He
de reconocer la redacción elegante, moderada y ajustada del
comunicado de la Coordinadora de Plataformas Stop Biogás de la
Región de Murcia, así como el esfuerzo de sus representantes,
cumplido en tiempo récord, por juntarse y ponerse de acuerdo sobre
ese texto Y como supongo también la sintonía sobre el método, al
menos general, del combate al que se lanzan, me apremia el deber de
hacer algún comentario al respecto, que me brota de la experiencia y
que quiero orientar para el mejor y más redondo éxito de la
campaña.
En primer lugar, me he
preguntado si la calificación de las plataformas como “apartidistas”
pretende algo más que negarle la dirección de su actividad a los
partidos políticos y sus líderes, lo que aparte de ser prudente, es
la costumbre. Porque si apartidistas quiere decir apolíticas, que
espero que no, me vería obligado a dudar de la idea que tengan de la
política sus redactores.
A estas alturas me
parecería banal decir que las plataformas vecinales están en
primera línea de la política, tanto por el carácter de sus luchas
como por sus objetivos (si estos son “completos y acertados”,
claro), pero el repetido interés “apartidista” que veo en
comunicados o manifiestos de parecida índole me alarman porque lo
que muestran es en realidad una extraña, además de inoportuna,
ignorancia hacia lo que es -y debe ser- la política. Este asunto, el
de las plantas de biogás, exige una intensa politización de fines y
métodos, y quien quiera ignorarlo -o boicotear las medidas y
actitudes profundamente políticas que exige- están contraviniendo
lo mejor de la tradición reivindicativa del movimiento vecinal (y
también, por supuesto, del ecologista), poniendo en serio riesgo los
resultados de la ofensiva.
Muestro, pues, mi
preocupación de que, en una región de voto mayoritario conservador,
esta “advertencia” apartidista/apolítica resulte un éxito de
líderes derechistas, o al menos de vecinos que se alinean con el
bloque PP-Vox. Porque es verdad que las ideas quiebran -si bien
temporalmente- cuando se siente una amenaza directa que hay que
conjurar enfrentándose a unos dirigentes políticos de la misma
cuerda ideológica, pero la protesta, la reivindicación y la crítica
fundamental al poder y sus decisiones, o alianzas, con proyectos
detestables es de izquierdas y solo de izquierdas (por supuesto que
hay muchos ciudadanos que, pese a ser de izquierdas de corazón y
estómago, lo ignoran en su pensamiento y mente, y que al reconocer
esto en muchos casos experimentan una -absurda- repulsa hacia su
educación, su familia y su propia historia personal). Que las luchas
vecinales siempre han sido escuela y expresión de política de
calidad, o sea, de la intervención ciudadana, directa y expresa, en
la cosa pública, imponiéndose legítima e incuestionablemente al
poder instalado.
Llamo la atención, en
segundo lugar, sobre la inclusión entre los fines de estas
plataformas de “promover alternativas sostenibles” y “colaborar
con las administraciones”, como indudables muestras de ingenuidad e
inexperiencia que pueden llevar -si se tomaran en serio- a la más
limpia ineficacia. Lo de “proponer alternativas” es el típico
reflejo naif de estas plataformas que esperan, con ese rasgo
de “buena voluntad”, obtener respuestas favorables desde el poder
político y las administraciones, lo que carece de fundamento. Y por
lo que respecta a “colaborar con las administraciones públicas”,
esto es ignorar que es muy raro que tales administraciones vayan a
pedir colaboración a los vecinos para nada, tan sobrados se sienten,
políticos y funcionarios, de sus derechos y capacidades; como no
sea, claro, con la perversa intención de hacer partícipes a los
ciudadanos de alguna tropelía hacia la que se dirigen y a la que no
quieren renunciar, buscando extender una responsabilidad que solo a
ellas correspondería. Estas son actitudes que quieren eludir la
radicalidad, creyendo que esto favorece los objetivos de una lucha
que no debe ocultar su dureza.
Manifestantes de Stop Biogás Mar Menor contra la planta de biogás en El Mirador (San Javier) el pasado 29 de diciembre.
