Periodista.
En Moscú después de tres años informando desde Berlín para varios
medios.
El
estado federado de Sajonia-Anhalt celebra unas elecciones en las que
Alternativa para Alemania (AfD) lidera desde hace meses las encuestas
de intención de voto
Ulrich Siegmund, político alemán miembro del Parlamento Regional de Sajonia-Anhalt desde 2016. Colíder del grupo estatal del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) desde 2022.
Cuenta
atrás en Alemania para evitar un terremoto político. El próximo 6
de septiembre el estado federado de Sajonia-Anhalt celebra unas
elecciones que han centrado toda la atención de los medios de
comunicación alemanes, pero también europeos.
Alternativa
para Alemania (AfD) lidera desde hace meses las encuestas de
intención de voto, con un porcentaje de entre el 41 y el 42%. La
Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz está
a casi veinte puntos de diferencia, con un 22%, seguida por La
Izquierda, con entre un 12% y un 13%, y el Partido Socialdemócrata
de Alemania (SPD), con un 7%. El resto de formaciones dependen de uno
o dos puntos porcentuales para poder superar el umbral del 5% y
entrar en la cámara regional. Ése es el caso de Los Verdes, los
liberales del FDP y la Alianza
Sahra Wagenknecht (BSW).
Con
una ventaja sólida desde hace meses en los sondeos, AfD se ve ya
como ganadora. La ultraderecha también lidera las encuestas a nivel
federal con entre un 27% y un 28% —entre siete y ocho puntos por
delante de la CDU—, por lo que Sajonia-Anhalt podría presentarse
como la primera victoria del partido en un Land y, al mismo tiempo, y
si nada impide su llegada al gobierno, el laboratorio político de lo
que podría ser una Alemania gobernada, o cogobernada, por ellos.
A
mediados de julio el candidato local de la formación ultra, Ulrich
Siegmund, presentó su “programa de 100 días”, un plan de diez
puntos con algunas de las medidas que asegura que pondrá en obra si
llega al gobierno. Entre sus promesas figura eliminar las
subvenciones a la radiotelevisión pública y a las organizaciones no
gubernamentales dedicadas a lo que denominan despectivamente “la
industria de la integración y el asilo” y “la industria de la
salvación climática”, así como el apoyo a los programas públicos
de lucha contra el racismo o la LGTBIfobia en el sistema educativo y
las partidas públicas destinadas a las fundaciones de los partidos
políticos.
La
inmigración ocupa como es esperable un lugar destacado, y AfD ha
prometido expulsar a los inmigrantes irregulares e incluir a los
solicitantes de asilo en programas de trabajo. En el capítulo
educativo, prevé crear aulas especiales para los hijos de los
exiliados —“para reforzar el mensaje de que su estancia en
Alemania es solamente temporal”— y la presencia de agentes de
servicios de seguridad privada en las escuelas con problemas. De
acuerdo con la formación, “el experimento inclusivo ha fracasado”,
y apuesta también por suprimir las clases de religión islámica y
ampliar las clases de idioma ruso, un legado del pasado comunista de
la región.
Un
punto entero de su programa lo dedica AfD a las “guerras
culturales”: propone prohibir las banderas arcoiris de las
escuelas, que significan, para ellos, “la desvalorización de la
familia y de la normalidad social tradicional”, y su sustitución
por la bandera alemana “para educar a los niños en el espíritu
del amor a su pueblo y a su patria”. AfD también propone cambiar
el lema del gobierno actual —una coalición entre CDU, SPD y FDP—
de #moderndenken por #deutschdenken.
El éxito de la ultraderechista AfD abre grietas en el cordón sanitario alemán.
De
acuerdo con la formación, el ejecutivo de Sven Schulze ha intentado
convertir en su referente cultural la Bauhaus —en Dessau se
construyó en 1925 su célebre escuela, hoy Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO, con diseño de Walter Gropius, oriundo de la
ciudad—, a la que acusa de haber intentando borrar “todo símbolo
de raigambre nacional” (un ataque que guarda similitudes con los
realizados en su día por el nacionalsocialismo).
