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miércoles, 11 de febrero de 2026

Contra el odio, políticas del encuentro

 

 Por Paco Cano   
      Integrante del Consejo asesor de  CTX y del Consejo asesor de  ACO (Acción contra el odio).


La convivencia no es un concepto abstracto. Se construye en las plazas, en el metro, en los espacios que habitamos juntos


Asamblea ciudadana convocada por el Sindicat de Llogateres de Barcelona, noviembre de 2025.

     El odio ya no es una anomalía ni un ruido de fondo. No vive en los márgenes ni se esconde en los extremos. El odio se ha instalado en el centro de nuestras vidas. Esa es la constatación incómoda que nos conduce a las I Jornadas Internacionales Ideas para combatir el odio. Hoy el odio es tendencia, agenda y atmósfera. Es el paisaje emocional que necesita el ultracapitalismo extractivo para seguir funcionando, mientras convierte en negocio el malestar que él mismo produce.

El odio contemporáneo no es espontáneo ni caótico. Tiene financiación, estrategia y manual de estilo.


Se puede fabricar y organizar el odio desde un despacho.

Cuenta con community managers, algoritmos complacientes, youtubers de guardia, fundaciones, asociaciones, ultras con camiseta deportiva, ultras con crucifijos, magnates con nombre propio y gobiernos que ya no disimulan. Circula con tanta eficacia por televisiones, redes y columnas de opinión que se ha disfrazado de sentido común.

La fórmula es conocida. Los poderes financieros generan desigualdad, cronifican la precariedad y, cuando la vida se vuelve incierta, alguien ofrece una explicación simplista. No es el sistema, es el otro, dicen. No es el de arriba, es el que viene de abajo. Así, el odio deja de ser un exabrupto y se convierte en pedagogía cotidiana.

Empieza como chiste, sigue como estereotipo, se fija como prejuicio y, cuando menos se espera, desemboca en exclusión, violencia y hasta genocidio. Frente a esa internacional bien organizada, seguimos reaccionando tarde y de manera aislada.

La justicia, por ejemplo, cumple una función imprescindible: proteger a quienes no pueden hacerlo solos. Sin tribunales que actúen, sin leyes que pongan límites claros al abuso y a la violencia, la democracia se quedaría sin suelo. Pero la ley llega cuando el daño ya está hecho, cuando la palabra se ha convertido en amenaza y la amenaza en señalamiento. El Código Penal actúa cuando el incendio ya ha prendido. Persigue el delito cuando ya se ha cometido, pero no impide que el odio circule ni que se reproduzca allí donde se fabrican los falsos culpables.

El periodismo digno también cumple una función clave. Contrasta, contextualiza, desmonta bulos, desactiva marcos tóxicos y explica lo que el odio simplifica hasta hacerlo irreconocible. Sin ese periodismo, el debate público se degrada y la mentira avanza sin resistencia. Por eso molesta; por eso se ha convertido en diana prioritaria. Las campañas de acoso no son una casualidad, son una estrategia. Si no puedes imponer tu relato, intenta silenciar al mediador.

Sería un error pensar que la lucha contra el odio se agota en la reacción. Combatirlo exige disputar la economía que lo produce, frenar el extractivismo que devora territorios y cuerpos, proteger la tierra y los bienes comunes, garantizar trabajo digno, vivienda y cuidados; derechos humanos fundamentales. Porque el odio se gesta en la precariedad normalizada, la inseguridad habitacional, la desafección democrática y la sensación de desprotección. De ahí la urgencia de un humanismo extendido, que no seleccione quién merece dignidad, y de un humanismo ecológico que entienda que no hay justicia social sin justicia ambiental. Defender la vida, toda la vida, es hoy el gesto político más radical.


Discursos de odio y cómo podemos combatirlos.

Pero una vez germinado, ese odio se reproduce y expande en relatos, en miedos, en relaciones que no se construyen, en decidir a quién incluimos en esos derechos, a quién excluimos del común y de lo público y a quién dejamos fuera del “nosotros”. Es decir, en lo cultural; en el mundo que creamos entre todas.

Por eso, urge combinar luchas materiales con luchas simbólicas, porque ninguna batalla cultural se sostiene si ignora las condiciones materiales de la vida y viceversa. No hay convivencia posible sobre la precariedad crónica, ni democracia que resista cuando la existencia se vuelve un ejercicio de supervivencia. Y ahí la educación es central. Una educación que no puede limitarse a transmitir contenidos; tiene que formar criterio. Alfabetización mediática, educación digital, capacidad para leer críticamente los discursos y para detectar la manipulación emocional. La UNESCO lo advierte desde hace años con claridad. Frente al odio no basta con prohibir palabras. Hay que construir valores, generar sentido y sostener el pensamiento autónomo en el tiempo. Es una inversión democrática lenta, sí, pero decisiva.

