2025, el año con más guerras de la última década

 

 Por Josep Maria Royo   

      Escola de Cultura de Pau de la UAB.

La Escola de Cultura de Pau de la UAB ha publicado en las últimas semanas su informe anual sobre conflictividad, derechos humanos y construcción de paz, en el que identifica 40 guerras activas en el mundo, la cifra más alta de la última década, y alerta de un aumento de los conflictos internacionales y de sus consecuencias humanitarias

La periferia sur de Beirut es bombardeada cada día por el ejército israelí.

      El mundo vive un nuevo repunte de la violencia armada global. En el año 2025 se registraron 40 conflictos armados activos (37 en 2024), la cifra más elevada desde 2011 y una de las más altas desde que la Escola de Cultura de Pau (ECP) de la Universitat Autònoma de Barcelona elabora sus informes anuales sobre conflictividad internacional. La dinámica de incremento en el número de conflictos armados en los últimos años ha ido en paralelo a un significativo aumento en la cifra de tensiones sociopolíticas a nivel mundial en los últimos años, un total de 113 en 2025.

Estas son algunas de las principales conclusiones del informe Alerta 2026! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, que analiza la evolución de los conflictos armados, las tensiones sociopolíticas y el impacto de las guerras sobre la población civil y los derechos humanos. Según el estudio, durante 2025 hubo 40 conflictos armados y 113 escenarios de tensión sociopolítica en todo el mundo. África continúa concentrando el mayor número de guerras (17), seguida de Asia y el Pacífico (12) y Oriente Medio (7), mientras que Europa y América registran dos conflictos armados cada una.

Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.

Los conflictos armados de alta intensidad –caracterizados por elevados niveles de letalidad (más de mil víctimas mortales anuales) y severos impactos en términos de desplazamiento de población, destrucción de infraestructuras y consecuencias en el territorio– representaron un 50% de los casos en 2025. El continente afectado por mayor número de conflictos de alta intensidad fue África (11 guerras de alta intensidad y un 55% del total de casos más graves en el mundo), seguido de Oriente Medio (4 casos y un 20% del total de casos más graves en el mundo).

Mapa sobre los conflictos de 2025.

Sin embargo, entre esta veintena de casos de alta intensidad hay algunos que superan ampliamente la cifra de mil víctimas mortales. En la República Democrática del Congo (RDC), sobre todo en el este, se registraron más de 6.800 víctimas en 2025, en su mayoría civiles, según datos de Armed Conflict Location & Event Data (ACLED). La situación en el este de la RDC durante el año estuvo marcada por el empeoramiento de la ofensiva del grupo armado M23 y de Ruanda en territorio congolés iniciada a finales de 2021, la creciente implicación de Burundi en apoyo de la RDC, y el fracaso de las iniciativas diplomáticas de EEUU y Qatar.

En Haití, según datos de Naciones Unidas, entre enero y noviembre de 2025 se registraron más de 8.100 asesinatos, una cifra que la propia ONU estima que podría ser sensiblemente mayor por las dificultades de acceso a las zonas controladas por las bandas.

El conjunto de la violencia en Somalia causó más de 9.900 víctimas mortales, rozando el umbral de las 10.000, según cifras de ACLED. En relación al conflicto Región Sahel Occidental, la violencia política provocó más de 10.000 muertes en Burkina Faso, Malí y Níger. Un año más, Burkina Faso se consolidó como el país más afectado por la violencia yihadista en la región, representando el 55% de todas las muertes vinculadas al conflicto en el Sahel. Por otra parte, la guerra civil en Sudán causó en 2025 la muerte de más de 17.800 personas, siendo el conflicto armado de mayor letalidad en el continente africano. El conflicto y violencia armada en Myanmar causaron más de 15.300 víctimas mortales en 2025.

La ofensiva israelí contra Gaza siguió en niveles muy elevados de mortalidad. Según el balance de OCHA basado en informaciones del Ministerio de Salud de Gaza, desde octubre de 2023 y hasta finales de 2025 más de 70.000 palestinos y palestinas habían muerto en Gaza, cifra conservadora, según diversos análisis.

Restos de una tienda de campaña en la costa de Gaza.

Finalmente, el conflicto armado más letal en 2025 fue el relativo a la invasión rusa y guerra entre Rusia y Ucrania, que causó más de 78.000 víctimas mortales en Ucrania, según ACLED.

Aumento de las guerras internacionales

El informe alerta especialmente del incremento de los conflictos internacionales. En 2025 se registraron nueve guerras entre diferentes Estados o claramente internacionalizadas, la cifra más alta desde que la ECP utiliza la metodología actual de clasificación. Entre los nuevos conflictos armados identificados están el enfrentamiento entre India y Pakistán, la grave escalada bélica entre Tailandia y Camboya y la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, conocida en 2025 como “la guerra de los 12 días” y que se reabrió en 2026. La ECP advierte que esta evolución refleja un deterioro de la seguridad global y es un espejo de un sistema internacional en el que muchos actores no priorizan la prevención, el abordaje de causas de fondo de las disputas y el apoyo al diálogo.

Finalmente, cabe destacar que este panorama de intensificación de la conflictividad armada y sus graves impactos en civiles se dio en un contexto de incremento de las tensiones geopolíticas a nivel mundial, en un escenario de cambio en el orden global y de creciente militarismo y militarización. En línea con las tendencias observadas en años precedentes, el diagnóstico anual del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) confirmó un incremento sin precedentes del gasto militar a nivel mundial. Según los datos publicados en 2025, este gasto alcanzó los 2.718 millones de dólares en 2024, un aumento del 9,4% en términos comparativos con 2023, el incremento anual más pronunciado desde, al menos, el fin de la Guerra Fría.

