodista, dejando claro que “no se permitirá la entrada ni la actividad en su territorio a quienes actúan en contra de Israel, en el marco de su lucha contra el antisemitismo y el movimiento BDS”. 

RSF menciona los otros dos casos de periodistas a los que Israel ha negado el visado. En enero, la reportera independiente francesa Khadija Toufik, que ha informado habitualmente desde Israel y Cisjordania ocupada desde 2023, recibió un correo electrónico de las autoridades israelíes en el que se le comunicaba la revocación de su autorización para viajar a Israel. En julio de 2025, al fotorreportero independiente italiano Alessandro Stefanellise le rechazó de forma similar su acceso a Israel mediante un correo electrónico. El periodista presentó un recurso ante el Tribunal de Apelación de Población y Migración contra esta decisión y está a la espera de una vista el 19 de mayo.

Según el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), la negativa del gobierno israelí a otorgar el visado para entrar en el país a Queralt Castillo Cerezuela es el “síntoma más evidente del acoso y la persecución que el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu hace al periodismo y a la información libre”. Para este sindicato, la excusa utilizada por el ministro de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, Amijai Chikli —que la periodista ha usado el término “genocidio” para referirse a situación en Gaza— demuestra que la amenaza de la exclusión sobrevuela la cabeza de cualquiera lo utilice y recuerda que esta expresión “ya ha sido utilizada por una comisión internacional independiente de Naciones Unidas con relación a los bombardeos en Gaza”.

En diciembre de 2023, la redacción de El Salto elaboró e hizo público un documento con indicaciones sobre cómo informar sobre Palestina. Este manual recoge indicaciones como la del uso de la palabra “genocidio”: “Creemos que es mucho más ajustado hablar de genocidio, masacre, matanza, limpieza étnica o campaña de exterminio”. Además, el documento contiene indicaciones sobre el uso de términos como “guerra”, “terrorista” o “rehenes”. “Las palabras aportan marco, contexto, otorgan o quitan legitimidad y muestran el posicionamiento del medio”, reflexiona el manual.


Fuente: El Salto

viernes, 23 de enero de 2026

La ofensiva de Trump contra los medios públicos

 

 Por Alberto Mesas   
      Periodista por la Universidad Complutense de Madrid especializado en temas sobre migraciones, derechos humanos y Balcanes occidentales.

El fin de la financiación federal conduce al cierre de más de 1500 emisoras locales y aumenta la brecha informativa en las zonas rurales. El ataque contra los servicios públicos de comunicación se replica en Europa

     La desfinanciación de los medios de comunicación públicos de Estados Unidos es solo otra de las cruzadas de Donald Trump desde su vuelta a la Casa Blanca. El primer lunes de 2026 trajo consigo el apagón de la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB, por sus siglas en inglés), el ente independiente que desde 1967 canalizaba los fondos federales para financiar las televisiones y radios públicas de todo el país. 

Con todo, esta es la crónica de un cierre anunciada. El pasado mes de julio, el Congreso –de mayoría republicana– aprobó un hachazo de 9.000 millones de dólares en recortes presupuestarios, de los que más de 1.000 millones estaban destinados a financiar la CPB durante 2025 y 2026. Esto se ha convertido, entre otras cosas, en el fundido a negro de más de 1.500 emisoras de radio de todo el país que durante décadas habían estado funcionando gracias a los fondos públicos, y que daban empleo y servicio –información local, contenido educativo e información de servicio relacionada con el tráfico o las alertas climatológicas– a millas de pequeños condados de todo el país.


Protesta en la sede la NPR en Washington el 11 de marzo de 2025.

La pérdida del apoyo económico a la CPB corre el riesgo de erosionar, o incluso destruir, la fuente más confiable de información en muchas comunidades”, alerta desde Indianápolis Caroline Hendrie, directora ejecutiva de la Society of Professional Journalists (SPJ) [Sociedad de Periodistas Profesionales]. Hendrie pone el foco en la cobertura que hacen los medios públicos en muchas zonas de Estados Unidos, y en que el dinero de la CPB “también hacía posible la realización de documentales y reportajes de investigación sobre asuntos de interés público”.

En la SPJ muestra una especial preocupación por el periodismo de investigación. “Investigar un tema a fondo requiere tiempo, recursos e independencia editorial, que son difíciles de conseguir sin un apoyo económico que no tenga más motivos ocultos que sacar a la luz la verdad”, insiste Hendrie.

Ofensiva contra lo público 

La decisión de cerrar el grifo del dinero público, totalmente consciente y meditada, va mucho más allá del mero ajuste presupuestario por parte de un gobierno ultraliberal, y también representa una ofensiva política e ideológica declarada contra la idea de los medios públicos como infraestructura esencial en un sistema democrático donde el derecho a la información representa uno de sus pilares.

