Cómo Israel fabricó una fundación para hambrear palestinos y expulsarlos de sus tierras

 

 Por Bruno Sgarzini   

      Periodista argentino especializado en asuntos internacionales.

     Las masacres de Israel en los puntos de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza, que han asesinado más de 600 palestinos en Gaza, están asociadas a un plan para expulsar, al menos, medio millón de gazaties de la Franja, según nuevas revelaciones hechas por The Financial Times.

GHF opera cuatro centros de distribución en Gaza que rompen con los modelos humanitarios tradicionales.

El surgimiento de la Fundación Humanitaria de Gaza, una entidad dirigida por Johnnie Moore, reverendo evangélico pro Israel, tiene como objetivo controlar la distribución de alimentos y crear “burbujas humanitarias” por parte de los militares israelíes. Esta iniciativa se remonta a fines de 2023 cuando la unidad del Ministerio de Defensa Israelí a cargo de la “ayuda a Gaza” comenzó a formular planes para “confinar a los civiles palestinos dentro de zonas seguras mientras las FDI combatían a los militantes de Hamás fuera de ellas”. La idea de establecer sistemas de identificación biométrica para controlar a los palestinos que recogieran la ayuda fue de Liran Tancman, empresario y reservista de la unidad de inteligencia de señales 8200 de las FDI” responsable de desarrollar herramientas de espionaje y uso de la IA para atacar los Territorios Palestinos Ocupados, y Michael Eisenberg, un capitalista de riesgo israelí-estadounidense vinculado a grupos sionistas, según The New York Times. Después de un intento fallido, un equipo dirigido por el mayor general Roman Gopman, secretario militar de Benjamín Netanyahu, seleccionó a un grupo de contratistas y definió la creación la Fundación Humanitaria de Gaza como una forma de crear una cobertura que no asociara a Israel con la operación.

En las conversaciones para poner en práctica esta iniciativa estuvo también involucrado Shlomi Fogel, un empresario cercano a Netanyahu, conocido por haber sido promotor de iniciativas empresariales en Gaza patrocinadas por monarquías de El Golfo como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y otros países del Medio Oriente como Egipto.

Una de las compañías seleccionadas para la operación fue Safe Reach Solutions, quien tuvo una presencia en Gaza durante el último alto al fuego entre Hamas e Israel gracias al respaldo de Estados Unidos, Egipto, Qatar y las dos fuerzas beligerantes. Su origen es opaco ya que, en términos patrimoniales, es una empresa de la firma de gestión Two Ocean Trust LLC con sede en Wyoming, creada por McNally Capital, una firma de capital de riesgo fundada por Ward McNally, un exempresario cartográfico con inversiones en seguridad e inteligencias en compañías como Orbis Operation, según la agencia France Press. Su director ejecutivo Phil Reilly, oficial paramilitar retirado de la CIA y exjefe de estación de la agencia en Afganistán, fue vicepresidente sénior de actividades especiales de Constellis, empresa surgida de una fusión de la contratista Academi, antes conocida como Blackwater, y la empresa de seguridad privada Triple Canopy. Su personal está repleto de antiguos tenientes y comandantes del Pentágono estadounidense.

Otra compañía involucrada, relacionada con Reilly, es UG Solutions, fundada por el exboina verde Jameson Govoni , quien "ayudó a establecer un programa de vigilancia para las Fuerzas Especiales del Pentágono que tenía como objetivo enseñar a los soldados de operaciones especiales cómo realizar vigilancia y encontrar células terroristas difíciles de ubicar en todo el mundo".

Durante los últimos días, estos contratistas militares, al igual que los uniformados israelíes, han sido noticia por haber disparado contra los palestinos que buscaban las cajas de alimentos de la fundación en sus puntos de distribución, construidos por el Ejército Israelí, y haber asesinado más 600 personas. Tanto los empleados de Safe Reach Solutions, como los propios militares israelíes, afirman haber recibido ordenes de disparar contra la multitud de personas congregadas para recibir un porción de alimentos luego de meses de bloqueo israelí a la ayuda humanitaria, según los reportajes de la agencia Associated Press y el diario Haaretz.

