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miércoles, 22 de abril de 2026

La verdadera historia que vincula a Starmer y Mandelson está siendo sepultada por una conspiración de silencio

 

 Por Jonathan Cook   
      Periodismo independiente, a contracorriente.


El sistema está amañado, y la clase política y mediática que lo manipula no está dispuesta a llamar nuestra atención sobre la fea realidad de lo que han estado haciendo durante la última década


     Pocos creen al primer ministro británico, Keir Starmer, cuando afirma que se enteró hace poco de que Peter Mandelson, su mentor político en el Partido Laborista, no obtuvo la autorización de seguridad necesaria para ser nombrado embajador en Estados Unidos a finales de 2024.


Keir Starme

Mandelson se ha convertido en una figura políticamente tóxica desde el pasado mes de septiembre, cuando se hizo más evidente la profunda conexión que tenía con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein, incluyendo el hecho de que, mientras formaba parte del gobierno en 2009 y 2010, Mandelson transmitió información privilegiada que habría sido de considerable beneficio para Epstein y otros.


Peter Mandelson admite haber intentado socavar a Corbyn ‘todos los días’.


Starmer estaba desesperado por eludir su responsabilidad, acusando a Oliver Robbins, el entonces recién llegado alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, de no haberle informado de que a Mandelson se le había denegado la autorización de seguridad.

Por su parte, Robbins declaró esta semana ante un comité de parlamentarios que, cuando asumió su cargo, el acuerdo sobre Mandelson ya estaba cerrado. La oficina de Starmer ejerció una presión constante sobre su departamento para que aprobara retroactivamente el nombramiento de Mandelson.

Su testimonio ante un comité parlamentario sugiere que, dado el clima de tensión que se vivía en Westminster en aquel momento, es posible que haya sido engañado sobre lo que el proceso de investigación había descubierto, en un intento por allanar el camino de Mandelson hacia Washington.

Estas afirmaciones y contraargumentos sirven principalmente para ocultar el hecho fundamental de que Starmer es un mentiroso o una persona sumamente incompetente.

Mandelson tuvo que dimitir de su cargo de embajador el pasado septiembre debido a sus vínculos con Epstein. O bien Starmer no investigó el asunto políticamente delicado de la autorización de seguridad de Mandelson, o, lo que es más probable, sí lo hizo y desde entonces ha estado engañando —es decir, mintiendo— a los medios de comunicación y al parlamento.

Como el propio Starmer admitió esta semana ante la Cámara de los Comunes, entre risas estruendosas, toda la historia suena "increíble".


El primer ministro ordena una investigación ética contra el ministro por acusaciones de Labour Together.

En realidad, todo lo relacionado con el ascenso de Starmer al poder, y la permanente falta de interés de los medios de comunicación sobre cómo se orquestó dicho ascenso, es increíble.

Los medios de comunicación tradicionales aún no han contado la historia, profundamente inquietante, que hay detrás de la evolución política de Starmer. A pesar de las críticas que le hacen actualmente a Mandelson, solo están contando la mitad de la historia: la superficie.

La sumisión política del primer ministro y su vulnerabilidad ante Mandelson —el motivo por el cual Starmer estaba decidido a ascenderlo al puesto de embajador a pesar de los peligros más que evidentes— han pasado en gran medida desapercibidas para los medios de comunicación.

Las respuestas se pueden encontrar en otros lugares, como en el reciente libro del periodista de investigación Paul Holden, The Fraud, un análisis del ascenso al poder de Starmer, que aún no ha sido reseñado por ninguna publicación importante.



Operaciones secretas

Como mínimo, la verdadera historia debería haber salido a la luz cuando Mandelson, el veterano líder de la derecha laborista, fue arrestado en febrero bajo sospecha de "mala conducta en el ejercicio de sus funciones". Se le acusa de haber filtrado información confidencial del mercado, en su calidad de secretario de comercio, a Epstein.

Esto se produjo tras la dimisión, semanas antes, de Morgan McSweeney, el protegido de Mandelson que impulsó a Starmer al poder. Se vio obligado a renunciar a su cargo como jefe de gabinete del primer ministro por su implicación en el nombramiento de Mandelson.

