El Sindicato de Inquilinas, Justicia Alimentaria y la organización de consumidores Facua hacen un llamamiento a no comprar en supermercados de grandes cadenas cada miércoles hasta la huelga general.
No es el precio de la vivienda lo único que ha subido más que los salarios en los últimos años ni lo único que se ha comido el poder adquisitivo de las familias. La alimentación, en lo que las rentas bajas se gastan gran parte de sus ingresos, ha sufrido unos procesos de inflación que superan con creces a la cesta media que marca el IPC y que se suele trasladar a las nóminas.
La cesta de la compra cuesta hoy más de un 40% más que en 2019, según datos del INE, mientras que el salario medio ha subido un 21,9% en el mismo periodo.
Todo ello bajo la sospecha de que las grandes cadenas de supermercados no sólo siguen aumentando sus beneficios, sino que también han acrecentado sus márgenes y aprovechando la inflación para subir más los precios todavía.
“El alquiler se come los salarios y la cesta de la compra no deja de subir, mientras unos pocos baten récords de beneficios con lo que necesitamos para vivir, un techo y un plato en la mesa”, es la conclusión a la que han llegado de forma conjunta desde la Confederación del Sindicato de Inquilinas (CSI), la ONG Justicia Alimentaria y Facua-Consumidores en Acción, que se han unido hoy para lanzar una huelga de compras. “Comer no puede ser un privilegio. La rebaja de precios tiene que salir de los beneficios de las grandes distribuidoras, no de quien produce los alimentos”, ha declarado Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria.
La idea es simple: no comprar los miércoles en los supermercados, hipermercados ni grandes cadenas de aquí al día de la huelga general. En cambio, animan a realizar esas compras en el comercio de barrio, en cooperativas o directamente a productoras. “La huelga de compras no va contra el pequeño comercio ni contra las trabajadoras de los supermercados”, explican en un comunidad conjunto las tres organizaciones e invitan a esos colectivos a sumarse a la huelga general.
Las tres organizaciones han presentado sus reclamaciones ante esta nueva convocatoria de huelga de consumo que se encuadra en el camino hacia la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre. Todas se suman a la petición de rebajar los alquileres de un 50%, ligados a los ingresos, como pide la huelga general del 11N, y control de precios en la cesta de la compra, la energía y el transporte. Justicia Alimentaria, además, propone una cesta de alimentos básicos a precio justo, cuya rebaja salga de los beneficios de la gran distribución y no de quien produce. Facua, por su parte, pide topes a los márgenes de beneficio de las grandes cadenas y doble etiquetado, para que se sepa lo que se paga en origen. “Tenemos derecho a saber cuánto se paga en el campo y cuánto se queda la gran distribución”, ha afirmado Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción.
Además, las unión de organizaciones hace también un llamamiento a colectivos, asociaciones, sindicatos, cooperativas, comercios y otras entidades para que se sumen a la campaña como firmantes a través del formulario de adhesión disponible. Las entidades firmantes aparecerán en la lista pública de la campaña y en las redes sociales de las organizaciones convocantes antes del 11N.
“El casero y el patrón nos aprietan por los dos lados. Y en la caja del súper, también. Si dejamos de comprar a la vez, lo notan”, ha señalado Aldo Reverte, de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, que siguen con la mirada puesta en la huelga general de noviembre pero que empiezan a calentar motores, y señalar a otros actores, con esta huelga de consumo en grandes superficies durante los próximos miércoles. “El 11N, el comercio de barrio también puede bajar la persiana”, cierran en el comunicado.
Fuente: El Salto
