La generalización del escaqueo y la deserción militar en Ucrania

 

 Por Rafael Poch-de-Feliu     

      Fue corresponsal de La Vanguardia en Moscú, Pekín y Berlín. Autor de varios libros; sobre el fin de la URSS, sobre la Rusia de Putin, sobre China, y un ensayo colectivo sobre la Alemania  de la eurocrisis.

     Uno de los actuales misterios de la guerra de Ucrania es el de cómo se sostiene su ejército, cómo es que aún no se ha desmoronado. Desde luego, la ayuda occidental es decisiva, pero teniendo en cuenta los enormes niveles de deserción que se registran y el generalizado escaqueo de la llamada a filas, hay que preguntarse cuanto tiempo podrá mantenerse en condiciones de una moral de combate cada vez más baja por acumulación de reveses y de un cambio muy significativo en la opinión pública. En dos años, los partidarios de un final negociado de la guerra han pasado del 27% al 69%, mientras que los partidarios de resistir “hasta la victoria” han disminuido del 63% al actual 24%.

Seis millones de hombres ucranianos han eludido el servicio militar por la vía de no actualizar sus datos de registro en 2024. Eso supone más de la mitad de los aproximadamente diez millones de hombres en edad militar. Oficialmente se han contabilizado 110.000 casos de deserción en la primera mitad de 2025 (en 2024 se abrieron 89.000 casos penales por ese motivo), lo que refleja un claro incremento del fenómeno. En enero fue noticia que una brigada entera de 1700 hombres formada en Francia, la 155 mecanizada, rimbombantemente bautizada como “Anna de Kíev” por la reina de Francia y esposa de Enrique I Ana Yaroslavna (S.XI), se volatizó con muchos de sus miembros huidos en Francia.

En las redes sociales se han visto miles de videos de lo que en Ucrania se conoce como “busificación”, es decir la detención callejera de jóvenes, y no tan jóvenes, que contra su voluntad son introducidos a la fuerza en vehículos, frecuentemente furgonetas no militares de camuflaje que impiden su reconocimiento previo, entre escenas violentas en las que muchas veces participan familiares y vecinos del detenido e incluso simples testigos anónimos del suceso. Desde agosto han trascendido por lo menos cuatro casos de “busificados” que murieron tras ser detenidos por los reclutadores.

Pese a que todo eso va claramente a peor, los medios de comunicación establecidos, particularmente los europeos muy apegados a la línea oficial de hacer sangrar a Rusia a costa de vidas ucranianas, apenas han informado de ello.En un país que en 1991, en el momento de la disolución de la URSS tenía 52 millones de habitantes, hoy quedan 28,7 millones, según el servicio estatal de emigración. La sangría es imparable. Últimamente el gobierno de Zelenski intenta ofrecer incentivos económicos y sociales a quienes se alisten, pero lo que, por lo menos de momento, funciona en Rusia, no está funcionando en Ucrania donde la mentalidad y disposición de la gente es diferente…

En este contexto llama la atención el raro artículo publicado sobre ese tema por Ukraínskaya Pravda el 5 de noviembre. Ukraínskaya Pravda mantiene cierta tensión con Zelenski y su influyente jefe de administración, Andrei Yermak, en el marco del “pluralismo corrupto” mediático característico del país y que tanto recuerda al de la Rusia de Yeltsin, lo que explica su apertura a un tema mayormente silenciado por los medios locales. Por su interés aquí va, traducido, el texto completo de su autora la periodista Angelina Strashkulich.

Cómo millones de hombres eluden su responsabilidad

Autora: Angelina Strashkulich (Ukrainskaya Pravda, 5 de noviembre: Мобилизация: сколько украинцев не обновили военно-учетные данные и как государство их ищет | Украинская правда).

A finales de junio de 2025, la policía detuvo a un hombre en edad de ser reclutado que circulaba a gran velocidad por el centro de Kiev. Al comprobar sus documentos, descubrieron que el infractor estaba buscado por no haber actualizado sus datos militares antes del 17 de julio de 2024, tal y como exigía la ley.

Los agentes de policía invitaron al hombre a acudir a uno de los centros territoriales de reclutamiento y apoyo social de Kiev para verificar la información.

Aceptó la invitación, pero por el camino decidió huir. Se montó una auténtica persecución: deportivo contra patrulla. El fugitivo recibió su «premio» con extras: multa, escolta al Centro territorial de reclutamiento (TCC), actualización de datos y citación para pasar el examen médico militar. Por la noche de ese mismo día regresó a casa. Hasta la fecha no se ha presentado ante la comisión médica militar. Se mudó a un complejo residencial cerrado en la capital. Desde entonces, intenta no cruzarse con la policía ni con los grupos de alerta del TCC. En una conversación con Ukraínskaya Pravda, el hombre explica sus acciones por «miedo a morir en la guerra».

Se desconoce con exactitud cuántos ucranianos en edad de prestar servicio militar están eludiendo actualmente el servicio. En respuesta a una solicitud de UP, el Mando de las Fuerzas Terrestres señaló que la divulgación de estas estadísticas supone una amenaza para la seguridad nacional de Ucrania.

En los últimos meses, han aparecido en los medios de comunicación informaciones sobre un millón y medio de personas que no han actualizado sus datos militares. Cuando una periodista de UP preguntó por esta cifra a un oficial del Ejército de Tierra familiarizado con los informes sobre la movilización, este solo murmuró: «Es una subestimación». Sin embargo, no reveló las estadísticas actuales. La única mención oficial del número de infractores se encuentra en la nota explicativa de la ley sobre la reducción del 50 % de las multas del Centro territorial de reclutamiento (TCC), que entró en vigor en abril de 2025. El documento señala que, durante 2024, más de seis millones (!) de personas sujetas al servicio militar no actualizaron sus datos en el TCC, o por los otros canales.

«El TCC suele movilizar a personas enfermas y débiles, porque cada mes hay que cerrar los planes de «movilización». La mayoría de estas personas nunca podrán cumplir eficazmente sus misiones de combate. Al mismo tiempo, tenemos ejércitos de exentos e insumisos sanos, se indigna durante una conversación con UP uno de los comandantes de brigada que se ocupa de los reclutas.

«Ukraínska Pravda» investigó por qué en Ucrania no se busca a los infractores del registro militar, cómo éstos logran eludir su responsabilidad y qué se puede hacer al respecto.