Casi al mismo tiempo, Josh Simons, entonces ministro en la Oficina del Gabinete y leal a Starmer, fue investigado —por la propia Oficina del Gabinete— por las revelaciones de que había financiado una campaña de desprestigio encubierta contra periodistas críticos con Starmer.


Morgan McSweeney: ‘La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue errónea’.

Desde entonces, Simons ha dimitido del gobierno.

Existe un hilo conductor que une a estas tres figuras, un hilo que las vincula íntimamente con Starmer y la polémica actual.

Cada uno de ellos era fundamental para el funcionamiento de un grupo de expertos poco transparente llamado Labour Together. Fue fundado en 2015, inmediatamente después de la elección de Jeremy Corbyn como líder del Partido Laborista.

El grupo pronto se desvió de su objetivo aparente de unir a un partido dividido por la elección de Corbyn entre, por un lado, diputados y burocracia hostiles y, por otro, la militancia laborista. La verdadera tarea encubierta de Labour Together era profundizar esas divisiones.

Con la ayuda de donantes adinerados, Labour Together creó un fondo secreto por valor de al menos 730.000 libras esterlinas para librar una guerra de relaciones públicas contra Corbyn y la izquierda, una campaña que contó con el apoyo entusiasta de los medios de comunicación tradicionales.

Tras la destitución definitiva de Corbyn, Labour Together puso en marcha una nueva operación, utilizando los mismos fondos, para engañar a los miembros del partido y conseguir que coronaran a Starmer como líder con la premisa de que continuaría con las políticas de Corbyn.

Tras su elección, Starmer se dedicó de inmediato a purgar el ala izquierda del Partido Laborista, reduciendo el número récord de afiliados que había logrado Corbyn y recurriendo en su lugar a donantes empresariales adinerados.

Bajo el liderazgo de Starmer, el Partido Laborista se convirtió en otro partido completamente dominado por la clase empresarial. De este modo, los partidos Conservador y Reformista pudieron inclinarse aún más hacia la derecha para diferenciarse del Partido Laborista.

Patinar al límite de la ilegalidad

Durante la última década, la política laborista ha sido una farsa, una que no solo traicionó los valores que públicamente decía defender, sino que además estuvo constantemente al borde de la ilegalidad.

La Comisión Electoral multó a Labour Together por conducta ilegal después de que McSweeney incumpliera repetidamente sus advertencias de declarar el dinero que benefactores adinerados estaban depositando en su fondo discrecional.

Esto no fue un descuido. Se debió a que McSweeney no quería que las actividades de Labour Together —que consistían en subvertir el proceso democrático mediante el uso de grandes sumas de dinero— salieran a la luz pública. La propia naturaleza de la agenda antidemocrática de Labour Together exigía que operaran en la sombra.

Fue por ese motivo que Corbyn pidió en febrero una investigación pública independiente sobre lo que él denominó las "operaciones siniestras" de Labour Together.

El gobierno respondió con desdén. Pero eso se debe a que, si los hilos se desenredaran aún más, casi con toda seguridad conducirían directamente a la puerta de Starmer.

Mandelson fue una de las fuerzas impulsoras de Labour Together, y en un comentario de 2017 en el que aludió a su papel, dijo: "Todos los días intento hacer algo para salvar al Partido Laborista de su liderazgo [el de Corbyn]".

Ese mismo año, McSweeney tomó las riendas de Labour Together, utilizando los fondos no declarados para desacreditar secretamente a Corbyn y luego engañar a los miembros del Partido Laborista para que votaran por el candidato preferido de él y de Mandelson, Starmer.

A finales de 2023, un año después de asumir el liderazgo de Labour Together, Simons recurrió a la misma estrategia de desprestigio desarrollada por McSweeney.

Esta vez, en lugar de difamar a la izquierda laborista que apoyaba a Corbyn, arremetió contra un puñado de periodistas que habían comenzado a investigar las operaciones encubiertas e ilegales que se escondían tras el ascenso al poder de Starmer.