Durante años, numerosos líderes conservadores han criticado duramente a la PBS y la NPR (la televisión y la radio pública de alcance estatal), acusándolas constantemente de tener un marcado sesgo ideológico, quejándose del mucho dinero que cuesta mantenerlas activas y exigiendo más control y menos financiación federal. Finalmente, ha sido la administración Trump quien ha sentenciado a muerte a la Corporación. En mayo de 2025, el magnate firmó la Orden Ejecutiva 14290 , que instruía a la CPB a cesar la distribución de fondos a la PBS y la NPR, argumentando que desde estos medios se hacía “propaganda con dinero de los contribuyentes”. De hecho, la propia orden lleva como título “Fin de los subsidios de los contribuyentes a los medios de comunicación sesgados”.


Las sedes de PBS y NPR en Arlington, Virginia, y Washington, D. C.

Esta retórica se articuló como parte de un discurso conspiranoico más amplio que calificaba a los medios públicos de “radicales” o “woke” (término despectivo para referirse a quienes defienden luchas sociales contra el racismo o a favor de los derechos LGTBIQ+), deslegitimando su función y cuestionando la profesionalidad de decenas de miles de sus trabajadores.

El Capitolio aprobó la retirada de fondos por 214 votos a favor y 212 en contra, y el Senado hizo lo propio por un estrecho margen, pese a las protestas de algunos republicanos que expresaron preocupación por el impacto en emisoras rurales o en las comunidades indígenas. Precisamente por su papel en la educación, la cultura y el impulso del periodismo local, durante décadas ha habido un consenso entre demócratas y republicanos que ahora Donald Trump ha hecho saltar por los aires.

Los ataques a la integridad editorial y la credibilidad de la PBS y la NPR no son nada nuevo”, añade Caroline Hendrie. La directora ejecutiva de la SPJ cree que los esfuerzos para combatir esta narrativa hostil contra los medios públicos “deben incluir el argumento de que estos medios ofrecen información esencial y contenidos educativos a audiencias de todo el país”. Y para esto –continúa– es necesaria “la ayuda y el apoyo de dicha audiencia, que debe exigir a sus líderes electos que respeten y apoyen la libertad de prensa”.

Bulos y odio frente al derecho a la información

Además de garantizar el acceso a la información independientemente del lugar de residencia o del nivel de renta –en EEUU la televisión es mayoritariamente de pago–, la CPB no producía programas ni intervenía en las líneas editoriales de la PBS y la NPR.

Su función se limitaba a distribuir los fondos federales, unos fondos que ni siquiera eran muy cuantiosos. Según datos del Congreso de EEUU, el dinero público que recibía la CPB representaba alrededor del 16 % de su presupuesto total, el resto provenía de donaciones privadas, patrocinios y aportaciones de los oyentes y espectadores.


RAPPORT MÉDIAS PUBLICS.

Sin embargo, ese pequeño porcentaje de ayuda federal permitía sostener programas míticos como Barrio Sésamo; cubrir información local en zonas consideradas news deserts (desiertos informativos, condados sin prensa diaria ni televisión local); y mantener operativos sistemas de alerta de emergencia, esenciales en regiones expuestas a tornados, incendios o inundaciones.

Además, en muchas emisoras de radio rurales –algunas de las cuales recibían entre 30 % y 70 % de su presupuesto de la CPB–, la financiación del Estado marcaba la diferencia entre seguir emitiendo o cerrar, porque los medios privados no invierten en estas zonas al no considerarlas rentables económicamente. Por ejemplo, una emisora local de Yakima (Washington), llegó a desarrollar un servicio de traducción de alertas meteorológicas orientado a los trabajadores agrícolas hispanohablantes, algo que habría sido impensable sin financiación pública.

En muchas ocasiones, el vacío que dejan los medios públicos es rápidamente ocupado por plataformas privadas y, a falta de cabeceras, la audiencia tiende a informarse a través de las redes sociales, donde la desinformación y los bulos circulan sin ningún tipo de filtro, lo que también contribuye a ampliar la brecha informativa entre las zonas urbanas y rurales.

La precarización del trabajo en las redacciones es otro problema derivado de la degradación de los medios públicos. Hendrie apunta que “los recortes en la financiación se traducen directamente en una reducción del número de periodistas y de la capacidad de las redacciones para cubrir temas”. Esto, afirma, afecta a la calidad de la información, y también condiciona que los periodistas se lancen a informar sobre determinados asuntos: “La inseguridad laboral dificulta que los periodistas se enfrenten a poderes políticos o económicos, e informen sobre temas complejos sin temor a represalias […] La solidez de los medios de comunicación públicos depende de una financiación estable que permita a los periodistas realizar su trabajo de forma independiente, ética y sin presiones”.

En esta misma idea incide Montse Montaos, responsable de televisiones públicas de la Agrupación de Periodistas de Comisiones Obreras (CCOO). Para ella, “en el ideal de un medio público, hay coberturas que probablemente nunca harían otros medios. La buena información es cara y no ofrece un beneficio económico directo, ofrece un servicio clave en una sociedad democrática”.