Continúo
con esta revisión redaccional de la comunicación de las Plataformas
-que nadie debiera tomar como hostil, sino como aportación en pos de
la eficacia- poniendo de manifiesto lo que considero como tres
errores adicionales. El primero es oponerse a estas plantas “hasta
que no se desarrolle una adecuada normativa”, porque eso es mucho
confiar en que una normativa futura vaya a ser favorable y pueda
convertir en innecesaria la movilización; es, también, renunciar a
los principios profundos de esta guerra, que no puede anular la
legislación. El segundo es que se anuncia esa oposición a las
plantas “que puedan perjudicar la salud, el futuro y el desarrollo
de las localidades” afectadas, mostrando un punto flaco evidente, y
sobre todo peligroso: cuando la Declaración de Impacto Ambiental
diga de alguna de estas plantas que no influye negativamente ni
perjudica a la salud, el futuro o el desarrollo, ¿van a “desarmarse”
estos vecinos en lucha y sentirse tranquilizados por esa decisión
administrativa? Y el tercero es lo de “oponerse a la construcción
de megaplantas” de biogás y biometano, que deja en el aire la
definición del umbral entre planta y megaplanta, o entre esta y
“miniplanta”, resultando esta precisión más peligrosa que
absurda.
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Distribución inicial de los proyectos y plantas de biogás en la Región de Murcia. (Sin actualizar. No figura la de Mula, p.ej.).
Con
respecto a esta cuestión del tamaño habría que subrayar que, si se
consideran aceptables las “miniplantas”, estas deberán recaer
cobre las propias granjas porcinas -principal fuente de materia prima
para la obtención de gas- ya que estas instalaciones deberían ser
limpias y presentar un balance ambiental de impacto cero. Esto
implica además el importante resultado de que el negocio del porcino
se encarecerá notablemente, lo que frenará el “impulso natural”
de los empresarios codiciosos, estos que viven su agosto desde hace
años, al tiempo que hacen de su capa un sayo.
Lo
que nos lleva -y supongo que es lo que subyace en el origen y la
discusión de estas plataformas- a la crítica a fondo del modelo
agrario, que es de lo que se trata si es que de verdad se quiere, en
serio, encarar el problema. Porque el sarampión de plantas de biogás
en la región persigue convertir en negocio atractivo para la
industria lo que es un coste directo de producción ganadera
intensiva, que debe ser resuelto y absorbido en cada unidad
productora de purines (o de otros residuos aptos para la digestión
anaerobia). Es un nuevo negocio, típico de este tiempo de ladina
conversión en actividad crematística del acelerado problema
ambiental del planeta, y aparece como consecuencia directa de la
proliferación, sin medida, orden o control, de las granjas porcinas.
Sin el necesario ejercicio, serio y profundo, de crítica radical a
este modelo agrario que envilece la región entera, las
movilizaciones no dejarán de ser algaradas de vecinos tocados en sus
intereses personales o familiares lo que, siendo legítimo, resulta
pobre y excluye la pedagogía y el avance en la cultura ciudadana y
la sensibilidad ecológica, que es misión necesaria e irrenunciable
de este movimiento.
Esquema del funcionamiento de una planta de biogás.
Y
de este enfoque, el correcto, hostil a la multiplicación de focos de
marranería y molestias, llegamos a la muy importante cuestión, que
el comunicado al que me vengo refiriendo plantea, que viene de la
alusión textual, como objeto de oposición, a las “plantas
cercanas a las poblaciones”. Lo que parece ignorar que, a la hora
de la verdad, el problema al que hay que atacar es ambiental, lo que
siempre significa “global”, y que afecta tanto a las personas y
poblaciones como a la naturaleza en sí y en su omnipresencia.
Restringir el interés y la restricción a la proximidad a los
humanos es un gesto antropocéntrico, equivocado y hasta demodé. No:
la actitud correcta, social, política y ética, es oponerse a todas
las plantas allá donde se proyecten, sea el medio urbano, sea el
rural.
