Lecciones del Mar Menor

 

 Por Francisco Ortín Córdoba

      Economistas sin Fronteras.

El Mar Menor simboliza el choque entre desarrollo y sostenibilidad. De su colapso ambiental a su reconocimiento como sujeto de derechos, su historia combina crisis, innovación y esperanza para repensar nuestra relación con la naturaleza

     El Mar Menor es una laguna de 135 km² ubicada en Murcia, equivalente aproximadamente a un tercio de Andorra o a la mitad de Malta. Ha sido ocupado por los humanos desde el Paleolítico y en él se han encontrado restos arqueológicos de civilizaciones íberas. Los romanos lo llamaron Belich y Mare Palus, “laguna”; y los árabes, Buhayrat al-Qasr, “la Albufera del Alcázar”. Tras la Reconquista se le denominó simplemente Albufera, hasta que se impuso su nombre actual: Mar Menor. Esta denominación lo diferencia de su hermano mayor, el Mediterráneo, unas 18.500 veces más extenso y del que le separa una manga de 21 kilómetros. Desde el siglo XX fue uno de los paisajes más reconocibles del sureste: un ecosistema singular, con un fuerte vínculo cultural local y un motor económico.

Sin embargo, el modelo de desarrollo nunca tuvo en cuenta el equilibrio con el ecosistema. La agricultura y la ganadería se intensificaron; el sector turístico apostó por el volumen más que por el valor añadido, con una presión creciente sobre el territorio; y los impactos de otras actividades, como la minería en las sierras cercanas, fueron acumulándose.

El resultado fue un colapso multicausal. A partir de la década de 1960, el Mar Menor pasó a verse —en palabras de Teresa Vicente— “como un vertedero y como una fuente de beneficios”.

Colapso multicausal del Mar Menor.

Teresa Vicente, catedrática de Filosofía del Derecho, es precisamente una de las figuras clave en esta historia. Lideró una iniciativa popular sin precedentes, respaldada por 640.000 firmas, para dotar al Mar Menor de personalidad jurídica. La iniciativa dio lugar a una ley pionera en Europa: por primera vez, un ecosistema obtenía derechos propios reconocidos en el ordenamiento jurídico. El cambio era conceptual. El Mar Menor dejaba de ser únicamente un objeto de protección ambiental para convertirse en un sujeto de derechos: derecho a existir, a evolucionar de forma natural, a ser protegido, conservado y restaurado.

El Mar Menor, la laguna española contaminada que se defiende en los tribunales.

Este hecho histórico es un referente por múltiples razones. Fue el primer proceso de este tipo en Europa y, además, nació directamente desde la ciudadanía y no de partidos políticos. La iniciativa ha tenido un fuerte reconocimiento internacional: la ONU lo ha reconocido como uno de los World Restoration Flagships, Teresa Vicente recibió el Premio Goldman, considerado el Nobel ambiental, y el caso ha servido de inspiración para otras iniciativas, como la del río Tins en Galicia o el creciente interés en ecosistemas como el Manzanares, la Albufera de Valencia, el Delta del Ebro o Doñana.

Situación actual: la personalidad jurídica en práctica

Lejos de ser el final del camino, la personalidad jurídica del Mar Menor es el inicio de un intento de curar un ecosistema en estado crítico. La ley fue ratificada por el Tribunal Constitucional frente a la oposición de algunos partidos, y hoy el Mar Menor tiene NIF, cuenta bancaria y una estructura de gobernanza compuesta por tres órganos: un Comité de Representantes, una Comisión de Seguimiento —los “guardianes”— y un Comité Científico. La ley establece que cualquier vulneración de sus derechos puede generar responsabilidad penal, civil, ambiental y administrativa.

Esto ya no es teórico. El Mar Menor, a través de sus representantes, ha comenzado a personarse en procedimientos judiciales, por ejemplo frente a daños derivados de vertidos.

El Mar Menor, la laguna española contaminada que se defiende en los tribunales.

En paralelo, se ha puesto en marcha el Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor, con un presupuesto de 675 millones de euros. Entre sus medidas destacan la creación de un cinturón verde alrededor de la laguna, el cierre de miles de hectáreas de regadío ilegal, la restauración de ecosistemas en la cuenca vertiente o el replanteamiento de ciertas infraestructuras, como puertos.

Sin embargo, las tensiones persisten. Teresa Vicente ha dimitido como Tutora del Mar Menor, denunciando obstáculos y fricciones con las administraciones estatal y autonómica, a las que acusa de priorizar sus propios intereses frente a la defensa del ecosistema.

Y, mientras tanto, ¿cómo está la laguna en 2026? El Mar Menor sigue enfermo. No se han repetido episodios como el de 2019, pero, por ejemplo, en octubre de 2025 se produjo un nuevo episodio de anoxia, breve pero intenso, tras la dana Alice. La propia Teresa Vicente lamenta que “en una zona semidesértica donde la lluvia debería ser motivo de celebración, la dana nos hace temblar, porque arrastra (los fertilizantes de) la agricultura intensiva y los purines de la ganadería hacia la laguna, lo que unido a otros factores como el calor provoca de nuevo la anoxia”.