Para el periodista palestino Muhammad Shehada, la Fundación Humanitaria de Gaza es parte de un plan, que restringe el ingreso de ayuda humanitaria y emplea grupos armados para saquear los envíos que entran, para debilitar “la resistencia de los palestinos y facilitar la ocupación de Gaza”. En su opinión, además, esta fundación encubre “la hambruna en Gaza al bloquear la entrada de organizaciones internacionales” y promueve que los palestinos “elijan morirse de hambre” antes de ser baleados en sus sangrientas entregas de cajas.

Detrás de esta operación aparece, además, la asesoría de la compañía Boston Consulting Group (BCG) al grupo de militares y empresarios israelíes responsables de de la fundación a través de Orbis Operation, propiedad de McNally Capital, accionista también de la contratista de seguridad Safe Reach Solutions a cargo de resguardar la distribución de alimentos. Con los fondos aportados por McNally Capital, la consultora instaló un equipo en Tel Aviv para crear la fundación y planificar sus operaciones en Gaza hasta que surgieron las revelaciones sobre sus vínculos con Israel, según The Financial Times. Las operaciones fueron cancelados por la directiva de la consultora y dos directores, antiguos uniformados estadounidenses, fueron despedidos por “actuar a las espaldas de la directiva” junto con Phil Reilly, quien dejó de ser empleado de la consultora cuando se convirtió en director de Safe Reach Solutions, cliente de la BCG en el mismo proyecto.

Lo que, en realidad, se enteraron los directores es que el equipo había estimado cuánto le costaría a Israel expulsar, el menos, medio millón de palestinos después de que Donald Trump hablara del plan “Riviera Maya”, que plantea convertir la región en un enclave marítimo-comercial. De acuerdo a sus cálculos, el 25 por ciento de los habitantes de Gaza se irían voluntariamente, y no regresarían nunca, si les aseguraran un alquiler y alimentos subsidiados por cuatro años. “El modelo calculó que la reubicación fuera de Gaza sería 23.000 dólares más barata, por palestino, que los costos de brindarles apoyo en Gaza durante la reconstrucción. El plan “aumentaría el valor de Gaza a $324 mil millones desde los $0 de hoy”, según The Financial Times.

Los cálculos de estos consultores, conversados también con dos miembros de la Fundación Tony Blair, fueron utilizados por el grupo de empresarios israelíes, responsables de la operación, para elaborar un plan titulado “Gran Confianza: De un representante iraní demolido a un próspero aliado abrahámico”, en alusión a los acuerdos de Abraham, firmados por Israel y otras monarquías árabes para normalizar sus relaciones. La hoja de ruta, presentada a distintos funcionarios de la Administración Trump, pretende que la fundación Humanitaria de Gaza proporcione “alojamiento temporal a los palestinos que permanezcan en la Franja y ofrezca pagos en efectivo, y subsidios, por nueve mil dólares para cada uno, con el fin de que se marchen de Gaza”.

Un centro de distribución de ayuda gestionado por 'Gaza Humanitarian Foundation'.

El plan pondría en manos de un fideicomiso la gestión de Gaza hasta que esté “desmilitarizada y desradicalizada” y la autoridad pueda ser transferida a un “sistema político palestino independiente”. Mientras que las tierras públicas de la Franja se incorporarían al fideicomiso: “sus activos podrían venderse a inversores mediante tokens digitales negociados en una cadena de bloques. Los habitantes de Gaza tendrían la oportunidad de aportar sus tierras privadas al fideicomiso a cambio de un token que les otorgaría el derecho a una vivienda permanente”, según la propuesta. La iniciativa, además, incluye megaproyectos como “las autopistas "MBS Ring" y "MBZ Central", llamadas así en honor a los príncipes de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Salman y Mohamed bin Zayed al-Nahyan, respectivamente, y una Zona de Manufactura Inteligente Elon Musk en la frontera entre Gaza e Israel, donde empresas estadounidenses de vehículos eléctricos fabricarían automóviles para su exportación a Europa”. También la creación de “Islas Trump”, donde se “instalen resorts de clase mundial a lo largo de la costa en pequeñas islas artificiales similares a las Islas Palm de Dubái”, de acuerdo a The Financial Times.

