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Calnegre y Cabo Cope, una joya natural que espera protección desde hace más de 30 años

 

 Por Gloria Piñero   

      Periodista en elDiarioRegióndeMurcia.es y guionista.

La larga parálisis administrativa impuesta por los sucesivos gobiernos de la Región de Murcia impide la aprobación de las normas que deben regular este parque regional, el espacio natural más emblemático del litoral murciano

      En el extremo suroccidental de la Región de Murcia, entre los términos de Lorca y Águilas, se extiende uno de los espacios naturales más singulares del litoral mediterráneo español: el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, declarado como tal en 1992 por la Ley 4/1992 de Ordenación y Protección del Territorio.

Litoral del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, en la Región de Murcia. AMACOPE.

Dentro de sus límites se extienden montes, ramblas y calas vírgenes de alto valor ecológico que se enfrentan a las amenazas que supone una desprotección ambiental que dura ya 33 años. Es el tiempo que ha transcurrido desde que el parque aparece en los mapas oficiales sin que se haya aprobado su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), el instrumento legal que debe fijar las normas, usos permitidos y límites a las actividades dentro del espacio supuestamente protegido.

Sin ese plan, no hay medidas claras para su conservación ni sanciones aplicables a las agresiones que sufre. Y, mientras la Administración autonómica persiste en un silencio que dura más de tres décadas, la degradación avanza.

30 años de inactividad administrativa

La urgencia por la “necesidad inmediata de protección”, justificó que el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope se declarase sin contar con un PORN previo. Sin embargo, la Ley 4/1992 preveía esa situación y mandataba a las administraciones competentes —en este caso, al Gobierno de la Región de Murcia— a la aprobación de dicho instrumento “en el plazo máximo de un año” desde la declaración. El ejecutivo murciano estaba entonces en manos del PSOE, que ese mismo año había aprobado los PORN de otros tres parques regionales: el de Sierra Espuña, el de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y el de Calblanque.

En 1993, la entonces Agencia Regional para el Medio Ambiente y la Naturaleza acordó el inicio del procedimiento de elaboración del PORN de Cabo Cope y Calnegre. Sin embargo, el proceso quedó paralizado tras la llegada del Partido Popular al Gobierno murciano, en el que permanece inamovible desde entonces.

La desprotección de Cabo Cope-Calnegre se hace especialmente patente cuando las crecidas de las ramblas depositan en su litoral toneladas de residuos plásticos, principalmente provenientes de la agricultura intensiva.

En todos estos años, es cierto que hubo intentos por parte de la Administración regional para cumplir con la legalidad respecto al parque, pero todos tan intermitentes como ineficaces: en 2012, cuando una orden de la Consejería de Presidencia creó las Áreas de Planificación Integrada e incluyó al parque en la “API 004: Costa Occidental”; y posteriormente, en 2020, cuando la Dirección General de Medio Natural volvió a iniciar formalmente el expediente de elaboración del PORN. Incluso se llegó a redactar un documento previo en 2021. Pero nunca se produjo la aprobación inicial ni su publicación oficial en el Boletín Regional.

Un paso que resulta esencial porque, sin esa aprobación inicial, no se activa el régimen de protección cautelar previsto en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que impide transformaciones sustanciales del territorio. Así que, en la práctica, la inactividad del Gobierno regional (que las organizaciones ecologistas tildan de premeditada), está sirviendo para que Cabo Cope y Calnegre se rija por la “ley del salvaje Oeste”.

Una exigencia formal tras décadas de silencio

El pasado 16 de septiembre de 2025, Ecologistas en Acción de la Región Murciana registró un requerimiento formal ante la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. En el mismo, al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, reclama la “inmediata aprobación inicial” del PORN del Parque Regional de Cabo Cope-Calnegre, y su tramitación por procedimiento de urgencia, conforme al artículo 48.5 de la Ley 4/1989.

