Una geopolítica del caos muy calculada

 

Por Mercedes Gallego         

               Periodista internacional. Corresponsal del Grupo Vocento en Nueva York desde hace 16 años.

Los ‘lobbies’ marroquíes amortizan su inversión en Washington al convertir a Rabat en el nuevo socio militar de EEUU en África, mientras España paga la factura

Marco Rubio y el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, en abril de 2025.

     Casi tres años antes de la crisis de Ceuta, Estados Unidos tuvo su propia ‘invasión’ migratoria. El epicentro fue Eagle Pass (Texas), una ciudad fronteriza de 28.000 habitantes a la que, en diciembre de 2023, llegaron hasta 12.600 personas diarias durante una semana seguida. Los migrantes triplicaban la población local y algunos se ahogaron en el Río Bravo, atrapados por las boyas de protección. Trump ya empleaba entonces el manual que ahora aplica a la frontera Sur de Europa.

Al año siguiente, el magnate ganó las elecciones por segunda vez, con las deportaciones masivas como eje de su campaña. En la primera ya había descubierto el potencial político del miedo a la “invasión” migratoria.

Hasta junio de 2015, sólo era un excéntrico millonario de tabloides y reality shows, con apenas el 2% de la intención de voto, empatado por abajo con candidatos intrascendentes en una lista de 16 aspirantes. Un mes después de demonizar a los inmigrantes, con la promesa de construir un muro para resolver un problema que aún no existía –los datos oficiales reflejaban una tendencia a la baja del 28% interanual–, encabezaba las encuestas. La cobertura ininterrumpida de sus declaraciones incendiarias convirtió a los medios en cómplices de su victoria.

Trump, que tiene un gran instinto para las bajas pasiones, supo de inmediato que había topado con un filón. “Podría ganar las elecciones dos veces con este tema del muro”, dijo en la Conferencia de Acción Conservadora de 2020. Y lo hizo. El año pasado detectó ese potencial en Europa y empezó a azuzar el miedo a la extinción si no se sigue su ejemplo migratorio. “Tienen que ponerse las pilas. Si no lo hacen, Europa dejará de ser lo que es”, dijo este agosto, en un remake europeo de su campaña. “Si no tienes fronteras, no tienes país”.

Es difícil decir cuándo entró Ceuta en el radar de su simplismo geográfico, pero sin duda lleva años o décadas en el de los lobbies marroquíes, que asignan al cabildeo de Washington unas diez veces más que España. Despachos como Brownstein, Qorvis y Scribe Strategies suman casi dos millones de dólares anuales en contratos para incidir en la posición de EEUU sobre Ceuta, Melilla y las aguas del Sáhara.

Consciente del gusto de Trump por el lujo y los tiranos, el reino de Mohamed VI redobló la apuesta. Entre 2016 y 2025, los lobbies marroquíes invirtieron 58,9 millones de dólares, según Open Secrets.

Gasto total de Marruecos por año.

La inversión se amortiza con creces: el polémico informe del Congreso que cuestiona la soberanía española sobre Ceuta y Melilla recomienda, de premio, asignar a Marruecos “no menos de 20 millones de dólares” en financiación militar. Y eso es solo la guinda para justificar su inclusión en una ley presupuestaría, según lo que ha redactado el subcomité que preside Mario Díaz-Balart, fundador del Caucus Marroquí del Congreso.

En diciembre de 2020, un mes antes de dejar el poder, Trump añadió la firma de Mohamed VI a los Acuerdos de Abraham: Marruecos reanudaba relaciones con Israel a cambio del apoyo de Washington a su plan de autonomía para el Sahara español. Un canje perfecto que alumbraba un nuevo eje del orden mundial trumpista: EEUU, Marruecos e Israel. Un mes después se marchó de Washington ofuscado, en helicóptero, sin despedirse siquiera de su sucesor. La política del caos había fallado. Lanzó a sus hordas sobre el Capitolio, pero no pudo evitar que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden.

Marruecos e Israel siguieron trabajando durante ese paréntesis. La gran autopista Tiznit-Dakhla que atraviesa el Sahara Occidental se construyó en su ausencia, pero pronto será rebautizada como Donald J. Trump, en muestra de “profundo agradecimiento”. El comercio entre Marruecos e Israel se ha multiplicado por cuatro en cinco años, hasta 576 millones anuales. Pero ojo, no intercambian latas de sardinas. El 74% de lo que Israel exportó a Marruecos en 2020 fue material aeroespacial, aviones y helicópteros. Al año siguiente, la venta de armamento se multiplicó por siete en términos absolutos. Y este enero se firmó un nuevo acuerdo de cooperación militar, después de que Marruecos incrementara su presupuesto de Defensa un 18%, para comprar drones y sistemas antiaéreos israelíes, pero también para algo más serio: la construcción de una fábrica de drones kamikaze israelíes en suelo marroquí. Se trata de una relación de bajo desembolso, en comparación a la que tiene con España –su principal socio comercial–, pero de alto impacto estratégico.

En Washington, el lobby marroquí tampoco descansó con Biden en la Casa Blanca, que en esto la primera democracia se parece al caos y nos vuelve daltónicos. Según una investigación de CBS Miami, al dejar su escaño, Lincoln Díaz-Balart (hermano de Mario) montó la firma de lobby Western Hemisphere Strategies, con la que cobró 1,2 millones de dólares, entre 2012 y 2017, de un solo cliente: el Moroccan American Center for Policy. Veinte mil dólares al mes por “afectar positivamente las relaciones entre Marruecos y Estados Unidos”.

Con la vuelta de Trump y el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado, el círculo cubanoamericano de Washington ha encontrado una puerta directa a la Casa Blanca. Rubio no llevaba ni una semana en el cargo cuando ya se había organizado una bilateral telefónica con el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, y una visita para abril. El “socio estratégico” fue recibido en la Casa Blanca por el entonces asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y luego por el propio Rubio, quien reafirmó públicamente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. En el Capitolio, los congresistas Díaz-Balart y Joe Wilson calificaron a Marruecos de “aliado crucial” para EEUU.

Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez se perfilaba en Washington como todo lo contrario. Rehusó aumentar al 5% el gasto de Defensa que acordó la OTAN, se abstuvo de participar en el Consejo de Paz para Palestina, criticó sin medias tintas el genocidio y el 4 de marzo negó oficialmente el uso de las bases de Rota y Morón para atacar a Irán. Ese parece haber sido el detonante.