Medios bien valorados, pero poco protegidos

El cierre de la CPB ha provocado una oleada de rechazo entre periodistas, ciudadanos y el sector político demócrata de Estados Unidos, y varios de ellos han incidido en el trasfondo ideológico de la medida. Varias asociaciones de periodistas, como la propia SPJ, o la Radio Television Digital News Association, han emitido comunicados condenando esta decisión, y hay colectivos de la sociedad civil y grupos de defensa de los medios públicos que han lanzado campañas de apoyo y recaudación de fondos para intentar lograr la continuidad de algunas emisoras locales y de los programas de televisión más emblemáticos. En redes sociales, etiquetas como #SavePublicMedia (Salvemos los medios públicos) y #FundPBS (Financia la PBS) se han convertido en vehículos de protesta ciudadana, movilizando donaciones y presionando a los legisladores.

Esta situación pone en evidencia una enorme paradoja. Según encuestas como la que realizó el Pew Research Center en la primavera de 2025, el 43 % de los adultos del país apoya que la PBS y la NPR reciban financiación pública. Los medios de comunicación públicos en Estados Unidos están muy bien valorados por la ciudadanía, pero también son especialmente vulnerables a decisiones políticas. Esto, en un país donde lo privado es la norma, hace que cuando el dinero público no fluye, todo ese apoyo social no es suficiente para garantizar su continuidad.

La oleada ultra contra los medios públicos no se queda en EEUU

Cargar contra la legitimidad de los medios de comunicación públicos no es algo exclusivo de Trump en Estados Unidos. En Europa, países como Hungría, Polonia o Italia, con gobiernos de ultraderecha y agendas económicas austericidas, también han hecho recortes en sus respectivos medios públicos, ejerciendo presión sobre los contenidos y limitando la independencia editorial en un intento de orientar la opinión pública hacia sus intereses.

En un informe publicado hace unos meses, Reporteros Sin Fronteras advierte de que en más de la mitad de los países de la Unión Europea existen presiones políticas sobre los medios de comunicación públicos, muchas de ellas destinadas a influir en su financiación, nombramientos internos o contenidos.

Incluso en democracias consolidadas como el Reino Unido, los debates sobre la financiación de la BBC son habituales, con los partidos conservadores y de extrema derecha cuestionando su neutralidad editorial y proponiendo reformas que restrinjan su financiación obligatoria o su titularidad pública. El ultra Nigel Farage y su partido Reform UK han criticado abiertamente a la BBC, acusándola de sesgo ideológico y promoviendo medidas para restringir su papel en el ecosistema mediático británico.

España: medios públicos muy ligados al poder político

En España, RTVE también es foco de constantes críticas desde la derecha y ultraderecha política (PP y Vox) y mediática, que acusan al ente público de falta de neutralidad y de favorecer narrativas favorables a la coalición progresista en el Gobierno. Estas críticas se intensifican en periodos electorales y en los debates parlamentarios sobre la gestión y los contenidos de RTVE. En cada comunidad autónoma existe la misma problemática, principalmente con las televisiones autonómicas. Al depender directamente de los fondos que cada gobierno regional destina a las corporaciones, éstas se encuentran constantemente bajo acusaciones de parcialidad, sobre todo en los servicios informativos.

La responsable de televisiones públicas de la Agrupación de Periodistas de CCOO, Montse Montaos, cree que los medios públicos en España son un blanco de ataque dentro del marco de “las políticas neoliberales y el desprecio a los servicios públicos”. Montaos afirma que “en el marco político actual, en que voces con tintes autoritarios y antidemocráticos invaden la esfera pública, el ideal de medio público como garante del derecho de información de la ciudadanía es una amenaza para las fuerzas reaccionarias que perturban la convivencia propagando desinformación y bulos para alcanzar el poder”.

Aun así, Montaos hace hincapié en una peculiaridad de nuestro sistema de medios autonómicos, y asegura que las radiotelevisiones públicas en España “no han conseguido despegarse del poder político, siguen sin cumplir el mandato por el que han sido creadas”. Por eso critica la enorme politización de los nombramientos y las cúpulas directivas. “Las políticas de contratación son difusas, la externalización de contenidos está derivando dinero público a manos privadas con intereses alejados del servicio público”, añade.

No solo en RTVE, sino también en televisiones autonómicas como TVG (Galicia) o À Punt (Comunitat Valenciana), los comités de empresa y los principales sindicatos han denunciado en numerosas ocasiones casos de manipulación informativa y el desmantelamiento progresivo del servicio público, principalmente cuando la derecha se encuentra en el poder.


Redacción de TVG de Santiago de Compostela.


Centro de producción de programas de À Punt.