El documento —firmado por Ana María García Albertos, presidenta del colectivo— se apoya en una sólida base jurídica, que incluye la invocación del artículo 45 de la Constitución Española, al tiempo que advierte que la ausencia del PORN vulnera el principio de legalidad y los derechos de participación pública.

Un ejemplar de tortuga mora, símbolo de la riqueza natural de la Región de Murcia, en las inmediaciones de Cabo Cope, en Águilas. AMACOPE.

El texto subraya que esta inactividad administrativa no solo incumple la normativa estatal y autonómica, sino que “pone en entredicho el propio régimen sancionador ambiental”, al no existir un marco reglamentario aplicable dentro del parque. Y recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido la posibilidad de recurrir judicialmente la “inactividad reglamentaria” cuando esta produce efectos lesivos para el medio ambiente o para derechos de participación ciudadana.

Así que, si la Consejería no responde en tres meses, Ecologistas en Acción estará legitimada para interponer recurso contencioso-administrativo por inactividad, abriendo así un nuevo frente judicial en aras de la protección de este espacio.

Las amenazas de siempre… y las nuevas

El Parque Regional ha sobrevivido durante décadas a amenazas de gran envergadura. En los años ochenta y noventa, una central nuclear proyectada en Cabo Cope estuvo a punto de condenarlo para siempre.

Más tarde, la presión urbanística se convirtió en el mayor peligro. En 2001, la nueva Ley del Suelo de la Región de Murcia fue aprovechada para modificar los límites del parque regional y declarar la Actuación de Interés Regional (AIR) ‘Marina de Cope’, un controvertido proyecto urbanístico-turístico que pretendía un desarrollo desaforado —60.000 viviendas, cinco campos de golf, diez campos de fútbol, veinte hoteles y un puerto interior con 2.000 puntos de amarre— dentro de lo que, hasta entonces, había sido parque regional.

Los ayuntamientos de Lorca y Águilas no tardaron en buscar acomodo a la AIR en sus respectivos planes generales de ordenación, con la única oposición de Izquierda Unida. Eran los años del boom del ladrillo.

Mapa del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope. CARM.

Hubo que esperar hasta 2012 para que el Tribunal Constitucional, en una de las sentencias más simbólicas relacionadas con el urbanismo murciano, declarara nula la disposición adicional octava de la Ley autonómica del Suelo que desprotegía unas 15.000 hectáreas de espacios naturales, principalmente en Cope-Calnegre y devolviera sus límites originales al parque. Una larga batalla jurídica y social que fue posible por la interposición, diez años antes, de un recurso de inconstitucionalidad por parte de 50 diputados del PSOE, liderados por la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, que respaldaron la lucha de Ecologistas en Acción, ANSE, WWF y Greenpeace.

Un tiempo que fue aprovechado por empresas y organizaciones agrícolas para que, con el Gobierno regional de brazos caídos, roturaran varios cientos de hectáreas, las convirtieran en regadío y se construyeran infraestructuras como gasolineras, almacenes y viviendas dentro del parque.

Hoy, a pesar de la sentencia, las amenazas no han desaparecido. El deterioro se manifiesta en forma de nuevas roturaciones ilegales, sobreexplotación agrícola y contaminación difusa. En las zonas agrícolas colindantes proliferan los invernaderos, el uso intensivo de plásticos y fitosanitarios, y las captaciones ilegales de agua en una comarca árida. Cada DANA, la crecida de las ramblas llenan el litoral del parque de botes, envases de fungicidas y herbicidas de uso agrícola, tubos de riego por goteo, trozos de gomas y toneladas de plásticos que contaminan la costa. Nadie responde por ello.

Imagen de satélite de la Marina de Cope, donde se aprecian múltiples roturaciones y construcción de infraestructuras. Instituto Geográfico Nacional.

