Por
Marco Alagna Morales Colaborador
de CTXT.
En
1993, con un 1 % de población migrante, casi la mitad de los
encuestados ya los consideraba demasiado numerosos. Treinta años
después, el mapa del empleo extranjero y el del voto a Vox no
coinciden. Salvo cuando se baja al municipio
Recorte de la portada del Diario de Cádiz del 2 de noviembre de 1988. La fotografía es de Ildefonso Sena.
Aigues-Mortes,
Francia, 1893. Las salinas de Peccais emplean cada verano a varios
cientos de hombres para recoger sal bajo un calor que hace casi
imposible el esfuerzo. Se paga a destajo. Quienes acuden allí no son
trabajadores especializados. Son temporeros del Macizo Central, a los
que la región llama trimards,
y piamonteses a los que la miseria agraria ha arrojado a los caminos
del sur. Estos últimos trabajan en cuadrillas organizadas y
consiguen una mayor producción de sal.
El
16 de agosto de 1893, se produce un altercado junto a uno de los
depósitos de agua dulce. No es más que una riña entre hombres
exhaustos. La noticia circula sin embargo por el pueblo durante la
noche y, al día siguiente, se forma una turba. Cientos de franceses,
a los que se suman habitantes de Aigues-Mortes que no trabajan en las
salinas, persiguen a los italianos por el campo. Ese día,
trabajadores franceses matan a golpes y pedradas a trabajadores
italianos. El balance oficial asciende a ocho muertos, aunque nunca
podrá establecerse con exactitud, ya que algunos cuerpos
desaparecieron en las lagunas. En diciembre de ese mismo año se
celebra un juicio en Angulema que termina con absoluciones.
Los
italianos de Peccais llevaban años trabajando en el lugar. Su número
no había aumentado bruscamente durante el verano de 1893 y sus
salarios tampoco habían caído de repente. Lo que había cambiado
era la rivalidad habitual entre dos grupos de jornaleros, que había
adquirido otra naturaleza. Una simple disputa laboral se volvió de
repente una oposición entre franceses e italianos. Los socialistas
usaron los hechos de Aigues-Mortes para defender una de las medidas
que pedían. Querían un salario mínimo para todos los trabajadores,
sin importar su nacionalidad. Así buscaban evitar que los
extranjeros compitieran de manera injusta con los trabajadores
franceses. Édouard Drumont, periodista y escritor de extrema
derecha, acusaba a los italianos de aceptar salarios de miseria
y pensaba
que la solución era expulsar a los extranjeros. Lo decía en La
Libre Parole,
su periódico antisemita y nacionalista.
En
el Midi, los trabajadores franceses también se enfrentaban a la
competencia de trabajadores extranjeros. En Marsella, desde 1888,
obreros franceses iban a los barcos donde trabajaban italianos y
pedían que los despidieran; en algunos casos lo lograron. En 1893,
los trabajadores de la Joliette exigieron que las empresas que
trabajaban para el Estado, la provincia o el municipio tuvieran que
limitar al 10 % el empleo de extranjeros. El lenguaje era claramente
económico. Se acusaba a los extranjeros de quitarles el trabajo a
los franceses y de aceptar sueldos más bajos. Un boletín obrero
marsellés de 1891 resumía este rechazo hablando de “ese obrero
italiano o español” que venía a ocupar un puesto en el taller
junto al trabajador francés.
Posteriormente
se registraron incidentes entre trabajadores franceses y españoles
en Limoux, en 1894; Perpiñán, en 1897; y Narbona, en 1900. Los
expedientes de los Archivos Nacionales franceses recogen así los
“incidentes entre obreros franceses y españoles” de Limoux (ref:
BB18 1972) y los “desórdenes entre obreros franceses y españoles”
de Narbona (ref: BB18 2170). Lo que se repite de un conflicto a otro
es menos una hostilidad vinculada a una nacionalidad concreta que un
mismo lenguaje de la competencia: el extranjero es presentado como
aquel que ocupa el lugar del francés y amenaza su salario.