En el desorden del caos hay un orden, el del bully, que no puede dejar que nadie se insubordine. A los pocos días, la Casa Blanca encargó la elaboración de un “dossier preventivo” sobre las vulnerabilidades económicas y estratégicas de España, que se le presentó a Trump semanas después en Mar-a-Lago. Repsol aparecía como “buque insignia” del negocio energético internacional español. La empresa podía ser un blanco fácil de presión económica porque ya tenía un pie en Venezuela y mucho que agradecer, al haber sido una de las cinco primeras en recibir licencias del Tesoro para operar con la estatal venezolana.

Como parte de la ofensiva, el 12 de marzo, Michael Rubin, analista proisraelí del think tank conservador American Enterprise Institute (AEI), publicó en la propia web del centro un artículo titulado “Madrid critica a Israel, pero España es un poder colonial” que no deja lugar a sutilezas. En él califica a España de “potencia colonial” y a Sánchez de “hipócrita” por retirar a su embajador en Israel un día antes. Cuatro días después, redobla con una arenga publicada en el Middle East Forum. Bajo el título “Marruecos debería enviar una nueva Marcha Verde a Ceuta y Melilla”, pide explícitamente a Trump que declare esos enclaves “territorio marroquí ocupado”. ¿De verdad alguien cree que esa noticia no llegó a Rabat?

Lo que sí llegó a España seis días después fue otra cosa. El 18 de marzo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española recibió el volcado del teléfono de Rodolfo Reyes, el accionista de Plus Ultra, clave para el caso contra Rodríguez Zapatero. Las pruebas de cortesía estaban en manos de EEUU desde 2021.

Como seguimiento, en abril Díaz-Balart declaró a El Español que el presidente Trump estaba buscando “alternativas a España” para trasladar sus bases. Al ser preguntado expresamente si Marruecos sería esa alternativa, el sobrino político de Fidel Castro –el líder pionero en inundar a otro país con migrantes (Mariel, 1980)–, responde: “Es interesante, porque Ceuta y Melilla están en territorio marroquí y la actitud de Marruecos ha sido muy positiva”. O sea, la de su representado.

Como presidente del subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, aprovechó una ley presupuestaria para decir en un informe adjunto que “Ceuta y Melilla son ciudades en territorio marroquí, administradas por España, largamente reclamadas por Marruecos”. El texto se compromete a “apoyar los esfuerzos del secretario de Estado para alentar negociaciones diplomáticas entre Marruecos y España sobre el futuro estatus” de esas ciudades.

El caos está ya bien engrasado. En paralelo, el senador de Missouri Roger Wicker impulsa en el Senado una ley que blindaría la hoja de ruta de Defensa firmada en abril. El Pentágono tendría hasta 2036 para convertir a Marruecos “en el socio más capaz de EEUU en el continente africano”, sustituyendo a las bases que pierde en el Sahel, tras los golpes de Estado en Mali, Níger y Burkina Faso.

Lo que atisba la opinión pública en ráfagas de Instagram es solo la punta del iceberg de una estrategia muy elaborada. Dos semanas después de que se aprobase la ley que incluye el informe que atribuye a Marruecos Ceuta y Melilla, Mohamed VI celebra la Fiesta del Trono, con la visita de Sánchez a Argelia como trasfondo. Más de 70.000 personas responden al llamado de los coyotes digitales por las redes y entran a Ceuta en aluvión, mientras en Melilla la Gendarmería logra contener otra avalancha humana. En El Tarajal no todos completaron el cruce, y hubo al menos 145 muertes, porque el mar, como el Río Bravo, cobra un peaje.

Algunos de los presentes en la fiesta del rey aseguran que sus propios asesores estaban helados con la magnitud de lo que ocurría. Por su parte, los observadores están convencidos de que esa no era la imagen que se deseaba proyectar, justo cuando el monarca repasaba los logros de su mandato. Pero desde luego, logró captar la atención de Trump.

“Es terrible. Recuerden esa imagen”, dijo esa misma noche, aprovechando para arrimar el miedo a su campaña. “Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”.

Este jueves 10 de septiembre Trump estará en Texas, no para rendir tributo a los migrantes ahogados en Ceuta o en Eagle Pass, sino para culminar la convención de su partido de cara a las legislativas de noviembre con un homenaje a Charlie Kirk, en el primer aniversario de su muerte.

Charlie Kirk reparte gorras en el evento de su American Comeback Tour en la Florida State University en febrero de 2025.

A veces el caos acaba devorando a quienes lo generan, pero qué mejor manera de rendirles homenaje que reconducir todas las pérdidas hacia las urnas.

Una cronología

10 de diciembre de 2020

Donald Trump anuncia el acuerdo de normalización entre Marruecos e Israel y el reconocimiento de EEUU a la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

21 de enero de 2025

• Trump es investido por segunda vez. El Senado confirma a Marco Rubio como secretario de Estado por unanimidad.

27 de enero de 2025

• Rubio conversa por teléfono con el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita. El resumen oficial destaca “la importancia de una asociación estratégica” entre ambos países.

8 abril de 2025

• Nasser Bourita, ministro de Exteriores maroquí, visita Washington y mantiene sendas reuniones con Rubio y el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz.

9 de abril de 2025

• Los congresistas Mario Díaz-Balart y Joe Wilson reciben a Bourita en el Capitolio y declaran a Marruecos “aliado crucial” en Oriente Medio.

3 de enero de 2026

• EEUU captura a Nicolás Maduro y su esposa mediante una operación militar e instaura en el poder un gobierno tutelado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

• Pedro Sánchez dice que no reconocerá “una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”.

9 de enero de 2026

• El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, participa en una reunión convocada por la Casa Blanca con una veintena de petroleras y le agradece a Trump que “abra la puerta a una Venezuela mejor”.

13 de febrero de 2026

• El Tesoro de EEUU emite la primera licencia general que autoriza a Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol a operar en el sector petrolero venezolano.

4 de marzo de 2026

• Sánchez niega el uso de las bases de Rota y Morón para atacar Irán y cierra el espacio aéreo español a los cazas de EEUU.

• Esa semana la Casa Blanca encarga el “dossier preventivo” sobre las vulnerabilidades de España y señala a Repsol entre ellas.

12 de marzo de 2026

• El analista Michael Rubin publica: “Madrid critica a Israel, pero España es un poder colonial» en el think tank conservador American Enterprise Institute.

