Por
Gloria
Piñero
La larga parálisis administrativa impuesta por los sucesivos gobiernos de la Región de Murcia impide la aprobación de las normas que deben regular este parque regional, el espacio natural más emblemático del litoral murciano
En el extremo suroccidental de la Región de Murcia, entre los términos de Lorca y Águilas, se extiende uno de los espacios naturales más singulares del litoral mediterráneo español: el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, declarado como tal en 1992 por la Ley 4/1992 de Ordenación y Protección del Territorio.
Dentro de sus límites se extienden montes, ramblas y calas vírgenes de alto valor ecológico que se enfrentan a las amenazas que supone una desprotección ambiental que dura ya 33 años. Es el tiempo que ha transcurrido desde que el parque aparece en los mapas oficiales sin que se haya aprobado su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), el instrumento legal que debe fijar las normas, usos permitidos y límites a las actividades dentro del espacio supuestamente protegido.
Sin ese plan, no hay medidas claras para su conservación ni sanciones aplicables a las agresiones que sufre. Y, mientras la Administración autonómica persiste en un silencio que dura más de tres décadas, la degradación avanza.
30 años de inactividad administrativa
La urgencia por la “necesidad inmediata de protección”, justificó que el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope se declarase sin contar con un PORN previo. Sin embargo, la Ley 4/1992 preveía esa situación y mandataba a las administraciones competentes —en este caso, al Gobierno de la Región de Murcia— a la aprobación de dicho instrumento “en el plazo máximo de un año” desde la declaración. El ejecutivo murciano estaba entonces en manos del PSOE, que ese mismo año había aprobado los PORN de otros tres parques regionales: el de Sierra Espuña, el de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y el de Calblanque.
En 1993, la entonces Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza acordó el inicio del procedimiento de elaboración del PORN de Cabo Cope y Calnegre. Sin embargo, el proceso quedó paralizado tras la llegada del Partido Popular al Gobierno murciano, en el que permanece inamovible desde entonces.
En todos estos años, es cierto que hubo intentos por parte de la Administración regional para cumplir con la legalidad respecto al parque, pero todos tan intermitentes como ineficaces: en 2012, cuando una orden de la Consejería de Presidencia creó las Áreas de Planificación Integrada e incluyó al parque en la “API 004: Costa Occidental”; y posteriormente, en 2020, cuando la Dirección General de Medio Natural volvió a iniciar formalmente el expediente de elaboración del PORN. Incluso se llegó a redactar un documento previo en 2021. Pero nunca se produjo la aprobación inicial ni su publicación oficial en el Boletín Regional.
Un paso que resulta esencial porque, sin esa aprobación inicial, no se activa el régimen de protección cautelar previsto en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que impide transformaciones sustanciales del territorio. Así que, en la práctica, la inactividad del Gobierno regional (que las organizaciones ecologistas tildan de premeditada), está sirviendo para que Cabo Cope y Calnegre se rija por la “ley del salvaje Oeste”.
Una exigencia formal tras décadas de silencio
El pasado 16 de septiembre de 2025, Ecologistas en Acción de la Región Murciana registró un requerimiento formal ante la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. En el mismo, al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, reclama la “inmediata aprobación inicial” del PORN del Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre, y su tramitación por procedimiento de urgencia, conforme al artículo 48.5 de la Ley 4/1989.
El documento —firmado por Ana María García Albertos, presidenta del colectivo— se apoya en una sólida base jurídica, que incluye la invocación del artículo 45 de la Constitución Española, al tiempo que advierte que la ausencia del PORN vulnera el principio de legalidad y los derechos de participación pública.
El texto subraya que esta inactividad administrativa no solo incumple la normativa estatal y autonómica, sino que “pone en entredicho el propio régimen sancionador ambiental”, al no existir un marco reglamentario aplicable dentro del parque. Y recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido la posibilidad de recurrir judicialmente la “inactividad reglamentaria” cuando esta produce efectos lesivos para el medio ambiente o para derechos de participación ciudadana.
Así que, si la Consejería no responde en tres meses, Ecologistas en Acción estará legitimada para interponer recurso contencioso-administrativo por inactividad, abriendo así un nuevo frente judicial en aras de la protección de este espacio.
Las amenazas de siempre… y las nuevas
El Parque Regional ha sobrevivido durante décadas a amenazas de gran envergadura. En los años ochenta y noventa, una central nuclear proyectada en Cabo Cope estuvo a punto de condenarlo para siempre.
Más tarde, la presión urbanística se convirtió en el mayor peligro. En 2001, la nueva Ley del Suelo de la Región de Murcia fue aprovechada para modificar los límites del parque regional y declarar la Actuación de Interés Regional (AIR) ‘Marina de Cope’, un controvertido proyecto urbanístico-turístico que pretendía un desarrollo desaforado —60.000 viviendas, cinco campos de golf, diez campos de fútbol, veinte hoteles y un puerto interior con 2.000 puntos de amarre— dentro de lo que, hasta entonces, había sido parque regional.
Los ayuntamientos de Lorca y Águilas no tardaron en buscar acomodo a la AIR en sus respectivos planes generales de ordenación, con la única oposición de Izquierda Unida. Eran los años del boom del ladrillo.
