El 5 de abril, nueva fecha clave para que la vivienda deje de ser un negocio

 

 Por Martín Cúneo   

      Desde Diagonal en El Salto. Coautor del libro 'Crónicas del estallido'.

Más de 40 ciudades de todo el estado español salen a la calle este sábado para pedir a los gobiernos que salgan de su parálisis y garanticen el derecho a la vivienda.

     Este abril se cumple un año del inicio del ciclo de protestas que ha tenido como eje inseparable la denuncia de los efectos de la turistificación y la crisis de la vivienda. Una nueva gran manifestación, más de 40 en realidad, tendrá lugar de forma simultánea a lo largo de este 5 de abril y de todo el territorio español, todas con un mismo objetivo: “Acabar con el negocio de la vivienda”.

Carteles que llenan ciudades como Málaga convocando a la protesta del próximo sábado, 5 de abril.

Este ciclo de movilización comenzó el 10 de abril de 2024 con una huelga de hambre y con una multitudinaria manifestación en las Islas Canarias diez días después. Le siguieron la manifestación del 25 de mayo en Baleares —más de 20.000 personas en Palma de Mallorca— y protestas multitudinarias en buena parte de la ciudades y zonas tensionadas por los altos precios de la vivienda y la turistificación. En Cantabria, ese mismo mayo de 2024, más de 8.000 personas reclamaban que su tierra no se convirtiera en “la Ibiza del norte”. En Málaga, Madrid, San Sebastián o Valencia ya se habían producido movilizaciones antes del verano centradas en la presión turística y sus consecuencias en el territorio y en la crisis de vivienda.

Foto de David F.

Después del verano llegaron las grandes manifestaciones, esta vez más focalizadas en los altos precios de la vivienda, pero con la demanda de la regulación de los pisos turísticos de fondo. En Madrid y Barcelona, el 13 de octubre y el 23 de noviembre, se reunieron varios cientos de miles de personas; y en Málaga, el 9 de noviembre, se juntaron más de 30.000 personas. Después de un 9F en Madrid que consiguió mantener la tensión, este sábado llega un nuevo momento clave en la lucha para pinchar la crisis de vivienda.

Las manifestaciones de este 5 de abril están convocadas por cientos de colectivos y plataformas locales que forman parte del movimiento de vivienda. Aunque los grandes sindicatos estatales y otras organizaciones sociales han mostrado su apoyo a la convocatoria, el protagonismo lo tienen en esta ocasión las asambleas y organizaciones que trabajan de forma específica el tema de la vivienda.

Uno de los principales impulsores de esta movilización, además de las asambleas de vivienda locales, son los sindicatos de inquilinos. Para estas organizaciones, los “precios desorbitados” de los alquileres se han convertido en “la principal causa de empobrecimiento de la clase trabajadora y una barrera para acceder a una vivienda”. Una situación que es “aún más grave” en las ciudades turísticas, donde “los alquileres de temporada y el modelo turístico expulsan a las vecinas de sus barrios y precarizan a las trabajadoras del sector”.

Piquetes de los sindicatos de inquilinos.

La imposibilidad de “construir proyectos de vida” por los altos precios, así como el “enriquecimiento de una pequeña minoría rentista a costa de asfixiar económicamente a una gran parte de la sociedad” y “la impunidad con la que opera la patronal inmobiliaria” son las principales causas, según estos sindicatos, de la “indignación social” y el “consenso de que la vivienda debe dejar de ser un negocio para convertirse en un derecho”.

Entre las demandas para este 5A destacan una bajada del 50% de los alquileres, contratos de alquiler indefinidos, el fin de la vivienda especulativa, la desarticulación de los grupos de desokupación, el aumento del parque público y la recuperación de vivienda vacías, turísticas y en alquiler de temporada. Otra de las reivindicaciones es el fin de los procesos penales y de criminalización contra el movimiento de vivienda y contra las personas que no tienen otra opción que ocupar para tener un techo.

El 21 de noviembre, activistas por el derecho a la vivienda empapelan una oficina de Alquiler Seguro para denunciar que se está saltando la Ley de Vivienda.

En qué momento llega el 5A

Por cuarto mes consecutivo, este marzo la vivienda ha repetido como primer problema de la sociedad española, según el Barómetro del CIS. La respuesta del gobierno central y de las autoridades autonómicas y municipales ha estado muy por detrás de las demandas expresadas en las calles. La aplicación de los topes al alquiler que incluye la ley de vivienda solo se han implementado por ahora en Catalunya a pesar de los preparativos y anuncios de que se iban a comenzar a aplicar en Asturias, Navarra y País Vasco. Desde el 25 de enero pasado, Errentería (Gipuzkoa) es oficialmente zona tensionada —y hay otros municipios vascos que lo han solicitado o lo van a solicitar—, pero por ahora en ellos no se puede aplicar la regulación porque no está aprobado el índice de referencia que debe regular el precio de los alquileres. Este índice lo tiene que realizar el Gobierno central, pero necesita de datos fiscales y catastrales que deben suministrar las haciendas forales.

