Por
Alberto
Mesas El fin de la financiación federal conduce al cierre de más de 1500 emisoras locales y aumenta la brecha informativa en las zonas rurales. El ataque contra los servicios públicos de comunicación se replica en Europa
La desfinanciación de los medios de comunicación públicos de Estados Unidos es solo otra de las cruzadas de Donald Trump desde su vuelta a la Casa Blanca. El primer lunes de 2026 trajo consigo el apagón de la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB, por sus siglas en inglés), el ente independiente que desde 1967 canalizaba los fondos federales para financiar las televisiones y radios públicas de todo el país.
Con todo, esta es la crónica de un cierre anunciada. El pasado mes de julio, el Congreso –de mayoría republicana– aprobó un hachazo de 9.000 millones de dólares en recortes presupuestarios, de los que más de 1.000 millones estaban destinados a financiar la CPB durante 2025 y 2026. Esto se ha convertido, entre otras cosas, en el fundido a negro de más de 1.500 emisoras de radio de todo el país que durante décadas habían estado funcionando gracias a los fondos públicos, y que daban empleo y servicio –información local, contenido educativo e información de servicio relacionada con el tráfico o las alertas climatológicas– a millas de pequeños condados de todo el país.
“La pérdida del apoyo económico a la CPB corre el riesgo de erosionar, o incluso destruir, la fuente más confiable de información en muchas comunidades”, alerta desde Indianápolis Caroline Hendrie, directora ejecutiva de la Society of Professional Journalists (SPJ) [Sociedad de Periodistas Profesionales]. Hendrie pone el foco en la cobertura que hacen los medios públicos en muchas zonas de Estados Unidos, y en que el dinero de la CPB “también hacía posible la realización de documentales y reportajes de investigación sobre asuntos de interés público”.
En la SPJ muestra una especial preocupación por el periodismo de investigación. “Investigar un tema a fondo requiere tiempo, recursos e independencia editorial, que son difíciles de conseguir sin un apoyo económico que no tenga más motivos ocultos que sacar a la luz la verdad”, insiste Hendrie.
Ofensiva contra lo público
La decisión de cerrar el grifo del dinero público, totalmente consciente y meditada, va mucho más allá del mero ajuste presupuestario por parte de un gobierno ultraliberal, y también representa una ofensiva política e ideológica declarada contra la idea de los medios públicos como infraestructura esencial en un sistema democrático donde el derecho a la información representa uno de sus pilares.
Durante años, numerosos líderes conservadores han criticado duramente a la PBS y la NPR (la televisión y la radio pública de alcance estatal), acusándolas constantemente de tener un marcado sesgo ideológico, quejándose del mucho dinero que cuesta mantenerlas activas y exigiendo más control y menos financiación federal. Finalmente, ha sido la administración Trump quien ha sentenciado a muerte a la Corporación. En mayo de 2025, el magnate firmó la Orden Ejecutiva 14290 , que instruía a la CPB a cesar la distribución de fondos a la PBS y la NPR, argumentando que desde estos medios se hacía “propaganda con dinero de los contribuyentes”. De hecho, la propia orden lleva como título “Fin de los subsidios de los contribuyentes a los medios de comunicación sesgados”.
Esta retórica se articuló como parte de un discurso conspiranoico más amplio que calificaba a los medios públicos de “radicales” o “woke” (término despectivo para referirse a quienes defienden luchas sociales contra el racismo o a favor de los derechos LGTBIQ+), deslegitimando su función y cuestionando la profesionalidad de decenas de miles de sus trabajadores.
El Capitolio aprobó la retirada de fondos por 214 votos a favor y 212 en contra, y el Senado hizo lo propio por un estrecho margen, pese a las protestas de algunos republicanos que expresaron preocupación por el impacto en emisoras rurales o en las comunidades indígenas. Precisamente por su papel en la educación, la cultura y el impulso del periodismo local, durante décadas ha habido un consenso entre demócratas y republicanos que ahora Donald Trump ha hecho saltar por los aires.
“Los ataques a la integridad editorial y la credibilidad de la PBS y la NPR no son nada nuevo”, añade Caroline Hendrie. La directora ejecutiva de la SPJ cree que los esfuerzos para combatir esta narrativa hostil contra los medios públicos “deben incluir el argumento de que estos medios ofrecen información esencial y contenidos educativos a audiencias de todo el país”. Y para esto –continúa– es necesaria “la ayuda y el apoyo de dicha audiencia, que debe exigir a sus líderes electos que respeten y apoyen la libertad de prensa”.
Bulos y odio frente al derecho a la información
Además de garantizar el acceso a la información independientemente del lugar de residencia o del nivel de renta –en EEUU la televisión es mayoritariamente de pago–, la CPB no producía programas ni intervenía en las líneas editoriales de la PBS y la NPR.
