Piden más de 3 años de cárcel para el secretario general del ayuntamiento de Águilas por acoso laboral

 

 Por Alicia Negre    

       Licenciada en Periodismo por la Universidad de Murcia (UMU). Redactora de  LA VERDAD.

Un magistrado abre juicio contra el funcionario por la supuesta divulgación de un escrito de alegaciones presentado por el afectado

     El presunto acoso laboral contra un representante sindical podría sentar en el banquillo al secretario general del Ayuntamiento de Águilas. En un auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Lorca ha acordado la apertura de juicio oral contra Jesús L. por presuntos delitos de acoso laboral, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. 

Jesús López López (diario Información).

La Fiscalía solicita que se le impongan penas que suman tres años y siete meses de cárcel y hasta dos años y meses de inhabilitación para empleo o cargo público. Además, el Ministerio Público reclama que se indemnice al perjudicado en 3.835 euros, de los que el propio Consistorio tendría que responder de forma subsidiaria.

Fuente: LA VERDAD

Águilas: el desmedido poder del secretario López

 

 Por  Pedro Costa Morata

      Politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

Se atribuye a sus malas artes el abandono de la política de, al menos, dos importantes militantes socialistas: la hasta hace tres meses alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y el anterior alcalde de Lorca, Diego José Mateos quien, al pasar a la oposición tras las últimas elecciones locales, ha dejado de ser concejal y se encuentra ahora, como interventor municipal en el Ayuntamiento de Águilas, sometido a muy duras condiciones éticas en su trabajo. Y no se descarta que el anuncio del actual alcalde independiente de Mazarrón, Ginés Campillo, de no presentarse a las próximas elecciones tenga que ver con el veneno inoculado y extendido en este ayuntamiento por Jesús López, que continúa manteniendo un irregular estatus de secretario municipal titular en Águilas y acumulado en Mazarrón.

“Jesús del Gran Poder”, “Puto Amo” y otros apelativos circulan por Águilas para referirse a este funcionario, que ha demostrado especiales habilidades tanto para el control de la Corporación, incluyendo a la alcaldesa dimisionaria, como para ir dotándose de un estimable patrimonio inmobiliario… Quedan pocas dudas de que la fuga -tan bien orquestada y poco menos que en olor de santidad- de Mari Carmen Moreno como alcaldesa de Águilas ha estado directamente relacionada con la situación a que ha llegado nuestro Ayuntamiento por la presencia, actividad, maniobras, chapuzas e ilegalidades del actual secretario municipal, Jesús López López, cuyas intrigas hicieron que Mari Carmen tuviera que reconocer, en privado por supuesto, que “me tiene bien cogida”.

Mari Carmen Moreno, exalcaldesa de Águilas y devota procesionante.

Venía de Caravaca en 2015 don Jesús precedido de una fama que, si no era para cerrarle las puertas del pueblo (allí, el alcalde socialista, José Moreno, consiguió quitárselo de encima), sí lo era para que los aguileños se preguntaran cómo es que una alcaldesa socialista había fichado a un funcionario conocido por su ideología derechista tirando a ultra y conocido en la ciudad de la Cruz por sus muy menguadas dotes para el servicio público, pero de cualidades empresariales ciertamente acusadas. Así, se le recuerda en Caravaca por el manejo oscuro de asuntos que le concernían y por sus relaciones con ciertas empresas y su intervención en concursos de acreedores, así como por frecuentar demasiado los bares de la localidad en horario laboral. La alcaldesa de Águilas lo contrató temporalmente como secretario municipal, pero este contrato fue prorrogado -en lugar de prescindir prudentemente de sus servicios, a la vista de sus intrigantes movimientos- hasta que consiguió la plaza en propiedad.

Jesús López López (diario Información).

Estando en Águilas ya apunté en un artículo anterior (“Águilas: tocata y fuga de Mari Carmen”, Alteridad, 2 de setiembre), que se hizo con la jefatura de los servicios jurídicos de Torrevieja para actuar sobre todo en materia de contratación, que son asuntos en los que brilla por sus manejos, y que en aquel caso se refería a la concesión del servicio de basuras; y, aliado con el alcalde, no tardó en entrar en conflicto con la secretaria municipal, Pilar Vellisca, que se negó a los cambalaches en negocios locales y acabó denunciando a los dos, a López y al alcalde, por prevaricación y denuncia falsa. El alcalde, por aforado, está siendo enjuiciado por el TSJ de la Comunidad Valenciana; López, al principio compinchado con el alcalde, pronto entró en competencia con éste tratando de “independizarse”, a lo que el alcalde contestó dándole una patada y echándolo de su Ayuntamiento.