Para proteger a los entes públicos, el año pasado se creó la plataforma RTVs Públicas en Lucha tras un primer encuentro en Santiago de Compostela impulsado por el Comité de los medios públicos galegos. Esta alianza, donde están presentes casi todos los comités de radiotelevisiones públicas de España, “focaliza sus demandas en el fin de las injerencias políticas y de la externalización y el desmantelamiento”, explica Montse Montaos.

El riesgo de la privatización

Aunque el cierre de la CPB supone un duro golpe al ecosistema mediático estadounidense, no significa la desaparición automática de la PBS y la NPR. Ambos medios operan con un modelo de financiación mixta, que combina esa financiación federal que se pierde con las aportaciones de donantes individuales y fundaciones privadas, empresas patrocinadoras.

Aún así, el agujero económico puede ser insalvable. El dinero federal constituía una red de seguridad para todas esas emisoras pequeñas de los condados, pero sin esa red las grandes emisoras urbanas –como la WGBH en Boston o la KQED en San Francisco– también se acercan al abismo, y no es seguro que puedan sobrevivir únicamente de donantes.

Sobre esto también incide Hendrie, de la SPJ, que explica cómo “a raíz de la supresión de la financiación de la CPB, algunas organizaciones de medios de comunicación públicos recibieron un gran apoyo de filántropos individuales, pero esas donaciones no sustituyeron lo que se había perdido y muchas las consideran insostenibles a largo plazo”.

Hendrie considera que sin el dinero federal los medios públicos se enfrentan ahora a una mayor presión para obtener ingresos de fuentes alternativas. “Gestionada de forma responsable, la financiación pública sirve para proteger la independencia editorial, pero si se socava esa financiación se corre el riesgo de que los medios afectados descuiden la necesidad informativa de la gente en detrimento de la búsqueda de ingresos esenciales”. 

El cierre de la CPB también alimenta el riesgo de la privatización. Al depender más de donaciones privadas y patrocinadores corporativos, los que hasta ahora son medios públicos podrían ver comprometidos su independencia, inclinándose hacia contenidos influenciados por quien pone el dinero. La financiación federal aseguraba la cobertura y la difusión universales, y cierta autonomía frente a intereses privados, pero sin ese respaldo del Estado puede romper el equilibrio.


Fuente: Ctxt

martes, 29 de octubre de 2024

Muy burdo, pero fueron con ello

 

Periodista y corresponsal de Russia Today en Estados Unidos.


Desmontando el macartismo en La Sexta

    En un contexto de pérdida de credibilidad de los medios tradicionales serviles al poder, aparecen experimentos televisivos que apuestan por aplicar técnicas agresivas de caza al disidente. Uno de ellos es el programa ‘Conspiranoicos’ que, pese a ser un fracaso en audiencia, no deja de ser un aviso a navegantes. En este artículo desgrano cuál fue su proceder a la hora de intentar ponerme en la diana, quiénes están detrás y las posibles motivaciones.

    El pasado 17 de Octubre, el programa de la cadena de televisión en España La Sexta titulado ‘Conspiranoicos’ dedicó su emisión a lo que ellos titularon como ‘Putinistas en España’. Emplazado en ‘prime time’, diferentes espacios previos del canal estuvieron promocionándolo previamente en redes y durante toda la jornada con un vídeo en el que utilizaban, sin permiso del autor, extractos editados de una entrevista que yo misma di al escritor y militar español Pedro Baños en su canal de Youtube.




    Antes incluso de la emisión del programa, me llamó la atención el hecho de que ningún trabajador de La Sexta se hubiera puesto en contacto conmigo. En el ejercicio del periodismo en medios de comunicación tradicionales, es rutinario escribir o llamar a quien es objeto de una “investigación”, entre otras cosas, para obtener su versión o dar derecho a réplica. Doy por hecho que una invitación al propio estudio o una videollamada ni siquiera se les pasó por la cabeza, no fuera que, en directo, tuviera la oportunidad de desmontar cada una de las supuestas acusaciones. Sin embargo, ni siquiera hicieron un triste amago de contacto mediante email, contraviniendo así su propio código deontológico. Quizá ni siquiera lo apliquen más allá del noticiero, lo que viene a confirmar que este tipo de programas no tienen precisamente como objetivo informar, ni tampoco código ético.

¿Qué dijeron?

    De las aproximadamente tres horas que duró el programa, pese a utilizar mi imagen para la promoción del espacio, finalmente sólo dedicaron unos minutos a mi persona, aunque “personaje” fue el término usado con ánimo despectivo por parte de Joaquín Castellón, el presentador. Elia Gonzalo, la co presentadora, me introdujo como periodista, ex trabajadora de Televisión Española y actualmente corresponsal en Washington para Russia Today. Ambos vendieron como un gran descubrimiento que RT está financiada por el gobierno ruso, pese a que es una información completamente pública y conocida (obsérvese que utilizan la expresión “financiada por”, como si desvelaran un secreto inconfesable, en lugar de decir directamente televisión pública, como se usa para referirse a Televisión Española o la RAI italiana).