16 de marzo de 2026

• Rubin publica la secuela: “Marruecos debería enviar una nueva Marcha Verde a Ceuta y Melilla” en el think tank Middle East Forum.

18 de marzo de 2026

• La unidad de la Policía Nacional española especializada en delitos económicos recibe de EEUU el volcado del teléfono de Rodolfo Reyes, vía Seguridad Doméstica.

1 de abril de 2026

• Díaz-Balart, en El Español: “Ceuta y Melilla están en territorio marroquí”.

15 de abril de 2026

• El secretario de Defensa Pete Hegseth y su homólogo Abdellatif Loudiyi firman una hoja de ruta de 10 años para “una integración militar sin precedentes” en 2036.

30 de abril de 2026

• El subcomité de Asignaciones de la Cámara para Seguridad Nacional y Departamento de Estado oficializa en un informe que “Ceuta y Melilla son ciudades en territorio marroquí administradas por España”.

1 de mayo de 2026

• Trump reemplaza a Waltz por Rubio, que acapara así también las funciones de consejero de Seguridad Nacional.

15 de junio de 2026

• El Comité de Servicios Armados aprueba la Sección 1268 sobre Marruecos del senador Roger Wicker, que blindará la hoja de ruta frente a cambios de gobierno.

14 de julio de 2026

• La ley de Autorización de Defensa Nacional S-4784 que incorpora la iniciativa de Wicker queda bloqueada en el Senado en un voto de procedimiento (50-46) por el pulso a la guerra de Irán.

15 de julio de 2026

• La Cámara Baja aprueba la H.R. 8595 que incorpora el informe de Díaz-Balart. Por primera vez el Congreso de EEUU atribuye Ceuta y Melilla a Marruecos y alienta negociaciones con Marruecos.

31 de julio de 2026

• Fiesta del Trono de Mohamed VI: 70-80.000 personas entran a Ceuta.

• Trump: “Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado”.

Fuente: Ctxt

El falso dilema entre proteccionismo y libre comercio

 

 Por Luciana Ghiotto  

      Investigadora asociada del Transnational Institute (TNI) especializada en comercio e inversiones.

La política arancelaria del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos representa una reconfiguración del comercio global y plantea serios desafíos para los movimientos contra los tratados de libre comercio en todo el mundo.

     El segundo gobierno de Donald Trump parece haber modificado el tablero del comercio global. La administración trumpista puso el foco en el libre comercio porque lo entiende como una práctica que ha dañado la hegemonía de Estados Unidos al generar desbalances comerciales con sus socios (especialmente China). Desde esa perspectiva, los altos aranceles podrían ayudar a recuperar parte del poderío industrial y económico perdido con la globalización. «La palabra más bonita del diccionario es arancel», decía Trump en 2024, y desde su asunción en enero hemos entendido que no estaba exagerando.

En este artículo nos proponemos examinar las políticas arancelarias de Trump desde una perspectiva crítica, trascendiendo las interpretaciones predominantes que las presentan como una ruptura radical con el orden económico global previo. Nuestra investigación se estructura en torno a tres objetivos fundamentales. Primero, desarrollar un análisis riguroso sobre la naturaleza, alcance e historicidad de las transformaciones generadas por las políticas arancelarias trumpistas, situándolas en la trayectoria más amplia de las relaciones entre Estado y capital en el capitalismo contemporáneo.

Segundo, problematizar críticamente la concepción dominante del «libre comercio», interrogando si las políticas proteccionistas actuales representan una verdadera ruptura con el paradigma librecambista o si constituyen, más bien, una reconfiguración de los mecanismos de acumulación dentro de la misma lógica sistémica. Tercero, examinar las implicaciones de estas transformaciones para los movimientos sociales que han articulado sus estrategias en torno a la crítica del libre comercio durante las últimas tres décadas, evaluando los desafíos que este nuevo escenario plantea para sus marcos interpretativos y prácticas políticas.

Sostenemos que una lectura crítica del momento actual resulta fundamental para repensar las estrategias de los movimientos sociales, particularmente en lo que respecta a su relación con los Estados nacionales y a las formas de construir solidaridades transnacionales efectivas. Las transformaciones en curso exigen reconsiderar tanto los sujetos políticos protagonistas de las resistencias como las escalas en que estas deben articularse para confrontar un sistema cuyas contradicciones se manifiestan simultáneamente en múltiples niveles.

Rupturas y continuidades en el modelo económico estadounidense

Las políticas proteccionistas de Trump no son una anomalía histórica sino un retorno a estrategias fundamentales en la construcción de Estados Unidos como potencia industrial. Contrariamente a la narrativa liberal dominante, este país desarrolló su economía bajo un intenso proteccionismo durante el siglo XIX, con aranceles que superaban el 40% hasta la Segunda Guerra Mundial. Lejos de representar una «desviación» del libre comercio, esta medida era una herramienta para gestionar asimetrías de poder económico, permitiendo a las potencias emergentes acumular capacidad industrial antes de competir globalmente. La Gran Depresión de 1930 intensificó el proteccionismo con la ley Smoot-Hawley, que elevó aranceles a niveles históricos. Esta crisis representó más que una recesión económica: fue una crisis orgánica del capitalismo donde el proteccionismo funcionó como mecanismo de emergencia para contener el cataclismo dentro de las fronteras nacionales y facilitar la reestructuración de las relaciones capital-trabajo.

El New Deal de Roosevelt supuso la masiva intervención estatal, con inversiones en infraestructura, subsidios industriales y regulación financiera, mientras la Segunda Guerra Mundial justificó una planificación económica centralizada que consolidó el complejo militar-industrial estadounidense. Tras la guerra, el capital de base estadounidense se internacionalizó, lentamente, pero sin pausa. La reconstrucción de Europa y su proceso de integración regional con la nueva Comunidad Europea promovió el aumento de la inversión extranjera directa a ese territorio. En ese mismo periodo se crearon en México las primeras maquiladoras con capital estadounidense, cuando en 1965 el gobierno mexicano implementó el Programa de Industrialización Fronteriza. Para 1970 ya existían 132 maquiladoras en la zona de frontera con Estados Unidos.

