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martes, 11 de agosto de 2026

Trump ataca el dólar (y puede que lo pagues tú con recortes)

 

 Por Iván H. Ayala   
      Economista y doctorando en la UCM, especializado en metodología económica, Unión Europea y financiarización.


Lo que ocurrió el 31 de julio es que el deudor más grande del mundo salió al mercado a defender la moneda de su acreedor y ahí esto deja de ser una historia de mercados, porque lo que se dirime es qué visión de la política económica gobernará la próxima década


Trump y Takaichi en el encuentro que se produjo en el Despacho Oval en marzo de 2026.


     El viernes 31 de julio el Tesoro de Estados Unidos compró yenes. Lo confirmó el secretario del Tesoro Scott Bessent y lo celebró el propio Trump ante la prensa. Es la primera intervención coordinada para comprar yenes desde 1998, con una cifra estimada de 36.000 millones de dólares en una sola jornada. Una amistad que cuesta cara.


‘Es bueno para la economía mundial’; ¿por qué es inusual que Trump haya intervenido junto a Japón para apuntalar el valor del yen?

Pero no se gastan 36.000 millones por fraternidad. Japón es el mayor acreedor exterior de Estados Unidos, con 1,24 billones de dólares en deuda del Tesoro. Lo que ocurrió el 31 de julio es que el deudor más grande del mundo salió al mercado a defender la moneda de su acreedor. Ningún manual de economía internacional describe esa operación. La pregunta es por qué.

La respuesta corta es que el circuito que hacía innecesaria la intervención se ha roto. Durante décadas, los tipos japoneses en cero expulsaban el ahorro hacia los Treasuries (títulos de deuda pública estadounidense), ese ahorro sostenía el dólar y abarataba la deuda americana, y todo se cerraba solo. Hoy el bono japonés a diez años paga cerca del 2,8%, máximo en treinta años, mientras que un Treasury, una vez pagado el seguro de cambio que cuesta el diferencial de tipos a corto, deja unos dos puntos en yenes garantizados.


El rendimiento del bono japonés a diez años sube al 2,81%, máximos de casi 30 años.

Una aseguradora japonesa con pasivos en yenes ya no tiene incentivo a comprar Treasuries, sino a venderlos y volver a casa: en el primer trimestre los inversores japoneses vendieron 29.600 millones en deuda americana, la mayor salida desde 2022. El ahorro japonés vuelve a casa porque por fin le pagan en casa.

Hasta aquí no hay política, hay aritmética. Pero la aritmética no explica por qué un ajuste que el sistema anterior habría digerido en silencio exige ahora un rescate con rueda de prensa. Ahí entra Trump. Su guerra en Ormuz encareció el crudo que alimenta la inflación japonesa y obliga al Banco de Japón a subir tipos, invirtiendo el diferencial que mantenía el ahorro japonés al otro lado del Pacífico.

Su guerra arancelaria y sus amenazas a quien busque alternativas al dólar han erosionado el papel del dólar como moneda de reserva. Y su asalto a la Reserva Federal, con Stephen Miran en el consejo y Kevin Warsh en la presidencia, ha puesto precio al riesgo de que la FED sea otro errático departamento de la Casa Blanca antes que a la estabilidad. El bono a treinta años en el 5,2%, máximo desde la crisis financiera, lo confirma.


El bono estadounidense a 30 años marca máximos no vistos desde 2007.

La ironía es que Trump dice querer sostener el dólar como moneda de reserva. Su doctrina, formulada por Miran, quiere un dólar más barato para recuperar la manufactura y a la vez un dólar que siga siendo la moneda mundial para financiarse barato y conservar la palanca geopolítica. El privilegio sin la carga. Pero la hegemonía nunca fue un decreto. Era un conjunto de condiciones, previsibilidad, un banco central creíble, acceso incondicional al activo seguro, y todo eso es lo que Trump está erosionando.