La
historiografía francesa ha documentado con minuciosidad estos
episodios poco gloriosos de la historia social del país. Pero este
mecanismo no se limita a la Francia de finales del siglo XIX ni a los
enfrentamientos entre trabajadores de distintas nacionalidades.
Aparece, bajo formas y en contextos muy diferentes, cada vez que una
competencia real o supuesta con los extranjeros se transforma en una
percepción más general de amenaza económica. La España de
comienzos de los años noventa ofrece, a este respecto, un caso
paradigmático de percepción ampliamente imaginaria de la
competencia extranjera.
El
1 de enero de 1993, España contaba con 393.100 inmigrantes,
aproximadamente el 1 % de su población.
Ese
mismo año, un estudio del CIS concluía que el 45 % de quienes
respondieron a la pregunta, una vez excluidas las respuestas sin
opinión
(n=2080), consideraba excesivo el numero de inmigrantes (CIS nº
2051).
La
proporción era idéntica dos años antes. A la vista de los datos,
no puede atribuirse estos resultados a ninguna experiencia de
saturación ni a ningún pueblo desbordado por la inmigración,
puesto que aquello que los encuestados consideraban excesivo no
formaba parte de su experiencia cotidiana. Las demás respuestas del
mismo barómetro apuntan en la misma dirección. En 1993, también
según el CIS, el 74 % de los encuestados estaba de acuerdo con la
idea de que los inmigrantes quitaban trabajo a los españoles, y el
67 % con que hacían bajar los salarios. El estereotipo de la
competencia laboral estaba, por tanto, ampliamente extendido en
nuestro país a comienzos de los años noventa, aunque esa
competencia no se producía materialmente.
Hay
que distinguir, por tanto, entre la presión migratoria real y la
presión transmitida. Esta última parece estar estrechamente
relacionada con el tratamiento mediático, cuyos efectos pueden
observarse en los propios sondeos: aquellos en los que la inmigración
ocupa el tercer lugar entre los problemas del país coinciden con
anuncios de regularización, con su aplicación o con su restricción.
Es decir, con los momentos en que la inmigración se convierte en
noticia, no con aquellos en los que aumenta. En 1993, además, una
mayoría de los encuestados identificaba al inmigrante con el
marroquí, aunque los marroquíes ni siquiera constituían el grupo
mayoritario entre los extranjeros residentes.
La
iconografía que sustenta el estereotipo del inmigrante en nuestro
país es, además, anterior a las propias encuestas. En noviembre de
1988, una embarcación naufraga en la playa de Los Lances, en Tarifa;
mueren ahogadas once personas y la fotografía tomada por Ildefonso
Sena deja una profunda huella en la opinión pública española. La
palabra patera empieza
a difundirse a partir de 1992, cuando las restricciones derivadas de
Schengen modifican las condiciones de entrada, y durante la década
se convierte en el símbolo por excelencia de la inmigración, hasta
llegar a designar cualquier tipo de embarcación. La opinión pública
de 1991 disponía ya, por tanto, de una representación del
inmigrante, fijada, casi encuadrada, cuando su presencia real apenas
había alcanzado el umbral de visibilidad.
Es
lo que el sociólogo Jean Baudrillard denominaba la “desrealización
del mundo”. A fuerza de circular, la imagen de lo real termina
imponiéndose sobre aquello que pretendía representar. Deja de ser
una representación de la realidad para convertirse en la realidad
misma, hasta el punto de que la representación de la cosa
representada se vuelve más real que la propia cosa. El marroquí o
el subsahariano de los informativos españoles, la patera
interceptada, la cifra anual de entradas, ya no son, a comienzos de
los años noventa, una representación de la inmigración: son la
inmigración misma.
