Emmet Doyle (Minnesota 15): “Trump necesita fabricar una conspiración para acabar con toda disidencia”

 

 Por Miguel A. Fernández   

      Periodista que colabora en El Salto y otros medios.

Emmet Doyle es carpintero, músico folk y organizador sindical. El Gobierno de Trump le acusa, junto a otras 14 personas, de ser un terrorista doméstico que mantiene lazos con Antifa. Doyle, con quien hablamos desde El Salto, se encuentra a la espera de juicio, acusado de “conspiración contra el Estado” por haber formado parte de los grupos de vigilancia vecinal que protegían a los migrantes de la persecución del ICE en Minnesota

Emmet Doyle es uno de los acusados en el caso de los 15 de Minnesota.

     El pasado mes de enero, las calles de las ciudades gemelas (Minneapolis y Saint Paul) vivieron semanas de agitación después del despliegue de más de 3.000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos —comúnmente conocido como ICE—, en la operación Metro Surge, con la que el Gobierno federal buscaba detener y deportar a cientos de inmigrantes, en la que iba a ser la “mayor operación de control migratorio jamás realizada” según sus propias palabras.

Manifestación contra la agencia policial de fronteras ICE en Nueva York.

Las protestas se intensificaron tras la muerte a tiros de los activistas Alex Pretti y Renee Good, y desembocaron en una huelga general que paralizó el estado de Minnesota, algo impensable en la historia reciente de los EEUU.

Durante las protestas, la ciudadanía respondió llevando comida y artículos de primera necesidad a las personas que se escondían de las redadas y organizó grupos de vigilancia vecinal que, armados de silbatos y cámaras de móvil, rastreaban los movimientos del ICE y alertaban a los vecinos de su presencia. El Gobierno respondió por su parte presentando numerosos cargos federales por conspiración contra decenas de activistas, sindicalistas y periodistas, e incluso, según documentos judiciales que se han hecho públicos este verano, llegó a poner en marcha una operación de vigilancia e infiltración en organizaciones progresistas, sindicatos y grupos de apoyo.

La operación de infiltración, denominada Puppet Master, tendría como objetivo acabar con lo que las autoridades calificaron de “red de conspiradores que ayudaban a oportunistas violentos y agitadores”.

Es el contexto en el que se enmarca el caso contra las 15 personas –conocidas ya como Minnesota 15— acusadas por la fiscalía de conspirar contra el Gobierno federal mediante diversas acciones, que abarcan desde lanzar trozos de hielo, establecer barricadas u obstaculizar o lesionar a funcionarios federales; a pesar de que hasta ahora no se ha identificado a un solo funcionario federal herido en las protestas—.

A juicio de Doyle, los cargos forman parte de “un procesamiento selectivo como represalia contra actividades protegidas por la Primera Enmienda [aquella que protege las cinco libertades fundamentales: de religión, de expresión, a una prensa libre, de reunión y de petición al gobierno]”. En todo caso, confía en que, una vez que se presenten las pruebas en el juicio, quedará demostrada su inocencia, “tanto moral como legalmente”.

Un grupo heterodoxo

El grupo es diverso, pero las personas que lo componen no concuerdan mucho con el perfil de terroristas que la Administración Trump se ha empeñado en difundir: “Soy carpintero, y entre mis coacusados ​​hay electricistas, sanitarios, educadores, un artista, un vendedor y varias personas cuyas vidas profesionales desconozco, pero que seguramente no son mucho más emocionantes que los oficios que he mencionado. Todos residimos en las ciudades gemelas; no somos 'agitadores externos' como afirma el gobierno. La mayoría de nosotros crecimos en Minnesota o llevamos mucho tiempo viviendo aquí”.

Los aspectos comunes que sí destaca Doyle serían los de la orientación sexual o el activismo de todos ellos: “varios de nosotros formamos parte de la comunidad queer, lo cual es lógico, ya que nuestra ciudad es un refugio para este tipo de personas. De hecho, Renee Good se había mudado aquí recientemente con su esposa. Y casi todos somos organizadores laborales y sindicalistas, y muchos participamos activamente en la organización de la huelga general del invierno pasado. Somos gente trabajadora y miembros de esta comunidad”.

“No se nos procesa por lo que hicimos” continúa Doyle, “porque el gobierno necesita encontrar a alguien a quien presentar como el 'coco' —esa figura aterradora del anarquista y el antifascista— y fabricar una 'conspiración' que sirva para acabar con toda disidencia. Se nos procesa porque creemos que, cuando nuestros seres queridos y vecinos son perseguidos por el gobierno, es nuestro derecho y nuestra responsabilidad actuar en defensa de nuestra comunidad. Esa idea resulta profundamente peligrosa para un gobierno que se basa en el miedo, la división y la desconfianza para consolidar su poder sobre nosotros.

Una de las cosas más llamativas del caso es el argumento de los “lazos” de estas personas con “Antifa” que no es una organización como tal, pues no cuenta con estructura formal, ni registro de miembros, y en todo caso se trataría más bien una corriente ideológica. Pese a ello, en septiembre del año pasado, y después del asesinato del agitador ultraderechista Charlie Kirk, Trump aprovechaba el aquelarre macartista para aventar el espantajo de “una organización militarista y anarquista que aboga explícitamente por el derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos, las fuerzas del orden y nuestro sistema legal [y que] utiliza medios ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia y terrorismo a nivel nacional con el fin de lograr estos objetivos”.