Su función se limitaba a distribuir los fondos federales, unos fondos que ni siquiera eran muy cuantiosos. Según datos del Congreso de EEUU, el dinero público que recibía la CPB representaba alrededor del 16 % de su presupuesto total, el resto provenía de donaciones privadas, patrocinios y aportaciones de los oyentes y espectadores.
Sin embargo, ese pequeño porcentaje de ayuda federal permitía sostener programas míticos como Barrio Sésamo; cubrir información local en zonas consideradas news deserts (desiertos informativos, condados sin prensa diaria ni televisión local); y mantener operativos sistemas de alerta de emergencia, esenciales en regiones expuestas a tornados, incendios o inundaciones.
Además, en muchas emisoras de radio rurales –algunas de las cuales recibían entre 30 % y 70 % de su presupuesto de la CPB–, la financiación del Estado marcaba la diferencia entre seguir emitiendo o cerrar, porque los medios privados no invierten en estas zonas al no considerarlas rentables económicamente. Por ejemplo, una emisora local de Yakima (Washington), llegó a desarrollar un servicio de traducción de alertas meteorológicas orientado a los trabajadores agrícolas hispanohablantes, algo que habría sido impensable sin financiación pública.
En muchas ocasiones, el vacío que dejan los medios públicos es rápidamente ocupado por plataformas privadas y, a falta de cabeceras, la audiencia tiende a informarse a través de las redes sociales, donde la desinformación y los bulos circulan sin ningún tipo de filtro, lo que también contribuye a ampliar la brecha informativa entre las zonas urbanas y rurales.
La precarización del trabajo en las redacciones es otro problema derivado de la degradación de los medios públicos. Hendrie apunta que “los recortes en la financiación se traducen directamente en una reducción del número de periodistas y de la capacidad de las redacciones para cubrir temas”. Esto, afirma, afecta a la calidad de la información, y también condiciona que los periodistas se lancen a informar sobre determinados asuntos: “La inseguridad laboral dificulta que los periodistas se enfrenten a poderes políticos o económicos, e informen sobre temas complejos sin temor a represalias […] La solidez de los medios de comunicación públicos depende de una financiación estable que permita a los periodistas realizar su trabajo de forma independiente, ética y sin presiones”.
En esta misma idea incide Montse Montaos, responsable de televisiones públicas de la Agrupación de Periodistas de Comisiones Obreras (CCOO). Para ella, “en el ideal de un medio público, hay coberturas que probablemente nunca harían otros medios. La buena información es cara y no ofrece un beneficio económico directo, ofrece un servicio clave en una sociedad democrática”.
Medios bien valorados, pero poco protegidos
El cierre de la CPB ha provocado una oleada de rechazo entre periodistas, ciudadanos y el sector político demócrata de Estados Unidos, y varios de ellos han incidido en el trasfondo ideológico de la medida. Varias asociaciones de periodistas, como la propia SPJ, o la Radio Television Digital News Association, han emitido comunicados condenando esta decisión, y hay colectivos de la sociedad civil y grupos de defensa de los medios públicos que han lanzado campañas de apoyo y recaudación de fondos para intentar lograr la continuidad de algunas emisoras locales y de los programas de televisión más emblemáticos. En redes sociales, etiquetas como #SavePublicMedia (Salvemos los medios públicos) y #FundPBS (Financia la PBS) se han convertido en vehículos de protesta ciudadana, movilizando donaciones y presionando a los legisladores.
Esta situación pone en evidencia una enorme paradoja. Según encuestas como la que realizó el Pew Research Center en la primavera de 2025, el 43 % de los adultos del país apoya que la PBS y la NPR reciban financiación pública. Los medios de comunicación públicos en Estados Unidos están muy bien valorados por la ciudadanía, pero también son especialmente vulnerables a decisiones políticas. Esto, en un país donde lo privado es la norma, hace que cuando el dinero público no fluye, todo ese apoyo social no es suficiente para garantizar su continuidad.
La oleada ultra contra los medios públicos no se queda en EEUU
Cargar contra la legitimidad de los medios de comunicación públicos no es algo exclusivo de Trump en Estados Unidos. En Europa, países como Hungría, Polonia o Italia, con gobiernos de ultraderecha y agendas económicas austericidas, también han hecho recortes en sus respectivos medios públicos, ejerciendo presión sobre los contenidos y limitando la independencia editorial en un intento de orientar la opinión pública hacia sus intereses.
En un informe publicado hace unos meses, Reporteros Sin Fronteras advierte de que en más de la mitad de los países de la Unión Europea existen presiones políticas sobre los medios de comunicación públicos, muchas de ellas destinadas a influir en su financiación, nombramientos internos o contenidos.