Simons encargó un informe, con nombre en clave Operación Cañón, sobre los "antecedentes y motivaciones" de los periodistas. Dicho informe afirmaba, sin aportar pruebas, que estos periodistas habían conspirado en un supuesto ciberataque a la Comisión Electoral, supuestamente orquestado por el Kremlin.

Fondo discrecional

Simons llegó incluso a transmitir esta desinformación sobre los periodistas al Centro Nacional de Ciberseguridad, una división del GCHQ, presumiblemente para que se les investigara por atentar contra la seguridad nacional. Significativamente, el centro se negó a intervenir.

No es difícil comprender las intenciones de Simons. Labour Together intentaba crear una versión británica de los esfuerzos, durante años infructuosos, del Partido Demócrata estadounidense por promover la teoría conspirativa del "Russiagate", según la cual Donald Trump había conspirado con el Kremlin para ser elegido presidente.

El objetivo en ambos casos era similar.

Los demócratas esperaban impedir cualquier análisis de su incompetencia y corrupción institucional en la derrota de las elecciones presidenciales de 2016, atribuyendo cualquier debate al respecto a la desinformación rusa.

Mientras tanto, Labour Together pretendía impedir cualquier investigación periodística sobre sus propias irregularidades, atribuyéndolas a la desinformación rusa. El objetivo era disuadir a estos periodistas de escrutinio sobre las actividades de Labour Together.

Pero lo cierto es que los medios de comunicación tradicionales siguen mostrando poco interés por la historia más amplia de Labour Together, a pesar de que sus periodistas conocen las actividades ilícitas del grupo desde al menos 2021, cuando la Comisión Electoral impuso la multa por 20 infracciones de la ley electoral .

Lo más probable es que algunos miembros de los medios de comunicación supieran lo que estaba sucediendo incluso antes, cuando McSweeney y otros cercanos a Starmer ignoraban las exigencias de la Comisión Electoral de que se declarara el dinero del fondo discrecional.

Los medios de comunicación siguen negándose rotundamente a atar cabos y permiten que Labour Together se oculte en las sombras, a pesar de su papel protagonista en este caso y en el de Mandelson.

La noticia de la caída de McSweeney se refiere únicamente a su error de juicio al ascender a Mandelson al puesto de embajador en Estados Unidos, y no a su comportamiento ilegal como líder de Labour Together.

La noticia de la caída de Mandelson se centra en su presunto uso de información privilegiada con Epstein, no en su conspiración con Labour Together para socavar el proceso democrático.

La investigación contra Simons se atribuye personalmente a su falta de criterio al financiar un informe contra periodistas, en lugar de al hecho de que esta campaña de desprestigio estuviera totalmente en consonancia con las actividades de Labour Together a lo largo de muchos años.

En un reportaje acrítico de la BBC el mes pasado, Simons se limitó a afirmar que había sido "ingenuo" al colaborar en la difamación de los periodistas, en lugar de admitir que ese era el modus operandi de Labour Together.

En la medida en que se ha mencionado a Labour Together en esta historia, es solo porque proporcionó el dinero que Simons utilizó para atacar a los periodistas que se habían enemistado con Starmer.

Resulta significativo que Simons aluda a su verdadera agenda y a la de Labour Together en el relato de la BBC, al decir a la emisora ​​estatal que actuó —para dañar la reputación de los periodistas— por temor a que sus reportajes "pudieran usarse para volver a contar la historia de la crisis de antisemitismo que ocurrió bajo [el gobierno laborista] y para restarle importancia".

En realidad, esta campaña que duró una década necesita ser contada de nuevo, de una manera que deje claro cómo la derecha laborista, respaldada por medios de comunicación tradicionales como la BBC, instrumentalizó el antisemitismo para derrocar a Corbyn.

Como era de esperar, es poco probable que medios como la BBC profundicen en la investigación para revelar lo que realmente sucedió.

Encubrimiento mediático

En cambio, los medios de comunicación están tratando estos episodios como fallos individuales en lugar de como pruebas de la captura institucional del Partido Laborista por parte de la clase Epstein y sus allegados.