Por qué en Ucrania no se busca a los infractores del registro militar

Actualmente existen tres tipos de citaciones: para actualizar los datos del registro militar, para pasar el examen médico militar y «de combate». Los empleados de los centros territoriales de reclutamiento pueden entregarlas a los reclutas personalmente o enviarlas por correo.

El documento se considera entregado, incluso si el destinatario no lo ha recibido, por ejemplo, porque no vive en la dirección indicada en la carta. El hecho es que los centros territoriales de reclutamiento envían la citación a la dirección de residencia que figura en el registro «Oberig». La base de datos del servicio se alimenta de diversos registros estatales, desde los servicios fiscales y fronterizos hasta los registros civiles. «Oberig» también almacena la información que los jóvenes facilitan al inscribirse en el registro militar a los 17 años. Antes del inicio de la guerra, algunos ignoraban este procedimiento. Pero a finales de septiembre de 2025, los funcionarios del Gobierno tomaron la decisión de inscribir automáticamente en el registro militar a todos los hombres de entre 25 y 60 años que aún no lo hubieran hecho, utilizando la información de los registros estatales.

Ukraínska Pravda se dirigió al Ministerio de Defensa con una solicitud sobre el número de ciudadanos que se habían inscrito desde la entrada en vigor de este mecanismo. El Ministerio de Defensa respondió que se trataba de información oficial que «no podía divulgarse, ya que podía perjudicar la capacidad de defensa del Estado».

Iryna Friz, miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa, explica a UP que los infractores del registro militar pueden permanecer durante un tiempo en una «zona gris», es decir, ser invisibles para el Centro territorial de reclutamiento – TCC. Esto es posible si no utilizan ningún servicio estatal o bancario y evitan encontrarse con la policía y los militares de los centros territoriales de reclutamiento.

«La tarea del TCC no es perseguir a los infractores, sino registrar los datos actualizados de todos los sujetos al servicio militar obligatorio, para que, en caso necesario, se pueda movilizar rápidamente a un número determinado de personas», explica el interlocutor de UP en el Estado Mayor.

Hay un único mecanismo legal para «buscar» a los infractores, afirma el abogado Volodymyr Romanchuk a UP. Los empleados del TCC redactan un acta de infracción administrativa y imponen al ciudadano una multa de entre 17 000 y 25 500 grivnas. Esto se aplica a la evasión de la actualización de datos y la realización del examen médico militar. A continuación, los militares transmiten la información a las fuerzas del orden, que pueden detener al sujeto y enviarlo al servicio militar. Según datos de OpenDataBot, los militares de los centros territoriales de reclutamiento impusieron más de 47 000 multas por infringir el registro militar entre enero y octubre de 2025. Durante el mismo periodo de 2024, se registraron más de 21 000 casos administrativos por infringir el registro militar. La mayoría de los multados este año son hombres de entre 25 y 45 años. Kiev encabeza la clasificación regional. Ante el enorme número de infractores, las estadísticas de multas por eludir la actualización de datos y pasar el examen médico militar parecen una gota en el océano.

Un interlocutor de UP entre los militares del TCC en el oeste de Ucrania admite extraoficialmente: «Hay muchos infractores y nosotros somos muy pocos. No podemos multar a todos los que no actualizan sus datos o no se someten al examen médico militar. Otra cosa es ignorar la convocatoria «de combate». Intentamos no pasar por alto estos casos».

Si un recluta no se presenta en el TCC el día de su envío al centro de entrenamiento, puede ser condenado a una pena de 3 a 5 años de cárcel.

Porque ya no se trata de una infracción administrativa, sino de un delito penal.

La Fiscalía General ha registrado más de 19 000 procedimientos por evasión de la movilización entre enero de 2022 y septiembre de 2025. Sin embargo, el número de personas condenadas por esta infracción es mucho menor. (Nota: Los datos sobre las sentencias de 2025 aún no se han contabilizado.).

Cómo los «insumisos» eluden su responsabilidad

Una tarde de julio, Elena, una vecina de Odesa, llamó en voz alta a su marido para cenar: «¡Igor, te espero en la cocina!». Durante las dos semanas siguientes, la pareja mantuvo un silencio total. Igor temía que los vecinos hubieran oído su nombre y llamaran al TCC. Lleva más de tres años sin trabajar y vive a costa de su esposa. Desde que el Parlamento aprobó la ley de movilización, no sale del apartamento ni siquiera al vestíbulo. Por eso, hasta ahora ha conseguido permanecer en la «zona gris» para el TCC.

Algunos de los «evasores» quieren evitar la movilización y seguir viviendo su vida habitual. El precio de la cuestión, por regla general, se mide en dólares.

Uno de los interlocutores de UP, que no había actualizado sus datos militares, se fue a principios de verano de vacaciones a los Cárpatos. Las vacaciones terminaron en el primer puesto de control al oeste de Ucrania, desde donde la policía llevó al infractor al centro territorial de reclutamiento.

«Tuve que pagar tres mil dólares solo para salir del TCC. No me quitaron de la lista de personas buscadas. No me dieron ninguna garantía de que no me detendrían en otro puesto de control. Tuve que volver a casa atravesando medio Ucrania por el campo», se queja en una conversación con UP.

En algunos casos, los empleados del TCC ofrecen a los infractores una gama más amplia de servicios corruptos. Por ejemplo, en julio de este año, las fuerzas del orden detuvieron al jefe del punto de reunión del Centro Territorial de Reclutamiento de la ciudad de Kiev mientras recibía un soborno de 3500 dólares. A cambio de ese dinero, prometió «ayudar» a retirar al infractor de la lista de personas buscadas en el centro de reclutamiento de Solomianka.

A mediados de septiembre, los servicios especiales y la policía anunciaron que sospechaban de soborno al jefe de una de las divisiones del centro de reclutamiento regional en Prikarpattia. Los empleados del SBU (servicio secreto) y la Policía Nacional detuvieron al funcionario cuando recibía mil dólares de un hombre que estaba buscado por no tener cartilla militar y no haber actualizado sus datos. El empleado del TCC prometió al infractor organizar una comisión médica, hacerle el carné militar y expedirle un certificado de discapacidad del grupo III para aplazar la movilización.

También existen métodos legales para eludir el servicio y evitar la responsabilidad.