Paralelamente, durante estos años aumentaron las protestas sindicales en los países industrializados (con eventos como Mayo Francés y el Otoño Caliente italiano), expresando la insubordinación obrera a los dictados del capital y contribuyendo a la caída de la tasa de ganancia a principios de los años setenta. A este proceso deben añadirse también los procesos de lucha en América Latina, como el Cordobazo argentino, las huelgas del ABC paulista o la masacre estudiantil de Tlatelolco, todo en el contexto de la revolución cubana como horizonte de posibilidad de cambio sistémico.

La liberalización comercial se intensificó con la Ronda Kennedy del GATT (1964-1967), que incluyó no solo aranceles sino también barreras no arancelarias, expandiendo el ámbito regulatorio para satisfacer las necesidades de un capital que se volvía lentamente transnacional. Esta trayectoria culminó con la Ronda Uruguay (1986-1994) y la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que extendió radicalmente el alcance regulatorio a áreas como la propiedad intelectual, las inversiones extranjeras, los servicios y las compras gubernamentales.

En este proceso, Estados Unidos actuó como arquitecto principal, impulsando la liberalización en sectores en los que sus corporaciones tenían ventajas (servicios, propiedad intelectual, finanzas) mientras preservaba protecciones en áreas sensibles (agricultura, textiles, acero). Esta estrategia dual —«haz lo que digo, no lo que hago»— permitió al país norteamericano posicionarse como un defensor del libre comercio mientras mantenía elementos proteccionistas en su política doméstica, tales como subsidios encubiertos, compras gubernamentales discriminatorias y medidas antidumping.

Navegando esta dualidad, Estados Unidos se posicionó como el principal defensor y promotor del discurso y la práctica del libre comercio a escala global. Los distintos gobiernos emplearon su influencia diplomática, económica y militar para impulsar la liberalización en aquellos sectores donde sus corporaciones mantenían ventajas competitivas. La transformación del GATT en OMC y la expansión cualitativa del ámbito regulatorio que esto implicó respondió fundamentalmente a esta agenda impulsada por Estados Unidos y sus corporaciones transnacionales, que buscaban instrumentos jurídicos más fuertes para garantizar condiciones favorables para la penetración en los nuevos mercados.

La globalización como reestructuración cualitativa

Siguiendo esta línea, los años noventa no representaron el «nacimiento» de la globalización, sino una nueva disposición de las relaciones entre los Estados nacionales y el mercado mundial, caracterizada por la expansión geográfica de las relaciones capitalistas, el aumento de la inversión extranjera directa y la incorporación de nuevos territorios a los circuitos globales de acumulación. Este periodo no significó una ruptura absoluta con el pasado, sino que expresó una reconfiguración de las relaciones sociales capitalistas en respuesta a las contradicciones de los Estados de bienestar keynesianos.

El desplome soviético y la apertura china ofrecieron al capital acceso a vastos territorios con mano de obra barata, nuevos mercados y recursos estratégicos. Estos espacios ofrecían múltiples ventajas: enormes reservas de fuerza de trabajo disciplinada y de bajo costo, mercados potenciales para la venta de productos y servicios, oportunidades para inversiones de capital fijo en infraestructura, y acceso a recursos naturales estratégicos. Los capitales estadounidenses respondieron a estas transformaciones implementando una serie de estrategias de instalación en los nuevos territorios incorporados al mercado global. En China, adoptaron principalmente la forma de inversión productiva directa en sectores manufactureros intensivos en trabajo, instalando plantas en las Zonas Económicas Especiales.

Esta expansión geográfica de las empresas estadounidenses (y europeas) implicó la transformación cualitativa en la organización del capitalismo global. Facilitó la conformación de un entramado productivo transnacional que profundizaba el proceso de relocalización industrial iniciado en los años sesenta. Las cadenas globales de valor emergieron como la forma organizativa dominante, permitiendo a las corporaciones transnacionales fragmentar los procesos productivos y distribuirlos a través de múltiples territorios para maximizar las ventajas comparativas de cada territorio.

Este proceso económico tuvo su reflejo en un entramado jurídico específico, una nueva «arquitectura jurídica de la impunidad» para las corporaciones, al decir de Juan Hernández Zubizarreta. Esta arquitectura, compuesta por un conjunto de instituciones y tratados internacionales, generó una asimetría normativa articulada en torno a una idea básica: proteger a toda costa los negocios de las multinacionales mediante un ordenamiento jurídico internacional fundamentado en las reglas del comercio y la inversión.

Se conformó, entonces, una lex mercatoria compuesta por miles de normas: contratos de explotación y comercialización, tratados comerciales bilaterales y regionales, acuerdos de protección de las inversiones, políticas de ajuste y préstamos condicionados, laudos arbitrales, etc. Un derecho duro (hard law) (coercitivo y sancionador) que protege con fuerza los intereses empresariales. Y a este entramado se sumó también la creación, en 1995, de la Organización Mundial del Comercio (OMC), institución que reúne los objetivos del libre mercado y los vuelve regla para todos los Estados.

En definitiva, la globalización no está determinada solamente por la integración económica (aunque se trata de un elemento central) ni por las innovaciones tecnológicas (esenciales para la internacionalización) ni por el nuevo entramado jurídico (clave para otorgar seguridad a la propiedad privada). Todo esto define a la globalización, marcando una fase específica de la lucha entre capital y trabajo donde el capital buscó recomponer su dominación frente a las luchas obreras de los años sesenta que habían encarecido el precio del trabajo y reducido la ganancia.

Asimismo, todas las economías que se habían mantenido semicerradas en la posguerra, durante los Estados de bienestar, fueron conectadas en el mercado global. Ya no habría más lugar para economías nacionales autonomizadas, sino que se imponía ahora la regla del mercado. La globalización, entonces, representa una estrategia ofensiva del capital para escapar de las restricciones nacionales y disciplinar a la clase trabajadora mediante la amenaza constante de relocalización y precarización. La movilidad global del capital y la desregulación financiera que caracterizan esta etapa no son más que expresiones de la crisis de la forma tradicional de dominación capitalista y su intento desesperado por restaurar la rentabilidad.

¿Trump contra el libre comercio?

La política económica de la administración Trump marcó un quiebre significativo con el consenso bipartidista «globalizador» y en favor del libre comercio que dominó la política estadounidense durante cuatro décadas. Este «neoproteccionismo» representa una forma explícita de intervención estatal que defiende selectivamente a empresas con base en Estados Unidos ofreciéndoles protección contra los competidores extranjeros. Esto revela la verdadera naturaleza del proyecto económico trumpista: no un rechazo al neoliberalismo ni al libre comercio en sí mismos, sino una reconfiguración de las relaciones entre el Estado, las corporaciones y el mercado mundial, desarrollando un nacionalismo económico con fuerte impacto en la base electoral.