Su reintegración a Águilas se produjo después de haber estado cobrando el 30 por 100 en Torrevieja e, indebidamente, el 100 por 100 de su salario en Águilas (cuando la suma de sus emolumentos no podía superar el 100 por 100, claro), desatendiendo, evidentemente, sus obligaciones en ambas ciudades. Este es el episodio, ya explicado en el citado artículo, que el Tribunal de Cuentas afeó, y condenó a la alcaldesa de Águilas a devolver, junto a otros dos funcionarios banales, más de 9.000 euros malamente percibidos por el listo de López.

Reinstalado en Águilas volvió a las andadas “acumulando” a su cargo el de secretario municipal de Mazarrón sin repartirse los ingresos sino cobrando el 100 por 100 de Águilas (que debiera ser el 70) y un 30 por 100 en Mazarrón. Este asunto, por el mismo motivo que la fechoría anterior con Águilas-Torrevieja, ha llegado al Tribunal de Cuentas por “reclamación de responsabilidad por alcance de pagos indebidos”, donde se está ventilando (y donde algunos funcionarios no parecen entender, y parece mentira que así sea, que denunciar comportamientos impropios de servidores públicos es colaborar con la justicia, no motivo de recriminación); y del que vienen trascendiendo los aprietos en que el encausado más el nuevo alcalde aguileño -que ha heredado el “marrón” de su compañera- se están viendo. Este segundo abuso de los caudales públicos es de mucha mayor envergadura económica que el anterior ya que dura varios años, y con ello está relacionada una querella criminal interpuesta por un abogado aguileño. De este escándalo ha trascendido, y los tribunales lo tienen en cuenta, que sus servicios en el Ayuntamiento de Mazarrón fueron objeto de un “acuerdo verbal y tácito” entre alcaldes (sin que de esto exista ningún papel ad hoc), que es lo que alega el interfecto para no verse obligado a cumplir condición alguna, lo que es perfectamente ilegal.

Al Ayuntamiento de Mazarrón, donde ya ha conseguido colocar a dos de sus hijos, acude “poco y mal”, y podría decirse que aquí le preocupan, sobre todo, los intereses personales-familiares y profesional-crematísticos, forzando la máquina y creando serios problemas al Consistorio de la villa minera. Así, ha pretendido que acredite ese convenio de “acumulación de funciones” el secretario accidental, Juan Ceferino Ros quien, enfrentado a la ilegalidad flagrante, se ha negado a lo que hubiera significado “falsedad en documento público”, y después de un ruidoso altercado con López- estando éste de baja, pero presente en el Ayuntamiento, trabajando y presionando a Ceferino- lo ha denunciado ante la propia Institución antes de abandonar su puesto, pidiendo la excedencia para perder de vista al conflictivo personaje. Testigos de la casa han asistido a otro altercado, más reciente, mantenido por Diego Martínez, secretario accidental con Alicia Jiménez, lideresa del PP en la Corporación (y exalcaldesa), a cuento de la reciente convocatoria de 18 plazas de auxiliares administrativos, que ha devenido en escándalo y pelea y sobre la que Alicia le ha afeado ciertos incumplimientos legales en las bases del concurso y la composición del Tribunal; por lo que Martínez, de la cuerda de López, la ha amenazado con sacar a relucir cierta abultada cantidad de dinero con la que -como factura falsa- algo tuvo que ver la anterior alcaldesa.

Porque es necesario subrayar este modus operandi del funcionario López que, básica y sistemáticamente, consiste en intercambiar favores utilizando su evidente poder funcionarial y utilizando a los beneficiarios como rehenes de sus poco ortodoxas maniobras, a lo que añade su práctica, habitual y depurada, de no firmar decisiones delicadas; y como hacia este tipo de decisiones muestra una afición que se advierte como enfermiza, consigue eludirlas “dándose de baja” por enfermedad, estado en el que pasa frecuentes y largos periodos (nueve meses este mismo año en Águilas, cinco recientemente en Mazarrón). Con ello consigue delegar en otros la firma de asuntos comprometedores, cosa que consigue generalmente y de donde le viene buena parte de su poder: de tener “cogidos” a funcionarios y políticos por sus firmas inadecuadas que incluso pueden irrumpir en la ilegalidad y a los que sabe chantajear llegado el momento. Podemos decir que este “estilo” es la clave de su (temible, fructífero) poder, aunque es verdad que no siempre consigue sus perversos planes de hacer firmar a otros los asuntos de su conveniencia particular, como más arriba señalo, y a esta actitud reincidente ha de enfrentarse (por fin) ahora.

