La
larga parálisis administrativa impuesta por los sucesivos gobiernos
de la Región de Murcia impide la aprobación de las normas que deben
regular este parque regional, el espacio natural más emblemático
del litoral murciano
En
el extremo suroccidental de la Región de Murcia, entre los términos
de Lorca y Águilas, se extiende uno de los espacios naturales más
singulares del litoral mediterráneo español: el Parque Regional de
Calnegre y Cabo Cope, declarado como tal en 1992 por la Ley 4/1992 de
Ordenación y Protección del Territorio.
Litoral del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, en la Región de Murcia. AMACOPE.
Dentro
de sus límites se extienden montes, ramblas y calas vírgenes de
alto valor ecológico que se enfrentan a las amenazas que supone una
desprotección ambiental que dura ya 33 años. Es el tiempo que ha
transcurrido desde que el parque aparece en los mapas oficiales sin
que se haya aprobado su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN), el instrumento legal que debe fijar las normas, usos
permitidos y límites a las actividades dentro del espacio
supuestamente protegido.
Sin
ese plan, no hay medidas claras para su conservación ni sanciones
aplicables a las agresiones que sufre. Y, mientras la Administración
autonómica persiste en un silencio que dura más de tres décadas,
la degradación avanza.
30
años de inactividad administrativa
La
urgencia por la “necesidad inmediata de protección”, justificó
que el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope se declarase sin
contar con un PORN previo. Sin embargo, la Ley 4/1992 preveía esa
situación y mandataba a las administraciones competentes —en este
caso, al Gobierno de la Región de Murcia— a la aprobación de
dicho instrumento “en el plazo máximo de un año” desde la
declaración. El ejecutivo murciano estaba entonces en manos del
PSOE, que ese mismo año había aprobado los PORN de otros tres
parques regionales: el de Sierra Espuña, el de las Salinas y
Arenales de San Pedro del Pinatar y el de Calblanque.
En
1993, la entonces Agencia Regional para el Medio Ambiente y la
Naturaleza acordó el inicio del procedimiento de elaboración del
PORN de Cabo Cope y Calnegre. Sin embargo, el proceso quedó
paralizado tras la llegada del Partido Popular al Gobierno murciano,
en el que permanece inamovible desde entonces.
La desprotección de Cabo Cope-Calnegre se hace especialmente patente cuando las crecidas de las ramblas depositan en su litoral toneladas de residuos plásticos, principalmente provenientes de la agricultura intensiva.
En
todos estos años, es cierto que hubo intentos por parte de la
Administración regional para cumplir con la legalidad respecto al
parque, pero todos tan intermitentes como ineficaces: en 2012, cuando
una orden de la Consejería de Presidencia creó las Áreas de
Planificación Integrada e incluyó al parque en la “API 004: Costa
Occidental”; y posteriormente, en 2020, cuando la Dirección
General de Medio Natural volvió a iniciar formalmente el expediente
de elaboración del PORN. Incluso se llegó a redactar un documento
previo en 2021. Pero nunca se produjo la aprobación inicial ni su
publicación oficial en el Boletín Regional.
Un
paso que resulta esencial porque, sin esa aprobación inicial, no se
activa el régimen de protección cautelar previsto en la Ley 42/2007
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que impide
transformaciones sustanciales del territorio. Así que, en la
práctica, la inactividad del Gobierno regional (que las
organizaciones ecologistas tildan de premeditada), está sirviendo
para que Cabo Cope y Calnegre se rija por la “ley del salvaje
Oeste”.
Una
exigencia formal tras décadas de silencio
El
pasado 16 de septiembre de 2025, Ecologistas en Acción de la Región
Murciana registró un requerimiento formal ante la Consejería de
Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. En el
mismo, al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, reclama
la “inmediata aprobación inicial” del PORN del Parque Regional
de Cabo Cope-Calnegre, y su tramitación por procedimiento de
urgencia, conforme al artículo 48.5 de la Ley 4/1989.
El
documento —firmado por Ana María García Albertos, presidenta del
colectivo— se apoya en una sólida base jurídica, que incluye la
invocación del artículo 45 de la Constitución Española, al tiempo
que advierte que la ausencia del PORN vulnera el principio de
legalidad y los derechos de participación pública.
Un ejemplar de tortuga mora, símbolo de la riqueza natural de la Región de Murcia, en las inmediaciones de Cabo Cope, en Águilas. AMACOPE.
El
texto subraya que esta inactividad administrativa no solo incumple la
normativa estatal y autonómica, sino que “pone en entredicho el
propio régimen sancionador ambiental”, al no existir un marco
reglamentario aplicable dentro del parque. Y recuerda que la
jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido la posibilidad de
recurrir judicialmente la “inactividad reglamentaria” cuando esta
produce efectos lesivos para el medio ambiente o para derechos de
participación ciudadana.
Así
que, si la Consejería no responde en tres meses, Ecologistas en
Acción estará legitimada para interponer recurso
contencioso-administrativo por inactividad, abriendo así un nuevo
frente judicial en aras de la protección de este espacio.
Las
amenazas de siempre… y las nuevas
El
Parque Regional ha sobrevivido durante décadas a amenazas de gran
envergadura. En los años ochenta y noventa, una central nuclear
proyectada en Cabo Cope estuvo a punto de condenarlo para siempre.
Más
tarde, la presión urbanística se convirtió en el mayor peligro. En
2001, la nueva Ley del Suelo de la Región de Murcia fue aprovechada
para modificar los límites del parque regional y declarar la
Actuación de Interés Regional (AIR) ‘Marina de Cope’, un
controvertido proyecto urbanístico-turístico que pretendía un
desarrollo desaforado —60.000 viviendas, cinco campos de golf, diez
campos de fútbol, veinte hoteles y un puerto interior con 2.000
puntos de amarre— dentro de lo que, hasta entonces, había sido
parque regional.
Los
ayuntamientos de Lorca y Águilas no tardaron en buscar acomodo a la
AIR en sus respectivos planes generales de ordenación, con la única
oposición de Izquierda Unida. Eran los años del boom del
ladrillo.