Aumento sin precedentes del gasto militar mundial a medida que se dispara el gasto en Europa y Oriente Medio.

Impactos de los conflictos armados en la población civil

En 2025 la población civil continuó padeciendo gravísimas consecuencias derivadas de los conflictos armados, cuyos efectos se interrelacionaron en muchos casos con otras crisis como la emergencia climática, las desigualdades y situaciones de inseguridad alimentaria que agravaron las vulneraciones de derechos en estos contextos. En su informe anual sobre la protección de civiles en conflictos armados, publicado en junio de 2025 y que hace referencia a los hechos acontecidos en 2024, el secretario general de la ONU alertaba de tendencias alarmantes.

Antònio Guterres advirtió sobre el elevado número de víctimas mortales y heridas civiles, incluyendo a causa del uso de bombas de mayor tamaño con explosivos de alta potencia en zonas densamente pobladas, dinámica que se incrementó. También alertó sobre las municiones sin detonar y artefactos explosivos improvisados. Según datos de ese informe, Naciones Unidas registró más de 36.000 víctimas mortales civiles en 14 conflictos armados. Casos como Afganistán, Colombia, Etiopía, Líbano, Myanmar, Siria, la RDC, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Ucrania y Palestina fueron escenarios de elevadas muertes y heridos civiles, señalados por Naciones Unidas.

El 1 de febrero de 2021 el Ejército birmano dio un golpe de Estado – Desde entonces, la población vive asediada por los militares.

El organismo internacional documentó también denuncias de torturas, ejecuciones extrajudiciales, arrestos, detenciones arbitrarias, tomas de rehenes, desapariciones forzadas, violencia sexual y desplazamiento forzado, incluyendo Afganistán, Colombia, Malí, Niger, RCA, la RDC y Palestina. Sobresalieron también daños a bienes civiles e infraestructura crítica en numerosos conflictos, incluyendo por su grave magnitud el caso de Gaza.

Otra tendencia preocupante señalada por Naciones Unidas fue la inseguridad alimentaria en contextos de conflicto. Más de 280 millones de personas afrontaron en 2024 situación de altos niveles de inseguridad alimentaria (fase 3) en 59 países y territorios, gran parte de ellos afectados por conflicto armado. Naciones Unidas también destacó la continuación de la violencia sexual relacionada con los conflictos, con 4.500 casos verificados en 2024. El 93% de las víctimas eran mujeres o niñas. El secretario general también denunció la erosión del respeto al derecho internacional humanitario.

El análisis de los conflictos armados en 2025 constata la continuidad de las preocupantes tendencias señaladas en el informe del secretario general de la ONU. En 2025 sobresalieron casos como Gaza, la RDC (este), Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Haití, Rusia-Ucrania o Myanmar, entre otros, por la gravedad de los impactos en civiles. Los niveles de violencia de Israel contra la población palestina continuaron siendo exorbitados y motivaron crecientes denuncias de genocidio. En la RDC (este), el M23 y Rwanda llevaron a cabo una campaña sistemática de represión en las zonas ocupadas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzosas y ataques nocturnos a hospitales. Además, el conflicto siguió generando graves problemas de protección de la población civil, como violencia de género, reclutamiento infantil, secuestros y desplazamientos generalizados. Alrededor de 27,7 millones de personas, más de una cuarta parte de la población, necesitaba asistencia humanitaria. 

En Sudán el impacto de la guerra sobre la población civil en 2025 fue devastador. Se estima que más de 21 millones de personas sufrían de inseguridad alimentaria aguda, existiendo focos de hambruna por todo el país, ya que ambos bandos en conflicto bloquean activamente la ayuda humanitaria. En Sudán del Sur, la guerra exacerbó la crisis humanitaria y casi la mitad de la población sufría hambre aguda. En Somalia, la ONU estimó que más de 4,4 millones de personas sufrirían inseguridad alimentaria aguda. En Haití, la crisis humanitaria y de seguridad se agudizó, con alrededor de 9.000 asesinatos y más de la mitad de la población en situación de inseguridad alimentaria. Además, UNICEF alertó de que aproximadamente la mitad de los miembros de las bandas armadas eran menores. Con relación a la guerra Rusia–Ucrania, se produjo durante el año un deterioro grave de las condiciones de vida en las regiones de los frentes de guerra, con daños extensos a viviendas y otras infraestructuras civiles y según OCHA 10,8 millones de personas en Ucrania requerirán asistencia humanitaria en 2026. En Siria fue especialmente grave durante el año la comisión de masacres, con datos de casi 2.700 víctimas mortales en 63 episodios de masacres, según el Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

En numerosos conflictos armados se constató el uso de violencia sexual en 2025, entre ellos Burundi, RCA, la RDC (este), Región Lago Chad (por parte de Boko Haram), Somalia, Sudán, Haití y Colombia. Entre otros casos, en Somalia, cabe destacar la persistencia de la violencia sexual en el conflicto, de carácter generalizado y principalmente cometida por al-Shabaab. Las autoridades recibieron casi 15.000 denuncias de violencia sexual y de género entre marzo y agosto de 2025. En Haití, Naciones Unidas advirtió sobre el aumento de las violaciones grupales y denunció que en 2025 se habían incrementado en un 40% los casos de violencia sexual, casi en su totalidad hacia mujeres y niñas, muy mayoritariamente por parte de las bandas armadas como estrategia de control, terror y venganza contra personas acusadas de colaborar con el Estado.