«Encontrar un trabajo con reserva oficial, conseguir un puesto de trabajador civil en las Fuerzas Armadas, ingresar en la universidad», explica a UP el jefe analítico de la organización “Вернись живым”(«Vuelve vivo»), Anton Muraveynik. «También hay empresas en las regiones que tienen reservas «no oficiales». Han acordado con su centro de control regional que no se les moleste».

Según Muraveynyk, a los empleadores y a los funcionarios regionales no les conviene favorecer la movilización. Las empresas mantienen a sus empleados en la sombra, de forma legal o ilegal, para no perder mano de obra escasa.

«En las regiones, las autoridades locales deben informar a la población (sobre las medidas de movilización, UP) e involucrarla en la movilización. No les interesa hacerlo. Si hablamos de una comunidad pequeña, allí están todos los parientes, padrinos, amigos. Esto crea un conflicto de intereses», añade.

«Mi padre lo ha arreglado todo. Todos en la familia tienen prórrogas. Algunos «trabajan» en los servicios de nuestra comunidad, y yo me quedo en casa», cuenta a UP, bajo condición de anonimato, el hijo de uno de los alcaldes rurales. Apto para el servicio según el dictamen de la Comisión Médica Militar, este hombre de 30 años tiene una exención «hasta el final de la movilización».

Qué hacer para mejorar la movilización en Ucrania

Entre enero y octubre de 2025, el defensor del pueblo Dmytro Lubinets recibió casi 5000 denuncias de ucranianos por violación de sus derechos durante la movilización. A modo de comparación: en todo el año 2024 se recibieron más de 3400 denuncias de este tipo.

La información sobre la «busificación» se difunde en las redes sociales y los medios de comunicación a la velocidad de la luz. Los vídeos y fotos en los que los militares del TCC obligan a los hombres a subir a los «autobuses de la inquebrantabilidad» son un argumento adicional para los «insumisos».

Por espeluznante que parezca, los voluntarios se agotaron ya en 2022. Para lograr los resultados deseados en la movilización, las autoridades tienen ahora que trabajar con la categoría de los reclutas, que desean por encima de todo evitar el servicio. No se trata en absoluto de justicia hacia los voluntarios, pero a los hombres que aún no están en el ejército hay que animarlos a cumplir con su deber cívico y constitucional con diversos «incentivos». Iryna Friz, miembro del Comité de Defensa del Parlamento, cree que es necesario crear un «paquete de incentivos» para los reclutas. Por ejemplo, ofrecer descuentos en hipotecas y créditos para crear empresas, aumentar las primas por destruir equipo ruso en el campo de batalla y establecer pagos únicos para los contratistas.

Por cierto, el proyecto de ley con la lista de pagos adicionales para los reclutas y los militares en activo lleva casi dos años en el Parlamento sin ser examinado, porque el Gabinete no encuentra dinero para ello. Según Friz, el establecimiento de plazos claros de servicio durante el estado de guerra sería un «marcador clave» tanto para los militares en activo como para los que se van a movilizar.

En la tarde del 3 de noviembre de 2025, el ministro de Defensa, Denys Shmyhal, anunció que el Ministerio de Defensa había comenzado a preparar nuevos tipos de contratos. La principal «novedad» es el establecimiento de plazos de servicio claros. Para los contratos de 2 a 5 años de duración, se prevé un aplazamiento anual de la movilización tras la finalización del servicio.

«Tras la aprobación de los cambios legislativos, todos los defensores y defensoras podrán firmar los contratos. Tanto los que ya forman parte del ejército como los que se incorporarán a él en el futuro», precisó Shmyhal.

Por si lo ha olvidado: el Ministerio de Defensa prometió elaborar cambios legislativos sobre plazos de servicio claros en 2023, 2024 y 2025. Pero una y otra vez, los mandos militares se opusieron. El Estado Mayor explicó su posición argumentando que, en caso de que un gran número de militares experimentados abandonaran el servicio sin que las unidades se reabastecieran con reclutas, los comandantes se verían obligados a retirar sus fuerzas del frente. ¿Conseguirá el Ministerio de Defensa llevar a cabo su idea fija esta vez? «Ya veremos».

El jefe del departamento analítico de «Vuelve vivo», Anton Muraveynik, está convencido de que es necesario trabajar de forma sistemática no solo con los reclutas, sino también con sus familias, que suelen influir en las decisiones sobre la movilización. Considera que la sociedad tolera la evasión de la actualización de datos porque se basa en experiencias negativas de interacción con el ejército.

¿De qué se trata? Los infractores del registro militar a menudo se encuentran en centros de entrenamiento al día siguiente de su reunión con el TCC. En esta etapa, se les pueden confiscar los teléfonos. En consecuencia, nadie informa a sus familiares. Algunas incluso denuncian la desaparición de sus maridos tres días después de su «desaparición» por reclutamiento forzoso.

«Cuando los familiares se comunican por primera vez con los movilizados que se encuentran en el centro de entrenamiento, se produce aproximadamente el siguiente monólogo: «¿Qué haces allí? Vamos a resolver algo. Ya hemos reunido el dinero, te sacaremos de allí», cuenta Muraveynyk a UP. «Varias semanas sin comunicación y en la incertidumbre hacen que, durante la primera conversación, la familia le diga al recluta: «Huye de allí. Ya ves lo que está pasando. No te dejan volver a casa. No sabemos qué pasará después».

A finales de 2023, el comandante en jefe Volodímir Zelenski, casi por primera vez desde el inicio de la guerra, habló de movilización. Comenzó a señalar a los «culpables» de los fracasos: unos eran los mandos militares, otros el Gobierno, otros el Parlamento. Al mismo tiempo, coqueteaba con los electores: «Personalmente, hoy no veo la necesidad de movilizar a medio millón de personas». Como resultado, la aprobación de las nuevas normas de movilización se retrasó más de medio año, hasta mediados de abril de 2024. Durante ese tiempo, el número de reclutas disminuyó y las «lagunas» en el frente aumentaron.

Tras la aprobación de la ley, los representantes de todos los poderes del Estado y el Estado Mayor del Ejército de Ucrania evitaron por todos los medios la cuestión de la movilización en sus declaraciones públicas, ya que era extremadamente impopular. Toda la responsabilidad recayó sobre los ejecutores: los militares de los centros territoriales de reclutamiento.

