Convocan una huelga de consumo en grandes superficies todos los miércoles hasta el 11-N

 

 Por Yago Álvarez Barba   

      Coordinador de la sección de economía en El Salto.

El Sindicato de Inquilinas, Justicia Alimentaria y la organización de consumidores Facua hacen un llamamiento a no comprar en supermercados de grandes cadenas cada miércoles hasta la huelga general.

Entrada de un Mercadona en Madrid. Elvira Megías.

      No es el precio de la vivienda lo único que ha subido más que los salarios en los últimos años ni lo único que se ha comido el poder adquisitivo de las familias. La alimentación, en lo que las rentas bajas se gastan gran parte de sus ingresos, ha sufrido unos procesos de inflación que superan con creces a la cesta media que marca el IPC y que se suele trasladar a las nóminas.

La cesta de la compra cada vez es mucho más cara.

La cesta de la compra cuesta hoy más de un 40% más que en 2019, según datos del INE, mientras que el salario medio ha subido un 21,9% en el mismo periodo. 

Todo ello bajo la sospecha de que las grandes cadenas de supermercados no sólo siguen aumentando sus beneficios, sino que también han acrecentado sus márgenes y aprovechando la inflación para subir más los precios todavía.

Una persona entrando a hacer la compra en un supermercado de la cadena Mercadona. David F. Sabadell.

“El alquiler se come los salarios y la cesta de la compra no deja de subir, mientras unos pocos baten récords de beneficios con lo que necesitamos para vivir, un techo y un plato en la mesa”, es la conclusión a la que han llegado de forma conjunta desde la Confederación del Sindicato de Inquilinas (CSI), la ONG Justicia Alimentaria y Facua-Consumidores en Acción, que se han unido hoy para lanzar una huelga de compras. “Comer no puede ser un privilegio. La rebaja de precios tiene que salir de los beneficios de las grandes distribuidoras, no de quien produce los alimentos”, ha declarado Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria.

La idea es simple: no comprar los miércoles en los supermercados, hipermercados ni grandes cadenas de aquí al día de la huelga general. En cambio, animan a realizar esas compras en el comercio de barrio, en cooperativas o directamente a productoras. “La huelga de compras no va contra el pequeño comercio ni contra las trabajadoras de los supermercados”, explican en un comunidad conjunto las tres organizaciones e invitan a esos colectivos a sumarse a la huelga general. 

Las tres organizaciones han presentado sus reclamaciones ante esta nueva convocatoria de huelga de consumo que se encuadra en el camino hacia la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre. Todas se suman a la petición de rebajar los alquileres de un 50%, ligados a los ingresos, como pide la huelga general del 11N, y control de precios en la cesta de la compra, la energía y el transporte. Justicia Alimentaria, además, propone una cesta de alimentos básicos a precio justo, cuya rebaja salga de los beneficios de la gran distribución y no de quien produce. Facua, por su parte, pide topes a los márgenes de beneficio de las grandes cadenas y doble etiquetado, para que se sepa lo que se paga en origen. “Tenemos derecho a saber cuánto se paga en el campo y cuánto se queda la gran distribución”, ha afirmado Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción.

Además, las unión de organizaciones hace también un llamamiento a colectivos, asociaciones, sindicatos, cooperativas, comercios y otras entidades para que se sumen a la campaña como firmantes a través del formulario de adhesión disponible. Las entidades firmantes aparecerán en la lista pública de la campaña y en las redes sociales de las organizaciones convocantes antes del 11N.

“El casero y el patrón nos aprietan por los dos lados. Y en la caja del súper, también. Si dejamos de comprar a la vez, lo notan”, ha señalado Aldo Reverte, de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, que siguen con la mirada puesta en la huelga general de noviembre pero que empiezan a calentar motores, y señalar a otros actores, con esta huelga de consumo en grandes superficies durante los próximos miércoles. “El 11N, el comercio de barrio también puede bajar la persiana”, cierran en el comunicado.

Fuente: El Salto

Lo Perentorio

 

 Por Antonio Turiel   

      Físico, matemático y experto en energía. Trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC.

     De Portugal a España, de Francia a Bélgica, de Alemania a Grecia... Protestan por el coste de la vivienda, por los recortes educativos, por la congelación de las pensiones, por el disparado coste de la vida, por la creciente militarización y el gasto militar mientras se recortan partidas sociales. Un fantasma recorre Europa, como aquél al que se refería Karl Marx en 1848.