Abrazo al Mar Menor.

El Mar Menor: entre esperanzas y tensiones

El caso del Mar Menor es muchas cosas a la vez. Es, en primer lugar, un precedente ambiental y económico. Durante años, los impactos sobre el ecosistema fueron tratados como externalidades o problemas del futuro. Hasta que dejaron de serlo. Cuando el desequilibrio del ecosistema se materializó, el propio modelo económico que lo causó quedó gravemente afectado: el valor de los activos turísticos ha disminuido significativamente, la actividad pesquera se ha visto mermada y la agricultura intensiva junto a la laguna se ha prohibido. Esto muestra que la necesidad de un equilibrio entre economía y naturaleza ha dejado de ser una cuestión teórica, y puede prepararnos para afrontar otras crisis ambientales.

Es también un precedente de ciudadanía. En un contexto de polarización política, más de 640.000 personas se pusieron de acuerdo para defender un bien común, algo que parece inverosímil hoy en día. Esto muestra que los ciudadanos, más allá de los colores políticos con los que se identifican, pueden encontrar espacios de entendimiento y cooperar.

Es, además, un precedente jurídico y de gobernanza. El Mar Menor ya tiene derechos. Pero esto abre una tensión inevitable: sigue sin tener una voz propia y está representado por un grupo de humanos. Y esos humanos tienen intereses e incentivos distintos. Algunos priorizan la protección del capital natural a toda costa; otros, objetivos económicos o políticos. La gobernanza del medioambiente será un espacio de tensión constante, como refleja la dimisión de la líder de este movimiento por la percepción de intereses en las administraciones que van más allá de la protección de la laguna. Sin embargo, esas mismas administraciones, criticadas por defender “lo suyo”, son también las estructuras democráticas que representan la voz de la ciudadanía en ese proceso.

Para mí, el Mar Menor refleja que nada es simple y me enfrenta a varios sentimientos a la vez. El colapso ambiental fue devastador. La reacción ciudadana fue extraordinaria. La innovación jurídica es histórica. Su implementación es compleja. Y el futuro sigue abierto. Este caso puede extrapolarse a otros de los grandes problemas de nuestro tiempo donde conviven el bien y el mal, y la esperanza y las tensiones.

Cierro este artículo con una reflexión del Tribunal Supremo de 1990 citada en la propia ley de personalidad jurídica del Mar Menor: “La diferenciación entre males que afectan a la salud de las personas y riesgos que dañan otras especies animales o vegetales y el medio ambiente se debe, en gran medida, a que el hombre no se siente parte de la naturaleza sino como una fuerza externa destinada a dominarla o conquistarla para ponerla a su servicio. Conviene recordar que la naturaleza no admite un uso ilimitado y que constituye un capital natural que debe ser protegido”.

Fuente: El Salto

PreZero proyecta una planta de biogás que procesará residuos animales junto a la Rambla Salada – Cañada Hermosa en Murcia

 

 Por Rosa Roda  

      Periodista murciana.

La planta procesará 67.000 toneladas anuales de purines, lodos, subproductos animales y residuos industriales. El agua residual tratada se verterá directamente en la Rambla Salada, un cauce natural sensible

En una explanada entre la Rambla Salada y la autovía RM-15, en el norte del término municipal de Murcia, la empresa PreZero proyecta una instalación industrial de gran envergadura. Su nombre, CH4 Green Gas, alude al metano que se extraerá del tratamiento de residuos orgánicos mediante digestión anaerobia.

La planta se proyecta en la parcela catastral 36 del polígono 81, ubicada en la zona de Venta Mendoza, en el norte del municipio de Murcia. Esta ubicación se sitúa a 7,5 km de Alcantarilla y de la pedanía murciana de Javalí Nuevo. Al tratarse de una actividad de alta incidencia ambiental, debe situarse según el PGOU con una separación mínima de 2.000 metros.

En las inmediaciones de la parcela existen viviendas dispersas y explotaciones agrícolas, algunas de las cuales se encuentran a menos de 1 kilómetro de la ubicación prevista para la planta. Esta proximidad podría generar inquietudes entre los residentes locales debido a posibles impactos relacionados con olores, tráfico de camiones y emisiones.

La planta CH4 Green Gas se ubicará en una parcela rústica de uso principal agrario, clasificada urbanísticamente como suelo urbanizable no sectorizado. La parcela tiene una superficie de 68.112 m2.

Para poder implantar la actividad en esta localización, PreZero ha iniciado el trámite de autorización excepcional por interés público, en virtud de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, ya que el suelo urbanizable sin sectorizar no permite automáticamente el uso industrial sin esta figura legal.