Todo el proyecto apunta a convertir Gaza en un centro comercial y portuario de un corredor geopolítico que atraviese varias monarquías de El Golfo, como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, para que “Estados Unidos se asegure el acceso a 1,3 billones de minerales raros de estos países”. Lo que comprueba que la Fundación Humanitaria de Gaza es, en realidad, una iniciativa de laboratorio para establecer una administración israelí en la Franja con el objetivo de desplazar a medio millón de palestinos. Eso explica, además, por qué el gobierno de Netanyahu se resiste tanto a desplazar a la fundación de Gaza para poner fin a su invasión, una de las demandas de Hamás en la mesa de negociaciones.

Una administración israelí cuya imagen pretende ser lavada con la de una fundación solo interesada en una “labor humanitaria”, repleta de masacres contra los palestinos que piensa “gobernar”.

Fuente: Bruno Sgarzini

Elon Musk y la hermandad de la motosierra

 

 Por Meagan Day  

      Escritora y editora estadounidense que se centra en temas de clase, cuestiones laborales, desigualdad económica y política estadounidense. Editora de Jacobin.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental estadounidense no se tambalea por sus desacertados esfuerzos de reforma. Está saboteando deliberadamente las agencias federales para dar paso a las privatizaciones.

     A principios de esta semana, The Economist preguntó con tono quejumbroso si Elon Musk estaba arreglando el gobierno federal, tal como había prometido, o destruyéndolo. «Este periódico esperaba con cierta esperanza lo que el Sr. Musk podría hacer», afirmaba, pero debió limitarse a observar con creciente preocupación cómo el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Musk «infringió leyes con alegría y destruyó carreras con crueldad», además de «hacer afirmaciones falsas sobre despilfarro y apoderarse de datos personales protegidos por ley».

¿Elon Musk está rehaciendo el gobierno o destruyéndolo?

El artículo concluye que Musk se embriagó tanto con el poder autoritario y fue tan consumido por mezquinos agravios culturales y políticos que su buen sentido de la organización quedó en el camino: se trataría del trágico declive de un genio, que arrastra al gobierno federal con él.

The Economist debería darle un poco más de crédito a Musk. Si DOGE no logra que el gobierno federal sea más eficiente, es porque Musk tiene una visión más grandiosa para él, una que muchos en The Economist podrían encontrar agradable: la privatización.

Todos los destrozos, la destrucción y la ruina total no son accidentales. Sirven a un propósito superior: romper las instituciones públicas para darle paso a alternativas del sector privado.

En una conferencia de Morgan Stanley en el mes de marzo, Musk fue franco sobre esta ambición, diciendo que el gobierno debería privatizar «todo lo que sea posible».

La derecha estadounidense lleva mucho tiempo queriendo lograr exactamente esto. En la famosa frase poética del estratega conservador de la era de George W. Bush, Grover Norquist: «No quiero abolir el gobierno. Simplemente quiero reducirlo a un tamaño en el que pueda arrastrarlo al baño y ahogarlo en la bañera». Por supuesto, cuando los servicios públicos ya no son fiables o no están disponibles, eso no significa que ya no sean necesarios. Significa que el control de su prestación volverá al mercado privado, donde los capitalistas pueden beneficiarse de la venta de sustitutos de lo que fue destruido. (Norquist, por su parte, está muy entusiasmado con DOGE).

Incluso una mínima atención a las propias declaraciones de Musk sobre la privatización aclara el asunto. No está haciendo un intento mal encaminado para racionalizar y ajustar las agencias gubernamentales. Hacer que las instituciones públicas funcionen mejor sería contraproducente para su objetivo final de trasladar sus respectivos activos y servicios al sector privado. El caos es intencionado. Cuanto más débiles sean las agencias federales, más fácil será ahogarlas.

