Manifestación en Murcia para acabar con el negocio de la vivienda

Manifestación en Murcia para acabar con el negocio de la vivienda 5A

El 5 de abril, nueva fecha clave para que la vivienda deje de ser un negocio

 

 Por Martín Cúneo   

      Desde Diagonal en El Salto. Coautor del libro 'Crónicas del estallido'.

Más de 40 ciudades de todo el estado español salen a la calle este sábado para pedir a los gobiernos que salgan de su parálisis y garanticen el derecho a la vivienda.

     Este abril se cumple un año del inicio del ciclo de protestas que ha tenido como eje inseparable la denuncia de los efectos de la turistificación y la crisis de la vivienda. Una nueva gran manifestación, más de 40 en realidad, tendrá lugar de forma simultánea a lo largo de este 5 de abril y de todo el territorio español, todas con un mismo objetivo: “Acabar con el negocio de la vivienda”.

Carteles que llenan ciudades como Málaga convocando a la protesta del próximo sábado, 5 de abril.

Este ciclo de movilización comenzó el 10 de abril de 2024 con una huelga de hambre y con una multitudinaria manifestación en las Islas Canarias diez días después. Le siguieron la manifestación del 25 de mayo en Baleares —más de 20.000 personas en Palma de Mallorca— y protestas multitudinarias en buena parte de la ciudades y zonas tensionadas por los altos precios de la vivienda y la turistificación. En Cantabria, ese mismo mayo de 2024, más de 8.000 personas reclamaban que su tierra no se convirtiera en “la Ibiza del norte”. En Málaga, Madrid, San Sebastián o Valencia ya se habían producido movilizaciones antes del verano centradas en la presión turística y sus consecuencias en el territorio y en la crisis de vivienda.

Foto de David F.

Después del verano llegaron las grandes manifestaciones, esta vez más focalizadas en los altos precios de la vivienda, pero con la demanda de la regulación de los pisos turísticos de fondo. En Madrid y Barcelona, el 13 de octubre y el 23 de noviembre, se reunieron varios cientos de miles de personas; y en Málaga, el 9 de noviembre, se juntaron más de 30.000 personas. Después de un 9F en Madrid que consiguió mantener la tensión, este sábado llega un nuevo momento clave en la lucha para pinchar la crisis de vivienda.

Las manifestaciones de este 5 de abril están convocadas por cientos de colectivos y plataformas locales que forman parte del movimiento de vivienda. Aunque los grandes sindicatos estatales y otras organizaciones sociales han mostrado su apoyo a la convocatoria, el protagonismo lo tienen en esta ocasión las asambleas y organizaciones que trabajan de forma específica el tema de la vivienda.

Uno de los principales impulsores de esta movilización, además de las asambleas de vivienda locales, son los sindicatos de inquilinos. Para estas organizaciones, los “precios desorbitados” de los alquileres se han convertido en “la principal causa de empobrecimiento de la clase trabajadora y una barrera para acceder a una vivienda”. Una situación que es “aún más grave” en las ciudades turísticas, donde “los alquileres de temporada y el modelo turístico expulsan a las vecinas de sus barrios y precarizan a las trabajadoras del sector”.

Piquetes de los sindicatos de inquilinos.

La imposibilidad de “construir proyectos de vida” por los altos precios, así como el “enriquecimiento de una pequeña minoría rentista a costa de asfixiar económicamente a una gran parte de la sociedad” y “la impunidad con la que opera la patronal inmobiliaria” son las principales causas, según estos sindicatos, de la “indignación social” y el “consenso de que la vivienda debe dejar de ser un negocio para convertirse en un derecho”.

Entre las demandas para este 5A destacan una bajada del 50% de los alquileres, contratos de alquiler indefinidos, el fin de la vivienda especulativa, la desarticulación de los grupos de desokupación, el aumento del parque público y la recuperación de vivienda vacías, turísticas y en alquiler de temporada. Otra de las reivindicaciones es el fin de los procesos penales y de criminalización contra el movimiento de vivienda y contra las personas que no tienen otra opción que ocupar para tener un techo.

El 21 de noviembre, activistas por el derecho a la vivienda empapelan una oficina de Alquiler Seguro para denunciar que se está saltando la Ley de Vivienda.

