“El zar de las fronteras” de Trump, Tom Douglas Homan, convierte la deportación en un negocio para los antiguos clientes de su empresa

 

 Por Bruno Sgarzini   

   Periodista argentino especializado en asuntos internacionales.

     Fiel al estilo trumpista de gobierno, detrás de cada funcionario hay un contrato, un negocio, un lucrativo interés que enmascara cada política pública. En este contexto, la persecución, encarcelamiento y deportación de migrantes se ha convertido en un sinónimo de puertas giratorios y conflicto de intereses. Un personaje central de esta trama es Tom Douglas Homan, nombrado como “el zar de las fronteras” de la Casa Blanca y número dos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).

Tom Douglas Homan

Un vistazo rápido del Proyecto de Supervisión Gubernamental (POGO), por los nuevos contratos del ICE, y del Departamento de Seguridad Nacional, muestran como varios de ellos fueron adjudicados, por ejemplo, a antiguos clientes de Homan en su empresa de asesoría, Homeland Strategic Consulting. Lo que llama poco la atención si se toma en cuenta que la compañía, en su web, se vende como una que posee un “historial comprobado de abrir puertas y brindar relaciones exitosas a sus clientes, lo que resulta en decenas de millones de dólares en contratos federales para empresas privadas”. Incluso, antes de ser nombrado como zar de las fronteras, Homan recibió, al menos, cinco mil dólares por parte de la empresa de prisiones Geo Group en concepto de honorarios por consultoría. Geo Group es una de las dos empresas que opera la gran mayoría de los centros de detención de migrantes de Estados Unidos y ha sido beneficiado en la nueva Administración trumpista con un lucrativo contrato de mil millones de dólares para establecer una cárcel para migrantes en Delaney Hall, Nueva Jersey.

Exclientes del Zar Fronterizo se benefician de la ofensiva migratoria de Trump.

El historial comprobado de Homan en ayudar a empresas a obtener contratos públicos es tal que unos agentes encubiertos del FBI, incluso, se hicieron pasar por potenciales clientes, y lo grabaron mientras prometía favores en el nuevo gobierno trumpista a cambio de que realizara un pago de 50 mil dólares a su consultora. La investigación derivó en una presentación judicial en el Distrito Oeste de Texas por parte del Departamento de Justicia y el FBI. Sin embargo, el fiscal adjunto, Todd Blanche, exabogado personal de Trump, y el nuevo jefe del FBI, Kash Patel, anunciaron su cierre bajo el argumento de que no habían “pruebas creíbles” contra Homan. Como es normal, en el nuevo gobierno trumpista; todo se barre debajo de la alfombra cuando se trata de negocios y sobornos.

Elecciones primarias en Nashua, New Hampshire, el 23 de enero de 2024.

Los nuevos conflictos de intereses

Después de fundar su empresa de “consultoría”, uno de sus primeros clientes durante la Administración Biden fue la firma Fisher Sand & Gravel, una constructora con sede en Dakota del Norte que buscaba trabajo en la construcción del muro fronterizo en Texas. Incluso, en 2021, la firma del “zar de las fronteras” se registro como lobista de la constructora en Texas para ejercer presión a favor del contrato a cambio de la módica suma de 186.000 dólares, según los registros oficiales.

Fisher es una empresa controvertida. En 2019, construyó tramos cortos del muro fronterizo en Texas y Nuevo México. La obra fue financiada por “We Build the Wall”, una iniciativa en la que participó Steve Bannon, considerado uno de los primeros estrategas de Trump. Los organizadores consiguieron donaciones privadas mediante crowdsourcing para separar el país de México. En 2020, el fundador de We Build the Wall, Brian Kolfage, Bannon y otros dos hombres fueron acusados de defraudar a los donantes mediante la malversación de fondos recaudados. Los otros tres acusados fueron condenados y encarcelados, pero Bannon evitó el procesamiento federal cuando Trump lo indultó horas antes de dejar el cargo en 2021. Bannon se declaró culpable en febrero de defraudar a donantes en un caso similar presentado por el fiscal de distrito de Manhattan.

Steve Bannon fue indultado por Donald Trump en 2021.

