Por Pedro
Garcia
La nueva crisis migratoria que atraviesa Ceuta vuelve a colocar bajo presión una de las relaciones bilaterales más importantes y difíciles de la política exterior española. Con cerca de 80.000 entradas irregulares registradas según las cifras disponibles, la ciudad autónoma afronta uno de los episodios de mayor tensión desde mayo de 2021, cuando unas 10.000 personas atravesaron la frontera en apenas dos días.
La comparación con aquella crisis es inevitable, pero también plantea una pregunta más incómoda. Desde entonces, España ha modificado su política hacia Marruecos.
En marzo de 2022, el gobierno de Pedro Sánchez abandonó la tradicional neutralidad española respecto al Sáhara Occidental y pasó a considerar el plan de autonomía marroquí como la propuesta "más seria, realista y creíble" para resolver el conflicto.
El objetivo era abrir una nueva etapa de estabilidad con Rabat tras el enfrentamiento diplomático del año anterior. Cuatro años después, sin embargo, Ceuta vuelve a estar sometida a una enorme presión. Más allá de las circunstancias concretas que expliquen la crisis actual, el episodio obliga a preguntarse hasta qué punto el entendimiento alcanzado en 2022 transformó realmente la naturaleza de las relaciones entre España y Marruecos.
La respuesta probablemente sea que mucho menos de lo esperado. España y Marruecos mantienen una relación caracterizada simultáneamente por la cooperación y la competencia. La geografía obliga a ambos países a entenderse en comercio, inmigración, terrorismo, narcotráfico, seguridad marítima y estabilidad regional.
Pero esa misma interdependencia proporciona también instrumentos con los que ejercer presión. Esa paradoja constituye uno de los principales problemas estratégicos de España en su flanco sur.
Ceuta es, además, el lugar donde mejor se concentran todas esas contradicciones. Su posición en la entrada oriental del estrecho de Gibraltar le concede un valor que trasciende ampliamente su tamaño.
Es frontera exterior de la Unión Europea, punto de observación sobre una de las principales rutas marítimas del mundo y símbolo de la presencia española en el norte de África. Al mismo tiempo, su condición de enclave rodeado por territorio marroquí la hace especialmente vulnerable ante cualquier deterioro de las relaciones bilaterales.
Una larga tradición de presión
La utilización de instrumentos situados por debajo del umbral de la guerra no es una característica nueva de la política marroquí. Algunos de sus antecedentes más importantes se remontan incluso a varias décadas antes de que se popularizara el concepto contemporáneo de "zona gris".
Este concepto describe aquellas situaciones en las que un Estado trata de modificar el statu quo mediante instrumentos coercitivos sin llegar a provocar un conflicto armado abierto o directamente una guerra a gran escala.
La presión puede ser diplomática, económica, migratoria, informativa o incluso militar de forma limitada y ambigua. Su principal ventaja reside precisamente en dificultar la respuesta del adversario: cada medida aislada parece insuficiente para justificar una escalada, pero la suma de todas ellas puede modificar gradualmente el equilibrio existente.
La Marcha Verde de 1975 constituye el ejemplo histórico más significativo en el caso marroquí. Hasán II movilizó a cientos de miles de civiles hacia el Sáhara Occidental cuando España atravesaba una profunda crisis política debido a la agonía de Francisco Franco.
La utilización de población civil, acompañada de una amenaza militar implícita y de una intensa movilización nacionalista, permitió modificar el statu quo territorial sin desencadenar una guerra convencional. España terminó abandonando el territorio y Marruecos consiguió establecer un hecho consumado que, medio siglo después, ha resultado extraordinariamente difícil de revertir.
La importancia del precedente no reside únicamente en su resultado. La operación explotó cuidadosamente las vulnerabilidades del adversario, provocando una profunda incertidumbre política interna, escasa voluntad de asumir los costes de una confrontación militar y un contexto internacional poco favorable a una reacción española prolongada.
Esa combinación entre presión civil, amenaza latente y explotación del momento político constituye precisamente uno de los elementos característicos de la lógica contemporánea de zona gris.
La crisis del islote de Perejil de 2002 siguió una lógica distinta pero comparable. Un reducido grupo de fuerzas marroquíes ocupó unilateralmente un territorio deshabitado cuya situación se mantenía deliberadamente congelada.
España respondió mediante una operación militar limitada y restauró el statu quo. El episodio fue interpretado como una prueba de la determinación española en la que una acción pequeña en términos materiales, pero políticamente cargada, permitía medir hasta dónde estaba dispuesto Madrid a llegar.
El resultado fue muy distinto al de 1975 porque también lo fue la respuesta española. Madrid mostró rápidamente su disposición a impedir la consolidación del hecho consumado y utilizó su superioridad militar para restaurar la situación anterior. Pero Perejil dejó otra enseñanza relevante. Y es que una crisis aparentemente menor puede escalar con rapidez cuando afecta a cuestiones territoriales y de prestigio nacional.
Desde entonces, la presión ha adoptado formas mucho menos espectaculares. Marruecos llamó a consultas a su embajador después de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla en 2007; aparecieron posteriormente pasaportes que atribuían las ciudades a Marruecos; Rabat impidió a sus diplomáticos acceder a ellas y cerró unilateralmente la aduana comercial de Melilla en 2018. También fueron introduciéndose restricciones comerciales sobre Ceuta.