Expertos en derecho constitucional y libertades civiles recuerdan que en Estados Unidos no es delito pertenecer a una ideología o movimiento social y que sólo se podrían perseguir delitos individuales específicos, no corrientes de pensamiento. Señalan igualmente, que, aunque Donald Trump hubiera firmado una orden ejecutiva el año pasado para calificar a “Antifa” como organización terrorista doméstica, este tipo de decretos carecen de un sustento estatutario firme.

“No existe fundamento jurídico para esta acusación, pero la administración Trump opera en un terreno de ficción jurídica” opina Doyle. “Hay una tira cómica estadounidense llamada Calvin & Hobbes, en la que el niño, Calvin, juega a un juego llamado Calvinball, en el que las reglas se inventan sobre la marcha. Trump, como oligarca parásito surgido de los rincones más turbios de Wall Street, está acostumbrado a salirse con la suya sin consecuencias, ya sea en sus negocios, en los contratos que ha incumplido, con las mujeres y los niños a los que ha maltratado, o en su trato hacia nuestra gente, sus leyes y su Constitución: como si fueran una víctima más cuyos límites puede transgredir para obtener lo que quiera”.

El activista menciona la orden NSPM-7 [Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7], que ordena a las fuerzas del orden en sus diferentes niveles a coordinarse para obstaculizar la actividad política de aquellos considerados antiamericanos; una categoría que puede incluir a anticapitalistas, antifascistas, feministas, personas queer y a quienes en general puedan disentir de las políticas de su administración: “el objetivo es identificar a presuntos antifascistas y exhibirlos ante los medios para demonizarlos y atemorizar al público, y luego utilizar supuestos vínculos financieros con sindicatos y organizaciones sin fines de lucro para desmantelar y criminalizar a las instituciones progresistas de nuestra sociedad civil”.

El proceso contra los ‘15 de Minnesota’ sería pues, un aviso a navegantes con el que disuadir a la contestación a pie de calle: “sí, esa es precisamente la intención, o al menos uno de los objetivos, intimidar a la gente para que no oponga resistencia. Al atacar a activistas y sindicalistas, esperan neutralizar cualquier intento de organizar otra huelga general o más acciones sindicales en el futuro. También esperan encontrar pruebas —aunque no existen— que sugieran que los sindicatos brindaron apoyo organizativo o financiero a la resistencia contra el ICE, como la de las redes de respuesta rápida. Estas fueron, de hecho, iniciativas de base autoorganizadas que no contaban con un liderazgo establecido ni con una fuente de financiación. No logran comprender por qué la gente se organizaría para defender a sus vecinos de la violencia estatal. Esto se debe a que las acciones de los cientos de miles de personas que resisten requieren empatía, valentía y un sentido de responsabilidad hacia la justicia y los derechos de los demás, algo que nuestros perseguidores no poseen ni comprenden”.

El caso de Minnesota representa el último intento del Departamento de Justicia estadounidense por criminalizar cualquier acción opositora. Antes, manifestantes de Chicago y Spokane, en el estado de Washington, se enfrentaron a cargos similares con resultados dispares; el caso de Chicago fue desestimado por mala conducta de la fiscalía, mientras que los manifestantes de Spokane, acusados de formar una barrera humana para bloquear un autobús del ICE, fueron condenados y se enfrentan una pena de seis años de prisión. Y en junio, otro grupo de activistas ha sido sentenciado a condenas de entre 30 y 100 años de cárcel después de participar en una acción de protesta frente al centro de detención de inmigrantes de Prairieland, una cárcel del ICE en Texas, en la cual se lanzaron fuegos artificiales y en la que un oficial de policía resultó herido de bala. Entre los condenados está el dibujante “Des” Sánchez-Estrada, que, pese a no participar en las protestas, fue acusado por el hecho de transportar una caja con fanzines y libros de temática antifascista.

Apoyo a las personas condenadas por cargos de terrorismo en Texas.

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“Confío plenamente en nuestras perspectivas legales. Cada vez que recibimos el material probatorio [las supuestas pruebas de la fiscalía] parece revelarse muy poca evidencia de que hayamos cometido algún delito. Como no soy abogado, no hablaré de las estrategias de defensa de nuestro equipo, pero en lo más profundo de mi ser, creo que seré un hombre libre. Sin embargo, si no fuera así, eso no supondría ninguna victoria para mi gobierno. No detendrá las protestas ni la resistencia contra ellos ni por un instante. Además, ¿realmente quieren encarcelar a un cantante de música folk y hacer que la gente quiera escuchar mis canciones aún más? ¿Realmente quieren enviar a un grupo de organizadores sindicales a ese campo de trabajos forzados en que se ha convertido el sistema penitenciario estadounidense, donde los reclusos ya se están organizando y declarando en huelga? Sería un honor organizar a la gente en las prisiones de Estados Unidos, si no tuviera tanto que hacer fuera de ellas”.