Afganistán, Siria, Sudán, Ucrania y Venezuela concentran el 65 % de la población refugiada mundial

Cabe destacar que los conflictos armados también continuaron teniendo entre sus impactos más notorios los desplazamientos forzados de población. Según el informe semestral de tendencias publicado por ACNUR en noviembre de 2025, y que contempla datos recopilados durante el primer semestre del año, la población global desplazada forzosamente –tanto refugiadas como desplazadas internas– era de 117,3 millones de personas. Supuso una disminución del 5% respecto a 2024, y en contraste con la tendencia de incremento incesante en los anteriores años. La reducción estuvo asociada, según ACNUR, al marcado aumento de retornos de personas refugiadas y desplazadas en algunas de las crisis más graves, como la RDC, Siria, Sudán y Afganistán.

A finales de año Sudán constituía la crisis de desplazamiento más grave del mundo, con 12,8 millones de personas desplazadas por la violencia, según datos de la ONU, incluyendo 4,3 millones que huyeron del país, principalmente a Egipto, Chad y Sudán del Sur.

Retrocesos en los derechos de las mujeres

Coincidiendo con el 25º aniversario de la resolución 1325 de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad, el informe alerta de un retroceso global de los derechos de las mujeres. Según el estudio, el 70% de los conflictos armados de máxima intensidad tienen lugar en países con niveles bajos o medios-bajos de igualdad de género. 23 de los 40 conflictos armados que tuvieron lugar en 2025 transcurrieron en países donde había niveles bajos o medios-bajos de igualdad de género, y 16 de los 20 conflictos armados de alta intensidad de 2025 (80 %) tuvieron lugar en países donde la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex había documentado legislación o políticas criminalizadoras contra la población LGTBIQ+.

Además, la participación de mujeres en procesos de paz impulsados por las Naciones Unidas continúa disminuyendo. La ONU verificó más de 4.600 casos de violencia sexual relacionada con conflictos durante 2024, un 25 % más que el año anterior. El 93 % de las víctimas fueron mujeres y niñas.

Fuente: El Salto

El patrimonio oculto en paraísos fiscales supera al de la mitad más pobre de la humanidad

 

 Por Alberto Mesas   

      Periodista. Master en Estudios Avanzados en Comunicación política.

Diez años después de los ‘Papeles de Panamá’ sigue faltando voluntad política para acabar con el fraude y la evasión

Un hombre posa con una pancarta durante una manifestación en Londres en 2022.

     La riqueza que oculta en paraísos fiscales el 0,1 % más rico del planeta (5,5 millones de individuos) supera con creces el patrimonio total de la mitad más pobre de la humanidad (4.000 millones de personas). Son los datos que arroja un estudio publicado el pasado mes de abril por la confederación de oenegés Oxfam International. La organización estima que en el año 2024 esa riqueza oculta alcanzó los tres billones de euros, una cifra cercana al PIB de países como Francia y que dobla el PIB combinado de los 44 países más pobres del mundo.

No obstante, este dato no refleja únicamente la desigualdad en el patrimonio, sino que pone el acento en que esa monumental cantidad de dinero queda fuera del alcance de las arcas públicas y de los sistemas tributarios al estar escondido en paraísos fiscales, cuentas opacas o entramados de ingeniería fiscal que impiden que tribute.

La investigación de Oxfam coincide con el décimo aniversario de los ‘Papeles de Panamá’, la filtración coordinada que reveló el uso masivo de sociedades pantalla y trucos varios para evadir impuestos por parte de empresarios, celebridades y dirigentes políticos de todo el planeta. Desde entonces, algunos organismos transnacionales como la OCDE o la Unión Europea han endurecido los mecanismos tributarios, pero las grandes fortunas continúan evitando pagar los impuestos que les corresponden.

Los ricos evaden porque el sistema lo permite

Las multinacionales y millonarios del planeta tienen a su disposición múltiples mecanismos e instrumentos para evadir o reducir considerablemente los impuestos que deberían pagar. En toda esta ingeniería de la trampa, los paraísos fiscales y las sociedades offshore juegan un papel clave, y se calcula que en ellos se encuentra en torno al 8 % del PIB mundial (unos 10.000 billones de euros).

Además, quienes más tienen también poseen mayor conocimiento y capacidad para aprovechar las fisuras de los sistemas tributarios, que en algunos casos premian esa concentración de riqueza y tienen un efecto regresivo sobre las rentas más bajas. En muchas ocasiones se ha abierto el debate de instaurar un impuesto mínimo global para las grandes fortunas, pero instituciones como el EU Tax Observatory critican que este tipo de medidas únicamente confirman y perpetúan el hecho de que los ultrarricos tributan a niveles muy inferiores a los de otros contribuyentes en proporción a su riqueza, y que los gobiernos no pueden o no quieren hacer eficaz el principio de fiscalidad progresiva.

En concreto, los multimillonarios del mundo tributan en tipos impositivos que van del 0 % al 0,5 %. Esto no significa que todos los grandes patrimonios paguen lo mismo ni que todos evadan impuestos, pero sí demuestra que el sistema les permite hacer artimañas para pagar mucho menos que el contribuyente medio.

Los superricos pagan proporcionalmente mucho menos que la gente corriente.

La responsable de Justicia Fiscal de Oxfam en España, Susana Ruiz, destaca el caso de nuestro país, donde “el impuesto sobre el patrimonio está diseñado de tal forma que permite a los más ricos estructurar su patrimonio para pagar mucho menos que el conjunto de la ciudadanía”. Ruiz comenta que el resultado de ese desajuste “es que ocho de cada diez euros de la recaudación potencial del impuesto sobre el patrimonio se pierden, y el tipo efectivo que paga el 0,1 % más rico es del 0,22 %, muy lejos del 3,5 % del impuesto para los tramos más altos”.