«Las funciones de los empleados del TCC deberían limitarse al envío de citaciones. No deberían buscar a los reclutas. Esa es tarea de la policía», subraya el jefe del departamento analítico de «Vuelve vivo», Muraveynyk.

En su opinión, la obligación de actualizar los datos debería haberse introducido ya en 2022. Según él, entonces los ciudadanos lo habrían aceptado mejor que en el tercer año de una invasión a gran escala. Como se ha perdido tiempo, ahora hay que cosechar los frutos de las decisiones no adoptadas.

Del blog personal de

Rafael Poch-de-Feliu

Por qué la concentración de riqueza agrava la crisis climática

 

 Por Alberto Mesas     

      Periodista por la Universidad Complutense de Madrid especializado en temas sobre migraciones, derechos humanos y Balcanes occidentales.

Los más ricos son los que más contaminan, pero también quienes mueven las palancas del poder para que las leyes medioambientales nunca perjudiquen sus intereses

Inundaciones en México en octubre de 2025.

     Cuando se habla de las causas del calentamiento global y de los efectos de la crisis climática, a menudo se hace referencia únicamente a datos de emisiones contaminantes, hectáreas de fondo marino destruido, aumento de la temperatura media del planeta o especies en peligro de extinción. Sin embargo, existe otro elemento que suele pasarse por alto: la propiedad del capital.

Hace unos días, el Laboratorio Mundial de Desigualdad (WIL, por sus siglas en inglés), con la colaboración de instituciones como la ONU, publicó un estudio en el que aporta nuevas perspectivas para entender la emergencia climática actual.

Bajo el título Cambio climático: un desafío capital. Por qué la política climática debe abordar la propiedad, el documento se centra en cómo la concentración de riqueza agrava el problema, y propone medidas políticas y económicas concretas para tratar de abordarlo.

Uno de los resultados que arroja el informe es que el 1% más rico del planeta concentra hasta el 41 % de las emisiones globales asociadas a la propiedad del capital, es decir, a las empresas, los medios de producción, los bonos, las acciones o las inversiones cuyos productos generan emisiones contaminantes a la atmósfera –principalmente CO₂–. La mayoría de los análisis y estadísticas suelen distribuir la responsabilidad de la degradación del clima según el consumo individual del usuario final (hogares, transporte, consumo energético, etc.), sin tener en cuenta la estructura de propiedad (quién posee las máquinas que emiten), un concepto que revela una relación mucho más directa entre riqueza y contaminación. Desde esta lógica, las emisiones aparecen como un síntoma de la concentración del poder económico y no únicamente como el resultado de decisiones individuales de consumo.

En este sentido, otro de los escenarios que se exponen tras analizar los datos es que, si la transición energética se financia y lleva a cabo mayoritariamente con capital privado, en los próximos 25 años la concentración de riqueza en la élite podría aumentar todavía más, pasando del 38,4 % actual al 46 %. Es decir, que sin políticas redistributivas eficaces y sin un escrutinio público sobre las inversiones verdes, la descarbonización corre el riesgo de reproducir los mismos patrones de desigualdad que originaron la crisis climática, por lo que lograr que el planeta sea un lugar más limpio sería a costa de hacerlo mucho más desigual.

Emisiones y concentración del poder económico

Dejar de centrar el foco en las emisiones basadas en el consumo y pasar a fijarse en quiénes poseen el capital tiene un resultado revelador. Si se cruzan los datos de emisiones de carbono con la propiedad de activos económicos contaminantes vemos que la élite económica tiene una responsabilidad muchísimo mayor en las consecuencias del cambio climático que la que muestran las cifras que únicamente miran el consumo individual.

En su estudio, el WIL combina bases de datos sobre emisiones procedentes de sectores y empresas con registros patrimoniales que poseen activos contaminantes para rastrear la huella de carbono de los propietarios de esos activos. Así, las emisiones derivadas de una empresa no solo se le imputan en base a su producción, sino que se le asignan proporcionalmente a los accionistas y fondos que la controlan. El resultado de este cálculo es una redistribución de las cargas: el 1 % más rico aparece como responsable de una porción mucho mayor de las emisiones cuando se mira a través de la lente del capital. Por lo tanto, esta lógica obliga a repensar la rendición de cuentas en la emergencia climática, ya que no basta con regular el consumo, también hay que regular la propiedad y la financiación de las actividades económicas que generan emisiones.

No obstante, la tendencia juega en contra de que esta situación se pueda revertir. Tal y como detalla el documento, en la actualidad el 0,001 % más rico del mundo (56.000 individuos) posee tres veces más riqueza que el 50 % más pobre (2.800 millones de personas). Además, desde 1995 la riqueza mundial privada ha crecido ocho veces más que la pública, según detalla un informe de Oxfam Intermón. En estos últimos 30 años han surgido más de 1.000 nuevos milmillonarios en todo el planeta, y ese 1% más rico de la población mundial amasa ya una fortuna mayor que la del 95% más pobre.

Concentración de la riqueza mundial - Elaboración propia a partir de datos del WIL.

Solo en la última década los más ricos amasaron una fortuna de 30.000 millones de euros, una cifra que cubre de sobra los recursos económicos necesarios para erradicar la pobreza en todo el planeta. Oxfam también señala que casi la mitad de la población –más de 3.700 millones de personas– vive en situación de pobreza, y que es imposible que varios objetivos de desarrollo sostenible (ODS) puedan cumplirse para 2030, como se había previsto en su aprobación.

Quienes tienen la riqueza también manejan el poder

El estudio del WIL no solo demuestra que la responsabilidad del desastre climático crece conforme aumenta la concentración de riqueza en forma de activos contaminantes, sino que también expone las enormes desigualdades que se generan. El texto calcula que el 10 % de los individuos más ricos del planeta acumulan aproximadamente tres cuartas partes de las emisiones asociadas a la propiedad del capital. En el extremo opuesto, la mitad más pobre de la población mundial apenas es responsable del 9 %. Sin embargo, esa mitad pobre soporta el 75 % de los impactos negativos del cambio climático, mientras que los muy ricos únicamente se enfrentan al 3 % de esas consecuencias negativas.

Desigualdad climática - Elaboración propia a partir de datos del WIL.