Desde el inicio del proceso, la solidaridad de la comunidad progresista de las ciudades gemelas ha sido abrumadora, como sigue explicándonos Doyle: “Desde el momento en que salí de la cárcel tras mi lectura de cargos, he recibido un nivel de apoyo y afecto que supera todo lo que jamás imaginé. En mi frigorífico siempre hay comida casera que alguien ha traído. Han surgido músicos dispuestos a ofrecer conciertos benéficos para nosotros, abogados para representarnos y terapeutas para ayudarnos a gestionar el miedo y el impacto de descubrir que estábamos bajo una vigilancia tan intensa; y así sucesivamente. Lejos de intimidar a la gente, nuestro caso ha insuflado nuevo oxígeno a las brasas del invierno pasado, reactivando la movilización. Ha recordado a la población que el ICE sigue aquí, que sigue llevándose a personas y que nos están procesando para debilitar la resistencia de cara a la próxima vez que vuelvan a ocuparnos”.

“Es evidente que el gobierno esperaba que, al tacharnos de 'oportunistas violentos' que secuestraron protestas legítimas, lograría abrir una brecha entre nosotros y los manifestantes más 'respetables'. Esta es una estrategia que también los gobiernos municipales liberales, alineados con el Partido Demócrata, han utilizado una y otra vez contra sectores antiautoritarios, trabajadores en huelgas combativas, jóvenes negros del movimiento Black Lives Matter y otros manifestantes. El objetivo es dividir el movimiento, privar a los manifestantes más radicales de la solidaridad y el apoyo de los demás, mientras se ofrece un asiento en la mesa y algunas concesiones limitadas y simbólicas a los líderes de la facción moderada”.

Emmet Doyle, de los 15 de Minnesota.

“Sin embargo”, continúa el activista, “la administración Trump no quiere ofrecer un asiento a los moderados ni hacer concesiones, siquiera de carácter simbólico. Se trata de un régimen basado en el espectáculo, incapaz de mejorar las condiciones materiales de vida general del pueblo estadounidense y que, en su lugar, se apoya en ofrecer a cierta parte de la población (especialmente blancos, hombres y cristianos) una sensación de orgullo moral y psicológico. Por eso, para ellos, las concesiones simbólicas resultan aún más peligrosas que las reales. El régimen de Trump es tan hostil hacia cualquiera que no pertenezca al bando MAGA —que, por cierto, purga a sus propios seguidores ante cualquier sospecha de deslealtad— que no puede cooptar ni comprar a la oposición y tampoco puede dividirla fácilmente para devorarla pieza a pieza”.

“Más allá de eso, creo que las experiencias vividas bajo las dos administraciones de Trump, así como durante la administración de Biden han demostrado que el retroceso democrático hacia el fascismo no puede combatirse con cortesía, bipartidismo ni espíritu de conciliación. A nuestros vecinos y a nuestra comunidad no les importa si el gobierno nos tilda de antifa, comunistas o anarquistas. Nos conocen: somos sus vecinos y compañeros de trabajo. Saben que, si este gobierno nos acusa de resistirnos a él con uñas y dientes, nos está acusando de algo noble”.

Como demuestran los casos de Chicago, Spokane, Prairieland, y ahora el de los Minnesota 15, corren tiempos oscuros para la izquierda en Estados Unidos, —especialmente para aquella más combativa—: el Gobierno da pasos acelerados hacia un autoritarismo cesarista –cuando no puramente fascista— y no parece que el trumpismo vaya a acabar con la salida del narcisista que ocupa la Casa Blanca –si no ocurre nada inesperado, este debería ser su último mandato—.

Pese a todo, y aunque Doyle es crítico con la situación actual que atraviesa el país, no pierde el optimismo: “Trump no creó lo que llamamos trumpismo. Existe una facción de nuestra clase dominante —representada por figuras como Elon Musk o Peter Thiel— que busca frenar cualquier mecanismo de rendición de cuentas democrática, por débil que sea. Y hay una base social que ve con resentimiento los derechos y la visibilidad crecientes de las personas queer, los avances de las mujeres en materia de libertad desde la segunda ola del feminismo y los derechos civiles conquistados por personas negras, mestizas e indígenas que han exigido responsabilidades por el terror infligido a sus comunidades. Estas élites corporativas se han valido de Trump y del séquito de oportunistas y advenedizos que lo rodean para consolidar una coalición reaccionaria que les permite impulsar aspectos clave de su agenda y, al mismo tiempo, facilita que otros socios de la coalición —como los partidarios de políticas bélicas imperialistas y los nacionalistas blancos agraviados— promuevan también sus propias iniciativas.

“Estados Unidos se debate entre dos legados. Por un lado, ha intentado ser una ciudad en la colina, donde la libertad renace y los oprimidos y desdichados del Viejo Mundo pueden fundar una tierra de igualdad y libertad. Por otro lado, una nación construida sobre las tumbas profanadas y los restos masacrados de pueblos a los que desposeímos y confinamos en reservas; una nación cuya inmensa riqueza algodonera jamás pudo absorber la sangre de los seres humanos esclavizados cuyo trabajo hizo posible cultivar ese algodón. Una nación edificada por una clase trabajadora inmigrante cuyos sueños de emancipación laboral fueron aplastados durante los dos grandes Pánicos Rojos y bajo un régimen de terror blanco. Somos una nación de muchas Harriet Tubman, John Brown, Little Crow, Toro Sentado, Joe Hill, Martin Luther King, Malcolm X y otros héroes; pero también de muchos Andrew Jackson, Robert E. Lee, Nathan Bedford Forrest, George Armstrong Custer, J. Edgar Hoover y Donald Trump”.