Joaquín Castellón

    La web de RT en Español recoge mi perfil con mis trabajos, los televidentes de la cadena están acostumbrados a verme prácticamente a diario y, en casi todas mis redes sociales, especifico esta información desde hace ya casi una década. Así figura, incluso, en mis acreditaciones expedidas por el propio Departamento de Estado de Estados Unidos o la ONU, por poner algunos ejemplos.

    El grotesco ejercicio de “investigación” de La Sexta continuó con el anuncio de que iban a dar datos de un presunto “vínculo Helena-Putin”. La primera prueba fue un extracto de mi entrevista con Baños en el que, precisamente, ridiculizo a este tipo de programas propaganda que se dedican a intentar relacionar con el presidente ruso cualquier protesta, decisión política o incluso malestar general que sea contrario a los deseos de la OTAN. La segunda, un mensaje en X en el que aseguro que, desde Occidente, se han ocultado esfuerzos diplomáticos de Moscú. El mensaje lo presentaron aislado, aunque, si nos dirigimos a la fuente original, puede comprobarse que forma parte de un hilo explicativo en el que, además, enlazo una de mis crónicas.

    Precisamente este tema, el de la diplomacia de las partes de los conflictos internacionales, es algo que conozco bien. Al ser corresponsal en Estados Unidos, suelo cubrir Consejos de Seguridad de Naciones Unidas, cuya sede está en Nueva York. Como mi canal está censurado en la Unión Europea o existen dificultades de acceso en otros países como Estados Unidos, en ocasiones suelo publicar hilos en esa misma red social con las reuniones diplomáticas de alto nivel que cubro, con el ánimo de compartir la información para que se conozcan todas las posturas.

    Esos fueron los ‘increíbles’ hallazgos que ‘Conspiranoicos’ obtuvo sobre el presunto vínculo que mantengo con Vladimir Putin. Cualquiera diría que lo que se trataba era de hacer honor al propio título del programa. De hecho el tono y contenido durante todo el programa fue tan surrealista que la audiencia no sabía muy bien si por conspiranoicos se referían a los señalados o a los guionistas y presentadores del programa por ver en putinistas por todos lados.

    Ya en la mesa de tertulia, ocupada por presuntos expertos sin ninguna pluralidad, se dijo que yo parecía “muy preocupada por el imperialismo norteamericano”. Una corresponsal en Estados Unidos que relata el imperialismo estadounidense. Habrase visto tamaña osadía, utilizar mi posición para relatar el poder de Estados Unidos dentro y fuera de sus fronteras, en lugar de dedicarme a hacer crónicas de la gala de los Óscar, el último estreno hollywoodiense, la risa de Kamala Harris o, directamente, servir de vocera del Pentágono.

    Más allá de mi caricaturesco perfil, el programa fue un desfile bastante cómico de acusaciones y señalamientos torticeros en un espacio que en teoría se pretendía serio pero que, por ejemplo, decidió que su inicio fuera una especie de parte de guerra en el que se aseguraba que “España está siendo atacada” por Rusia, con el himno de la URSS como banda sonora. “Aquí no se debate, se argumenta”, llegó a decir el presentador, para a continuación no hacer ni uno ni lo otro.

    Algunos momentos francamente parodiables fueron cuando el presentador le preguntó al conocido periodista Vicente Vallés sobre el significado del “abrazo” entre Vladimir Putin y el periodista ruso español liberado en un intercambio de rehenes entre Occidente y Moscú como prueba de que es un espía. El otro comenzó sin vacilaciones su disertación sobre un abrazo que nunca sucedió y que las propias imágenes que ellos emitían en bucle desmentían. En otro momento, Vallés afirma haber visto un documento en el que González pide un aumento de sueldo al Kremlin. Cuando le preguntan el formato del documento, balbucea y dice que no lo sabe. Sin embargo ponen sobre impreso en pantalla el supuesto texto de ese mensaje. Más adelante, contactan con una experta en Moscú para discutir este tema y ella misma asegura que a los rusos no les interesa y que ella no puede asegurar que González sea espía.





    Podría seguir pero me parece que, llegados a este punto, quizá les esté haciendo demasiada promoción como para que alguien quiera rescatar el espacio con el objetivo de echarse unas risas. Yo misma he reflexionado sobre si este análisis pudiera ser contraproducente en este sentido. Al fin y al cabo, el programa sólo tuvo un mísero 4% de audiencia. Fue el menos visto de la televisión en España, superado incluso por un concurso de citas románticas y marcó mínimo desde su estreno en La Sexta. Sin embargo, no quería dar la callada por respuesta.

