Historiador
de Brasil y estudioso de la depravación comparativa. Sudafricano
perdido. Editor-colaborador
de Jacobin.
A
medida que las grandes potencias ni siquiera se preocupan de guardar
las apariencias de legalidad, la guerra no declarada contra Venezuela
expone un mundo gobernado por la extorsión, el colapso y la
redefinición de la soberanía
En
su nueva y épica historia del hemisferio occidental, America,
América,
Greg Grandin relata cómo el gran revolucionario cubano José Martí
se encontró con el relato de Tucídides sobre la victoria de Atenas
en la Guerra del Peloponeso. Atenas había sitiado Melos, una pequeña
isla, muy parecida a Cuba, que ya no podía cumplir con sus
obligaciones tributarias con su vecino dominante. Melos apeló a la
ley y la justicia para evitar su destrucción.
Atenas
respondió que la justicia solo se aplica “entre iguales en poder”;
cuando el poder es desigual, “los fuertes hacen lo que quieren y
los débiles sufren lo que deben”. Atenas procedió a destruir
Melos, masacrar a los habitantes y colonizar la isla. Como señala
Grandin, la relevancia de la historia para América es evidente, “en
los innumerables incidentes en los que Washington hizo lo que quiso y
América Latina sufrió lo que debía”.
Trump durante una comparecencia con motivo del tiroteo de dos soldados de la Guardia Nacional en Washington, D. C.
Entre
el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
y la Guardia Nacional en las principales ciudades estadounidenses y
un frágil alto el fuego en Gaza, es posible que se haya pasado por
alto que la Administración Trump voló otra pequeña embarcación de
lo que declaró “traficantes de drogas” frente a la costa de
Venezuela. A la agresión de Estados Unidos contra Venezuela le han
seguido otros ataques
a embarcaciones
frente a la costa del Pacífico, en aguas colombianas, que causaron
catorce muertos y un superviviente, lo que indica una intensificación
de la agresión contra Colombia.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se dirige a militares en un acto.
Estos
actos marcan el retorno a una concepción de la soberanía basada en
“los fuertes hacen lo que quieren”, en lo que los jóvenes llaman
ahora la era “sin máscaras”, una era en la que ni siquiera se
pretende fundamentar esa violencia en principios universales o en el
derecho internacional.
La
nueva diplomacia de las cañoneras
Durante
el último mes, la Marina de Estados Unidos se ha dedicado a volar
pequeñas embarcaciones en nombre de la lucha contra el
“narcoterrorismo”. La campaña se ha desarrollado junto con
el despliegue de
más de diez mil soldados, ocho buques de guerra, un submarino de
ataque rápido de propulsión nuclear, aviones de combate F-35 y
el USS
Gerald R. Ford,
el portaaviones más grande de la Marina, frente a las costas de
Sudamérica.
El buque de guerra USS Gravely participa en ejercicios de entrenamiento con Trinidad y Tobago frente a las costas de Puerto España.
Donald Trump también ha anunciado una recompensa de 50
millones de dólares por la captura del presidente venezolano Nicolás
Maduro, alegando que es el líder del llamado Cartel de los Soles,
una vaga
abreviatura empleada
por periodistas y analistas de seguridad para referirse a los grupos
de narcotraficantes dentro del ejército venezolano, en lugar de una
verdadera organización de narcotraficantes (DTO, por sus siglas en
inglés).
Supuesto Cártel de los Soles.
En
una frase que solo podría haber sido publicada en The New
York Times, ese
periódico informó de
que “Trump se ha frustrado por el hecho de que Maduro no haya
accedido a las demandas estadounidenses de renunciar voluntariamente
al poder y por la continua insistencia de los funcionarios
venezolanos de que no participan en el tráfico de drogas”.
Trump dice que el presidente venezolano Maduro 'no quiere joder' con EE.UU.
En
lo que parece ser un preludio de un cambio de régimen, posiblemente
con tropas sobre el terreno, Trump ha declarado
públicamente que
ha autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas dentro
de Venezuela, mientras que bombarderos B-52 sobrevolaban el sur del
Caribe. Anunciar operaciones encubiertas, por supuesto, contradice el
sentido de las “operaciones encubiertas” y parece indicar, en
cambio, operaciones abiertas inminentes; el Gobierno de Venezuela
ha declarado que
ha capturado a un grupo de mercenarios vinculados a la CIA. La medida
se produjo tras la noticia de que el almirante Alvin Holsey, jefe del
Comando Sur de Estados Unidos, dimitió en medio de informes sobre
las crecientes tensiones con el expresentador de televisión Pete
Hegseth, actual secretario de Guerra.