En la frenética vida de Jesús López, relacionada con su función de (poco encomiable) servidor público y su (incontrolada) ambición por los negocios, se asiste de Decisio Consulting, grupo de abogados que, mediante la celosa intervención de nuestro hombre, operan como asesores jurídicos en los ayuntamientos de Águilas, Mazarrón y Pulpí, y que utiliza como respaldo para sus informes y proyectos eludiendo a los juristas de plantilla. También se le considera activamente vinculado con la constructora ATTC, que ha subido como la espuma desde que don Jesús la trata, y especialmente con su directivo Ángel López: ni que decir tiene que el propio patrimonio inmobiliario del señor secretario va aumentando tan visible como sorprendentemente. ATTC ya tiene adjudicada la construcción de un bloque de viviendas en el antiguo Anchurón de la estación de ferrocarril, que en su día RENFE enajenó y que debiera tener un destino como zona verde; de esta manera ATTC y su protector López planean su contribución a la especulación urbanística aguileña (Sobre las maniobras que ya se han iniciado para intervenir en la futura, y prevista, recalificación de los inmensos terrenos que dejará “libres” el traslado de la actual estación del ferrocarril a las afueras, habrá que dar cuenta en su momento, con probable cita de algunos nombres de los aquí ya aludidos.)

ATTC, constructora vinculada a Jesús López, en plena expansión.

Mientras tanto, las perturbaciones jesusianas no cesan en la ya suficientemente traqueteada Casa consistorial aguileña, como se ve en el “caso Hidrogea”, el de la renovación del contrato de servicios de la empresa del agua y la basura, que ha sido puesta en cuestión por las mañas de López (Lo que no quiere decir que haya de encomiarse el papel de Hidrogea, antes Aquagest, concesionaria a la que, por cierto, este cronista ya criticó en 1976, en el diario Línea, junto con su amigo y corresponsal Pepe Román, por ciertos y escandalosos abusos.) A la propuesta de prórroga de cinco años a Hidrogea, López se opone y se sospecha que es porque quiere que la concesión no se renueve y recaiga en otra empresa más de su gusto o con la que ya haya negociado sus cosicas, concretamente Aqualia, a la que ha conseguido prorrogar otros 25 años la concesión de que disfrutaba en Mazarrón. Esto ha creado un problema a la Mesa de contratación, que ha paralizado el procedimiento: el asunto no es menor, ya que supone una aportación al Ayuntamiento de 252 millones de euros durante los próximos 25 años. Esta maniobra de López se asemeja mucho a la que puso en marcha cuando era jefe de los servicios jurídicos en Torrevieja, lo que motivó su expulsión de la salitrosa localidad alicantina.

Dada la libertad con que Jesús López se mueve y persigue sus intereses personales en el Excmo. Ayuntamiento de Águilas y los problemas que acarrea, algunos de ellos de incidencia penal, la exalcaldesa Mari Carmen Moreno no puede considerarse exenta de responsabilidad, y algún día habrá de explicar cuáles fueron las motivaciones que le hicieron “fichar” a este personaje para el pueblo de Águilas, y cómo y por qué se dejó enredar en sus apaños. Solo dos detalles para terminar: ¿a cuento de qué- si no ha sido por la presión de López- se le ha encontrado un hueco en el funcionariado municipal a la esposa de Isidro Carrasco, líder local de Vox?, ¿no fue de gran imprudencia, por ejemplo, incrementar el salario de su esposo (el de la alcaldesa) mediante incremento de productividad de 300 euros mensuales por realizar labores claramente descritas y valoradas en su hoja de funciones, a través de un decreto de Alcaldía avalado por el secretario López con su firma, vulnerando el procedimiento legal y camuflándolo en un incremento retributivo aprobado recientemente por el Pleno de octubre para los grupos A1 y A2, con el fin de darle apariencia de legalidad?

La exalcaldesa, flanqueada por secretario e interventor.

“Está todo podrido”, “es vergonzoso”, “el ambiente tiene más que ver con el estilo mafioso que con una mayoría socialista”, me dice gente de dentro de la Casa. Y no es cualquier cosa la herencia que recibe Cristóbal Casado, alcalde designado por Mari Carmen y que, como primera providencia, habrá de sacudirse el apelativo que cunde por el pueblo de “alcaldeso” que, siendo poco más que broma no demasiado maliciosa, sin embargo lo obliga a actuar con diligencia y rectitud en los asuntos municipales, empezando por poner firme a don Jesús López y tomándose todo el interés por expulsarlo lo más lejos posible de Águilas.