España
cuenta hoy con unos siete millones y medio de residentes extranjeros
(14,9 %), según el censo del INE a 1 de julio de 2026, muchos de
ellos empleados en la agricultura intensiva, la hostelería, la
construcción y los cuidados a domicilio. La sensación de
competencia laboral que los encuestados de comienzos de los años
noventa describían sin haberla experimentado tiene ahora sectores,
áreas de empleo y salarios concretos. El gráfico que sigue cruza
dos variables para diecinueve territorios: en el eje horizontal, la
proporción de extranjeros entre los afiliados a la Seguridad Social
en cada CCAA; en el eje vertical, el porcentaje obtenido por Vox en
las elecciones generales de 2023 en cada CCAA. Si la presencia
extranjera alimentara el voto de rechazo, los puntos deberían
disponerse siguiendo una pendiente clara. La medida utilizada se
limita por comodidad metodológica a los afiliados a la Seguridad
Social y deja fuera a desempleados, jubilados, menores y a toda la
inmigración irregular.
El
coeficiente de correlación es de r= 0,15 (Bravais-Pearson), con p =
0,53: un resultado sin significación estadística. Conviene precisar
su alcance. Con diecinueve territorios, la prueba solo detectaría un
vínculo fuerte, y el intervalo de confianza deja abierto un abanico
que va de una ligera relación inversa hasta una correlación
moderada. Estos datos no permiten, por tanto, descartar cualquier
relación entre ambas variables; indican únicamente que no bastan
para establecerla. Lo que el gráfico muestra sin necesidad de
inferencia es otra cosa: la nube de puntos no dibuja pendiente alguna
y los casos extremos se reparten en todas las direcciones.
Porcentaje de extranjeros sobre el total de afiliados a la Seguridad Social, en el eje horizontal, y voto a Vox en las elecciones generales de 2023, en el vertical, para 19 territorios.
Ceuta
registra el porcentaje más alto de voto a Vox del país, un 23,3 %,
con una presencia extranjera entre los afiliados del 11,4 %, similar
a la de Andalucía –aunque su condición de enclave fronterizo con
un desempleo masivo la convierte en un caso aparte–. Baleares
presenta la proporción más elevada del conjunto, un 26,3 %, y se
queda en un 15,2 % para Vox, apenas por encima de la media. En
Cataluña casi uno de cada cinco afiliados es extranjero y Vox
obtiene un 7,8 %; en Canarias, con un 15,5 % de afiliados
extranjeros, se queda en un 7,6 %. Extremadura invierte la lógica:
la menor presencia extranjera del conjunto, un 5,7 %, y un 13,6 % de
voto a Vox. Murcia y la Comunidad Valenciana, donde ambos valores son
altos, no son casos ejemplares sino uno más entre los diecinueve.
Así
pues, el mapa del empleo extranjero y el del voto a Vox no se
superponen. Lo que separa a Cataluña de Murcia o al País Vasco de
Ceuta escapa a la demografía laboral. La explicación más plausible
remite a la historia política de cada territorio y, en varios de
ellos, al peso de un nacionalismo periférico que ocupa ya el terreno
identitario y deja poco espacio a una formación centralista.
La
relación aparece, en cambio, con mayor nitidez cuando descendemos a
la escala municipal. Un estudio dedicado a los municipios de la
región de Murcia, publicado
en 2019 por elDiario.es,
encuentra una correlación positiva de r= 0,54 entre la proporción
de población extranjera y el voto a Vox, que alcanza 0,58 cuando se
considera específicamente la población inmigrante extracomunitaria.
El modelo presentado por los autores atribuye a esta variable, tomada
de forma aislada, cerca de un tercio de la varianza del voto a Vox.
Este
resultado no contradice el observado a escala de las comunidades
autónomas. Sugiere más bien que la relación entre presencia
extranjera y voto de rechazo puede manifestarse a una escala
territorial reducida muy concreta y desaparecer cuando los datos se
agregan a otra escala más amplia. La Región de Murcia constituye, a
este respecto, un caso especialmente interesante: varios municipios
combinan una presencia inmigrante superior a la media regional y un
elevado voto a Vox.