En el intento de lograr esa progresividad también existe una diferencia muy pronunciada entre el norte y el sur global. El World Social Report de la ONU constata que las políticas fiscales justas son capaces de reducir las desigualdades, pero que eso ocurre sobre todo en los países industrializados frente a los países en vías de desarrollo. Mientras que Bélgica, Finlandia o Dinamarca han logrado avances para hacer tributar a sus grandes fortunas, naciones como Gambia o Camboya carecen de la capacidad técnica y legal para llevarlo a cabo. No es solo que los ricos de esos países paguen poco, es que sus gobiernos ni siquiera pueden saber cuánto dinero y activos tienen.

En contra de lo que se cree, los paraísos fiscales no suelen ser islas paradisíacas en el Caribe o el Pacífico, sino que donde primero se permite el fraude es en las grandes economías occidentales. Tal y como asegura Bemnet Agata, responsable de comunicación de la organización británica Tax Justice Network, que investiga sobre la evasión de impuestos y el fraude fiscal, “los mayores riesgos suelen estar arraigados en las propias grandes economías avanzadas y centros financieros. En la UE, alrededor del 34 % del secreto financiero que amenaza a los Estados miembros procede de centros financieros dentro de la propia UE”.

Agata remarca que estas instituciones del capital desempeñan un papel clave dentro del sistema financiero mundial facilitando la ocultación de beneficios y patrimonio a través de sofisticados mecanismos jurídicos y financieros: “El secreto financiero se genera y se mantiene a través de decisiones políticas y jurídicas deliberadas, y muchos de los países más implicados en facilitar estos flujos de dinero no figuran en absoluto en ninguna lista negra, sino que se encuentran entre las economías y los centros financieros más grandes e influyentes del planeta”.

En la ineficacia de esas listas coincide Susana Ruiz: “Seguimos contando con listas de paraísos fiscales que son meramente testimoniales y no cumplen con su función. Si se contara con listas efectivas y bien diseñadas, se podrían también implementar mejores sanciones o reforzar los controles”. Ruiz también propone “reforzar la transparencia, hacer públicos los registros de titulares reales de cuentas bancarias, sociedades y trusts (fideicomisos), y poner coto a las sociedades fantasma o pantalla, que no ejercen actividad económica real y son una vía para la ocultación de activos”.

Se grava más el trabajo que la propiedad

Estructuralmente, los sistemas fiscales están configurados no tanto para gravar a las empresas y la propiedad como a los salarios y el trabajo. Según la OCDE, en los países desarrollados aproximadamente la mitad de la recaudación procede de impuestos sobre el trabajo, mientras que el impuesto de sociedades representa en torno al 10 % y los impuestos sobre la propiedad alrededor del 5 %. Esto significa que la mayor parte del esfuerzo fiscal recae sobre los salarios y el consumo (el IVA, por ejemplo, no tiene en cuenta la renta ni el patrimonio).

Susana Ruiz, de Oxfam incide en esta cuestión al afirmar que “uno de los problemas esenciales es que los sistemas tributarios están diseñados para gravar la renta, pero no tanto la riqueza o el capital”. Ruiz habla de que en los niveles más altos de la escala, los ricos no suelen generar rentas del trabajo, sino rentas del capital debido al patrimonio que acumulan. “Está clara la incapacidad del IRPF para gravar a los individuos con mayor riqueza”, remarca. 

En el caso de la UE, los datos de la Comisión Europea muestran que en 2026 los impuestos sobre el trabajo representan el 51,5 % del total de ingresos fiscales, mientras que los impuestos sobre el capital y la propiedad se sitúan en torno al 21,6 %. El Fondo Monetario Internacional ha advertido en varias ocasiones de que esta estructura amplifica las desigualdades, ya que los sistemas fiscales tienden a depender de ingresos más fáciles de recaudar pero menos progresivos, como el trabajo y el consumo, en detrimento de bases más concentradas y móviles como el capital.

La OCDE también destaca la bajada progresiva y la ampliación de mecanismos de deducción y exención del impuesto de sociedades en los últimos lustros. Conocido como race to the bottom (competir a la baja en salarios y precios), esta tendencia limita la capacidad de los Estados para gravar los beneficios de las grandes empresas de manera efectiva.

La consecuencia más directa de la evasión de impuestos es que los Estados recaudan menos dinero y, por tanto, tienen menos recursos a su disposición para hacer políticas públicas. “El fraude fiscal suele abordarse como una cuestión técnica o financiera, pero sus consecuencias son muy tangibles y se notan en la vida cotidiana”, afirma Agata, de Tax Justice Network. “Los efectos recaen en la sanidad y la educación públicas, la vivienda, el transporte, las infraestructuras, el cuidado infantil, las pensiones y los sistemas de protección social, al tiempo que debilitan la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las crisis económicas y climáticas, y las pandemias”, continúa.

En España, por ejemplo, las arcas públicas dejan de ingresar entre 4.000 y 8.000 millones de euros cada año por la evasión fiscal de las grandes fortunas –principalmente empresas–. Se estima que entre 2016 y 2021 España perdió 33.000 millones de euros (casi la mitad del presupuesto en Educación). 

Agata comenta que, en muchas ocasiones, los gobiernos tratan de compensar ese descenso en los ingresos públicos mediante formas de tributación regresivas como el IVA, los recortes del gasto público, la contención salarial, privatizaciones, austeridad y endeudamiento público.

Aumento de la riqueza de los multimillonarios en los últimos treinta años.