Junto a una revolución educativa, hacen falta políticas del encuentro. Espacios donde las personas puedan mirarse, escucharse y reconocerse más allá de las etiquetas. Barrios vivos, proyectos comunitarios, cultura compartida, experiencias donde el otro deje de ser una abstracción y recupere un rostro, una voz, una historia. La convivencia no es un concepto abstracto. Se construye en las plazas, en el metro, en los espacios que habitamos juntos. El odio, en cambio, necesita distancia, virtualidad y aislamiento. Funciona mejor cuando el otro es una categoría difusa, un perfil sin cuerpo. Por eso las políticas del vínculo, del encuentro y de la cooperación son también políticas contra el odio.

La cultura es, igualmente, decisiva. Esa manera en la que creamos y recreamos el mundo debe ser una fábrica de relatos capaces de ensanchar la mirada. En la literatura, la música, el cine, las artes escénicas, las fiestas populares y la cultura comunitaria se ensayan formas de estar juntos que desactivan la lógica del enfrentamiento. No porque la cultura deba ser moralizante o didáctica, sino porque introduce complejidad donde el odio exige consignas simples. Abrir preguntas incómodas, sembrar dudas, romper certezas. Gestos aparentemente frágiles que son, en realidad, profundamente transformadores.

Las batallas culturales no son guerras de consignas ni propaganda disfrazada, sino un trabajo paciente y colectivo para disputar el sentido común. Buscan construir narrativas distintas, formas de vivir juntos donde la democracia no sea solo norma escrita, sino experiencia cotidiana. No se trata de ganar tertulias u ocupar el ruido mediático. Es disputar el espacio donde se fabrican certezas básicas, porque las ultraderechas avanzan no solo gritando más, sino logrando que otros dejen de creer que existen alternativas reales. There is no alternative, proclamaba Thatcher. Cuando el “no hay alternativa” se instala como sentido común, el autoritarismo ya ha ganado media partida. Frente a eso, educación, convivencia, cultura y conciencia ciudadana aparecen como infraestructuras democráticas imprescindibles, herramientas con las que volver a abrir el horizonte y recordar que siempre hay alternativas. Otro mundo es posible.

Sin embargo, nada de esto funcionará peleando en solitario. El odio se alimenta de la fragmentación y la soledad, por eso la respuesta solo puede ser colectiva. El odio opera en red y solo puede combatirse en red.

Frente a la “internacional del odio”, como la nombra Juan José Tamayo, urge levantar una internacional alternativa. Una red amplia, diversa, transnacional y transversal, capaz no solo de resistir, sino de proponer. No solo de reaccionar, sino de anticipar. Una alianza que siembre comunidad, que teja vínculos duraderos y que se atreva a sostener un humanismo radical que no se conforme con proclamar derechos, sino que baje a la raíz de las condiciones materiales, culturales y simbólicas que hacen posible una vida digna.


La España del odio - Malagón.

La guerra cultural es el plano cero, el terreno donde se juega cualquier proceso emancipador. La democracia se defiende, sobre todo, en las aulas, en los barrios, en los mercados, en los bares, en los autobuses y en los relatos que atraviesan nuestra vida cotidiana.

Ahí se decide si la convivencia se fortalece o si el miedo avanza. Combatir el odio no es únicamente señalar culpables, es recuperar la pregunta esencial de quiénes somos y cómo queremos vivir juntos. Porque frente al odio organizado, la única respuesta a la altura de nuestro tiempo es reconstruir vínculos, recuperar lo común y volver a creer que otra forma de vivir es posible.



Fuente: Ctxt



jueves, 3 de abril de 2025

El 5 de abril, nueva fecha clave para que la vivienda deje de ser un negocio

 

 Por Martín Cúneo   
      Desde Diagonal en El Salto. Coautor del libro 'Crónicas del estallido'.


Más de 40 ciudades de todo el estado español salen a la calle este sábado para pedir a los gobiernos que salgan de su parálisis y garanticen el derecho a la vivienda.