En 2024 con la ayuda de Homan, la empresa obtuvo un contrato de 225 millones de dólares de Texas para construir un nuevo tramo del muro fronterizo, a pesar de las críticas contra la empresa por las deficiencias en sus primeras construcciones. Con el regreso de Trump y el financiamiento de varios congresistas republicanos, Fisher Sand & Gravel está de vuelta en el “juego”. En junio de 2025, este antiguo cliente de Homan obtuvo un contrato de 309 millones de dólares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para construir un tramo de 43 kilómetros de muro en el condado de Santa Cruz, Arizona. Las fronteras, como la migración, es una de las áreas de influencia de Homan dado su puesto asignado por la Casa Blanca.

Otro excliente beneficiado en esta administración es USA Up Star, empresa especializada en la construcción rápida de edificios temporales en respuesta a emergencias. La compañía, antes de la asunción de Trump, donó 100.000 dólares al comité de investidura de Trump-Vance en enero y 15.000 dólares en junio de 2024 a un supercomité de acción política (PAC) pro-Trump llamado Right for America. En los meses previos a las elecciones de 2024, según Bloomberg, “los ejecutivos de USA Up Star mantuvieron llamadas y reuniones periódicas con Homan para explorar la posibilidad de ampliar la detención de inmigrantes”. La constructora, según Bloomberg, promocionaba “un extenso campamento de tiendas de campaña en El Paso, Texas, donde las personas serían retenidas en corrales y vigiladas desde arriba por guardias en estructuras de madera”.

En septiembre, la Armada de los Estados Unidos adjudicó un contrato masivo de seguridad fronteriza y control migratorio a docenas de empresas, entre ellas USA Up Star. El acuerdo podría alcanzar un valor de hasta 20.000 millones de dólares para cada contratista a lo largo de varios años, según un comunicado de prensa del gobierno. El contrato incluye trabajos para proporcionar “confinamiento seguro y protegido a extranjeros bajo custodia administrativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU.”, según los registros de contratación.

Pero esto no se circunscribe a contratos y negocios; al parecer, Homan utiliza a terceros para recibir dinero a cambio de gestiones dentro del gobierno. Según los registros, SE&M Solutions, una consultora con sede en Pennsylvania reunió a dos de sus clientes con Mark Hall, asesor principal de Homan y miembro de la administración. Por supuesto las reuniones no representan ningún delito, pero todo cambia cuando se cruzan algunas conexiones, según POGO. Hall y el director ejecutivo de SE&M, Charles Sowell, tienen vínculos con la fundación Border 911, una organización sin fines de lucro centrada en la seguridad fronteriza, fundada y dirigida por el “zar de las fronteras de Trump”. Sowell comanda la misma junta directiva de esta fundación a la que, hace pocos años, pertenecía Hall. Otro exmiembro de la fundación es Rodney Scott, director de Aduanas y Protección Fronteriza, la agencia matriz de la Patrulla Fronteriza.

Al igual que la empresa de Homan, SE&M promociona sus servicios por tener “acceso a altos líderes del gobierno”.

Todas estas conexiones del “zar de las fronteras” se relacionan más que nada con su prontuario en la industria de encarcelamiento de migrantes. Homan comenzó su carrera policial como agente de policía en West Carthage, Nueva York, en 1983, y después se incorporó al Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, precursor del ICE, hasta convertirse en agente de patrulla fronteriza. Dentro de la institución, escaló posiciones hasta ser ejecutivo de operaciones de cumplimiento y deportación en 2013 durante la presidencia de Obama, un periodo en el que aumentaron las expulsiones a un total de 2,8 millones. En la gestión de Homan, las deportaciones promediaron entre las 300 y 450 mil por año.

A Obama le persigue la etiqueta de 'deportador en jefe' por su récord de expulsiones.

En la primera Administración Trump, fue nombrado Director Interino del ICE desde el 30 de enero de 2017 hasta el 28 de junio de 2018. Durante este periodo, los arrestos aumentaron aproximadamente 40%, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. Las detenciones pasaron las 143,470 en el año fiscal 2017, un incremento del 30% respecto al año anterior. También eliminó todas las categorías de inmigrantes exentos de deportación y estableció que el ICE “ya no eximiría ninguna clase de individuos” de los procedimientos de remoción si se probaba que estaban en el país “ilegalmente”.