Labour Together surgió como un ejercicio de subversión democrática para impedir que un socialista llegara al poder. Y luego continuó como un ejercicio de subversión democrática para establecer salvaguardias permanentes que impidieran que el Partido Laborista fuera liderado por alguien que no fuera un títere, como Starmer, al servicio de los multimillonarios.

La idea era convertir la política británica en un simulacro de la política estadounidense: dos partidos principales que representaran a los superricos —y garantizaran su dominio permanente—, y que reflejaran pequeñas diferencias internas en su percepción de la mejor manera de salvaguardar sus intereses de clase.

Todo esto ocurrió a la vista de todos durante la última década. Pero fue imposible lograr que se popularizara.

Incluso en esta etapa, no se permite que la verdadera historia salga a la luz. Porque expondría no solo la corrupción en el seno del sistema político británico, sino también en el seno del sistema mediático británico.

Los medios de comunicación estatales y controlados por multimillonarios se alegraron de ver cómo se subvertía la democracia de forma encubierta si eso garantizaba que Corbyn no llegara al poder. Y los medios también se complacieron en promover al grupo de Starmer como guardianes de la posición que decidiría quién lideraría el Partido Laborista.

Existía un interés común en dejar claro cómo estaba amañado el sistema.

Quien dude de la profunda complicidad de los medios de comunicación en el encubrimiento de las actividades de Labour Together debería recordar que hubo periodistas —y otras personas— que informaron sobre el desmantelamiento de la democracia interna por parte del Partido Laborista para impedir el surgimiento de cualquier opción política significativa. Sin embargo, estos informes fueron ignorados por los principales medios de comunicación.

La conspiración interna contra Corbyn salió a la luz por primera vez en 2017 con la investigación encubierta de tres partes de Al Jazeera, titulada "El lobby israelí", que mostró cómo un funcionario de la embajada israelí, Shai Masot, trabajaba secretamente con las facciones de derecha del Partido Laborista para utilizar el antisemitismo con el fin de destruir al líder del partido.

Tres años después, cuando Corbyn dejó el cargo, se filtraron numerosos documentos internos del Partido Laborista que revelaban que la burocracia del partido, leal al ala de Mandelson, conspiró para provocar la caída de Corbyn. Incluso priorizó su destrucción por encima de ganar las reñidas elecciones generales de 2017.

Starmer designó a Martin Forde, miembro del Colegio de Abogados de Kentucky, para investigar la filtración; principalmente, al parecer, para identificar a los responsables y castigarlos.

Más tarde, Forde admitiría que el equipo de Starmer había obstaculizado su trabajo e intentado retrasar indefinidamente el informe. Pero cuando finalmente se publicó en el verano de 2022, Forde confirmó lo que ya era evidente: que la derecha laborista había librado una sucia guerra interna contra Corbyn y la izquierda del partido, instrumentalizando el antisemitismo para desacreditarlos.

Meses después, Al Jazeera emitiría una segunda investigación de cuatro partes, titulada "Los archivos del Partido Laborista", que mostraba cómo el ala derecha del partido, leal a Mandelson y McSweeney, purgó al ala izquierda del partido basándose, en la mayoría de los casos, en acusaciones falsas, invenciones, tergiversaciones y calumnias.

El documental justificó plenamente a una víctima de esas purgas, quien describió los últimos años en el Partido Laborista como una "conspiración criminal contra sus miembros".

Hechos ocultos

Todo esto ocurrió sin que los medios de comunicación lo informaran.

La revelación en el documental The Israel Lobby de que el Partido Laborista había sido infiltrado por un espía israelí con la complicidad activa de algunos de sus miembros y diputados para derrocar a un posible primer ministro no provocó ningún debate político ni mediático.

Las revelaciones posteriores contenidas en la revisión interna filtrada del Partido Laborista, el Informe Forde y los Archivos Laboristas, también han caído en el olvido, a pesar de que la historia que cuentan es la única manera de comprender las sucesivas caídas de McSweeney, Mandelson, Simons y, próximamente, Starmer.