El detalle que vale más que la intervención está en la fontanería. Los Estados no acumulan reservas en billetes sino invertidas en deuda: para defender el yen a gran escala, Tokio tendría que vender Treasuries, y cada venta encarece la deuda de un Tesoro que ya paga un billón anual en intereses. La defensa del yen la acababa pagando Washington. Por eso Tokio anunció que podrá recurrir a la facilidad FIMA de la Reserva Federal y obtener dólares dejando sus Treasuries en prenda, sin vender un solo bono. La Fed queda instalada como aseguradora de última instancia del sistema entero, acreedor japonés incluido. La hegemonía del dólar, se ve ahora, nunca residió en que el mundo quisiera Treasuries, sino en que Washington controla el acceso a la liquidez de última instancia y decide a quién respalda y contra qué garantía. Administrar el colateral ajeno es lo que hace un hegemón cuando la hegemonía deja de ser gratis.

Y aquí esto deja de ser una historia de mercados, porque lo que se dirime es qué visión de la política económica gobernará la próxima década. Una es la anterior a 2008: banco central independiente controlando la inflación y política fiscal disciplinada a su servicio, la dominancia monetaria. La otra es la que la crisis obligó a improvisar: política fiscal activa y política monetaria sosteniéndola. De cuál se imponga dependerá que la respuesta se llame austeridad o se llame normalidad.

La lectura ortodoxa, la de John Cochrane, dice que el 5,2% es la prima que el mercado cobra elevados niveles de deuda pública y déficit que nadie corrige, y su mandato es la consolidación, recortes mandatados por los mercados. Es exactamente como se leyeron las primas de riesgo de España e Italia entre 2010 y 2012. Se recortó en sanidad, educación e inversión, y las primas siguieron subiendo. Lo que las hundió no fue ningún recorte sino tres palabras que Mario Draghi pronunció en julio de 2012 y de las que se han hecho hasta camisetas: whatever it takes. Bastó la existencia de un comprador de última instancia. Los mercados no cotizaban la deuda de nadie, cotizaban la ausencia de respaldo monetario, como demostró De Grauwe comparando países igual de endeudados con y sin banco central propio. Aquella lectura costó una década perdida, y no era neutral: la austeridad protege el valor de los títulos, disciplina al deudor y blinda al tenedor. Es la visión de los acreedores, y los acreedores tienen siempre incentivos para volver a imponerla.

Las lecturas alternativas pasan el test que la ortodoxia suspende, explicar por qué el deudor defiende la moneda de su acreedor. Para Michael Pettis, lo que vemos es el ahorro japonés dejando de exportarse porque su mercado vuelve a remunerarlo: los rendimientos no juzgan la solvencia de nadie, y recortar mientras se retira el comprador extranjero es sumar dos contracciones. Para Daniela Gabor, el FIMA revela que el balance del banco central ya hace política fiscal cada vez que decide qué colateral acepta y de quién; discutir décimas de déficit mientras esa infraestructura se expande sin escrutinio es mirar el dedo. Ambas comparten el fundamento postkeynesiano: el tipo de interés es una variable de política, no un veredicto sobre la solvencia, y la restricción real de un emisor de su propia moneda no es financiera sino inflacionaria, exactamente la que el crudo de Ormuz aprieta.

Europa es el terreno donde más se juega. El tramo largo americano arrastra al alza los tipos de todo el mundo, así que los presupuestos europeos sentirán la presión sin haber hecho nada, justo cuando las reglas fiscales vuelven a apretar y hay que financiar defensa y transición. Si el marco ortodoxo se impone, el manual de 2010 está listo para reaplicarse. Y lo que Japón acaba de conseguir, defender su moneda sin liquidar sus activos, Europa no puede replicarlo porque sigue sin un activo seguro común: el economista jefe del BCE, Philip Lane, lleva meses pidiéndolo, pero el tabú fiscal manda, y la fragmentación del dólar la está capturando el oro, no el euro. Ningún país se juega más que España, que crece por encima de la media europea apoyada en la demanda interna y la inversión pública. Para España, el regreso del manual de 2010 no es un debate académico: es la amenaza de repetir la década que ya perdió una vez.

Si se impone la premisa de que el sistema se sostiene interviniendo, la era que se abre no es la de la austeridad sino la de la gestión permanente, bancos centrales haciendo política fiscal encubierta y tesoros haciendo política monetaria por delegación. Esa gestión no es buena ni mala: depende de a quién respalde. El balance del banco central usado para sostener el pleno empleo es una conquista democrática por vía técnica; el mismo balance usado solo para asegurar el patrimonio de quien ya lo tiene es un seguro de élites pagado por todos. Julio ha enseñado que el segundo ya existe y funciona, incluso en fin de semana, mientras el primero sigue considerándose imposible, inflacionario o ingenuo. La lectura que se imponga no será técnica sino política. El dólar que se sostenía solo también sostenía esa ficción, y es lo segundo que Trump ha enterrado.