Porque el edificio social no se aguanta. Llevamos demasiado tiempo huyendo hacia adelante, acumulando contradicciones y ahondando en la insostenibilidad general de nuestro sistema, sin dar soluciones reales a nuestros problemas, sin atrevernos a plantear lo que tenemos que plantear.

Suelo comentar en las charlas que la consolidación de la socialdemocracia en Europa tras la Segunda Guerra Mundial es consecuencia de un pacto en el que los partidos de izquierda renuncian a hacer la revolución pendiente hacia el socialismo o el comunismo, en tanto que el capital se compromete a ofrecer una cara más humana, apostándose por un refuerzo del Estado del Bienestar. Eso ha permitido que, durante décadas, no haya habido un cuestionamiento abierto del capitalismo por parte de los partidos dichos "de izquierda". En el largo plazo, eso ha hecho que la frontera ideológica entre la izquierda y la derecha haya quedado un tanto diluida, hasta el punto de que, antes de la crisis de 2008, parecía que lo único importante era su posicionamiento en materia de libertades individuales y una visión más tradicionalista o más innovadora de la sociedad. La política económica era prácticamente la misma entre los partidos con posibilidades de gobierno, y las políticas sociales (donde había más diferencias de criterio) no podían en ningún caso contradecirla, por lo que, cuando llegó la crisis del 2008, hasta los gobiernos de izquierda aplicaron recortes sociales.

Pero ahora estamos en un momento histórico. La fase expansiva del capital ha llegado a su fin. El mundo se le ha quedado pequeño. Los recursos empiezan a escasear (es un sarcasmo decir esto, si se tiene en cuenta su obscena abundancia: más que escasear, su disponibilidad ya no crece sino que mengua, pero sigue siendo gigantesca). Los problemas ambientales crecen y se multiplican. Y la estructura social se tambalea. 

En su búsqueda incesante del crecimiento, el capital está extrayendo renta de los últimos nichos que le quedan. Por un lado, ha apostado con fuerza por la última locura tecnológica, la Inteligencia Artificial, hinchando una enorme burbuja que inevitablemente tendrá que reventar. Por el otro, ha acaparado un bien de primera necesidad, al que todo el mundo se ve obligado a recurrir, la vivienda, de forma parecida a como ya lo hizo hasta 2008 y que llevó a la gran crisis de aquel entonces. Pero la crisis de 2008 fue una crisis hipotecaria, es decir, de compradores. En 2026 estamos en una crisis de alquiler. Ya no es poseer: es tener un lugar donde dormir, aunque no sea tuyo. Estamos llegando a las últimas posibilidades de exprimir el mercado de la vivienda. O más bien, de exprimir a las rentas del trabajo.

Lo de Ormuz no va mal. Va fatal. A Irán se le ha acabado la paciencia, y después de que los EE.UU. le hundiera 5 petroleros en septiembre se ha quedado casi sin capacidad de exportar. Después de varios intentos y avisos de que solo permitiría pasar barcos que bordearan la costa iraní, con pago de peaje incluido, la persistencia en burlar el bloqueo por el método de pasar por el lado de la costa de Omán, apagando el AIS de los buques y contar con escolta americana ha hecho que Irán dé un puñetazo en la mesa. En los últimos días ha hundido dos superpetroleros y dos buques portacontenedores, y en seguida el petróleo Brent ha llegado casi a los 110 dólares por barril. En las últimas semanas, Irán ha reiterado su disposición a abrir el estrecho con un "plan de 7 días", pero está claro que sus términos no son aceptables para los EE.UU. Así que la cosa solo puede ir a peor.

El precio del combustible está disparado en Europa, con valores por encima de los 2€ el litro en la mayoría del continente. Y la cosa puede ir a peor: el reciente desplome de los márgenes de refino hasta valores negativos hace que algunas refinerías en Europa se planteen reducir e incluso parar la producción. Puede parecer paradójico que justo cuando los combustibles son más caros las refinerías puedan perder dinero, pero en eso influye mucho la volatilidad del precio del petróleo físico y los compromisos de suministro a plazo. El precio del petróleo físico es aquel con el que llega a la refinería, e incluye tanto el precio de la materia prima en sí (que es el que se suele dar en las noticias) como el precio del transporte y de los seguros, ambos actualmente disparados por la mayor longitud de las rutas y por los riesgos enormes de transitar alrededor del Golfo Pérsico. Hace ya meses que el precio del petróleo físico supera habitualmente los 150$, pero con la reciente subida de precio del petróleo en sí y de los seguros (no ayuda mucho que se estén hundiendo barcos), ahora mismo supera frecuentemente los 170$, comiéndose los márgenes que hace unas pocas semanas habían llegado hasta los 100$ para el diésel. Así que el incremento del precio del petróleo puede, paradójicamente, llevar a cerrar refinerías, haciendo la escasez aún mayor.