Fue considerado, además, el creador de la política de separación familiar , dirigida a encarcelar menores para disuadir a sus padres de migrar. Esta política separó más de 5,500 niños de sus padres en 2018. Las edades de los niños llegaron hasta los 10 meses, y algunos permanecieron en custodia hasta 25 días -muy por encima del límite legal de 72 horas-. Para abril de 2024, todavía habían 1401 que no habían sido reunidos, de nuevo, con sus familias, según el propio Departamento de Seguridad Nacional. Esta política estableció un nuevo paradigma de crueldad sistemática como herramienta de disuasión.

Este periodo de Homan coincidió con uno de los periodos más lucrativos en la historia de las empresas de prisiones privadas. En su gestión, el ICE pagó, por ejemplo, $807 millones a 19 centros privados solo en el año fiscal 2018 para que albergaran a 18,000 personas - 41% del total de 44,000 detenidos, según el diario The Daily Beast. Las dos principales compañías, Geo Group y CoreCivic, operaban, por ese entonces, más de 16 instalaciones del ICE. Los costos por detenido variaron significativamente: $133.99 por día en promedio, pero las camas familiares costaron $319 diarios y las camas para niños separados llegaron a $775 por noche. Por eso, este nuevo capítulo en la vida de Homan parece el desarrollo natural de una vida al servicio de la crueldad y los negocios.

Fuente: Bruno Sgarzini

Del Nord Stream a Irán: geopolítica de un imperio en declive

 

 Por Irene Calvé,   

      Gerente de Programa, Alianzas de Acceso a la Energía, Energía Sostenible para Todos (SEforALL).

 Antonio Turiel  

      Físico, matemático y experto en Energía del CSIC.

Y

 Juan Bordera   

      Guionista, periodista y activista en Extinction Rebellion y València en Transició.

El ‘fracking’ estadounidense solo puede sobrevivir si el precio del barril de petróleo sube mucho. Y eso depende, en buena medida, de las decisiones que tome Teherán

     El petróleo se está agotando y, con él, se agota también la ficción de un imperio sostenido a base de rentas energéticas. En concreto, el fracking –la técnica que permitió a Estados Unidos convertirse en exportador neto de hidrocarburos– está comenzando su declive. Washington lo sabe, y está dispuesto a hacer lo que sea para estirar unos años más esa supremacía energética. Por eso, el ataque a Irán no es un desliz, sino un movimiento estratégico: necesitan que el petróleo suba de precio para que el fracking vuelva a ser rentable, aunque eso implique incendiar Oriente Medio. Porque no se trata de ganar, sino de no hundirse todavía.

Desde que en 1972 llegó al máximo de producción convencional, EEUU ha sido un país dependiente de las importaciones de petróleo. Pero todo cambió con el auge del fracking: una tecnología agresiva que permitió explotar yacimientos no convencionales, arañando gotas dispersas en rocas porosas a fuerza de reventarlas a pura presión (de ahí el término “fracking”). Gracias a esta tecnología, EEUU pasó de ser un importador masivo de hidrocarburos a convertirse en el mayor productor mundial de petróleo y gas natural (dejando atrás a Arabia Saudita y a Rusia) y el mayor exportador mundial de gas natural y gasolina. Es cierto que consiguió más que abastecer sus necesidades de gas natural (EEUU continúa siendo un país muy carbonífero, así que no usa tanto gas para la producción de electricidad), pero nunca dejó de comprar petróleo, aunque las importaciones cayeron de más del 60% a menos del 40% actualmente. En todo caso, EEUU se ha vuelto demasiado dependiente del fracking para garantizar la estabilidad de la economía productiva. Sin embargo, los sweet spots del fracking hace tiempo que se agotaron, y todo apunta a que el declive terminal de la producción comenzará en los próximos años.

Extractores de petróleo.

¿Por qué, entonces, montar este caos, si igualmente el fracking tiene los días contados? No estamos hablando de una estrategia sostenible a largo plazo, sino de una huida hacia adelante alimentada por tipos de interés bajos, estímulos financieros y petróleo caro. Una economía entera reconfigurada para vender energía fósil al mundo, especialmente en un contexto de declive del petróleo convencional.