Fuente: El Salto

martes, 28 de julio de 2026

2025, el año con más guerras de la última década

 

 Por Josep Maria Royo   
      Escola de Cultura de Pau de la UAB.


La Escola de Cultura de Pau de la UAB ha publicado en las últimas semanas su informe anual sobre conflictividad, derechos humanos y construcción de paz, en el que identifica 40 guerras activas en el mundo, la cifra más alta de la última década, y alerta de un aumento de los conflictos internacionales y de sus consecuencias humanitarias


La periferia sur de Beirut es bombardeada cada día por el ejército israelí.

      El mundo vive un nuevo repunte de la violencia armada global. En el año 2025 se registraron 40 conflictos armados activos (37 en 2024), la cifra más elevada desde 2011 y una de las más altas desde que la Escola de Cultura de Pau (ECP) de la Universitat Autònoma de Barcelona elabora sus informes anuales sobre conflictividad internacional. La dinámica de incremento en el número de conflictos armados en los últimos años ha ido en paralelo a un significativo aumento en la cifra de tensiones sociopolíticas a nivel mundial en los últimos años, un total de 113 en 2025.

Estas son algunas de las principales conclusiones del informe Alerta 2026! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, que analiza la evolución de los conflictos armados, las tensiones sociopolíticas y el impacto de las guerras sobre la población civil y los derechos humanos. Según el estudio, durante 2025 hubo 40 conflictos armados y 113 escenarios de tensión sociopolítica en todo el mundo. África continúa concentrando el mayor número de guerras (17), seguida de Asia y el Pacífico (12) y Oriente Medio (7), mientras que Europa y América registran dos conflictos armados cada una.


Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.

Los conflictos armados de alta intensidad –caracterizados por elevados niveles de letalidad (más de mil víctimas mortales anuales) y severos impactos en términos de desplazamiento de población, destrucción de infraestructuras y consecuencias en el territorio– representaron un 50% de los casos en 2025. El continente afectado por mayor número de conflictos de alta intensidad fue África (11 guerras de alta intensidad y un 55% del total de casos más graves en el mundo), seguido de Oriente Medio (4 casos y un 20% del total de casos más graves en el mundo).


Mapa sobre los conflictos de 2025.

Sin embargo, entre esta veintena de casos de alta intensidad hay algunos que superan ampliamente la cifra de mil víctimas mortales. En la República Democrática del Congo (RDC), sobre todo en el este, se registraron más de 6.800 víctimas en 2025, en su mayoría civiles, según datos de Armed Conflict Location & Event Data (ACLED). La situación en el este de la RDC durante el año estuvo marcada por el empeoramiento de la ofensiva del grupo armado M23 y de Ruanda en territorio congolés iniciada a finales de 2021, la creciente implicación de Burundi en apoyo de la RDC, y el fracaso de las iniciativas diplomáticas de EEUU y Qatar.

En Haití, según datos de Naciones Unidas, entre enero y noviembre de 2025 se registraron más de 8.100 asesinatos, una cifra que la propia ONU estima que podría ser sensiblemente mayor por las dificultades de acceso a las zonas controladas por las bandas.

El conjunto de la violencia en Somalia causó más de 9.900 víctimas mortales, rozando el umbral de las 10.000, según cifras de ACLED. En relación al conflicto Región Sahel Occidental, la violencia política provocó más de 10.000 muertes en Burkina Faso, Malí y Níger. Un año más, Burkina Faso se consolidó como el país más afectado por la violencia yihadista en la región, representando el 55% de todas las muertes vinculadas al conflicto en el Sahel. Por otra parte, la guerra civil en Sudán causó en 2025 la muerte de más de 17.800 personas, siendo el conflicto armado de mayor letalidad en el continente africano. El conflicto y violencia armada en Myanmar causaron más de 15.300 víctimas mortales en 2025.

La ofensiva israelí contra Gaza siguió en niveles muy elevados de mortalidad. Según el balance de OCHA basado en informaciones del Ministerio de Salud de Gaza, desde octubre de 2023 y hasta finales de 2025 más de 70.000 palestinos y palestinas habían muerto en Gaza, cifra conservadora, según diversos análisis.