Poca audiencia, mucho peligro

    Si bien es cierto que lo burdo del contenido daba para que cualquier persona con un mínimo de sentido común lo tomase con humor, desgraciadamente, no todo el mundo goza de un estado mental sensato. En un contexto de polarización generalizada y de aumento de ataques a políticos y periodistas, semejante ejercicio de señalamiento macartista puede dar alas a, esta vez sí, la actuación de personajes violentos contra cualquiera de las personas a las que se nos colocó en una diana. Yo misma he afrontado y sigo afrontando insultos, amenazas (incluso de muerte), comentarios denigrantes en redes sociales y hasta episodios puntuales de acoso personal durante el ejercicio de mi trabajo. Esto supone que, rutinariamente, tenga que tomar algunas precauciones de índole personal. Si algún día sufro algún incidente, no les quepa duda de que este tipo de propaganda y demonizaciones, incluso burdas, contribuyeron a ello. En La Sexta, cadena que incluso ha llegado a producir documentales contra el ‘bullying’, se está dando pie a formatos que básicamente son un ejercicio del mismo en horario de pretendida máxima audiencia.

    No sólo el programa, también sus colaboradores. “Heil-caniche amaestrado”, “azafata de dictaduras”, “falangista del Caribe” o “tu único mérito es chillar y tragar” son sólo algunos ejemplos de insultos y calificativos que uno de ellos suele lanzar contra mí en redes sociales con tal asiduidad que, en más de una ocasión, numerosos usuarios le han llamado la atención y lo han calificado de auténtico acoso. No sé si puede llamarse así pero, lo que sí es un hecho, es que mientras yo ni siquiera sigo a los perfiles en cuestión, ellos sí parecen estar muy pendientes de lo que publico y son ellos quienes vienen expresamente a mi muro a hacerse notar. También es fácilmente comprobable que, las veces en las que he optado por no ignorarles y defenderme, han acabado siendo verbalmente vapuleados, por lo que no es descartable que hayan utilizado ‘Conspiranoicos’ como vendetta personal para criticar sin derecho a réplica, en un alarde de la falta de profesionalidad y valentía que les caracteriza.

    En este sentido, no es baladí el hecho de que el título del espacio fuese ‘Putinistas en España’, cuando yo hace más de siete años que ni vivo ni ejerzo en ese país. ¿Cómo se es putinista en España viviendo en Washington? Si el criterio de selección de mi persona es mi trabajo para la cadena pública rusa, llama la atención que fuese yo la diana y no el propio corresponsal de RT en España, mucho menos el compañero que también reporta desde Estados Unidos o figuras que sí hacen programas donde cabe la línea editorial y el comentario de opinión. Mi trabajo principalmente se centra en los noticieros y en programas de carácter informativo. Da la sensación, por tanto, que se ha intentado construir un enorme muñeco de paja mediante acusaciones sin sustento, para intentar neutralizar mi influencia en redes sociales y aprovechando el hecho de que la audiencia en España no puede comprobar por ella misma qué es lo que digo o hago. Recordemos que RT, además de llevar censurada en la Unión Europe más de dos años, también lo está en Youtube, la principal plataforma de vídeos del mundo.

    Valga la aclaración de que, en mis casi diez años ejerciendo para RT en Español, nadie ha sido capaz de exponer una sola mentira o argumentar propaganda alguna en ninguno de mis trabajos periodísticos. Ellos tampoco pudieron. Por el contrario, sí he sido internacionalmente reconocida e incluso premiada en diversas ocasiones en los propios Estados Unidos, esto último antes de que ese país y sus circunstancias geopolíticas decidieran que Rusia y cualquier cosa relacionada con Moscú fueran el enemigo a batir.




¿Conflicto de intereses?

    El programa ‘Conspiranoicos’ está presentado por Joaquín Castellón. Tal y como él mismo destaca en sus redes sociales, forma parte de la organización ICIJ, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Según la propia página web del ICIJ, la organización se mantiene principalmente por donaciones de entidades financiadas por Estados Unidos, filántropos atlantistas o la propia Unión Europea. Tomemos como ejemplo uno de sus más conocidos mecenas, la NED.

    La Fundación Nacional para la Democracia (NED) es hoy en día uno de los principales elementos del llamado ‘soft power’ del gobierno de Estados Unidos para la promoción de sus intereses. Fundada en 1983 y pese a definirse como una ONG independiente, la NED depende de la financiación continua del Congreso estadounidense y de la Casa Blanca. Según la propia organización, la NED otorga más de 2.000 subvenciones para “apoyar proyectos” en el extranjero que trabajen por “objetivos democráticos”. Es decir, que sirvan a los intereses estratégicos de Washington.




    Ya en 1991, el fundador de la NED, Alan Weinstein, expresó sin rodeos en una entrevista con el Washington Post que, mucho de lo que estaban haciendo, era lo que había hecho la CIA hace 25 años. A través de sus diferentes institutos, la NED se ha convertido en el cerebro detrás de numerosos disturbios separatistas, revoluciones de colores, crisis políticas y bulos al servicio de Estados Unidos.