Pero, como hemos dicho, ese milagro está llegando a su fin. El fracking tiene un problema físico: es intensivo en energía y materiales, económicamente costoso y se agota rápidamente (al cabo de cinco años la mayoría de los pozos cierran). Desde hace tiempo se alerta de que los mejores pozos están cerrando, que las proyecciones han sido infladas, y que muchos campos ya han entrado en declive. Desde 2022, el fracking en Estados Unidos ha entrado en una fase crítica. Uno de cada tres pozos ha cerrado, y la actividad perforadora ha caído a mínimos no vistos en años, con apenas 442 equipos operativos en todo el país. Esta crisis está directamente relacionada con la caída del precio del petróleo, que ha tocado fondo recientemente, por debajo del umbral de rentabilidad para el fracking, estimado – con cierta dosis de optimismo – entre 60 y 65 dólares por barril. A diferencia de ciclos anteriores en los que la OPEP –y en particular Arabia Saudí– restringía la producción para estabilizar precios, ahora ha optado por mantener una producción bastante elevada. La estrategia saudí, según algunos analistas, busca expulsar del mercado a competidores con mayores costes de extracción, como el fracking estadounidense, y recuperar cuota de mercado perdida. Esta ofensiva petrolera, combinada con una demanda débil –los aranceles de Trump han hecho mucho daño– no solo ha tumbado el precio del crudo, sino que también ha devuelto a la OPEP a una posición central en el control del mercado, poniendo a EEUU en una encrucijada: o fuerza una subida del precio global –mediante inestabilidad o bloqueo de suministro en otras regiones– o asume su lenta pérdida de hegemonía energética y económica. En este contexto, el fracking estadounidense solo puede sobrevivir si el precio del barril de petróleo sube mucho. Y aquí entra la Tasa de Retorno Energético (TRE).

Plataforma petrolífera en las costas de Groenlandia.

La TRE mide cuánta energía se obtiene por cada unidad de energía invertida en la extracción. El petróleo convencional llegó a tener, a principios del siglo XX, TREs de hasta 100:1, es decir, por cada unidad de energía invertida se obtenían 100, una relación que hacía posible todo el desarrollo industrial del siglo XX. En cambio, el fracking nació ya con rendimientos mucho menores, entre 6:1 y 12:1 en sus inicios, y hoy ha caído hasta el rango de 3:1 o incluso menos a medida que los pozos envejecen y se agotan rápidamente. Es como recoger manzanas: al principio bastaba con alargar el brazo para alcanzar las que cuelgan en las ramas bajas, usando muy poca energía (alta TRE), pero ahora solo quedan las del extremo superior del árbol, que requieren esfuerzo y riesgo, y puedes acabar consumiendo más kilocalorías para cogerlas que las que las propias manzanas te aportan. Aunque el fracking siga siendo rentable si el precio del barril sube, desde el punto de vista físico se aproxima al absurdo: extraer energía gastando casi la misma cantidad, o incluso más. Pero el capitalismo no funciona según criterios científicos. Funciona por el valor de cambio: si el precio del barril sube lo suficiente, cualquier aberración energética se vuelve negocio. De ahí la paradoja: una técnica energéticamente absurda puede sobrevivir si los mercados permiten venderla cara (y hay otras fuentes para apuntalarla, o se extrae energía embebida de otro sitio, por ejemplo, no manteniendo infraestructuras). La economía capitalista degrada sistemáticamente la TRE porque no extrae energía para sostener la vida, sino para alimentar el ciclo de acumulación. Y ese ciclo hoy depende, literalmente, de provocar guerras.

La implicación es brutal. Estados Unidos no puede permitirse volver a ser un importador neto de petróleo. No solo por razones energéticas, sino porque toda su arquitectura económica reciente se ha basado en convertirse en una suerte de “emirato fósil”: exportador de energía, receptor de renta internacional, sostén artificial de su hegemonía militar. El crecimiento económico derivado del fracking ha sostenido regiones enteras, sobre todo en estados como Texas, Dakota del Norte o Nuevo México. Todo ello mientras su industria productiva sigue de capa caída desde la crisis de 2008, que mantiene la manufactura muy por debajo de los niveles de hace 30 años y con una parte de la industria intensiva en energía dependiente de precios bajos del crudo. El turismo internacional –uno de los grandes motores no energéticos– se ha desinflado desde la pandemia y no ha remontado a niveles ni siquiera de prepandemia, con un marcado empeoramiento en 2025 debido a tensiones políticas y medidas migratorias restrictivas. Por último, la agricultura aún sigue siendo competitiva en exportaciones, pero enfrenta problemas estructurales como la concentración, las sequías crecientes y, por supuesto, la dependencia del petróleo. El fracking no era un mero complemento para Estados Unidos; era su apuesta y su tabla de salvación.

