Calnegre y Cabo Cope, una joya natural que espera protección desde hace más de 30 años

 

 Por Gloria Piñero   

      Periodista en elDiarioRegióndeMurcia.es y guionista.

La larga parálisis administrativa impuesta por los sucesivos gobiernos de la Región de Murcia impide la aprobación de las normas que deben regular este parque regional, el espacio natural más emblemático del litoral murciano

      En el extremo suroccidental de la Región de Murcia, entre los términos de Lorca y Águilas, se extiende uno de los espacios naturales más singulares del litoral mediterráneo español: el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, declarado como tal en 1992 por la Ley 4/1992 de Ordenación y Protección del Territorio.

Litoral del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, en la Región de Murcia. AMACOPE.

Dentro de sus límites se extienden montes, ramblas y calas vírgenes de alto valor ecológico que se enfrentan a las amenazas que supone una desprotección ambiental que dura ya 33 años. Es el tiempo que ha transcurrido desde que el parque aparece en los mapas oficiales sin que se haya aprobado su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), el instrumento legal que debe fijar las normas, usos permitidos y límites a las actividades dentro del espacio supuestamente protegido.

Sin ese plan, no hay medidas claras para su conservación ni sanciones aplicables a las agresiones que sufre. Y, mientras la Administración autonómica persiste en un silencio que dura más de tres décadas, la degradación avanza.

30 años de inactividad administrativa

La urgencia por la “necesidad inmediata de protección”, justificó que el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope se declarase sin contar con un PORN previo. Sin embargo, la Ley 4/1992 preveía esa situación y mandataba a las administraciones competentes —en este caso, al Gobierno de la Región de Murcia— a la aprobación de dicho instrumento “en el plazo máximo de un año” desde la declaración. El ejecutivo murciano estaba entonces en manos del PSOE, que ese mismo año había aprobado los PORN de otros tres parques regionales: el de Sierra Espuña, el de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y el de Calblanque.

En 1993, la entonces Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza acordó el inicio del procedimiento de elaboración del PORN de Cabo Cope y Calnegre. Sin embargo, el proceso quedó paralizado tras la llegada del Partido Popular al Gobierno murciano, en el que permanece inamovible desde entonces.

La desprotección de Cabo Cope-Calnegre se hace especialmente patente cuando las crecidas de las ramblas depositan en su litoral toneladas de residuos plásticos, principalmente provenientes de la agricultura intensiva.

En todos estos años, es cierto que hubo intentos por parte de la Administración regional para cumplir con la legalidad respecto al parque, pero todos tan intermitentes como ineficaces: en 2012, cuando una orden de la Consejería de Presidencia creó las Áreas de Planificación Integrada e incluyó al parque en la “API 004: Costa Occidental”; y posteriormente, en 2020, cuando la Dirección General de Medio Natural volvió a iniciar formalmente el expediente de elaboración del PORN. Incluso se llegó a redactar un documento previo en 2021. Pero nunca se produjo la aprobación inicial ni su publicación oficial en el Boletín Regional.

Un paso que resulta esencial porque, sin esa aprobación inicial, no se activa el régimen de protección cautelar previsto en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que impide transformaciones sustanciales del territorio. Así que, en la práctica, la inactividad del Gobierno regional (que las organizaciones ecologistas tildan de premeditada), está sirviendo para que Cabo Cope y Calnegre se rija por la “ley del salvaje Oeste”.

Una exigencia formal tras décadas de silencio

El pasado 16 de septiembre de 2025, Ecologistas en Acción de la Región Murciana registró un requerimiento formal ante la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. En el mismo, al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, reclama la “inmediata aprobación inicial” del PORN del Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre, y su tramitación por procedimiento de urgencia, conforme al artículo 48.5 de la Ley 4/1989.

El documento —firmado por Ana María García Albertos, presidenta del colectivo— se apoya en una sólida base jurídica, que incluye la invocación del artículo 45 de la Constitución Española, al tiempo que advierte que la ausencia del PORN vulnera el principio de legalidad y los derechos de participación pública.

Un ejemplar de tortuga mora, símbolo de la riqueza natural de la Región de Murcia, en las inmediaciones de Cabo Cope, en Águilas. AMACOPE.

El texto subraya que esta inactividad administrativa no solo incumple la normativa estatal y autonómica, sino que “pone en entredicho el propio régimen sancionador ambiental”, al no existir un marco reglamentario aplicable dentro del parque. Y recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido la posibilidad de recurrir judicialmente la “inactividad reglamentaria” cuando esta produce efectos lesivos para el medio ambiente o para derechos de participación ciudadana.