Del mismo modo, el libro de Paul Holden, The Fraud , que pone de manifiesto las actividades ilegales de Labour Together, está siendo ignorado en lugar de ser analizado en busca de detalles sobre lo que realmente ha sucedido en la política británica durante la última década.

Todos estos recursos han permanecido ocultos, a pesar de que el revuelo causado por Mandelson justifica plenamente su enérgica excavación.

Hay buenas razones para ello. Porque el plan consiste en aplicar la misma táctica antidemocrática contra el Partido Verde y su líder, Zack Polanski, ya que se le considera otra figura similar a Corbyn que se niega a doblegarse ante la clase Epstein y rechaza las hazañas belicistas, de blanqueo de dinero y de acaparamiento de recursos de la maquinaria bélica occidental que se presenta como una alianza de "defensa" de la OTAN.

Polanski es judío, pero ya hay indicios de que esto no impedirá que los mismos charlatanes que difamaron a Corbyn lo señalen como "antisemita".

Puede volver a ocurrir porque los mismos medios de comunicación que colaboraron en el ascenso de Starmer orquestando la caída de Corbyn volverán a cumplir con su deber y defender los intereses de la clase multimillonaria.

El sistema está amañado, y quienes lo manipulan no van a llamar nuestra atención sobre la realidad de lo que han estado haciendo.


Fuente: Jonathan Cook

viernes, 23 de enero de 2026

La ofensiva de Trump contra los medios públicos

 

 Por Alberto Mesas   
      Periodista por la Universidad Complutense de Madrid especializado en temas sobre migraciones, derechos humanos y Balcanes occidentales.

El fin de la financiación federal conduce al cierre de más de 1500 emisoras locales y aumenta la brecha informativa en las zonas rurales. El ataque contra los servicios públicos de comunicación se replica en Europa

     La desfinanciación de los medios de comunicación públicos de Estados Unidos es solo otra de las cruzadas de Donald Trump desde su vuelta a la Casa Blanca. El primer lunes de 2026 trajo consigo el apagón de la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB, por sus siglas en inglés), el ente independiente que desde 1967 canalizaba los fondos federales para financiar las televisiones y radios públicas de todo el país. 

Con todo, esta es la crónica de un cierre anunciada. El pasado mes de julio, el Congreso –de mayoría republicana– aprobó un hachazo de 9.000 millones de dólares en recortes presupuestarios, de los que más de 1.000 millones estaban destinados a financiar la CPB durante 2025 y 2026. Esto se ha convertido, entre otras cosas, en el fundido a negro de más de 1.500 emisoras de radio de todo el país que durante décadas habían estado funcionando gracias a los fondos públicos, y que daban empleo y servicio –información local, contenido educativo e información de servicio relacionada con el tráfico o las alertas climatológicas– a millas de pequeños condados de todo el país.


Protesta en la sede la NPR en Washington el 11 de marzo de 2025.

La pérdida del apoyo económico a la CPB corre el riesgo de erosionar, o incluso destruir, la fuente más confiable de información en muchas comunidades”, alerta desde Indianápolis Caroline Hendrie, directora ejecutiva de la Society of Professional Journalists (SPJ) [Sociedad de Periodistas Profesionales]. Hendrie pone el foco en la cobertura que hacen los medios públicos en muchas zonas de Estados Unidos, y en que el dinero de la CPB “también hacía posible la realización de documentales y reportajes de investigación sobre asuntos de interés público”.

En la SPJ muestra una especial preocupación por el periodismo de investigación. “Investigar un tema a fondo requiere tiempo, recursos e independencia editorial, que son difíciles de conseguir sin un apoyo económico que no tenga más motivos ocultos que sacar a la luz la verdad”, insiste Hendrie.

Ofensiva contra lo público 

La decisión de cerrar el grifo del dinero público, totalmente consciente y meditada, va mucho más allá del mero ajuste presupuestario por parte de un gobierno ultraliberal, y también representa una ofensiva política e ideológica declarada contra la idea de los medios públicos como infraestructura esencial en un sistema democrático donde el derecho a la información representa uno de sus pilares.