Mapa del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope. CARM.
Hubo
que esperar hasta 2012 para que el Tribunal Constitucional, en una de
las sentencias más simbólicas relacionadas con el urbanismo
murciano, declarara nula la disposición adicional octava de la Ley
autonómica del Suelo que desprotegía unas 15.000 hectáreas de
espacios naturales, principalmente en Cope-Calnegre y devolviera sus
límites originales al parque. Una larga batalla jurídica y social
que fue posible por la interposición, diez años antes, de un
recurso de inconstitucionalidad por parte de 50 diputados del PSOE,
liderados por la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, que
respaldaron la lucha de Ecologistas en Acción, ANSE, WWF y
Greenpeace.
Un
tiempo que fue aprovechado por empresas y organizaciones agrícolas
para que, con el Gobierno regional de brazos caídos, roturaran
varios cientos de hectáreas, las convirtieran en regadío y se
construyeran infraestructuras como gasolineras, almacenes y viviendas
dentro del parque.
Hoy,
a pesar de la sentencia, las amenazas no han desaparecido. El
deterioro se manifiesta en forma de nuevas roturaciones ilegales,
sobreexplotación agrícola y contaminación difusa. En las zonas
agrícolas colindantes proliferan los invernaderos, el uso intensivo
de plásticos y fitosanitarios, y las captaciones ilegales de agua en
una comarca árida. Cada DANA, la crecida de las ramblas llenan el
litoral del parque de botes, envases de fungicidas y herbicidas de
uso agrícola, tubos de riego por goteo, trozos de gomas y toneladas
de plásticos que contaminan la costa. Nadie responde por ello.
Imagen de satélite de la Marina de Cope, donde se aprecian múltiples roturaciones y construcción de infraestructuras. Instituto Geográfico Nacional.
La
falta de un PORN también impide establecer zonas de exclusión y
amortiguación, lo que deja el parque expuesto a la expansión de
cultivos hasta incluso dentro de sus límites naturales.
A
ello se suma la presión turística creciente. Por un lado, los
planes urbanizadores del Ayuntamiento de Águilas, que promueve la
construcción de un camping en una zona situada a escasos 2.000
metros de importantes áreas de conservación de la biodiversidad;
por otro, la costa virgen de Calnegre es, cada verano, un imán para
visitantes y vehículos todoterreno, sin apenas regulación.
Mención
aparte merece el vandalismo ambiental. El último ejemplo se produjo
el pasado agosto: una nueva quema intencionada de tarayes en la playa
del Charco, espacio integrado en el Parque. El mismo lugar que ha
sido escenario de reiterados incendios en los últimos meses, según
ha denunciado AMACOPE, y que se ceba con la especie Tamarix
canariensis, incluida en el Catálogo Regional de Flora Silvestre
Protegida de la Región de Murcia donde está calificada de “interés
especial”.
Pero
no es el único. En los últimos años, son frecuentes la rotura
intencionada de la señalización informativa, el vuelco de
contenedores o el destrozo con tractores de las líneas de bolardos
de madera que protegen la flora autóctona, incluidas especies
vulnerables, como el azufaifo (Ziziphus lotus), el patagusanos
(Salsola papillosa) o el chumberillo de lobo (Caralluma europea),
cuando no directamente en peligro de extinción, como la gramínea
Enneapogon persicus o la ortiga muerta de roca (Scrophularia arguta).
Así
que, lo que la ley llamó en su día parque regional es, en la
práctica, “un territorio a la deriva”, resumen desde Ecologistas
en Acción. El resultado de la parálisis institucional es la
impunidad ambiental: el espacio protegido más emblemático del
litoral murciano se mantiene sin orden ni protección real.
Una
joya ecológica que languidece
El
valor ambiental del parque es indiscutible. En su territorio
confluyen hábitats esteparios, dunas, acantilados y zonas marinas de
alto interés ecológico. Es refugio de especies amenazadas como la
tortuga mora (Testudo graeca), el águila perdicera, el búho real o
diversas especies de flora endémica litoral.
Cala Blanca, en el término municipal de Lorca, una de las playas vírgenes que forman parte del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope.
Además,
el parque forma parte de la Red Natura 2000, bajo las figuras de
Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA). Paradójicamente, estas designaciones europeas
obligan a la existencia de planes de gestión coherentes. La propia
normativa autonómica —Ley 6/2012 y Orden de 2012 sobre
planificación integrada— establece que, cuando se solapan varias
figuras de protección, la planificación debe integrarse en un único
documento.
Pero
el Gobierno regional, según Ecologistas en Acción, “anuló por la
vía de los hechos” su decisión de incluir el PORN dentro del Plan
de Gestión Integral de la Costa Occidental “sin respaldo jurídico
alguno”.
En
su escrito, Ecologistas en Acción también lanza una advertencia
clara: “No puede haber auténtica gestión de los recursos
naturales sin la previa planificación y ordenación, a través del
instrumento expresamente previsto por la Ley para ello”.
La
falta de ese instrumento —el PORN— priva al parque de un elemento
esencial: la seguridad jurídica. Propietarios, agricultores y
administraciones locales operan en un limbo normativo donde ni los
límites ni los usos están definidos.
El
espejo de un modelo regional
El
caso de Cabo Cope–Calnegre simboliza un patrón recurrente en la
política ambiental murciana: declarar espacios naturales sin
dotarlos de herramientas de gestión ni recursos para su
conservación.
Imagen aérea de la Manga del Mar Menor.
Mientras
otras comunidades autónomas han culminado hace años la
planificación de sus parques regionales, Murcia arrastra décadas de
retrasos e incumplimiento de la ley.
El
contraste es aún más evidente cuando se compara con la atención
mediática y política que ha recibido el Mar Menor, cuya degradación
ecológica ha movilizado reformas legales y plataformas ciudadanas,
mientras Cabo Cope languidece a la espera de una decisión política
que nunca llega y que no admite más demora.
Ingeniero, periodista y politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.