Así que, si la Consejería no responde en tres meses, Ecologistas en Acción estará legitimada para interponer recurso contencioso-administrativo por inactividad, abriendo así un nuevo frente judicial en aras de la protección de este espacio.

Las amenazas de siempre… y las nuevas

El Parque Regional ha sobrevivido durante décadas a amenazas de gran envergadura. En los años ochenta y noventa, una central nuclear proyectada en Cabo Cope estuvo a punto de condenarlo para siempre.

Más tarde, la presión urbanística se convirtió en el mayor peligro. En 2001, la nueva Ley del Suelo de la Región de Murcia fue aprovechada para modificar los límites del parque regional y declarar la Actuación de Interés Regional (AIR) ‘Marina de Cope’, un controvertido proyecto urbanístico-turístico que pretendía un desarrollo desaforado —60.000 viviendas, cinco campos de golf, diez campos de fútbol, veinte hoteles y un puerto interior con 2.000 puntos de amarre— dentro de lo que, hasta entonces, había sido parque regional.

Los ayuntamientos de Lorca y Águilas no tardaron en buscar acomodo a la AIR en sus respectivos planes generales de ordenación, con la única oposición de Izquierda Unida. Eran los años del boom del ladrillo.

Mapa del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope. CARM.

Hubo que esperar hasta 2012 para que el Tribunal Constitucional, en una de las sentencias más simbólicas relacionadas con el urbanismo murciano, declarara nula la disposición adicional octava de la Ley autonómica del Suelo que desprotegía unas 15.000 hectáreas de espacios naturales, principalmente en Cope-Calnegre y devolviera sus límites originales al parque. Una larga batalla jurídica y social que fue posible por la interposición, diez años antes, de un recurso de inconstitucionalidad por parte de 50 diputados del PSOE, liderados por la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, que respaldaron la lucha de Ecologistas en Acción, ANSE, WWF y Greenpeace.

Un tiempo que fue aprovechado por empresas y organizaciones agrícolas para que, con el Gobierno regional de brazos caídos, roturaran varios cientos de hectáreas, las convirtieran en regadío y se construyeran infraestructuras como gasolineras, almacenes y viviendas dentro del parque.

Hoy, a pesar de la sentencia, las amenazas no han desaparecido. El deterioro se manifiesta en forma de nuevas roturaciones ilegales, sobreexplotación agrícola y contaminación difusa. En las zonas agrícolas colindantes proliferan los invernaderos, el uso intensivo de plásticos y fitosanitarios, y las captaciones ilegales de agua en una comarca árida. Cada DANA, la crecida de las ramblas llenan el litoral del parque de botes, envases de fungicidas y herbicidas de uso agrícola, tubos de riego por goteo, trozos de gomas y toneladas de plásticos que contaminan la costa. Nadie responde por ello.

Imagen de satélite de la Marina de Cope, donde se aprecian múltiples roturaciones y construcción de infraestructuras. Instituto Geográfico Nacional.

La falta de un PORN también impide establecer zonas de exclusión y amortiguación, lo que deja el parque expuesto a la expansión de cultivos hasta incluso dentro de sus límites naturales.

A ello se suma la presión turística creciente. Por un lado, los planes urbanizadores del Ayuntamiento de Águilas, que promueve la construcción de un camping en una zona situada a escasos 2.000 metros de importantes áreas de conservación de la biodiversidad; por otro, la costa virgen de Calnegre es, cada verano, un imán para visitantes y vehículos todoterreno, sin apenas regulación.

Mención aparte merece el vandalismo ambiental. El último ejemplo se produjo el pasado agosto: una nueva quema intencionada de tarayes en la playa del Charco, espacio integrado en el Parque. El mismo lugar que ha sido escenario de reiterados incendios en los últimos meses, según ha denunciado AMACOPE, y que se ceba con la especie Tamarix canariensis, incluida en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia donde está calificada de “interés especial”.

Pero no es el único. En los últimos años, son frecuentes la rotura intencionada de la señalización informativa, el vuelco de contenedores o el destrozo con tractores de las líneas de bolardos de madera que protegen la flora autóctona, incluidas especies vulnerables, como el azufaifo (Ziziphus lotus), el patagusanos (Salsola papillosa) o el chumberillo de lobo (Caralluma europea), cuando no directamente en peligro de extinción, como la gramínea Enneapogon persicus o la ortiga muerta de roca (Scrophularia arguta).