Y recordemos que no solo el petróleo está varado en Ormuz. Falta gas natural, lo que es preocupante en Europa de cara al invierno, tanto por las necesidades de calefacción como para la estabilidad de la red eléctrica (ya se habla de reducir el consumo de gas un 7%). Faltan fertilizantes, justo cuando en unas semanas debería empezar la siembra del cereal de invierno. Falta ácido sulfúrico que afecta a la extracción de todo tipo de metales y minerales. Falta y faltará de todo.

Como consecuencia de todo ello, la vida es cada vez más cara. La inflación en España llegó al 4,9% este mes de septiembre, y hasta el 3,8% en el conjunto de la Unión Europea. ¿Y qué creen que pasará en los próximos meses? Que irá a peor. E, inevitable, en lontananza (o no tan lejos, nadie lo sabe con certeza), una gran crisis económica. Por tanto, en el horizonte tenemos más recortes, mayor coste de la vida, salarios congelados o a la baja y mayor precariedad laboral. En suma, más leña para el fuego social.

La gente que ha salido a la calle no sabe de Tasas de Retorno Energético, de ritmos de declive o de la inviabilidad material de la Renovable Eléctrica Industrial.

El sector fotovoltaico pide 945 millones para rescatar al 15% del sector.

Lo que saben es que su vida es cada vez más dura, más difícil, más estrecha.

Acampada por la vívienda en la Puerta del Sol de Madrid.

Estamos inmersos en un intenso proceso de empobrecimiento, el cual además será cada vez peor, porque el capital necesita a toda costa garantizar sus tasas históricas de ganancia, pero realmente no hay manera de mantenerlas en un mundo de recursos cada vez más escasos.

La verdad incómoda que nadie quiere asumir es que es necesario y urgente superar el capitalismo. Es necesario y urgente transitar hacia otro modelo económico que no necesite el crecimiento. Y cuánto más tardemos en hacer ese cambio, más degradación social habrá. Por sintetizarlo con un término (y dado que soy de la vieja escuela y me gusta usar palabras que condensan muchos conceptos pero que ya nadie utiliza), lo denominaré el Cambio Perentorio (perentorio: que es concluyente, definitivo, urgente o que no admite prórroga ni discusión). O, simplemente, lo Perentorio.

Algunos intentan esconder lo Perentorio detrás de banderas y cubrirlo con soflamas patrióticas. Que lo importante es la unidad de la Patria, y que la Patria está en peligro. Que, en cuanto "salvemos la Patria", todo estará arreglado. Sin embargo, lo Perentorio es internacional, no distingue de patrias ni fronteras: nuestra lucha aquí es en realidad la misma lucha de los franceses y los portugueses y, aunque en nuestro snobismo no nos demos cuenta, la misma de los latinoamericanos, los africanos y los asiáticos.

Otros intentan convencernos de que lo Perentorio es la inmigración, que todos los problemas nacen de una inmigración descontrolada, que si echamos a todos los inmigrantes nos irá bien. Pero en realidad el empobrecimiento creciente nace de la imposibilidad de mantener un capitalismo siempre creciente en un planeta finito, y con o sin inmigrantes esa situación se va a mantener. De hecho, la obsesión por criminalizar y marginar a los emigrantes, que son quienes hoy en día sostienen una parte fundamental del sistema productivo español y sobre todo la natalidad, resulta muy útil a un capital que usará su inseguridad social para continuar explotándolos y pagándoles salarios de miseria. La xenofobia y el racismo está al servicio de la explotación laboral, y de ninguna manera resolverán lo Perentorio. 

Otros, desde posiciones pretendidamente progresistas, insistirán una vez más en el fracasado modelo de la Renovable Eléctrica Industrial, como si no estuviese hundiéndose, como si fuese capaz de resolver el problema de electrificar ese 70 y muchos por ciento del consumo de energía final que no es eléctrico.