“El fascismo es un culto a la muerte; demasiado violento y opresivo para estabilizar la sociedad y gobernarla a largo plazo. Siempre fracasa, ya se le detenga en seco —como ocurrió en Cable Street—, que se le derribe tras una larga lucha —como cuando cayó el Reichstag— o que se le soporte mediante un sacrificio heroico hasta lograr derrocarlo —como sucedió en España—. En Estados Unidos, el reloj ha superado con creces el momento de Cable Street, pero aún no ha marcado la hora de obligar a toda resistencia a pasar a la clandestinidad. Las tradiciones de resistencia en esta tierra son anteriores a la existencia misma del país; un país nacido de la rebelión y de la apropiación de dicha rebelión por parte de terratenientes y comerciantes. El legado que nos dejaron los esclavos rebeldes y los cimarrones, los pueblos indígenas que defendieron sus tierras frente al colonialismo, los trabajadores en huelga que mantuvieron barricadas en nuestras ciudades, los manifestantes por los derechos civiles, el movimiento antibélico, nuestras madres feministas y nuestros mayores queer: nada de esto será fácil de desarraigar. Aquí, en el Medio Oeste, el fuego es parte natural de nuestro paisaje. Arrasa las praderas y puede devorarlo todo a su paso, dejando tallos ennegrecidos que se pudren sobre la capa superficial del suelo. Pero la pradera posee raíces profundas y semillas que se nutren de las cenizas; siempre vuelve a brotar” concluye Doyle.

Fuente: El Salto

Marruecos se crece, rearma y chantajea… porque puede

 

 Por Pedro Costa Morata   

      Ingeniero, periodista y politólogo. Ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Premio Nacional de Medio Ambiente.

 El caso está en no hablar claro, en alimentar los tabúes nacionalistas y patrioteros, en adherirse a sentimientos que ni la Historia ni el Derecho pueden encajar, barruntando conflictos -aparentemente larvados pero que una y otra vez asoman su letalidad- para este Estado que llamamos español, que sigue siendo incapaz de resolver penosas contradicciones del pasado. Por ejemplo, Ceuta, Melilla y los “peñones”.

Tras la gran pifia cometida por España regalándole el Sáhara Occidental a Marruecos gratis et amore, tan fácil se lo pusimos, quedó pendiente para nuestro vecino del sur apoderarse -“recuperar”, dicen ahí, con escaso rigor histórico o jurídico, pero con la máxima decisión- de esas “Plazas de soberanía” española en territorio africano, ciertamente marroquí. Y en la hoja de ruta que el hábil Hasán II dejó trazada, habiendo contrastado bien y con éxito la debilidad (por no decir lenidad) de España, señaló para sus sucesores, Mohammed VI y Hasán III, lograr para su Reino esas dos ciudades (llamadas “autónomas” pero carentes de la menor autosuficiencia), los dos peñones (el de Vélez de la Gomera y el de Alhucemas, que los marroquíes pueden apedrear desde su orilla) y esas islas (las Chafarinas) que no nos sirven ni para proteger la foca monje.

Nos vienen perjudicando, desde luego, las malas artes que el presidente Donald Trump considera propias de la acción política internacional, bien adheridas a una ignorancia supina, su mala baba como tipo grotesco y aborrecible, su capricho de hacer a América grande de nuevo machacando a medio mundo, su obsesión por los negocios, que considera parte esencial en sus relaciones internacionales, y su sumisión a los designios genocidas del Estado de Israel. Un verdadero (y peligrosísimo) mamarracho, quien se ha tomado muy a mal que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se haya atrevido (sobrado de pruebas) a acusar de genocidas a los líderes israelíes, patronos de la Casa Blanca, así como a negarle el uso de las bases de utilización conjunta en su agresión (guerra pirata, ilegal, canalla, de su estilo y firma) contra Irán.

Además, el Gobierno español, al que acosa la derecha y la ultraderecha trumpistas, debe de adolecer de evidente debilidad interior y exterior según la CIA, el Mossad y la DGDE marroquí, de inteligencia exterior. Aducirán como pruebas la rendición sin condiciones de Sánchez cuando se allanó a la “solución” marroquí de una autonomía (tramposa, ilegal) para el Sáhara de resultas de haber comprobado los daños producidos a él y a España (aunque desconocidos por el común de los españoles) por el espionaje del programa Pegasus, de creación israelí pero manejado por Rabat; además de la evidente vulnerabilidad de las fronteras (más bien alambradas) de Ceuta y Melilla ante una inmigración que es imposible de frenar.

Pedro Sánchez y Mohammed VI (2024).

Así que, para el “triángulo” formado por Estados Unidos, Israel y Marruecos, grandes e impunes perturbadores de la paz internacional, la intimidación a la España de Pedro Sánchez se ha acabado convirtiendo en una operación de acoso (atractiva, facilona, llena de promesas), precursora de envites más serios de desgaste político y -jugando siempre a favor de Marruecos- reajuste territorial.

Así que sí: la espectacular invasión de Ceuta por miles de personas, en su mayoría jóvenes y con neto predominio de marroquíes, constituye un ensayo para -a modo de nueva Marcha Verde adaptada a las circunstancias- poner en jaque a España, la obligue incluso a actuar militarmente y, tras las mediaciones y las conversaciones de “aliados” y “amigos”, obtener un plazo para la cesión de las plazas y peñones con una soberanía compartida desde ya. Un ensayo al que seguirán otros según un plan que debe estar ya establecido.