La falta de un PORN también impide establecer zonas de exclusión y amortiguación, lo que deja el parque expuesto a la expansión de cultivos hasta incluso dentro de sus límites naturales.

A ello se suma la presión turística creciente. Por un lado, los planes urbanizadores del Ayuntamiento de Águilas, que promueve la construcción de un camping en una zona situada a escasos 2.000 metros de importantes áreas de conservación de la biodiversidad; por otro, la costa virgen de Calnegre es, cada verano, un imán para visitantes y vehículos todoterreno, sin apenas regulación.

Mención aparte merece el vandalismo ambiental. El último ejemplo se produjo el pasado agosto: una nueva quema intencionada de tarayes en la playa del Charco, espacio integrado en el Parque. El mismo lugar que ha sido escenario de reiterados incendios en los últimos meses, según ha denunciado AMACOPE, y que se ceba con la especie Tamarix canariensis, incluida en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia donde está calificada de “interés especial”.

Pero no es el único. En los últimos años, son frecuentes la rotura intencionada de la señalización informativa, el vuelco de contenedores o el destrozo con tractores de las líneas de bolardos de madera que protegen la flora autóctona, incluidas especies vulnerables, como el azufaifo (Ziziphus lotus), el patagusanos (Salsola papillosa) o el chumberillo de lobo (Caralluma europea), cuando no directamente en peligro de extinción, como la gramínea Enneapogon persicus o la ortiga muerta de roca (Scrophularia arguta).

Así que, lo que la ley llamó en su día parque regional es, en la práctica, “un territorio a la deriva”, resumen desde Ecologistas en Acción. El resultado de la parálisis institucional es la impunidad ambiental: el espacio protegido más emblemático del litoral murciano se mantiene sin orden ni protección real.

Una joya ecológica que languidece

El valor ambiental del parque es indiscutible. En su territorio confluyen hábitats esteparios, dunas, acantilados y zonas marinas de alto interés ecológico. Es refugio de especies amenazadas como la tortuga mora (Testudo graeca), el águila perdicera, el búho real o diversas especies de flora endémica litoral.

Cala Blanca, en el término municipal de Lorca, una de las playas vírgenes que forman parte del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope.

Además, el parque forma parte de la Red Natura 2000, bajo las figuras de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Paradójicamente, estas designaciones europeas obligan a la existencia de planes de gestión coherentes. La propia normativa autonómica —Ley 6/2012 y Orden de 2012 sobre planificación integrada— establece que, cuando se solapan varias figuras de protección, la planificación debe integrarse en un único documento.

Pero el Gobierno regional, según Ecologistas en Acción, “anuló por la vía de los hechos” su decisión de incluir el PORN dentro del Plan de Gestión Integral de la Costa Occidental “sin respaldo jurídico alguno”.

En su escrito, Ecologistas en Acción también lanza una advertencia clara: “No puede haber auténtica gestión de los recursos naturales sin la previa planificación y ordenación, a través del instrumento expresamente previsto por la Ley para ello”.

La falta de ese instrumento —el PORN— priva al parque de un elemento esencial: la seguridad jurídica. Propietarios, agricultores y administraciones locales operan en un limbo normativo donde ni los límites ni los usos están definidos.

El espejo de un modelo regional

El caso de Cabo Cope–Calnegre simboliza un patrón recurrente en la política ambiental murciana: declarar espacios naturales sin dotarlos de herramientas de gestión ni recursos para su conservación.

Imagen aérea de la Manga del Mar Menor.

Mientras otras comunidades autónomas han culminado hace años la planificación de sus parques regionales, Murcia arrastra décadas de retrasos e incumplimiento de la ley.

El contraste es aún más evidente cuando se compara con la atención mediática y política que ha recibido el Mar Menor, cuya degradación ecológica ha movilizado reformas legales y plataformas ciudadanas, mientras Cabo Cope languidece a la espera de una decisión política que nunca llega y que no admite más demora.