Pensadores
anti ecologismo (como el antropólogo Muiño)
Al
antropólogo Emilio Santiago Muiño, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) lo conocí un día en Cartagena
actuando al alimón con el filósofo Antonio Campillo y el ecologista
Luis González Reyes, en una de las sesiones de ese magnífico
programa cultural del Ayuntamiento local, llamado “Cartagena
piensa” y que mueve el fino e infatigable Patricio Hernández. Y
cuando lo vi y oí sentí que le escaseaban conocimientos y
sentimientos en materia ecologista y por eso le hice observar que
-como primera tarea- debía leer y pensar más y mejor.
Pero
leyendo la entrevista periodística que le hace El
País
(2 de agosto) con el título de “Podemos reducir el impacto en el
planeta y llevar una vida de lujo” concluyo que ni me hizo caso ni
se interesa por situarse, al menos como investigador, en el análisis
de un ecologismo prístino, históricamente configurado y
empíricamente consolidado. Peor todavía, porque persiste en
alimentar un ecologismo de diversión y confrontación, pegado a ese
institucionalismo acientífico siempre dispuesto a corresponder con
generosidad a cualquier aliado que garantice paz social por su
capacidad de neutralización de agitadores. Mantuve por un momento la
esperanza de que ese titular fuera cosa del entrevistador,
presumiblemente lego en la materia, pero no, nuestro personaje repite
en el texto exactamente los términos de la cabecera añadiendo que
“podemos vivir no solo mejor sino mucho mejor, dentro de los
límites planetarios”, que no puedo tomar como enmienda a la
totalidad (lo de los “límites”) sino como osada y provocadora
alusión a la finitud del planeta y de su concreta materialidad. Es
tan joven que se perdió la aparición en 1972 del trabajo de los
Meadows, Los
límites del crecimiento,
que los años posteriores no han hecho más que confirmar y agravar;
así que me temo que ese libro, con los numerosos textos polémicos
que lo acosaron en su día equivocándose estruendosamente, no forman
parte de una (su) biblioteca fundamental y urgente.
Emilio Santiago Muiño (El País).
Y
me obliga a entrarle al trapo, y pese a su pinta de tío serio, por
venir desafiando con un oxímoron de ese calado y relacionar
reducción de impacto ambiental con vida de lujo (¡toma ya!). O sea
que se sale y desborda por derroteros sorprendentes, tirando a
exóticos, como dando la impresión de que está decidido a construir
una nueva ideología pseudo ecologista muy señaladamente lúdica,
haciendo trizas algunos fundamentos de un pensamiento que (1)
demuestra conocer poco y mal, y (2) cree poder desmontar sin
pertrecharse antes de lo que necesita saber y aprender. No quiero
pensar que se trate de alguien arrojado y listo, sí, pero inculto e
inmaduro, que se ha dejado llevar por un chispazo de genialidad o una
ventolera de justiciero de excesos y desvaríos ecologistas, esa
gentecilla a los que la historia le encarga -a él, a Muiño- corregir con argumentos novedosos y llamativos que espera que vayan a
impresionar a lectores y seguidores. O que este héroe de la
“antropología del clima” (disciplina a la que se dedica en el
CSIC, pero que yo transformaría en una más apropiada “climatología
antropológica”) se sienta obligado a crear ciencia o pensamiento
que alumbren al mundo y sus tinieblas, y señale caminos de luz y
esperanza a tanto pesimista y descarriado, que es lo que -debe
pensar- más abunda en el mundillo ecologista.
Una de las obras de Muiño.
Me
impresiona su reiteración sobre la felicidad como, no solo
alcanzable o deseable, sino como algo obvio y ordinario: vamos, que
quien no la alcanza es porque no quiere. Yo creo que si estuviera al
tanto de la obra de, por ejemplo, los antropólogos franceses
descreídos, como Pierre Jouventin (L’homme,
cet animal raté)
o Pablo Servigne y Raphaël Stevens (Commont
tout peut s’effondrer),
suspendería al menos provisionalmente apreciación tan dulzona. Y
así, se le podría ocurrir que la felicidad como sentimiento
personal profundo solo puede darse en una sociedad mínimamente
justa, prudente y austera (equitativa), como advertía Bertrand
Russell nada menos que en 1930 (La
conquista de la felicidad),
dejando claro que esta solo es posible en sociedad y en acción. Y yo
veo a este Muiño como demasiado teórico e incluso algo mentalmente
fondón, ajeno al ajetreo ecologista, que es siempre socializador y
militante (y que no suele tener tiempo para elucubrar sobre la
felicidad).
Interesante
sí es su propuesta de cometer “algún tipo de exceso”, pero debe
saber que el ecologista lleva una vida radical y completamente
excesiva por activa, arriesgada y comprometida, teniendo muy en
cuenta el entorno gris y acomodaticio, tan poco estimulante, que lo
rodea; y que son los intelectuales de invernadero, como aparenta ser
él, los que viven condenados a la (inevitable) abulia física y la
(amenazante) tontuna mental. Si este Emilio añadiera la historia
ecologista a su antropología profesional se encontraría con
vibrantes textos fundacionales de un ecologismo que siempre ha creído
en esa “vida buena” a la que alude como de pasada, ya que no
demuestra conocer sus más interesantes contenidos. Cuando este
científico distaba mucho de aparecer por este perro mundo los
ecologistas nos reuníamos en Daimiel (julio de 1978) para elaborar
un texto sobre, diríamos, la vida buena (mucho antes de esas
babosadas del slow
food y
el
slow life),
que al poco, en 1980, su principal formulador, el sociólogo Josep
Vicent Marqués, trasplantó a una breve pero genial obra (Ecología
y lucha de clases).
Me
preocupa que este antropólogo haya llegado a la escena conociendo a
la porción menos interesante del ecologismo, como algunos dirigentes
heréticos de Ecologistas en Acción, organización en plena crisis
de honestidad socioecológica precisamente por su alineación
creciente con el poder político; o de filósofos que nunca se
preocuparon por incrustar el ecologismo en la historia de las ideas,
mariposeando sin brújula entre ignorantes y oportunistas. A este
respecto, consulte nuestro Muiño reacio al holismo a un filósofo e
intelectual lealmente ecologista que ya supo, y se puso manos a la
obra, lo que había que hacer con el ecologismo, que era constituirlo
por derecho propio en parte del pensamiento filosófico y político:
Juan Ignacio Sáenz-Díez, “La cosmovisión ecológica” (texto
rotundo y espléndido dentro de Síntesis
de historia del pensamiento político).
