Por
Mael
Guéguen
Este 7 de julio de 2026, la Asamblea Nacional francesa aprobó en primera lectura un texto que presume la legalidad de todos los disparos mortales por parte de agentes de policía y de gendarmería. Es una reforma reclamada desde hace 20 años por la extrema derecha y los sindicatos policiales, denunciada por numerosas ONG, sindicatos y colectivos de familiares de víctimas por sus derivas autoritarias sin precedentes en Europa
El martes 7 de julio, desde las tribunas de la Asamblea Nacional, Issam El Khalfaoui asistía a la votación de la proposición de ley que pretende inscribir la presunción de legalidad para las fuerzas del orden en caso de disparo mortal. Casi cinco años antes, el 4 de agosto de 2021, su hijo Souheil El Khalfaoui, de 19 años, fue abatido por un policía durante un control de tráfico en Marsella, en el sur de Francia, tras negarse a detenerse.
Sentado junto a colectivos de familiares de víctimas, invitados por los diputados de izquierda, Issam asistió a la votación. Relata su indignación ante las palabras de los diputados que respaldaban la ley, a la que él califica de “licencia para matar”.
“Nos dimos cuenta del desprecio hacia las familias de las víctimas. Durante toda la sesión, los diputados, desde el macronismo hasta la extrema derecha, nos abuchearon, nos silbaron y nos insultaron. Nos trataron de delincuentes, de multirreincidentes, de escoria”, relata. Los diputados que apoyaban la ley defendieron esta medida en nombre de la protección de los policías y gendarmes. Frente a estas posturas, Issam El Khalfaoui se declaró horrorizado por los argumentos utilizados. “No había el menor pensamiento, la menor consideración por las personas que han sido asesinadas en este tiempo”.
Para acelerar la aprobación de la ley frente a varios cientos de enmiendas presentadas por la izquierda, el gobierno activó el artículo 44.3 de la Constitución francesa. Este procedimiento de excepción, llamado "voto bloqueado”, permite retener únicamente las enmiendas aceptadas por el ejecutivo. Así, la ley fue votada tal como se había propuesto, acortando los debates.
El resultado de la votación llegó por la noche. Con una mayoría que abarca desde el partido presidencial hasta la extrema derecha, la ley fue aprobada en primera lectura con 313 votos (Renaissance, MoDem, Horizons, Los Republicanos y la Agrupación Nacional) frente a 199 (La Francia Insumisa, el Partido Comunista, los ecologistas y el Partido Socialista). Habiendo superado su obstáculo más difícil, el texto debe ahora ser examinado por el Senado, y volver después a una segunda lectura en la Asamblea, antes de ser definitivamente aprobado.
Un mecanismo de escalada autoritaria en dos tiempos: 2017 y 2026
Para entender lo que está en juego hoy, hay que remontarse al 28 de febrero de 2017. Bernard Cazeneuve, entonces ministro socialista (PS) del Interior de François Hollande, creó el artículo L435-1 del Código de Seguridad Interior. Antes de esa fecha, un agente de policía o de gendarmería solo podía disparar en caso de estricta legítima defensa. La disposición de 2017 amplía ese marco, permitiendo a las fuerzas del orden abrir fuego si consideran que una persona puede representar un peligro futuro. Así, solo cuenta la interpretación subjetiva del agente, aunque el Estado conserva la obligación de demostrar que esa apreciación estaba fundada.
La enmienda del 7 de julio de 2026 va más lejos: invierte la carga de la prueba. Un disparo de un policía o gendarme se presume ahora legal por defecto, es decir, necesario y proporcionado, salvo prueba de lo contrario. Ya no le corresponde al Estado justificar la legitimidad del uso del arma, sino a la familia de la víctima demostrar que no lo fue.
Esta ley implica numerosas consecuencias ampliamente denunciadas por los colectivos de familiares de víctimas y por las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Laurent Bigot, exsubprefecto y diplomático convertido en chaleco amarillo y observador crítico del mantenimiento del orden, afirma que la ley presenta un riesgo serio de desinhibición de las fuerzas del orden en el uso de sus armas.
Bigot recuerda las cifras de la investigación del sociólogo del CNRS Sébastien Roché, que alerta sobre la multiplicación por cinco de los disparos mortales desde la adopción del artículo L435-1 en 2017. Precisa que la Dirección General de la Policía Nacional tuvo que redactar de nuevo una instrucción para recordar estrictamente las condiciones de apertura de fuego a sus agentes, dado el aumento de la mortalidad. “Una negativa a detenerse es un delito menor, no un crimen”, recuerda el exsubprefecto. “Que se pueda matar a la gente porque comete un delito menor plantea un problema real, sobre todo cuando Francia es ya el país de Europa con más muertes por intervenciones policiales”, dice Bigot.