Fuente: elDiario.es

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Más allá de lo de Torre Pacheco

 

 Por Pedro Costa Morata  

       Ingeniero, periodista y politólogo. Ha sido profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

Los graves sucesos de Torre Pacheco en este julio ardiente que tantos cerebros ha alterado, tenían que suceder en la Región de Murcia, donde un agropoder basado en la explotación inclemente del campo, con sus trabajadores en primer lugar y también de su patrimonio natural básico (suelo, aguas, atmósfera) viene acumulando hechos e infamias sobre cuyas consecuencias son pocas las voces que se alzan y las instituciones que responden como hay que hacerlo y en el grado adecuado. Como suelo, recordaré que es el ecologismo político, pese a sus escasos efectivos y leve repercusión, la fuerza social que viene alertando sobre el empeño fatalista en el que se implica esta tierra, que ha de soportar una destrucción sistemática e inmisericorde de sus recursos naturales esenciales a manos de una agricultura y una ganadería intensivas y destructivas, que anuncian y determinan, por sus patologías de diverso tipo, futuros hacia ninguna (buena) parte.

Un camino que está jalonado de asaltos y atentados a manos de los verdaderos e intransigentes beneficiarios de esta deriva codiciosa, que han de agruparse en ese agropoder que impera de forma descarada y agresiva, poniendo de relieve que los poderes institucionales existentes son poco más que aparentes, siendo el entramado productivo y empresarial el que marca la pauta de un enrarecimiento global: sociopolítico y laboral, ecológico y moral. Para opinar sobre lo de Torre Pacheco me remitiré a lo que en otras ocasiones he escrito y pensado, ya que nuestra Región es fácil objeto de análisis político, económico y psicológico: sus vicios, que aumentan en espiral, se revelan cada día haciendo que nos avergoncemos -casi siempre con indignación y no pocas veces con alarma- de pertenecer a esta taifa aislada en la historia que ha devenido en agrocantón manejado por abusadores que no se cortan un pelo por invadir los terrenos de la delincuencia (la social y ecológica en primer lugar).

Así que, tratemos de ordenar el entorno conflictivo de lo de Torre Pacheco que, mostrando un episodio de racismo provocado por el expansivo y desinhibido mundo ultra, se ensaña con la población trabajadora magrebí que -solo estos fanáticos violentos parecen ignorarlo- sostienen y protagonizan una actividad agraria, de cuya toxicidad global, desde luego, no son responsables, sino víctimas laborales y ambientales en primera línea. Es absurdo pensar que una minoría extranjera en ambiente hostil (que es el español, racista profundo, como suele revelarse de cuando en cuando) va a adoptar actitudes provocativas frente a la mayoría, o dejarse envolver por una delincuencia relacionada con las diferencias étnicas o religiosas; por eso el incidente violento que se ha señalado como origen de los sucesos racistas tuvo que deberse a una delincuencia común (mora o cristiana) o, más bien, a una provocación organizada y prevista (evidentemente cristiana, aunque pueda utilizar a musulmanes).

Violentos en Torre Pacheco, “a la caza del moro” (BBC News).

De siempre los racistas, y concretamente los blancos (nosotros) tienen a cualquier inmigración como un peligro, principalmente por anunciarles una mezcla racial intolerable que vulnera la pretendida pureza étnica de los que así se consideran, sin pruebas. Y ni siquiera la consideración de la emigración española de toda la Historia les hace entender que solo se emigra a la fuerza y que nadie abandona su pueblo, su casa y su familia sino por estricta y apremiante necesidad, mereciendo por ello el mayor respeto y el trato generoso.

