Por
Bruno
Sgarzini—¡Por qué Estados Unidos no puede invadir Venezuela? —preguntó Donald Trump a sus colaboradores en la Casa Blanca en agosto de 2017 luego de que Nicolás Maduro resistiera uno de los últimos embates de la oposición venezolana.
Dos años antes, en diciembre de 2015, la Mesa de Unidad Democrática había ganado la mayoría especial en la Asamblea Nacional que le permitía destituir a todos los ministros de Maduro, incluido el vicepresidente ejecutivo. En poco tiempo, el Tribunal Supremo de Justicia recortó las funciones del parlamento hasta que, en julio de 2017, en plenas protestas opositoras, fue votada una Asamblea Nacional Constituyente de mayoría chavista que sustituyó, en la práctica, el legislativo manejado por la oposición. El presidente estadounidense, en respuesta, había firmada una orden ejecutiva que prohibían a Venezuela y su estatal petrolera, PDVSA, emitir bonos de deuda: una sentencia de muerte para las finanzas del país.
H.R. McMaster, por entonces asesor de seguridad nacional de Trump, desaconsejó una intervención militar porque le “costaría a Washington el apoyo de los gobiernos latinoamericanos, a quienes había convencido de sancionar al presidente Nicolás Maduro por llevar a Venezuela por la senda de la dictadura”, informó la agencia AP. Trump, sin embargo, insistió con la idea a tal punto que consultó a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia en aquel momento, y otros tres mandatarios latinoamericanos. Los cuatro rechazaron la iniciativa de plano. Entre sus argumentos, Trump repetía que sería “cool invadir Venezuela porque pertenece a Estados Unidos”.
“Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo. Ahora se lo compramos al dictador y lo hacemos más rico”
En 2020, el tema volvió a la mesa cuando se reunió con Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela, después de que fallara en darle un golpe de Estado a Maduro en abril de 2019.
—¿Qué opinas si los militares de Estados Unidos se deshacen de Maduro? —preguntó Trump.
—Por supuesto, nosotros siempre daremos la bienvenida a la ayuda de Estados Unidos—respondió Guaidó.
En una reunión de febrero de 2020, ambos conversaron sobre la posibilidad de una intervención de Estados Unidos, asesinar a Maduro o entrenar a un grupo de exmilitares venezolanos para que comiencen una guerra irregular contra el gobierno venezolano, similar a la Contra nicaragüense, según las memorias de Mark Esper, secretario de Defensa de Trump. Los colaboradores de Guaidó comentaron que preparaban “algo para los próximos días” y Mauricio Claver-Carone, director para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad, sonrió como si supiera de lo que hablaban. Unos meses después, en medio de la pandemia, Jordan Goudreau, director de la contratista militar Silvercorp y guardaespaldas por un día de Trump, anunció el fracaso de una expedición de mercenarios lanzada para capturar a Nicolás Maduro con el nombre “Operación Gedeón”.
El fracaso simbolizó el final el cierre de la política de “máxima presión” de la Administración Trump, que incluyó varias órdenes ejecutivas, firmadas por Trump, enfocadas en bloquear la capacidad de financiamiento del gobierno de Venezuela, un embargo petrolero e incautación de activos por parte del Departamento del Tesoro, sanciones a las figuras que lideraban los poderes públicos venezolanos, y el pedido de una recompensa por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, entre muchas otros medidas. La estrategia buscaba que el “régimen venezolano” colapsara y un grupo de militares reconociese a Juan Guaidó como presidente de Venezuela durante un breve periodo de transición. Elliot Abrams, encargado del Departamento de Estado para Venezuela, tuvo la delicadeza de armar una hoja de ruta, llamada “Estatuto para la Transición”, que definía las acciones que debía tomar el nuevo “gobierno de transición” para que se levantaran las sanciones contra Venezuela. Transición era un eufemismo para hablar de “ocupación” y “tutelaje”.
¿Vuelve la máxima presión? Migración y petróleo
El Donald Trump que dejó aquella tarea inconclusa se lamentó en público hace un año en medio de los anuncios de flexibilización de las sanciones a Venezuela y concesión de licencias a petroleras estadounidenses como Chevron. “Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo. Ahora se lo compramos al dictador y lo hacemos más rico”, dijo en un discurso público después de unas las primeras imputaciones judiciales en su contra.
El panorama estadounidense, como las prioridades, han cambiado desde su salida: en 2020, por ejemplo, el tema venezolano fue central en la campaña en La Florida, un swing state (estado en disputa), a tal punto que nacieron los Magazolanos, en referencia a los venezolanos que apoyaban a Trump, y los republicanos calificaron de chavista a los demócratas que se les oponían en el estado. En la pasada elección, la Florida dejó de ser un estado en disputa al estar seguro en manos republicanas y el tema venezolano casi ni surgió en la campaña. La relación bilateral también dejó de estar monopolizada por el petróleo debido a la migración latinoamericana, en su mayoría proveniente de Venezuela, Ecuador, Cuba y Haití, y la decisión de gobernadores republicanos de estados fronterizos con México de enviar buses llenos de migrantes a grandes ciudades de Estados Unidos dirigidas por demócratas, que han alterado la demografía de estos distritos, según The New York Times.