Lo
comunal, que en opinión de Muiño parece elemento destacable,
debiera hacerle ver que es ahí donde no cabe, ni en broma, lujo
alguno (pero, ¿en qué comunidad piensa este hombre, en la seráfica,
quizás?). Y deberá reconocer la omnipresencia de la austeridad
material en cualquier tipo de grupo más o menos ecologista, que es
condición evidente de una vida mental y espiritual de calidad. Y
sobre lo de trabajar menos... si no analiza ni aclara su concepto de
trabajo eso queda en el vacío porque, ¿no ha reparado en lo que es
el trabajo alienado?, ¿solo le preocupa la duración, no su
naturaleza y objetivos?
Cuando
alude al “discurso ecologista de la supervivencia” se muestra
francamente errado, bien lejos del asunto. El ecologismo -y no hace
falta que este sea demasiado radical- cuenta con que la especie
humana es intrínsecamente perturbadora y necia, y que desaparecerá,
a término, por propio empeño. Contemplando la grandeza y el
“milagro” de la naturaleza, pretender la supervivencia del Homo
sapiens
no es ni justo ni inteligente... Supongo que en esto, nuestro
antropólogo es antropocéntrico, y deja en suspenso su
clarividencia.
No
obstante, de su fe en la “revolución tecnológica”, con el sesgo
crédulo que parece imprimirle, no veo probable una reconducción
ecológica por su propio esfuerzo. Será porque no conoce bien a
Illich (Energía
y equidad),
Schumacher (Lo
pequeño es hermoso)
o Commoner (Ciencia
y supervivencia),
y no estoy seguro de que se interese debidamente por la obra de
crítica tecnológica de Mumford, Virilio, Latouche, Mitcham... o de
críticos del timo digital como Morozov o Carr.
Con
esas expectativas de corte tan liberal (o peor: de desteñida e
inactual socialdemocracia), no me extrañaría que Muiño creyera en
el progreso, esa idea que no por ser relativamente reciente en la
historia deja de ser menos absurda. Y eso es fatal: a quién se le
ocurre, siendo un intelectual entregado a la antropología. Y puede
que hasta lo relacione con la fanfarria
político-burocrático-verdolera que sigue empecinada en comernos el
coco para mejor adocenarnos y contentarnos. Esto le pasa porque no ha
entendido qué es eso del ecopesimismo (o sea, que ni siquiera me ha
leído a mí: pero hombre...), por eso se considera llamado a dar
posibilidades y perspectivas a un mundo en peligro de caer en las
(peligrosas) tesis ecologistas, que siempre resultan aburridas por
pesimistas, con un discurso coñazo: él tiene la misión, totalmente
diferente, de demoler todo eso y ofrecer ilusiones nuevas y emociones
garantizadas (de lujo a espuertas, ¡uf!).
¡Ah,
lo del surrealismo! “Vengo de una tradición, el surrealismo”,
dice, como cambiando del todo la variable de su discurso, que es más
o menos ambientalista, Ahí sí que me rindo, ya que no entiendo ni
lo que realmente es eso ni qué falta le hace para entretener su
mente en referencias y análisis para-ecologistas. Es la primera vez
que oigo esto de alguien relacionado con el medio ambiente, ya que el
escapismo surrealista -que es lo que yo sé de eso- solo puede ser
frívolo y banal, y pretender con menosprecio enviar el ecologismo a
la irrelevancia; y eso no me hace gracia. Me paree que es como decir
“Yo estoy aparte, me declaro surrealista y que me echen un galgo”.
Pido
mil perdones si resulta que me equivoco, pero creo que a Muiño hay
que inscribirlo en esa hornada de pensadores lanzados, pero más
precoces que adelantados, más precipitados que prudentes. Con el
riesgo que siempre acecha, cuando no se piensa como hay que pensar, y
en esto la metodología académica sí resulta útil. Mi sincero
deseo es que este Muiño evite convertirse en muestra brillante de la
incultura ecologista de la generación intelectual actual, con el
agravante de que quiera ser vanguardia de algo sin el respeto debido
a ciertos fundamentos que la historia, la política y la ciencia en
general le podrían aportar. Y también me gustaría que reconociese
que en el ecologismo casi todo está inventado, y a los que llegan
tarde lo primero que les corresponde hacer, con paciencia y
aplicación, es asimilar todo lo ya dicho, escrito y, sobre todo,
hecho. No sé si me explico.
Frente al hieratismo que practican las grandes organizaciones ecologistas integradas en el G5, fuertemente subvencionadas o con abundantes recursos económicos, diversas organizaciones de pequeño tamaño y sin financiación realizan una labor de lucha contra la invasión de la industria de las macrorenovables
El planeta por encima de las ganancias.La progresiva institucionalización de las más conocidas organizaciones ecologistas están dejando sin contenidos y sin capacidad de transformación real al propio ecologismo.
Una cuestión de fondo
En juego está la palabra ecologismo, y no es retórica. Mientras algunas personas se juegan la vida –o parte de ella– en la defensa activa del medio ambiente, organizaciones millonarias parecen estar jugando en otra liga, contemplando desde lejos cómo el sistema se viste de verde para convertirse en ecosistema (capitalista).
En España, mientras el G5, es decir, la alianza de las organizaciones Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y SeoBirdLife, actúa de una forma mediática, tratando de acaparar la atención sobre problemas de gran calibre, activistas de pequeñas asociaciones, muchas de ellas de carácter local, se afanan en defender territorios de las infinitas agresiones que se han desatado de un tiempo a esta parte. Esta es una percepción bastante extendida en el seno de esas plataformas marginales, pero, ¿responde a certidumbres o son simples opiniones?
El llamado gropo G-5.