Después de las elecciones de 2016, recordó un amigo, Vance 'pensó que no iba a tener un futuro político con Trump al mando'.
La
concesión del Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición
venezolana de extrema derecha María Corina Machado, defensora desde
hace mucho tiempo de la intervención militar estadounidense y
que apoya
el asesinato
extrajudicial en el mar de sus compatriotas venezolanos, sugiere que
el cambio de régimen contará con el apoyo de lo que queda de la
“comunidad internacional”. Machado se une a una larga lista de
ganadores inmerecidos del Premio Nobel de la Paz, entre los que se
encuentran Henry Kissinger y Barack Obama.
Trump
también ha extendido sus amenazas bélicas a la vecina
Colombia, declarando (sin
pruebas) que el presidente colombiano, Gustavo Petro, es “un líder
de las drogas ilegales” que “fomenta enérgicamente la producción
masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en toda Colombia”.
Anunció que se cortaría toda la ayuda a Colombia, un país ya
devastado por la “guerra contra las drogas” que Washington lleva
décadas librando, que en realidad es una guerra contra los
campesinos, los izquierdistas y los sindicatos.
Gustavo Petro.
A
continuación, anunció sanciones contra Petro y su familia, junto
con otros miembros del Gobierno colombiano. En respuesta, Petro
dijo:
“Estados Unidos ha invadido nuestro territorio nacional, ha
disparado un misil para matar a un humilde pescador y ha destruido a
su familia, a sus hijos. Esta es la patria de [Simón] Bolívar, y
están asesinando a sus hijos con bombas”.
En
el momento de escribir este artículo, el asesinato extrajudicial
rutinario de tripulaciones de pequeñas embarcaciones –cincuenta
y siete personas
hasta ahora– se ha convertido en otra atrocidad normalizada de la
Administración Trump, parte del continuo deterioro de las
restricciones legales y morales en la política exterior
estadounidense. No se han aportado pruebas que justifiquen los
ataques. Como señaló el
corresponsal de seguridad nacional de The New
York Times en
un reciente artículo de opinión: “No se nos ha dicho qué drogas
concretas pretenden detener. No se nos ha dicho mucho sobre
qué grupos
específicos pretenden
destruir. No
se nos ha dicho mucho
sobre en qué autoridades legales se basan para actuar”. Cuando los
expertos jurídicos advirtieron de que lanzar un misil sobre una
pequeña embarcación podría constituir un crimen de guerra, el
vicepresidente estadounidense JD Vance declaró en
la página web de Elon Musk: “Me importa una mierda”.
La administración Trump había calificado esos ataques como defensa propia, afirmando que los objetivos estaban contrabandeando drogas para cárteles que la administración ha designado como terroristas.
La
Administración Trump también se ha arrogado la misma prerrogativa
de intervenir
militarmente en
México, el mayor socio comercial de Estados Unidos, con el pretexto
de combatir a los cárteles recién
designados como
organizaciones terroristas extranjeras.
El presidente Donald Trump se dirige a altos mandos militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia.
El
declive del poder blando
Un
alto funcionario de seguridad nacional
estadounidense declaró a The Washington
Post que,
tras ver un documento interno sobre los ataques, “inmediatamente
pensé: ‘Esto no tiene que ver con terroristas. Tiene que ver con
Venezuela y con un cambio de régimen’. Pero no había información
sobre de qué se trataba realmente”. Eva Golinger, una abogada
estadounidense que asesoró al predecesor de Maduro, Hugo
Chávez, afirmó que
“si existiera un radar de ‘probabilidad de acción militar
estadounidense en Venezuela’, diría que en este momento se inclina
por una probabilidad superior al 75 %, si no más, porque las
cosas nunca han escalado a este nivel”.
Un helicóptero MH-6 Little Bird participa en una demostración en Tampa, Florida.
Venezuela
nunca ha sido un gran país productor de drogas y no se encuentra en
una ruta central para el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos
(¿y no es el fentanilo, y no la cocaína, la amenaza?). De hecho, su
importancia en el comercio mundial de drogas ha disminuido
significativamente en la última década. Según el Informe
Mundial sobre las Drogas 2025
de la ONU, solo alrededor del 5 % de las drogas colombianas
transitan ahora por Venezuela.