El
“programa de 100 días” de AfD también propone reducir la cifra
de ministerios del gobierno del estado federado y la creación de una
comisión para la investigación de la gestión del coronavirus, con
el fin de dilucidar las supuestas irregularidades y medidas
contrarias a la constitución durante la pandemia. Siegmund presentó
su programa flanqueado de carteles con lemas hiperbólicos —pero ya
habituales de este espacio político en toda Europa— como “ciudades
seguras”, “todo es posible” o “recompensar a quienes se
esfuerzan”.
Como
señalaron oportunamente algunos medios, ninguna de estas propuestas
concreta cómo van a resolverse los problemas que aquejan a este
estado federado, especialmente si, como planea AfD, se aprueba una
rebaja de impuestos. Sajonia-Anhalt es uno de los antiguos estados de
la República Democrática Alemana (RDA) que peores resultados
económicos ha tenido desde la Reunificación: ha pasado de tener una
población de 2.873.957 habitantes en 1990 a 2.120.252 en 2025, con
una tasa de desempleo del 8%.
La
paradoja de Sajonia-Anhalt es que, debido a su situación económica
actual, y a sus perspectivas, que no son mucho mejores, es uno de los
estados federados con menores inveles de inmigración, uno de los
temas estrella de AfD. Por lo demás, en arreglo a su cosmovisión
racista, la inmigración de Sajonia-Anhalt es mayoritariamente
“blanca”, liderada por ucranianos (18,6%), seguidos por sirios
(15,9%), polacos (7,8%), rumanos (6%) y afganos (4,9%) (datos de
2022). Al mismo tiempo, es la economía lo que impulsa a la formación
ultra en los sondeos ante la parálisis y el agotamiento del resto de
partidos políticos a ojos de los votantes, una situación demasiado
familiar en el resto de Alemania y Europa. Cuando el semanario Der
Spiegel publicó una portada con la fotografía de Siegmund y el
titular “El hombre más peligroso de Europa”, lejos de
lamentarlo, AfD lo celebró como una muestra de su lucha contra los
medios de comunicación establecidos y el sistema político que los
sostienen.
El
dilema de La Izquierda
La
Izquierda, en tercer lugar, podría demostrarse clave para impedir la
formación de un gobierno de AfD en Sajonia-Anhalt. No hay ningún
otro partido mejor posicionado para evitarlo llegado el caso, ya que
pese a su liderazgo en los sondeos AfD no cuenta con una mayoría
absoluta. Un correo interno enviado por La Izquierda a sus afiliados
en el mes de agosto recordaba que uno de cada siete votantes sigue
sin haberse decidido por una opción electoral —unas 200.000
personas que podrían decantar decisivamente la balanza— y ha
llamado a sus militantes a sumarse a una campaña informativa puerta
a puerta como la que les dio tan buenos resultados en las pasadas
elecciones federales.
El
propio partido ofrecía un ejemplo de este tipo de campaña: “’No
tienen nada que hacer aquí’, nos dicen en una puerta. A pesar de
ello, nuestros equipos insisten. Rendirse no es una opción. Un piso
más arriba un hombre abre la puerta y afirma que esto no va con él.
Al final terminamos hablando sobre los alquileres, la educación y
las pensiones, y asegura que durante la conversación se ha acercado
a nuestras posiciones”.