Aunque la realidad parece ir por otro lado, ya que a la visible afición a los negocios del nuevo alcalde -con sus relaciones con la empresa ATTC y con algún empresario hostelero local poco recomendable- se une el estrechamiento de relaciones con López, hasta el punto de que se viene diciendo que éste, el secretario municipal, “trabaja en la Alcaldía”, por el tiempo a todas luces excesivo que pasa con el alcalde en su despacho. No se aprecia en Casado, ya es mala suerte, ningún carácter político o civil singular, que haga pensar que los desvaríos de la etapa de su antecesora vayan a corregirse.

A este desmadre generalizado en el Ayuntamiento de Águilas que, en definitiva, repercute en sensible merma de caudales públicos teniendo como agente perturbador a López y como consentidores máximos a Moreno y Casado, la izquierda aguileña no parece querer hacer frente, y ni indaga ni se interesa; tampoco el PSOE aguileño o el murciano se dan por enterados, lo que evidentemente resulta más grave. Menos mal que CC. OO. ya ha denunciado las prácticas ilegales de las Mesas de contratación en los recientes concursos de personal administrativos, tanto en Mazarrón como en Águilas, señalando a la punta de este iceberg escandaloso.

Con estos antecedentes e indicios tan indignantes referentes a un habilitado nacional que se supone debería de ser funcionario ejemplar, ¿cómo es que no interviene la Dirección General de Administración Local, autonómica, actuando de oficio disciplinariamente en favor del interés general? Pues debiera hacerlo, y con diligencia.

¡Qué escándalo, aquí se roba agua!

 

Respingos de la calor (9 de 10)

 Por Pedro Costa Morata

Resulta que en la Región de Murcia se roba agua, es decir, que hay quien extrae agua -de pozos, en primer lugar- sin la debida concesión administrativa y durante años. Esto se sabe de siempre, con escasa repercusión pública, ya que si el ladrón es un personaje o una empresa grande difícilmente trasciende; y si llega a tener eco, rápidamente actúa el “sistema” (autoridades, medios de comunicación, tribunales) para hacer pasar suavemente el trago al gran infractor ocultando mientras es posible su identidad, sea individual, sea corporativa; el sistema prefiere ensañarse con los errores o las trampas de los pequeños, que pagan de sobra con el sudor de su pelea con la tierra el agua que puedan detraer. Pero, en general, el sistemático robo de agua pública, diverso en métodos y geografías, pasa desapercibido porque quienes tienen que prevenirlo y castigarlo no tienen por costumbre hacerlo.

Río Luchena, en la pedanía lorquina de La Parroquia, 

cuyas aguas se roban para usar en macrogranjas porcinas.

Se roba agua todos los días en la cuenca del Segura, y solo de vez en cuando -como viene sucediendo con las piraterías descubiertas en los últimos años en la sierra de Almenara- la opinión pública se entera y se indigna; que es cuando ese coro cínico orquestado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) nos recuerda la desvergüenza de aquel policía pringado en el negocio ilegal del juego en la inmortal película Casablanca (1942), y la imita, a la murciana, con este “¡Qué escándalo, hemos descubierto que aquí se roba agua!”.

Por esto, cosa bien hipócrita es la repercusión que ha tenido el descubrimiento de que varios empresarios se llevan (cruda) el agua para alimentar el (insultante) campo de golf del (deshabitado y arruinado) resort del paraje de Villareal, una de tantas herencias –en este caso, con la marca de aquel alcalde, Miguel Navarro, que tan fuerte llegó a ser en el PSOE murciano y al que sus conciudadanos lo votaron repetidamente- que nos ha dejado la gloriosa era de los pelotazos, los convenios urbanísticos y la especulación general (y generalizada). Porque ahí, en ese entorno del tramo lorquino de la sierra de Almenara se ha perpetrado -sigo las informaciones de prensa- un abultado y sostenido robo de agua (extraída de una quincena de pozos ilegales y cinco manantiales) durante 17 años y por un valor, digamos, ambiental, de 65 millones de euros, el valor de los dos millones de m³ extraídos en ese tiempo, hasta dejar exhausto el acuífero rapiñado.

El gerente de un resort edificado en el tramo lorquino de la Sierra de Almenara usó durante 17 años un acuífero para regar su campo de golf.