Los más ricos cada vez son más ricos

En los últimos treinta años, la riqueza global privada ha crecido ocho veces más que la pública (300.000 billones de euros frente a 40.000 billones), lo que ha contribuido enormemente al incremento sostenido de la concentración de riqueza de quienes se encuentran en la cúspide de la pirámide, y un aumento desproporcionado de la desigualdad.

Evolución de la riqueza pública y privada en los últimos treinta años.

Desde 2015, el 1 % más rico del planeta ha incrementado su patrimonio en unos 34.000 millones de euros, un dinero con el que se podría cubrir varias veces el coste estimado de erradicación de la pobreza extrema según los baremos del Banco Mundial. En los años posteriores a 2020, una parte muy importante de toda esa nueva riqueza generada a escala mundial ha sido acaparada por el 1% más rico.

Desde Oxfam, Susana Ruiz señala que “en los últimos 15 años, la riqueza de las 200 familias más ricas en España ha crecido un 188 %. La concentración de riqueza se acelera y hay que tratarla de manera diferente en la tributación”, insiste.

Con los años también se ha instaurado el argumento de que subirles los impuestos a los millonarios hace que se marchen del país, pero los datos lo desmienten.

Según datos de Tax Justice Network, la tasa de movilidad anual de los millonarios es de apenas del 0,2 %.

En cualquier caso, Agata señala que “la cuestión no es si los ricos se van, sino si los gobiernos tienen la capacidad de diseñar y aplicar sistemas fiscales para gravar la riqueza de manera justa, en vez de permitir que la política fiscal se vea influenciada por las preferencias de una élite de megarricos”.

España se encuentra por encima de la media mundial en cuanto a riqueza oculta en paraísos fiscales.

Sin voluntad política para perseguir el fraude

Tras las filtraciones de los ‘Papeles de Panamá’, la lucha contra el fraude fiscal cogió un impulso que con los años se ha ido desinflando. Varios países del G20 se comprometieron a mejorar sus mecanismos para identificar y perseguir a los tramposos, pero la realidad es que no existe una acción coordinada y realmente efectiva, a pesar de que hay tecnología para ello.

Básicamente, la lucha contra los paraísos fiscales gira en torno a unas pocas pautas de transparencia marcadas por instituciones como la OCDE. El eje central es el Common Reporting Standard, que facilita el intercambio de información financiera entre países, pero no todos los Estados –especialmente en el sur global– participan en condiciones equivalentes ni tienen la misma capacidad para recibir, procesar y usar esos datos.

En resumidas cuentas, hay más información que hace una década, pero sigue faltando la voluntad política necesaria para lograr que todo ese patrimonio evadido, o al menos una parte importante, tribute como debería. En el marco de Naciones Unidas también se ha discutido la creación de una convención fiscal internacional que refuerce la coordinación global, aunque aún está sobre el papel y no hay mucho compromiso por llevarla a cabo.

Fuente: Ctxt

El colapso del orden liberal internacional

 

 Por Pablo del Amo

        Investigador de política exterior en el Real Instituto Elcano.

     El orden liberal internacional atraviesa una crisis que va más allá de episodios concretos o liderazgos específicos. La creciente rivalidad entre grandes potencias, el uso abierto de la coerción y la fragmentación del consenso occidental apuntan a un cambio estructural en la política global.

El orden liberal internacional se adentra en un interregno marcado por la competencia de poder y el retorno de las esferas de influencia.

Lejos de un sistema basado en reglas compartidas, el mundo se adentra en un interregno marcado por la competencia de poder, el retorno de las esferas de influencia y la ausencia de un árbitro capaz de imponer estabilidad.

Marineros a bordo del USS George Washington en Hong Kong.

La base del orden liberal internacional

La llamada “larga paz” que caracterizó al sistema internacional tras la Segunda Guerra Mundial no fue el resultado natural de un orden liberal basado en reglas compartidas, sino el subproducto de una correlación de fuerzas excepcional. Primero, del equilibrio de poder extremadamente peligroso entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

Después, de un breve periodo de hegemonía estadounidense tras el colapso del bloque soviético. La estabilidad relativa del sistema no descansó en normas interiorizadas, sino mayormente en la disuasión nuclear, el equilibrio de poder y, más tarde, en la ausencia de rivales capaces de contrabalancear el poder de Washington.

Desde 1945, la confrontación directa entre grandes potencias dejó de ser viable no porque desapareciera la competencia, sino porque el arma nuclear elevó el coste del conflicto hasta niveles inasumibles. La disuasión no eliminó la violencia, pero sí la canalizó hacia guerras indirectas, conflictos periféricos e intervenciones proxy –por delegación–.

En ese sentido, puede afirmarse que lo que ha evitado mayormente las guerras entre grandes potencias desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy no ha sido el liberalismo, sino la amenaza creíble de destrucción mutua.

El llamado orden internacional basado en reglas surgió y se consolidó dentro de ese marco. Pero conviene recordar una premisa fundamental que a menudo se omite en los análisis normativos: las superpotencias son, por definición, excepcionales.

Cuando consideran que las reglas sirven a sus intereses, las promueven. Cuando dejan de hacerlo, las ignoran, las reinterpretan o las suspenden. Estados Unidos no ha sido una anomalía en este sentido. El derecho internacional y las instituciones multilaterales funcionaron mientras reforzaron una arquitectura de poder favorable a Washington y a sus aliados.

Por ello resulta problemático personalizar la crisis actual del orden liberal en figuras concretas como Donald Trump. El presidente estadounidense no crea tanto esta crisis, sino que acelera dinámicas que llevaban décadas erosionando los cimientos del sistema.

El ascenso de China como potencia económica, tecnológica y militar, la reaparición de Rusia como actor abiertamente revisionista y el declive relativo de la cuota de poder estadounidense plantean desafíos estructurales muy superiores a los que puede encarnar cualquier liderazgo individual.