Pero
incluso si La Izquierda transforma a todos esos indecisos en votos
para su partido, ello implicaría entrar en una coalición de
gobierno inédita con los conservadores y los socialdemócratas, o
con los dos anteriores y otro partido si logra superar el umbral del
5%, o, al menos, apoyar a un gobierno en minoría de la CDU desde el
parlamento. El copresidente del partido, Luigi Pantisano, aseguró en
una entrevista para la televisión ZDF que ésta era la consecuencia
lógica del antifascismo. “Se trata de evitar que un partido de
extrema derecha llegue al poder”, declaró señalando los casos de
Turingia y Sajonia, donde La Izquierda apoya desde el parlamento a
gobiernos en minoría para bloquear las iniciativas legislativas de
AfD. Desde Berlín, no obstante, la cuestión se trata con visible
discreción, ya que el apoyo a la CDU —cuyo programa se encuentra,
huelga decirlo, en las antípodas del de La Izquierda— podría
llegar a empañar sus perspectivas electorales en otros estados
federados, en particular en Berlín, donde cuenta con posibilidades
de llegar al gobierno.
La
duda de la Alianza Sahra Wagenknecht
Aunque
la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) se quedó fuera el Bundestag en
las pasadas
elecciones,
mantiene una fuerza relativa en los antiguos estados federados de
Alemania oriental y, aunque desde enero ya no forma parte del
gobierno de Brandeburgo, sí que se mantiene en el de Turingia, con
fuertes disputas con la dirección central del partido, que presiona
a la dirección local para que lo abandone.
Sahra Wagenknecht ha fundado su propia Alianza Sahra Wagenknecht – por la Razón y la Justicia (BSW).
Esta
escisión de La Izquierda en torno a una de sus figuras más
controvertidas se ha pronunciado, como en elecciones anteriores, con
ambigüedad sobre lo que haría de entrar en la cámara regional.
Wagenknecht adelantó a los medios de comunicación que, de formar
parte de ella, su grupo parlamentario se abstendría en una tercera
votación para la elección del presidente antes que forzar una nueva
convocatoria electoral, lo que, en efecto, posibilitaría la llegada
de AfD al gobierno de Sajonia-Anhalt.
Asimismo,
BSW tampoco votaría por el candidato conservador, Schulze, por su
oposición al programa económico y social de la CDU. Ante los
rumores que circularon semanas atrás, la copresidenta de BSW, Amira
Mohamed Ali, ha excluido la posibilidad de entrar en una coalición
de gobierno con AfD. “Programáticamente, AfD está muy lejos de
nosotros”, explicó Ali en una entrevista con Deutschlandfunk, “AfD
apoya el rearme, AfD apoya los recortes sociales, y, además, AfD
tiene, en parte, miembros que son de extrema derecha, que son
fascistas: con un partido así no podemos formar coalición”. En
una entrevista anterior con el diario Die
Welt,
Ali propuso la elección de un candidato de consenso independiente
cuyo programa de gobierno esté sometido a las negociaciones y
votaciones entre los partidos representados en el parlamento.
Una
medida así, no obstante, no sólo cuenta con la oposición del resto
de partidos, sino de sectores de la propia BSW. En paralelo a la
campaña en Sajonia-Anhalt, durante este verano se han registrado
tensiones entre la dirección en Berlín y el partido en Turingia,
que forma una coalición de gobierno con socialdemócratas y
conservadores. El partido en Turingia se niega a abandonarla más o
menos por los mismos motivos que defiende La Izquierda en
Sajonia-Anhalt: para no permitir la llegada de AfD al poder. El
presidente de AfD en ese Land, Björn Höcke, no sólo hizo este
verano suya la propuesta de Ali de elegir a un candidato
independiente, sino que incluso ofreció el puesto de
ministra-presidente a la propia Wagenknecht, que ha rechazado la
oferta y retado a Höcke a un debate televisado al que este último
ha hecho oídos sordos.
La
opción nuclear: prohibir AfD
Frente
al ascenso de AfD en las encuestas de intención de voto, este verano
ha resurgido en Alemania una tercera opción para impedir su llegada
al gobierno: prohibir directamente el partido. A comienzos de agosto,
el vicecanciller y copresidente del SPD, Lars Klingbeil, publicó
en Die
Zeit un artículo en el que calificaba de “deber
democrático” estudiar un dictamen en este sentido publicado por un
grupo de “académicos independientes” que “han demostrado que
AfD trabaja sistemáticamente para destruir nuestra democracia y
nuestro estado de derecho”.