Durante años, numerosos líderes conservadores han criticado duramente a la PBS y la NPR (la televisión y la radio pública de alcance estatal), acusándolas constantemente de tener un marcado sesgo ideológico, quejándose del mucho dinero que cuesta mantenerlas activas y exigiendo más control y menos financiación federal. Finalmente, ha sido la administración Trump quien ha sentenciado a muerte a la Corporación. En mayo de 2025, el magnate firmó la Orden Ejecutiva 14290 , que instruía a la CPB a cesar la distribución de fondos a la PBS y la NPR, argumentando que desde estos medios se hacía “propaganda con dinero de los contribuyentes”. De hecho, la propia orden lleva como título “Fin de los subsidios de los contribuyentes a los medios de comunicación sesgados”.


Las sedes de PBS y NPR en Arlington, Virginia, y Washington, D. C.

Esta retórica se articuló como parte de un discurso conspiranoico más amplio que calificaba a los medios públicos de “radicales” o “woke” (término despectivo para referirse a quienes defienden luchas sociales contra el racismo o a favor de los derechos LGTBIQ+), deslegitimando su función y cuestionando la profesionalidad de decenas de miles de sus trabajadores.

El Capitolio aprobó la retirada de fondos por 214 votos a favor y 212 en contra, y el Senado hizo lo propio por un estrecho margen, pese a las protestas de algunos republicanos que expresaron preocupación por el impacto en emisoras rurales o en las comunidades indígenas. Precisamente por su papel en la educación, la cultura y el impulso del periodismo local, durante décadas ha habido un consenso entre demócratas y republicanos que ahora Donald Trump ha hecho saltar por los aires.

Los ataques a la integridad editorial y la credibilidad de la PBS y la NPR no son nada nuevo”, añade Caroline Hendrie. La directora ejecutiva de la SPJ cree que los esfuerzos para combatir esta narrativa hostil contra los medios públicos “deben incluir el argumento de que estos medios ofrecen información esencial y contenidos educativos a audiencias de todo el país”. Y para esto –continúa– es necesaria “la ayuda y el apoyo de dicha audiencia, que debe exigir a sus líderes electos que respeten y apoyen la libertad de prensa”.

Bulos y odio frente al derecho a la información

Además de garantizar el acceso a la información independientemente del lugar de residencia o del nivel de renta –en EEUU la televisión es mayoritariamente de pago–, la CPB no producía programas ni intervenía en las líneas editoriales de la PBS y la NPR.

Su función se limitaba a distribuir los fondos federales, unos fondos que ni siquiera eran muy cuantiosos. Según datos del Congreso de EEUU, el dinero público que recibía la CPB representaba alrededor del 16 % de su presupuesto total, el resto provenía de donaciones privadas, patrocinios y aportaciones de los oyentes y espectadores.


RAPPORT MÉDIAS PUBLICS.

Sin embargo, ese pequeño porcentaje de ayuda federal permitía sostener programas míticos como Barrio Sésamo; cubrir información local en zonas consideradas news deserts (desiertos informativos, condados sin prensa diaria ni televisión local); y mantener operativos sistemas de alerta de emergencia, esenciales en regiones expuestas a tornados, incendios o inundaciones.

Además, en muchas emisoras de radio rurales –algunas de las cuales recibían entre 30 % y 70 % de su presupuesto de la CPB–, la financiación del Estado marcaba la diferencia entre seguir emitiendo o cerrar, porque los medios privados no invierten en estas zonas al no considerarlas rentables económicamente. Por ejemplo, una emisora local de Yakima (Washington), llegó a desarrollar un servicio de traducción de alertas meteorológicas orientado a los trabajadores agrícolas hispanohablantes, algo que habría sido impensable sin financiación pública.

En muchas ocasiones, el vacío que dejan los medios públicos es rápidamente ocupado por plataformas privadas y, a falta de cabeceras, la audiencia tiende a informarse a través de las redes sociales, donde la desinformación y los bulos circulan sin ningún tipo de filtro, lo que también contribuye a ampliar la brecha informativa entre las zonas urbanas y rurales.