Se enfrascarán en soluciones de carácter tecnológico por temor a abordar el problema de fondo, y es que lo Perentorio es social, donde se tiene que operar el cambio más profundo es en el modelo social.

Nadie quiere denunciar el capitalismo como lo que es, un modelo inviable. Nadie se atreve a proponer un abandono del capitalismo. Nadie tiene el valor de intentar cambiar el capitalismo y superarlo.

Las protestas y manifestaciones que han surgido en toda Europa nacen de la constatación de que los ciudadanos de a pié están huérfanos políticamente: nadie les representa, nadie defiende sus derechos, nadie se atreve a cuestionar a quienes los están machacando y desposeyendo. Por eso, solo pueden ir a más.

Quizá la oleada de protestas de hoy se apague con promesas reformistas tras las elecciones, por cansancio de los manifestantes o por medio de la represión más feroz. Pero lo Perentorio seguirá estando ahí. Y lo Perentorio no puede ser ignorado: necesita una respuesta, que tarde o temprano tendremos que darle.

También forma parte de lo Perentorio la situación ambiental y particularmente climática, y como, de nuevo, la única respuesta sensible al Cambio Climático es la superación del capitalismo, nadie se atreve a hacer nada efectivo sobre el tema, y algunos hasta se permiten dudar de que haya un Cambio Climático con argumentos cada vez más huecos y más estúpidos: "siempre hizo calor en verano", "siempre hubo incendios", "siempre hubo gotas frías", "siempre hubo inundaciones". Mientras esto escribo hay 850.000 personas confinadas en las provincias de Valencia y Alicante por culpa de unas precipitaciones monstruosas que en las últimas 24 horas han dejado 300 litros o más por metro cuadrado, en los puntos más extremos superando incluso los 700 litros por metro cuadrado. El Mediterráneo está más de 3 grados por encima de la media de temperatura de los años 80, y por culpa de eso solo podemos esperar que las lluvias torrenciales continúen durante las próximas semanas. Pero no sabemos si nuestras infraestructuras aguantarán eso. A todo el estrés social que supone lo Perentorio, hay que añadir una capa adicional de estrés causado por el Caos Climático.

Mañana por la mañana se ofrecerán sendas ruedas de prensa, en Barcelona y Valencia, enmarcadas en la iniciativa "Alerta el Niño". En ellas se exigirá a las administraciones locales (catalanas en el primer caso, valencianas en el segundo) que tomen medidas de preparación para lo que viene. Porque estas lluvias son solo el aperitivo de lo que va a venir el año que viene. Este Niño, de unas dimensiones nunca antes vistas, va a golpearnos con dureza inusitada, y debemos prepararnos ahora, cuando hay tiempo. Porque la emergencia no empieza cuando se desbordan los torrentes, se queman los bosques o la gente muere de golpes de calor. La emergencia empieza cuando conocemos el riesgo y decidimos no prepararnos.

Fuente: The Oil Crash

El movimiento de vivienda calienta motores para construir la huelga general del 11N

 

 Por Alejandra Mateo Fano   

      Periodista y activista que escribe sobre justicia social.

Los sindicatos de inquilinas consideran que la tarea troncal de las organizaciones reside en construir la arquitectura de la huelga barrio a barrio, a través de acciones agitativas sostenidas. Las asambleas territoriales de vivienda juegan un papel fundamental a la hora de llamar a la movilización.

Manifestación en Madrid del pasado 3 de octubre por la huelga general. Fotografía de Susana Albarrán Méndez.

     La última vez que España entró en huelga general fue hace 14 años, en noviembre de 2012. Por aquel entonces los sindicatos mayoritarios secundaron unas protestas que venían motivadas por el hartazgo ante los recortes del gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular). Su seguimiento superó el 77% y concluyó con cientos de encausados y heridos.

Este otoño caliente, sin embargo, la convocada para el próximo 11 de noviembre por los sindicatos de inquilinas de todo el Estado luce algo distinta: se trata del primer paro general por la vivienda en la historia de España.

Huelga General por el derecho a la vivienda el próximo 11 de noviembre.