La afirmación
más absurda de
todas es que cada barco hundido “salva 25.000 vidas
estadounidenses”. Históricamente, Venezuela ha sido una ruta
importante hacia Europa para la cocaína colombiana, con Nápoles
como centro clave para las mafias italianas Camorra y Cosa Nostra a
finales de los años 80 y 90.
"Verificando" la afirmación de Trump de que cada impacto de un barco en la costa de Venezuela salva 25.000 vidas.
Hoy en día, Ecuador, en manos de
un gobierno de
derecha represivo y proestadounidense, se ha convertido en el nuevo
centro del
comercio mundial de cocaína, ya que los traficantes buscan
consolidar las rutas hacia los mercados más rentables de Europa y
Asia, en lugar de Estados Unidos.
Ecuador pasó de ser un paraíso turístico a una nación en manos de las pandillas.
Incluso
dentro de Estados Unidos, la tan cacareada amenaza que supone la
banda Tren de Aragua, que supuestamente se está apoderando de las
ciudades, parece considerablemente diferente si se analiza con más
detenimiento. Una evaluación del
Consejo Nacional de Inteligencia de abril afirmaba que “era muy
improbable” que la banda “coordinara grandes volúmenes de
tráfico de personas o de migrantes”. Además, “no había pruebas
de que el Gobierno venezolano dirigiera al Tren de Aragua, ni de que
la banda o el Gobierno intentaran desestabilizar Estados Unidos
inundándolo de migrantes delincuentes”.
La
crudeza de la justificación de la guerra con Venezuela refleja tanto
el declive del poder blando de Estados Unidos, especialmente tras la
destrucción de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), como la creencia de la Administración Trump
de que ya no es necesario llevar a cabo el mismo tipo de esfuerzos
propagandísticos que se requerían para las guerras del pasado. El
Congreso hace lo que se le dice y ya no es necesario ganarse al
público; hoy en día, la opinión pública se puede fabricar a
posteriori mediante
algoritmos.
Esto
también tiene el conveniente efecto de desplazar de la actualidad
informativa las noticias sobre la amistad del presidente de Estados
Unidos con el pederasta más notorio del país. Como señaló hace
años la historiadora Marilyn Young, “armado con drones y fuerzas
especiales, un presidente estadounidense puede librar guerras más o
menos por su cuenta, en los países que él elija. Las guerras
estadounidenses no terminan, sino que continúan, en silencio, a
espaldas del público que las financia”.
La
noticia de la escalada militar contra Venezuela coincidió con
el anuncio
de un
rescate de 40.000 millones de dólares para Argentina, 5.000 millones
más que todo el presupuesto de la USAID. El presidente de Argentina,
Javier Milei, ahora interpreta una versión bufonesca y clonada de
Augusto Pinochet, con un peinado aún peor, reclutado para difundir
las virtudes del liberalismo económico en América Latina. Y, por
supuesto, como nos recuerda el Financial
Times,
“en Venezuela están en juego las mayores reservas probadas de
petróleo del mundo y valiosos yacimientos de oro, diamantes y
coltán”.
El plan de la administración Trump es reunir 20.000 millones de dólares del sector privado para enviarlos a Argentina, sumándose a los 20.000 millones que ya ha reservado.
Como
ha ocurrido tantas veces en estos tiempos cada vez más morbosos, el
Partido Demócrata ha guardado silencio –o ha apoyado abiertamente–
la agresión de Trump contra Venezuela. Ni el líder de la minoría
del Senado, Chuck Schumer, ni el líder de la minoría de la Cámara
de Representantes, Hakeem Jeffries, se han molestado en emitir
ninguna declaración formal al respecto. La senadora de Michigan
Elissa Slotkin, exanalista de la CIA que sigue siendo aliada del
aparato de seguridad nacional, declaró a Politico:
“Tenemos militares uniformados que piden a su cadena de mando
cartas que garanticen que no tendrán responsabilidad personal por
ninguna acción ilegal en estas operaciones. No tengo ningún
problema en perseguir a los narcotraficantes”.