La precarización del trabajo en las redacciones es otro problema derivado de la degradación de los medios públicos. Hendrie apunta que “los recortes en la financiación se traducen directamente en una reducción del número de periodistas y de la capacidad de las redacciones para cubrir temas”. Esto, afirma, afecta a la calidad de la información, y también condiciona que los periodistas se lancen a informar sobre determinados asuntos: “La inseguridad laboral dificulta que los periodistas se enfrenten a poderes políticos o económicos, e informen sobre temas complejos sin temor a represalias […] La solidez de los medios de comunicación públicos depende de una financiación estable que permita a los periodistas realizar su trabajo de forma independiente, ética y sin presiones”.

En esta misma idea incide Montse Montaos, responsable de televisiones públicas de la Agrupación de Periodistas de Comisiones Obreras (CCOO). Para ella, “en el ideal de un medio público, hay coberturas que probablemente nunca harían otros medios. La buena información es cara y no ofrece un beneficio económico directo, ofrece un servicio clave en una sociedad democrática”.

Medios bien valorados, pero poco protegidos

El cierre de la CPB ha provocado una oleada de rechazo entre periodistas, ciudadanos y el sector político demócrata de Estados Unidos, y varios de ellos han incidido en el trasfondo ideológico de la medida. Varias asociaciones de periodistas, como la propia SPJ, o la Radio Television Digital News Association, han emitido comunicados condenando esta decisión, y hay colectivos de la sociedad civil y grupos de defensa de los medios públicos que han lanzado campañas de apoyo y recaudación de fondos para intentar lograr la continuidad de algunas emisoras locales y de los programas de televisión más emblemáticos. En redes sociales, etiquetas como #SavePublicMedia (Salvemos los medios públicos) y #FundPBS (Financia la PBS) se han convertido en vehículos de protesta ciudadana, movilizando donaciones y presionando a los legisladores.

Esta situación pone en evidencia una enorme paradoja. Según encuestas como la que realizó el Pew Research Center en la primavera de 2025, el 43 % de los adultos del país apoya que la PBS y la NPR reciban financiación pública. Los medios de comunicación públicos en Estados Unidos están muy bien valorados por la ciudadanía, pero también son especialmente vulnerables a decisiones políticas. Esto, en un país donde lo privado es la norma, hace que cuando el dinero público no fluye, todo ese apoyo social no es suficiente para garantizar su continuidad.

La oleada ultra contra los medios públicos no se queda en EEUU

Cargar contra la legitimidad de los medios de comunicación públicos no es algo exclusivo de Trump en Estados Unidos. En Europa, países como Hungría, Polonia o Italia, con gobiernos de ultraderecha y agendas económicas austericidas, también han hecho recortes en sus respectivos medios públicos, ejerciendo presión sobre los contenidos y limitando la independencia editorial en un intento de orientar la opinión pública hacia sus intereses.

En un informe publicado hace unos meses, Reporteros Sin Fronteras advierte de que en más de la mitad de los países de la Unión Europea existen presiones políticas sobre los medios de comunicación públicos, muchas de ellas destinadas a influir en su financiación, nombramientos internos o contenidos.

Incluso en democracias consolidadas como el Reino Unido, los debates sobre la financiación de la BBC son habituales, con los partidos conservadores y de extrema derecha cuestionando su neutralidad editorial y proponiendo reformas que restrinjan su financiación obligatoria o su titularidad pública. El ultra Nigel Farage y su partido Reform UK han criticado abiertamente a la BBC, acusándola de sesgo ideológico y promoviendo medidas para restringir su papel en el ecosistema mediático británico.

España: medios públicos muy ligados al poder político

En España, RTVE también es foco de constantes críticas desde la derecha y ultraderecha política (PP y Vox) y mediática, que acusan al ente público de falta de neutralidad y de favorecer narrativas favorables a la coalición progresista en el Gobierno. Estas críticas se intensifican en periodos electorales y en los debates parlamentarios sobre la gestión y los contenidos de RTVE. En cada comunidad autónoma existe la misma problemática, principalmente con las televisiones autonómicas. Al depender directamente de los fondos que cada gobierno regional destina a las corporaciones, éstas se encuentran constantemente bajo acusaciones de parcialidad, sobre todo en los servicios informativos.