Frente a las demandas de las movilizaciones contra el desborde de los alquileres turísticos, de temporada y de habitaciones, el Ministerio de Vivienda liderado por Isabel Rodríguez se limitó a lanzar un registro único de alquileres de corta duración, que entrará en vigor en julio de 2025 y una prohibición de la Golden Visa inmobiliaria, que entra en vigor este 3 de abril, casi un año después de haber sido anunciada, permitiendo en este tiempo una explosión de compras por parte de capitales extranjeros.

Dos días antes de las manifestaciones, este 3 de abril, entran en vigor también otras dos medidas del Gobierno central en materia de vivienda, dos de las pocas iniciativas que se han llegado a concretar desde el lanzamiento de la fallida ley de vivienda en mayo de 2023. La primera es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que obliga a los propietarios a tener el visto bueno del 60% de la comunidad de vecinos para abrir una vivienda de uso turístico. La segunda es la modificación de ley de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acelerar los procesos de desahucio en algunos casos de ocupación.

La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal afectará solo a las nuevas licencias que se tramiten legalmente después de este 3 de abril. Es decir, no influirá en las miles de licencias ya concedidas ni en las decenas de miles de pisos que operan de forma ilegal. Aún así, desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) consideran la medida como “todo un éxito del movimiento vecinal”. A partir de ahora, explican en un comunicado, el propietario que desee abrir un piso turístico está obligado a pedir el permiso de la comunidad de vecinos y a obtener la “aprobación expresa” de las tres quintas partes del total de los propietarios.

Para garantizar el cumplimiento de esta ley, la FRAVM lanzó este 1 de abril la Red Stop Vivienda de Uso Turístico, una campaña para informar a las comunidades de vecinos de los nuevos derechos adquiridos y para exigir a las autoridades autonómicas y municipales el cumplimiento de la ley. Una colaboración que no hay que dar por hecho: el pasado 24 de marzo el Ministerio de Pablo Bustinduy entregó al Ayuntamiento una lista de los 15.000 pisos turísticos ilegales que operan en Madrid. La falta de respuesta y de compromiso por parte del Consistorio para acabar con los pisos turísticos ilegales ha llevado a Más Madrid a planear una denuncia contra José Luis Martínez Almeida por “inacción” y prevaricación. “Su empeño en gobernar para los fondos buitres, no puede estar por encima de la ley”, dicen desde el partido de la oposición.

Este 3 de abril también entra en vigor una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal presentada por el PNV y aprobada el 14 de noviembre con el apoyo de PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, y el voto accidental de Bildu, por el que pidió perdón poco después. Los portales inmobiliarios y los medios de derecha han augurado a partir de esta fecha “el fin de los okupas”, un “palo a los okupas” o “juicios express para desalojar okupas”. Titulares que no coinciden con la letra de la enmienda aprobada y que entra en vigor este jueves.

Esta enmienda del PNV modifica el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de usurpación de morada (artículo 245 del Código Penal) y de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal), que pasarán a tramitarse por el procedimiento abreviado de los procesos judiciales, lo que en teoría permitirá agilizar los desahucios.

Movilización masiva para impedir el desahucio de Josep de la Casa Orsona el pasado 31 de enero.

Sin embargo, tal como recuerda el abogado Diego Redondo García, cuando entre en vigor la nueva reforma, “solo habrá juicio rápido para los supuestos del apartado primero del artículo 245 del Código Penal que son los que se producen con violencia o intimidación sobre las personas”, unos casos completamente minoritarios en el total de ocupaciones que se producen en el Estado español. Según explica a El Salto, la mayoría de los casos de ocupación se realizan en pisos vacíos de bancos, fondos de inversión y grandes propietarios, que no son primera ni segunda residencia, por lo que no se verían afectados por esta reforma.

Más allá de la eficacia de esta medida, la entrada en vigor de una ley que focaliza el problema de la vivienda en la ocupación recuerda una vez más la composición de derecha del Parlamento que salió de las últimas elecciones generales. La entrada en el Congreso, esta vez con el voto favorable del PSOE, de la proposición de ley de Junts para convertir en cautelares buena parte de los desahucios en casos de ocupación vuelve a confirmarlo.

El próximo 5 de abril, cientos de miles de personas en más de 40 ciudades recordarán al PSOE y a los partidos de arco de la derecha que la culpa de la crisis de la vivienda no la tienen los pobres sino aquellos que han convertido la vivienda en un negocio.

En Lloret de Mar, uno de los municipios más turísticos del Estado español, la extrema derecha obtiene uno de cada cinco votos.