Lo bueno, es decir, lo canalla del caso, es que después de participar la CHS en la investigación del asunto, conjuntamente con el Seprona, su presidente, Mario Urrea se ha sublevado contra los resultados, asegurando que esas cifras, las del desfalco hídrico, no coinciden con “nuestra realidad administrativa”. Según Urrea, solo existían nueve pozos ilegales, otros dos autorizados y cinco manantiales también con autorización. Y que, en todo caso, el abultado volumen extraído no puede conocerse porque, “evidentemente, al ser ilegales, no tenían contadores", así como tampoco es posible determinar la cuantía de los daños. ¡Olé tus cálculos, Mario Urrea!

Del inefable Urrea, que tan frecuentemente se muestra del lado de los empresarios, recuerdo ahora su descaro de funcionario desleal cuando daba garantías a la empresa aquella que quería volver a extraer hierro en Cehegín. Y ahora vuelve a expresarse con semejante estilo, es decir, suavizando el delito, cuando se enfrenta a los informes del Seprona por una investigación que debiera haber realizado la CHS con sus servicios de guardería (que sin duda conocían el asunto desde hace años) y le quita importancia y dimensión al saqueo con argumentos muy similares a los que utilizaría una sentencia emitida por un tribunal escorado al infractor (como sucede tantas veces). O sea, que ni son tantos pozos los ilegales ni es posible evaluar el monto del robo, material o económico: que se exagera, vamos.

No es que confíe en que este revuelo vaya a llevarnos muy lejos, pero el actual momento político-hidrológico parece más favorable para que al menos vayan aclarándose algunos aspectos -con expectativas muy moderadas, desde luego- acerca del latrocinio y el mafierío del agua en esta conservadora, complaciente y subdesarrollada Región de Murcia. Porque parece que se aúnan ciertas fuerzas para señalar y sacarle los colores a ese organismo estatal -hablo, claro, de la CHS-, desvergonzado e irresponsable, enemigo de bienes públicos sagrados e irrecuperables y consolidado nido de prevaricadores. Lo mejor de todo es que nuestros tribunales, cuando las denuncias van contra esta CHS o cuando es evidente su responsabilidad incumplida en tantos contenciosos del agua, toman como referencia documental determinante los informes que se le solicitan y que ella misma aporta, haciéndola en definitiva juez y parte.

Extracciones ilegales de agua en una finca de Archivel.

En la denodada lucha -de pocos y débiles, pero justos- llevada a cabo por defender el buen uso del agua, principal recurso natural de la región, es la CHS la principal enemiga a la que hay que enfrentarse: solamente leer y analizar las contestaciones que da a las denuncias, ya ponen en evidencia la prosa degenerada que ha ido elaborando, lanzándola contra el denunciante como resumen de (1) malhumor por el atrevimiento, (2) instinto defensivo tras quedar en evidencia, y (3) propósito de burlarlas tanto con las artimañas administrativas como con su impunidad instituida.

Concentra esta CHS, con una estructura ingenieril funesta, una incompetencia radical en su gestión del agua-vida, ya que para este organismo se trata de agua-flujo, a entubar, trasvasar y encajar contaminaciones como mal menor; y una caradura cementosa, a prueba de bomba, de sus principales dirigentes. Nada de lo cual hace que siga siendo inaccesible a la reforma o a la “limpieza” de indeseables, y que consiga salirse de rositas de todas sus abominaciones como si no fuera la principal responsable del desastre: del robo de agua, en primer lugar, ya que conociéndolo y teniendo como obligación investigarlo, perseguirlo y sancionarlo, no lo hace con el interés debido; y también de la degradación del recurso, lo que repercute en la evolución de los manantiales y fuentes de las áreas mejor dotadas.

A este papel desgraciado de la CHS hay que adjuntar el de las autoridades autonómicas y municipales, comparsas de la depredación, principalmente por su empeño en sacudirse deberes: para ellas es la CHS la única responsable en los asuntos del agua, por lo que se lavan las manos. Así que no se les ocurre ir contra ella, conociendo la situación provocada por su despolítica y por no atajar los abusos diarios a cargo de empresas y de la propia Administración regional. La alianza contra el agua es, así, cuádruple, con responsabilidades directas proporcionadas y distintas, evidentemente: la CHS, la Administración regional, los ayuntamientos y la sociedad global (desde empresas hasta tribunales, pasando por medios de comunicación).