La campaña de Greenpeace sobre Altri se extiende por las redes, y los efectos, no cabe duda, ejercen una estimable presión social sobre la aberración de una gran industria en el centro de Galicia, pero esto ocurre mientras el silencio impera alrededor de otros muchos proyectos no tan mediáticos como este pero que, en conjunto, resultan, al menos, igual de lesivos para la naturaleza y sus habitantes.
Esta y otras campañas publicitarias engrasan la maquinaria de Greenpeace en España, con 117.000 socios declarados y unas cuentas publicadas de ingresos que en 2023 fueron de más de 19,4 millones de €, de los cuales, hay que advertirlo, tan solo 298.000 millones provenían de subvenciones, donaciones y herencias.
Manifestación contra el proyecto de Altri en Galicia.
La independencia de esta organización con respecto al Estado es evidente, al menos desde un punto de vista económico, pero esto no impide que sus posicionamientos ideológicos se parezcan, y mucho, a los marcados por el Green Deal europeo. Y no tanto en los fines, pues imaginamos que nadie en su sano juicio querría ver convertido este planeta en un infierno climático, sino, sobre todo en los medios para conseguir (o no) bajar el ritmo de las emisiones.
Y es en esta afinidad con Green Deal donde, tal vez, arranca la citada percepción negativa. En especial en lo relativo a las políticas verdes, y en las que la expansión de las macrorenovables es un camino sin retorno en países colonizados energéticamente.
Compartiendo un negacionismo de lo evidente, que a nuestro juicio resulta casi infantil, tanto Greenpeace como el resto del G5 pretenden hacernos creer que la industrialización verde puede restar emisiones, pero la realidad es tan tozuda que un simple dato viene a demostrar esta falacia: las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de origen fósil en el mundo alcanzaron las 37.400 millones de toneladas en 2024, un 0,8% más que en 2023, según los datos publicados por Global Carbon Project.
Podríamos pensar que este dato es diferente para los países que han apostado fuertemente por las renovables, como es el caso de España, pero tampoco es así. Para España, el aumento de emisiones se cifra en casi un 1%. A su vez podríamos argumentar que sin las renovables el futuro pintaría aún peor, pero esta teoría es bastante discutible: en la producción de los distintos elementos que intervienen en la producción, transporte y colocación, tanto de las plantas fotovoltaicas como de las centrales eólicas, se precisan fuentes de energía que directamente están relacionadas con el consumo de fósiles, en mayor o menor medida. Y teniendo en cuenta que las renovables no están sustituyendo al petróleo en los consumos más relevantes, lo que obtenemos es una simple suma, y con fecha de caducidad, que es la de la vida útil de las instalaciones.
Energías ‘limpias‘. Fuente: Hpgruesen (Pixabay)
Cada año que pasa resulta más claro que interviniendo exclusivamente en el sector de la electricidad, es imposible revertir la imparable tendencia de las emisiones. Pero también en este campo, surgen abundantes problemas, tanto de almacenamiento como de demanda, o de mantenimiento de la tensión en redes. A lo que habría que añadir la incertidumbre generada por los centros de datos con su ingente consumo de energía.
Todas estas cuestiones parecen indicar que la energía limpia es poco más que un oxímoron, y que sin un decrecimiento real en la economía productiva de bienes materiales –la mayoría de ellos innecesarios para la vida– cualquier pacto verde está condenado al fracaso.
Hay en consecuencia, un problema de fondo que separa a las grandes organizaciones ecologistas de las pequeñas, y es la fe con la que las grandes se han afiliado al crecimiento industrial verde, en contraposición con la desconfianza que este crecimiento genera en las pequeñas, las cuales, en su mayoría, apuestan por el mantenimiento de la economía local y de cercanía.
Divisiones anunciadas
Esta desconfianza de la que hablamos viene dada por los numerosos problemas asociados a la indiscriminada expansión de las renovables y que a la hora de su implantación no se están teniendo suficientemente en cuenta. Además, a la ocupación de terrenos que se convierten en estériles, la destrucción de paisajes o el desplazamiento de actividades tradicionales, es obvio que esta nueva industrialización llega asociada a un nuevo y lacerante extractivismo. Cada vez se abren más y más minas de litio, cuarzo, cobre y otros metales, además de las famosas tierras raras. Las sociedades productoras de recursos se ven presionadas a ceder frente a la ambición de las empresas y estados depredadores, y como consecuencia sobreviene más destrucción del medio ambiente, más extinciones de especies y, también, más guerras.
Por todo ello, es inevitable que el ecologismo más activista reaccione frente a estas agresiones. Sería ilógico que sucediera lo contrario. Estas son las razones por las que las plataformas de defensa del territorio o asociaciones ecologistas de base ponen en entredicho esta huida hacia adelante y piden, muchas veces a gritos, una moratoria en el nuevo colonialismo energético.
Y sin embargo, las grandes organizaciones del G5 se empeñan en defender las soluciones tecnológicas como única salida a la crisis climática. A través de determinados artículos en prensa, se ha tratado de desprestigiar a este movimiento marginal acusándolo de defender solo el aquí no e incluso tildándolo de afinidad con la extrema derecha, en base a algunas coincidencias con ciertas organizaciones agrarias (y también políticas) en sus reivindicaciones.
Pero tras un simple examen puede verse que estas afirmaciones no tienen mucho fundamento. A pesar de esto, las grandes organizaciones ecologistas estallaron como la pólvora a partir de aquella conocida carta al G5 firmada en mayo de 2023 por alrededor de 50 pequeñas organizaciones –y apoyada por otras tantas–, y en la que se acusaba a los miembros del G5 de mantenerse al margen frente a la invasión de macrorrenovables por todo el país.
Una de esas asociaciones que apoyaron el manifiesto fue Ecologistas en Acción de Zamora, que a partir de ese momento comenzó a sufrir el acoso de Ecologistas en Acción (Confederal), con acusaciones en grupos internos o correos de dudosa intención por parte de la dirección, hasta el punto de verse obligada a abandonar la organización confederal en noviembre de 2023.
En el fondo del asunto, claro está, no solo se encontraba el apoyo público a esa carta sino un posicionamiento radicalmente diferente en lo que se refería a la expansión de las renovables, así como las críticas a la falta de democracia interna y a los modos de financiarse por parte del grupo confederal.