La pregunta relevante no es si Trump es causa o consecuencia, sino hasta qué punto su llegada al poder refleja la incapacidad de Estados Unidos para seguir sosteniendo el orden que diseñó.

Estados Unidos y su orden liberal

El multilateralismo liberal se construyó sobre una correlación de fuerzas muy específica. Estados Unidos concentraba una supremacía económica, militar y tecnológica sin precedentes, mientras el resto del mundo se integraba de forma subordinada en un sistema de reglas que reflejaba esa asimetría.

Estados Unidos contra el mundo.

Durante décadas, la expansión del comercio, la financiarización y la deslocalización industrial funcionaron porque permitieron a las élites occidentales acumular riqueza y poder, al tiempo que los costes sociales se externalizaban hacia las periferias o hacia las clases trabajadoras de las propias economías avanzadas.

Ese equilibrio comenzó a resquebrajarse cuando China emergió como potencia manufacturera y tecnológica, alterando la división internacional del trabajo y desplazando progresivamente el centro de gravedad del dinamismo económico global hacia Asia.

A partir de ese momento, la arquitectura liberal dejó de beneficiar de forma exclusiva y automática a la potencia que la había diseñado. El sistema seguía existiendo, pero ya no garantizaba la primacía estadounidense ni la cohesión interna de las democracias occidentales.

Conviene reconocer, no obstante, que el orden liberal impulsó iniciativas relevantes para la provisión de bienes públicos internacionales, desde la seguridad colectiva hasta la salud o la lucha contra el cambio climático.

El colapso del orden liberal internacional se caracteriza por el auge de potencias alternativas a Estados Unidos, como Rusia o China, dos países que han reforzado sus lazos en los últimos años.

Sin embargo, lo hizo casi siempre en la medida en que esas iniciativas contribuían a sostener la primacía política, económica y normativa de Occidente. Más que un marco neutral, se trataba de una arquitectura de gobernanza que combinaba valores universalistas con profundas asimetrías de poder. Estados Unidos y sus aliados la promovieron mientras reforzaba sus intereses estratégicos, pero también la ignoraron o la doblegaron cuando resultó inconveniente.

La erosión de ese paradigma liberal, acelerada por la hiperglobalización, el ascenso de China y el retorno de una Rusia dispuesta a emplear abiertamente la fuerza, abrió espacio para actores que buscan reconfigurar las reglas del juego. Las potencias revisionistas no pretenden necesariamente destruir el sistema internacional, sino adaptarlo a sus propios intereses y ampliar su margen de influencia en un entorno cada vez más competitivo.

Soldado del ejército de Estados Unidos en un buque de guerra de la armada.

Desde la perspectiva liberal-estadounidense, el resultado es un mundo percibido como mucho más peligroso que el de las últimas décadas. Un entorno que recuerda más al sistema internacional previo a 1945, caracterizado por la coexistencia de varias grandes potencias que compiten entre sí, que al orden relativamente estable de la Guerra Fría o al optimismo del periodo posterior.

En este nuevo contexto, el acceso abierto a recursos, mercados y bases estratégicas ya no se deriva automáticamente de alianzas duraderas, sino que debe ser defendido y disputado frente a otros actores con capacidades comparables.

Durante décadas, Estados Unidos y sus aliados se acostumbraron a un mundo que operaba de una manera. Socios europeos y asiáticos cooperaban en materia económica y de seguridad sin cuestionar el liderazgo estadounidense.

Europa en el interregno: nuestro despertar geopolítico tras Ucrania.

Los desafíos al orden liberal estaban contenidos por la combinación del poder económico y militar occidental. El comercio global fluía con relativa independencia de la rivalidad geopolítica, los océanos eran espacios mayormente seguros para la navegación y el control de armamentos nucleares parecía gestionable mediante acuerdos multilaterales.

El “pacifismo” de actores como Alemania o Japón tras 1945 tampoco fue una consecuencia espontánea de la internalización de normas liberales, sino el resultado de una derrota total, años de ocupación militar y un control político estrecho por parte de los vencedores. La renuncia al uso de la fuerza fue una condición impuesta, no una elección universalmente replicable.

En última instancia, el derecho internacional y el orden basado en reglas solo pueden sostenerse si existen Estados dispuestos y capaces de forzarlos. Durante décadas, Estados Unidos desempeñó ese papel, ejerciendo como garante último del sistema. Hoy, ese rol ya no es sostenible en los mismos términos.

El orden no colapsa porque Washington haya dejado de creer en él, sino porque ya no puede imponerlo sin asumir costes que no está dispuesto a pagar. Ese vacío es el que define el momento actual y explica la transición hacia un interregno marcado por la incertidumbre, la competencia abierta y el retorno de la política de poder.

Del multilateralismo a la competencia

La crisis del orden liberal internacional no se explica únicamente por la aparición de nuevos actores dispuestos a desafiarlo, sino por la progresiva percepción en Washington de dicho orden para sostener la posición hegemónica de Estados Unidos en un mundo crecientemente multipolar y conflictivo.

Donald Trump eleva el tono por Groenlandia aplicando aranceles a varios países europeos para forzar una venta o un acuerdo sobre la isla.

Mapa de los recursos naturales de Groenlandia.

Durante décadas, Washington utilizó instituciones, normas y discursos cooperativos como instrumentos para gestionar su primacía. La diferencia fundamental del momento actual es que, por primera vez desde el final de la Guerra Fría, Estados Unidos deja de intentar maquillar esa crisis con el lenguaje de la cooperación y asume abiertamente una lógica de competición estructural y de la lógica del poder. Ese giro no implica un repliegue, sino un cambio de método.