Además, la parcela se encuentra cerca de la Rambla Salada, un cauce natural que ha sido objeto de preocupación en el pasado por episodios de contaminación. La descarga de aguas tratadas en este cauce, aunque cumpla con la normativa vigente, podría ser motivo de debate y rechazo.

67.000 toneladas anuales de residuos

La planta se presenta como un complejo multifuncional: producción de biometano, gestión de residuos orgánicos, centro de transferencia de residuos peligrosos y valorización de materiales industriales. En conjunto, una capacidad superior a las 67.000 toneladas anuales de residuos. La cifra, por sí sola, ya da pistas de su impacto.

Desde la empresa aseguran que la instalación está pensada con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. Incluirá placas solares, sistema propio de depuración de aguas y procesos de separación sólido-líquido para aplicar únicamente los restos estabilizados a campos agrícolas. Pero ese tipo de afirmaciones técnicas no suelen calmar a los vecinos cuando la palabra “purines” aparece en el proyecto.

Entre los residuos previstos que tratará la plata están estiércoles, purines, lodos industriales, restos de pescado, frutas, residuos SANDACH (subproductos Animales No Destinados al Consumo Humano), aceites usados, medicamentos caducados, pinturas, disolventes, aparatos eléctricos y una larga lista de subproductos industriales. Muchos de ellos con potencial para emitir olores, atraer vectores o implicar riesgos si no se gestionan con precisión.

Que vaya a tratar residuos SANDACH obliga legalmente a la planta a incorporar una unidad de pasteurización o higienización.

Ruido, olores y residuos: los efectos colaterales de la planta CH4 Green Gas

Aunque la documentación presentada por PreZero defiende que el proyecto se ha diseñado con criterios de eficiencia ambiental, los informes técnicos advierten de una serie de impactos inevitables que afectan al aire, el agua, el suelo, el paisaje y, por extensión, a la calidad de vida en su entorno.

Uno de los vectores más sensibles es el aire. La actividad prevista en la planta —recepción, manipulación y tratamiento de purines, estiércoles, residuos alimentarios, lodos y subproductos animales— conlleva emisiones atmosféricas tanto difusas como canalizadas. Aunque se instalarán biofiltros, la empresa reconoce que podrían producirse escapes de olores, sobre todo durante las fases de carga y descarga de residuos orgánicos. También se instalará una antorcha para la quema de biogás excedente o de mala calidad, lo que implica emisión directa de gases a la atmósfera.

En cuanto al ruido, el movimiento constante de camiones, las operaciones de descarga y la maquinaria de trituración, mezcla y compactación generarán un entorno acústico industrial. Algunos de los equipos que se utilizarán —según reconoce la propia documentación— pueden alcanzar hasta 140 decibelios, niveles equivalentes al despegue de un avión. El estudio acústico definitivo queda pendiente de elaboración.

El impacto sobre el suelo y las aguas es otro de los frentes críticos. La planta tratará residuos líquidos, y el agua residual resultante será vertida a la Rambla Salada tras su paso por una depuradora interna. Se estima que tratará 33.094 m3 anuales. Aunque el sistema de depuración propuesto cumple con la normativa vigente, el riesgo de filtraciones, vertidos accidentales o fallos en el proceso existe, y su repercusión en un entorno agrario y próximo a acuíferos debe valorarse con detenimiento.

Según la documentación presentada por PreZero, las aguas que llegarán a la Rambla Salada serán el resultado de varios procesos: fracción líquida separada de residuos agrícolas, ganaderos e industriales, aguas de limpieza de naves, equipos y playas de descarga, aguas del lavadero y camiones y aguas pluviales.

El proyecto también transformará el paisaje. Donde ahora hay terreno agrícola o semiurbano, pasará a haber una instalación industrial visible desde la carretera, con naves, depósitos, silos y circulación continua de vehículos pesados. Se ha previsto un cinturón vegetal para atenuar el impacto visual, pero el cambio será notorio para quien vive o trabaja en el entorno inmediato.

El riesgo de explosión también está previsto, pero considerado bajo, con mecanismos de contención como antorchas, sistemas de ventilación y ausencia de almacenamiento prolongado de biogás. No obstante, se reconoce que cualquier parada no controlada del sistema puede generar situaciones en las que el biogás debe ser eliminado de forma segura.

Por último, aunque no es un impacto “natural” en sentido estricto, los redactores del estudio reconocen un factor que muchas veces se pasa por alto: el rechazo social. Las plantas que tratan residuos ganaderos o industriales no suelen contar con apoyo ciudadano cuando se instalan cerca de viviendas o campos de cultivo, por la imagen negativa que proyectan y por los riesgos -reales o percibidos- que asocian los vecinos a estas instalaciones.