En 2024, Ecologistas en Acción (confederal), según datos publicados, tuvo unos ingresos de 2.475.000 €, de los cuales 1.150.000 eran subvenciones públicas y 778.000 donaciones, básicamente procedentes de fundaciones privadas sin especificar pues, al contrario de lo que sucede en otras organizaciones que reciben dinero de este tipo, y en una alta total de transparencia, en EEA no aparecen los nombres de las fundaciones en sus cuentas anuales. Hay que tener en cuenta Ecologistas en Acción comenzó 2025 con 1.517.000 euros por gastar de subvenciones y recursos de fundaciones. Y ello porque no todas las subvenciones y financiación privada concedidas en un año dado se convierten en ingresos en ese año. En concreto, la financiación de fundaciones concedida en 2024 ascendió a 961.000 euros.
Si bien, tal y como ha denunciado el grupo Ecologistas Indignadas en una de sus cartas (ecologistasindignadas.org), y a juzgar por informes internos, se está produciendo dentro de Ecologistas en Acción una fagocitación por parte de diversas fundaciones, entre las que destaca Transport & Environment, la cual, en gran medida, trata de influir en la adopción del automóvil eléctrico como vector de transición verde; y también ECF (European Climate Foundation, el brazo europeo de Climateworks Foundation), que financia a EEA desde 2015 y con la que llegó a tener acuerdos en 2024 por valor de 392.000 €. Aunque, sin duda, la más la más aberrante, al contradecir totalmente el ideario de EEA, es la ayuda recibida de la organización pronuclear estadounidense Clean Air Task Force en 2022 y 2023. ¿Fallaron aquí los controles igual que fallaron con el caso de los abusos denunciados por eldiario.es? ¿Cómo es que indagando en los mecenas de estas fundaciones que a su vez financian a EEA nos encontramos con grandes fundaciones capitalistas mundiales donde se encuentran algunos de los milmillonarios más conocidos? ¿Por qué razón este cambio en la financiación en EEA hacia una clara dependencia de las fundaciones se produce a partir de 2019? ¿Cúal es el motivo de esta tendencia creciente en la financiación que como demuestran sus cuentas de 2024, estaría con 960.000 euros cerca del millón de euros?
Queda por decir, en consecuencia, que con solo 7.641 socios declarados, aunque seguramente son menos, EEA apenas llega al 20% de financiación propia, dependiendo casi totalmente de la ayuda institucional, vía subvenciones públicas o a través de fundaciones que, a su vez, reciben fondos europeos, los cuales, no olvidemos, también salen de los impuestos de los ciudadanos.
Esta dependencia casi absoluta de ayuda exterior explicaría, en gran parte, la posición ambivalente y difusa con respecto a las energías renovables. Mientras las organizaciones de defensa de los territorios lo tienen claro: hay que buscar fórmulas que no pongan en peligro los recursos naturales y humanos –sin perder el horizonte en la lucha del cambio climático–, organizaciones como EEA viven en un mar de contradicciones. Por un lado, tratan de guardar la ropa manifestándose en contra de la instalación de proyectos emblemáticos como el clúster del Maestrazgo, y por otro frenan cualquier decisión de moratoria en regiones saturadas.
Las expulsiones
Llamativa fue, por ejemplo, la posición adoptada por EEA en su asamblea confederal de Córdoba en 2022 con respecto a la eólica marina. En un principio, en la asamblea anterior (de Junio de 2022) la enmienda a la totalidad al documento de posición de apoyo a la Eólica Marina, promovida por la mayoría de grupos de Galicia, se aprobó por ganar la votación, pudiendo votar los grupos locales de todo el Estado, pero la directiva rechazó la resolución asamblearia forzando una segunda votación en la Asamblea de Córdoba en diciembre de 2022 con exclusión de la posición de los grupos disidentes que querían que lo votado en junio se respetase en este asunto como se respetaba para el resto de votaciones.
Esta traición, apoyada por no pocas federaciones, alguna de ellas afectada por la eólica marina, como la de Cantabria, fue el motivo principal de que la Asociación Ecoloxistas en Acción Galiza, se distanciase e iniciase su propia andadura. Las diferencias irreconciliables que durante 2023 se fueron sucediendo, acabó en un alejamiento que tuvo la gota que colmó el vaso en la Secretaría de septiembre de 2023 donde, a pesar de que había una falsedad en el orden del día sobre la asociación gallega según la representante de la asociación, y ésta pidió la palabra para aclararlo, se le negó y no se le permitió hablar, por lo que en la asamblea de octubre de 2023 la asociación optó por cambiar el logo y el nombre social, por unanimidad, y romper definitivamente la relación con Confederal.
Algo parecido ocurrió en Castilla y León con las renovables terrestres. Pese a ser aprobada en una asamblea extraordinaria la moratoria para los grandes proyectos industriales de este tipo, la dirección federal de Castilla y León logró frenar esta declaración cambiando a su manera las reglas de juego –para que votaran representantes de grupos y no personas– al tiempo que promovía la expulsión del colectivo que había propuesto la iniciativa.
La salida del grupo de Zamora y los grupos de Galicia integrados en la Asociación Ecoloxistas en acción de Galicia –que pasó a llamarse Asociación Ecoloxistas Galiza, Atlántica e verde–, tuvo un eco importante en la prensa nacional en una primera instancia, pero rápidamente se transformó en borrado precipitado de noticias o posteriores modificaciones que daban por válida la contrainformación oficial y que podríamos resumir en las declaraciones del coordinador Luis Rico en el eldiario.es donde llegó a afirmar, sobre estas asociaciones: “no forman parte de Ecologistas en Acción. Hay una especie de usurpación de identidad”. De pronto, y a juicio de la maquinaria de EEA, estas organizaciones jamás habían participado de la estructura de forma oficial.