El
poder como soberanía
Como
sostiene el crítico mexicano Oswaldo Zavala en su libro Drug
Cartels Do Not Exist,
el villano conocido como “narcoterrorista” se ha consolidado
desde hace tiempo a través de la cultura popular. Desde películas
como Sicario hasta
los podcasts de operadores y exmiembros de las fuerzas especiales que
aparecen en The
Joe Rogan Experience cada
pocas semanas, la cobertura de los medios de comunicación populares
ha convertido la figura del cártel en una amenaza existencial para
Estados Unidos.
"Los cárteles de la droga no existen".
La
cobertura informativa refuerza y adapta esta imagen para satisfacer
las necesidades políticas del Estado estadounidense. Haciéndose
pasar por realistas implacables, una pequeña industria de
autodenominados expertos y veteranos se entrega a fantasías de
violencia justificada contra Estados soberanos en nombre de la
defensa de la libertad. Toda esta palabrería y jactancia oculta
convenientemente la larga implicación del ejército estadounidense y
la CIA en el tráfico internacional de drogas, desde las alianzas con
los señores
de la guerra anticomunistas
del sudeste asiático durante la guerra de Vietnam hasta los
Contras inundando
el sur de Los Ángeles con crack.
La CIA y el crack.
Más
recientemente, como muestra Seth Harp en The
Fort Bragg Cartel, unidades
de operaciones especiales de élite han estado implicadas en el
tráfico de drogas y asesinatos en suelo estadounidense, un patrón
que ensombrece al mismo aparato militar ahora desplegado en el
Caribe. Muchos de estos mismos operadores pasan a trabajar por
cuenta propia para
organizaciones de tráfico de drogas como instructores y
guardaespaldas.
En
su reciente
libro Shifting
Sovereignties: A Global History of a Concept in Practice,
los historiadores Moritz Mihatsch y Michael Mulligan afirman que una
de las razones fundamentales del poder perdurable de la soberanía en
la política moderna puede “encontrarse en la concisa observación
de Pierre Englebert de que ‘la soberanía es lo más parecido a la
magia que hay en la política’”. Incluso si la soberanía es un
espejismo, escriben, “sigue influyendo en los procesos históricos
porque la gente y los políticos creen en ella”. Una vez que la
soberanía pierde legitimidad, deja de ser soberanía y se convierte
simplemente en poder.
Intentar
verificar los hechos de la narrativa de la Administración Trump no
viene al caso. Su invocación del “terrorismo” y la criminalidad
de la izquierda se ha convertido en parte de la cobertura retórica
de la incursión del ICE en las principales ciudades. La cuestión es
que el Ejecutivo, como soberano, puede definir la legitimidad del uso
de la violencia coercitiva contra una amenaza a la seguridad nacional
que emana de otros Estados, ya sea en forma de actores no estatales
como los cárteles mexicanos o el supuesto “Estado narcoterrorista”
de Venezuela. Incluso la antigua reivindicación imperialista de la
soberanía territorial sobre tierras que pertenecen a otros pueblos
ha resurgido en las amenazas improvisadas de Trump de anexionar
Groenlandia y Canadá.
En
la economía de la atención actual, ya devastada por
la enshittificación y
la IA generativa, la apariencia de éxito sustituye a la
justificación moral, al igual que la apariencia de buena forma
física sustituye a la experiencia en salud y un
Lamborghini sustituye a
la perspicacia financiera para saber qué memecoin comprar.
El análogo geopolítico es simple: el poder hace la fuerza. El poder
ahora sirve como su propia justificación. En otras palabras, la
apelación al derecho o las normas internacionales está en proceso
de desaparecer como ficción constitutiva del orden internacional. Lo
que queda es la máxima de Tucídides: “Los fuertes hacen lo que
quieren, los débiles sufren lo que deben”.
La
transformación de la soberanía
No
es la primera vez que Estados Unidos despliega sus acorazados frente
a las costas de Venezuela para dejar clara su postura. Durante
la crisis
venezolana de
1902-1903, más de una década antes de que se descubrieran las
reservas de petróleo del país, Estados Unidos envió sus acorazados
al sur del Caribe después de que el presidente de Venezuela,
Cipriano Castro, se negara a resolver una disputa sobre el asfalto a
favor de un cártel con conexiones políticas con sede en Filadelfia.
Cuando esto no funcionó, el cártel financió a un banquero
anticastrista para que iniciara una revuelta, lo que condujo a una
guerra civil que causó miles de muertos y devastó la
infraestructura de Venezuela. Alemania, Gran Bretaña e Italia
también desplegaron cañoneras en Venezuela para asaltar la costa
cuando Castro amenazó con incumplir los pagos de los préstamos que
debía a acreedores estadounidenses y europeos.