El proyecto aún no está aprobado. La Dirección General de Medio Ambiente ha solicitado a la empresa una subsanación de varios aspectos técnicos y todavía debe decidir si se tramita como evaluación ambiental simplificada —como solicita PreZero— o como evaluación ordinaria, que implicaría un estudio de impacto más detallado y un periodo de alegaciones más abierto. Mientras la tramitación avanza, la planta de CH4 Green Gas permanece sobre plano.

Sobre PreZero

PreZero, en colaboración con Hera, gestiona los residuos domésticos de 35 municipios de la Región de Murcia. Esta labor incluye el transporte, separación y tratamiento de los residuos, con el objetivo de reciclarlos y darles un nuevo uso. El contrato, por importe de 67,7 millones de euros, tiene una duración de dos años, prorrogable por uno más y se lo adjudicó el Consorcio de Residuos de la Región de Murcia.

Fuente: RRNEWS

Contra las plantas de biogás: advertencia al vecinismo ingenuo

 

 Por Pedro Costa Morata   

      Ingeniero, periodista y politólogo. Ha sido profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

He de reconocer la redacción elegante, moderada y ajustada del comunicado de la Coordinadora de Plataformas Stop Biogás de la Región de Murcia, así como el esfuerzo de sus representantes, cumplido en tiempo récord, por juntarse y ponerse de acuerdo sobre ese texto Y como supongo también la sintonía sobre el método, al menos general, del combate al que se lanzan, me apremia el deber de hacer algún comentario al respecto, que me brota de la experiencia y que quiero orientar para el mejor y más redondo éxito de la campaña.

En primer lugar, me he preguntado si la calificación de las plataformas como “apartidistas” pretende algo más que negarle la dirección de su actividad a los partidos políticos y sus líderes, lo que aparte de ser prudente, es la costumbre. Porque si apartidistas quiere decir apolíticas, que espero que no, me vería obligado a dudar de la idea que tengan de la política sus redactores.

A estas alturas me parecería banal decir que las plataformas vecinales están en primera línea de la política, tanto por el carácter de sus luchas como por sus objetivos (si estos son “completos y acertados”, claro), pero el repetido interés “apartidista” que veo en comunicados o manifiestos de parecida índole me alarman porque lo que muestran es en realidad una extraña, además de inoportuna, ignorancia hacia lo que es -y debe ser- la política. Este asunto, el de las plantas de biogás, exige una intensa politización de fines y métodos, y quien quiera ignorarlo -o boicotear las medidas y actitudes profundamente políticas que exige- están contraviniendo lo mejor de la tradición reivindicativa del movimiento vecinal (y también, por supuesto, del ecologista), poniendo en serio riesgo los resultados de la ofensiva.

Muestro, pues, mi preocupación de que, en una región de voto mayoritario conservador, esta “advertencia” apartidista/apolítica resulte un éxito de líderes derechistas, o al menos de vecinos que se alinean con el bloque PP-Vox. Porque es verdad que las ideas quiebran -si bien temporalmente- cuando se siente una amenaza directa que hay que conjurar enfrentándose a unos dirigentes políticos de la misma cuerda ideológica, pero la protesta, la reivindicación y la crítica fundamental al poder y sus decisiones, o alianzas, con proyectos detestables es de izquierdas y solo de izquierdas (por supuesto que hay muchos ciudadanos que, pese a ser de izquierdas de corazón y estómago, lo ignoran en su pensamiento y mente, y que al reconocer esto en muchos casos experimentan una -absurda- repulsa hacia su educación, su familia y su propia historia personal). Que las luchas vecinales siempre han sido escuela y expresión de política de calidad, o sea, de la intervención ciudadana, directa y expresa, en la cosa pública, imponiéndose legítima e incuestionablemente al poder instalado.

Llamo la atención, en segundo lugar, sobre la inclusión entre los fines de estas plataformas de “promover alternativas sostenibles” y “colaborar con las administraciones”, como indudables muestras de ingenuidad e inexperiencia que pueden llevar -si se tomaran en serio- a la más limpia ineficacia. Lo de “proponer alternativas” es el típico reflejo naif de estas plataformas que esperan, con ese rasgo de “buena voluntad”, obtener respuestas favorables desde el poder político y las administraciones, lo que carece de fundamento. Y por lo que respecta a “colaborar con las administraciones públicas”, esto es ignorar que es muy raro que tales administraciones vayan a pedir colaboración a los vecinos para nada, tan sobrados se sienten, políticos y funcionarios, de sus derechos y capacidades; como no sea, claro, con la perversa intención de hacer partícipes a los ciudadanos de alguna tropelía hacia la que se dirigen y a la que no quieren renunciar, buscando extender una responsabilidad que solo a ellas correspondería. Estas son actitudes que quieren eludir la radicalidad, creyendo que esto favorece los objetivos de una lucha que no debe ocultar su dureza.

Manifestantes de Stop Biogás Mar Menor contra la planta de biogás en El Mirador (San Javier) el pasado 29 de diciembre.