     Este abril se cumple un año del inicio del ciclo de protestas que ha tenido como eje inseparable la denuncia de los efectos de la turistificación y la crisis de la vivienda. Una nueva gran manifestación, más de 40 en realidad, tendrá lugar de forma simultánea a lo largo de este 5 de abril y de todo el territorio español, todas con un mismo objetivo: “Acabar con el negocio de la vivienda”.


Carteles que llenan ciudades como Málaga convocando a la protesta del próximo sábado, 5 de abril.

Este ciclo de movilización comenzó el 10 de abril de 2024 con una huelga de hambre y con una multitudinaria manifestación en las Islas Canarias diez días después. Le siguieron la manifestación del 25 de mayo en Baleares —más de 20.000 personas en Palma de Mallorca— y protestas multitudinarias en buena parte de la ciudades y zonas tensionadas por los altos precios de la vivienda y la turistificación. En Cantabria, ese mismo mayo de 2024, más de 8.000 personas reclamaban que su tierra no se convirtiera en “la Ibiza del norte”. En Málaga, Madrid, San Sebastián o Valencia ya se habían producido movilizaciones antes del verano centradas en la presión turística y sus consecuencias en el territorio y en la crisis de vivienda.


Foto de David F.

Después del verano llegaron las grandes manifestaciones, esta vez más focalizadas en los altos precios de la vivienda, pero con la demanda de la regulación de los pisos turísticos de fondo. En Madrid y Barcelona, el 13 de octubre y el 23 de noviembre, se reunieron varios cientos de miles de personas; y en Málaga, el 9 de noviembre, se juntaron más de 30.000 personas. Después de un 9F en Madrid que consiguió mantener la tensión, este sábado llega un nuevo momento clave en la lucha para pinchar la crisis de vivienda.




Las manifestaciones de este 5 de abril están convocadas por cientos de colectivos y plataformas locales que forman parte del movimiento de vivienda. Aunque los grandes sindicatos estatales y otras organizaciones sociales han mostrado su apoyo a la convocatoria, el protagonismo lo tienen en esta ocasión las asambleas y organizaciones que trabajan de forma específica el tema de la vivienda.




Uno de los principales impulsores de esta movilización, además de las asambleas de vivienda locales, son los sindicatos de inquilinos. Para estas organizaciones, los “precios desorbitados” de los alquileres se han convertido en “la principal causa de empobrecimiento de la clase trabajadora y una barrera para acceder a una vivienda”. Una situación que es “aún más grave” en las ciudades turísticas, donde “los alquileres de temporada y el modelo turístico expulsan a las vecinas de sus barrios y precarizan a las trabajadoras del sector”.


Piquetes de los sindicatos de inquilinos.

La imposibilidad de “construir proyectos de vida” por los altos precios, así como el “enriquecimiento de una pequeña minoría rentista a costa de asfixiar económicamente a una gran parte de la sociedad” y “la impunidad con la que opera la patronal inmobiliaria” son las principales causas, según estos sindicatos, de la “indignación social” y el “consenso de que la vivienda debe dejar de ser un negocio para convertirse en un derecho”.




Entre las demandas para este 5A destacan una bajada del 50% de los alquileres, contratos de alquiler indefinidos, el fin de la vivienda especulativa, la desarticulación de los grupos de desokupación, el aumento del parque público y la recuperación de vivienda vacías, turísticas y en alquiler de temporada. Otra de las reivindicaciones es el fin de los procesos penales y de criminalización contra el movimiento de vivienda y contra las personas que no tienen otra opción que ocupar para tener un techo.


El 21 de noviembre, activistas por el derecho a la vivienda empapelan una oficina de Alquiler Seguro para denunciar que se está saltando la Ley de Vivienda.

En qué momento llega el 5A

Por cuarto mes consecutivo, este marzo la vivienda ha repetido como primer problema de la sociedad española, según el Barómetro del CIS. La respuesta del gobierno central y de las autoridades autonómicas y municipales ha estado muy por detrás de las demandas expresadas en las calles. La aplicación de los topes al alquiler que incluye la ley de vivienda solo se han implementado por ahora en Catalunya a pesar de los preparativos y anuncios de que se iban a comenzar a aplicar en Asturias, Navarra y País Vasco. Desde el 25 de enero pasado, Errentería (Gipuzkoa) es oficialmente zona tensionada —y hay otros municipios vascos que lo han solicitado o lo van a solicitar—, pero por ahora en ellos no se puede aplicar la regulación porque no está aprobado el índice de referencia que debe regular el precio de los alquileres. Este índice lo tiene que realizar el Gobierno central, pero necesita de datos fiscales y catastrales que deben suministrar las haciendas forales.