Incluso en democracias consolidadas como el Reino Unido, los debates sobre la financiación de la BBC son habituales, con los partidos conservadores y de extrema derecha cuestionando su neutralidad editorial y proponiendo reformas que restrinjan su financiación obligatoria o su titularidad pública. El ultra Nigel Farage y su partido Reform UK han criticado abiertamente a la BBC, acusándola de sesgo ideológico y promoviendo medidas para restringir su papel en el ecosistema mediático británico.
España: medios públicos muy ligados al poder político
En España, RTVE también es foco de constantes críticas desde la derecha y ultraderecha política (PP y Vox) y mediática, que acusan al ente público de falta de neutralidad y de favorecer narrativas favorables a la coalición progresista en el Gobierno. Estas críticas se intensifican en periodos electorales y en los debates parlamentarios sobre la gestión y los contenidos de RTVE. En cada comunidad autónoma existe la misma problemática, principalmente con las televisiones autonómicas. Al depender directamente de los fondos que cada gobierno regional destina a las corporaciones, éstas se encuentran constantemente bajo acusaciones de parcialidad, sobre todo en los servicios informativos.
La responsable de televisiones públicas de la Agrupación de Periodistas de CCOO, Montse Montaos, cree que los medios públicos en España son un blanco de ataque dentro del marco de “las políticas neoliberales y el desprecio a los servicios públicos”. Montaos afirma que “en el marco político actual, en que voces con tintes autoritarios y antidemocráticos invaden la esfera pública, el ideal de medio público como garante del derecho de información de la ciudadanía es una amenaza para las fuerzas reaccionarias que perturban la convivencia propagando desinformación y bulos para alcanzar el poder”.
Aun así, Montaos hace hincapié en una peculiaridad de nuestro sistema de medios autonómicos, y asegura que las radiotelevisiones públicas en España “no han conseguido despegarse del poder político, siguen sin cumplir el mandato por el que han sido creadas”. Por eso critica la enorme politización de los nombramientos y las cúpulas directivas. “Las políticas de contratación son difusas, la externalización de contenidos está derivando dinero público a manos privadas con intereses alejados del servicio público”, añade.
No solo en RTVE, sino también en televisiones autonómicas como TVG (Galicia) o À Punt (Comunitat Valenciana), los comités de empresa y los principales sindicatos han denunciado en numerosas ocasiones casos de manipulación informativa y el desmantelamiento progresivo del servicio público, principalmente cuando la derecha se encuentra en el poder.
Para proteger a los entes públicos, el año pasado se creó la plataforma RTVs Públicas en Lucha tras un primer encuentro en Santiago de Compostela impulsado por el Comité de los medios públicos galegos. Esta alianza, donde están presentes casi todos los comités de radiotelevisiones públicas de España, “focaliza sus demandas en el fin de las injerencias políticas y de la externalización y el desmantelamiento”, explica Montse Montaos.
El riesgo de la privatización
Aunque el cierre de la CPB supone un duro golpe al ecosistema mediático estadounidense, no significa la desaparición automática de la PBS y la NPR. Ambos medios operan con un modelo de financiación mixta, que combina esa financiación federal que se pierde con las aportaciones de donantes individuales y fundaciones privadas, empresas patrocinadoras.
Aún así, el agujero económico puede ser insalvable. El dinero federal constituía una red de seguridad para todas esas emisoras pequeñas de los condados, pero sin esa red las grandes emisoras urbanas –como la WGBH en Boston o la KQED en San Francisco– también se acercan al abismo, y no es seguro que puedan sobrevivir únicamente de donantes.
Sobre esto también incide Hendrie, de la SPJ, que explica cómo “a raíz de la supresión de la financiación de la CPB, algunas organizaciones de medios de comunicación públicos recibieron un gran apoyo de filántropos individuales, pero esas donaciones no sustituyeron lo que se había perdido y muchas las consideran insostenibles a largo plazo”.
Hendrie considera que sin el dinero federal los medios públicos se enfrentan ahora a una mayor presión para obtener ingresos de fuentes alternativas. “Gestionada de forma responsable, la financiación pública sirve para proteger la independencia editorial, pero si se socava esa financiación se corre el riesgo de que los medios afectados descuiden la necesidad informativa de la gente en detrimento de la búsqueda de ingresos esenciales”.
El cierre de la CPB también alimenta el riesgo de la privatización. Al depender más de donaciones privadas y patrocinadores corporativos, los que hasta ahora son medios públicos podrían ver comprometidos su independencia, inclinándose hacia contenidos influenciados por quien pone el dinero. La financiación federal aseguraba la cobertura y la difusión universales, y cierta autonomía frente a intereses privados, pero sin ese respaldo del Estado puede romper el equilibrio.
Fuente: Ctxt
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