La presencia masiva de emigrantes en nuestros campos es consecuencia directa de la brutal e inmisericorde transformación en regadío de una región que por siglos se caracterizó por un secano discreto junto a espacios de huerta limitados por el recurso agua, siempre escaso y por ello bien aprovechado y origen de una cultura excepcional, en gran parte generada en el periodo murciano de dominio islámico. Este hecho debiera hacer reflexionar a esos violentos que persiguen emigrantes tanto por el color de su piel (el mismo, por cierto, que sobrevive en millones de murcianos y andaluces, marca de nuestro glorioso Al-Ándalus) como por su religión, tan respetable como la nuestra. Aunque sea verdad que esta observación, pese a constituir obviedad histórica y étnica, carece de valor y referencia para los alborotadores que provocan los tumultos que hemos vivido, tal es su debilidad y deformación mentales.

El trabajo en el regadío masivo e intensivo actual en nuestra Región implica condiciones de trabajo horrorosas que en ocasiones -ahí están las intervenciones de la Guardia Civil- rozan la esclavitud y que, sea por estas condiciones infames, sea por los bajísimos salarios, los ciudadanos españoles rechazan asumir: esto es lo que hace necesario el trabajo extranjero, y por eso le somos deudores. Así que tomemos nota: es la transformación del campo desde el secano austero y redentor (sobre todo por lo que tiene de garantía de futuro) hacia el regadío prometedor de ganancias ilegítimas (tan grande es su coste) y espejismos de desarrollo, lo que origina, como causa eminentemente económica, o socioeconómica, el creciente ambiente de violencias y amenazas en nuestra Lechugalandia. Y el generador de esas causas económicas es, inocultablemente, el Trasvase, técnica y provocadoramente llamado Acueducto Tajo-Segura, creación técnica e hidrológica que siempre ha disfrutado de la categoría de intocable, sea en sus caudales sea en su concepto. Una obra con ese halo de benefactora y modernizadora que conserva desde los más fastuosos tiempos del franquismo, aquel que, no sin sorpresa, decidió beneficiar al Sureste patrio (a costa del Centro ibérico). Y cuando escasas voces se han atrevido a criticarlo, sea por sus caudales sea por su concepto, feroces anatemas han caído sobre esos (poquísimos) atrevidos, siendo objeto de las más severas condenas desde todos los estratos regionales.

Nadie puede dudar que la economía agraria siempre ha basado sus avances -productividad, capacidad exportadora, etc.- en el regadío, aquí y en casi todo el mundo, pero la más sensata observación histórico-política establece y diferencia claramente el aprovechamiento local de los ríos en sus márgenes y áreas de influencia de las reconversiones a la fuerza de secanos alejados y sin tradición ni necesidad. Somos también los ecologistas los que, armados de una economía ecológica fortalecida en no menos de medio siglo de análisis y consolidaciones (más las comprobaciones de desastres ambientales relacionados con la economía estándar, la competitividad salvaje, la osadía ambiental, etc.), los que nos atrevemos a corregir las economías agrarias de tipo brutal, por entrópicas, insanas, generadoras de conflicto, fascistoides sin remedio y portadoras de espejismos que antes o después se deshacen y desencantan, mostrando su atroz cara oculta. Nadie debe ignorar que el capitalismo genera irremediablemente excesos que acaban transformándose en crisis de las que suele obtener ventaja, y este es el panorama del insaciable agro murciano. (Ahí tenemos el silencio habitual de nuestro empresariado, de predominio crematístico agrario, que no suele expresarse sobre la emigración, aunque su opinión sea siempre favorable con especial satisfacción si es ilegal, dado que todo esto influye directamente en la depresión de los salarios y la permisividad en el maltrato a esos trabajadores).

Lechugar en el litoral murciano (La Verdad).