Restos de una tienda de campaña en la costa de Gaza.

Finalmente, el conflicto armado más letal en 2025 fue el relativo a la invasión rusa y guerra entre Rusia y Ucrania, que causó más de 78.000 víctimas mortales en Ucrania, según ACLED.

Aumento de las guerras internacionales

El informe alerta especialmente del incremento de los conflictos internacionales. En 2025 se registraron nueve guerras entre diferentes Estados o claramente internacionalizadas, la cifra más alta desde que la ECP utiliza la metodología actual de clasificación. Entre los nuevos conflictos armados identificados están el enfrentamiento entre India y Pakistán, la grave escalada bélica entre Tailandia y Camboya y la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, conocida en 2025 como “la guerra de los 12 días” y que se reabrió en 2026. La ECP advierte que esta evolución refleja un deterioro de la seguridad global y es un espejo de un sistema internacional en el que muchos actores no priorizan la prevención, el abordaje de causas de fondo de las disputas y el apoyo al diálogo.

Finalmente, cabe destacar que este panorama de intensificación de la conflictividad armada y sus graves impactos en civiles se dio en un contexto de incremento de las tensiones geopolíticas a nivel mundial, en un escenario de cambio en el orden global y de creciente militarismo y militarización. En línea con las tendencias observadas en años precedentes, el diagnóstico anual del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) confirmó un incremento sin precedentes del gasto militar a nivel mundial. Según los datos publicados en 2025, este gasto alcanzó los 2.718 millones de dólares en 2024, un aumento del 9,4% en términos comparativos con 2023, el incremento anual más pronunciado desde, al menos, el fin de la Guerra Fría.


Aumento sin precedentes del gasto militar mundial a medida que se dispara el gasto en Europa y Oriente Medio.

Impactos de los conflictos armados en la población civil

En 2025 la población civil continuó padeciendo gravísimas consecuencias derivadas de los conflictos armados, cuyos efectos se interrelacionaron en muchos casos con otras crisis como la emergencia climática, las desigualdades y situaciones de inseguridad alimentaria que agravaron las vulneraciones de derechos en estos contextos. En su informe anual sobre la protección de civiles en conflictos armados, publicado en junio de 2025 y que hace referencia a los hechos acontecidos en 2024, el secretario general de la ONU alertaba de tendencias alarmantes.

Antònio Guterres advirtió sobre el elevado número de víctimas mortales y heridas civiles, incluyendo a causa del uso de bombas de mayor tamaño con explosivos de alta potencia en zonas densamente pobladas, dinámica que se incrementó. También alertó sobre las municiones sin detonar y artefactos explosivos improvisados. Según datos de ese informe, Naciones Unidas registró más de 36.000 víctimas mortales civiles en 14 conflictos armados. Casos como Afganistán, Colombia, Etiopía, Líbano, Myanmar, Siria, la RDC, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Ucrania y Palestina fueron escenarios de elevadas muertes y heridos civiles, señalados por Naciones Unidas.


El 1 de febrero de 2021 el Ejército birmano dio un golpe de Estado – Desde entonces, la población vive asediada por los militares.

El organismo internacional documentó también denuncias de torturas, ejecuciones extrajudiciales, arrestos, detenciones arbitrarias, tomas de rehenes, desapariciones forzadas, violencia sexual y desplazamiento forzado, incluyendo Afganistán, Colombia, Malí, Niger, RCA, la RDC y Palestina. Sobresalieron también daños a bienes civiles e infraestructura crítica en numerosos conflictos, incluyendo por su grave magnitud el caso de Gaza.

Otra tendencia preocupante señalada por Naciones Unidas fue la inseguridad alimentaria en contextos de conflicto. Más de 280 millones de personas afrontaron en 2024 situación de altos niveles de inseguridad alimentaria (fase 3) en 59 países y territorios, gran parte de ellos afectados por conflicto armado. Naciones Unidas también destacó la continuación de la violencia sexual relacionada con los conflictos, con 4.500 casos verificados en 2024. El 93% de las víctimas eran mujeres o niñas. El secretario general también denunció la erosión del respeto al derecho internacional humanitario.