Para este cronista, servidor de ustedes, que remata en este agosto feo y chabacano su tercer trabajo de política internacional, La cuestión del Sáhara Occidental y las relaciones España-Marruecos (contra la Historia y el Derecho), que se podrá disfrutar ya en octubre, cuando lo publique la amistosa editorial El viejo Topo, lo de Ceuta (Sebta) me ha venido al pelo, pero no ha podido alterar la tesis que sostiene -que sostengo, como tantísimos españoles, aunque en silencio- sobre la conveniencia de entregar esas plazas y peñones a Marruecos, de forma ordenada, pero cuanto antes. No solamente para liquidar una causa de chantaje marroquí que ya cansa y erosiona demasiado, sino, ya digo, por afrontar con dignidad y justicia las exigencias implacables de la Historia y del muy respetable Derecho escrito: de Moral internacional, en suma.

Ceuta, indefendible (istock).

Pocos se han decidido a poner en relación la facilidad con que se entregó el Sáhara a Marruecos con la amenaza y el chantaje sobre Ceuta y Melilla. El Frente Polisario lo sabía y lo sabe (sus analistas y diplomáticos son, de siempre, de una especial finura y preparación), y algunos diplomáticos españoles llegaron a pedirlo/proponerlo a sus jefes ministeriales en lo más crudo de la crisis por el Sáhara en 1975. Lo supimos después, cuando el prestigioso diplomático español Máximo Cajal (aquel que, siendo embajador en Guatemala en 1980 estuvo a punto de morir cuando la policía de aquella dictadura asaltó e incendió la legación asesinando a 37 indígenas que allí se habían refugiado) reveló en su libro Ceuta y Melilla, Olivenza y Gibraltar ¿Dónde acaba España? (2003) que el embajador ante las Naciones Unidas, Jaime Piniés, “en el difícil 1975, informó por escrito a Exteriores de que lo razonable sería retroceder inmediatamente peñones e islotes a Marruecos, concertar un plazo de 20 años para retroceder la soberanía de Melilla y rechazar cualquier discusión sobre Ceuta hasta tanto no hubiéramos incorporado Gibraltar a la soberanía española”. Cajal se mostraba indignado, por cierto, por la operación militar sobre el islote (en realidad, pedrusco) Perejil (Tura) en julio de 2002, dejando bien clara su opinión: es “una situación colonial que es una afrenta a Marruecos y un elemento de desasosiego y mala conciencia nacional para España, que se agita en cuanto se menciona el tema… son tres contenciosos, que deben ser encauzados, gestionados y resueltos con una visión global”; con un remate lapidario: “Hay que reintegrar la integridad territorial de Marruecos”.

En estos días de alteración de conciencias y saberes sobre estos penosos asuntos caspo-coloniales, resurge desde varios puntos esa cantinela enervante de que la apropiación de esas plazas y peñones por España tuvo lugar “cuando Marruecos no existía aún como Estado”. Y me ha sorprendido que una catedrática de Derecho Internacional (que no nombro porque no sé muy bien cómo mostrarle mejor mi respeto, si nombrándola o absteniéndome) aluda a que “ni Ceuta ni Melilla han sido nunca territorios marroquíes y son españolas siglos antes del Protectorado sobre Marruecos”, dando a entender (¡qué barbaridad!) que Marruecos no ha sido un Estado hasta 1956. De donde habría que deducir que no eran verdaderos Estados el imperio almorávide, el almohade (ambos, con capital en Marrakech), el meriní (con capital en Fez), los tres, por cierto, abarcando parte de la España de los siglos XI-XIV; y que las dinastías meriní (1244-1465), saadí (1554-1659, con capital en Marrakech) y alauí (1659 hasta hoy, con capitales sucesivas en Fez, Mequinez y Rabat) no han constituido Estado nunca. ¿Qué eran, entonces?, ¿acaso sólo el Occidente cristiano ha sido capaz de crear Estados verdaderos, es decir, estructuras de gobierno, dominio y desarrollo de sus territorios, por más que evolucionaran en extensión y formas políticas?

Pero lo más importante es -a la luz del Derecho Internacional y más todavía, de la Historia- que la mayoría de esas plazas y peñones, que también fueron denominadas “presidios” durante siglos, fueron conseguidas por España tras hechos de guerra y paces impuestas, siguiendo una dinámica rigurosamente colonial. Ceuta, precisamente, resulta ser portuguesa en origen, ya que fue conquistada en agosto de 1415 por Portugal en plena etapa de su expansión por África y el Atlántico, protagonizada por los reyes de la Casa de Avis y con la figura histórica de Enrique el Navegante que, por cierto, participó en la toma de la ciudad al Estado/dinastía meriní, o benimerín. Pasó a la unión dinástica de las coronas portuguesa y española (1580-1640) con Felipe II, y cuando esta unión se deshizo y finalizó la guerra consiguiente, permaneció en manos de España (desde 1668).

Por España fueron conquistadas Melilla (Mlilat, 1497), el Peñón de Vélez de la Gomera (1508) y el Peñón de Alhucemas (Al-Hoceima, 1560), ocupando las Chafarinas en 1848 cuando se supo que Francia, que ya dominaba la Argelia mediterránea, pretendía hacerse con ellas. Son dinámicas estrictamente coloniales que por parecer muy alejadas de la época del colonialismo y el imperialismo europeo -Portugal y España fueron Estados adelantados en esa expansión política y comercial, como bien sabemos- pueden hacer pensar en apropiaciones territoriales más nobles o justificadas.