    No hay más que ver su junta directiva. En ella figura, por ejemplo, la escritora Anne Applebaum, conocida escritora neon y anticomunista, ligada a chiringuitos de inteligencia anglosajona y que, entre otras cosas, ha llegado a justificar el bombardeo de medios de comunicación palestinos. Applebaum está casada con el ex Ministro de Defensa, de Relaciones Exteriores y ex miembro del Parlamento Europeo de Polonia que agradeció a EEUU la voladura de los gasoductos Nordstream en su cuenta de Twitter. Cabe destacar que el presidente de España, Pedro Sánchez , se reunió el pasado 14 de octubre con Applebaum para abordar “cómo fortalecer las democracias”, fijando como prioridad “la lucha contra la desinformación”.

    Otra integrante de la junta directiva es Victoria Nuland, ex subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos y embajadora estadounidense en Ucrania durante el Maidán. Es conocida por decir “Fuck the EU” (que se joda la UE), al considerar que desde Bruselas no estaban siendo lo suficientemente agresivos a la hora de imponer la agenda de Washington en Kiev. Nuland es uno de los rostros y cerebros en los últimos tiempos de varios conflictos importantes con sello estadounidense, sirva como resumen esta radiografía de su trayectoria que yo misma elaboré cuando anunció su retiro.

    Sigamos. La productora detrás del programa ‘Conspiranoicos’ es Newtral, de la periodista Ana Pastor. Newtral mantiene acuerdos con la EFCSN, una red de “fact-checking”, lo que comúnmente se conoce como verificación de noticias, fundada por la propia Comisión Europea. La empresa de Pastor también trabaja con Google, matriz de Youtube (recordemos, plataforma de vídeo que desde hace más de dos años censura internacionalmente RT) o la red social Facebook, perteneciente a Meta. Son numerosas las investigaciones e informaciones sobre cómo Meta y las principales empresas tecnológicas se han convertido en auténticas puertas giratorias de miembros del Departamento de Estado estadounidense y del propio Pentágono. De hecho, las tecnológicas se nutren en buena parte de contratos con la rama militar de Estados Unidos. Recomiendo, por ejemplo, el trabajo de periodistas como Michael Shellenberger o Matt Taibi, periodistas dados a conocer sobre todo por formar parte de los llamados Twitter Files, una serie de revelaciones sobre cómo el gobierno de Estados Unidos utilizó y sigue utilizando las redes sociales para promover sus intereses y censurar a la disidencia.

    Es notorio el capítulo de la supresión de la historia en redes sociales del portátil de Hunter Biden. Para quien no la recuerde, a muy poco de la celebración de los pasados comicios presidenciales, las tecnológicas censuraron o minimizaron el impacto de dicho escándalo para no dañar la campaña de Joe Biden. La excusa, que se trataba de “desinformación rusa”, como así atestiguaron ni más ni menos que más de 50 ex oficiales de inteligencia. La historia se demostró que era verdadera.

    Más allá de los cuestionables objetivos y las relaciones de su productora, Ana Pastor es una conocida periodista que saltó a la fama trabajando para TVE, cadena pública española (financiada por el gobierno español habría que decir si usáramos el estilo de LaSexta) de la que posteriormente fue despedida. Es notable y aún viral en redes un intercambio que mantuvo con el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien le aseguró: “Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta”. La frase fue pronunciada en una entrevista que ambos mantuvieron mientras Pastor ya estaba fuera del canal público desde donde había cuestionado previamente a Correa de manera tensa. “¿Qué pasó en TVE? ¿No decías que había independencia y todas esas cosas?”, le preguntó el ex mandatario.

    Pastor desarrolló después buena parte de su carrera en La Sexta, cadena de la que su marido, Antonio García Ferreras, es director. Ferreras, por cierto, es también presentador de uno de esos programas que se dedicaron a promover el espacio producido por su mujer, ‘Conspiranoicos’. Todo queda en casa. No obstante, si por algo es conocido, es por su estrecha relación con el empresario Florentino Pérez, uno de los mayores oligarcas de España, conocido por sus redes de poder y turbios negocios. Son remarcables, por ejemplo, los audios filtrados del propio Pérez reconociendo que Ferreras es “su hombre” en los medios o los que expusieron cómo el periodista era consciente de estar dando pábulo a un bulo en su programa contra el ex político de izquierdas Pablo Iglesias. El famoso: “Yo voy con ello pero esto es muy burdo”. Un escándalo y unos vínculos que exponen muy bien quién es el gerifalte de una cadena que intenta venderse como “progresista”.

