Por Antonio
Turiel Como seguramente sabrán si viven a este lado del Atlántico, el Gobierno de España fracasó recientemente en su intento de convalidar el decreto-ley de medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico. El decreto fue inicialmente aprobado por el Gobierno el 24 de junio, pero necesitaba ser convalidado por el Congreso en el plazo de un mes, y en la votación del pasado 22 de julio fue rechazado (y por tanto queda sin efecto).
Se le ha dado mucha importancia a este decreto debido al sobresalto que causó el apagón general en España del pasado 28 de abril. Desde el Gobierno y desde las grandes compañías eléctricas se ha insistido en que este decreto era indispensable para evitar futuros apagones. En los últimos días, viendo que no habría una mayoría suficiente para la convalidación del decreto, las grandes eléctricas se prodigaron en declaraciones de todo tipo, inclusive diciendo que, de no aprobarse, se pondrían en riesgo inversiones por valor de 200.000 millones de euros.
Se ha hablado muchísimo sobre las motivaciones de carácter político de los partidos que han votado en contra, y se han agitado con gran aspaviento espantajos caros a los industrialistas, como asegurar que quienes se han opuesto son "negacionistas", "retardistas" o que "atentan contra la causa climática", dando por bueno el muy cuestionable argumento de que este modelo de la Renovable Eléctrica Industrial (REI) permite avanzar en la descarbonización, cosa muy discutible por muy buenas razones.
Pero es que encima, esas posiciones maximalistas de los industrialistas generan mayoritariamente el efecto contrario al que persiguen, reforzando la visceralidad de los que rechazan el REI.
En todo caso, yo quisiera dejar de lado esas consideraciones políticas y los dimes y diretes, y centrarme en las cuestiones más de carácter técnico. En particular, qué es lo que dice el decreto derogado y si realmente es tan grave su derogación. Y también, analizándolo, si se puede entender las causas de los partidos que han votado en contra (y a favor).
La primera observación que se puede hacer es que más que un decreto de medidas urgentes para evitar un apagón, lo que tenemos aquí es una ley ómnibus que regula muchos aspectos relacionados con el mercado eléctrico. Peor aún, las medidas que se proponen son muy dispares y algunas de ellas son bastante cuestionables. Se pueden clasificar las medidas en tres grandes bloques: medidas técnicas que efectivamente sí pueden ayudar a prevenir apagones, medidas dirigidas (aunque no se reconozca) a rescatar el sector renovable, y medidas dirigidas al fomento de la electrificación de la sociedad. Esta clasificación no es exhaustiva y así queda aún un buen puñado de medidas misceláneas que no se corresponden a estos tres tipos (incluyendo algunas muy importantes y positivas, como la extensión a 5 km la distancia para constituir comunidades energéticas), pero aún así los tres tipos definidos son el grueso de la norma.
Esto ya plantea una primera reflexión: si esta norma en vez de en forma de decreto-ley se hubiera planteado como una ley, habría dado lugar a la posibilidad de que se realizaran enmiendas a los apartados concretos que son más discutibles, y producir una ley acordada por la mayoría del Parlamento. Por supuesto que una ley tiene una tramitación lenta, pero parecería más lógico haber incluido en el decreto solo las normas de tenor más técnico (que, al tiempo, son las más urgentes) y que por tanto serían menos controvertidas, y dejar para la tramitación de una ley posterior todo lo demás. Con esta argucia de meterlo todo en el mismo decreto-ley y así intentar forzar un trágala al resto de partidos (una mala praxis legislativa por desgracia habitual en España, donde se abusa de los decretos-ley), al final lo que se ha conseguido es que se haya rechazado todo, tanto lo conveniente - y urgente - como lo discutible.
Dentro de las medidas de carácter más técnico, hay muchos aspectos regulación, de supervisión y de instalación de sistemas que dotarían a la red de transporte, que opera Red Eléctrica Española, de una mayor estabilidad y robustez. Sin entrar en el detalle de cada medida, lo que cabe preguntarse es quién pagaría todos esos sistemas que se tienen que instalar - a mi entender, parte de ellos son sistemas de planta, que deben acompañar a cada planta de generación y que por tanto deberían ser pagados por sus titulares.