Los partidos Demócrata y Republicano habían convergido en su apoyo a políticas de libre comercio, desde el TLCAN bajo Clinton hasta el TPP con Obama. Trump rompió con esta tradición, calificando al TLCAN como «el peor tratado de la historia» y forzando su renegociación entre 2017 y 2018. Hay que reconocer que Trump no estaba tan errado: el TLCAN redujo empleos en sectores industriales clave de Estados Unidos, particularmente en estados del llamado «cinturón del óxido». Se estiman pérdidas de alrededor de 700 000 puestos de trabajo estadounidenses como resultado directo del acuerdo. Este fenómeno evidencia las contradicciones inherentes a la internacionalización del capital, donde la promesa de prosperidad generalizada chocó con la realidad de una redistribución desigual de costos y beneficios.

En su primer gobierno, Trump redobló la apuesta contra las instituciones del libre comercio. En 2017 boicoteó el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC y retiró a Estados Unidos del TPP. A su vez, impuso aranceles a China, México, Canadá y la Unión Europea, e inició una guerra comercial con China desde 2018. El demócrata Joe Biden no modificó los aranceles impuestos por Trump, sino que los mantuvo y profundizó con iniciativas como la Ley de Reducción de la Inflación, la Ley de Chips y Ciencia, y políticas de Buy American, consolidando un nuevo enfoque proteccionista bipartidista.

El proteccionismo de Trump recupera una forma explícita de intervención estatal a favor de empresas con base administrativa en Estados Unidos, cobijándolas de la competencia internacional. Literalmente, los aranceles impuestos actúan como una coraza protectora, un escudo para amplios segmentos del capital estadounidense que habían perdido ventajas competitivas frente a rivales internacionales, especialmente empresas chinas. El objetivo de las políticas de Trump es, reforzar el poder de las corporaciones estadounidenses, no limitarlo.

Asimismo, este proteccionismo es selectivo: mientras defiende sectores industriales tradicionales, desregula el sector financiero y reduce impuestos al gran capital. Implementa altos aranceles para lograr un efecto positivo en sectores manufactureros tradicionales, pero simultáneamente ejecuta una agenda de desregulación financiera que desmantela el andamiaje regulatorio construido tras la crisis de 2008. En 2018, el gobierno de Trump terminó con la Ley Dodd-Frank que había sido aprobada en 2010 para reforzar las exigencias de capital de respaldo a los bancos, obligándolos a llevar a cabo test de resistencia anuales para mostrar su fortaleza y prohibía a las instituciones financieras dedicarse a actividades de alto riesgo con el dinero de sus clientes.

Por otra parte, la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (Tax Cuts and Jobs Act) de 2017 representó la mayor reforma fiscal en tres décadas y constituyó el logro legislativo más significativo del primer mandato de Trump. La pieza central de esta legislación fue la dramática reducción del impuesto federal sobre la renta corporativa del 35% al 21%, un recorte sin precedentes que transformó el panorama tributario empresarial estadounidense. Los legisladores republicanos argumentaron que un entorno fiscal más favorable incentivaría a las empresas a expandir sus operaciones en Estados Unidos y las haría más competitivas en el mercado global.

La drástica reducción del impuesto corporativo reveló una profunda contradicción en el núcleo de la política económica trumpista: mientras se implementaban aranceles y restricciones comerciales bajo el discurso de proteger a los trabajadores estadounidenses, se otorgaban enormes beneficios fiscales a las mismas corporaciones multinacionales que habían relocalizado empleo durante décadas. Esta contradicción aparente revela la verdadera naturaleza del proyecto: no se trata de un retorno al proteccionismo integral del siglo XIX o del período de sustitución de importaciones, sino de una reconfiguración del rol estatal dentro del capitalismo globalizado para defender selectivamente ciertos sectores mientras se mantienen y profundizan las ventajas para el capital financiero y las grandes corporaciones.

Lo que Trump consiguió fue sincerar la relación entre Estado y capital corporativo: abandonó la pretensión neoliberal de separación entre ambos, reconociendo de manera explícita que el poder estatal sigue siendo esencial para garantizar la rentabilidad del capital estadounidense en un contexto de creciente competencia internacional. El proteccionismo trumpista, en este sentido, no es una limitación del capitalismo estadounidense sino un intento de salvarlo de su crisis de rentabilidad y pérdida de ventajas competitivas, utilizando el poder estatal como escudo para preservar posiciones privilegiadas que ya no podían sostenerse mediante la pura competencia en los mercados globales.

La contradicción fundamental del proyecto económico de Trump radica en querer capturar los beneficios de la globalización (ganancias extraordinarias, dominio tecnológico, influencia geopolítica) mientras rechaza sus consecuencias inevitables: la relocalización productiva y los impactos negativos sobre el mercado laboral doméstico. El gobierno pretende reconciliar el nacionalismo económico del siglo XX con la realidad de corporaciones cuyo poder deriva precisamente de su capacidad para operar más allá de las fronteras nacionales. Esta tensión revela que el America First económico no puede materializarse mediante un simple retorno de la producción, sino que requiere una transformación radical de las lógicas de acumulación global que estas mismas corporaciones han construido durante décadas y de las cuales depende actualmente su posición dominante en la economía mundial.

Más allá del dilema: los movimientos anti-TLC en la encrucijada trumpista

Las organizaciones sociales que tradicionalmente se han opuesto a los TLC desde una crítica al neoliberalismo ahora enfrentan un dilema: oponerse frontalmente a las políticas comerciales de Trump podría interpretarse como una defensa implícita del statu quo neoliberal; apoyarlas significaría legitimar un proyecto que, aunque nombradamente contrario al libre comercio, está diseñado para fortalecer el poder del capital estadounidense sin cuestionar las relaciones sociales de explotación y desigualdad que le subyacen.