En qué momento llega el 5A

Por cuarto mes consecutivo, este marzo la vivienda ha repetido como primer problema de la sociedad española, según el Barómetro del CIS. La respuesta del gobierno central y de las autoridades autonómicas y municipales ha estado muy por detrás de las demandas expresadas en las calles. La aplicación de los topes al alquiler que incluye la ley de vivienda solo se han implementado por ahora en Catalunya a pesar de los preparativos y anuncios de que se iban a comenzar a aplicar en Asturias, Navarra y País Vasco. Desde el 25 de enero pasado, Errentería (Gipuzkoa) es oficialmente zona tensionada —y hay otros municipios vascos que lo han solicitado o lo van a solicitar—, pero por ahora en ellos no se puede aplicar la regulación porque no está aprobado el índice de referencia que debe regular el precio de los alquileres. Este índice lo tiene que realizar el Gobierno central, pero necesita de datos fiscales y catastrales que deben suministrar las haciendas forales.

Frente a las demandas de las movilizaciones contra el desborde de los alquileres turísticos, de temporada y de habitaciones, el Ministerio de Vivienda liderado por Isabel Rodríguez se limitó a lanzar un registro único de alquileres de corta duración, que entrará en vigor en julio de 2025 y una prohibición de la Golden Visa inmobiliaria, que entra en vigor este 3 de abril, casi un año después de haber sido anunciada, permitiendo en este tiempo una explosión de compras por parte de capitales extranjeros.

Dos días antes de las manifestaciones, este 3 de abril, entran en vigor también otras dos medidas del Gobierno central en materia de vivienda, dos de las pocas iniciativas que se han llegado a concretar desde el lanzamiento de la fallida ley de vivienda en mayo de 2023. La primera es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que obliga a los propietarios a tener el visto bueno del 60% de la comunidad de vecinos para abrir una vivienda de uso turístico. La segunda es la modificación de ley de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acelerar los procesos de desahucio en algunos casos de ocupación.

La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal afectará solo a las nuevas licencias que se tramiten legalmente después de este 3 de abril. Es decir, no influirá en las miles de licencias ya concedidas ni en las decenas de miles de pisos que operan de forma ilegal. Aún así, desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) consideran la medida como “todo un éxito del movimiento vecinal”. A partir de ahora, explican en un comunicado, el propietario que desee abrir un piso turístico está obligado a pedir el permiso de la comunidad de vecinos y a obtener la “aprobación expresa” de las tres quintas partes del total de los propietarios.

Para garantizar el cumplimiento de esta ley, la FRAVM lanzó este 1 de abril la Red Stop Vivienda de Uso Turístico, una campaña para informar a las comunidades de vecinos de los nuevos derechos adquiridos y para exigir a las autoridades autonómicas y municipales el cumplimiento de la ley. Una colaboración que no hay que dar por hecho: el pasado 24 de marzo el Ministerio de Pablo Bustinduy entregó al Ayuntamiento una lista de los 15.000 pisos turísticos ilegales que operan en Madrid. La falta de respuesta y de compromiso por parte del Consistorio para acabar con los pisos turísticos ilegales ha llevado a Más Madrid a planear una denuncia contra José Luis Martínez Almeida por “inacción” y prevaricación. “Su empeño en gobernar para los fondos buitres, no puede estar por encima de la ley”, dicen desde el partido de la oposición.

Este 3 de abril también entra en vigor una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal presentada por el PNV y aprobada el 14 de noviembre con el apoyo de PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, y el voto accidental de Bildu, por el que pidió perdón poco después. Los portales inmobiliarios y los medios de derecha han augurado a partir de esta fecha “el fin de los okupas”, un “palo a los okupas” o “juicios express para desalojar okupas”. Titulares que no coinciden con la letra de la enmienda aprobada y que entra en vigor este jueves.

Esta enmienda del PNV modifica el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de usurpación de morada (artículo 245 del Código Penal) y de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal), que pasarán a tramitarse por el procedimiento abreviado de los procesos judiciales, lo que en teoría permitirá agilizar los desahucios.

Movilización masiva para impedir el desahucio de Josep de la Casa Orsona el pasado 31 de enero.

Sin embargo, tal como recuerda el abogado Diego Redondo García, cuando entre en vigor la nueva reforma, “solo habrá juicio rápido para los supuestos del apartado primero del artículo 245 del Código Penal que son los que se producen con violencia o intimidación sobre las personas”, unos casos completamente minoritarios en el total de ocupaciones que se producen en el Estado español. Según explica a El Salto, la mayoría de los casos de ocupación se realizan en pisos vacíos de bancos, fondos de inversión y grandes propietarios, que no son primera ni segunda residencia, por lo que no se verían afectados por esta reforma.

