Este
7 de julio de 2026, la Asamblea Nacional francesa aprobó en primera
lectura un texto que presume la legalidad de todos los disparos
mortales por parte de agentes de policía y de gendarmería. Es una
reforma reclamada desde hace 20 años por la extrema derecha y los
sindicatos policiales, denunciada por numerosas ONG, sindicatos y
colectivos de familiares de víctimas por sus derivas autoritarias
sin precedentes en Europa
Un gendarme utiliza balas de goma durante una manifestación en Francia. Álvaro Minguito.
El
martes 7 de julio, desde las tribunas de la Asamblea Nacional, Issam
El Khalfaoui asistía a la votación de la proposición de ley que
pretende inscribir la presunción de legalidad para las fuerzas del
orden en caso de disparo mortal. Casi cinco años antes, el 4 de
agosto de 2021, su hijo Souheil
El Khalfaoui, de
19 años, fue abatido por un policía durante un control de tráfico
en Marsella, en el sur de Francia, tras
negarse a detenerse.
El 4 de agosto de 2021, Souheil El Khalfaoui fue asesinado a tiros durante un control de tráfico en Marsella.
Sentado junto a colectivos de familiares de
víctimas, invitados por los diputados de izquierda, Issam asistió a
la votación. Relata su indignación ante las palabras de los
diputados que respaldaban la ley, a la que él califica de “licencia
para matar”.
“Nos
dimos cuenta del desprecio hacia las familias de las víctimas.
Durante toda la sesión, los diputados, desde el macronismo hasta
la extrema
derecha, nos abuchearon, nos silbaron y nos
insultaron. Nos trataron de delincuentes, de multirreincidentes, de
escoria”, relata. Los diputados que apoyaban la ley defendieron
esta medida en nombre de la protección de los policías y gendarmes.
Frente a estas posturas, Issam El Khalfaoui se declaró horrorizado
por los argumentos utilizados. “No había el menor pensamiento, la
menor consideración por las personas que han sido asesinadas en este
tiempo”.
Para
acelerar la aprobación de la ley frente a varios cientos de
enmiendas presentadas por la izquierda, el gobierno activó el
artículo 44.3 de la Constitución francesa. Este procedimiento de
excepción, llamado "voto bloqueado”, permite retener
únicamente las enmiendas aceptadas por el ejecutivo. Así, la ley
fue votada tal como se había propuesto, acortando los debates.
El
resultado de la votación llegó por la noche. Con una mayoría que
abarca desde el partido presidencial hasta la extrema derecha, la ley
fue aprobada en primera lectura con 313 votos (Renaissance, MoDem,
Horizons, Los Republicanos y la Agrupación Nacional) frente a 199
(La
Francia Insumisa, el Partido Comunista, los
ecologistas y el Partido Socialista). Habiendo superado su obstáculo
más difícil, el texto debe ahora ser examinado por el Senado, y
volver después a una segunda lectura en la Asamblea, antes de ser
definitivamente aprobado.
Un
mecanismo de escalada autoritaria en dos tiempos: 2017 y 2026
Para
entender lo que está en juego hoy, hay que remontarse al 28 de
febrero de 2017. Bernard Cazeneuve, entonces ministro socialista (PS)
del Interior de François Hollande, creó el artículo L435-1 del
Código de Seguridad Interior. Antes de esa fecha, un agente de
policía o de gendarmería solo podía disparar en caso de estricta
legítima defensa. La disposición de 2017 amplía ese marco,
permitiendo a las fuerzas del orden abrir fuego si consideran que una
persona puede representar un peligro futuro. Así, solo cuenta la
interpretación subjetiva del agente, aunque el Estado conserva la
obligación de demostrar que esa apreciación estaba fundada.
La
enmienda del 7 de julio de 2026 va más lejos: invierte la carga de
la prueba. Un disparo de un policía o gendarme se presume ahora
legal por defecto, es decir, necesario y proporcionado, salvo prueba
de lo contrario. Ya no le corresponde al Estado justificar la
legitimidad del uso del arma, sino a la familia de la víctima
demostrar que no lo fue.
Esta
ley implica numerosas consecuencias ampliamente denunciadas por los
colectivos de familiares de víctimas y por las organizaciones de
defensa de los derechos humanos. Laurent Bigot, exsubprefecto y
diplomático convertido en chaleco
amarillo y
observador crítico del mantenimiento del orden, afirma que la ley
presenta un riesgo serio de desinhibición de las fuerzas del orden
en el uso de sus armas.
Una mujer se manifiesta cerca de la Plaza de la Bastilla. Escrito en su chaleco: ‘No abandonaremos’.