Fuente: El Salto

VIVIENDA - Abrazar la reacción para salvar la propiedad privada

 

 Por Llorenç Saval Devesa  

      Militante del Sindicat de barri de Carolines.

Los discursos de extrema derecha son utilizados por las clases dominantes para consolidar sus intereses económicos y políticos. Entre todas las patas de la retórica neofascista, la defensa de la propiedad privada es uno de sus pilares más firmes. En el siguiente artículo, trataremos de vincular cómo se rearticulan las posiciones políticas de las clases propietarias durante el ciclo inmobiliario iniciado en 2013 con los discursos de extrema derecha que estigmatizan a las clases no propietarias, en concreto a la población migrante.

     Propondremos la hipótesis del rentismo nativista como un fenómeno ligado a la consolidación del rentismo popular. Así, pretendemos que el artículo contribuya a desarrollar un marco teórico de convergencia entre la lucha antirracista y el movimiento por el derecho a la vivienda.

Piquetes de inquilinos.

La consolidación del rentismo popular

Al margen de lo que afirma la demoscopia, las clases medias no salieron mayoritariamente perjudicadas de la crisis inmobiliaria de 2008. Las encuestas que anunciaban un descenso general en los niveles de vida contribuían al victimismo de una clase que, si bien había sufrido la proletarización de los estamentos más precarizados, también percibía cómo los eslabones intermedios y altos salían consolidados de la Gran Recesión.

Los resultados de la crisis contradecían las predicciones del marxismo más dogmático. No se veía por ningún lado la supuesta tendencia capitalista según la cual la descomposición de las clases medias en épocas de crisis daría lugar a una sociedad radicalmente dividida entre proletarios y grandes burgueses. Más bien ocurre lo contrario: la clase media resiste y se afianza amparada por el Estado gracias a varios mecanismos de consolidación social.

“La posesión o adquisición de bienes inmuebles distintos a la vivienda habitual durante la Gran Crisis y el período posterior opera como un valor refugio para las clases medias”

Uno de estos mecanismos, y quizás el más importante, es el acceso a la propiedad inmobiliaria. La posesión o adquisición de bienes inmuebles distintos a la vivienda habitual durante la Gran Crisis y el período posterior opera como un valor refugio para las clases medias. Esto permite a los propietarios sortear las consecuencias del desastre y afianzarse en la fase de recuperación. La clase media se beneficia del proceso de desposesión hipotecaria que sufren las trabajadoras durante y después de la crisis, recomprando gran parte de los pisos expropiados a las familias hipotecadas.

Esto explica cómo en 2017 “el 39% de los hogares españoles tenían inversiones en inmuebles diferentes a la vivienda habitual”, según escribe Pablo Carmona en La democracia de propietarios. Fondos de inversión, rentismo popular y la lucha por la vivienda, (Traficantes de sueños, 2022), una cifra muy superior a la del resto de países europeos. Al mismo tiempo, a partir de 2018, el perfil del rentista tipo “era el de una persona con ingresos situados entre los 12.000 y los 60.000 euros con dos, tres o cuatro propiedades. Puras clases medias”, según consta en la misma publicación de Carmona.

“Calificar como pequeño rentista a un propietario con tres o cuatro viviendas en alquiler a precios de mercado podría caer en una banalización del fenómeno del rentismo”

Usamos el término “pequeño rentista” como una manera de identificar la clase social que acapara, en términos cuantitativos, la mayor parte de las rentas inmobiliarias. No haremos, en este caso, un uso crítico del término. Nos limitaremos a señalar que calificar como “pequeño rentista” a un propietario con tres o cuatro viviendas en alquiler a precios de mercado podría caer en una banalización del fenómeno del rentismo y entrar en contradicción con los postulados políticos de la mayor parte del movimiento por la vivienda.

Las nuevas posiciones rentistas de la clase media necesitaban legitimarse discursivamente. En la retina del “pequeño rentista” aún se dibujaba el miedo a la estigmatización social que habían sufrido los bancos y las sociedades inversoras durante la crisis. La PAH había logrado que calara la imagen de las entidades bancarias como instituciones avariciosas y antisociales que se habían enriquecido gracias al engaño y la estafa de las hipotecas basura. Esta presión permitió que se aprobaran regulaciones ambiciosas contra los grandes propietarios, como la legislación autonómica de 2017 que permitía expropiar viviendas vacías a grandes tenedores o la ley catalana de 2015 que evitaba los desahucios y obligaba a los grandes propietarios a realizar alquileres sociales.

El 21 de noviembre, activistas por el derecho a la vivienda empapelan una oficina de Alquiler Seguro para denunciar que se está saltando la Ley de Vivienda.