El análisis de los conflictos armados en 2025 constata la continuidad de las preocupantes tendencias señaladas en el informe del secretario general de la ONU. En 2025 sobresalieron casos como Gaza, la RDC (este), Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Haití, Rusia-Ucrania o Myanmar, entre otros, por la gravedad de los impactos en civiles. Los niveles de violencia de Israel contra la población palestina continuaron siendo exorbitados y motivaron crecientes denuncias de genocidio. En la RDC (este), el M23 y Rwanda llevaron a cabo una campaña sistemática de represión en las zonas ocupadas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzosas y ataques nocturnos a hospitales. Además, el conflicto siguió generando graves problemas de protección de la población civil, como violencia de género, reclutamiento infantil, secuestros y desplazamientos generalizados. Alrededor de 27,7 millones de personas, más de una cuarta parte de la población, necesitaba asistencia humanitaria. 

En Sudán el impacto de la guerra sobre la población civil en 2025 fue devastador. Se estima que más de 21 millones de personas sufrían de inseguridad alimentaria aguda, existiendo focos de hambruna por todo el país, ya que ambos bandos en conflicto bloquean activamente la ayuda humanitaria. En Sudán del Sur, la guerra exacerbó la crisis humanitaria y casi la mitad de la población sufría hambre aguda. En Somalia, la ONU estimó que más de 4,4 millones de personas sufrirían inseguridad alimentaria aguda. En Haití, la crisis humanitaria y de seguridad se agudizó, con alrededor de 9.000 asesinatos y más de la mitad de la población en situación de inseguridad alimentaria. Además, UNICEF alertó de que aproximadamente la mitad de los miembros de las bandas armadas eran menores. Con relación a la guerra Rusia–Ucrania, se produjo durante el año un deterioro grave de las condiciones de vida en las regiones de los frentes de guerra, con daños extensos a viviendas y otras infraestructuras civiles y según OCHA 10,8 millones de personas en Ucrania requerirán asistencia humanitaria en 2026. En Siria fue especialmente grave durante el año la comisión de masacres, con datos de casi 2.700 víctimas mortales en 63 episodios de masacres, según el Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

En numerosos conflictos armados se constató el uso de violencia sexual en 2025, entre ellos Burundi, RCA, la RDC (este), Región Lago Chad (por parte de Boko Haram), Somalia, Sudán, Haití y Colombia. Entre otros casos, en Somalia, cabe destacar la persistencia de la violencia sexual en el conflicto, de carácter generalizado y principalmente cometida por al-Shabaab. Las autoridades recibieron casi 15.000 denuncias de violencia sexual y de género entre marzo y agosto de 2025. En Haití, Naciones Unidas advirtió sobre el aumento de las violaciones grupales y denunció que en 2025 se habían incrementado en un 40% los casos de violencia sexual, casi en su totalidad hacia mujeres y niñas, muy mayoritariamente por parte de las bandas armadas como estrategia de control, terror y venganza contra personas acusadas de colaborar con el Estado.

Afganistán, Siria, Sudán, Ucrania y Venezuela concentran el 65 % de la población refugiada mundial

Cabe destacar que los conflictos armados también continuaron teniendo entre sus impactos más notorios los desplazamientos forzados de población. Según el informe semestral de tendencias publicado por ACNUR en noviembre de 2025, y que contempla datos recopilados durante el primer semestre del año, la población global desplazada forzosamente –tanto refugiadas como desplazadas internas– era de 117,3 millones de personas. Supuso una disminución del 5% respecto a 2024, y en contraste con la tendencia de incremento incesante en los anteriores años. La reducción estuvo asociada, según ACNUR, al marcado aumento de retornos de personas refugiadas y desplazadas en algunas de las crisis más graves, como la RDC, Siria, Sudán y Afganistán.

A finales de año Sudán constituía la crisis de desplazamiento más grave del mundo, con 12,8 millones de personas desplazadas por la violencia, según datos de la ONU, incluyendo 4,3 millones que huyeron del país, principalmente a Egipto, Chad y Sudán del Sur.

Retrocesos en los derechos de las mujeres

Coincidiendo con el 25º aniversario de la resolución 1325 de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad, el informe alerta de un retroceso global de los derechos de las mujeres. Según el estudio, el 70% de los conflictos armados de máxima intensidad tienen lugar en países con niveles bajos o medios-bajos de igualdad de género. 23 de los 40 conflictos armados que tuvieron lugar en 2025 transcurrieron en países donde había niveles bajos o medios-bajos de igualdad de género, y 16 de los 20 conflictos armados de alta intensidad de 2025 (80 %) tuvieron lugar en países donde la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex había documentado legislación o políticas criminalizadoras contra la población LGTBIQ+.