La ciudadanía exige medidas ambiciosas y contundentes contra la especulación inmobiliaria, pero también salarios dignos que suban a la par que el IPC. El mes que viene, semanas antes de que comience la campaña electoral para las elecciones anticipadas del 29N, millones de personas están llamadas a detener la producción durante 24 horas.

Todo comenzó con la chispa social que desató el desahucio de Maricarmen, vecina de 87 años fallecida dos semanas después de su violento desalojo. Su caso, devenido un símbolo de la voracidad del mercado inmobiliario en las ciudades, movilizó a miles de jóvenes que rápidamente se agolparon en la Puerta del Sol para acampar de manera indefinida: era la primera vez que la crisis de la vivienda protagonizaba con tanta intensidad la conversación pública. Aunque todavía se mantienen las acampadas en territorios como Madrid, Valencia o Sevilla, el Sindicato de Inquilinas considera que la tarea troncal en adelante debe ser construir desde la base, barrio a barrio la arquitectura de la huelga. Las asambleas territoriales de vivienda juegan un papel fundamental a la hora de dinamizar acciones agitativas como piquetes informativos.

La labor no es sencilla pero las inquilinas ya se han puesto manos a la obra y cuentan con el apoyo de los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, así como CGT, CNT, Acción Social de Solidaridad Obrera y Co.Bas, tal y como anunció el pasado miércoles la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI). También ha sido convocada por los principales sindicatos independentistas como LAB, ELA, CIG y la Intersindical Alternativa de Catalunya, Confederación Intersindical, Intersindical Valenciana, además de otros sindicatos vascos como ESK, Steilas o la Unión de actores y actrices, entre otros.

“Estamos muy contentas de que los dos sindicatos con más afiliación de nuestro Estado se hayan puesto al lado de todo un movimiento que lleva dos semanas en la calle luchando por el derecho a una vivienda digna. Desde los sindicatos de inquilinas no vamos a dejar de trabajar para que haya una auténtica unidad popular de todas las trabajadoras de este país para conquistar nuestro derecho a la vivienda”, declaraba en rueda de prensa recientemente la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río.

Desde la CGT justificaban la legalidad de la convocatoria —puesta inicialmente en tela de juicio por parte de la patronal inmobiliaria y algunos sectores de la derecha y ultraderecha— en cuanto a que el parón permite trasladar el conflicto habitacional a los centros de trabajo. Con los salarios actuales, inciden, es imposible acceder a una vivienda digna. Otros ejemplos de huelgas no laborales que han sembrado camino en la época reciente fueron la última parada global por Gaza durante el genocidio sionista y la huelga de cuidados feminista en 2018 convocada por la Comisión 8M de Madrid.

El papel de los sindicatos de vivienda en la huelga

Las organizaciones de inquilinas de todo el Estado deberán a partir de ahora dinamizar acciones agitativas, asambleas, talleres formativos, piquetes y actos encaminados a movilizar a la ciudadanía en todos los municipios. Aunque los próximos pasos para organizar la huelga contemplan la creación de comités territoriales con presencia de distintos agentes sociales, numerosos colectivos ya han empezado a impartir formaciones sindicales para llamar a la participación y resolver inquietudes. “La huelga general es la única manera de garantizar que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo, gobierne quien gobierne”, infería del Río animando a la organización popular.

Y es que una de las grandes incógnitas que rodearon a la huelga desde que el presidente —ahora en funciones— Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas fue quién sería el destinatario último de los parones, contra qué partido se estaría protestando sin haber un Gobierno de facto. Lo cierto es que todas las organizaciones de vivienda apuntan a que existe un malestar generalizado tanto por la inacción del Ejecutivo central como por parte de los gobiernos autonómicos, en especial en la Comunidad de Madrid.

Ninguno de ellos, sostienen, ha sido capaz de atajar una crisis que continúa situándose como el primer problema de los españoles según el barómetro del CIS. “No vamos a poner nuestra organización en pausa durante la campaña. Nuestros derechos no pueden depender de sus cálculos electorales. La chispa de Sol sigue en los barrios. En cada asamblea, en cada vecina que se suma, en cada conflicto que afrontamos juntas, seguimos hacia la huelga general por la vivienda”, clamaba en sus redes el Sindicato de Inquilinas.