Más allá de la eficacia de esta medida, la entrada en vigor de una ley que focaliza el problema de la vivienda en la ocupación recuerda una vez más la composición de derecha del Parlamento que salió de las últimas elecciones generales. La entrada en el Congreso, esta vez con el voto favorable del PSOE, de la proposición de ley de Junts para convertir en cautelares buena parte de los desahucios en casos de ocupación vuelve a confirmarlo.

El próximo 5 de abril, cientos de miles de personas en más de 40 ciudades recordarán al PSOE y a los partidos de arco de la derecha que la culpa de la crisis de la vivienda no la tienen los pobres sino aquellos que han convertido la vivienda en un negocio.

En Lloret de Mar, uno de los municipios más turísticos del Estado español, la extrema derecha obtiene uno de cada cinco votos.

Fuente: El Salto

Derecho a la vivienda - Por qué las ayudas al alquiler del Gobierno no van ayudar a los jóvenes, sino todo lo contrario

 

 Por Martín Cúneo

Periodista anteriormente en Diagonal y actualmente en El Salto.

    La respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez a la multitudinaria manifestación del 13 de octubre por el derecho a la vivienda no ha podido ser más decepcionante. El lunes pasado, en unas jornadas organizadas por el Grupo Prisa, el presidente anunciaba una nueva partida de 200 millones de euros para el Bono Alquiler Joven en un discurso en el que no parecían concordar las palabras utilizadas y las medidas desplegadas.

    El líder del PSOE decía que, sin “medidas contundentes”, la sociedad española terminaría dividida en dos clases. “Y yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres”, proclamaba. Su afirmación más sorprendente, que su Gobierno había “acabado con la lacra de los desahucios”, fue respondida apenas dos días después con un escrache a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La acción realizada por la PAH Vallekas pretendía recordar que la “lacra” de los desahucios no ha acabado para ellos ni para decenas de miles de familias —15.274 desde el inicio de 2024, más de 80 por día— tal como demuestran las cifras proporcionadas por la Consejo General del Poder Judicial en sus informes trimestrales.

Pedro Sánchez decía que, sin “medidas contundentes”, la sociedad española terminaría dividida en dos clases: “Y yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres”

    La otra medida anunciada por Sánchez y confirmada por el Consejo de Ministros este martes 15 de octubre fue la presentación de un Real Decreto para “perseguir el fraude, proteger a quienes realmente necesitan del alojamiento de temporada y poner coto a los alojamientos turísticos ilegales y priorizar los alquileres de vivienda habitual”. Esta “ventanilla única” es una trasposición de un reglamento europeo que establece un sistema de registro y la obtención de un número de identificación para el alquiler de corta duración, ya sean alquileres de temporada o pisos turísticos. Según explicó la ministra, cada piso ofertado en este mercado de corta duración deberá contar con un número de registro para poder comercializarse.

    En el caso de los alquileres de temporada, se deberá mencionar “la causa que justifica” ese contrato temporal. La falta de recursos para la inspección de cientos de miles de pisos y ofertas, el aumento de la burocracia que supone para las administraciones locales este trabajo y la falta de ambición de esta ventanilla, que no prohíbe el uso especulativo de los contratos de temporada y los pisos turísticos en las zonas tensionadas, han sido los elementos más criticados por los socios de izquierda del Gobierno y los sindicatos de inquilinos, que han calificado de “cortina de humo” los anuncios realizados.

    Sin embargo, han sido la renovación de la renovación del Bono Alquiler para jóvenes la medida más criticada por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno desde izquierda y las organizaciones que trabajan por el derecho a la vivienda.

    “El bono al alquiler para los jóvenes es un Bizum directo al bolsillo de los caseros si no se topan los precios”, señaló Íñigo Errejón, portavoz de Sumar, quien habló del momento político actual como un “parteaguas”, un punto de inflexión en el que se decidirá el futuro de la legislatura. Según defienden desde Sumar, solo tiene sentido un bono de alquiler joven si hay, al mismo tiempo, un límite al precio de los alquileres. De no haberlo, las ayudas del Gobierno se trasladarán directamente al bolsillo de los caseros a través de aumentos en los precios del alquiler.