La parcialidad estructural de la justicia frente a los procesos contra policías
Este vuelco en la justicia se produce en un contexto ya muy desfavorable para las familias de las víctimas desde la ley Cazeneuve. Según las cifras de Amnistía Internacional, entre 2017 y 2026, menos del 2% de los casos de disparos policiales mortales terminaron en una condena firme, sobre un total de 437 casos. Esta estadística revela la magnitud de una parcialidad estructural que este cambio de enfoque en la presunción de legalidad corre el riesgo de agravar todavía más.
La batalla judicial librada por la familia El Khalfaoui bajo la ley de 2017 ilustra la dificultad para obtener la verdad ante los tribunales. Aunque el policía autor del disparo contra Souheil invocó la legítima defensa, los testimonios y vídeos de las personas presentes en el lugar indican que ningún agente estaba amenazado. Una primera investigación por homicidio voluntario fue llevada a cabo por la IGPN (Inspección General de la Policía Nacional, organismo de asuntos internos, a menudo apodada “la policía de la policía”), pero fue archivada en diciembre de 2021.
Issam El Khalfaoui cuestiona la investigación: “el policía que disparó a mi hijo no estuvo detenido. El fiscal pidió explícitamente que fuera interrogado después de todos los testigos y funcionarios. Esa misma noche del crimen, pudo hablar libremente con sus compañeros”. Para Issam, la ausencia de detención permitió una sincronización de las versiones entre compañeros, y esa detención preventiva era esencial para preservar la verdad en el momento de los hechos.
La familia, representada por su abogado Arié Alimi, se constituyó después como parte civil y presentó una denuncia por “obstrucción a la manifestación de la verdad”, tras constatar la desaparición de nueve piezas de convicción –objetos y elementos relacionados con el delito– precintadas, entre ellas, pruebas en vídeo de la escena y del interrogatorio del tirador, así como la bala mortal. Aunque finalmente aparecieron de forma repentina en 2025, la instrucción sigue estancada y continúa abierta.
Con la aprobación del texto de 2026, este tipo de batalla judicial, ya de por sí difícil, podría volverse imposible. Al presumirse legal el disparo por defecto, la fiscalía ya no tiene la obligación de abrir sistemáticamente una investigación preliminar sobre las circunstancias de los hechos. Ahora recae sobre las familias de las víctimas la carga de demostrar que el disparo fue ilegítimo para forzar la intervención de la justicia.
Si bien el ministro del Interior promete que esta presunción “simple” puede levantarse en cualquier momento mediante una prueba externa, Issam El Khalfaoui denuncia una mentira del gobierno. En la práctica, sin una prueba irrefutable, como el vídeo de un testigo que demuestre la ausencia de peligro, ninguna investigación se pondrá en marcha y el caso será archivado. El padre de Souheil recuerda que, en su caso, tuvo que esperar nueve meses para que se designara un juez. Bajo la nueva ley, es decir, sin una investigación policial inmediata, las pruebas de los primeros días, las más determinantes, desaparecen antes de poder ser recogidas. Los testigos se dispersan, la balística no se preserva y, sobre todo, las imágenes de las cámaras de videovigilancia se borran automáticamente al cabo de entre tres y 30 días como máximo. Esta nueva ley no deja, por tanto, medios a las familias para demostrar la posible inocencia de sus seres queridos asesinados.
El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, hizo un llamamiento a las autoridades francesas para que retiren o revisen en profundidad esta enmienda, que considera atentatoria contra los derechos humanos. Tidball-Binz estima que la ausencia de una investigación sistemática constituye una violación del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la vida.
Además, Laurent Bigot señala otro problema estructural. En Francia, las investigaciones sobre las fuerzas del orden son instruidas por la IGPN, un organismo compuesto por policías, lo que plantea un verdadero problema de independencia. Una anomalía en comparación con los países vecinos que Francia comparte con España. El exsubprefecto también alerta sobre la cercanía desleal entre los magistrados y los policías sobre los que investigan, cuando trabajan juntos a diario en otros expedientes.