En la actualidad, ambas asociaciones, la de Zamora y la de Galicia, manteniendo su nombre jurídico, siguen funcionando en sus respectivos ámbitos, con una gran actividad en todos los frentes medioambientales. Ecologistas Zamora ha redactado, en los dos últimos años, más de 100 recursos y alegaciones, al tiempo que ha llevado a cabo una intensa actividad cultural mediante conferencias, ciclos de cine y debate, etc. Por su parte, Ecoloxistas Galiza ha logrado, mediante justicia gratuita, parar cautelarmente más de 60 proyectos eólicos de gran impacto sobre el territorio, al tiempo que sus 22 grupos que forman la asociación siguen trabajando en diversos ámbitos: extractivismo minero, contaminación, arboricidios, etc. Y todo esto con presupuesto cero o con aportaciones exclusivamente provenientes de los socios.
Activistas sin fondos. David y Goliat
¿Pero cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que dos asociaciones sin recursos realicen una labor que no están realizando las grandes organizaciones?
La percepción general en el ecologismo es que existe una especie de disfunción en los objetivos que proviene de una especie de confusión entre fines y medios. Si nos ceñimos a los fines generales, los más apremiantes deberían ser los que conciernen a los principales problemas que acechan a nuestro planeta. Atendiendo a los nueve límites planetarios identificados por el Stockholm Resilience Centre (cambio climático, integridad de la biosfera, presencia entidades químicas artificiales, capa de ozono, aerosoles atmosféricos, acidificación de los océanos, ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y el fósforo, y cambios en el agua dulce), varios de ellos implican un peligro inminente de desastrosas consecuencias. Pero más importante que luchar de forma diferenciada en contra de estos nueve límites, es que esta lucha no sea contradictoria. Es decir: que las acciones en contra del cambio climático no supongan, por ejemplo, una pérdida de biodiversidad.
El G5 no tiene, en la actualidad, una mira holística de la situación, y esto es así a causa de una premisa que no se cumple y que es la intervención de los problemas en origen. No hay crítica a la cuestión principal, que no es otra que tiene que ver con la deriva del capitalismo extractivista. Es más, en alguna de estas organizaciones inicialmente anticapitalistas, tal y como rigen sus principios fundamentales, como es el caso de EEA, el proceso de asimilación con los poderes fácticos ha conducido a una posición pusilánime con políticas de continuo crecimiento económico en base a una reindustrialización de las capas productivas.
Hay varios ejemplos que avalan esta falta de crítica. La primera de ellas es el trato especial que da el Gobierno al 5G a través de los convenios que viene firmando con el G5 desde 2011. El último de ellos es de 2022 y tiene vigencia hasta el 2026. Estos convenios dejan claro que el Gobierno entiende que ellos son los únicos y legítimos interlocutores en la cuestión ambiental en España y desde el ecologismo. Y evidencian, a su vez, una escasez de posicionamientos divergentes con la política ambiental, pero también económica, marcada desde Bruselas. Está claro que solo abandonando estos convenios será posible cuestionar aspectos claves que tienen que ver con cuestiones de fondo, como son las referidas a la producción y consumo de bienes; pero esto no va a suceder, al menos por el momento.
El segundo ejemplo es el débil posicionamiento frente a asuntos de gran trascendencia y que actúan como catalizadores de desastres humanos y medioambientales. En concreto, cuando hablamos de cómo decir No a la guerra, un lema que parece trasnochado –pero que debería estar plenamente vigente–, se observa una actuación a remolque de otras pequeñas organizaciones que son las que, generalmente, toman la iniciativa de convocar las manifestaciones pacifistas.
Cierto que desde el G5 se han venido publicando manifiestos en contra del genocidio de Gaza pero se echa de menos una posición unida, firme y contrariada en lo que se refiere al comercio de armas entre España a Israel. Y en relación a la guerra de Ucrania, el G5 redactó un escrito titulado “10 propuestas ecologistas ante la crisis derivada de la guerra en Ucrania” que venía a poner el foco sobre la necesidad de aprovechar los recursos primarios, pero donde no se ponía en entredicho una de las causas principales del conflicto bélico: la obtención de materias primas con las que sostener la nueva era industrial en la cual también los ciudadanos somos consumidores. Tal vez no pueda ser de otra manera, teniendo en cuenta la posición belicista de la UE y siendo la UE una de las financiadoras de gran parte de estas organizaciones. En concreto, cabe recordar, que EEA vicepresidió hasta hace poco la organización European Environmental Bureau (EEB) y se mantiene en su órgano directivo, organización que tiene a la Unión Europea como su principal financiador público.
La nueva era tecnológica que se avecina, dominada por la inteligencia artificial, va a requerir de ingentes recursos para su mantenimiento. No solo a la hora de llevar a cabo la fabricación de nuevas terminales y otros objetos de consumo sino, sobre todo, en el mantenimiento de gigantescos centros de datos que son ya auténticos agujeros negros de energía.
Estos y otros agujeros negros (las ya citadas guerras, el consumo de carne o el regreso al carbón y la madera como formas de obtención de energía) van a hacer imposible revertir la crisis climática de una manera razonable. De nada va a servir llenar el paisaje de ineficientes hidroductos o infinitas placas solares. Sin decrecimiento en los bienes materiales y sin una moratoria en el uso lúdico de la inteligencia artificial, el cambio no va a ser posible. Negar la necesidad de este decrecimiento también es negacionismo, y es esto justamente lo que está haciendo el G5.
¿Es posible una reconciliación?
En este 2025 se han observado algunos movimientos interesantes en el G5 que nos gustaría señalar.
Por una parte, hay una apropiación de términos por parte del G5 provenientes del universo del ecologismo de base. Hace años, por ejemplo, hubiera resultado extraño escuchar hablar a alguna de estas organizaciones de “defensa del territorio”. Pero desde las jornadas Construir autonomía frente a la crisis global. Experiencias de apoyo mutuo para garantizar las necesidades básicas, organizadas por la Plataforma Apoyomutuo en septiembre de 2024 y que reunieron a importantes especialistas en medio ambiente y territorios, se han producido réplicas en el G5. Citar por ejemplo el encuentro online Ecofeminismo y defensa de los territorios, organizado por Greenpeace para el 8 de marzo.