“La meritocracia emergió como el elemento clave: los pequeños rentistas se presentaban como merecedores de sus privilegios gracias al esfuerzo económico de sus padres, el ahorro o la astucia inversora”

Los “pequeños y medianos rentistas” no podían permitirse regulaciones que fueran en contra de sus intereses. Necesitaban elaborar un discurso que justificara su derecho a especular y que, al mismo tiempo, los legitimara como merecedores de este privilegio frente al demérito de los bancos, fuentes de inversión y grandes propietarios que habían accedido a la propiedad de manera socialmente ilegítima.

La meritocracia emergió como el elemento clave: los pequeños rentistas se presentaban como merecedores de sus privilegios gracias al esfuerzo económico de sus padres, el ahorro o la astucia inversora. Este discurso se consolidó a pesar de que, en 2019, entre el 85% y el 90% de los pisos de alquiler estaban en manos de pequeños propietarios, mientras que las empresas solo controlaban el 9,3% del mercado.

La estigmatización de los desposeídos: una justificación meritocrática de la renta

El derecho a especular de los “pequeños y medianos rentistas” se consolidaba, en parte, gracias a la impugnación que los movimientos sociales habían hecho de los privilegios de los de arriba: los grandes propietarios, bancos y fondos de inversión. Ahora les tocaba a los “rentistas modestos” articularlo hacia abajo, es decir, contra las clases no propietarias.

Los propietarios iniciaron una campaña de defensa feroz de sus intereses a costa de estigmatizar a los inquilinos. La falta de esfuerzo o motivación, el malgasto del patrimonio, la dependencia de las ayudas sociales, la ausencia de ahorro o las malas decisiones inversoras constituían el núcleo de este discurso que señalaba a los estamentos no propietarios como culpables de su propia situación de desposesión material y precariedad.

Entre los desposeídos, la población trabajadora inmigrante ocupaba un lugar especialmente vulnerable. ¿Era casualidad que, mientras se afianzaban los privilegios de los rentistas, también cobrara fuerza el discurso antiinmigratorio? Creemos que no. La cuestión de la propiedad es uno de los principales factores que alimentan los discursos de odio contra los migrantes.

El discurso xenófobo precrisis inmobiliaria trataba de estigmatizar a los inmigrantes desde el prisma del trabajo, principalmente. Las tasas de desempleo del Estado Español encontraban su eco en una retórica populista de carácter laboral: “los inmigrantes nos quitan el trabajo a los españoles”. La etapa anterior a la Gran Recesión de 2008 estaba caracterizada por una bonanza económica en la que el salario aseguraba un determinado nivel de vida a las clases trabajadoras y medias. Los inmigrantes que accedían al trabajo asalariado —en peores condiciones que los nativos, cabe decir— eran vistos como usurpadores de un supuesto privilegio nacional.

La época en la que el salario “aseguraba” un mínimo bienestar se ha extinguido. En este momento, es la renta inmobiliaria lo que garantiza a las clases medias mantener su estatus y alejarse de la proletarización en momentos de crisis. Como decíamos antes, tras la Gran Recesión, los propietarios tratan de legitimar sus nuevas posiciones rentistas presentándose como merecedores del derecho a especular por encima de aquellos que no se lo habrían ganado.

Hábilmente, la extrema derecha canaliza este discurso hacia los inmigrantes que “viven de ayudas y no trabajan”, “cometen delitos con impunidad” o “no se han esforzado por tener un patrimonio tal y como lo hicieron nuestros padres”. Aparece un discurso moral de autolegitimación que busca en los inmigrantes un chivo expiatorio a partir del cual justificar los privilegios derivados de la renta. Este es el germen de lo que decidimos llamar rentismo nativista.

“Rentismo nativista es un concepto que describe la retroalimentación de los discursos interesados de los propietarios y los marcos ideológicos de la extrema derecha en un mismo corpus narrativo”

El rentismo nativista es un concepto que describe la retroalimentación de los discursos interesados de los propietarios y los marcos ideológicos de la extrema derecha en un mismo corpus narrativo. Ambas patas del aparato conceptual se refuerzan mutuamente, de manera que los propietarios —de facto o aspiracionales— legitiman el acceso al privilegio de la renta desde parámetros nativistas y, al mismo tiempo, los discursos xenófobos encuentran en los intereses rentistas una palanca de presión a favor de la propaganda ultra.

Acabamos de exponer el primero de los elementos que entran en juego en el rentismo nativista: la meritocracia. Los propietarios presentan el acceso a la propiedad de forma meritoria —a diferencia de los inmigrantes y otros sujeto inquilinos— y aprovechan esta retórica como un vector de legitimación para justificar el uso especulativo ejercido sobre dicha propiedad.