Continúo con esta revisión redaccional de la comunicación de las Plataformas -que nadie debiera tomar como hostil, sino como aportación en pos de la eficacia- poniendo de manifiesto lo que considero como tres errores adicionales. El primero es oponerse a estas plantas “hasta que no se desarrolle una adecuada normativa”, porque eso es mucho confiar en que una normativa futura vaya a ser favorable y pueda convertir en innecesaria la movilización; es, también, renunciar a los principios profundos de esta guerra, que no puede anular la legislación. El segundo es que se anuncia esa oposición a las plantas “que puedan perjudicar la salud, el futuro y el desarrollo de las localidades” afectadas, mostrando un punto flaco evidente, y sobre todo peligroso: cuando la Declaración de Impacto Ambiental diga de alguna de estas plantas que no influye negativamente ni perjudica a la salud, el futuro o el desarrollo, ¿van a “desarmarse” estos vecinos en lucha y sentirse tranquilizados por esa decisión administrativa? Y el tercero es lo de “oponerse a la construcción de megaplantas” de biogás y biometano, que deja en el aire la definición del umbral entre planta y megaplanta, o entre esta y “miniplanta”, resultando esta precisión más peligrosa que absurda.

Distribución inicial de los proyectos y plantas de biogás en la Región de Murcia. (Sin actualizar. No figura la de Mula, p.ej.).

Con respecto a esta cuestión del tamaño habría que subrayar que, si se consideran aceptables las “miniplantas”, estas deberán recaer cobre las propias granjas porcinas -principal fuente de materia prima para la obtención de gas- ya que estas instalaciones deberían ser limpias y presentar un balance ambiental de impacto cero. Esto implica además el importante resultado de que el negocio del porcino se encarecerá notablemente, lo que frenará el “impulso natural” de los empresarios codiciosos, estos que viven su agosto desde hace años, al tiempo que hacen de su capa un sayo.

Lo que nos lleva -y supongo que es lo que subyace en el origen y la discusión de estas plataformas- a la crítica a fondo del modelo agrario, que es de lo que se trata si es que de verdad se quiere, en serio, encarar el problema. Porque el sarampión de plantas de biogás en la región persigue convertir en negocio atractivo para la industria lo que es un coste directo de producción ganadera intensiva, que debe ser resuelto y absorbido en cada unidad productora de purines (o de otros residuos aptos para la digestión anaerobia). Es un nuevo negocio, típico de este tiempo de ladina conversión en actividad crematística del acelerado problema ambiental del planeta, y aparece como consecuencia directa de la proliferación, sin medida, orden o control, de las granjas porcinas. Sin el necesario ejercicio, serio y profundo, de crítica radical a este modelo agrario que envilece la región entera, las movilizaciones no dejarán de ser algaradas de vecinos tocados en sus intereses personales o familiares lo que, siendo legítimo, resulta pobre y excluye la pedagogía y el avance en la cultura ciudadana y la sensibilidad ecológica, que es misión necesaria e irrenunciable de este movimiento.

Esquema del funcionamiento de una planta de biogás.

Y de este enfoque, el correcto, hostil a la multiplicación de focos de marranería y molestias, llegamos a la muy importante cuestión, que el comunicado al que me vengo refiriendo plantea, que viene de la alusión textual, como objeto de oposición, a las “plantas cercanas a las poblaciones”. Lo que parece ignorar que, a la hora de la verdad, el problema al que hay que atacar es ambiental, lo que siempre significa “global”, y que afecta tanto a las personas y poblaciones como a la naturaleza en sí y en su omnipresencia. Restringir el interés y la restricción a la proximidad a los humanos es un gesto antropocéntrico, equivocado y hasta demodé. No: la actitud correcta, social, política y ética, es oponerse a todas las plantas allá donde se proyecten, sea el medio urbano, sea el rural.

Y como señalamiento final, que quede claro que en esta guerra, como en tantas otras de rechazo a industrias nocivas surgidas por sorpresa y sin justificación de fondo, el objetivo básico y prioritario a atacar son los alcaldes respectivos, como responsables directos e inexcusables del bienestar de sus conciudadanos. Se comprueba una y otra vez que los alcaldes, ante un problema como el que nos ocupa, responden de forma extraordinariamente uniforme: primero, se muestran encantados con el proyecto, que suelen hacer suyo para apropiarse el mérito de los “grandes beneficios” que van a aportar al pueblo; luego, cuando despuntan las primeras críticas, les falta tiempo para decir que carecen de competencias, y que las protestas se han de dirigir a las administraciones regional o estatal; y cuando se ven realmente comprometidos y sin escapatoria administrativa (y no digamos ética), se avienen a las concesiones, a rastras y con cuentagotas, tratando siempre de ganar tiempo esperando que los vecinos se contenten, se aburran o pierdan fuelle; con el fin último, que no abandonan, de que el proyecto avance, se abra paso y llegue al estado de hecho consumado (y quedar bien con las empresas que los engatusan y pervierten, a lo que se suelen dejar, como mecanismo personal y político instintivo, casi siempre a la primera).