Bigot
recuerda las cifras de la investigación del sociólogo del CNRS
Sébastien Roché, que alerta sobre la multiplicación por cinco de
los disparos mortales desde la adopción del artículo L435-1 en
2017. Precisa que la Dirección General de la Policía Nacional tuvo
que redactar de nuevo una instrucción para recordar estrictamente
las condiciones de apertura de fuego a sus agentes, dado el aumento
de la mortalidad. “Una negativa a detenerse es un delito menor, no
un crimen”, recuerda el exsubprefecto. “Que se pueda matar a la
gente porque comete un delito menor plantea un problema real, sobre
todo cuando Francia es ya el país de Europa con más muertes por
intervenciones policiales”, dice Bigot.
La
parcialidad estructural de la justicia frente a los procesos contra
policías
Este
vuelco en la justicia se produce en un contexto ya muy desfavorable
para las familias de las víctimas desde la ley Cazeneuve. Según
las cifras
de Amnistía Internacional, entre 2017 y 2026, menos del
2% de los casos de disparos policiales mortales terminaron en una
condena firme, sobre un total de 437 casos. Esta estadística revela
la magnitud de una parcialidad estructural que este cambio de enfoque
en la presunción de legalidad corre el riesgo de agravar todavía
más.
Licencia para matar: ¿qué cambia la ley sobre la presunción de legítima defensa policial?
La
batalla judicial librada por la familia El Khalfaoui bajo la ley de
2017 ilustra la dificultad para obtener la verdad ante los
tribunales. Aunque el policía autor del disparo contra Souheil
invocó la legítima defensa, los testimonios y vídeos de las
personas presentes en el lugar indican que ningún agente estaba
amenazado. Una primera investigación por homicidio voluntario fue
llevada a cabo por la IGPN (Inspección General de la Policía
Nacional, organismo de asuntos internos, a menudo apodada “la
policía de la policía”), pero fue archivada en diciembre de
2021.
Issam
El Khalfaoui cuestiona la investigación: “el policía que disparó
a mi hijo no estuvo detenido. El fiscal pidió explícitamente que
fuera interrogado después de todos los testigos y funcionarios. Esa
misma noche del crimen, pudo hablar libremente con sus compañeros”.
Para Issam, la ausencia de detención permitió una sincronización
de las versiones entre compañeros, y esa detención preventiva era
esencial para preservar la verdad en el momento de los hechos.
La
familia, representada por su abogado Arié Alimi, se constituyó
después como parte civil y presentó una denuncia por “obstrucción
a la manifestación de la verdad”, tras constatar la desaparición
de nueve piezas de convicción –objetos y elementos relacionados
con el delito– precintadas, entre ellas, pruebas en vídeo de la
escena y del interrogatorio del tirador, así como la bala mortal.
Aunque finalmente aparecieron de forma repentina en 2025, la
instrucción sigue estancada y continúa abierta.
Con
la aprobación del texto de 2026, este tipo de batalla judicial, ya
de por sí difícil, podría volverse imposible. Al presumirse legal
el disparo por defecto, la fiscalía ya no tiene la obligación de
abrir sistemáticamente una investigación preliminar sobre las
circunstancias de los hechos. Ahora recae sobre las familias de las
víctimas la carga de demostrar que el disparo fue ilegítimo para
forzar la intervención de la justicia.
Si
bien el ministro del Interior promete que esta presunción “simple”
puede levantarse en cualquier momento mediante una prueba externa,
Issam El Khalfaoui denuncia una mentira del gobierno. En la práctica,
sin una prueba irrefutable, como el vídeo de un testigo que
demuestre la ausencia de peligro, ninguna investigación se pondrá
en marcha y el caso será archivado. El padre de Souheil recuerda
que, en su caso, tuvo que esperar nueve meses para que se designara
un juez. Bajo la nueva ley, es decir, sin una investigación policial
inmediata, las pruebas de los primeros días, las más determinantes,
desaparecen antes de poder ser recogidas. Los testigos se dispersan,
la balística no se preserva y, sobre todo, las imágenes de las
cámaras de videovigilancia se borran automáticamente al cabo de
entre tres y 30 días como máximo. Esta nueva ley no deja, por
tanto, medios a las familias para demostrar la posible inocencia de
sus seres queridos asesinados.
El
relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, hizo un llamamiento
a las autoridades francesas para que retiren o
revisen en profundidad esta enmienda, que considera atentatoria
contra los derechos humanos. Tidball-Binz estima que la ausencia de
una investigación sistemática constituye una violación del
artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que garantiza el derecho a la vida.
Además,
Laurent Bigot señala otro problema estructural. En Francia, las
investigaciones sobre las fuerzas del orden son instruidas por la
IGPN, un organismo compuesto por policías, lo que plantea un
verdadero problema de independencia. Una anomalía en comparación
con los países vecinos que Francia comparte con España. El
exsubprefecto también alerta sobre la cercanía desleal entre los
magistrados y los policías sobre los que investigan, cuando trabajan
juntos a diario en otros expedientes.