    En el caso de Elia Gonzalo, la co presentadora del espacio encargada de establecer el perfil de cada uno de los señalados, poco se puede decir de ella. De hecho, apenas la mencionan en la web del programa y en la propia nota de presentación oficial del espacio, donde sólo se le califica de “experta”. Aunque su perfil en la red social X está protegido, Gonzalo sí ha publicado algunos ‘reels’ en Youtube con muestras de su trabajo en numerosos a la par que temporales magazines televisivos, donde destaca una enorme versatilidad. Es capaz de pasar de informar sobre vibradores sexuales y programas del corazón a “investigaciones” sobre los hombres y las mujeres “de Putin” en España.

Conspiranoicos. De qué estamos hablando.

    Conspiranoico es un término que fusiona con sentido despectivo las palabras “conspiración” y “paranoia”. Vendría a ser el equivalente del “conspiracy theorist” en inglés. Personas que caen en creencias infundadas o que tienden a interpretar determinados eventos o la realidad en general como producto de una conspiración.

    El término, aunque precede a la CIA (tal y como se encargó AP de puntualizar de una forma un tanto torticera recientemente) sí fue sobre todo popularizado por la agencia a raíz del asesinato de JFK, en un intento por acallar las voces críticas y las dudas sobre quién podría estar detrás del magnicidio. Desde entonces, se ha venido recuperando con más o menos asiduidad como arma arrojadiza discursiva a la hora de intentar denigrar o neutralizar posiciones que pretendían presentarlas como descabelladas.

    No me voy a extender mucho en este punto, pero sí diré que conozco parte de la historia relativa a esta cuestión porque yo misma dirigí un programa especial en el año 2021 en RT en Español sobre teorías de la conspiración en Estados Unidos. En él, repasaba con bastante más educación y rigor que la mostrada por La Sexta, algunas de las teorías de la conspiración más conocidas y hablaba con verdaderos expertos en este tema. A modo de resumen, apuntar que las conspiraciones forman parte del mismo origen de la nación norteamericana y que buena parte de la culpabilidad sobre la popularidad del fenómeno reside en una clase política y mediática deshonesta a la hora de abordar la corrupción del sistema. El espejo donde La Sexta parece querer mirarse.

    Más allá de que ‘Conspiranoicos’ haya resultado un ejercicio de deshonestidad intelectual, y por supuesto profesional, con escaso éxito, coincido con buena parte de la argumentación esgrimida en este brillante hilo en X.

    Además de una defensa en lo relativo a mi persona, la causa principal por la que he creído necesario publicar estos apuntes es porque considero vital que el público empiece a concienciarse sobre el objetivo real de programas como este.

    Vivimos en un contexto en el que se están eliminando a nivel internacional canales de noticias por orden del hegemón, se están construyendo aparatajes legales por parte de estados y organizaciones supra estatales para blindar su propia propaganda frente a la herramienta de cotejo que supone la información venida de bloques antagónicos; y se están difundiendo declaraciones, sin tapujos, de dirigentes políticos sobre la necesidad de moldear el discurso público mediante la censura.

    Los medios de comunicación tradicionales, utilizados por los sistemas de poder para crear consensos en torno a los mismos, viven una crisis de credibilidad. Desde hace un tiempo, elementos como el “fact-check” (algo que debería ser intrínseco al periodismo, sin necesidad de vigilante ajeno) fueron remedios ideados para intentar seguir marcando la superioridad o liderazgo de los de siempre, sin resultado. Ahora estamos en una fase de testar lo que se viene: un control férreo de la información.

    En este sentido, aquellos elementos que forman parte del sistema informativo tradicional, también se están dedicando a señalar al disidente y establecer elementos previos de neutralización. Valga como ejemplo el propio ‘Conspiranoicos’ sobre “putinistas”. En él se puso en la diana a personas de muy distinto carácter político, profesiones, objetivos y trabajos bajo un mismo saco descriptivo, mediante los métodos de culpabilidad por “presunta” asociación y contagio. Conocidas técnicas de señalamiento fascista. Una vez agrupados y convertidos de alguna forma en “tóxicos”, resultará más fácil convencer a la opinión pública (o los disidentes) de que deben de callar y estar de acuerdo cuando se les intente silenciar, por ejemplo.

    El método de contagio y equiparación no sólo es utilizado dentro de cada programa, sino en la serie en general. Es claramente intencional que el primero fuese dedicado a un youtuber muy influyente o que el próximo sea sobre antivacunas y negacionistas del cáncer. Se trata de mezclar elementos donde puede ya haber establecido un consenso social en contra, con personajes o ideas completamente legítimas pero contrarias a los intereses del poder de turno, con la intención de ampliar ese consenso y “encargarse” de quien incomoda.

    “No buscan ganar ninguna discusión, sino no callar jamás”. Fueron algunas de las afirmaciones categóricas que uno de los presuntos expertos del programa hizo en redes sobre los supuestos “putinistas” para promocionar el bizarro programa. Efectivamente, nadie me va callar. Incluso cuando intenten robarme el derecho a réplica.


Fuente: Helena Villar