De ahí que no haya que tener consideración alguna hacia esos alcaldes que se resisten a escuchar a los vecinos considerándolos menores de edad; o afirmándose a sí mismos en el carácter democrático-electoral que les ha subido en el burro sin interesarse por entender que su legitimidad democrática trasciende al día electoral de cada cuatro años, y que han de demostrarla, y ganársela, día a día, estando a las duras y las maduras. Mirando hacia atrás (lo que siempre ilustra), es de observar que, en contraste con los de ahora, aquellos alcaldes de otro tiempo, no elegidos sino nombrados por los gobernadores civiles, carecían de legitimidad democrática (como el régimen entero, vaya), pero eran muy sensibles al tumulto y la agitación (como el régimen entero, por cierto), y claudicaban ante los vecinos sin llevar su resistencia al extremo y expresando frecuentemente adhesión y solidaridad, una vez vencidos los primeros escrúpulos y miedos políticos (estoy recordando la lucha antinuclear y sus numerosos ejemplos en toda España).

Y deberá ponerse el énfasis en el debate libre y público, y arrancar de los alcaldes que lo aprueben y lo convoquen, estando presentes a ser posible; lo que debe ir seguido de una consulta al pueblo. Todo ello, como digno y oportuno ejercicio de democracia directa, y a esto no se pueden negar los alcaldes, salvo que no les importe incurrir en felonía: se trata de que el Pleno municipal diga no. Así que en el caso de las plantas de biogás los objetivos a batir han de ser en primer lugar los alcaldes y las corporaciones municipales, presionando e introduciendo la división entre sus grupos y miembros; en segundo lugar, las Consejerías de Industria y Agricultura, así como las de Sanidad y Medio Ambiente; sin olvidar nunca a la CHS, ya que si no hay concesión de aguas no puede haber planta, salvo que sus promotores se decidan por la clandestinidad y la ilegalidad flagrante (y a esto, los vecinos han de estar muy atentos, ya que la CHS difícilmente va a ir en contra de las empresas, acostumbrada como está a mirar hacia otro lado).

Y, atención: no se deberá caer, en ningún caso, en creer y esperar el respaldo de la ley, es decir, en confiar en los recursos administrativos tras las aprobaciones oficiales pertinentes. Este es el defecto en el que incurren, por ejemplo, la organización Ecologistas en Acción, convertida en incomprensible agencia expendedora de alegaciones y denuncias e instalada en un cómodo “ciberecologismo” que abandona el tajo y la trinchera. Esta lucha, como tantas otras, debe estructurarse en torno a un no tajante y vigoroso, fundado e innegociable; es decir, en un rechazo que contenga cuanto de profundo e intensamente social posee la razón cívica y ecológica cuando se expresa al modo radical. Todo lo cual queda muy lejos de alinearse con ese eslogan desgraciado del “Biogás sí, pero no así”, en mala hora copiado del esgrimido en el -tardío, culpable- enfrentamiento con las energías renovables por parte de grupos y plataformas ciudadanas o ecologistas, que no han entendido nada de lo que son y pretenden resolver esas energías, ni de dónde vienen ni por qué han sido promovidas de pronto y masivamente.

Que hay que aprender -y actuar en consecuencia- de las luchas del pasado y de los errores del presente.

Biometano: ¿gas renovable o nuevo error?

 

 Por Antonio Jorge San Vicente  

      Integrante de Ecologistas en Acción de la Manchuela (Cuenca y Albacete).

“Es sorprendente cómo hemos llegado a abrazar la idea de que todo es posible y que no existe ningún problema, que la tecnología no pueda resolver sin efectos secundarios. Que lo normal es que la naturaleza está puesta ahí por Dios para proveer todas nuestras demandas. Y sí, siempre sin efectos secundarios”

     Como sucede desde hace tiempo, venimos asistiendo a un goteo puntual en que los diferentes medios dan publicidad a nuevos proyectos de biometano por toda la geografía mediante artículos que tienen mucho de publirreportaje y poco de investigación. Llevados por el discurso dominante, que está en manos del que mayor poder económico ostenta, se hacen eco de reducciones de emisión estratosféricas según las cifras proporcionadas por las empresas, de inversiones mil millonarias, que por lo que sea resultan terriblemente atractivas para los lectores dando cuenta de nuestra fascinación por las cifras grandes, sobre todo de dinero.

Planta de biometano.

Siguen hablando de economía circular, de aportaciones de miles de toneladas de digestato que resultan ser maravillosos fertilizantes que van a resolver el problema de empobrecimiento de nuestros suelos fruto de la ruptura del balance N/P, de destrucción de la microdiversidad de hongos y bacterias, del envenenamiento con fitotóxicos y con plásticos.