Abrazar la reacción para salvar la renta: la victimización de los propietarios

El segundo elemento que caracteriza al rentismo nativista es la victimización de los propietarios. La extrema derecha ha domesticado el miedo de las clases medias a perder su bienestar material, identificando a los inmigrantes como una amenaza para la rentabilidad de la propiedad inmobiliaria. Este discurso se fundamenta en la asociación entre inmigración e inseguridad social: la delincuencia, la ocupación, la precariedad y la apropiación del espacio público son atribuidas a la presencia de inmigrantes.

Esta sensación artificial de inseguridad obliga a los propietarios a asumir menos riesgos en el mercado inmobiliario, manteniendo vacíos los inmuebles por temor al impago o invirtiendo en seguridad (alarmas, seguros, empresas de desocupación). La supuesta “desprotección” de los propietarios los obliga a comportarse de manera cautelosa, provocando un agravio comparativo respecto a los inversores que tienen propiedades en barrios céntricos y menos “multiculturales”, los cuales disfrutan de más libertad de movimiento y obtienen rentabilidades elevadas por pisos no necesariamente mejor gestionados.

Posteriormente, los mismos que generan el pánico son los que ofrecen soluciones: deportaciones, aumento de penas, militarismo. Así, la extrema derecha se erige como la única capaz de defender el privilegio de la renta, seduciendo a un sector amplio de la población que depende de la rentabilidad inmobiliaria para mantenerse.

Este discurso también afecta al turismo, una fuente clave de ingresos para los rentistas. Algunos artículos en Eldiario.es y La Directa sugieren una relación entre el turismo masivo y el aumento del voto de extrema derecha. Los propietarios podrían ver en los discursos antiinmigratorios una forma de proteger sus beneficios ante el temor de que la inmigración desplace a los turistas hacia barrios menos “conflictivos”. Un perfil migrante cuya precariedad y, en menor medida, cohesión comunitaria y organizativa, impide al propietario incrementar la extracción de rentas al mismo ritmo que los rentistas de otras partes de la ciudad. Este factor choca con las aspiraciones de una clase propietaria venida a más que ve cómo los precios de sus activos suben menos que en barrios más “deseables”.

La extrema derecha genera un relato que presenta a los propietarios como los damnificados de la llegada de inmigrantes, al tratarse estos últimos de una población a la cual es más difícil extraerle rentas elevadas —en comparación con otros perfiles— y cuya presencia impide la gentrificación completa del barrio o de la ciudad.

En este marco discursivo se invierte el concepto de víctima que tradicionalmente los estados de bienestar habían otorgado a los grupos sociales situados la parte baja de la pirámide. Ya no es víctima el trabajador inmigrante o nativo que ingresa el 50% o 60% de su sueldo a su casero. Ahora la víctima es el propietario que debe conformarse con una rentabilidad del 6% con un contrato de alquiler residencial —o dejar el piso vacío para “que no se lo okupen”— cuando en el barrio de al lado los pisos ofrecen rentabilidades del 8% y los contratos temporales permiten aumentar el alquiler interanualmente.

El rentismo nativista

A partir del ciclo inmobiliario inaugurado en 2013, las nuevas clases propietarias se ven obligadas a elaborar un relato que les permita disfrutar e incrementar el acceso a la renta inmobiliaria y les presente como legítimos merecedores de este privilegio. Con la irrupción política de la extrema derecha, los rentistas encuentran en el discurso antinmigratorio un marco de consolidación de sus privilegios gracias a dos dispositivos fundamentales: la meritocracia y la victimización, los cuales hemos tratado de explicar en los apartados anteriores. Esta confluencia de discursos en un mismo aparato retórico es a lo que hemos denominado rentismo nativista.

En Lloret de Mar, uno de los municipios más turísticos del Estado español, la extrema derecha obtiene uno de cada cinco votos.

El rentismo nativista es un fenómeno que requiere una estrategia conjunta entre el movimiento por la vivienda y la lucha antirracista. La puerta a una mejor interpretación de este concepto queda abierta, así como la construcción de un marco de intervención política. No basta con nombrar los hechos; también hay que actuar. La convergencia entre estas luchas es esencial para enfrentar un sistema que legitima la especulación inmobiliaria y el odio hacia los más vulnerables.