Así que, lo que la ley llamó en su día parque regional es, en la práctica, “un territorio a la deriva”, resumen desde Ecologistas en Acción. El resultado de la parálisis institucional es la impunidad ambiental: el espacio protegido más emblemático del litoral murciano se mantiene sin orden ni protección real.

Una joya ecológica que languidece

El valor ambiental del parque es indiscutible. En su territorio confluyen hábitats esteparios, dunas, acantilados y zonas marinas de alto interés ecológico. Es refugio de especies amenazadas como la tortuga mora (Testudo graeca), el águila perdicera, el búho real o diversas especies de flora endémica litoral.

Cala Blanca, en el término municipal de Lorca, una de las playas vírgenes que forman parte del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope.

Además, el parque forma parte de la Red Natura 2000, bajo las figuras de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Paradójicamente, estas designaciones europeas obligan a la existencia de planes de gestión coherentes. La propia normativa autonómica —Ley 6/2012 y Orden de 2012 sobre planificación integrada— establece que, cuando se solapan varias figuras de protección, la planificación debe integrarse en un único documento.

Pero el Gobierno regional, según Ecologistas en Acción, “anuló por la vía de los hechos” su decisión de incluir el PORN dentro del Plan de Gestión Integral de la Costa Occidental “sin respaldo jurídico alguno”.

En su escrito, Ecologistas en Acción también lanza una advertencia clara: “No puede haber auténtica gestión de los recursos naturales sin la previa planificación y ordenación, a través del instrumento expresamente previsto por la Ley para ello”.

La falta de ese instrumento —el PORN— priva al parque de un elemento esencial: la seguridad jurídica. Propietarios, agricultores y administraciones locales operan en un limbo normativo donde ni los límites ni los usos están definidos.

El espejo de un modelo regional

El caso de Cabo Cope–Calnegre simboliza un patrón recurrente en la política ambiental murciana: declarar espacios naturales sin dotarlos de herramientas de gestión ni recursos para su conservación.

Imagen aérea de la Manga del Mar Menor.

Mientras otras comunidades autónomas han culminado hace años la planificación de sus parques regionales, Murcia arrastra décadas de retrasos e incumplimiento de la ley.

El contraste es aún más evidente cuando se compara con la atención mediática y política que ha recibido el Mar Menor, cuya degradación ecológica ha movilizado reformas legales y plataformas ciudadanas, mientras Cabo Cope languidece a la espera de una decisión política que nunca llega y que no admite más demora.

Fuente: elDiario.es

Atentado a mi escala y proporción (con su relato)

 

 Por Pedro Costa Morata

      Ingeniero, Periodista y Politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

Una de dos: o el terrorista procede de nuestro agro, donde varias veces -pero en años y años, poca cosa- se me han encarado muy alterados individuos sin pasar a mayores; o se trata de un prosionista enloquecido -o sea, como los de verdad- que se sienta agredido por mis textos contra el Estado de Israel y sus crímenes sin cuento, aunque esto lo sabe ya casi todo el mundo.

El desconocido que prendiera fuego a la puerta de mi casa de Águilas la noche del 16 de junio, utilizó gasolina y lo hizo al poco de dormirme yo, profundamente, al cabo de una jornada especialmente intensa en kilómetros y emociones: hubo, pues, nocturnidad y alevosía. También hubo “avance”, siguiendo la pista agraria, respecto al susto dado al representante de Ecologistas en Acción en Cieza, José Antonio Herrera, hace tres años, cuando encontró el portal de su casa rociado con gasoil y con un mechero de advertencia; el/los terrorista/as han pasado de la potencia y la advertencia al acto y la agresión, de aficionados a profesionales, de canallas a delincuentes, con un salto cualitativo la mar de fácil y en un ambiente, el murciano, de envalentonamiento de todo tipo de ultras y descerebrados.

Portal y fachada de la casa de Pedro Costa en Águilas, tras el incendio provocado.

Y si optamos por la pista sionista, la conjetura lleva, incluso, a sospechar que alguno de los asistentes aquella noche a la presentación (número 44 de la serie) de mi libro Israel: del mito al crimen, en Molina de Segura, aguardara a su final para seguir a un servidor hasta Águilas, apostarse hasta que las luces se apagaran en mi casa y proceder (los hechos dejan una mera hora entre mi apagón y el fuego) como pirómano más o menos aficionado. En cualquier caso, estoy seguro de que Israel y sus compinches han de enfrentarse a enemigos de mucha mayor calidad y poder que este cronista, por lo que no se explicaría muy bien su implicación.