Por extensión, esa élite económica que amasa riqueza y capital también tiene en su poder una potente palanca política. “Los más ricos determinan tanto el ritmo como la dirección de las políticas climáticas, ya que son propietarios de la mayoría de los activos perjudiciales para el medio ambiente”, expone Cornelia Mohren, coordinadora medioambiental del World Inequality Lab y coautora del informe. Esta estructura de propiedad, señala, les confiere una influencia desproporcionada sobre las decisiones empresariales y legislativas: “Dado que la mayoría de los activos relacionados con los combustibles fósiles están en manos de inversores ricos de los países de la OCDE, estos tienen un fuerte incentivo para ralentizar o debilitar las políticas climáticas”, señala Mohren.

El control de los muy ricos sobre el capital significa, por tanto, que son ellos quienes deciden si se invierte en infraestructuras bajas en carbono y en qué medida. Sobre esto, Mohren explica que muchos litigios entre inversores y Estados acabaron “protegiendo proyectos de petróleo y gas que tendrían que cancelarse para cumplir los objetivos de descarbonización”. Los grandes accionistas y fondos de inversión pueden moldear a su antojo decisiones sobre qué se explota, qué se cierra o qué se expande, y ejercer presión para retrasar o diluir leyes climáticas que afectan a sus intereses.

De hecho, la inversión en combustibles fósiles está muy lejos de desaparecer a corto plazo. En el informe del WIL se muestra que el capital sigue respaldando más de 200 nuevos yacimientos de petróleo y gas, y ha invertido en más de 850 nuevas minas de carbón, lo que es completamente incompatible con los objetivos climáticos formulados en el Acuerdo de París en 2015.

“Esto contrasta radicalmente con la imagen que proyectan petroleras como BP, que sigue aumentando sus inversiones en combustibles fósiles incluso después de años de venderse como una empresa que va ‘más allá del petróleo’”, comenta Mohren, que denuncia que muchos de “los fondos de inversión que se presentan como sostenibles siguen teniendo decenas de miles de millones en acciones de petróleo y gas, y la opacidad de las cadenas de propiedad facilita el ocultamiento de los beneficiarios finales y la huella de carbono de esas carteras”.

Inversiones en combustibles fósiles - Elaboración propia a partir de datos del WIL.

El riesgo de privatizar la transición energética

El informe del WIL también advierte sobre un riesgo al que se le está prestando poca atención: la privatización de la transición energética. A medida que los gobiernos y los mercados impulsan la descarbonización, existe la posibilidad de que tecnologías clave –paneles solares, baterías, redes eléctricas, infraestructuras de transporte limpio, etc.– queden en manos de empresas privadas, grandes fondos de inversión y accionistas. Este escenario podría replicar los patrones de concentración de riqueza y poder que emergieron con el auge de los combustibles fósiles en la revolución industrial, donde los beneficios se acumulan en unos pocos y los riesgos se reparten entre los más vulnerables.

Esto ya está sucediendo en varios países del hemisferio Sur. Oxfam denuncia que gran parte de la financiación del desarrollo en el sur global se está llevando a cabo con capital privado, anteponiéndolo a la inversión pública y a la consolidación de servicios básicos universales. Por el contrario, denuncia el organismo, los recursos movilizados por los inversores privados han sido insuficientes y, en muchos casos, han generado costes ocultos para los estados receptores y riesgos para las poblaciones más desfavorecidas.

Quienes controlan esos activos y tecnologías verdes se quedarán con la mayor parte de los beneficios económicos de la transición energética, perpetuando las desigualdades en lugar de mitigarlas. Acerca de esto, el documento subraya que la propiedad del capital no es neutra, sino que determina qué proyectos reciben financiación, qué tecnologías se despliegan y cómo se distribuyen las rentas. La transición ecológica, concebida como una oportunidad para reducir emisiones, se convertiría en un mecanismo con el que las élites se enriquecerán todavía más.

“Para gestionar las transformaciones económicas de forma justa tampoco hay que ser un genio”, comenta Robin Hahnel, economista y profesor emérito de la American University de Washington DC. El profesor considera que “cuando las empresas privadas controlan activos esenciales que deberían emplearse mirando por el interés general, hay dos soluciones: nacionalizar esos activos u ordenar a las empresas que los utilicen según las necesidades de la nación y de sus ciudadanos”.

Por lo tanto, según explica Hahnel, llevar a cabo una transformación verde de las economías “requiere insistir en que los propietarios de activos productivos estratégicos cambien la forma en que los utilizan”, priorizando el beneficio colectivo al enriquecimiento individual. Hahnel insiste en que “los gobiernos deben orientar con firmeza las prioridades de inversión o, de lo contrario, las economías seguirán ancladas a los combustibles fósiles en vez de mutar hacia estructuras sostenibles medioambientalmente”.

Para evitar que las multinacionales y las grandes fortunas aprovechen el impasse para aumentar sus beneficios, el WIL propone tres medidas clave. La primera de ellas consiste en prohibir total y globalmente las nuevas inversiones en combustibles fósiles. Con ello se impediría ampliar las infraestructuras que mantienen la dependencia del carbón y el petróleo, “y se redirigiría el capital hacia sectores con bajas emisiones de carbono”, apostilla la autora del informe. Otra medida es implementar un impuesto al carbono sobre los activos y no solo sobre el consumo, lo que haría que quienes poseen y controlan las fuentes emisoras tuviesen un castigo en forma de gravamen fiscal; algo que, en palabras de Mohren, “puede generar sustanciales ingresos públicos para la acción climática”. Por último, otra propuesta es la inversión pública masiva en infraestructuras sostenibles y respetuosas con el medioambiente, con la que se intentase democratizar el acceso y garantizar que la transición energética no dependa únicamente de capital privado.

Junto a estas tres líneas de acción, Mohren detalla otras medidas complementarias, como “una mayor transparencia financiera para rastrear el capital que se invierte en carbono, o la reforma de las agencias de calificación crediticia y las instituciones financieras internacionales para reducir el coste de la inversión pública verde [especialmente en el sur global]”.

En consecuencia, decidir quién financia, posee y gestiona la transición es decidir entre quiénes se reparten los beneficios de la economía verde. El estudio añade una proyección alarmante: si la descarbonización se financia mayoritariamente con capital privado y esos nuevos activos verdes quedan en manos de la élite, la participación patrimonial del 1 % de megarricos crecería desde el 38,4 % actual hasta cerca del 46 % en 2050. Esto haría de la transición ecológica un motor adicional de desigualdad, en lugar de una oportunidad de redistribución de riqueza.