Pancartas contra AfD desplegadas por antifascistas en un campo de fúbol alemán.
“Si la ideología de extrema derecha
llega al poder, nadie estará a salvo”, advertía Klingbeil, para
quien “debería examinarse cuidadosamente si se dan las condiciones
para una prohibición por parte del Tribunal Constitucional de
Alemania”.
Los
problemas de una medida de este calibre no son, como cabe imaginar,
pocos. Para empezar, existen problemas legales, porque las
declaraciones de miembros individuales del partido no equivalen a
propuestas políticas, y AfD, como todos los partidos de este espacio
político, ha aprendido a caminar por la cuerda floja. Además,
cuando hubo un intento parecido por prohibir el Partido
Nacional-Democrático de Alemania (NPD) en 2017, el Tribunal
Constitucional alegó que, aunque los motivos legales eran sólidos,
el partido era demasiado pequeño y poco representativo como para
amenazar el orden constitucional. Adicionalmente, fuentes de los
cuerpos y fuerzas de seguridad pidieron que no se prohibiese el NPD,
pues, en su opinión, eso sólo llevaría a sus militantes a la
clandestinidad y a una radicalización aún más violenta (desde la
izquierda se señaló que esas mismas fuentes temían que se
revelase, además de los agentes de policía infiltrados en el NPD,
las vínculos personales entre miembros individuales de ambas).
Pero
también hay problemas políticos, porque ¿puede prohibirse un
partido que, de acuerdo con las encuestas de intención de voto,
cuenta actualmente el apoyo de más de una cuarta de la población a
nivel federal? El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha
defendido que la exclusión de los “enemigos de la constitución”
no es “inherentemente antidemocrática”, sino “la expresión de
una democracia defensiva”. Argucias retóricas aparte, ¿no podría
esa misma argumentación aplicarse algún día, con otra constelación
política en el gobierno, a La Izquierda?
La
pregunta no es baladí cuando este año se ha conmemorado el 70º
aniversario de la prohibición del Partido Comunista de Alemania
(KPD) en Alemania occidental, una decisión que acarreó graves
consecuencias profesionales y personales para los afectados. El
propio recurso a vías legales aparece también a ojos de muchos como
una medida desesperada, que no tuvo mucho efecto por lo demás en la
última campaña electoral de Donald Trump en Estados Unidos y no
parece tenerlo tampoco en los sondeos para la candidata de Agrupación
Nacional (AN) en Francia, Marine Le Pen. Como han señalado varios
analistas, una medida de este tipo también podría ser contestada
por la Casa Blanca, donde la formación ultra cuenta con
simpatizantes como el vicepresidente JD Vance: cabe recordar que en
su viaje a Múnich de 2025 rehusó reunirse con el entonces
canciller, Olaf Scholz, y lo hizo con la co-presidenta de AfD, Alice
Weidel. Así, Washington podría adoptar medidas de represalia, como
sanciones personales a sus responsables y aranceles económicos al
país.
Mientras
se debate, a diferentes intensidades, la prohibición de AfD, la
formación ultra —como ha ocurrido con el caso de la portada de Der
Spiegel arriba mencionada— trata de sacar partido a
la situación, presentándose como la opción más opuesta
al establishment.
Incluso si el resto de partidos logran impedir la llegada de AfD al
gobierno de Sajonia-Anhalt, el problema está lejos de acabarse en
ese estado federado: en el último sondeo publicado, el de Insa del
pasado 29 de agosto, AfD llegaba al 29%, y un 22%, o uno de cada
cinco encuestados, aseguraba que abandonaría al país si la
ultraderecha llegaba al poder.
Fuente:
El
Salto
%20desde%202022.jpg)
.jpg)
..jpg)