Fuente: EL SALTO

De la Ley, la Justicia y el Ecologismo (oda y notas a Teresa Vicente, heroína de la ILP del Mar Menor)

 

 Por  Pedro Costa Morata 

       Ingeniero, periodista y politólogo. Ha sido profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

Por nada del mundo hubiera querido que llegara ese momento, pero me he encontrado a Teresa Vicente, profesora de la Facultad de Derecho y líder de la epopeya que ha sido abrirle camino a la Iniciativa legislativa Popular (ILP) del Mar Menor, seria y adusta conmigo al tropezarnos en esa Murcia pecadora con la política y entusiasta con la fe. Hablamos enseguida de su salud, ya que la vi tocada y apagada, más en lo psíquico que en lo físico, resultado de un esfuerzo continuado y contumaz que la ha llevado a algo parecido a la extenuación y que en cualquier caso le ha impuesto un receso con parón y (supongo) rearme para lo que queda por culminar. (Si hubieras empezado, Teresa, a los 26 años -me dije, sin decírselo- habrías aprendido a administrar con la necesaria mesura tus fervores, porque, oye, “muerto el perro se acabó la rabia”, y esto es un principio universal, zoológico y moral; así como a entender que en cuestiones medioambientales todo va o despacio o mal o peor, y que de los éxitos hay que desconfiar, y de algunos, incluso huir).

Teresa Vicente

Sin embargo, la falta de calidez de nuestro encuentro digo yo que se debería a que no ha podido disponer de mí como incondicional en sus tareas (Tu quoque, Petrus?, me parecía leer en sus ojos, habitualmente chispeantes y capaces de enrolar al más apático). Pero de que no me alinee vital o intelectualmente con sus tareas u objetivos no debe colegirse ninguna sintonía con esa patulea de carcas y casposos que -en su mayor parte desde el solárium judicial- obran por el descrédito de la ILP. No: yo pertenezco a otro periodo histórico y a otra educación ambiental, siempre con visión y perspectiva ecologistas, y esto me lleva con frecuencia a “ilustrar” con retazos de tiempo y praxis iniciativas como esta y ciertas conductas que no encajan en el marco de mis vivencias y conclusiones.

Manifestación en apoyo a la Inciativa Legislativa Popular en favor del Mar Menor

El primer aspecto de este desacuerdo -que no deberá ser ni agrio ni absoluto- atañe a la insuficiencia general y estratégica del marco normativo, es decir, la Ley, para contribuir al alivio de la naturaleza, siendo incapaz de evitar su degradación. Y paso a explicarme.

Teresa ha llegado a esto del medio ambiente algo tarde, aunque con notable arrojo. El drama del Mar Menor la ha afectado duramente, por lo que ha echado mano de lo que maneja y domina, que es además en lo que cree, y es el derecho, o sea, la fe en que una ley especial, o al menos, sin precedente, llenaría huecos, aliviaría desesperanzas y colmaría sus preocupaciones; todo lo cual la haría recobrar alguna calma tras sentirse tan íntimamente concernida. Esto lo ha hecho sin pasar antes por la -recomendable, incluso necesaria- lucha directa y la ruptura cruda con ese estado de cosas, y no ha echado mano de lo que sin duda le ofrecía la experiencia ecologista en España, sino que lo ha hecho como “descubriendo” una tragedia de decenios y respondiendo con sus armas y conocimientos disponibles, que son inevitablemente parciales y carecen de la visión general del problema (el marmenorense y el del planeta entero). En realidad, su aventura no es ecologista, pero a los efectos ni falta que hace, ya que es lo que es y vale y basta: una iniciativa jurídico-doctrinal de carácter ecológico, basándose en necesidades palpables, pero ignorando el fondo y la naturaleza de la lucha ecopolítica, en la que el elemento jurídico es uno de sus elementos, nunca el esencial. Acude a su especialidad y su voluntad y eso ya la honra suficientemente. Su tarea yo la hago sintonizar con ese movimiento actual, urgido de angustia colectiva por algo tan inquietante como es el cambio climático, pero que no deja de carecer de enfoque global y parece minimizar tantos otros problemas que también subrayan una evolución planetaria insensata.

Peces muertos en el Mar Menor

La lucha ecopolítica, la que enraizó en Europa y España en la década de 1970, contempló la envoltura jurídica muy en segunda instancia, optando por tener en cuenta, prioritariamente, la situación de desigualdad, cinismo y alienación que el capitalismo imperante establece y asegura, realidad en la que la naturaleza es objetivo obsesivo y víctima señalada. Es verdad que ya antes de que acabara la Dictadura, y con más insistencia en la Transición, se demandó a los poderes públicos la aprobación de una Ley General de Medio Ambiente, pero esto, que podía haber sido una conquista de papel, sin más, ni siquiera logró camelar a esos poderes, siempre reacios por desconfiados y sin convicción, sin conceder lo más mínimo al movimiento ecologista reivindicativo. Con la democracia esta petición creció, hasta diluirse en los años del desarme socialista, una vez que se comprobó que todas las Administraciones enfocaban este (magno) problema con ganas de darle salida provisional y sin conceder trascendencia alguna a las políticas ambientales, que, cuando merecen ese nombre, no dejan de ser subsidiarias del aparato productivo, que siempre es imperioso, arrogante y sistemáticamente demoledor.