Hacen muy bien los pueblos excoloniales de resarcirse cuando pueden de la implacable “lógica colonial”, que siempre consiste en la imposición de ciertas potencias sobre otros pueblos y tierras para explotar sus riquezas naturales (saqueo) y a los propios pobladores (esclavitud), y en frecuente competencia con potencias semejantes sobre los mismos territorios o bienes. Ese fue el “modelo” de las relaciones España-Portugal en los siglos XV-XVI, eso explica el empeño por “recuperar” el enclave de Santa Cruz de Mar Pequeña en tierra ajena y con propósitos económicos, falseando lugar y motivos, y ese es el escenario repetido en el siglo XIX y primera mitad del XX, de España frente a Francia e Inglaterra, con la “invención” de los derechos sobre el Sáhara y la ocupación y reparto de la región con una Francia más poderosa que, además, podía conceder migajas coloniales y límites espaciales caprichosos a su vecina y aliada. Todo ello, aprovechando la inferioridad militar de los pueblos por someter, fueran Estados (Marruecos), fueran tribus autónomas e intratables, celosas siempre de su independencia, pero obligadas a someterse y sobrevivir.

Marruecos viene sosteniendo su reivindicación sobre Ceuta, Melilla y los peñones desde prácticamente su acceso a la independencia en 1956 y desde el mismo momento de la aprobación de la Resolución 1514 (1960) por la Asamblea General de la ONU sobre la situación de los Territorios No Autónomos con la consiguiente creación del Comité de Descolonización (1961, llamado “de los 24”). Y también desde entonces ve frustradas sus pretensiones en ese marco internacional por la cerrada negativa de España a entrar en esa discusión, pero no ceja en su intento y muy bien supo enarbolarlo cuando decidió acelerar sus pretensiones sobre el Sahara en 1973-1975. Jugaba así con la baza decisiva de su poder sobre una España absolutamente decidida a pagar cualquier precio -incluido el de la entrega ilegal del Sáhara- por mantener su soberanía sobre las plazas africanas. La posición de España, empecinándose en mantener su soberanía sobre esas plazas permite a Marruecos seguir expresándose como víctima del colonialismo y asumir como territorios propios aquellos de los que alega que se le despojó por los avatares históricos, tanto los legítimos (las plazas españolas) como los ilegítimos (el Sáhara Occidental).

Por lo que, en la perspectiva de un futuro irremediable, más vale ir preparando la “retrocesión”, o como se le quiera llamar, de esas plazas y peñones africanos al Reino de Marruecos. No solamente España se liberará del chantaje permanente, sino que habrá saneado su pasado histórico y habrá realizado un esfuerzo colectivo de prudencia y realismo. Este cronista, un servidor, propondría que esta cesión, entrega, transacción, regalo, venta…, sea acompañada de la denuncia activa de los Acuerdos de Madrid sobre el Sáhara, ilegales, infamantes, vergonzosos y criminales, declarando solemnemente haber aceptado la propuesta marroquí de autonomía por coacción (y revelando los secretos del chantaje derivado del Pegasus, claro), reclamando la Administración del Sáhara, que sigue poseyendo de iure, exigiendo la salida de las fuerzas armadas marroquíes de ese territorio y decidiendo, en íntima colaboración con Naciones Unidas y la MINURSO, la celebración del referéndum debido, necesario y justo.

Pero el Gobierno español, si sigue siendo socialista, deberá hacer frente a ese lobby de figuras del PSOE volcados en los intereses de Marruecos, que han hecho propios y hacia los que ya han ido muy lejos.

En primer lugar, Felipe González, traidor en jefe de la causa saharaui y desde hace (muchos) años incrustado en la órbita de la dictadura marroquí, a la que sirve con gran convencimiento.

Felipe González en los campamentos saharauis (1976).

Y luego, José Bono, gran negociante, cuyos principios políticos y morales son -como los de su antiguo jefe y referencia- mudables e intercambiables; y otro exministro, Pepe Blanco, Pepiño, cuya empresa de consulting se forra con los encargos marroquíes y acoge, por igual, a sociatas y peperos; y a Moratinos, que tomamos en su día por pilar ético en la diplomacia española, así como a su antiguo jefe y amigo, José Luis Rodríguez Zapatero, más antiguo de lo que imaginábamos en la causa marroquí, y del que también hemos acabado sabiendo que se ha curtido en la inmersión de todo tipo de charcos, de los que ya no va a poder salir ni limpio ni blanqueado; y a los también exministros María Antonia Trujillo, José Fernando López Aguilar, convencidos y convictos en su adhesión al Trono alauí; ¡ah, y al ministro de Agricultura, Luis Planas, antes embajador en Rabat, para el que pido una comisión parlamentaria ad hoc que escrute sus relaciones con Marruecos y con notables marroquíes, así como la repercusión para los intereses del campo español de sus relaciones; y más gente, desde luego.

Y que Marruecos se enfrente a la legalidad internacional conculcada, sin nuestra colusión y sin su sempiterna capacidad de chantaje; que se enfrente con sus medios a la inmigración llamada “ilegal” en esa costa, espejo y muestrario de los horrores del colonialismo europeo, el español incluido, que es en primer lugar una fuga desesperada de sus jóvenes por los horrores de ese país y esa sociedad, huyendo de las garras de una oligarquía insufrible que domina política y economía; y si -como es probable- le declara la guerra al mundo, que quede en evidencia que el Reino alauí y sus apoyos proceden con el más genuino estilo de la piratería internacional, merecedora de desprecio y castigo.