Esa
crisis anterior en Venezuela ejemplificó la
Doctrina Monroe,
que sostenía que América era la principal esfera de influencia de
Estados Unidos y que cualquier interferencia europea en la región se
consideraría un acto hostil. La extensión de la doctrina también
afirmaba que Estados Unidos tenía derecho a intervenir en los
asuntos políticos de los Estados latinoamericanos si consideraba que
sus intereses se veían amenazados. Esto se hizo explícito en lo que
se denominó el Corolario Roosevelt, que otorgaba a Estados Unidos el
derecho a “ejercer el poder policial internacional” en respuesta
a “actos ilícitos” generales, como negarse a someterse a los
intereses corporativos estadounidenses en el comercio de asfalto en
Venezuela.
Doctrina Monroe.
Esta
última crisis de Venezuela marca algo más: una transformación
regresiva de la soberanía hacia el dominio de los fuertes.
El
cabecilla más agresivo de la administración Trump, Stephen Miller,
ofreció su propia y cruda actualización de esa doctrina en
una publicación en X:
“Los enemigos terroristas extranjeros que operan en nuestro
hemisferio serán destruidos. Estas organizaciones despliegan
ejércitos, controlan territorios y viajes, se apoderan del comercio,
extorsionan violentamente el poder judicial y político, violan,
mutilan, secuestran, torturan, masacran, ejecutan y cometen
asesinatos en masa contra estadounidenses”. El secretario de Estado
“Little Marco” Rubio expresa abiertamente su deseo de terminar la
labor de la Guerra Fría acabando de una vez por todas con el desafío
de Venezuela y Cuba al imperio.
Informes
recientes indican
que las agresivas medidas de Trump contra Venezuela son el resultado
de una alianza entre Rubio, un halcón neocón
tradicional, y Miller, un supuesto defensor del America
First [Estados
Unidos primero]. Esta alianza está guiada, al menos en parte, por la
opinión de Miller de que la guerra en Venezuela servirá como
justificación legal y política para intensificar la represión
interna contra “el enemigo interno”.
La
anterior crisis de Venezuela culminó en la conferencia de paz de La
Haya de 1907, que, en palabras de Grandin, fue “uno de los primeros
pasos tentativos hacia la construcción de las instituciones
‘globalistas’ que durante el siglo siguiente ampliarían su
jurisdicción en la regulación de disputas”. Para Grandin, esta
experiencia dio lugar en parte a lo que él denomina el derecho
internacional estadounidense basado “en la igualdad soberana de
todos, no solo de aquellos que son iguales en poder”.
Esta
última crisis de Venezuela marca algo más: una transformación
regresiva de la soberanía hacia el dominio de los fuertes. No es el
primer ejemplo de esta transformación, ya que incluso en América
Latina podemos recordar, por ejemplo, cuando George H. W. Bush envió
20.000 marines a Panamá para derrocar al antiguo aliado Manuel
Noriega sin consultar al Congreso, con la premisa de que “ningún
gobernante tan malvado como Noriega merecía la protección de la
soberanía”. Cientos, si no miles, de civiles
fueron asesinados mientras
los medios de comunicación estadounidenses retransmitían el suceso
como si se tratara de un partido de fútbol americano, siendo el caso
más infame el del bombardeo incendiario de la barriada de El
Chorrillo, sin
ninguna razón táctica real.
Los observadores latinoamericanos describieron los efectos del
bombardeo como un “pequeño Hiroshima” y un “pequeño Gernika”.
Griselda de Roquebert muestra un libro con fotos de la invasión a Panamá.
El
retorno de la excepción soberana
Para
Estados Unidos, la soberanía significa ahora el derecho del soberano
–Donald J. Trump– a ejercer la fuerza, económica o militar, que
considere necesaria para perseguir lo que él dicte que es del
interés de Estados Unidos: desde sancionar
a Brasil por
atreverse a procesar a un expresidente por intentar un golpe de
Estado hasta matar a lo que probablemente sean pescadores venezolanos
para aparentar que está combatiendo el tráfico de drogas. Esto
recuerda la definición
de soberanía del
jurista Carl Schmitt, partidario del nazismo, como “la capacidad de
decidir qué es una excepción al Estado de derecho y actuar en
consecuencia”. Lo que esto representa, aparte del asesinato
extrajudicial, es una transformación del significado de la soberanía
en el mundo actual.