La hermandad de la motosierra

La imagen de Musk blandiendo una motosierra en el escenario de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de febrero se convirtió rápidamente en un emblema de la estrategia de DOGE de atacar a las agencias federales. Si se examina más de cerca, también ofrece una ventana a la filosofía fundamental de DOGE y a su objetivo a largo plazo de promover la privatización.

Musk y Milei blandiendo la motosierra.

El hombre que regaló la motosierra a Musk en el escenario fue el presidente argentino Javier Milei, tan entregado a los planes de privatización que propuso convertir la donación de órganos en «un mercado más» gestionado por «mecanismos de mercado». Milei blandió la motosierra muchas veces, primero como candidato autoproclamado «anarcocapitalista» y luego, después de diciembre de 2023, ya como presidente electo de Argentina.

Para Milei, la motosierra tiene un significado inequívoco: representa una estrategia disruptiva de ajuste severo y privatización radical. Tras ser electo, Milei declaró: «Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, estará en manos del sector privado». En cuestión de meses, avanzó con la privatización de medios públicos y empresas energéticas, al mismo tiempo que imponía medidas de ajuste brutales sobre la población del país.

Milei pide 'mecanismos de mercado' para solucionar la falta de donantes de órganos.

Desde entonces, Milei desmanteló más de la mitad de los ministerios argentinos, creó nuevas agencias promercado como el Ministerio de Desregulación y despidió a decenas de miles de empleados públicos. ¿Les suena familiar? Su gobierno colaboró con figuras como Marcos Galperin, a quien Boston Review describió como «el Elon Musk de Argentina», al tiempo que busca alianzas internacionales con multimillonarios tecnológicos para la extracción de litio y la expansión de Internet por satélite. En enero, la venta de IMPSA, una empresa nacional de energía y tecnología, a un fondo de inversión estadounidense marcó la primera privatización formal de Milei. Pero promete más privatizaciones en el futuro.

Donald Trump definió a Milei su «presidente favorito». Mientras tanto, Musk y Milei frecuentemente publican mensajes de admiración entre ellos en Twitter. En abril de 2024, se reunieron en las instalaciones de Tesla en Texas, donde discutieron su visión política compartida y las preciosas reservas de litio de Argentina, que son valiosas para las baterías de los vehículos eléctricos de Tesla. Más allá del espectáculo de la CPAC, «crearon un sistema de amplificación mutua: Milei señala el apoyo de Musk como validación, mientras que Musk señala a Argentina como prueba de que su enfoque funciona».

Donald Trump definió a Milei «su presidente favorito».

La motosierra se convirtió, con razón, en un símbolo de la estrategia de recortes agresivos de DOGE, pero también es emblemática del propósito que hay detrás de esa estrategia. A Milei no le preocupa racionalizar las operaciones gubernamentales; rechaza fundamentalmente la legitimidad del propio gobierno, más allá de servir como un aparato administrativo mínimo para las operaciones del mercado privado. Esta base ideológica es igualmente cierta para Musk, cuyas disrupciones de DOGE no son intentos equivocados de reforma sino un asalto deliberado al concepto mismo de gobernanza pública.

Negocios en el río revuelto

A diferencia de The Economist, el Washington Post parece comprender la razón de ser de DOGE, afirmando que el grupo de trabajo está «allanando el camino para un nuevo cambio hacia el sector privado» y que su «objetivo final es limitar el alcance del gobierno y privatizar lo que queda».

El periódico señala iniciativas menos discutidas, que ya están en marcha. En la Administración de Servicios Generales, afiliada a DOGE, por ejemplo, los funcionarios están orquestando discretamente la venta de cientos de edificios federales a empresas privadas —incluidas las sedes del Departamento de Justicia y del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano—, que luego volverían a alquilarle estos espacios al Gobierno). Los empleados de carrera ya expresaron su alarma por la posibilidad de que estas propiedades se le vendan con grandes descuentos a los aliados de Trump.