El sur global siempre pierde

La desigualdad, además de ser creciente, se extiende de manera uniforme. Los daños provocados por el cambio climático en las economías individuales y de las familias continuarán afectando de forma desproporcionada a los más pobres del planeta. Según el informe, la mitad más pobre de la población mundial soportará la mayor parte de las pérdidas de ingresos derivadas de sequías, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos extremos, mientras que las élites del norte global, responsables de la mayoría de las emisiones a través de la propiedad del capital, sufrirán impactos comparativamente menores.

Estas desigualdades no se explican únicamente por motivos geográficos o por la vulnerabilidad económica, sino también por la estructura global del capital. Gran parte de los activos que generan emisiones –empresas energéticas, proyectos mineros, infraestructura industrial– están concentrados en manos de inversores del norte global. Mientras tanto, los países del Sur, que poseen una proporción mínima de esos activos, reciben los impactos físicos y financieros de manera abrumadora, creando una dinámica de dependencia y de transferencia indirecta de riqueza (las emisiones de los ricos provocan graves daños a los pobres).

Aquí “el legado del colonialismo sigue presente”, afirma Tom Athanasiou, director del proyecto Climate Equity Reference. Aun así, el experto incluye un matiz, “y es que, cada vez más, la división norte-sur debe superponerse a la división ricos-pobres. Es fundamental que no finjamos que todos los ricos están en el Norte. La mayoría lo están, pero no todos. Por lo tanto, si planteamos que todos los países deben pagar su parte justa del coste de la transición ecológica, esto también incluye a los países del sur global, y a la capacidad y la responsabilidad de sus clases adineradas. Pueden pagar esa parte justa dentro de sus propias fronteras y posibilidades, pero deben pagarla”.

La combinación de capital concentrado en pocas manos y vulnerabilidad estructural de las economías del sur global tiene profundas consecuencias políticas y sociales. No solo limita la capacidad de los países del Sur para financiar la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus consecuencias, sino que también genera dificultades a la hora de negociar con países del Norte sobre impuestos al carbono o compensaciones económicas. La transición energética y los impactos del cambio climático se evalúan generalmente desde la perspectiva de la reducción de emisiones en vez de establecer con claridad quién debe pagar los daños y hablar de medidas que protejan a quienes los reciben.

Sobre esto, Athanasiou insiste en distinguir entre daños provocados por la crisis climática y el proceso de adaptación a una economía verde. Pone como ejemplo el huracán Melissa, que acaba de azotar el Caribe. “¿Quién va a financiar las ayudas para paliar los efectos del desastre y la reconstrucción? No se trata de tareas que pueda realizar el sector privado, aunque, por supuesto, este debe pagar impuestos para ayudar a financiarlas. Al más alto nivel, debemos recordar que las estrategias de adaptación, pérdidas y daños, y transición justa son todas esenciales. La mitigación [la eliminación gradual del sector de los combustibles fósiles y su sustitución por la producción de energía con bajas emisiones de carbono] es crucial, pero no puede haber justicia sin una transición equilibrada que tenga debidamente en cuenta la adaptación y las pérdidas [tras un desastre natural]”.

Redistribuir la riqueza y más impuestos a los ricos

El mensaje del Laboratorio Mundial de Desigualdad es bastante claro: la transición ecológica no será justa ni efectiva si no se aborda la concentración de propiedad del capital que determina quién controla los activos emisores y en quién recaen los beneficios de la descarbonización. La evidencia del informe muestra que, sin intervención, las élites del Norte global seguirán acumulando riqueza y poder, mientras que los más vulnerables –tanto en términos económicos como geográficos– continuarán pagando las consecuencias del calentamiento global.

Esto conecta directamente con lo que se debate y promete cada año en las cumbres y foros del clima, y que en cada edición parece estar más lejos de cumplirse. En la agenda de la COP30, la discusión sobre financiación climática y compensaciones al sur global está totalmente alineada con la preocupación de WID por la concentración del capital. Asimismo, en la Unión Europea –donde también se está dejando a un lado la agenda del Green Deal (Pacto Verde)– se debate cómo los fondos para luchar contra la crisis climática y las políticas fiscales para gravar a las grandes fortunas pueden equilibrar un poco las desigualdades mencionadas, tratando de lograr que los beneficios no se concentren únicamente en las grandes empresas y los inversores millonarios.

El documento de Oxfam sigue una línea muy parecida y plantea una “agenda nueva” donde prevalezca lo público, con un sistema fiscal más justo y progresivo que grave la riqueza extrema, una cooperación internacional útil y el rechazo explícito al paradigma de financiar el desarrollo a través del beneficio privado. También rechazan el llamado Consenso de Wall Street –la idea de que el capital privado puede sustituir a la financiación pública–, y piden que se reforme la arquitectura financiera internacional.

Para Athanasiou, se debe actuar en dos frentes: la redistribución del poder económico a nivel mundial y la redistribución dentro de cada país, “ya que la crisis de desigualdad no puede reducirse a uno u otro”. El experto es bastante pesimista acerca de que se pueda alcanzar un gran acuerdo financiero en las cumbres sobre el clima, por lo que sugiere que este debe producirse a un nivel superior: “Francamente, creo que tenemos que empezar a hablar de sistemas fiscales internacionales diseñados para financiar el fondo de pérdidas y daño, así como de estrategias de transición justa más amplias que estén orientadas al establecimiento de una red de seguridad global”.

La emergencia climática plantea, por tanto, un doble desafío: reducir las emisiones a la atmósfera y reconfigurar las estructuras de propiedad del capital que determinan quién decide, quién invierte y quién se beneficia con la transición energética.

Fuente: Ctxt

Sin reyes, por segunda vez. O jugando al golf mientras Roma arde

 

 Por Tom Engelhardt    

      Dirige el Nation Institute's Tomdispatch.com (“un buen antídoto contra los medios mayoritarios”) y es cofundador del America Empire Project.

     Sí, en los cada vez más inquietantes y desestabilizados (des)Estados Unidos de Donald J. Trump, recientemente asistí a la manifestación «Odio a Estados Unidos» en la ciudad de Nueva York. O al menos eso es en lo que insistió el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. ¿Quién iba a imaginar que tantos estadounidenses, millones de nosotros en todo el país, «odiarían» tanto a este país como para salir a la calle y manifestarse en las recientes protestas de No Kings, incluso en lugares donde podríamos haber temido correr un peligro evidente por parte de las tropas de «nuestro» presidente?