Hoy
en día se habla de soberanía por todas partes, desde Azerbaiyán,
que celebra dos años de “soberanía
plenamente restaurada”
tras la anexión de Karabaj (a expensas de Armenia y justificada como
medida antiterrorista), hasta los esfuerzos de promoción
de la IA (grupos
de presión) del Tony Blair Institute for Global Change en el Reino
Unido.
Un manifestante con la bandera nacional armenia se encuentra frente a las fuerzas de paz rusas que bloquean la carretera a las afueras de Stepanakert, Nagorno-Karabaj.
La
soberanía la invocan tanto los populistas de derecha para justificar
la represión estatal contra las supuestas amenazas de los migrantes
y los
líderes de izquierda del
Sur Global que la emplean como defensa contra Estados Unidos, como
por los Estados autoritarios que la utilizan como recurso retórico
para acallar las críticas por las violaciones de los Derechos
Humanos.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Incluso
ha surgido como un grito de guerra a favor de la “soberanía
digital”,
propuesta como una forma de regular las amenazas que plantean las
grandes empresas tecnológicas. En la extrema derecha, el concepto se
fusiona con la fantasía paranoica a través del movimiento
de ciudadanos
soberanos.
Los llamamientos a la soberanía popular también forman parte de los
populismos tanto de izquierda como de derecha. La idea de la
soberanía como autodeterminación aparece en la retórica y las
reivindicaciones de movimientos tan diferentes como los pueblos
indígenas de América Latina o las minorías oprimidas de Somalia.
La lucha por la soberanía digital.
Estados
no soberanos como Sudán
del Sur y Libia se
ofrecen ahora –o son ofrecidos– como oportunidades, en virtud de
su falta de soberanía, para deshacerse del excedente de población
del mundo: los gazatíes o los inmigrantes deportados de Estados
Unidos.
Las fuerzas de paz de la ONU patrullan las calles de Sudán del Sur.
Como señaló el
presidente de Brasil, Lula da Silva, tras una reciente reunión de
los BRICS: “El chantaje arancelario se ha normalizado como
herramienta para conquistar mercados e interferir en nuestros asuntos
internos. [...] La imposición de medidas extraterritoriales está
amenazando nuestras instituciones”.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
Incluso las economías
avanzadas con recursos para, en teoría, salvaguardar su soberanía
se postran de la manera más humillante ante Trump, en lugar de
asumir la responsabilidad de proteger sus intereses nacionales y
colectivos, como en el caso de los países de la UE y el Reino Unido.
Incluso el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha llegado
a simbolizar esta
postura deferente, refiriéndose (en broma) a Trump como “papá”.
El jefe de la OTAN llamó a Trump 'papá'.
La
idea de un orden internacional siempre fue una cuestión de fe; lo
que ha cambiado es que ya no tiene mucho peso. El derecho
internacional se reduce cada vez más a una colección de eslóganes
vacíos, atacados por los populistas de derecha e ignorados por los
liberales y los centristas cuando los viola Israel. Incluso las
alianzas históricas quedan sin efecto al entrar en contacto con un
Gobierno estadounidense que opera según la lógica de la extorsión,
sin siquiera una hoja de parra diplomática que cubra al emperador
desnudo.
En
una reciente rueda de prensa, Trump afirmó que
Maduro le había ofrecido “todo”. “¿Saben por qué?”,
preguntó a los periodistas. “Porque no quiere meterse con Estados
Unidos”. Es famosa la comparación del sociólogo Charles Tilly de
que el Estado es como una red de protección, pero la política de
Trump puede proporcionar un ejemplo más explícito de lo que él
jamás imaginó.
Arquitectura
del desorden
Aunque
esta transformación lleva mucho tiempo gestándose, el momento
actual revela una peligrosa verdad: estamos entrando en un desorden
global que surge de las cenizas del antiguo orden internacional
liberal. El nuevo desorden global es uno en el que las grandes
potencias apenas se molestan en mantener siquiera la apariencia de
apelar a ideales o a leyes universales. La lógica de la extorsión,
combinada con el victimismo performativo impulsado por las redes
sociales –”nos han estado jodiendo”– ahora se dirige incluso
a los Estados aliados.