Por otra parte, de igual manera que hasta ahora algunas organizaciones apenas presentaban informes o alegaciones a proyectos de macrorrenovables, en 2025 comienza a vislumbrarse un cambio (demasiado tarde, también es verdad). De la misma manera que SeoBird, por ejemplo, no presentó recurso alguno frente a la agresión de una de las reservas naturales mejor conservadas de España (nos referimos a Villafáfila), sí que lo hicieron, en contencioso-administrativo contra la autorización de la planta solar fotovoltaica Caelum IV, proyectada en la provincia de León.
La excusa de que la función de SeoBird es fundamentalmente científica o divulgativa casa mal con las cifras de sus cuentas publicadas. Con 25.000 socios declarados, tuvieron una financiación, en 2022, el último año declarado, de 5.880.000 €, que representaría el 50% de la financiación total, todo lo cual, como podemos imaginar, daría para mantener un buen equipo de abogados para, como cabría esperar de una organización de este tipo, poder luchar contra los desmanes que afectan directamente al medio ambiente.
Para alcanzar una reconciliación entre el ecologismo de base y el institucional sería precisa una gran transformación tanto en los modelos de financiación como en las formas de conseguir los fines estatutarios. No olvidemos que la condición de utilidad pública viene asociado a un reconocimiento social de la labor de la entidad, y lo que la sociedad demanda en estos momentos, en especial en zonas indefensas, despobladas y desfavorecidas económicamente, es un respaldo de organizaciones no gubernamentales.
Pero hay algo más que las organizaciones insertas en el G5 deberían superar, y es la idea generalizada de que, en realidad, son agencias de colocación y no auténticas defensoras del medio ambiente. Con escaso voluntariado y con una verticalidad cada vez mayor (sobre todo en aquellas organizaciones que hasta ahora presumían de ser horizontales como EEA), las críticas se dirigen a que la mayor parte del trabajo realizado es de carácter burocrático y es llevado a cabo por personal contratado, en concreto en EEA con un coste laboral de 1.431.000 € y no menos de 650.000 euros más en contratos de prestación de servicios, según aparece en sus cuentas anuales.
Y no solo eso, que personas integradas dentro del G5 trabajan también redactando impactos ambientales para las empresas que presentan estos proyectos contra el medio ambiente.
Sean fundadas o no estas críticas, lo cierto es que se observan de forma objetiva varios factores:
Por un lado, una falta de autonomía económica. Con 2.040.000 € de presupuesto en sus últimas cuentas y apenas 650 socios, Amigos de la Tierra se lleva la palma en lo que se refiere a su dependencia en ingresos de ayudas y subvenciones, rondando el 99%.
Por otro, tendríamos una exagerada desproporción entre el número de socios y el presupuesto que manejan. Los casi 12 millones de euros de presupuesto de WWF para poco más de 51.000 socios implican una relación de 240 €, de los cuales más de la mitad corresponde a ayudas públicas.
Y por último, la escasa participación democrática de las personas afiliadas. En EEA, una estructura confederal formada por 170 grupos –lejos quedan los 300 en origen–, la participación en las asambleas es muy escasa: en la última celebrada el pasado 7 de junio solo participaron 33 grupos, es decir, el 20%, un porcentaje que muestra claramente el alejamiento de los grupos locales de su propia organización.
Por el contrario, la falta de medios en las asociaciones pequeñas impide su buen desarrollo y gestión, debido a la absoluta falta de recursos, viendo impedida su actividad en muchos ánimos y generando bastante desánimo y resignación.
Cuenta la coordinadora de Ecoloxistas Galiza que aquella visita a la asamblea de Granada de EEA le supuso un considerable gasto económico, de tiempo y de energía. Todo para 2 minutos de exposición defendiendo el NO a las macrorrenovables, en especial la eólica marina. Todo para ver como se humillaba al colectivo dentro de la organización, difundiendo falsedades y negándole la posibilidad de ser escuchada y ver como las redes de Ecoloxistas Galiza eran usurpadas por el grupo Federal de Galicia creado ad hoc por una minoría de miembros.
Va a ser difícil la reconciliación sin una recapacitación del G5 y un rebajamiento en el grado de soberbia. Hemos de suponer que las pequeñas organizaciones ecologistas también pueden mejorar en su grado de activismo pero la comparación entre David y Goliat no puede hacerse sin un truco en la perspectiva.
Por otro lado, no solo cada vez surgen más plataformas locales y se reactivan movimientos dormidos, como Aliente, sino que algunas de las nuevas formaciones ecologistas surgen a iniciativa de personas que antes formaban parte de alguna organización en el G5, como es el caso de la Plataforma Ecologista Madrileña.
La ineficacia del G5 en temas fundamentales es cada vez más evidente. No hay más que ver la escasa influencia en la reunión con la Comisaria Teresa Ribera del 21 de febrero, pocos días antes de que se entrara en vigor el decreto Omnibús aprobado por la Unión Europea y que claramente limita los derechos fundamentales ciudadanos, además de poner en peligro las acciones frente a la crisis climática. Un decreto frente al cual alzaron la voz Amnistía Internacional y otras 170 organizaciones mientras el G5 mantenía una posición tibia.
Pero aún hay más, muchos de los informes redactados en su día por las organizaciones del G5 están siendo utilizados por la parte contraria en los contenciosos que pretenden tumbar los proyectos de macrorrenovables. En concreto, el informe de Greenpeace Galicia, más allá de los combustibles fósiles, de diciembre de 2023 y donde literalmente se afirma que “las fuentes de energía renovable solo cubren el 25,8% del uso de energía primaria en Galicia”, es una prueba recurrente para hacer avalar la posición de las empresas eléctricas respecto a la utopía de que la energía renovable podría sustituir al petróleo en ese uso primario –como por ejemplo la agricultura–, y olvidando, de paso, la energía eléctrica que se exporta.
Tal vez, por todo lo dicho, una reconciliación no sea del todo posible, y lo único que cabe esperar es que el G5 no de un giro belicista como el dado por los Verdes en Alemania, y que las asociaciones ecologistas independientes del sistema, se unan.
Por
Gloria
Piñero 
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