Pero ahora que los pozos se están agotando, ¿existe algún tipo de plan? Evidentemente, no; existe únicamente la lógica electoralista cortoplacista propia de las “democracias liberales”: no centrarse en una solución sostenible, sino en retrasar las consecuencias de lo inevitable hasta después de agotar la legislatura. Por eso hicieron saltar por los aires el Nord Stream: para forzar a Europa a depender del gas estadounidense, aunque se vendiese más caro. Por eso también, en las negociaciones comerciales, EEUU condicionó la retirada de aranceles a que la UE consumiera ingentes cantidades de energía fósil made in USA (en concreto 350.000 millones de dólares). Esos movimientos no fueron anecdóticos: forman parte de una guerra comercial y energética planificada para sostener el precio del crudo y estirar el tiempo antes de confrontar la realidad material: Estados Unidos dejará de ser un gran exportador de hidrocarburos (principalmente, gas natural y gasolina).

Fuga de gas de los oleoductos Nord Stream en el Mar Báltico, el 29 de septiembre de 2022.

Y ahora llega Irán. Una pieza clave, porque si Teherán responde al asesinato de sus militares bloqueando el Estrecho de Ormuz –por donde pasa casi el 20% del petróleo mundial, que representa el 40% de las exportaciones mundiales del oro negro–, el precio del crudo se dispararía.

Un petrolero cruza el estrecho de Ormuz.

Justo lo que necesita el fracking estadounidense. ¿Representa una solución a largo plazo? En absoluto. ¿Y una solución para este mandato? Tal vez. Esa es la lógica desesperada: si el fracking vuelve a respirar unos años, se gana tiempo, se salvan elecciones, se sostiene el dólar, se aplaza la caída.

La alternativa –no hacer nada– implicaría mantener precios bajos del petróleo, lo que haría económicamente inviable seguir explotando el fracking en muchos de los campos clave. Eso significaría, en términos prácticos, una aceleración de la desindustrialización, especialmente en los estados del interior y del sur, ya devastados por décadas de deslocalización, abandono y declive de la inversión pública. La pérdida del fracking dejaría a muchos territorios sin su última fuente de empleo directo e indirecto. La tensión social escalaría: una población armada, empobrecida, políticamente polarizada y con una fe menguante en las instituciones podría ser el caldo de cultivo para estallidos violentos, revueltas locales o incluso una guerra civil difusa. Esta no es una hipótesis apocalíptica lanzada al azar: sectores del propio Departamento de Defensa norteamericano y del establishment energético han advertido de que la desestabilización interna por el colapso energético es uno de los principales riesgos estratégicos a medio plazo. El fin del fracking no es simplemente una cuestión económica: es una amenaza existencial para la arquitectura política, territorial y militar de Estados Unidos.

Así que la disyuntiva es clara: si no hacen nada, el colapso llegará desde dentro. Si actúan, pueden desatar una escalada global, pero al menos retrasan su propia caída. Puede que Oriente Medio arda. Puede que la guerra se descontrole. Pero eso es un precio asumible si sirve para sostener artificialmente el valor de cambio de su energía fósil. Mientras tanto, la TRE sigue cayendo. El planeta se calienta. La energía útil se agota. Pero el capital, como un zombi ciego, solo responde a la rentabilidad inmediata, aunque eso implique dinamitar las bases de la vida.

Frente a esa lógica suicida, urge una ruptura: poner la energía al servicio de la vida y no del mercado, entender que la transición energética solo puede basarse en reorganizar radicalmente nuestra relación con la energía, con la producción, con el planeta. Utilizar el valor de uso y no el de cambio.

Y en esa disyuntiva brutal –hundirse solo o incendiar el mundo–, el imperio, una vez más, ha hecho su elección.

Fuente: ctxt