Frente a las demandas de las movilizaciones contra el desborde de los alquileres turísticos, de temporada y de habitaciones, el Ministerio de Vivienda liderado por Isabel Rodríguez se limitó a lanzar un registro único de alquileres de corta duración, que entrará en vigor en julio de 2025 y una prohibición de la Golden Visa inmobiliaria, que entra en vigor este 3 de abril, casi un año después de haber sido anunciada, permitiendo en este tiempo una explosión de compras por parte de capitales extranjeros.




Dos días antes de las manifestaciones, este 3 de abril, entran en vigor también otras dos medidas del Gobierno central en materia de vivienda, dos de las pocas iniciativas que se han llegado a concretar desde el lanzamiento de la fallida ley de vivienda en mayo de 2023. La primera es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que obliga a los propietarios a tener el visto bueno del 60% de la comunidad de vecinos para abrir una vivienda de uso turístico. La segunda es la modificación de ley de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acelerar los procesos de desahucio en algunos casos de ocupación.




La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal afectará solo a las nuevas licencias que se tramiten legalmente después de este 3 de abril. Es decir, no influirá en las miles de licencias ya concedidas ni en las decenas de miles de pisos que operan de forma ilegal. Aún así, desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) consideran la medida como “todo un éxito del movimiento vecinal”. A partir de ahora, explican en un comunicado, el propietario que desee abrir un piso turístico está obligado a pedir el permiso de la comunidad de vecinos y a obtener la “aprobación expresa” de las tres quintas partes del total de los propietarios.




Para garantizar el cumplimiento de esta ley, la FRAVM lanzó este 1 de abril la Red Stop Vivienda de Uso Turístico, una campaña para informar a las comunidades de vecinos de los nuevos derechos adquiridos y para exigir a las autoridades autonómicas y municipales el cumplimiento de la ley. Una colaboración que no hay que dar por hecho: el pasado 24 de marzo el Ministerio de Pablo Bustinduy entregó al Ayuntamiento una lista de los 15.000 pisos turísticos ilegales que operan en Madrid. La falta de respuesta y de compromiso por parte del Consistorio para acabar con los pisos turísticos ilegales ha llevado a Más Madrid a planear una denuncia contra José Luis Martínez Almeida por “inacción” y prevaricación. “Su empeño en gobernar para los fondos buitres, no puede estar por encima de la ley”, dicen desde el partido de la oposición.




Este 3 de abril también entra en vigor una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal presentada por el PNV y aprobada el 14 de noviembre con el apoyo de PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, y el voto accidental de Bildu, por el que pidió perdón poco después. Los portales inmobiliarios y los medios de derecha han augurado a partir de esta fecha “el fin de los okupas”, un “palo a los okupas” o “juicios express para desalojar okupas”. Titulares que no coinciden con la letra de la enmienda aprobada y que entra en vigor este jueves.

Esta enmienda del PNV modifica el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de usurpación de morada (artículo 245 del Código Penal) y de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal), que pasarán a tramitarse por el procedimiento abreviado de los procesos judiciales, lo que en teoría permitirá agilizar los desahucios.


Movilización masiva para impedir el desahucio de Josep de la Casa Orsona el pasado 31 de enero.

Sin embargo, tal como recuerda el abogado Diego Redondo García, cuando entre en vigor la nueva reforma, “solo habrá juicio rápido para los supuestos del apartado primero del artículo 245 del Código Penal que son los que se producen con violencia o intimidación sobre las personas”, unos casos completamente minoritarios en el total de ocupaciones que se producen en el Estado español. Según explica a El Salto, la mayoría de los casos de ocupación se realizan en pisos vacíos de bancos, fondos de inversión y grandes propietarios, que no son primera ni segunda residencia, por lo que no se verían afectados por esta reforma.

Más allá de la eficacia de esta medida, la entrada en vigor de una ley que focaliza el problema de la vivienda en la ocupación recuerda una vez más la composición de derecha del Parlamento que salió de las últimas elecciones generales. La entrada en el Congreso, esta vez con el voto favorable del PSOE, de la proposición de ley de Junts para convertir en cautelares buena parte de los desahucios en casos de ocupación vuelve a confirmarlo.




El próximo 5 de abril, cientos de miles de personas en más de 40 ciudades recordarán al PSOE y a los partidos de arco de la derecha que la culpa de la crisis de la vivienda no la tienen los pobres sino aquellos que han convertido la vivienda en un negocio.