Y como siempre… La solución a esto tiene que pasar por ganar dinero , alguien tiene que ganar dinero. Revertir la situación de nuestros suelos conlleva sin ninguna duda a un cambio de las prácticas agrícolas, que como el resto de actividades económicas se han visto abocadas a la reducción de costes y al aumento de la producción a cualquier precio. Son las reglas del sistema económico.

Protesta contra la planta de biogás en Fuentealbilla.

Pretender ahora que unas bacterias nos van a reparar todos los daños bioquímicos que hemos infligido e infligimos a nuestro suelo en nuestra manera de producir comida, suena más a quimera que a realidad. La formación del suelo es un proceso largo y complejo, que se mide en escala geológica

La economía es un sistema complejo, pero que funciona con una serie de reglas fijas. Se asemeja bastante a un modelo computacional llamado “autómata celular” que consiste en un modelo matemático para un sistema dinámico que evoluciona en pasos discretos. Es adecuado para modelar sistemas naturales que puedan ser descritos como una colección masiva de objetos simples que interactúen localmente unos con otros. En este caso de un autómata celular de clase uno que lleva a un estado homogéneo perdiendo la aleatoriedad del estado inicial. En definitiva, con unas reglas definidas se llega a un estado final. Lo que está sucediendo no es un accidente aleatorio, sino que tiene una causalidad bastante definida. Si aplicamos las mismas reglas para solucionar un problema que las reglas que lo han producido, el problema se acrecentará.

Esto venía a cuento de una de las soluciones que según las empresas, nos va a proporcionar el biogás, entre ellas la de los suelos. Pretender ahora que unas bacterias nos van a reparar todos los daños bioquímicos que hemos infligido e infligimos a nuestro suelo en nuestra manera de producir comida, suena más a quimera que a realidad. La formación del suelo es un proceso largo y complejo, que se mide en escala geológica. Tan solo un centímetro de la capa superficial del suelo puede tardar entre 100 y 1.000 años en producirse y es fruto de complejos procesos e interacciones entre minerales, microorganismos y hongos.

Por esto, su conservación es esencial para la seguridad alimentaria, el mantenimiento de los ecosistemas y un futuro sostenible. Según Elizabeth Solleiro Rebolledo, investigadora del Instituto de Geología (IGL) de la UNAM, aunque tarda cientos o miles de años en formarse –dependiendo de condiciones geoquímicas, climáticas y geográficas, entre otras— es un recurso frágil que puede destruirse en apenas una generación humana. El digestato proviene en su tramo final de la industria agroalimentaria que está en el origen de la destrucción del suelo. Con lo cual, más que verlo como una solución, deberíamos verlo como el origen del problema más profundo.

Macrogranja de Caparroso, en Navarra.

Las reglas de nuestro sistema económico están llevando a la concentración de la propiedad, la optimización de la producción a través de la degradación del suelo, al uso de cada vez más energía para el mantenimiento de la competitividad, a la concentración de las empresas del sector agro ganadero que van quedando reducidas a unos pocos actores, y a la expulsión de casi toda la población del medio rural. Nuestro sistema de producción de alimentos nos está llevando a la destrucción de la España interior . Pero según nos venden ahora, toda la población del éxodo volverá cuando se pongan plantas de biogás y aumente el número de granjas de porcino. “Fijación de población” lo llaman.

Las grandes compañías tras esta tecnología asocian inmediatamente sus proyectos, en una operación de marketing muy bien diseñada, aparte de a la citada solución magnífica a los suelos, a unas reducciones brutales de dióxido de carbono, por ejemplo MOEVE, la compañía que se avergüenza de ser una petrolera y por eso se cambió de nombre, habla de 30 nuevas plantas y… ¡Tachiiiiín! Habla de la reducción de 728.000 toneladas de CO₂ (anuales), la plantación de 48,5 millones de árboles (anuales).

Vayamos, pues, con la cuestión de los árboles, este número de árboles, a 200 individuos por hectárea nos daría 242.000 hectáreas. No proporciona el artículo datos de cuanta es la cantidad de CO₂ capturada por un árbol, de qué tipo de árbol se trata ni de qué vida media estima para el árbol, los lectores no merecen esta consideración, pero de sus cálculos, y si dividimos el CO₂ supuestamente no emitido por el número de árboles expresado, nos sale que cada árbol ha capturado 15 kilos de CO₂ al año. Hablamos de 2.420 Km², como una provincia del país vasco.

No sé a ustedes, pero yo preferiría ver esta extensión plantada en lugar de 2 Has de planta de biogás.