Los
casos concretos de dos municipios que se han distinguido por los
conflictos locales que han experimentado, como Torre Pacheco en
Murcia y El Ejido en Andalucía, ilustran así la verdadera dimensión
del fenómeno: los enfrentamientos entre españoles y extranjeros
toman forma en espacios geográficos reducidos, a escala del
municipio, allí donde la convivencia, la competencia por el empleo y
los recursos y las tensiones sociales se vuelven concretamente
perceptibles. Es a esta escala donde las relaciones entre poblaciones
pueden transformarse en relaciones de competencia, conflicto o
rechazo, mucho más que a la escala, necesariamente más abstracta,
de las comunidades autónomas.
Este
descenso a la escala municipal tampoco invalida lo que mostraba ya la
España de los años noventa. Permite, al contrario, precisar su
alcance. Si en determinados municipios una fuerte presencia
extranjera puede coincidir efectivamente con un mayor voto de
rechazo, también ocurre lo contrario: en territorios donde los
extranjeros son poco numerosos, la sensación de una presencia masiva
puede llegar a imponerse. Extremadura, Asturias o Cantabria ofrecen
ejemplos de ello.
De
todo lo que hemos visto hasta aquí se desprende que la percepción
de la inmigración no se mide únicamente por su presencia. Cuando la
realidad local ofrece pocos contactos con una población extranjera
que, sin embargo, es presentada como omnipresente, una parte de esa
percepción procede necesariamente de algo distinto de la experiencia
cotidiana.
A
diferencia del siglo XIX, cuando la percepción del extranjero
descansaba más en la experiencia directa y en una circulación de la
información mucho más limitada, hoy la presencia extranjera y su
percepción son dos realidades distintas. La imagen del extranjero no
se construye únicamente a partir de la experiencia directa: también
se forma mediante las categorías, los relatos y las imágenes que
dan un rostro a esa presencia.
Esta
representación puede recuperar, en un contexto contemporáneo, el
lenguaje de la competencia económica que ya era visible en los
conflictos del siglo XIX. En España, la investigadora López
Talavera observa
que, a partir de 2010, en el contexto de la crisis económica, los
medios conceden mayor espacio al temor a la competencia de los
inmigrantes por el acceso al mercado laboral y a las prestaciones
sociales. Algunas informaciones presentan al colectivo inmigrante
como parte implicada o incluso como responsable del conflicto
económico, mientras que uno de los estereotipos señalados en la
literatura sobre el tratamiento mediático consiste en asociar la
inmigración al desempleo de la población activa española. El
extranjero no aparece así únicamente como un otro demográfico o
cultural: también puede ser construido como aquel que ocupa el lugar
del nacional, compite por su empleo o pesa sobre los recursos
colectivos.
De
todo ello se desprenden dos exigencias políticas. La primera
concierne a los medios de comunicación. La construcción reiterada
del inmigrante como amenaza, delincuente o competidor económico no
carece de consecuencias sobre la percepción colectiva. Los trabajos
dedicados al tratamiento periodístico de la inmigración llevan
tiempo reclamando un refuerzo de las normas deontológicas y una
mayor contextualización de las informaciones.
La
segunda concierne a las políticas públicas. Es urgente replantear
las políticas de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio
para evitar fenómenos de hiperconcentración territorial que pueden
transformar una presencia demográfica en una experiencia cotidiana
de competencia o de separación. No se trata de negar las realidades
de la inmigración ni de imponer una dispersión administrativa de
las poblaciones, sino de evitar que determinados territorios acumulen
de forma duradera concentración migratoria, precariedad,
dificultades de acceso a los servicios y escasa mezcla social. De lo
contrario, dejamos en manos de los conflictos locales, de los
discursos políticos y de las representaciones mediáticas la tarea
de dar sentido a una realidad territorial que los poderes públicos
deberían haber anticipado mejor.
Fuente:
CTXT
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