Un texto racista de consecuencias mortales para los jóvenes racializados de los barrios populares
“El primer blanco son los jóvenes racializados de los barrios populares”, recuerda Issam El Khalfaoui, explicando cómo pudo aprobarse el texto. “Es muy fácil, en esta Francia cada vez más escorada a la derecha, a la extrema derecha, incluso al fascismo, estigmatizar a esta población.” En una investigación de 2016, el Defensor de los Derechos —equivalente al Defensor del Pueblo en España— revela que un joven percibido como negro o árabe tiene veinte veces más probabilidades de ser sometido a un control policial que el resto de la población. En consecuencia, cuanto más los controlan, más expuestos están a que les disparen. En 2023, el caso de Nahel Merzouk conmocionó al país tras el disparo mortal de un policía durante un control de tráfico en Nanterre. El suceso catalizó la indignación de parte de la población ante esta asimetría racial de las víctimas de la policía.
Ante esta realidad, Issam El Khalfaoui relata un intercambio revelador en el que consiguió que un policía reconociera que la ley se basa enteramente en la subjetividad del agente en el momento del disparo. Una confesión que, para él, resume todo el problema. Frente a un joven racializado, el sesgo racista ya documentado en las prácticas policiales hará que sea percibido más fácilmente como “peligroso” y, por tanto, más expuesto a un disparo, mientras que un joven blanco que huye en estado de embriaguez al volante (siendo esta, sin embargo, la primera causa de mortalidad vial), suscitará ese reflejo con mucha menos frecuencia.
Esta proposición de ley se produce en un contexto de fuerte presión sobre el gobierno por parte de los sindicatos policiales, en particular Alliance, cuya línea es cercana a la extrema derecha. Para Laurent Bigot, “el poder busca comprar la paz social dentro de la policía y lleva varios años cediendo ante escaladas securitarias.” El gobierno justifica estas concesiones en nombre de la protección de las fuerzas del orden frente a una violencia supuestamente inédita. El exsubprefecto recuerda, sin embargo, que las estadísticas demuestran lo contrario: hoy hay la mitad de policías muertos en servicio que en los años 1980. El verdadero peligro, documentado por el Tribunal de Cuentas, reside más bien en el grave déficit de formación en el manejo de armas de los agentes.
Lo que ilustra en realidad esta sumisión a los sindicatos policiales es un vuelco ideológico mayor de todo el espectro político hacia la extrema derecha. Si esta proposición de ley fue defendida históricamente desde 2007 por Jean-Marie Le Pen, fundador del partido de extrema derecha, la presunción de legalidad ya no es monopolio de la Agrupación Nacional. Presentada por un diputado de la derecha radical (LR), la proposición fue votada masivamente por el bloque central presidencial. “Resulta impactante recordar que en 2022 Gérald Darmanin, entonces ministro del Interior, denunciaba esta misma medida calificándola de demagógica y propia de la RN”. Este vuelco se produce en un contexto electoralista de cara a las presidenciales de 2027. El partido presidencial y la derecha tradicional (LR), muy debilitados frente al auge de la Agrupación Nacional, buscan captar una parte del electorado de la extrema derecha.
Más de 730 000 personas han expresado su indignación a través de la petición lanzada por Issam El Khalfaoui contra este texto. La mayoría presidencial aplica su método habitual, ignorando esta movilización ciudadana masiva. La Comisión de Leyes de la Asamblea Nacional se reunió este martes 21 de julio para votar en contra de la apertura de un debate sobre el tema en el hemiciclo. En el mismo contexto, la ley Yadan, que penaliza la crítica al Estado de Israel, y la ley Duplomb, que reintroduce los pesticidas y refuerza la ganadería intensiva, fueron aprobadas con la misma indiferencia hacia las peticiones ciudadanas que se les oponían, que reunieron respectivamente 700.000 y 2.100.000 firmas.
El texto conocido como “licencia para matar” sigue ahora su recorrido legislativo en el Senado, donde será debatido próximamente. Sus opositores, encabezados por las familias de las víctimas, las ONG y los sindicatos de magistrados, apuestan ahora por un recurso ante el Consejo Constitucional, las instancias europeas y la ONU para impedir este texto. Aunque la medida aún no ha sido aprobada de forma definitiva, su votación en primera lectura en la Asamblea Nacional atestigua la radicalización hacia la extrema derecha de buena parte del espectro político, incluido un gobierno que se reivindica de centro, cuando queda menos de un año para las próximas elecciones presidenciales.
Fuente:
El
Salto