Además, la participación de mujeres en procesos de paz impulsados por las Naciones Unidas continúa disminuyendo. La ONU verificó más de 4.600 casos de violencia sexual relacionada con conflictos durante 2024, un 25 % más que el año anterior. El 93 % de las víctimas fueron mujeres y niñas.


Fuente: El Salto

lunes, 8 de junio de 2026

El patrimonio oculto en paraísos fiscales supera al de la mitad más pobre de la humanidad

 

 Por Alberto Mesas   
      Periodista. Master en Estudios Avanzados en Comunicación política.


Diez años después de los ‘Papeles de Panamá’ sigue faltando voluntad política para acabar con el fraude y la evasión


Un hombre posa con una pancarta durante una manifestación en Londres en 2022.


     La riqueza que oculta en paraísos fiscales el 0,1 % más rico del planeta (5,5 millones de individuos) supera con creces el patrimonio total de la mitad más pobre de la humanidad (4.000 millones de personas). Son los datos que arroja un estudio publicado el pasado mes de abril por la confederación de oenegés Oxfam International. La organización estima que en el año 2024 esa riqueza oculta alcanzó los tres billones de euros, una cifra cercana al PIB de países como Francia y que dobla el PIB combinado de los 44 países más pobres del mundo.

No obstante, este dato no refleja únicamente la desigualdad en el patrimonio, sino que pone el acento en que esa monumental cantidad de dinero queda fuera del alcance de las arcas públicas y de los sistemas tributarios al estar escondido en paraísos fiscales, cuentas opacas o entramados de ingeniería fiscal que impiden que tribute.

La investigación de Oxfam coincide con el décimo aniversario de los ‘Papeles de Panamá’, la filtración coordinada que reveló el uso masivo de sociedades pantalla y trucos varios para evadir impuestos por parte de empresarios, celebridades y dirigentes políticos de todo el planeta. Desde entonces, algunos organismos transnacionales como la OCDE o la Unión Europea han endurecido los mecanismos tributarios, pero las grandes fortunas continúan evitando pagar los impuestos que les corresponden.

Los ricos evaden porque el sistema lo permite

Las multinacionales y millonarios del planeta tienen a su disposición múltiples mecanismos e instrumentos para evadir o reducir considerablemente los impuestos que deberían pagar. En toda esta ingeniería de la trampa, los paraísos fiscales y las sociedades offshore juegan un papel clave, y se calcula que en ellos se encuentra en torno al 8 % del PIB mundial (unos 10.000 billones de euros).

Además, quienes más tienen también poseen mayor conocimiento y capacidad para aprovechar las fisuras de los sistemas tributarios, que en algunos casos premian esa concentración de riqueza y tienen un efecto regresivo sobre las rentas más bajas. En muchas ocasiones se ha abierto el debate de instaurar un impuesto mínimo global para las grandes fortunas, pero instituciones como el EU Tax Observatory critican que este tipo de medidas únicamente confirman y perpetúan el hecho de que los ultrarricos tributan a niveles muy inferiores a los de otros contribuyentes en proporción a su riqueza, y que los gobiernos no pueden o no quieren hacer eficaz el principio de fiscalidad progresiva.

En concreto, los multimillonarios del mundo tributan en tipos impositivos que van del 0 % al 0,5 %. Esto no significa que todos los grandes patrimonios paguen lo mismo ni que todos evadan impuestos, pero sí demuestra que el sistema les permite hacer artimañas para pagar mucho menos que el contribuyente medio.


Los superricos pagan proporcionalmente mucho menos que la gente corriente.

La responsable de Justicia Fiscal de Oxfam en España, Susana Ruiz, destaca el caso de nuestro país, donde “el impuesto sobre el patrimonio está diseñado de tal forma que permite a los más ricos estructurar su patrimonio para pagar mucho menos que el conjunto de la ciudadanía”. Ruiz comenta que el resultado de ese desajuste “es que ocho de cada diez euros de la recaudación potencial del impuesto sobre el patrimonio se pierden, y el tipo efectivo que paga el 0,1 % más rico es del 0,22 %, muy lejos del 3,5 % del impuesto para los tramos más altos”.