Mientras tanto, DOGE le apunta al Servicio Meteorológico Nacional para llevar a cabo importantes reducciones de personal, aparentemente en línea con la visión del Proyecto 2025 de «comercializar plenamente» la previsión meteorológica. La Administración Federal de Aviación está estudiando el posible papel de los satélites Starlink, propiedad de Elon Musk, para contribuir a la previsión meteorológica, lo que seguramente sea una coincidencia.

Más allá del DOGE, la administración Trump en general adoptó la privatización con el mismo entusiasmo. El secretario del Interior de Trump está trabajando para abrir tierras federales de todo el oeste a promotores privados, mientras que el secretario del Tesoro expresamente prometió «reprivatizar la economía».

Según el Post, también se están considerando seriamente otras propuestas orientadas a la privatización. La administración está evaluando un plan para asignarle 40 000 millones de dólares de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que fue cerrada, a inversores y empresas privadas. Y el contratista militar de extrema derecha Erik Prince, que fundó el servicio de mercenarios antes conocido como Blackwater y con el que la administración Trump tiene fuertes vínculos, propuso entregarle las operaciones de defensa y la aplicación de la ley de inmigración a empresas de seguridad privadas.

Un economista jefe de la red de servicios financieros RSM declaró al Washington Post: «Desde los primeros días de la administración quedó claro que uno de sus principales objetivos a largo plazo es la privatización de muchos activos gubernamentales. Fueron muy claros en cuanto a sus intenciones».

Para cualquiera que siga de cerca estos acontecimientos, es evidente que la motosierra no es una herramienta para recortar posibles excesos. Se trata de talar la infraestructura pública y preparar el terreno para el control corporativo.

Sé como Wells Fargo

No hay ejemplo más obvio del impulso privatizador que se está desarrollando que la intervención del DOGE en el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS). En febrero, DOGE se «asoció» con USPS para recortar diez mil puestos de trabajo y reducir en 3500 millones de dólares sus costos operativos. En teoría, estas reformas se llevan a cabo en nombre de la eficiencia. Sin embargo, los críticos señalan que los recortes harán que el USPS sea menos eficiente, especialmente en las zonas rurales, donde el servicio ya está muy exigido.

Por otro lado, Elon Musk dejó claro que le gustaría que el USPS se privatizara por completo. ¿Qué es más probable: que los recortes del USPS del DOGE sean un intento de mejorar las operaciones o de degradarlas, erosionando el apoyo público al servicio y allanando el camino para alternativas privadas?

Wells Fargo conoce la respuesta. Como Jacobin informó, el gigante bancario, relamiéndose, hizo circular un memorando interno en marzo que esbozaba un plan detallado para la privatización del USPS. Su plan prevé dividir inicialmente la agencia en dos: vender los componentes rentables de paquetes y encomiendas y dejar la entrega de correo como una entidad básica financiada por los contribuyentes. Admite que la nueva empresa privada tendría que subir los precios y que la parte pública restante del USPS tendría dificultades para mantener las entregas. Este escenario haría más fácil superar la oposición de los sindicatos y del público para lograr la privatización total.

La estrategia es sencilla: romper el servicio público lo suficiente como para que la privatización se convierta en la solución por defecto. Como señaló el sociólogo Paul Starr en su análisis de las estrategias de privatización, este enfoque ejemplifica la «privatización por desgaste», en la que se empuja deliberadamente a los servicios públicos a deteriorarse, animando a la gente a recurrir a opciones privadas, incluso cuando esos nuevos servicios mercantilizados tienen precios más altos y peor rendimiento. Los otros métodos de privatización identificados por Starr (transferencias directas de activos, subcontratación y desregulación) también se están aplicando simultáneamente en todo el gobierno federal ante la insistencia del DOGE.

Trump sugirió recientemente que el mandato de Musk en DOGE podría estar llegando a su fin. Aun así, la motosierra está en marcha. El DOGE no está fracasando en hacer que el gobierno sea más eficiente. Está saboteando con éxito las instituciones públicas para transferirlas a manos privadas. Wells Fargo lo reconoce. Y nosotros también deberíamos.

Fuente: JACOBIN