El corredor trumpista en América Latina: 9 gobiernos "MAGA" y 18 aliados en el Escudo de las Américas

 

 Por Eduardo García   

      Analista internacional. Politólogo y máster en Relaciones Internacionales. Periodista en Descifrando la Guerra.

Trump cuenta hoy con más gobiernos afines en América Latina, conformando un corredor trumpista desde Costa Rica hasta Argentina.

     Tras confirmarse casi definitivamente que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Abelardo De La Espriella, de Defensores de la Patria, serán los presidentes de Perú y Colombia, respectivamente, Trump ha logrado asegurar una suerte de “mayoría simple” en lo que a gobiernos latinoamericanos se refiere.

Actualmente, más de la mitad de los Estados de la región están alineados con Washington, y una porción significativa tiene presidentes abiertamente trumpistas o cercanos ideológicamente al movimiento MAGA. 

Tanto De La Espriella como Fujimori han afrontado escrutinios muy ajustados en sus respectivos ballotages contra la izquierda, a punto tal que, en Perú, el candidato Roberto Sánchez todavía no ha concedido el resultado.

Pero, sea como fuere, no parece probable que la izquierda peruana logre revertir el reconocimiento de la derecha y la extrema derecha regional, por lo que es esperable que Keiko Fujimori asuma eventualmente como nueva presidenta de Perú.

Las victorias de Trump en América Latina

El panorama regional ha cambiado significativamente desde enero de 2025, cuando Trump retomó la presidencia de Estados Unidos. En aquel momento, solo Argentina, Ecuador, Panamá y El Salvador podían considerarse aliados políticos directos del movimiento MAGA.

Un año y medio después, a ese grupo se han incorporado Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y Honduras, de forma que ha pasado de 4 a 9. Mientras tanto, el bloque de gobiernos enfrentados a las ambiciones de Washington se ha reducido a Nicaragua y Cuba tras la los ataques contra Venezuela y las elecciones de Honduras, reduciéndose de 4 a 2.

Asimismo, los países que mantenían una posición independiente sin confrontar abiertamente con Estados Unidos han disminuido considerablemente. Si en enero de 2025 eran Chile, Bolivia, Brasil, Colombia y México, hoy la lista se limita a México y Brasil, con la incorporación del Uruguay de Orsi, que ganó las elecciones antes de que Trump asumiese, pero accedió a la presidencia después de su homólogo norteamericano. En términos demográficos, estos gobiernos ham pasado de representar el 64,6% de la población regional al 52%.

Además del secuestro de Nicolás Maduro, las revelaciones derivadas del caso Hondurasgate apuntan a que Estados Unidos habría intervenido de forma más o menos directa en al menos dos elecciones recientes. Entre ellas figura la de Colombia, donde una campaña de desinformación particularmente agresiva habría favorecido la llegada al poder de Abelardo De La Espriella.

La extrema derecha ha llegado al gobierno en Colombia de la mano de Abelardo de la Espriella, líder de Defensores de la Patria.

Honduras sería el segundo ejemplo señalado por la investigación.

Ambos casos, junto a la intervención armada en Venezuela, constituyen tres casos de éxito en la agenda de dominación del continente. Esto es así porque los tres casos se resolvieron de forma favorable a los intereses de Washington.

Tres gobiernos críticos, cuando no directamente enfrentados a la Casa Blanca –el de Xiomara Castro en Honduras, el de Gustavo Petro en Colombia y el de Nicolás Maduro en Venezuela– fueron sustituidos por dos gobiernos MAGA –el de Nasry Asfura en Honduras y el de Abelardo De La Espriella en Colombia– y por un gobierno intervenido –el de Delcy Rodríguez en Venezuela–.

Allí donde las urnas han indicado continuismo, Estados Unidos también ha salido ganando. En Belice, Jamaica, Bahamas, Barbados, Antigua y Barbuda, Guyana y Santa Lucía había gobiernos pro estadounidenses y ese estatus se conservó tras los comicios. En Ecuador había un gobierno pro MAGA –el de Daniel Noboa– que logró revalidar.

En suma, entre enero de 2025 y el ecuador de 2026, en América Latina ha habido 10 cambios de gobierno. De esos 10, 3 pasaron de izquierda a extrema derecha pro MAGA –Chile, Colombia y Honduras– y 2 pasaron de centro-derecha pro estadounidense a extrema derecha pro MAGA –Costa Rica y Perú–.

Bolivia pasó de izquierda a centro-derecha pro estadounidense, Trinidad y Tobago se mantuvo en el centro-izquierda, pero se alineó más firmemente con Estados Unidos. Surinam viró a la izquierda con el NDP y Uruguay pasó de centro-derecha a izquierda. El último cambio de gobierno es el de Venezuela, un caso sui géneris.

Conviene recapitular. América Latina y el Caribe cuenta con 33 Estados independientes –toda América con la excepción de Canadá y Estados Unidos–. Al asumir la presidencia el 20 de enero de 2025, Trump contaba con 4 gobiernos pro MAGA y 11 gobiernos pro estadounidenses no MAGA (un total de 15) y debía enfrentar 4 gobiernos frontalmente opuestos y 5 gobiernos críticos (un total de 9).