Hubo que esperar hasta 2012 para que el Tribunal Constitucional, en una de las sentencias más simbólicas relacionadas con el urbanismo murciano, declarara nula la disposición adicional octava de la Ley autonómica del Suelo que desprotegía unas 15.000 hectáreas de espacios naturales, principalmente en Cope-Calnegre y devolviera sus límites originales al parque. Una larga batalla jurídica y social que fue posible por la interposición, diez años antes, de un recurso de inconstitucionalidad por parte de 50 diputados del PSOE, liderados por la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, que respaldaron la lucha de Ecologistas en Acción, ANSE, WWF y Greenpeace.
Un tiempo que fue aprovechado por empresas y organizaciones agrícolas para que, con el Gobierno regional de brazos caídos, roturaran varios cientos de hectáreas, las convirtieran en regadío y se construyeran infraestructuras como gasolineras, almacenes y viviendas dentro del parque.
Hoy, a pesar de la sentencia, las amenazas no han desaparecido. El deterioro se manifiesta en forma de nuevas roturaciones ilegales, sobreexplotación agrícola y contaminación difusa. En las zonas agrícolas colindantes proliferan los invernaderos, el uso intensivo de plásticos y fitosanitarios, y las captaciones ilegales de agua en una comarca árida. Cada DANA, la crecida de las ramblas llenan el litoral del parque de botes, envases de fungicidas y herbicidas de uso agrícola, tubos de riego por goteo, trozos de gomas y toneladas de plásticos que contaminan la costa. Nadie responde por ello.
La falta de un PORN también impide establecer zonas de exclusión y amortiguación, lo que deja el parque expuesto a la expansión de cultivos hasta incluso dentro de sus límites naturales.
A ello se suma la presión turística creciente. Por un lado, los planes urbanizadores del Ayuntamiento de Águilas, que promueve la construcción de un camping en una zona situada a escasos 2.000 metros de importantes áreas de conservación de la biodiversidad; por otro, la costa virgen de Calnegre es, cada verano, un imán para visitantes y vehículos todoterreno, sin apenas regulación.
Mención aparte merece el vandalismo ambiental. El último ejemplo se produjo el pasado agosto: una nueva quema intencionada de tarayes en la playa del Charco, espacio integrado en el Parque. El mismo lugar que ha sido escenario de reiterados incendios en los últimos meses, según ha denunciado AMACOPE, y que se ceba con la especie Tamarix canariensis, incluida en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia donde está calificada de “interés especial”.
Pero no es el único. En los últimos años, son frecuentes la rotura intencionada de la señalización informativa, el vuelco de contenedores o el destrozo con tractores de las líneas de bolardos de madera que protegen la flora autóctona, incluidas especies vulnerables, como el azufaifo (Ziziphus lotus), el patagusanos (Salsola papillosa) o el chumberillo de lobo (Caralluma europea), cuando no directamente en peligro de extinción, como la gramínea Enneapogon persicus o la ortiga muerta de roca (Scrophularia arguta).
Así que, lo que la ley llamó en su día parque regional es, en la práctica, “un territorio a la deriva”, resumen desde Ecologistas en Acción. El resultado de la parálisis institucional es la impunidad ambiental: el espacio protegido más emblemático del litoral murciano se mantiene sin orden ni protección real.
Una joya ecológica que languidece
El valor ambiental del parque es indiscutible. En su territorio confluyen hábitats esteparios, dunas, acantilados y zonas marinas de alto interés ecológico. Es refugio de especies amenazadas como la tortuga mora (Testudo graeca), el águila perdicera, el búho real o diversas especies de flora endémica litoral.
Además, el parque forma parte de la Red Natura 2000, bajo las figuras de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Paradójicamente, estas designaciones europeas obligan a la existencia de planes de gestión coherentes. La propia normativa autonómica —Ley 6/2012 y Orden de 2012 sobre planificación integrada— establece que, cuando se solapan varias figuras de protección, la planificación debe integrarse en un único documento.
Pero el Gobierno regional, según Ecologistas en Acción, “anuló por la vía de los hechos” su decisión de incluir el PORN dentro del Plan de Gestión Integral de la Costa Occidental “sin respaldo jurídico alguno”.
En su escrito, Ecologistas en Acción también lanza una advertencia clara: “No puede haber auténtica gestión de los recursos naturales sin la previa planificación y ordenación, a través del instrumento expresamente previsto por la Ley para ello”.
La falta de ese instrumento —el PORN— priva al parque de un elemento esencial: la seguridad jurídica. Propietarios, agricultores y administraciones locales operan en un limbo normativo donde ni los límites ni los usos están definidos.
El espejo de un modelo regional
El caso de Cabo Cope–Calnegre simboliza un patrón recurrente en la política ambiental murciana: declarar espacios naturales sin dotarlos de herramientas de gestión ni recursos para su conservación.
Mientras otras comunidades autónomas han culminado hace años la planificación de sus parques regionales, Murcia arrastra décadas de retrasos e incumplimiento de la ley.
El contraste es aún más evidente cuando se compara con la atención mediática y política que ha recibido el Mar Menor, cuya degradación ecológica ha movilizado reformas legales y plataformas ciudadanas, mientras Cabo Cope languidece a la espera de una decisión política que nunca llega y que no admite más demora.
Fuente: elDiario.es
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