En el intento de lograr esa progresividad también existe una diferencia muy pronunciada entre el norte y el sur global. El World Social Report de la ONU constata que las políticas fiscales justas son capaces de reducir las desigualdades, pero que eso ocurre sobre todo en los países industrializados frente a los países en vías de desarrollo. Mientras que Bélgica, Finlandia o Dinamarca han logrado avances para hacer tributar a sus grandes fortunas, naciones como Gambia o Camboya carecen de la capacidad técnica y legal para llevarlo a cabo. No es solo que los ricos de esos países paguen poco, es que sus gobiernos ni siquiera pueden saber cuánto dinero y activos tienen.

En contra de lo que se cree, los paraísos fiscales no suelen ser islas paradisíacas en el Caribe o el Pacífico, sino que donde primero se permite el fraude es en las grandes economías occidentales. Tal y como asegura Bemnet Agata, responsable de comunicación de la organización británica Tax Justice Network, que investiga sobre la evasión de impuestos y el fraude fiscal, “los mayores riesgos suelen estar arraigados en las propias grandes economías avanzadas y centros financieros. En la UE, alrededor del 34 % del secreto financiero que amenaza a los Estados miembros procede de centros financieros dentro de la propia UE”.

Agata remarca que estas instituciones del capital desempeñan un papel clave dentro del sistema financiero mundial facilitando la ocultación de beneficios y patrimonio a través de sofisticados mecanismos jurídicos y financieros: “El secreto financiero se genera y se mantiene a través de decisiones políticas y jurídicas deliberadas, y muchos de los países más implicados en facilitar estos flujos de dinero no figuran en absoluto en ninguna lista negra, sino que se encuentran entre las economías y los centros financieros más grandes e influyentes del planeta”.

En la ineficacia de esas listas coincide Susana Ruiz: “Seguimos contando con listas de paraísos fiscales que son meramente testimoniales y no cumplen con su función. Si se contara con listas efectivas y bien diseñadas, se podrían también implementar mejores sanciones o reforzar los controles”. Ruiz también propone “reforzar la transparencia, hacer públicos los registros de titulares reales de cuentas bancarias, sociedades y trusts (fideicomisos), y poner coto a las sociedades fantasma o pantalla, que no ejercen actividad económica real y son una vía para la ocultación de activos”.

Se grava más el trabajo que la propiedad

Estructuralmente, los sistemas fiscales están configurados no tanto para gravar a las empresas y la propiedad como a los salarios y el trabajo. Según la OCDE, en los países desarrollados aproximadamente la mitad de la recaudación procede de impuestos sobre el trabajo, mientras que el impuesto de sociedades representa en torno al 10 % y los impuestos sobre la propiedad alrededor del 5 %. Esto significa que la mayor parte del esfuerzo fiscal recae sobre los salarios y el consumo (el IVA, por ejemplo, no tiene en cuenta la renta ni el patrimonio).

Susana Ruiz, de Oxfam incide en esta cuestión al afirmar que “uno de los problemas esenciales es que los sistemas tributarios están diseñados para gravar la renta, pero no tanto la riqueza o el capital”. Ruiz habla de que en los niveles más altos de la escala, los ricos no suelen generar rentas del trabajo, sino rentas del capital debido al patrimonio que acumulan. “Está clara la incapacidad del IRPF para gravar a los individuos con mayor riqueza”, remarca. 

En el caso de la UE, los datos de la Comisión Europea muestran que en 2026 los impuestos sobre el trabajo representan el 51,5 % del total de ingresos fiscales, mientras que los impuestos sobre el capital y la propiedad se sitúan en torno al 21,6 %. El Fondo Monetario Internacional ha advertido en varias ocasiones de que esta estructura amplifica las desigualdades, ya que los sistemas fiscales tienden a depender de ingresos más fáciles de recaudar pero menos progresivos, como el trabajo y el consumo, en detrimento de bases más concentradas y móviles como el capital.

La OCDE también destaca la bajada progresiva y la ampliación de mecanismos de deducción y exención del impuesto de sociedades en los últimos lustros. Conocido como race to the bottom (competir a la baja en salarios y precios), esta tendencia limita la capacidad de los Estados para gravar los beneficios de las grandes empresas de manera efectiva.