Durante la Administración Biden, unos 1.800 venezolanos fueron deportados en 15 vuelos gracias a un acuerdo con el gobierno de Venezuela, según la organización Witness at the Border, que lleva registro de los vuelos de deportación del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Pero a principio de 2024, los vuelos se terminaron cuando el gobierno estadounidense detuvo la flexibilización de sanciones por la imposibilidad de candidatearse a la maestra universitaria designada por María Corina Machado, Corina Yoris. Después de las cuestionadas presidenciales, Maduro condiciona el regreso de estos vuelos a la normalización de las relaciones, el reconocimiento de su reelección y el levantamiento de las sanciones al país.
En una de sus primeras declaraciones como presidente electo, Donald Trump amenazó a Nicolás Maduro con sanciones si no acepta la deportación masiva de venezolanos. “Todos serán llevados de vuelta. Y si no lo hacen, se les va a aplicar una política económica muy dura (…). Venezuela y otros países no se portaron muy bien con nosotros durante mi administración”, dijo en una conferencia de prensa. Trump ha sostenido varias veces, sin fundamento, que la inseguridad en Venezuela ha bajado porque el gobierno de Maduro ha enviado a los criminales a suelo estadounidense. Para The New York Times: “no hay pruebas de que el gobierno venezolano esté liberando presos y expulsándolos del país de manera sistemática o selectiva. Es un escenario altamente improbable por al menos dos razones: las autoridades tienen un control relativamente débil del sistema penitenciario y, de hecho, están animando a los venezolanos a regresar al país”.
“La paz por la fuerza”, leitmotiv de la política exterior de Trump, consiste en usar la fuerza militar, financiera y comercial de Estados Unidos para disuadir a los países con el objetivo de que sigan los dictados de Washington
Las acusaciones se dan en un contexto en el que varios tanques de pensamiento cercanos a Trump, como como el Center for Renewing America y el America First Policy Institute, han propuesto convertir la “migración” en un asunto de seguridad con propuestas descabelladas como declarar a los “carteles mexicanos” una “amenaza a la seguridad nacional” por traficar drogas y personas a Estados Unidos. Luego de conversar con sus colaboradores, Trump anunció que designará a los carteles mexicanos como “organizaciones terroristas”, una figura jurídica que habilita acciones militares y sanciones a Estados y personas físicas y jurídicas, que también podría caber también para bandas venezolanas como el Tren de Aragua de Venezuela por su supuesta presencia en suelo estadounidense.
“La paz por la fuerza”, leitmotiv de la política exterior de Trump, consiste en usar la fuerza militar, financiera y comercial de Estados Unidos para disuadir a los países con el objetivo de que sigan los dictados de Washington, según la hoja de ruta escrita por el American First Policy Institute, tanque de pensamiento cercano a Donald Trump. En pocos días, el presidente electo ha amenazado con aranceles y sanciones a naciones como México si no detienen los movimientos migratorios fronterizos y también a los países europeos si no compran el petróleo y gas producido por las petroleras estadounidense. Un claro ejemplo de cómo se aplicaría el concepto de la “paz por la fuerza”.
Sobre el tema petrolero, Trump realizó importantes promesas al lobby de combustibles fósiles, liderado por Harold Hamm de Continental Resources y Tim Dunn, un petrolero texano beneficiado por el boom del fracking, para eliminar las restricciones ambientales contra los nuevos proyectos gasíferos y petroleros en áreas protegidas. También nombró a Chris Wright como Secretario de Energía, un ejecutivo de una compañía de fracking, que era la primera opción de Hamm para el cargo, con el mandato de aumentar la producción de combustibles. Uno de los objetivos estratégicos de la Estrategia de Seguridad Nacional durante la primera Administración Trump era convertir a Estados Unidos en una nación que pudiese tener un mayor control del mercado energético global .
Los despachos de crudo venezolano a Estados Unidos pasaron de 6,3 millones de barriles en el primer trimestre de 2023 a 14,6 millones en el primer trimestre de 2024, según la Agencia Internacional de Energía
En esta línea, el presidente electo se refirió a la flexibilización de las sanciones a Venezuela y las mayores compras de su petróleo por parte de Estados Unidos. "No tenemos por qué comprar energía a Venezuela cuando tenemos 50 veces más que ellos, es una locura lo que estamos haciendo. No descansaremos hasta que Estados Unidos sea más rico, más seguro y más fuerte de lo que nunca ha sido", afirmó en su primera conferencia de prensa. Los despachos de crudo venezolano a Estados Unidos pasaron de 6,3 millones de barriles en el primer trimestre de 2023 a 14,6 millones en el primer trimestre de 2024, según la Agencia Internacional de Energía. La mayoría de estas compras provienen de los yacimientos que explota Chevron gracias a una licencia otorgada por el Departamento del Tesoro. Tanto la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, como la Administración Biden han hablado de revocar este esquema de licencias para operar, que alcanza a compañías como Repsol, Reliance de la India y Maurel & Prom de Francia, como una forma de presionar a Nicolás Maduro para que abandone el poder.