Un
texto racista de consecuencias mortales para los jóvenes
racializados de los barrios populares
“El
primer blanco son los jóvenes racializados de los barrios
populares”, recuerda Issam El Khalfaoui, explicando cómo pudo
aprobarse el texto. “Es muy fácil, en esta Francia cada vez más
escorada a la derecha, a la extrema derecha, incluso al fascismo,
estigmatizar a esta población.” En una investigación de 2016, el
Defensor de los Derechos —equivalente al Defensor del Pueblo en
España— revela que un joven percibido como negro o árabe tiene
veinte veces más probabilidades de ser sometido a un control
policial que el resto de la población. En consecuencia, cuanto más
los controlan, más expuestos están a que les disparen. En 2023,
el caso
de Nahel Merzouk conmocionó al país tras el disparo
mortal de un policía durante un control de tráfico en Nanterre. El
suceso catalizó la indignación de parte de la población ante esta
asimetría racial de las víctimas de la policía.
El asesinato del adolescente Nahel por parte de la policía ha desatado en Francia la revuelta de los jóvenes de los barrios populares más importante desde 2005.
Ante
esta realidad, Issam El Khalfaoui relata un intercambio revelador en
el que consiguió que un policía reconociera que la ley se basa
enteramente en la subjetividad del agente en el momento del disparo.
Una confesión que, para él, resume todo el problema. Frente a un
joven racializado, el sesgo racista ya documentado en las prácticas
policiales hará que sea percibido más fácilmente como “peligroso”
y, por tanto, más expuesto a un disparo, mientras que un joven
blanco que huye en estado de embriaguez al volante (siendo esta, sin
embargo, la primera causa de mortalidad vial), suscitará ese reflejo
con mucha menos frecuencia.
Esta
proposición de ley se produce en un contexto de fuerte presión
sobre el gobierno por parte de los sindicatos policiales, en
particular Alliance, cuya línea es cercana a la extrema derecha.
Para Laurent Bigot, “el poder busca comprar la paz social dentro de
la policía y lleva varios años cediendo ante escaladas
securitarias.” El gobierno justifica estas concesiones en nombre de
la protección de las fuerzas del orden frente a una violencia
supuestamente inédita. El exsubprefecto recuerda, sin embargo, que
las estadísticas demuestran lo contrario: hoy hay la mitad de
policías muertos en servicio que en los años 1980. El verdadero
peligro, documentado por el Tribunal de Cuentas, reside más bien en
el grave déficit de formación en el manejo de armas de los agentes.
Lo
que ilustra en realidad esta sumisión a los sindicatos policiales es
un vuelco ideológico mayor de todo el espectro político hacia
la extrema
derecha. Si esta proposición de ley fue defendida
históricamente desde 2007 por Jean-Marie
Le Pen, fundador del partido de extrema derecha, la
presunción de legalidad ya no es monopolio de la Agrupación
Nacional. Presentada por un diputado de la derecha radical (LR), la
proposición fue votada masivamente por el bloque central
presidencial. “Resulta impactante recordar que en 2022 Gérald
Darmanin, entonces ministro del Interior, denunciaba esta misma
medida calificándola de demagógica y propia de la RN”. Este
vuelco se produce en un contexto electoralista de cara a las
presidenciales de 2027. El partido presidencial y la derecha
tradicional (LR), muy debilitados frente al auge de la Agrupación
Nacional, buscan captar una parte del electorado de la extrema
derecha.
Más
de 730 000 personas han expresado su indignación a través de la
petición lanzada por Issam El Khalfaoui contra este texto. La
mayoría presidencial aplica su método habitual, ignorando esta
movilización ciudadana masiva. La Comisión de Leyes de la Asamblea
Nacional se reunió este martes 21 de julio para votar en contra de
la apertura de un debate sobre el tema en el hemiciclo. En el mismo
contexto, la ley
Yadan,
que penaliza la crítica al Estado de Israel, y la ley
Duplomb,
que reintroduce los pesticidas y refuerza la ganadería intensiva,
fueron aprobadas con la misma indiferencia hacia las peticiones
ciudadanas que se les oponían, que reunieron
respectivamente 700.000 y 2.100.000 firmas.
El
texto conocido como “licencia para matar” sigue ahora su
recorrido legislativo en el Senado, donde será debatido
próximamente. Sus opositores, encabezados por las familias de las
víctimas, las ONG y los sindicatos de magistrados, apuestan ahora
por un recurso ante el Consejo Constitucional, las instancias
europeas y la ONU para impedir este texto. Aunque la medida aún no
ha sido aprobada de forma definitiva, su votación en primera lectura
en la Asamblea Nacional atestigua la radicalización hacia la extrema
derecha de buena parte del espectro político, incluido un gobierno
que se reivindica de centro, cuando queda menos de un año para las
próximas elecciones presidenciales.
Fuente:
El
Salto