Las reclamas que sustentan el parón del 11N, como alquileres indefinidos, expropiación de inmuebles de fondos buitre, ampliación del parque de vivienda social o el fin de la compra especulativa, responden a un clamor popular que no ha cesado aún tras la aprobación de los dos decretos una vez disueltas las Cortes Generales. Tan solo el primero de ellos está actualmente en vigor, ya que el segundo —el Real Decreto-Ley 28/2026, que incluye los contratos indefinidos, es decir, la renovación automática de los mismos— todavía debe ser convalidado por la Diputación Permanente. Como parte del proceso de construcción de la huelga, el Sindicato de Inquilinas ha puesto en marcha un portal web donde se indica paso a paso cómo acceder a los derechos contemplados en el primer decreto, el Real Decreto-Ley 28/2026.

Entre algunas de estas medidas inéditas, que se han sentido como un triunfo sin precedentes del movimiento por la vivienda, se encuentran las prórrogas de alquiler extraordinarias de dos años, incluyendo el caso de tácita reconducción para contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 o la suspensión de los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad social hasta el 31 de diciembre de 2030. Un paquete del que los inquilinos pueden beneficiarse al menos hasta que un futuro gobierno decidiera derogarla (un escenario posible si el Partido Popular ganara los comicios de noviembre). Las reivindicaciones que las inquilinas mantienen en el horizonte incluyen, además de topes a los precios de los alquileres con bajadas del 50%, la recuperación de pisos turísticos y alquiler temporal, y la desarticulación de los grupos de desokupación.

Coordinación y comunicación entre organizaciones para movilizar los barrios

Las organizaciones que componen el movimiento por la vivienda coinciden en que es necesaria una coordinación y comunicación máximas entre sí para la consecución de los objetivos de la huelga. En este sentido, Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), explica que los comités de huelga todavía en composición serán compartidos por varios colectivos. Uno de los imperativos más urgentes a día de hoy es informar a la ciudadanía poco o nada politizada sobre las implicaciones de arrancar un proceso como este, que no cuenta con antecedentes en nuestro país.

“Nadie va a hacer una huelga que no entienda, ahora toca hacer un trabajo centrado en informar a la gente que pasa por la calle, en los pequeños comercios, acercarnos a las salidas de metro y otros puntos neurálgicos del centro de las ciudades pidiendo esa solidaridad y participación”, estima Villalobos. Sus demandas incluyen también cuestiones vinculadas a los derechos de quienes tienen una vivienda en propiedad: por ejemplo, problemas con el pago de las hipotecas a causa de los salarios o dificultades en la rehabilitación de las viviendas por la dejación institucional.

A su juicio, el clima social es hoy más propicio que nunca para la acción masiva de la ciudadanía, especialmente la manifestación del pasado 3 de octubre, que aglutinó a cientos de miles de personas y tuvo lugar en varias ciudades de manera simultánea. A medida que se ha ido despejando la incertidumbre inicial sobre los pormenores de una huelga que no es estrictamente laboral —aunque sí incluye demandas vinculadas a los salarios y la revalorización de las pensiones— el ánimo ha ido in crescendo. “Nunca antes habíamos tenido un mejor momento para luchar con todas las garantías posibles por resolver el problema de la vivienda con unas elecciones generales por delante que lo condicionan todo”, clama enérgico Villalobos.

Quienes también hacen énfasis en la relevancia de establecer una coordinación intersindical activa son los integrantes del Sindicato de Vivienda de Tetuán (SVT). Aunque manifiestan algunas diferencias respecto a las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas —el SVT ha expresado un mayor inconformismo con lo estipulado en el primer decreto— su objetivo es compartido: forzar medidas estructurales que pongan coto al rentismo. Para ellas, la huelga general también debería poner sobre la mesa una cuestión fundamental que llevan tiempo peleando los movimientos sociales de todo color: la derogación de la Ley Mordaza, en virtud de la cual decenas de activistas han recibido multas estratosféricas por manifestarse en puerta contra el desalojo de familias vulnerables. En julio de este mismo año, cuatro integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) vallecana tuvieron que declarar por un supuesto delito de desórdenes públicos tras haber participado pacíficamente en una protesta contra CaixaBank. Entre varios sindicatos de vivienda por todo el país acumulan miles de euros de multas.

Hoy se muestran especialmente críticos con medidas que a su parecer “no hacen más que blindar el negocio de la vivienda” como las bonificaciones fiscales a pequeños propietarios. Se refieren a la última promesa de Moncloa, que el pasado martes afirmaba que “los pequeños propietarios disfrutarán de un incentivo fiscal si alquilan su casa a precios asequibles”.