    En la sesión de control del Congreso, Ione Belarra, líder de Podemos, insistió en la misma idea: “Ustedes aprueban unas ayudas al alquiler que sin un tope a los alquileres no van a servir de nada más que para seguir subiendo el precio de la vivienda. El señor [Óscar] Puente aplaude con las orejas cuando dice que Blackrock se va a venir a especular a España. Eso, señor Sánchez, no es ser de izquierdas”. ERC, en boca de su portavoz, Gabriel Rufián, exigió al Gobierno que deje de “regalar bonos” y “cheques” a los jóvenes para pagar el alquiler y se limiten los precios de la vivienda. Rufián se mostró escéptico sobre la comparecencia de la ministra de Vivienda en el Congreso el próximo 23 de octubre, especialmente después de que haya pedido “fe y solidaridad” a los propietarios para que bajen el precio.

“Este tipo de ayudas, sin bajar los alquileres y cuestionar la propiedad, se lo quedan los de siempre. No vamos a parar: queremos una bajada inmediata al 50% o lo haremos nosotras”, señalaban desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid

    “El Gobierno ha escuchado… a los rentistas”, resumía el Sindicato de Inquilinas de Madrid pocas horas después del anuncio de Pedro Sánchez. “Este tipo de ayudas, sin bajar los alquileres y cuestionar la propiedad, se lo quedan los de siempre. No vamos a parar: queremos una bajada inmediata al 50% o lo haremos nosotras. Lo tenemos claro, solo nos queda la organización”.

La trampa de las ayudas al alquiler

    En teoría, la renovación del Bono Alquiler Joven busca ayudar a los jóvenes a pagar un alquiler que en algunas ciudades como Barcelona ya suponen el total de sus ingresos medios. Un reciente informe del instituto de investigación IDRA titulado “De propietarios a inquilinos. Informe sobre la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad”, explica por qué esta medida no funciona.

    El principal problema, explica Jaime Palomera, unos de sus autores, es que “si no se regula el mercado, la inyección de subsidios suele tener efectos adversos: los caseros, sabiendo que los inquilinos tienen más dinero, pueden subir los alquileres, anulando el beneficio del bono y empeorando el acceso a la vivienda”.

“Los caseros, sabiendo que los inquilinos tienen más dinero, pueden subir los alquileres, anulando el beneficio del bono y empeorando el acceso a la vivienda”, dice Jaime Palomera, coautor del informe 'De propietarios a inquilinos'

    De esta esta forma, el bono joven se transforma en un beneficio para caseros no para los jóvenes, indica: “El bono actúa como una transferencia directa de recursos públicos a los rentistas”. Otro problema, añade este activista e investigador, es que el bono solo se concede a quienes ya están alquilando por lo que “no aborda el problema de fondo”, que es la dificultad de los jóvenes para emanciparse”.

    Otra de las iniciativas del Gobierno del PSOE dirigidas a jóvenes que pueden ayudar a empeorar el problema en vez de solucionarlo son los avales para las hipotecas. Esta medida, que pretende facilitar el acceso a la vivienda a los menores de 35 años con la aportación por parte del Estado de la entrada para la compra de una primera vivienda, presenta “serias deficiencias”, según el informe de IDRA. La primera es la “inaccesibilidad”, dado que la mayoría de las personas de bajos ingresos no cumple los requisitos exigidos por lo que las ayudas solo beneficiarán a los sectores de población que tendrían menos problemas para encontrar techo por sus propios medios.

    Siguiendo una estela que se creía superada tras el estallido de las subprime, donde los bancos daban préstamos por el 100% de la vivienda, ahora es el Estado quien expone a decenas de miles de jóvenes a este “riesgo financiero” y a un posible “endeudamiento excesivo” en el caso de que sus condiciones económicas empeoren. La otra gran crítica a este modelo, al que también recurren todos los gobiernos autonómicos del PP, es que termina siendo un “subsidio a los bancos” ya que en caso de incumplimiento sería el Estado quien asume la deuda. “Esto representa una transferencia directa de riesgo financiero desde los bancos al sector público, incentivando prácticas de préstamo más arriesgadas y beneficiando a las instituciones financieras más que a los ciudadanos”, concluyen los autores.

Fuente: El Salto

Se acabó. Bajemos los alquileres. Derecho a una vivienda digna y asequible.