En cuanto a las medidas de rescate, aparecen mezcladas con otras y a veces tienen una componente de carácter general y otra realmente pensada para favorecer (por no decir rescatar) al sector renovable. Conviene recordar que estamos viviendo, desde hace ya unos meses, un progresivo hundimiento y desinversión en energía renovable y sus derivados, no solo en España sino en el mundo, fruto del fracaso a estas alturas innegable del REI que tanto hemos discutido y sobre al que ahora no volveré. Lo que más se ha discutido estos días es la pérdida por caducidad de las concesiones de acceso a la red para los proyectos aún no acabados (los llamados hitos administrativos), con fechas de ejecución en varias fases y que el decreto ampliaba por tres a cinco años. Obviamente, la pérdida de estos derechos de conexión es un gran varapalo, pero no olvidemos que actualmente hay un exceso de capacidad de generación eléctrica en el estado español (130 GW de potencia instalada para un consumo medio de 26,5 GW) y que realmente ya no hay tanto negocio (y por eso los inversores llevan tiempo retrayéndose). Para mi son mucho más importantes otras medidas que claramente buscaban mejorar la rentabilidad de los proyectos renovables con argucias cuanto menos feas (como eximir en ciertos casos de las declaraciones de impacto ambiental, promover la utilidad pública que favorece expropiaciones forzosas, o dar ciertos privilegios de acceso a las instalaciones con baterías). Justamente, uno de los aspectos que probablemente va a ser el caballo de batalla de los próximos años va a ser el de las instalaciones híbridas, consistentes en renovables y bancos de baterías, que tanto servirán para generar electricidad como para almacenar y ayudar a regular la red. En realidad, dada la clara contracción del negocio de la producción renovable, muchas empresas del sector se están posicionando para dar un nuevo servicio, el de regulación de la red usando baterías. El problema de las baterías, además de sus elevados costes, es que no son generación de electricidad, no producen energía, sólo la gestionan, así que en realidad son más bien un coste. En ese sentido, el decreto abonaba el terreno para que se retribuyese de varias maneras este tipo de instalaciones, siendo el modelo de hibridación una de las fórmulas que más posibilidades ofrecía, tanto a través de ayudas y subvenciones como con un acceso ventajoso a la red.
Otra de las medidas llamativas de rescate es la rebaja temporal y solo aplicable a 2025 de las horas mínimas de funcionamiento exigidas a las plantas fotovoltaicas para poder acceder al régimen de retribuciones que tienen. Esta medida busca compensar el hecho de que desde el 28 de abril se ha forzado una mayor generación con centrales de ciclo combinado para garantizar la estabilidad de la red, y en general el aumento de curtailments por necesidades técnicas. Con una red saturada de plantas fotovoltaicas, es imposible que todas las plantas puedan acceder al régimen de retribución, no ya este sino ningún año a partir de ahora, pero obviamente la esperanza del legislador es que muy rápidamente se instalen un montón de baterías y sistemas de estabilización y se puede conseguir producir más y más energía fotovoltaica.
Por último, están todas las medidas pensadas para favorecer la electrificación de la sociedad, que en realidad son medidas pensadas para incrementar el consumo eléctrico. Recordemos que en España, al igual que en la Unión Europea, el consumo de electricidad lleva cayendo, con altibajos, desde 2008.
Estas medidas son las clásicas, incluyendo - cómo no - el fomento del coche eléctrico. Por supuesto, una perspectiva completamente alejada de la realidad social de España, y es que aún no han conseguido entender por qué el consumo de electricidad continúa estancado desde hace años en el 23% del consumo de energía final, y que, de hecho, en cifras absolutas sigue cayendo. Algún día, alguien debería plantear una auditoría del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y hacer una reflexión crítica de por qué las previsiones están tan alejadas de la realidad.
El fracaso de la convalidación de este decreto supone que el negocio renovable en España se encuentra en una situación crítica. Entre los curtailments y la desinversión, se vivían momentos muy críticos; pero sin el balón de oxígeno del decreto, necesario para sobrevivir el tiempo suficiente para hacer las reconversiones necesarias, muchos proyectos echarán el cierre y hay el riesgo de que el goteo se convierta en desbandada, y la desbandada en pánico. El sector entero podría colapsar, causando un daño gigantesco a la imagen pública de la energía renovable, y por abuso de extensión, ay, a la lucha contra el Cambio Climático. Todo por haber apostado ciegamente por un modelo erróneo, el REI, ignorando los repetidos signos de que no estaba funcionando. El Gobierno de España intentará relanzar el decreto por otras vías, pero el tiempo se agota y el calendario estival no ayuda. Dependiendo del clima internacional, si no hay un cambio rápido, a la vuelta de vacaciones se puede vivir una auténtica debacle. Y entonces, todos esos industrialistas que nos hostigaron a los que avisábamos de que este modelo era insostenible, deberían de reflexionar si realmente no se han equivocado con su actitud. Y, ya puestos, podrían pedir perdón. Aunque lo más importante en ese momento será ver cómo recomponer los platos rotos y cómo plantear rápidamente un modelo de transición que, éste sí, funcione, porque lo necesitamos urgentemente.
Fuente: The Oil Crush