Medidas incluidas para contentar a los sectores más conservadores y que estas activistas califican como “electoralistas”. Para ellas, esta huelga debe perseguir un fin concreto: avanzar en la organización de clase desde los sindicatos de vivienda. Fabián Ferlosio, portavoz del SVT, define la acampada como un momento clave a la hora de cohesionar organizaciones y sindicatos de inquilinas “con diferentes sensibilidades y posturas políticas que hoy buscan trabajar juntas pese a sus diferencias”.

De la indignación social a la ilusión militante

En las últimas semanas, desde la primera gran manifestación por el desahucio de Maricarmen, los espacios de lucha por la vivienda han experimentado una crecida exponencial de afiliados. Ello, máxime en pleno momento de edificación de la huelga, exige la creación de nuevas estructuras ya que “hacía muchísimo tiempo que no se vivía una situación política tan activa desde las organizaciones de la clase trabajadora” subrayan. La rabia y la indignación que brotaron tras la primera derogación de ambos decretos en el Congreso fue poco a poco transformándose en ilusión militante.

Las asambleas territoriales de inquilinas se ven en este nuevo ciclo político más nutridas que en décadas, desbordadas por vecinas deseosas de impulsar un cambio verdaderamente sistémico. Las voces dubitativas sobre el calendario de movilizaciones venideras se suman a las de quienes transmiten enérgicas su voluntad de colaborar en las acciones agitativas.

El sentido común general ha virado, en estas primeras semanas de organización popular, hacia una mayor conciencia social sobre el acceso a la vivienda: “Antes los medios nos preguntaban, por ejemplo, ¿qué pasa con los propietarios que tengan tres o cuatro viviendas? Y nuestra respuesta era, estamos más cerca de ser desahuciados, de no poder emanciparnos o de no poder asumir el precio del alquiler que de tener varias viviendas”, apunta Ferlosio.

En esta misma línea, desde Derecho a Techo, organización que lidera la lucha contra la especulación en Málaga, consideran que la huelga debería servir a largo plazo para visibilizar todavía más la situación que viven de forma invisible “muchas maricármenes”. Esta provincia andaluza lidera junto a las Islas Baleares el ranking de precios del alquiler por m² debido a la presión turística. “La vivienda nos cuesta la vida y Mari Carmen lo ha dejado bastante claro. En Málaga conocemos a muchas mujeres mayores enfermas que se han visto en la calle. Si no queremos llorarlas y enterrarlas el día de mañana, tenemos que defenderlas hoy”, infiere a este medio Ana Cortes, activista en esta organización, para quien es fundamental mantener el debate sobre la vivienda en el candelero estos meses próximos.

Admite que para ella y sus convecinas organizadas los decretos del gobierno en funciones no son ni soluciones ni dignas, ni estables, mucho menos definitivas una vez transcurran los comicios del 29N. Por ello, crear redes vecinales es una labor primordial, al igual que extender la movilización a los centros de trabajo difundiendo los motivos de la huelga entre las plantillas y convocando asambleas informativas a través de los comités de empresa. Muchas activistas recomiendan hacer un buen manejo de las redes sociales y apps móviles utilizándolos como instrumentos de propaganda para llamar a la huelga y facilitar la extensión organizativa.

“Tenemos que mantener viva esa llama que estalló ese 23 de septiembre en Retiro creando alianzas en los barrios, desde los centros de trabajo hasta las asociaciones, debemos permanecer unidas pese a la dureza del proceso”, desliza. El reto residirá, asegura, en sostener el pálpito social en las próximas semanas para que la movilización no decaiga. Sobre todo ahora que la acampada malagueña acaba de concluir con el fin de continuar en las calles la batalla contra el rentismo.

“Ese despertar no podemos dejarlo dormir, si no insistimos día a día la gente girará la atención hacia otros asuntos de última hora y la emoción se enfriará”, admite. Hace hincapié en la feminización de la crisis residencial. Las mujeres migrantes con hijos han sido quienes más han acudido a las asambleas en los últimos años para defender sus hogares y los de sus familias en tiempos de dificultad. “Los desahucios tienen un rostro de mujer. Somos las que luchamos por la vida, por mantener nuestras casas y hemos puesto el cuerpo para defenderlas”, esgrime.

Fuente: El Salto