La responsable de televisiones públicas de la Agrupación de Periodistas de CCOO, Montse Montaos, cree que los medios públicos en España son un blanco de ataque dentro del marco de “las políticas neoliberales y el desprecio a los servicios públicos”. Montaos afirma que “en el marco político actual, en que voces con tintes autoritarios y antidemocráticos invaden la esfera pública, el ideal de medio público como garante del derecho de información de la ciudadanía es una amenaza para las fuerzas reaccionarias que perturban la convivencia propagando desinformación y bulos para alcanzar el poder”.

Aun así, Montaos hace hincapié en una peculiaridad de nuestro sistema de medios autonómicos, y asegura que las radiotelevisiones públicas en España “no han conseguido despegarse del poder político, siguen sin cumplir el mandato por el que han sido creadas”. Por eso critica la enorme politización de los nombramientos y las cúpulas directivas. “Las políticas de contratación son difusas, la externalización de contenidos está derivando dinero público a manos privadas con intereses alejados del servicio público”, añade.

No solo en RTVE, sino también en televisiones autonómicas como TVG (Galicia) o À Punt (Comunitat Valenciana), los comités de empresa y los principales sindicatos han denunciado en numerosas ocasiones casos de manipulación informativa y el desmantelamiento progresivo del servicio público, principalmente cuando la derecha se encuentra en el poder.


Redacción de TVG de Santiago de Compostela.


Centro de producción de programas de À Punt.


Para proteger a los entes públicos, el año pasado se creó la plataforma RTVs Públicas en Lucha tras un primer encuentro en Santiago de Compostela impulsado por el Comité de los medios públicos galegos. Esta alianza, donde están presentes casi todos los comités de radiotelevisiones públicas de España, “focaliza sus demandas en el fin de las injerencias políticas y de la externalización y el desmantelamiento”, explica Montse Montaos.

El riesgo de la privatización

Aunque el cierre de la CPB supone un duro golpe al ecosistema mediático estadounidense, no significa la desaparición automática de la PBS y la NPR. Ambos medios operan con un modelo de financiación mixta, que combina esa financiación federal que se pierde con las aportaciones de donantes individuales y fundaciones privadas, empresas patrocinadoras.

Aún así, el agujero económico puede ser insalvable. El dinero federal constituía una red de seguridad para todas esas emisoras pequeñas de los condados, pero sin esa red las grandes emisoras urbanas –como la WGBH en Boston o la KQED en San Francisco– también se acercan al abismo, y no es seguro que puedan sobrevivir únicamente de donantes.

Sobre esto también incide Hendrie, de la SPJ, que explica cómo “a raíz de la supresión de la financiación de la CPB, algunas organizaciones de medios de comunicación públicos recibieron un gran apoyo de filántropos individuales, pero esas donaciones no sustituyeron lo que se había perdido y muchas las consideran insostenibles a largo plazo”.

Hendrie considera que sin el dinero federal los medios públicos se enfrentan ahora a una mayor presión para obtener ingresos de fuentes alternativas. “Gestionada de forma responsable, la financiación pública sirve para proteger la independencia editorial, pero si se socava esa financiación se corre el riesgo de que los medios afectados descuiden la necesidad informativa de la gente en detrimento de la búsqueda de ingresos esenciales”. 

El cierre de la CPB también alimenta el riesgo de la privatización. Al depender más de donaciones privadas y patrocinadores corporativos, los que hasta ahora son medios públicos podrían ver comprometidos su independencia, inclinándose hacia contenidos influenciados por quien pone el dinero. La financiación federal aseguraba la cobertura y la difusión universales, y cierta autonomía frente a intereses privados, pero sin ese respaldo del Estado puede romper el equilibrio.


Fuente: Ctxt