Un obstáculo es el lobby de las petroleras estadounidenses que pretenden aprovechar la apertura económica en Venezuela para explotar sus reservas de crudo ligero de 30 mil millones de barriles y de crudo pesado de 270 mil millones, “que representan las mayores del mundo”, según el experto petrolero venezolano Einstein Millan Arcia. Para Chevron, por ejemplo, la suspensión de su licencia para explotar el campo Boscán sería un fracaso colosal. “La Sociedad de Ingenieros Petroleros de Estados Unidos estima que el yacimiento podría contener 25 mil millones de barriles diarios, 10 veces más de lo que el gobierno venezolano tiene registrado”, sostiene Carlos Mendoza Pottellá, antiguo asesor petrolero del Banco Central de Venezuela y discípulo de Juan Pablo Pérez Alfonzo, considerado el padre de la Organización de Países Productores de Petroleros (OPEP).
Al intenso lobby petrolero también hay que sumarle el de los acreedores de los bonos de deuda venezolana (por más de cien mil millones de dólares), que aún esperan por una renegociación para rescatar su dinero. Venezuela sigue siendo un país clave desde el que Estados Unidos puede ejercer influencia para cumplir con su objetivo de controlar los mercados energéticos.
Un halcón y un negociador para Venezuela
Para bloquear el lobby petrolero, el senador Marco Rubio, un neoconservador promotor de sanciones y acciones militares contra Cuba y Venezuela, ha apoyado leyes para institucionalizar las ordenes ejecutivas elaboradas durante la Administración Trump. Entre estas iniciativas, por ejemplo, destacan la “Ley VERDAD” (Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia a la Democracia y Desarrollo de Venezuela), “Ley VALOR” (Ley para el Avance de la Libertad, las Oportunidades y los Derechos en Venezuela) y la “Ley BOLÍVAR” (Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Ilegítimo Régimen Autoritario Venezolano). Algunos expertos consideran que estas iniciativas buscan impedir que las ordenes ejecutivas sean levantadas sin pasar por el Congreso. También sancionar a los países que ayuden a eludir el esquema de sanciones contra Venezuela.
Rubio, nombrado como secretario de Estado, también ha promovido la Maduro Act, junto con el senador Rick Scott, que pretende elevar a 100 millones la recompensa que ofrece Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro. Una manera implícita de promover misiones (mercenarias) de contratistas privados para intervenir en Venezuela, como la propuesta por la plataforma Ya Casi Venezuela presentada este año por el exdirector de Blackwatter, Erik Prince. Un retorno a la creencia de que el asunto venezolano es uno que se resuelve con el uso de la fuerza militar: ya sea para capturar o asesinar a Maduro o provocar un colapso del gobierno. En el Departamento de Estado lo acompañará Mauricio Claver-Carone, nombrado por Trump como enviado especial para América Latina, uno de los arquitectos de la estrategia de “máxima presión” de la administración como director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional.
En varias declaraciones, posteriores a las presidenciales del 28 de julio, el senador Rubio pidió que Washington volviese a imponer sanciones a Venezuela y se reconociese como primer mandatario a Edmundo González Urrutia. “Cualquier negociación es un salvavidas continuo para el narco-régimen”. Rubio tiene como piso para avanzar en la construcción de González como un nuevo Guaidó el reconocimiento como “presidente electo”, dado por Antony Blinken, su predecesor en el Departamento de Estado, para volver a la política de “máxima presión” que apoyó durante el primer mandato de Donald Trump.
La experiencia anterior, narrada por los colaboradores del magnate en varios libros, permiten intuir que la primera parte de la Administración de Trump respecto a Venezuela apostará a una política de “conmoción y pavor” que busque, de nuevo, un colapso y caída del gobierno venezolano de la forma más rápida posible: a través del retorno de sanciones, acciones militares encubiertas, la promoción de un movimiento interno contra Maduro y, quizás, un nuevo intento de magnicidio como los ya fallidos de otros años. Rubio parece ser el principal rostro de esta política guerrerista de la “paz por la fuerza” contra rivales geopolítico como Venezuela, Irán o China.
Pero también el gran interrogante es que sucederá si esta política no funciona y Trump considera como débiles a María Corina Machado y Edmundo González, quienes, en la actualidad, están en la clandestinidad y el exilio. Su percepción de “debilidad” sobre Juan Guaidó, en el pasado, fue uno de los motivos de enojo del presidente electo en su anterior mandato, según su exsecretario de Defensa, Mark Espert. Quizás ahí entre en juego Richard Grenell, nombrado como encargado para misiones especiales en países como Venezuela y Corea del Norte. Grenell es conocido por su pragmatismo y ser más proclive a un rol más negociador: que lo llevó a México, en 2020, para tratar de convencer a Maduro de que abandonara el poder.
La pregunta, en definitiva, es si la política de conmoción y pavor fracasa en Venezuela, como en el pasado, ¿Trump estará abierto a un acercamiento pragmático con Maduro parecido al que protagonizó con el líder norcoreano Kim Jong-Un?
Publicado originalmente en Diario Red.
Fuente: Bruno Sgarzini