La consecuencia más directa de la evasión de impuestos es que los Estados recaudan menos dinero y, por tanto, tienen menos recursos a su disposición para hacer políticas públicas. “El fraude fiscal suele abordarse como una cuestión técnica o financiera, pero sus consecuencias son muy tangibles y se notan en la vida cotidiana”, afirma Agata, de Tax Justice Network. “Los efectos recaen en la sanidad y la educación públicas, la vivienda, el transporte, las infraestructuras, el cuidado infantil, las pensiones y los sistemas de protección social, al tiempo que debilitan la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las crisis económicas y climáticas, y las pandemias”, continúa.

En España, por ejemplo, las arcas públicas dejan de ingresar entre 4.000 y 8.000 millones de euros cada año por la evasión fiscal de las grandes fortunas –principalmente empresas–. Se estima que entre 2016 y 2021 España perdió 33.000 millones de euros (casi la mitad del presupuesto en Educación). 

Agata comenta que, en muchas ocasiones, los gobiernos tratan de compensar ese descenso en los ingresos públicos mediante formas de tributación regresivas como el IVA, los recortes del gasto público, la contención salarial, privatizaciones, austeridad y endeudamiento público.


Aumento de la riqueza de los multimillonarios en los últimos treinta años.

Los más ricos cada vez son más ricos

En los últimos treinta años, la riqueza global privada ha crecido ocho veces más que la pública (300.000 billones de euros frente a 40.000 billones), lo que ha contribuido enormemente al incremento sostenido de la concentración de riqueza de quienes se encuentran en la cúspide de la pirámide, y un aumento desproporcionado de la desigualdad.


Evolución de la riqueza pública y privada en los últimos treinta años.

Desde 2015, el 1 % más rico del planeta ha incrementado su patrimonio en unos 34.000 millones de euros, un dinero con el que se podría cubrir varias veces el coste estimado de erradicación de la pobreza extrema según los baremos del Banco Mundial. En los años posteriores a 2020, una parte muy importante de toda esa nueva riqueza generada a escala mundial ha sido acaparada por el 1% más rico.

Desde Oxfam, Susana Ruiz señala que “en los últimos 15 años, la riqueza de las 200 familias más ricas en España ha crecido un 188 %. La concentración de riqueza se acelera y hay que tratarla de manera diferente en la tributación”, insiste.

Con los años también se ha instaurado el argumento de que subirles los impuestos a los millonarios hace que se marchen del país, pero los datos lo desmienten.

Según datos de Tax Justice Network, la tasa de movilidad anual de los millonarios es de apenas del 0,2 %.

En cualquier caso, Agata señala que “la cuestión no es si los ricos se van, sino si los gobiernos tienen la capacidad de diseñar y aplicar sistemas fiscales para gravar la riqueza de manera justa, en vez de permitir que la política fiscal se vea influenciada por las preferencias de una élite de megarricos”.


España se encuentra por encima de la media mundial en cuanto a riqueza oculta en paraísos fiscales.

Sin voluntad política para perseguir el fraude

Tras las filtraciones de los ‘Papeles de Panamá’, la lucha contra el fraude fiscal cogió un impulso que con los años se ha ido desinflando. Varios países del G20 se comprometieron a mejorar sus mecanismos para identificar y perseguir a los tramposos, pero la realidad es que no existe una acción coordinada y realmente efectiva, a pesar de que hay tecnología para ello.

Básicamente, la lucha contra los paraísos fiscales gira en torno a unas pocas pautas de transparencia marcadas por instituciones como la OCDE. El eje central es el Common Reporting Standard, que facilita el intercambio de información financiera entre países, pero no todos los Estados –especialmente en el sur global– participan en condiciones equivalentes ni tienen la misma capacidad para recibir, procesar y usar esos datos.

En resumidas cuentas, hay más información que hace una década, pero sigue faltando la voluntad política necesaria para lograr que todo ese patrimonio evadido, o al menos una parte importante, tribute como debería. En el marco de Naciones Unidas también se ha discutido la creación de una convención fiscal internacional que refuerce la coordinación global, aunque aún está sobre el papel y no hay mucho compromiso por llevarla a cabo.


Fuente: Ctxt