Pero… si hablamos de una reducción, tendremos que decir respecto a qué estoy reduciendo, ya que si no la reducción no nos dice absolutamente nada. Si yo reduzco mi huella de carbono en 20 kilos diarios sobre 200 kilos de emisiones normales, estoy reduciendo mis emisiones en un 10%. Si reduzco un kilo sobre dos de emisiones normales, estoy reduciendo en un 50%. Como lo que interesa no es la cifra, sino la relación con la cantidad de referencia. Por lo tanto, reducir 728.000 toneladas parece una cantidad ingente. Pero pongamos por caso que esta reducción se está produciendo sobre 7.280.000 de toneladas, resultaría que estoy reduciendo solo un 10 por ciento, realmente poco, pero eso es lo que está sucediendo de hecho.

El truco de prestidigitación consiste en darnos solo la cantidad reducida pero ocultándonos sobre qué cantidad de emisiones. ¿Y cómo se hace eso?

Claro, todos sabemos que esta cantidad de emisiones se refiere exclusivamente a las que nos ahorramos si en lugar de consumir gas natural fósil consumimos biometano y si consideramos que dicho biometano tiene huella cero o negativa.

Pero la pregunta que siempre lanzo: ¿Qué pasaría si la producción de ese biometano no tuviera huella cero o negativa? Pues que tendríamos que hablar del porcentaje de reducciones respecto a todo el ciclo del gas supuestamente “renovable”, que abarca desde el comienzo de cada una de las actividades que genera el variopinto surtido de residuos de la planta. No lo olvidemos, la energía solar y el viento fluyen continuamente, pero los residuos no aparecen por generación espontánea. Hasta donde sé, los residuos los produce la actividad humana y no un ente extracorpóreo. Y los produce a través de muchos complejos procesos que requieren mucha energía. Pensemos por un momento en los restos de la bollería industrial, o los restos animales que no se pueden comercializar.

Están intentando convencernos de que las soluciones solo nos las pueden ofrecer ell@s, que debemos fiarnos de sus avances tecnológicos que son capaces de encontrar solución a todo, de que su interés en la expansión de esta tecnología radica solo en su preocupación por descarbonizar la economía, y que estas plantas son totalmente necesarias y beneficiosas, solo es cuestión de una inversión suficiente por parte de los que pueden hacerla, las grandes empresas.

Es tal el volumen de negocio que están oliendo, que solo cinco de los tiburones que están operando en él: Enagás, Repsol, Moeve, Ence y Naturgy afirman tener proyectos que ya coparían los 20 Tw que el PNIEC lanzaba como meta para el 2030. Es tanto el impulso, tanta la presión, que están recibiendo todo el apoyo de Europa y de los diferentes gobiernos regionales. Es más que previsible que con la falta de regulación, todas las perspectivas de crecimiento se quedarán cortas. También los fondos han desviado sus ojos de un mercado que está saturado como el de la eólica y fotovoltaica a otro mucho más seguro, el de los residuos y el biometano. Mientras la rentabilidad de las renovables clásicas a veces cae en picado, el gas se mantiene como apuesta segura. No es extraño, pues, el desbordamiento que se está produciendo ni el malestar e impotencia de municipios y plataformas enfrentándose de manera desigual tanto a las administraciones como a las empresas.

Pero detrás de toda esta tormenta, es fácil intuir que algo raro está pasando, en un sistema extractivista como el nuestro, mientras los recursos son abundantes en materia y energía, nadie hace demasiado caso a los residuos que se generan. Es como cuando exprimimos una naranja para obtener el jugo, nadie hace caso a la pulpa ni a la piel. Pero cuando ya no obtengo tanto jugo y las naranjas escasean, me planteo como podría obtener algo de lo que he desechado. Esto me sugiere, que detrás de todo este maremágnum biometanizador puede esconderse una crisis más profunda. Cuando el sistema necesita obtener beneficio hasta de los desechos es porque teme por el futuro de sus beneficios, porque aunque no sea consciente, huele algo que no le gusta nada.

Pero si de algo no se puede esperar la más mínima piedad es de los grandes inversores es que se detengan y tomen conciencia, ellos van a lo que van, tienen necesidades y urgencias más perentorias.

Aunque las plantas afirman nacer sin intención de obtener financiación ni ayudas públicas, en sus círculos están totalmente convencidos de obtener bonificaciones e incluso ayudas a fondo perdido. Conocen perfectamente la desesperación de los gobiernos por sortear la recesión y garantizarse energía. Sus prioridades no son el medio ambiente ni la economía circular, pero saben perfectamente que ahora es un nicho de mercado dónde el beneficio está garantizado.

Todos parecen haber llegado a la conclusión que podemos seguir haciendo lo mismo, crecimiento económico, consumo de bienes, consumo casi ilimitado de energía y que simplemente con la introducción de nuevas formas de energía, entre las que se cuenta el biometano vamos a salir del atolladero en que andamos metidos. Que es posible alcanzar la neutralidad en carbono cambiando únicamente nuestras fuentes de energía.

Fuente: elDiario.es Castilla-La Mancha