Pero Trump se ha apropiado de la retórica anti libre comercio desde un foco diferente a las campañas contra los tratados. Es cierto que algunos puntos de su argumento son similares: la crítica a la relocalización productiva, los impactos de los TLC sobre los trabajadores, la oposición a acuerdos como el TPP y las críticas del TLCAN y la OMC. Pero esto lo hace principalmente desde una matriz nacionalista-corporativa que no cuestiona las asimetrías fundamentales del orden económico global ni incorpora demandas de justicia ambiental o laboral internacional. Por el contrario, lo que Trump reivindica es un nacionalismo económico excluyente: su objetivo no es rediscutir el rol de las corporaciones estadounidenses, sino hacerlas nuevamente fuertes. Antes que «Make America Great Again», «Make US Corporations Great Again».

Esta situación revela una crisis más profunda en los marcos interpretativos tradicionales que planteaban «libre comercio vs. proteccionismo». Se evidencia ahora la necesidad de desarrollar un análisis más sofisticado que juegue en dos niveles: por un lado, una crítica del neoliberalismo y del libre comercio, pero, por otro, una crítica radical basada en el entendimiento de cómo funciona el capitalismo en su conjunto, y cómo el tema de comercio se entreteje con los temas financieros, ambientales, digitales, productivos, etc.

Lo que el trumpismo ha puesto en crisis es la mirada centrada en el nacionalismo económico que muchos movimientos sociales han sostenido desde los años noventa, cuando el foco era la crítica al neoliberalismo. La reivindicación de la centralidad del Estado y su capacidad regulatoria se convirtió en el eje articulador de proyectos progresistas que buscaban recuperar espacios de autonomía para las políticas públicas nacionales frente al avance de la globalización neoliberal. Sin embargo, esta estrategia política ha encontrado su límite en la profunda transformación estructural que el capitalismo global ha experimentado.

El problema fundamental es que estas políticas centradas en la recuperación de la soberanía económica nacional chocan inevitablemente contra la realidad de una interconexión económica global que ha reconfigurado las bases materiales de reproducción social. El neoliberalismo no fue simplemente un conjunto de políticas reversibles mediante la voluntad estatal, sino un proceso de reorganización profunda de las relaciones de producción a escala planetaria. Las economías nacionales fueron orgánicamente integradas en cadenas globales de valor, circuitos financieros transnacionales y redes tecnológicas que reducen drásticamente el margen de maniobra para experimentos económicos autonomizados.

En este contexto, los movimientos sociales que se oponen a los tratados de libre comercio enfrentan varios desafíos. La superación del nacionalismo metodológico constituye quizás el más importante y urgente, en tanto implica trascender una visión que ha estructurado tanto el análisis como la praxis política de numerosos movimientos populares durante décadas: la centralidad incuestionada del Estado-nación como articulador del horizonte utópico y como contenedor natural de los procesos sociales.

Esto no es meramente una cuestión ideológica ni un enamoramiento con los debates históricos dentro de las izquierdas sobre el rol del Estado en los procesos emancipatorios. La crisis de este enfoque refleja las transformaciones estructurales en el capitalismo. Frente a esta realidad, la reivindicación de la soberanía económica nacional como horizonte estratégico principal resulta insuficiente. Sin embargo, reconocer los límites del nacionalismo metodológico tampoco implica abrazar un internacionalismo abstracto que ignore las asimetrías de poder entre naciones y regiones, o que desconozca la importancia que los espacios nacional-estatales siguen teniendo como terrenos de disputa política. Se trata, más bien, de desarrollar perspectivas analíticas y estrategias políticas que puedan operar simultáneamente en múltiples escalas.

Desde los años noventa, el foco político puesto en los tratados de libre comercio ha permitido visibilizar los mecanismos concretos mediante los cuales el poder corporativo transnacional se institucionalizaba y expandía. La creación de alianzas transnacionales efectivas que superen las tentaciones del nacionalismo económico sin diluir las especificidades de cada contexto constituye otro reto significativo. Hoy, la solidaridad internacional requiere la identificación de la contradicción fundamental del capitalismo contemporáneo (la cual a menudo queda invisibilizada en los análisis políticos convencionales). Efectivamente, el libre comercio no es simplemente un conjunto de políticas erróneas, sino un mecanismo estructural que produce necesariamente sectores «sacrificables» cuya exclusión y precarización no es un efecto colateral, sino una condición constitutiva del modelo de acumulación global. Esta expulsión no podría corregirse mediante mejores políticas públicas dentro del mismo marco, sino que se ha vuelto una necesidad estructural del sistema.

Las comunidades afectadas por el extractivismo minero y petrolero constituyen los territorios que deben ser despojados para alimentar las cadenas globales de producción y consumo. Su desplazamiento y la destrucción de sus formas de vida no son «daños colaterales» sino requisitos operativos de la acumulación por desposesión que caracteriza al capitalismo contemporáneo. Del mismo modo, los trabajadores informales y autónomos que proliferan en las economías periféricas representan la materialización de un proceso donde el trabajo formal, regulado y con derechos laborales se convierte en una excepción histórica, no en la norma. La economía global requiere esta masa creciente de trabajo precarizado, disponible y desprovisto de protecciones sociales para mantener las tasas de ganancia.

Esta comprensión tiene efectos profundos sobre la construcción de solidaridades políticas. Significa que los movimientos sociales deben centrar su atención precisamente en estos sectores cuya opresión es constitutiva del sistema, no accidental. Las comunidades despojadas por el extractivismo, los trabajadores informalizados, los migrantes precarizados, las comunidades indígenas y campesinas amenazadas por megaproyectos: todos ellos expresan, en sus luchas concretas, las contradicciones fundamentales que el sistema no puede resolver mediante reformas parciales.

La solidaridad política debe construirse, entonces, no a partir de la promesa ilusoria de una inclusión plena en el capitalismo global, sino desde el reconocimiento de que la emancipación de estos sectores requiere necesariamente trascender la lógica misma del sistema que los sacrifica. La tarea, en síntesis, es transitar de una crítica al neoliberalismo hacia una crítica integral al capitalismo, comprendiendo que el libre comercio no es simplemente una «política equivocada» sino una expresión orgánica de las tendencias expansivas inherentes al capital como relación social.

La pregunta que se abre entonces es: ¿puede el movimiento trascender la dicotomía libre comercio/proteccionismo? ¿Es posible desarrollar una praxis internacionalista que reconozca los límites estructurales del nacionalismo económico sin caer en la resignación ante el poder del capital global? Esta crítica más profunda no implica abandonar la lucha contra los tratados de libre comercio, sino recontextualizarla en una comprensión más profunda de las dinámicas del capitalismo contemporáneo y en un proyecto de transformación radical que abarque simultáneamente las múltiples dimensiones de la dominación capitalista.