También recuerdo cómo ante problemas de entidad, los abogados a los que recurríamos reconocían que de no haber movilización callejera sus recursos y demandas difícilmente prosperarían; y los ecologistas solíamos argüir que, sin acción judicial, nuestras intervenciones nunca tendrían éxito... Todo eso quedó olvidado por su escaso interés: el ecologismo es acción y conflicto, es decir, eminentemente sociopolítico, aunque también necesita del instrumento jurídico cuando sea evidente que este puede contribuir a esa lucha; pero su manejo es siempre incierto y demasiadas veces frustrante.

Digamos que, en una estrategia ecopolítica, en el caso del Mar Menor el objetivo más importante es -y sostengo que debe ser- actuar sobre las causas de su degradación, siendo de menor entidad práctica el incrementar la normativa, que ha de actuar siempre, por su propia naturaleza, sobre los efectos. Esto es un principio esencial ambiental y político, de lógica aplastante y que la experiencia respalda. Los ecologistas sabemos muy bien que actuar sobre los orígenes y focos del problema es siempre tan necesario como ingrato, y suele pagarse caro ya que ataca los fundamentos inamovibles y perversos del proceso económico, y en ese sentido leyes, reglamentos y decretos mueven a un gran escepticismo dado su sistemático incumplimiento (aquí y en Pekín) y la impunidad habitual que consiguen sus conculcadores.

Nadie debe esperar que la entrada en vigor de la ILP vaya a transformar y mejorar, per se y automáticamente, la situación del Mar Menor, ya que la suerte de la albufera está claramente en manos de empresas y administraciones conchabadas para martirizarlo, y que comulgan del mismo espíritu depredador habiendo conseguido, y depurado, una eficaz capacidad de manipulación de la realidad y de burla de la ley con asombroso e hiriente éxito. Esto debe valer como punto de partida para cualquier consideración del marco jurídico existente, y también para la ILP. Ni se debe creer que el principal problema del Mar Menor sea jurídico ni que la solución a sus problemas más acuciantes dependa de la legislación actual o futura; sino de una política económica bien distinta a la actual, que más bien es ausencia de política y que, como consecuencia, entrega el Campo de Cartagena sin control alguno al abuso y la codicia de un empresariado montaraz y sin el menor escrúpulo ambiental. Que si el Derecho como reivindicación llama a equívoco, las políticas ambientales, por cortas y forzadas en general, más resultan una burla que un esfuerzo de redención.

Por otra parte, la novedad jurídica, elegancia literal y oportunidad socioecológica de la ILP del Mar Menor en una región donde prospera una clase política deleznable, una burocracia administrativa desesperante, una casta judicial que difícilmente puede inspirar confianza y una comunidad científica distinguida por su autismo corporativo, ajenidad social y escasa trascendencia científica, puede parecer un lujo lindando con la extravagancia. No quiero que se ignore, ni mucho menos, que ya el 31 de mayo de 1980, en una Jornada celebrada en el Instituto Oceanográfico de Lo Pagán y a iniciativa del consejero socialista Juan Monreal y mía, la aportación ecologista consistió en el examen global de los problemas del Mar Menor, con explícita advertencia sobre los males que sobrevendrían con la entrada paulatina del funcionamiento del Trasvase, al conllevar inevitablemente una agricultura intensiva: ese texto lo redacté yo mismo por encargo y en representación de los tres grupos entonces existentes en la Región de Murcia: Anse, Grupo Ecologista Mediterráneo y Grupo Ecologista de la Región de Murcia (y se publicó en la revista Murcia, de la antigua Diputación Provincial, un año después).

El segundo aspecto a examinar en relación con la ILP, tras dar por sentado la insuficiencia e incluso marginalidad del Derecho positivo en el asunto del Mar Menor, ha de incidir en la necesidad de criticar el triple concepto que se nos suministra de la Justicia, como valor, como institución y como ejercicio, que son referencias poco menos que sagradas pero que en realidad -me estoy refiriendo a la Justicia- implican más una sumisión que un valor, más un laberinto que un órgano salvífico, más una rémora que la posibilidad de mejorar al mundo. Teresa Vicente no deberá creer en la Justicia, no ya porque suelen ser los profesionales del Derecho los que menos creen en ella y con razón, sino porque con solo acercarse a la idea, si bien parcial y específica, de justicia ecológica, se habrá percatado de la incapacidad que evoca y de los horrores que encubre. No obstante, el instrumento legislativo basa su existencia en esa fantasía de que la Justicia es, sin más, respetable e intocable.

En mi breve encuentro con Teresa aproveché para recomendarle una lectura de la que recientemente había disfrutado yo, Desconfiad de Kafka (2024), en la que el agudo ensayista francés Geoffroy de Lagasnerie trata de poner en su sitio la nada velada crítica que el autor checo hizo del abuso de los poderes políticos y judiciales hacia los ciudadanos, dejándolos inermes sin más razón, causa o -se diría- intención que la de mostrarse injusto y caótico. Todo esto lo prevé la teoría política, mal que le pese, cuando los Estados se corrompen y deshilvanan (y son llamados, como ahora se hace, fallidos).