Y
como señalamiento final, que quede claro que en esta guerra, como en
tantas otras de rechazo a industrias nocivas surgidas por sorpresa y
sin justificación de fondo, el objetivo básico y prioritario a
atacar son los alcaldes respectivos, como responsables directos e
inexcusables del bienestar de sus conciudadanos. Se comprueba una y
otra vez que los alcaldes, ante un problema como el que nos ocupa,
responden de forma extraordinariamente uniforme: primero, se muestran
encantados con el proyecto, que suelen hacer suyo para apropiarse el
mérito de los “grandes beneficios” que van a aportar al pueblo;
luego, cuando despuntan las primeras críticas, les falta tiempo para
decir que carecen de competencias, y que las protestas se han de
dirigir a las administraciones regional o estatal; y cuando se ven
realmente comprometidos y sin escapatoria administrativa (y no
digamos ética), se avienen a las concesiones, a rastras y con
cuentagotas, tratando siempre de ganar tiempo esperando que los
vecinos se contenten, se aburran o pierdan fuelle; con el fin último,
que no abandonan, de que el proyecto avance, se abra paso y llegue
al estado de hecho consumado (y quedar bien con las empresas que los
engatusan y pervierten, a lo que se suelen dejar, como mecanismo
personal y político instintivo, casi siempre a la primera).
De ahí que no haya que
tener consideración alguna hacia esos alcaldes que se resisten a
escuchar a los vecinos considerándolos menores de edad; o
afirmándose a sí mismos en el carácter democrático-electoral que
les ha subido en el burro sin interesarse por entender que su
legitimidad democrática trasciende al día electoral de cada cuatro
años, y que han de demostrarla, y ganársela, día a día, estando a
las duras y las maduras. Mirando hacia atrás (lo que siempre
ilustra), es de observar que, en contraste con los de ahora, aquellos
alcaldes de otro tiempo, no elegidos sino nombrados por los
gobernadores civiles, carecían de legitimidad democrática (como el
régimen entero, vaya), pero eran muy sensibles al tumulto y la
agitación (como el régimen entero, por cierto), y claudicaban ante
los vecinos sin llevar su resistencia al extremo y expresando
frecuentemente adhesión y solidaridad, una vez vencidos los primeros
escrúpulos y miedos políticos (estoy recordando la lucha
antinuclear y sus numerosos ejemplos en toda España).
Y deberá ponerse el
énfasis en el debate libre y público, y arrancar de los alcaldes
que lo aprueben y lo convoquen, estando presentes a ser posible; lo
que debe ir seguido de una consulta al pueblo. Todo ello, como digno
y oportuno ejercicio de democracia directa, y a esto no se pueden
negar los alcaldes, salvo que no les importe incurrir en felonía: se
trata de que el Pleno municipal diga no. Así que en el caso
de las plantas de biogás los objetivos a batir han de ser en primer
lugar los alcaldes y las corporaciones municipales, presionando e
introduciendo la división entre sus grupos y miembros; en segundo
lugar, las Consejerías de Industria y Agricultura, así como las de
Sanidad y Medio Ambiente; sin olvidar nunca a la CHS, ya que si no
hay concesión de aguas no puede haber planta, salvo que sus
promotores se decidan por la clandestinidad y la ilegalidad flagrante
(y a esto, los vecinos han de estar muy atentos, ya que la CHS
difícilmente va a ir en contra de las empresas, acostumbrada como
está a mirar hacia otro lado).
Y, atención: no se
deberá caer, en ningún caso, en creer y esperar el respaldo de la
ley, es decir, en confiar en los recursos administrativos tras las
aprobaciones oficiales pertinentes. Este es el defecto en el que
incurren, por ejemplo, la organización Ecologistas en Acción,
convertida en incomprensible agencia expendedora de alegaciones y
denuncias e instalada en un cómodo “ciberecologismo” que
abandona el tajo y la trinchera. Esta lucha, como tantas otras, debe
estructurarse en torno a un no tajante y vigoroso, fundado e
innegociable; es decir, en un rechazo que contenga cuanto de profundo
e intensamente social posee la razón cívica y ecológica cuando se
expresa al modo radical. Todo lo cual queda muy lejos de alinearse
con ese eslogan desgraciado del “Biogás sí, pero no así”, en
mala hora copiado del esgrimido en el -tardío, culpable-
enfrentamiento con las energías renovables por parte de grupos y
plataformas ciudadanas o ecologistas, que no han entendido nada de lo
que son y pretenden resolver esas energías, ni de dónde vienen ni
por qué han sido promovidas de pronto y masivamente.
Que
hay que aprender -y actuar en consecuencia- de las luchas del pasado
y de los errores del presente.
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