Una perspectiva integrada abriría posibilidades para una praxis más efectiva. No basta con oponerse a acuerdos específicos; es necesario construir modelos alternativos de relaciones económicas internacionales que cuestionen la propia lógica capitalista. Esto hará posible tender puentes entre distintos niveles de análisis, conectando las críticas a las cláusulas específicas de los TLC con cuestionamientos más profundos al sistema capitalista, al tiempo que permitirá ir más allá de los debates reduccionistas entre «nacionalismo económico» versus «globalismo neoliberal», reconociendo que ambos operan dentro de la misma lógica sistémica.

Fuente: JACOBIN

Aranceles, fentanilo y geopolítica

 

 Por Raimundo Viejo Viñas  

      Activista, editor y profesor de Ciencia Política en la Universitat de Barcelona.

El frente farmacológico en la guerra comercial entre EE.UU. y China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping.

     En su rueda de prensa del pasado 5 de marzo, Lin Jian, portavoz del ministerio chino de Asuntos Exteriores, afirmaba: “La presión, la conversión y las amenazas no son la forma correcta de tratar con China. La parte china ya ha expresado en múltiples ocasiones su oposición a que la parte estadounidense utilice de forma persistente la cuestión del fentanilo como excusa para aumentar aún más los aranceles a las importaciones chinas”. Tal era la respuesta ante la crisis comercial desatada por la subida arancelaria global de Trump.

En su intervención, el Gobierno chino volvía a poner en primer plano la cuestión del fentanilo. O lo que es lo mismo: la cuestión del régimen farmacológico que afecta a la política farmacológica norteamericana y la atraviesa en visiones irreconciliables. Divide et impera. Como es evidente, las declaraciones chinas iban muy medidas y destinadas a devolver el golpe en una línea de tensión que viene apareciendo de forma recurrente en las relaciones entre ambas superpotencias.

Un claro antecedente de esto se había hecho patente en la reacción china a la polémica visita a Taiwán de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, en agosto de 2022. Por aquel entonces, China había decidido suspender la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico; lo que implicaba al fentanilo de forma muy directa. Hasta aquel momento, el Gobierno chino había cooperado con EEUU para limitar el tráfico de los precursores químicos imprescindibles en la síntesis del fentanilo; pues, aunque este entra ilegalmente desde México, introducido sobre todo por el cártel de Sinaloa, su elaboración no sería posible sin los precursores de origen chino.

Reunión en agosto de 2022 entre la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi y Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán.

Las implicaciones de la advertencia de Lin Jian, por tanto, iban mucho más allá de la coyuntura actual y buscaban afectar a los dos paradigmas que tensionan el bloque presidencial con orientaciones tan divergentes como podrían ser el viejo punitivismo neoliberal y el emergente “trumpismo ácido” encabezado por el ministerio de Robert F. Kennedy y los oligarcas de Silicon Valley. Si el primero insiste en la vigencia del modelo de la Guerra contra las Drogas, el segundo ha crecido en sus devastadores efectos y apunta más allá hacia un cambio de paradigma basado en un marco desregulador que podría comprometer los intereses farmacéuticos forjados al amparo de décadas de punitivismo. Entre unos y otros debe manejarse la administración Trump.

Donald Trump y Robert F. Kennedy Jr.

Por otra parte, la gravedad de este asunto tampoco puede ser desligada de otro hecho inesperado: el asesinato de Brian Thompson, director de United Healthcare, la mayor aseguradora de EEUU, a manos de Luigi Mangione. No por casualidad, la acción letal del joven tuvo una acogida muy favorable en amplios sectores de la sociedad; harta de los abusos que Mangione denunciaba con la triple D de las tres balas que disparó sobre el CEO y que sintetizaban las prácticas abusivas de las aseguradoras: “Delay” (retrasar la atención), “Deny” (negar la reclamación) y “Defend” (defender lo decidido ante los tribunales).

Todos estos hechos, y muchos otros, se anudan ahora en una crisis extraordinaria que deja en evidencia hasta qué punto Trump ha regresado como elefante en cacharrería. La importancia que reviste cuanto sucede, de hecho, se encuentra estrechamente ligada a cómo se ha articulado durante décadas el régimen farmacológico, dentro y fuera de las fronteras de EEUU. Toda la arrogancia que Trump puede exhibir en el terreno militar presionando a la comunidad internacional contrasta con la fragilidad de su respuesta a la implosión del neoliberalismo cuando se ve obligado a atender la crisis doméstica de un sistema sanitario del todo ineficiente.

El fentanilo pasa al primer plano

La crisis del fentanilo que asola EEUU desde principios de la pasada década es la más devastadora de cuantas hayan tenido origen en el consumo de drogas. Atrás quedan las dos olas que precedieron al fentanilo, pero que advertían ya de un peligro intrínseco al régimen farmacológico norteamericano. Esta siniestra genealogía no es casual, sino política, y tiene origen en el devastador modelo de sanidad privada que ningún presidente se ha atrevido a enmendar por miedo a los intereses de aseguradoras, farmacéuticas y demás beneficiarios del sistema.

La primera de las olas que anunciaban la crisis del fentanilo fue debida al abuso de opioides recetados y tuvo lugar entre finales de los noventa y 2010. En aquel contexto, farmacéuticas como Purdue Pharma promovieron agresivamente analgésicos como OxyContin. Sustancias como la oxicodona, la hidrocodona, la morfina y otros opioides recetados incrementaron la dependencia de muchos pacientes. El número de muertes se disparó. Una segunda ola tuvo entonces lugar protagonizada por la heroína. Al endurecerse la regulación de los opioides recetados, los usuarios se vieron abocados al consumo de heroína con el consiguiente aumento de sobredosis inherente al mercado negro. El resultado fue devastador: entre 2010 y 2015, las muertes por sobredosis de heroína se triplicaron.

A pesar de estas olas previas que ya advertían del peligro, la crisis del fentanilo acabó por estallar. Un régimen farmacológico basado en la comercialización engañosa y el exceso de prescripción de opioides legales abrió la puerta a que miles de personas que nunca habían tenido contacto con drogas ilegales se volvieran dependientes y no tuvieran otra alternativa que acudir a la distribución ilícita. Como no podía ser de otro modo, el mercado respondió a su manera: a partir de 2020, año de la covid, la incautación de pastillas con fentanilo se disparó: de 4.149.037 pasó a 115.562.603. Como era previsible, el problema de salud “pública” solo fue a peor.