De Lagasnerie parte de las más conocidas y desoladoras obras de Kafka -El proceso, El castillo...- y sus contenidos acusatorios hacia el poder en general, para proponernos que contemplemos a éste en su verdadera crudeza, que va más allá de los aspectos repulsivos con que la literatura kafkiana nos advierte y demuestra. Hasta advertirnos que “la sensibilidad kafkiana implica una especie de escapismo a través de la extrañeza que impide ver la maldad de lo cotidiano: que el poder se guía antes por la rigidez que por el anarquismo normativo”. Más claro: “que el sujeto de derecho no es el sujeto kafkiano, perdido en un mundo jurídico que no tiene normas y está dotado de poderes aterradores. Es un sujeto sobreexpuesto a una cantidad infinita de pequeños poderes cotidianos... El sujeto experimenta el poder a través de una hiper regulación de su existencia y de la sumisión sin descanso de su cuerpo y de su espíritu a los mecanismos disciplinarios”.

Es decir, que cuando señalamos -como hace Kafka- que el poder es injusto y que los humanos nos asfixiamos ante un derecho que no deja de contradecirse, esto parece implicar que la situación inversa sea algo bueno, es decir, “que un orden legal y estable no sería problemático... despertando en nosotros un deseo de vivir en un régimen en el que la ley esté escrita, bien fijada y sea pública”. Que no es la ausencia de ley lo que debe alarmarnos sino el que esto mismo “puede despertar en el sujeto un deseo de ley que lo ciega ante su naturaleza potencialmente coercitiva y nociva”. O sea, nada de un culto a la Ley.

A nuestros efectos, la reflexión debe llevarnos a una profunda desconfianza de la Justicia, ya que sus expresiones normativas dependen de un poder real que es oprobioso porque -después de crearlas en parlamentos controlados- las menosprecia y manipula; y también, y sobre todo, porque esta anomalía nos incita a proponer y exigir más reglamentaciones, incurriendo en muy desenfocadas deducciones. Y cuando tratamos de aplicar todo esto a la naturaleza y su conservación, no debe escapársenos que tanto el capitalismo en cuanto sistema socioeconómico, como el liberalismo como teoría o doctrina político-económica, son incompatibles con la conservación de la naturaleza, tanto por principio (ideológico) como por praxis (destructiva). Y en todas las formas que adquieren, incluyendo la socialdemócrata, la “preocupación ambiental” se queda corta y falseada, ya que las exigencias medioambientales son, para capitalismo y liberalismo, algo a combatir y desechar. Que la justicia liberal es la cuadratura del círculo, o sea, un oxímoron, total, un imposible.

Concluyendo, debiera quedar claro que mi postura y comentarios sobre la oportunidad y especificidad de la ILP corresponden a cuestiones de principio que quieren ser jurídicas y ecologistas, pero por sobre ambas, ecopolíticas. Porque la Justicia como valor incierto genera un Derecho que siempre será convención, para acabar en una Ley cuyos textos concretos son el resultado de las coyunturas político-electorales. Pero todo ello se establece y evoluciona en las garras de un capitalismo implacable en el fondo y la forma, que se ríe de todo ello y que produce o tolera leyes que ni respeta ni le inquietan; y que está acostumbrado a salir triunfante de cualquier desafío, incluyendo el ambiental. Solo la lucha ecopolítica puede hacerle frente porque descree de las superestructuras existentes y conoce al poder económico en sus entrañas y métodos, aceptando que los éxitos en defensa de la naturaleza son siempre relativos por parciales o temporales (además de escasos). Una vez más -oído, Teresa- el pensamiento y la acción deben asumir esa actitud tan realista, práctica y estimulante que es el ecopesimismo, así como su carácter neta y profundamente político.

Acto en defensa del Mar Menor y personas bañándose en sus aguas contaminadas

Así que mi apoyo a la ILP debe considerarse leal, siendo mis notas una llamada a la actitud radical y fundamentada (nada teórica), a lo que doy la máxima importancia, pero que en nada suponen una enmienda a la totalidad. Además, Teresa Vicente es un faro académico cuyos destellos justifican una universidad -la murciana y la española- tantas veces lejana e indiferente, cuando no mercenaria. Que a mí me gusta, y mucho, reflejar mi mirada en ojos como los suyos, cuyo chisporroteo, astral y juvenil, envían inteligencia, creación y decisión (además de ternura), y eso es lo que siempre espero recibir de quienes quiero y admiro.

Manifestación en Murcia por el derecho a la vivienda y por una ILP regional que lo recoja dignamente