En los días previos a las últimas manifestaciones de No Kings, independientemente de con quién hablara o dónde vivieran, todos parecían tener pensado acudir a su versión local de esa marcha/manifestación. Mis vecinos, otras personas de la ciudad, habitantes de los suburbios, incluso amigos que viven en el campo. Y a pesar de que conocía a personas que habían marchado en la primera ronda de mítines de No Kings, como yo, eso no era cierto entonces. Esta vez, ¡parecía que había acudido todo el mundo!

¡Oh, espera! De repente me acordé de alguien que no estaba allí. Vaya, voy a rectificar. Estaba allí, pero no lo sabía. Estaba en cartel tras cartel tras cartel, haciendo esto, haciendo aquello, haciendo lo inconcebible... ¿o debería decir, por desgracia, lo demasiado concebible?

Manifestantes se reúnen el sábado durante una protesta contra los reyes en Minneapolis.

Tomemos como ejemplo este que copié:

«Tirano                        Tyrant

Violador                      Rapist

Usurpador                   Usurper

Loco                            Madman

Pedófilo                       Pedophile

¡Y estoy seguro de que sabes lo que significan las primeras letras de esas cinco palabras en inglès!

Miembros de la Guardia Nacional de Texas montan guardia en una instalación de entrenamiento de la reserva del ejército el 7 de octubre de 2025 en Elwood, Illinois.

«Solo las mariposas deberían convertirse en monarcas»

Para mí, esa marcha no comenzó en la calle 50 con la Séptima Avenida, donde salí del metro, sino en el andén del metro del centro, donde esperaba para coger el tren que me llevaría a la marcha. De repente, me di cuenta de que la anciana (y lo digo deliberadamente como anciano) que estaba a mi lado llevaba un cartel hecho a mano —el primero de los miles que vería ese día— que decía: «No a los dictadores/no a los reyes» y, cuando le pregunté al respecto, me respondió rápidamente: «Hubiera llamado cabrón a Trump, pero le falta profundidad y calidez».

Unas 350.000 personas en Nueva York participaron en la protesta 'No Kings', una de las 2.700 que se celebraron en todo el país y que congregaron a 7 millones de personas.

Finalmente, logré salir de ese tren subterráneo con literalmente cientos de otros futuros manifestantes y, muy lentamente, logré subir las escaleras abarrotadas hasta la Séptima Avenida, que se llenó al instante, en el límite de Times Square, en Nueva York. Por lo menos, por lo que pude ver, el presidente Trump no estaba allí, preparándose para marchar por la Séptima Avenida en su antigua ciudad natal, Nueva York, con una cantidad asombrosa de otros neoyorquinos y yo. Las noticias, basadas en estimaciones de la policía, sugirieron que «más de 100 000» de nosotros en mi ciudad natal y «casi siete millones» de estadounidenses en «más de 2700» manifestaciones en todo el país protestaron activamente, y cuando se trata de manifestaciones contra Trump, los que hacen las cifras nunca exageran, sino que casi siempre las subestiman. (Todo lo que puedo decir es que era una vista impresionante, con manifestantes, un número increíble de los cuales llevaban carteles hechos a mano, literalmente abarrotando las calles en una manifestación que se extendía desde la calle 47 hasta la calle 14 sin dejar espacio libre).

Y, sin embargo, aunque no estaba en Nueva York ese día, no es que Donald Trump nunca aparezca en ningún sitio. De hecho, el sábado anterior, casi lo vi. Estaba visitando a un viejo amigo en Washington D. C. y estábamos dando un paseo por un canal que conduce al río Potomac cuando, de repente, nos encontramos con un hombre con una cámara muy sofisticada sobre un trípode y empezamos a charlar. Resultó que trabajaba para una cadena de televisión y su cámara apuntaba a una extensa zona de césped al otro lado del Potomac que, según nos dijo, era un campo de golf. En ese mismo momento, al parecer, el rey de Estados Unidos —ups, perdón, Donald Trump— estaba jugando al golf allí y el cámara estaba esperando a que llegara al séptimo hoyo, que, según nos dijo, estaba justo donde estábamos mirando.

Personal militar uniformado, con el parche de la Guardia Nacional de Texas, se encuentra en el Centro de la Reserva del Ejército de EE. UU.

Oye, fue un alivio saber que Donald Trump, solo dos años más joven que yo, también estaba al aire libre. Da la casualidad de que, en mis más de 81 años en este planeta, solo he estado en un campo de golf una vez en mi vida. Aun así, en ese reciente viaje, estuve realmente cerca de la presencia de «nuestro» presidente, quien, el fin de semana de las manifestaciones No Kings, se encontraba en su complejo Mar-a-Lago, en Florida, para una cena de un millón de dólares por cubierto y, sin duda, jugando al golf de nuevo. Y ese sábado más reciente, cuando di ese largo paseo (o, en términos de ritmo, más bien un arrastrar de pies) por la Séptima Avenida en su antigua ciudad natal, desde la calle 47 hasta la 14, con —o al menos eso me pareció— un billón de neoyorquinos más, sentí como si estuviera de nuevo en «su» presencia, dados todos los fantásticos carteles hechos a mano que llevaba la gente, en los que se leía cosas como: «Solo las mariposas deberían convertirse en monarcas» (con, por supuesto, una imagen del presidente).

La activista Maya Wiley y la congresista Nydia Velázquez -demócrata por Nueva York- estuvieron entre las líderes de la marcha de protesta 'No Kings' en Nueva York.

¿O qué tal las dos mujeres con trajes de dinosaurios y carteles que decían: «Cómete al tirano», «Cómete a los oligarcas»? O el cartel que decía «Rey de los tontos» o, por lo demás, el que tenía garabateado «Los reyes pertenecen a los cuentos de hadas, no al gobierno». Y aquí hay solo algunos de los otros que anoté (algo que podría haber hecho sin parar durante horas sin llegar a copiarlos todos): «¡Eh, Donald! George ha llamado y está cabreado» (con una imagen de George Washington); «Quita tus manitas de nuestra Constitución» (con dos manitas dibujadas en el cartel); «No hay coronas para los payasos» (con un dibujo de Trump con una corona cayéndose de la cabeza); y había un sinfín de carteles con coronas reales amarillas tachadas con líneas. ¿O qué tal «Rey de los tontos»? También había un número notable con esvásticas, mientras que la frase «el Turd Reich» era claramente popular.