En Lloret de Mar, uno de los municipios más turísticos del Estado español, la extrema derecha obtiene uno de cada cinco votos.

Fuente: El Salto

lunes, 24 de febrero de 2025

Flex Living: el caballo de Troya de la precarización del alquiler

 

      Militante del sindicato de vivienda de Madrid.


No es una respuesta moderna a las nuevas formas de habitar la ciudad. El ‘flex living’ no es más que la última jugada del sector inmobiliario y los grandes fondos de inversión para maximizar beneficios a costa del derecho a la vivienda.


     Nos lo presentan como una revolución en el mercado inmobiliario, una respuesta moderna a las nuevas formas de habitar la ciudad. Pero el flex living no es más que la última jugada del sector inmobiliario y los grandes fondos de inversión para maximizar beneficios a costa del derecho a la vivienda. Con contratos temporales, precios desregulados y una lógica que privilegia el alojamiento a corto plazo sobre la estabilidad habitacional, esta nueva tendencia representa un peligro para el acceso a la vivienda en las grandes ciudades.


Movilización para evitar el desalojo de Josep de la Casa Orsola, en el Eixample barcelonés.

Vivienda sin derechos: contratos precarios y precios al alza

El flex living se está extendiendo rápidamente en ciudades como Madrid y Barcelona, donde el acceso a la vivienda ya es un problema de primer orden. Su modelo es simple: se construye en suelos terciarios —más baratos que los residenciales— y, en lugar de ofrecer alquileres tradicionales protegidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), se rige por normativas de hospedaje. ¿La consecuencia? Contratos de menos de 11 meses, sin la protección de la LAU, sin estabilidad para los inquilinos y con precios que pueden subir sin control.


Be Casa Valdebebas.

En lugar de ofrecer alquileres tradicionales protegidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos, el flex living se rige por normativas de hospedaje, con contratos cortos, sin límites de precio y sin protección de la LAU

Los promotores lo venden como un sistema flexible, pero la realidad es otra: lejos de ofrecer una solución habitacional estable, estas viviendas actúan como residencias de estudiantes para adultos, donde todo está supeditado a la lógica de la movilidad y la rotación constante. Un modelo pensado para profesionales con altos ingresos que están de paso, pero que no resuelve el problema habitacional de la mayoría.

La ciudad como mercado: expulsión y elitización

El auge del flex living no es casual. Es una estrategia perfectamente calculada por los fondos de inversión para capturar el negocio del alquiler sin las limitaciones legales que protegen a los inquilinos. Banco Santander y Neinor se han sumado a este mercado, junto con gigantes como Greystar, que ya controla miles de camas en España. Su objetivo no es ofrecer vivienda asequible, sino crear un nicho exclusivo donde la prioridad es la rentabilidad y no el derecho a la vivienda.




Este modelo de alquiler ultra flexible no solo expulsa a quienes buscan una vivienda estable, sino que transforma la ciudad en un espacio pensado para la especulación. La lógica es clara: a mayor rotación, mayor capacidad de encarecer el mercado y menores derechos para quienes alquilan.

Los promotores lo venden como un sistema flexible, pero la realidad es otra: lejos de ofrecer una solución habitacional estable, estas viviendas actúan como residencias de estudiantes para adultos

Mientras tanto, el acceso a una vivienda asequible se vuelve cada vez más difícil, consolidando un modelo urbano donde vivir en el centro de las grandes ciudades es un privilegio reservado a quienes pueden permitirse pagar precios exorbitantes por alojamientos temporales.

¿Qué modelo de ciudad queremos?

El problema de la vivienda no es la falta de oferta de alojamiento temporal, sino la ausencia de alquileres asequibles y regulados. La proliferación de este tipo de proyectos no responde a una necesidad social real, sino a la voluntad de los grandes inversores de maximizar beneficios en un mercado donde la vivienda se ha convertido en un activo financiero más.

Si dejamos que sean los bancos y los fondos quienes definan el futuro de la vivienda, pronto vivir en una ciudad como Madrid o Barcelona será un lujo al alcance de unos pocos. Es urgente frenar esta deriva y exigir políticas que garanticen el acceso a una vivienda digna y estable.

Las ciudades no pueden convertirse en un tablero de juego para la especulación. Necesitamos soluciones que prioricen la vida de las personas por encima de los intereses financieros.


Fuente: EL SALTO