Alguien avisó a la Policía Local, y dos de sus agentes acudieron y sofocaron a tiempo el fuego; luego me despertaron y tras verme que no profería palabra alguna, de puro pasmo, entre la oscuridad y el humo (sí acerté, menos mal, a darles las gracias), se marcharon no sin antes recomendarme que denunciara al día siguiente los hechos en el cuartel de la Guardia Civil. Cosa que hice, encontrándome con la (indignante) respuesta de que para presentar la denuncia debía pedir cita telemática; cosa que hice, a ver, dándome el ordenador la fecha para el 24, ocho días después del atentado. Mi segunda visita al cuartel no excluyó mi vigoroso requerimiento al agente de puertas, que no parecía muy interesado en cumplir con su obligación y atender al administrado, ya mosca por los ocho días y por el escaso ambiente que percibía; así que me atendió un joven agente que, aportando al asunto una redacción correcta que mereció mi agradecida aprobación, me deseó buena suerte. Me volvieron a dar otros seis días para que llamara y me pudiera atender la “persona indicada”, a la que yo quería preguntar si el expediente estaba bien compuesto con las fotos que envié y el informe de la Policía Local; cosa que hice, atendiéndome el mismo agente que me había tomado la declaración y la denuncia, y que igual de atento esta vez me anunció que, como no se conocía al autor de los daños, el asunto se archivaría. Asombrado de la rotundidad de tamaña lógica le recordé al agente que no era cuestión de daños sino de un atentado, lo que pareció sorprenderle un tanto, asegurándome que cuando se sepa algo se añadirá al expediente.

Sin pretender con ello pedir una atención excesiva sobre este problema mío, que es verdad que no es de los más graves a los que se enfrenta la Guardia Civil (pero tampoco el menor, oigan), he considerado oportuno informar de estos hechos tanto a la Fiscalía del TSJ murciano como a la Delegación del Gobierno.

En otro orden de cosas, y sin pretender con ello que la Región entera haya de conocer mis cuitas, me ha resultado algo desolador que solo personas y entidades próximas por amistad o afinidad político-ecológica me hayan enviado su afecto y solidaridad. Así, he tenido que constatar el exquisito silencio con que han “atendido” al incidente los dos periódicos tradicionales de la región (por no decir tradicionalistas), La Verdad y La Opinión, sin duda informados de los hechos, teniendo en cuenta la cantidad de cosillas, tantas veces chuscas, con que llenan sus páginas los corresponsales de los pueblos; el que estos dos medios me hubieran “liquidado” como colaborador, por evidente incompatibilidad, en años pasados no debiera haber sido óbice para reseñar el fuego y el humo ya que, bien mirado, tienen su importancia atendiendo a la materia y al destinatario (digo yo, oigan), en una tierra en la que la violencia -sobre todo la de cuño agrario- no cesa y amenaza con aumentar, dada la elevación del clima ultra imperante y la escasa eficacia policial y judicial en la persecución del crimen de firma agraria.

En mi pueblo, ni la alcaldesa ni el concejal de Seguridad se me han dirigido para, oigan, interesarse o apoyarme, y han aplicado el protocolo correspondiente, de índole miserable, a quien pisa tantos callos de gente que ni entiende el medio ambiente ni la cultura, resultando así este relator un hijo predilecto, desde luego, pero jodón y algo maldito... Y hasta el grupo AMACOPE, de defensa del medio ambiente aguileño, que mi menda contribuyó a crear, ha hecho mutis sobre el asunto y su víctima (anoto que uno de sus miembros principales sí me expresó su respaldo), confirmando que su preocupación por la fauna y la flora (que admiro y estimulo) no incluyen a esa especie bípeda, implume y erecta llamada Homo sapiens: por eso se confirma como grupo conservacionista, no ecologista, siendo así que se sale de mi tradición.

Mentiría si dijera que no me preocupa lo que me ha pasado, por nuevo e incisivo, en mi pequeña historia de agitador de conciencias y defensor de la Madre Tierra (que es lo que yo me creo, sin estar seguro del todo). Aunque también es verdad que no me ha quitado el sueño y creo recordar que -quizás por el impacto mental que sufrí- volví aquella noche a dormirme a pierna suelta tras resolver los atentos agentes locales el fuego traicionero.

Pero sí me tomo muy en serio -como la mayoría de la gente hará- que bandidos y descerebrados campen a sus anchas agrediendo o intimidando, sabiendo como sé que tampoco esto lo van a resolver los agentes del orden, ya que toda violencia en el grado que sea es producto de una sociedad desequilibrada y enferma, que en nuestro caso genera demasiada infamia, y esto las fuerzas positivas, creativas y estimulantes, no logran conjurarlo.