El multilateralismo deja de ser un medio eficaz para preservar la primacía y es sustituido por estrategias más directas de presión, coerción y confrontación. En este sentido, el mundo no entra en una fase de vacío normativo, sino en un interregno, un periodo en el que el viejo orden ya no funciona, pero el nuevo aún no ha cristalizado. En ese espacio proliferan estrategias agresivas, políticas de fuerza y liderazgos que buscan imponer una nueva coherencia a un sistema en crisis.

Donald Trump encarna de forma especialmente clara esa voluntad de imposición. No propone reformar el orden liberal ni adaptarlo a nuevas realidades, sino sustituirlo por un marco de competencia directa entre grandes potencias, acompañado de una aproximación más explícita a la lógica de las esferas de influencia.

Sin embargo, reducir esta transformación a su figura sería un error analítico. Trump no es la causa última de la dinámica actual, pero sí su catalizador más agresivo, el dirigente que abandona definitivamente la pretensión de universalidad del orden liberal y acepta sin ambages que el mundo se rige por relaciones de fuerza.

El resultado es una sensación persistente de transición permanente, de inestabilidad estructural y de disputa abierta por la configuración del orden futuro. Lo que emerge no es una fase breve de ajuste, sino un periodo prolongado de incertidumbre en el que los actores intentan fijar las reglas del juego mediante el uso de la fuerza militar, la coerción económica y la competencia tecnológica.

Bajo este enfoque, Estados Unidos deja de invertir recursos en sostener un sistema que ya no le garantiza la primacía y opta por una estrategia de confrontación abierta para imponer un nuevo marco más favorable a sus intereses, aun a costa de una mayor inestabilidad global. Existen claras reminiscencias del periodo previo a la Primera Guerra Mundial.

Entonces, el sistema internacional también se encontraba en proceso de reconfiguración, impulsado por el ascenso de Alemania como potencia industrial y militar, la intensificación de la competencia geopolítica con el Reino Unido y una carrera de rearme alimentada por la percepción de que un conflicto generalizado podía convertirse en el mecanismo para resolver la creciente insatisfacción con el statu quo.

La analogía no reside en la inevitabilidad de una gran guerra, sino en el clima estratégico de rivalidad, desconfianza y competencia por el poder y la influencia que caracterizó aquel periodo.

Alemania aspiraba a convertirse en la potencia hegemónica del continente tras haber quedado al margen del gran reparto colonial. Reino Unido trataba de preservar un equilibrio de poder que impidiera la emergencia de un actor dominante. Francia mantenía una posición revanchista marcada por el trauma de la derrota de 1871, mientras Rusia y el Imperio austrohúngaro competían por el control de los Balcanes.

La referencia a las esferas de influencia no implica, en realidad, una novedad radical. Las grandes potencias siempre han defendido lo que consideraban sus zonas estratégicas. La diferencia es que durante décadas Estados Unidos tuvo la capacidad material y política para actuar en prácticamente todo el globo sin encontrar un contrapeso efectivo.

Incluso tras la caída de la Unión Soviética, el sistema atravesó una fase de incertidumbre marcada por conflictos en el espacio postsoviético, procesos de transición política y reconfiguraciones territoriales. Pero entonces era Occidente quien se proclamaba vencedor del nuevo orden y Washington quien tenía la potestad de imponer sus reglas. Hoy, esa autoridad ya no está garantizada.

Frente a los argumentos liberales que sostienen que Estados Unidos se ha desconectado voluntariamente del orden liberal, la evidencia apunta a otra razón. Washington no abandona el sistema porque quiera, sino porque ya no puede mantener la primacía en todos los escenarios simultáneamente. Trump sigue persiguiendo la primacía estadounidense, pero en un contexto en el que el ascenso de otras grandes potencias limita de forma creciente su margen de maniobra.

De hecho, para adoptar plenamente un marco de esferas de influencia, Estados Unidos tendría que aceptar concesiones que de momento no está dispuesto a hacer, como reconocer un dominio exclusivo de China sobre Asia oriental o de Rusia sobre el espacio postsoviético.

Una de las diferencias más significativas entre el orden que se está gestando y el anterior es que ya no existe una única superpotencia que ejerza de forma casi exclusiva la violencia en el sistema internacional, amparada en la retórica de la defensa del orden basado en reglas o de la promoción de la democracia.

Por un lado, Estados Unidos ya no fundamenta su ejercicio de poder en la preservación del orden liberal internacional. Por otro, otras potencias también recurren abiertamente a la coerción y al uso de la fuerza. Rusia impone su poder en su entorno inmediato, pero también potencias medias como Turquía o Azerbaiyán utilizan la fuerza para modificar equilibrios regionales sin enfrentar una respuesta sistémica.

Esta tendencia no es exclusiva de la era Trump. La retirada de Afganistán y las declaraciones posteriores de Joe Biden, subrayando que el objetivo central de la intervención había sido eliminar una base del yihadismo y no construir un Estado respetuoso de los derechos humanos, reflejan una continuidad más profunda.

Afganos corren mientras un avión estadounidense intenta despegar del aeropuerto de Kabul.

El lenguaje puede variar, pero la lógica subyacente es la misma: el abandono progresivo de la pretensión de transformación normativa del sistema internacional y la aceptación de un mundo en el que distintos actores persiguen modelos de gobernanza propios y órdenes regionales alternativos.

El orden internacional que emerge

El orden liberal internacional está dando paso a un mundo definido por esferas de influencia, en el que la fuerza vuelve a ocupar un lugar central y en el que Occidente aparece crecientemente fragmentado. A diferencia del periodo anterior, ese ejercicio de la coerción ya no emana de un único centro, sino que se reproduce entre múltiples actores con distintos niveles de poder y ambición.