Llegamos así al escenario actual. Por situarnos rápido, estamos hablando ya de la principal causa de muerte no natural entre los 18 y 45 años. Hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina, el fentanilo ha disparado la cifra total de muertes por sobredosis de opiáceos sintéticos; de los 52.404 casos registrados en 2015 a los 111.029 de 2022. Y aunque la crisis parecía imparable, en 2023 se ralentizó la tendencia por primera vez bajando hasta las 108.318 muertes por sobredosis.

Entre las razones por las que se ha producido este descenso en el ritmo se encuentran algunas que resultan de la gestión doméstica del problema. Por ejemplo, la mayor disponibilidad de la naxolona, un antídoto contra las sobredosis de fentanilo o, por más terrible que sea, la menor población de dependientes debida a la mortalidad previa. Con todo, el problema estructural persiste y viene a entrecruzarse con la crisis arancelaria y el devenir político global.

Geopolítica de un problema: la presión indirecta de China y México

La advertencia china sobre el fentanilo era la respuesta a un asunto que antes había sido lanzado por Trump en su campaña presidencial de 2017. Por entonces había advertido: “Si vendéis fentanilo a EEUU a través de México, impondremos un arancel del 25%. Será así hasta que paréis”. Hasta 2018 el fentanilo se enviaba como un fármaco acabado y legal a Estados Unidos, Canadá y México. A finales de aquel mismo año, tras la reunión entre Trump y Xi Jinping, China modificó el estatus legal del fentanilo y otras sustancias similares prohibiendo las exportaciones.

Las empresas chinas, sin embargo, no renunciaron a exportar los precursores, lo que reforzó las redes del narcotráfico. Entre 2020 y 2024, ante el aumento disparado de las incautaciones, EEUU y China volvieron a negociar, pasando a prohibir la exportación de una treintena de precursores. Como parte de esta estrategia de cooperación, China forzó el cierre de 332 cuentas empresariales que habían estado exportando desde suelo chino, así como 1.016 tiendas que vendían sus productos online. Pero el impacto de estas medidas, por más que estén prohibidas a nivel formal, ha sido y es limitado. La venta de precursores online desde China prosigue hoy a gran escala.

La visita de Pelosi en 2022 fue respondida con un año de interrupción en la cooperación, lo que se complicó por la cuestión de la minoría musulmana uigur en la provincia china de Xinjiang. A fin de ejercer presión sobre China en materia de Derechos Humanos, los EEUU adoptaron una serie de sanciones en materia de exportación tecnológica. China volvió a responder con la “diplomacia del fentanilo” y EEUU tuvo que dar marcha atrás. La cooperación entre ambos países se relanzó, si bien China continuó operando de manera encubierta y violando los Derechos Humanos.

En este orden de cosas también es fundamental tener presente el papel de México, toda vez que el fentanilo nunca llegaría a EEUU sin que los cárteles mexicanos –muy en especial el de Sinaloa, pero también el de Jalisco Nueva Generación (CJNG)– sinteticen e introduzcan ilegalmente el fentanilo a partir de los precursores chinos. Para los cárteles las ventajas del fentanilo frente a otras sustancias son evidentes: más barato de producir, más fácil de esconder y con un margen de beneficio mucho mayor.

Qué régimen farmacológico para qué futuro

El retorno de Trump a la Casa Blanca ha provocado un terremoto político a la altura de la manera en que se fue. La guerra comercial desencadenada por su política arancelaria ha inaugurado un tiempo del que todavía está por ver cuáles son sus resultados. Si por un lado parece evidente que el neoliberalismo inaugurado por la era Reagan ha tocado fondo, por el otro parece repetirse una lógica global. La insurrección de las oligarquías avanza a cuenta de una degradación sin precedentes de la democracia y los Derechos Humanos.

Ante este escenario, la política estadounidense se encuentra fracturada y desarmada. Por más que las movilizaciones en las calles que lidera el tándem formado por Sanders y Ocasio-Cortez ofrece al empoderamiento ciudadano, la cuestión de fondo es cómo se va a articular una respuesta tras el fracaso de las antiguas variantes progresistas del neoliberalismo (Clinton, Biden, Harris). Ya sea la socialdemocracia alemana, el Gobierno español previo al 23J o los demócratas en EEUU, lo cierto es que estos interregnos entre las declinaciones conservadoras no han sabido actualizar alternativas más o menos reformistas desde dentro del paradigma neoliberal.

A estas alturas parece evidente que hace falta algo más; una lectura que entienda qué se juega a nivel político en el régimen farmacológico. Con la crisis del paradigma neoliberal también ha entrado en crisis el punitivismo. EEUU y Alemania, junto a muchos otros países, han avanzado tímidamente en el cambio de paradigma. La regulación del cannabis ha abierto una vía a otras sustancias que sirven de contrapunto a la tragedia del fentanilo: psilocibina, MDMA, ketamina, LSD y otros psiquedélicos ofrecen hoy una arena donde se agudizan las contradicciones en el seno del bloque oligárquico. La cuestión es si los servicios de salud pública se harán cargo o se dejará al mercado negro.

Y así, la cuestión del fentanilo reclama ser enmarcada bajo otra perspectiva. Aún está por ver hasta dónde alcanza la política reaccionaria del trumpismo en articular un régimen farmacológico alternativo al que ha originado y sostenido la crisis del fentanilo. El “trumpismo ácido” (psiquedélicos para las oligarquías, benzodiacepinas para las clases medias, fentanilo para las clases bajas) podría ser la opción emergente que habita ya el bloque reaccionario y disputa el futuro al viejo punitivismo.

Pero, entre tanto, ¿qué tiene que ofrecer el progresismo al respecto? ¿Dónde se encuentra, más allá del “comunismo ácido” del malogrado Mark Fisher, una reflexión que entienda desde donde se puede enunciar hoy una estrategia ganadora en el terreno farmacológico que, al fin y al cabo, no deja de ser el de nuestro propio régimen de consumos y consciencia? Recuperar la iniciativa no solo requiere hoy entender y explotar las contradicciones del bloque oligárquico. Se trata, por encima de todo, de ser capaces de ofrecer una comprensión distinta a la impuesta por cuatro décadas de punitivismo neoliberal.

Fuente: ctxt