'El mismo odio… distinto enfoque'. Protesta No Kings, Nueva York, 18 de octubre de 2025.

Y no hay que olvidar a la mujer que llevaba un cartel que decía: «Los peregrinos eran indocumentados». Luego estaba esa niña con un cartel hecho a mano que decía: «El presidente no debería intimidar», mientras que su madre llevaba uno que decía: «¿Puedo recordarle que en la Estatua de la Libertad no pone R.S.V.P.?». Ah, y no olvidemos «Agarradlos por los archivos de Epstein»; «No hay reyes desde 1776»; «Poned a Trump en ICE» (o «Prefiero mi ICE picado» o «Luchad contra el cambio climático, enviad ICE a la Antártida»); «¡La revolución americana fue la primera manifestación contra los reyes!». «No nos inclinamos ante los multimillonarios»; «¡No a los Führers!» (con una esvástica tachada); y de un hombre blanco de cierta edad, «¡Mi padre también luchó contra el fascismo!» (Y sí, le pregunté, y su padre, como el mío, luchó en la Segunda Guerra Mundial).

Y luego había un manifestante hispano que llevaba un cartel que decía (de forma conmovedora): «Estoy utilizando mi único sábado libre para estar aquí. #No a los reyes». Y no olvidemos esa imagen de un paraguas con las palabras: «No soporto el reinado».

Hay que tener en cuenta que, como más o menos una de cada dos personas llevaba algún tipo de pancarta, había literalmente miles más, en su mayoría hechas a mano. Mientras caminábamos, se escuchaban constantemente consignas como «¡No al KKK, no a los fascistas en EE. UU., no al ICE!», «¡Así es la democracia!», «¿Qué queremos? ¡Fuera Trump! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora!».

La marcha era tan grande que, cuando finalmente llegué a la calle 14, mi hijo, que había llegado a la manifestación más tarde que yo, todavía estaba en la calle 42, en una amplia avenida que seguía completamente abarrotada de manifestantes. Y consideremos todo esto, a nivel nacional, como un recordatorio de que, a pesar de lo que pueda pensar Donald Trump, este ya no es su Estados Unidos, en un país donde una mayoría genuina de nosotros lo «desaprueba» en las últimas encuestas y, según las mejores estimaciones, más de nosotros lo haremos en los próximos meses.

¿El rey Trump?

Lamentablemente, como sugerían muchas de las pancartas de la manifestación, este país parece tener un futuro que no es nada brillante, por muy bajo que sea el índice de aprobación del presidente. (Por ahora se ha estabilizado más o menos, pero no hay que esperar que dure). Y sí, claramente tiene el impulso, independientemente de lo que los estadounidenses aprueben o no, de gobernar como si fuera un rey. Él y sus principales funcionarios ya le han quitado una cantidad significativa de poder al Congreso y, lo que es peor, ha estado ansioso por utilizar al ejército estadounidense, la Guardia Nacional y los agentes del ICE, aunque sea de forma aleatoria, en ciudades con alcaldes demócratas que obviamente no le gustan. Y eso es algo que, si finalmente ocurre, ningún estadounidense desde la Guerra Civil ha tenido que experimentar jamás. Por supuesto, ya ha pedido al Tribunal Supremo que le permita federalizar las tropas de la Guardia Nacional estatal y enviarlas a ciudades demócratas para apoyar sus planes de control de la inmigración y deportación masiva.

Aunque todo esto es todavía experimental (si es que se puede utilizar esa palabra), desde el Mar Caribe hasta Chicago, el presidente Trump y su equipo parecen decididos a militarizar y —si es que se puede crear esa palabra— autoritarizar el mundo que él (más o menos) gobierna. Sin duda, las redadas de inmigración están cada vez más militarizadas, como en un caso reciente en el que agentes de las fuerzas del orden estadounidenses enmascarados y armados con rifles «descendieron en rappel desde un helicóptero Black Hawk y rodearon [un] edificio de 130 viviendas en Chicago». Como diría después el alcalde de esa ciudad, Brandon Johnson: «Esta redada no tenía que ver con la seguridad pública. Desde luego, no tenía que ver con la inmigración. Se trataba de una demostración de autoritarismo, una muestra contundente de tiranía».

Y fíjense, aún no ha pasado ni un año desde que Donald Trump iniciara su segundo mandato. En estas circunstancias, tres años más podrían ser mucho tiempo para que él y su equipo puedan hacer todo lo posible, o tal vez incluso coronarlo literalmente como el primer rey estadounidense. Después de todo, en febrero, ya había publicado una imagen de sí mismo en Truth Social con una corona de rey. Recientemente (y de forma demasiado ominosa), en respuesta a las manifestaciones de No Kings, publicó un vídeo generado por IA en el que aparecía con una corona de rey y pilotando un avión de combate (con la inscripción «King Trump») sobre lo que probablemente sea Times Square, en Nueva York, llena de manifestantes, y lanzando sobre ellos lo que claramente es una carga de bombas de mierda literal. Poco después, volvió a publicar otro vídeo generado por IA que el vicepresidente JD Vance había subido (con la canción «Hail to the King» de la banda de heavy metal Avenged Sevenfold de fondo). En él, se corona a sí mismo y luego desenvaina una espada, mientras que los que están frente a él, entre ellos la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer, se arrodillan y le inclinan la cabeza.

Demasiado para No Kings

La pregunta, por supuesto, es: ¿cuánto tiempo pasará antes de que esos vídeos falsos generados por IA se conviertan en una inquietante versión de la realidad generada por Trump y Vance? Después de todo, a raíz del reciente cierre del Congreso, nos encontramos en un mundo político en el que el Congreso parece haber dejado de existir funcionalmente.

En cierto sentido, ahora todo está siendo «trumpificado» (o quizás debería escribirse en mayúsculas: TRUMPIFICADO). Sin duda, será (ominosamente) interesante ver cuánto tiempo puede pisotear y «trumpificar» al pueblo estadounidense.

Pensemos en él como alguien que juega al golf mientras Roma arde.

Fuente: sinpermiso