Tras año y medio en la Casa Blanca, el bloque crítico cuenta con 2 gobiernos frontalmente opuestos y 3 gobiernos críticos (un total de 5), mientras que el bloque alineado cuenta con 9 gobiernos pro MAGA y 9 gobiernos pro estadounidenses no MAGA (un total de 18).

El corredor trumpista

A lo largo de casi 10.000 kilómetros de costa sobre el Pacífico, desde Costa Rica hasta Magallanes y Antártica Chilena, Trump podría desplazarse por territorio latinoamericano sin abandonar en ningún momento países gobernados por aliados políticos.

Los gobiernos que conforman este corredor mantienen afinidad con el movimiento MAGA y promueven una relación estrecha con el proyecto geopolítico impulsado desde Washington.

Si se amplía la ruta hasta el extremo austral del continente, Trump podría atravesar el canal Beagle y llegar a Argentina. De esta forma, el corredor trumpista en América Latina, específicamente en la costa del Pacífico, estaría compuesto por Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Fuera de esa continuidad geográfica también destacan dos aliados centroamericanos: El Salvador y Honduras.

Mapa de la posición de los gobiernos latinoamericanos en relación a Estados Unidos y al gobierno de Donald Trump.

Es precisamente en esta franja donde Trump ha cosechado sus mayores éxitos… De hecho, ha logrado un pleno. Todos los cambios de gobierno acaecidos en este corredor han devenido en gobiernos abiertamente trumpistas o pro MAGA.

En noviembre de 2025 fueron las elecciones generales hondureñas; ganó Nasry Asfura (Partido Nacional). En febrero de 2026 fueron las de Costa Rica; ganó Laura Fernández (Pueblo Soberano).

En junio de 2026 fue el ballotage en Colombia; ganó Abelardo De La Espriella (Defensores de la Patria). En abril de 2025 fue el ballotage en Ecuador; ganó Daniel Noboa. En junio de 2026 fue el ballotage en Perú; probablemente ganó Keiko Fujimori, si bien la justicia electoral planea dar el resultado final a inicios de julio.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) planea proclamar los resultados oficiales de las elecciones de Perú entre el 3 y el 7 de julio.

Por último, en diciembre de 2025 fue el ballotage en Chile; ganó José Antonio Kast. 

Además de influir abiertamente en la política interna de los países latinoamericanos, el Gobierno estadounidense ha impulsado foros de coordinación desde los que definir la agenda regional bajando línea a los gobiernos afines.

En paralelo al corredor trumpista en América Latina, el llamado Escudo de las Américas (Shield of the Americas) constituye la principal herramienta de Trump para extender la influencia militar estadounidense en América Latina. Presentada como una iniciativa de coordinación y apoyo a las fuerzas armadas de la región, está bajo la supervisión de Kristi Noem, ex secretaria de Seguridad Nacional del ICE.

Nueve gobiernos identificados con el trumpismo o cercanos al MAGA ya participan o prevén participar en ella: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador.

A este grupo se agregan otros nueve países alineados con Estados Unidos: Paraguay, Bolivia, Guyana, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Jamaica, Bahamas, Belice y Guatemala. Washington también ha logrado incluir a tres gobiernos de la región en su “Junta de Paz” para Gaza: Paraguay, Argentina y El Salvador.

Donald Trump impulsa la creación de una nueva ‘Junta de Paz’ para gobernar la Franja de Gaza y disputar el papel de las Naciones Unidas

Las próximas prioridades

En los próximos 18 meses, Trump pondrá la mirada –y, muy probablemente, recursos políticos, económicos, judiciales e incluso militares– en cinco grandes escenarios. El primero (y más obvio) es Cuba, donde la renovada campaña de asfixia y amenaza militar pretende lograr concesiones del Gobierno del Partido Comunista o, en el enfoque más optimista de Washington, un cambio de régimen.

La presión político-económica de la administración de Donald Trump sobre Cuba aumenta y amenaza con extenderse también al ámbito militar.

 

Los otros cuatro escenarios son electorales: En Guatemala, Trump deseará la emergencia de un nuevo líder más nítidamente alineado con el trumpismo, si bien el socioliberal Bernardo Arévalo ha mantenido una estrecha colaboración con su administración.

En El Salvador, la apuesta es el continuismo de Nayib Bukele. En Argentina, lo mismo: Trump buscará influir en las elecciones para que Javier Milei –o, tal vez, Patricia Bullrich u otra figura del mileísmo– impidan un retorno del peronismo a la Casa Rosada.

Pero, sin duda, el mayor interés estadounidense, junto a Cuba, está en Brasil. Las elecciones de octubre de 2026 podrían dar un vuelco a la región y ratificar el dominio político e ideológico del trumpismo y de Estados Unidos en el continente, extendiéndolo más allá de este corredor trumpista en América Latina. Para ello, Trump necesita que Flávio Bolsonaro supere a Lula da Silva en unos comicios en los que Washington buscará influir. 

El precedente del enfrentamiento entre la Casa Blanca y la justicia brasileña en el caso contra Jair Bolsonaro evidencia esta voluntad injerencista. No por casualidad, el mismo Donald Trump recibió a Flávio Bolsonaro en el Despacho Oval en mayo.

Flávio Bolsonaro y el presidente Trump, en el Despacho Oval, en la foto difundida por el brasileño en redes sociales

Fuente: Descifrando la Guerra