Concretamente, nuestros ayuntamientos, en esta tierra donde el agua es objeto de todo tipo de insidias, no quieren saber nada del asunto, por más que conocen muy bien, de primera mano y estando en primera línea, los robos y las ilegalidades perpetradas diaria y sistemáticamente. “El agua no es competencia nuestra”, dicen, y se olvidan de su competencia política, que los compromete a trabajar e implicarse en todos los aspectos de la vida municipal, incluyendo el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Dejan de lado, en definitiva, su competencia ética, sumergiéndose alegremente en la indiferencia.

Para señalar, por ejemplo, a un ayuntamiento pasota, descreído e intratable, no hay más que mirar al de Caravaca, concentrando la atención en su alcalde, José Francisco García, caso paradigmático de indolencia ante el atraco y el levantamiento del agua en su municipio, del desdén hacia quienes sí se alarman de la evolución de fuentes y manantiales y de clara enemistad hacia sus denunciantes, sabiendo ser -como este cronista comprobó- vengativo y rencoroso frente a quienes ponen en evidencia las miserias que más le escuecen.

El alcalde de Caravaca viene contemplando el trabajo del Consejo para la Defensa delNoroeste -desde su creación en 2017, para proteger los recursos del acuífero, la agricultura de los pequeños y la importancia del secano- con desapego y hostilidad. Y ahora, cuando ya se puede constatar el agotamiento de la fuente de Singla y el pésimo camino que llevan unas cuantas más, parece querer apuntarse a la oleada de indignación que va levantándose por el pillaje de las fuentes de su municipio a causa de los pozos salvajes de la agricultura intensiva; y se ha atrevido a dirigirse a la manifestación reivindicativa del pasado 15 de septiembre, en modo cínico y oportunista, como si se acabara de enterar. Me viene a la memoria cuando, delante de mí y de otro representante del Consejo del Noroeste, nos anunció, indignado, que multaría a la empresa multinacional Moyca, instalada ilegalmente para producir uva transgénica, con un millón de euros (o dos, no recuerdo bien: menuda tontería, dirigida a dos testigos que necesitaba que se llevaran buena impresión de él).

En defensa de la fuente de Singla, cuyas aguas han dejado estancadas, sin flujo.

Pero la realidad es que no me consta que haya adoptado ninguna medida en favor de la legalidad agraria en su municipio, sino que ha consentido transformaciones ilegales del secano al regadío y construcciones piratas de nuevas granjas porcinas; y ha estado perfectamente enterado de que esas granjas no disponían de agua legal y de que, por lo tanto, lo que harían sería obtenerla de pozos ilegales (que, como las granjas y los trabajos de invernadero, por cierto, también necesitan licencia municipal).

                                                                                               Estado actual del Río Quípar.

Gran consentidor de este desorden en un consistorio volcado en festejos y peregrinaciones, disimula ahora una despreocupación bien demostrada por la ruina del principal recurso de su tierra; y -me dicen- ha anunciado en esa aparición, de paripé y postureo, que denunciará a la CHS por no sé cuántas cosas; también he sabido que advirtió a los oyentes que todo esto hay que hacerlo “con rigor”, como si esa fuera la pauta a la que él se ciñe y con la que piensa redimir a su municipio de las exacciones de cada día.

Los antecedentes son imbatibles: este alcalde pertenece al tipo de político que se allana ante los poderosos y los organismos de su cuerda política, y por eso aparenta indignarse con la CHS, que pertenece al Gobierno de Madrid, del perverso Pedro Sánchez. Como si no hubiera demostrado, año tras año, que su ejercicio político está en perfecta consonancia con las maldades de las empresas agrícolas y ganaderas, con la lenidad de la Consejería de Agricultura y, por supuesto, con la negligencia de la CHS.

De modo que, si don José Francisco quiere ganarse el respeto al que un alcalde debe aspirar como guardián de derechos elementales de sus conciudadanos, como es el del agua, decídase a actuar y trabajar, haga algún mérito y consiga que quienes luchan de verdad, sin trampas ni medias tintas, lo puedan considerar uno de los suyos. Siendo, como es, de obligada asunción el arremeter contra la CHS -lo que habrá que loársele si llega a hacerlo-, también le corresponde hacer lo mismo contra el Gobierno regional y, en realidad, contra sí mismo y su corporación, por displicentes y tolerantes ante el desastre.

El rio Argos, que también han secado, por Oicas de Abajo.

(Mientras tanto, los que luchan de verdad por las fuentes y manantiales en Caravaca, no necesitan invitar a este alcalde a figurar y desfigurar, porque eso no lleva a ninguna parte).