Al
mismo tiempo, los actores no estatales –desde las mafias hasta las
milicias, pasando por las iglesias evangélicas y las empresas–
ejercen el poder soberano tanto en Estados no soberanos como Sudán
como en grandes franjas de países relativamente poderosos con
economías importantes, como Brasil y México. El desorden no es
producto del azar ni del colapso accidental de las instituciones,
sino que es generado por actores políticos que se benefician de él.
Independientemente
de las virtudes o los vicios de Maduro y su gobierno, la intervención
militar estadounidense y el cambio de régimen en Venezuela, si se
llevara a cabo, desatarían casi con toda seguridad los mismos
horrores que hemos visto tras otras desventuras imperiales en Oriente
Medio, desde Libia hasta Irak. Se producirá una guerra civil, el
colapso del Estado y el auge de despiadados señores de la guerra
paramilitares. Toda la región se desestabilizaría y cualquier
proceso de paz en Colombia se desmoronaría, reabriendo la puerta a
la brutal violencia paramilitar que ha asolado el país durante
décadas. Y es probable que el ejército estadounidense se viese
empantanado en el tipo de guerra sangrienta, caótica y eterna contra
la que Trump luchó en su campaña.
De
hecho, como ha señalado el
periodista Vincent Bevins, el desorden en Venezuela es el objetivo:
“Donald Trump no persigue un cambio
de régimen
en Venezuela. Persigue algo mucho peor. Para él bastaría con que el
Gobierno de Maduro fuera sustituido por un cráter humeante y que
todo el tercio norte de Sudamérica se convirtiera en una herida
abierta y espantosa, haciendo imposible el gobierno real de la región
durante una generación”. En otras palabras: busca el colapso del
régimen. Este desorden deliberado de la región contrastaría con la
disciplina de los Estados autoritarios proestadounidenses favorecidos
por Trump, como Ecuador, El Salvador y Argentina. Un ataque a
Venezuela marcaría el inicio de una campaña intensificada de
Estados Unidos contra la izquierda latinoamericana, desde México
hasta Brasil.
La
guerra contra los narcoterroristas en el extranjero serviría aún
más –de hecho, ya sirve– como justificación para aumentar la
represión interna, ya que el ICE y la Guardia Nacional ocupan y
siembran el terror en las principales ciudades, mientras que la
administración Trump intenta fabricar una amenaza terrorista de
izquierda que le permita utilizar los poderes del gobierno federal
contra la izquierda. “En este momento, Venezuela no se está
tratando como una cuestión de política exterior”, dijo
Carrie Filipetti,
que dirigió la política sobre Venezuela en el Departamento de
Estado durante la primera administración Trump. “Se está tratando
como una cuestión de seguridad nacional, y con razón”.
Captura de pantalla del video que Donald Trump publicó en Truth Social mostrando ataques militares estadounidenses en el mar Caribe.
El
exabogado del Departamento de Estado Brian Finucane, especialista en
contraterrorismo y guerras legales, declaró a The
Intercept:
“El presidente de Estados Unidos se está otorgando a sí mismo
una licencia
para matar basada
en sus propias determinaciones y designaciones. [...] Al no existir
principios limitadores articulados, el presidente podría simplemente
utilizar esta prerrogativa para matar a cualquier persona que él
etiquete como terrorista, como los antifa. Podría utilizarla en el
territorio de Estados Unidos”. En otras palabras, América Latina
está llamada a servir una vez más como escenario para el taller
del imperio.
El teniente coronel Domingo Monterrosa y varios de sus soldados del Batallón Atlacatl, entrenado y financiado por Estados Unidos, responsables de la masacre de El Mozote en 1981 en El Salvador.
Diagnosticar
con precisión el nuevo desorden global y el significado cambiante de
la soberanía es una tarea estratégica clave para la izquierda,
desde el Sur Global hasta el corazón del imperio. Solo comprendiendo
las transformaciones de la soberanía podremos formular estrategias e
identificar las fuerzas capaces de producir un orden más justo.
Estas mismas transformaciones crean oportunidades no solo para las
fuerzas de la reacción, sino también para aquellas comprometidas
con la construcción de un mundo mejor. Antes de eso, sin embargo,
existe la necesidad urgente de oponerse a la intervención de Estados
Unidos en Venezuela y evitar que las fuerzas rapaces del imperio y el
capital desaten otra ronda de destrucción y caos.
Fuente:
Ctxt
Por
John
Feffer 