Por supuesto que el racismo, como elemento primero y más visible del fascismo, es históricamente recurrente y trasciende del ambiente económico subyacente, sea este agrario, sea industrial. Por lo que la agricultura intensiva, y el Trasvase que en esta tierra la ha hecho posible, han de ser tomados como causas explicativas propias y específicas, digamos indirectas, pero no tan remotas, de la violencia en nuestros pueblos contra sus trabajadores del campo. No obstante, cabe adelantar que, siendo esta nuestra Región una república bananera de incompetentes y malvados, a un fascismo sucederá otro, igual o más venenoso y letal, igual o más injustificable en política o ética: nunca faltarán pretextos. La explicación del caso murciano no es posible, a más de tener en cuenta el elemento originario agro-económico, sin contemplar a Vox, de poder político creciente, como el catalizador de un ambiente malsano y “efecto llamada” para indeseables de todo el país, dados el integrismo y la xenofobia militantes de esta formación, que agravan los éxitos que cosechan como (legales) chantajistas de un PP que los necesita y no les pone resistencia.

Teniendo en cuenta estas causas y orígenes de la violencia en la Región de Murcia, quedan muy alicortas las esperanzas de que las soluciones frente a ellas vengan de la policía, los jueces o el poder político-administrativo: no, desgraciadamente, ya que estas instancias, a más de carecer de voluntad y hasta de capacidad analítica, son de hecho producto de todo ese entramado, que viene de atrás y que no ha hecho más que degradarse; y solo pueden actuar -la sociología y la política así lo indican- dentro de ese agropoder intocable y sometidas a él, pese a peligroso, en este agrocantón ilusorio, pese a catastrófico. En mi experiencia guardo algunas perlas que las autoridades policiales han proferido en mi presencia, al presentarles ciertos casos de delincuencia agraria: “Es que tienen mucho poder”, o “es que nadie quiere colaborar”. Y sobre las judiciales, basta ver cómo caminan las denuncias, sean ecologistas, vecinales o políticas, sobre los continuos abusos en el manejo del agua pública: lentas, descalabradas y generalmente dirigidas hacia el falaz, cobarde y provocativo archivado (que aquí no pasa nada).

La galería de personajes relacionados con los disturbios ha dejado, aparte de delincuentes y detenidos anónimos de momento, algunas figuras institucionales que no se han ganado el respeto debido, de los que aludiré a tres de ellos. El primero, por orden de dignidad, es el presidente Fernando López Miras, caído el tercer día sobre la escena del crimen para, tras sesuda meditación, comparecer ante las televisiones exhibiendo mendacidad sulfurosa tras sus recientes capitulaciones inmorales, de corte fascista, con los bandidos de Vox; y así, todo lo que tuvo que declarar sobre los incidentes es que el Ministerio de Interior debía poner orden en la ciudad (que él no tiene nada que hacer).

Antelo, justificando los disturbios de Torre Pacheco (El Correo Gallego).

El segundo es el esperpento de José Ángel Antelo, de aspecto mucho más magrebí que galaico, que fuera casi dos años vicepresidente en el Gobierno de don Fernando y que lleva desde su aparición en la escena pública encadenando mamarrachadas, una con otra, especialmente dirigidas hacia nuestra población trabajadora marroquí, dando que pensar si no sería un balonazo mal dado lo que alteró sus neuronas cuando, no hace tanto, jugaba a encestar. La realidad, sin embargo, parece más bien ser otra, y es que estamos ante un racista supremacista que atesora los rasgos más conocidos de esta patología: inculto, irresponsable, manipulador y embustero.

Y al tercero se le podía ver junto a Antelo, calladito y minimizado, con un niki verdoso de aquellos tiempos: era Alberto Garre, que aparecía mirando a la nada de su historial político, que empezó de ilustre desconocido, tuvo luego la chamba de ser designado como sucesor por el invicto presidente Valcárcel y, poniendo en valor su patetismo, fichó por Vox que era lo que el cuerpo le pedía, como destacado vástago del franquismo panocho.

Un muestrario, resumido pero ilustrativo, de lo que da en líderes esta mata espinosa y borde: catetos grisáceos extraídos de la vulgaridad política y llamados, por su radical ausencia de virtudes cívicas, a representar al fascismo murciano.

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