En este entorno, los Estados se enfrentan a la disyuntiva de constituirse como polos capaces de ejercer control sobre su entorno estratégico inmediato o quedar relegados a operar dentro de la esfera de influencia de otros.

Entre ambos extremos se abre, no obstante, un espacio intermedio cada vez más relevante, ocupado por actores que buscan maximizar su autonomía en un sistema sin árbitro y evitar alineamientos rígidos en un contexto de competencia estructural.

Nos encontramos en un momento de incertidumbre estructural. El sistema anterior se está descomponiendo, pero el nuevo aún no ha tomado forma. En este contexto, las reglas no solo son inestables, sino que dependen en gran medida de los impulsos de quien concentra mayor capacidad coercitiva en cada momento.

La previsibilidad, un elemento esencial para la estabilidad internacional, deja así de ser una característica del sistema. La acumulación de factores disruptivos alimenta una volatilidad persistente: electorados cada vez más proclives a votar contra el statu quo, guerras comerciales, avances acelerados en inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas.

A ello se suma el comportamiento de potencias revisionistas que abandonan normas y acuerdos para amenazar o invadir a sus vecinos, así como el progresivo deterioro del régimen de control de armamentos, con tratados que caducan, se incumplen o no se adaptan a nuevas realidades como la proliferación nuclear o la militarización del espacio.

Misión GovSat-1 de SpaceX, empresa privada estadounidense clave para materializar la hegemonía espacial.

La política de grandes potencias ha regresado con fuerza. Coerción, intervención y jerarquía vuelven a estructurar las relaciones internacionales. Estados Unidos, China y Rusia reclaman derechos privilegiados sobre regiones, rutas comerciales y alineamientos políticos, recurriendo a instrumentos que bordean o eluden las limitaciones jurídicas que supuestamente definían el orden posterior a la Guerra Fría.

La diferencia es que estas dinámicas se despliegan ahora en un mundo mucho más interdependiente y sometido a tensiones estructurales profundas. La competencia entre las grandes potencias se desarrolla, además, en un contexto de interdependencia económica densa y de crecientes tensiones globales. Las cadenas de suministro, los sistemas de pago, los flujos energéticos, las redes de datos y los mercados alimentarios se han convertido en instrumentos de presión.

La interdependencia no actúa como freno al poder, sino que es cada vez más utilizada, redirigida y racionada con fines estratégicos. La influencia se ejerce tanto a través de infraestructuras y mercados como mediante capacidades militares.

En ausencia de un orden coherente, lo que cabe esperar no es estabilidad, sino la proliferación de puntos calientes donde las grandes potencias tratan de asegurar esferas de influencia exclusivas y chocan allí donde sus intereses se superponen. El estrecho de Taiwán y el Pacífico, la frontera entre India y China o el flanco oriental europeo frente a Rusia son espacios donde la competencia estructural se manifiesta de forma directa.

A esta dinámica se suma la aparición de vacíos de poder en escenarios considerados secundarios por las grandes potencias, donde la retirada, distracción o menor implicación de los actores dominantes abre espacio a la intervención y la competencia de potencias medias, como ocurre en casos como Sudán, Siria o el Cuerno de África.

En este contexto, las potencias menores y medias tienden a buscar protección bajo distintos paraguas de seguridad, pero lo hacen con una lógica cada vez más flexible. Los alineamientos dejan de ser permanentes y pueden modificarse cuando se perciben mejores oportunidades, menores riesgos o mayores beneficios estratégicos.

El escenario internacional actual sitúa así a estas potencias ante un dilema central: aceptar una posición subordinada dentro de la esfera de influencia de una gran potencia o intentar preservar márgenes reales de soberanía en un sistema crecientemente competitivo. Mientras Europa avanza cada vez más hacia una relación de dependencia estratégica respecto a Estados Unidos, otros actores priorizan la autonomía y la capacidad de maniobra.

Pese a sus profundas diferencias en modelos políticos, prioridades de seguridad y estrategias de desarrollo, estas potencias comparten una percepción de la soberanía como un recurso escaso y vulnerable. Esa experiencia común no produce unidad ideológica ni coordinación sistemática, pero sí una notable capacidad de adaptación estratégica.

Frente a un sistema inestable, evitan alineamientos rígidos y optan por estrategias de hedging, diversificación de vínculos económicos y de seguridad, y una diplomacia transaccional orientada a maximizar beneficios concretos. Su principal activo no es una identidad compartida, sino la capacidad de elegir, retrasar, ajustar y renegociar sus posiciones, convirtiendo la ambigüedad en una fuente de poder en un entorno geopolítico fragmentado.

El orden que probablemente emerja de esta fase no se parecerá a un concierto estable de potencias ni a una división clara del mundo en bloques rivales. Será más áspero, más improvisado y más disputado.

Estará moldeado tanto por grandes potencias que tratan de trazar líneas de influencia como por Estados con memoria viva de la jerarquía, dispuestos a poner a prueba, doblar o renegociar constantemente esos límites.

En ese contexto, ningún Estado ni grupo de Estados dominará de forma sostenida el sistema internacional. El poder se distribuirá entre actores globales, regionales y sectoriales, con un papel creciente de potencias regionales que operan a través de marcos propios.

Los alineamientos serán específicos por temas y coyunturas, y ningún actor liderará de manera transversal todos los ámbitos de la política internacional. El momento unipolar no se repetirá. El poder estará más repartido, pero no por ello será más estable.

Fuente: Descifrando la Guerra