Son medidas diferentes, pero comparten la característica de que elevan gradualmente el coste de mantener el statu quo sin cruzar la frontera que convertiría una disputa diplomática en un conflicto convencional. Esa ambigüedad es precisamente lo que las hace efectivas.
Ceuta 2021 y la presión a España
El mecanismo más sensible es, sin embargo, el migratorio. La crisis de mayo de 2021 mostró de manera extraordinariamente clara la vulnerabilidad española. Más de 10.000 personas entraron en Ceuta después de que los controles marroquíes se relajaran en plena confrontación diplomática entre ambos gobiernos.
El detonante inmediato había sido la hospitalización en España de Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario, organización enfrentada a Marruecos por el Sáhara Occidental. Pero la disputa trascendía ampliamente a Ghali.
Después de que Donald Trump reconociera en diciembre de 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, Rabat incrementó su presión para que otros gobiernos occidentales se aproximasen a esa posición. Alemania y España estaban entre los principales objetivos diplomáticos.
La crisis de Ceuta demostró entonces que Marruecos disponía de una poderosa herramienta, y es su capacidad para modular la cooperación migratoria. España y la Unión Europea necesitan la colaboración de Rabat para contener los movimientos hacia la frontera europea. Precisamente por ello, una reducción deliberada o circunstancial de esa cooperación tiene consecuencias casi inmediatas para España.
Ahí reside una característica fundamental de la relación bilateral: un mecanismo creado para favorecer la cooperación puede convertirse también en instrumento de coerción. La asimetría es especialmente significativa porque el coste político de una crisis migratoria no se reparte de forma equivalente entre ambos países.
Una relajación temporal de los controles puede generar rápidamente presión humanitaria, mediática y política en España, mientras que para Marruecos el coste inmediato puede ser comparativamente menor.
Así, la capacidad de transformar un ámbito de cooperación cotidiana en un mecanismo de presión proporciona a Rabat una ventaja considerable en momentos de tensión diplomática.
Esto explica también por qué Ceuta y Melilla ocupan una posición tan singular.
La lejanía respecto a la Península y su escaso peso demográfico han favorecido históricamente que buena parte del debate público español las contemple principalmente a través de cuestiones migratorias, fronterizas o de seguridad.
Esa percepción puede convertirse a su vez en una vulnerabilidad política: cuanto más se presenten las ciudades como un problema periférico, mayor será el coste interno de cualquier crisis sostenida.
España respondió a la crisis con una profunda reconsideración de su relación con Marruecos. El punto culminante llegó en marzo de 2022, cuando Pedro Sánchez respaldó el plan de autonomía marroquí como la alternativa más seria y creíble para resolver el conflicto saharaui. La decisión admitía dos interpretaciones, no por ello excluyentes.
La primera, especialmente plausible en aquel momento, era que España había efectuado una "rendición preventiva". Después de la crisis migratoria, la ruptura diplomática y otros episodios de presión, Madrid realizaba una importante concesión precisamente sobre el asunto que Marruecos consideraba prioritario.
El peligro era evidente: si Rabat concluía que la presión funcionaba, podía sentirse incentivado a utilizarla en futuros desacuerdos, incluidos aquellos relacionados con Ceuta, Melilla o la delimitación marítima. Además, el giro tuvo costes externos importantes.
España abandonaba el delicado equilibrio que había mantenido tradicionalmente entre Marruecos y Argelia precisamente cuando la rivalidad entre ambos atravesaba uno de sus momentos más graves en décadas. Argel había roto relaciones con Rabat en 2021 y posteriormente reaccionó negativamente al cambio español, afectando a una relación estratégica en ámbitos como el energético.
Pero existe una segunda interpretación, más pragmática. El contexto internacional del Sáhara ha evolucionado profundamente desde 2020. El reconocimiento estadounidense fortaleció considerablemente la posición de Marruecos y en los años posteriores varios gobiernos europeos se aproximaron de diferentes maneras al plan de autonomía. El margen de maniobra español sobre el conflicto se redujo considerablemente.
Desde esta perspectiva, el giro de 2022 podía entenderse como la adaptación a una realidad internacional crecientemente favorable a Rabat y como el precio de estabilizar una relación bilateral vital para los intereses españoles.
La evolución internacional posterior ha reforzado esta segunda interpretación. La posibilidad de una independencia saharaui aparece hoy mucho más lejana que hace una década, mientras que el plan de autonomía ha ido obteniendo un apoyo diplomático creciente.
Para España, mantener indefinidamente una posición formalmente neutral podía proporcionar cada vez menos beneficios reales mientras continuaba deteriorando la relación con un vecino cuya cooperación es esencial.
Ambas interpretaciones pueden contener parte de la verdad. El acercamiento a Marruecos era comprensible desde una perspectiva de interés nacional. España no puede elegir su geografía y necesita una relación funcional con su vecino meridional. Pero la eficacia de aquella decisión dependía también de que la nueva etapa modificase los incentivos de Rabat y redujese el recurso a mecanismos coercitivos.
Es precisamente ahí donde la crisis actual vuelve a plantear dudas. Si después de una de las mayores concesiones realizadas por España en su política hacia el Magreb desde la retirada del Sáhara reaparecen episodios de elevada presión sobre Ceuta, entonces el problema no puede explicarse exclusivamente por el contencioso saharaui. La tensión tiene raíces más profundas relacionadas con la propia estructura de la relación bilateral.
Fuente: Descifrando la Guerra
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