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martes, 10 de junio de 2025

Arden ‘teslas’, arden ‘waymos’: por qué incendiar coches inteligentes es ya el símbolo de una época

 

 Por Javier Salas   
      Jefe de sección de Ciencia, Tecnología y Salud y Bienestar. Cofundador de MATERIA, sección de ciencia de EL PAÍS.


Los vándalos queman robotaxis de Google en lugar de vehículos policiales mientras las grandes tecnológicas se convierten en la nueva encarnación del abuso de poder


Coches ardiendo el domingo pasado en Los Ángeles.


     Un hombre enmascarado, musculoso, desafiante, que ondea una bandera de México sobre un coche destrozado junto a otros en llamas. A Elon Musk no le gusta lo que ve en Los Ángeles. “Esto no está bien”, ha tuiteado al compartir la imagen más icónica de las protestas californianas contra las redadas trumpistas para capturar inmigrantes. La violencia no da la razón, pero da visibilidad: es el mismo debate cada vez que una protesta tiene ramificaciones violentas.




A Musk, probablemente, lo que más le molesta es la enseña mexicana, pero lo más llamativo, lo verdaderamente icónico, es el coche: un robotaxi de Waymo, una filial de Google que cuenta con una flotilla de coches sin conductor que navegan las calles con ayuda de la inteligencia artificial (IA). Los vándalos los invocaron uno a uno por la app, como quien pide una barricada móvil, y los iban alineando detrás del anterior para luego destrozarlos. Cuando quieres liarla parda y generar un buen alboroto, este tipo de vehículo es perfecto: no tiene conductor que se pueda sentir intimidado, se coloca donde se lo pidas y arde de una forma muy salvaje. “Cuando un vehículo eléctrico se quema, la física cambia. Ya no estás luchando contra un charco de gasolina en el asfalto; estás luchando contra una batería de óxido metálico de alta densidad energética”, explican en Scientific American.


Un vehículo Waymo arde en medio de una intersección durante las protestas en Los Ángeles, California, el 8 de junio de 2025.

En las protestas por la muerte de George Floyd, en 2020, se quemaron y destrozaron coches patrulla policiales. Hoy, frente a la deriva autoritaria de Donald Trump, las víctimas son los autos inteligentes. Primero fueron los Tesla de Musk, cuando el hombre más rico del mundo empezó a diezmar los recursos del Estado. Ahora queman los vehículos autónomos de Google, que tuvo que retirarlos del servicio para impedir que siguieran cayendo como fósforos. La gente se ha dado cuenta de que el nuevo símbolo del abuso de poder, del tecnoautoritarismo que Trump está desatando contra la ciudadanía, son las grandes compañías de Silicon Valley, no los policías. Y como las herramientas tecnológicas que se están desplegando para cercenar derechos fundamentales en EE UU se prueban primero y con más fuerza contra los inmigrantes, es lógico que el rechazo al capitalismo de vigilancia y sus aparatos esté muy presente en una protesta contra la política de acoso a los extranjeros.




Waymo insiste en que las protestas no están relacionadas con su servicio, pero parece claro que los robotaxis representan un cambio con el que mucha gente no está contenta”, escriben en el medio especializado The Verge. Esos coches ya han generado muchos problemas desde que se desplegaron por la ciudad hace solo 7 meses, pero hay un factor decisivo aquí: las cámaras. Las necesitan para orientarse sin conductor, pero terminan grabando su entorno circundante y almacenando las imágenes. Y se sabe que la compañía comparte esas imágenes con las autoridades, incluido el Departamento de Policía de Los Ángeles. En esta guerra, los aparatos con cámaras son colaboracionistas. Los periodistas presentes en los disturbios cuentan que se los menciona como “coches espía”. “Cuando ayer pregunté a algunos manifestantes en el terreno por qué pensaban que se incendiaban los Waymos, me dijeron que los autos ‘espían’ a la gente y podrían estar grabando imágenes de las protestas. Todavía no sabemos exactamente quién prendió fuego a los coches o por qué, pero está claro que más gente percibe los Waymos como una extensión de la infraestructura de vigilancia policial”, explica la periodista especializada Taylor Lorenz.


Un miembro del Departamento de Bomberos de Seattle inspecciona un Tesla Cybertruck en marzo de 2025.

No solo se quemaron los Waymo: también se usaron los patinetes eléctricos de Lime como arma arrojadiza contra los policías y como combustible para avivar los fuegos. Otra tecnología que ha inundado las ciudades, que también vampiriza nuestros datos y que ahora ve cómo su aparente ventaja se explota como vulnerabilidad: desplegados por todos lados, sin profesionales que los protejan, fácilmente localizables. “No hay nadie alrededor que les impida solicitar un coche de Waymo y destruirlo, ni que intervenga en la prematura desaparición del patinete de Lime. Han transformado estas tecnologías indiferentes y extractivas en instrumentos de protesta. Están utilizando el sumidero de responsabilidad como arma”, señala Brian Merchant, autor especializado en el rechazo a las grandes tecnológicas. Es como si los luditas, además de cargarse los telares, los hubieran usado para tejer camisetas con el lema “Abajo el capital”.

A comienzos de año, las víctimas fueron Musk y sus Tesla. Esos coches eran el mayor símbolo —y el más accesible— del ansia de devolverle al magnate la destrucción que estaba provocando en forma de despidos y pobreza. La respuesta de Trump —que se convirtió en vendecoches de su entonces admirado benefactor— fue considerar ese vandalismo como “terrorismo doméstico”, la mejor forma de extremar la politización de esos destrozos. Quemar un coche como el más grave acto político. El fenómeno no se quedó solo EE UU: además de hundirse sus ventas, en Italia se quemaron 17 teslas y otros 7 en Alemania. El vandalismo llegó hasta Australia y Nueva Zelanda. En esa rabia contra los coches inteligentes confluye el rechazo al autoritarismo de Trump, la protesta ludita ante una automatización irresponsable y la repulsa ante el poder desatado de los tecnobros. Todos esos magnates que se rascaron los millones del bolsillo para pagarle la fiesta de coronación a Trump están señalados. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Sundar Pichai (CEO de Alphabet, dueña de Waymo) recogen ahora el rechazo creciente de la ciudadanía.


Uno de los vehículos de Waymo que opera Uber, fotografiado este mes en Austin.

Ya había activistas antiWaymo antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. El grupo Safe Street Rebel actuaba en San Francisco contra los coches inteligentes, pero de una forma mucho más pacífica: con un cono naranja. Su ingeniosa forma de boicotearlos al colocarle encima uno de estos conos de tráfico, cegándolo de golpe y dejándolo fuera de servicio con un gesto nada violento, me representa mucho más. Pero el fuego es el fuego: el mandato de Trump comenzó con un Tesla en llamas ante una de sus propiedades, en una imagen tan icónica que muchos pensaron que era falsa, generada por inteligencia artificial. Ahora, mientras su mandato se desliza hacia algo más peligroso, la IA transformada en antorcha de litio se convierte en un símbolo del rechazo que genera todo lo que representan sus políticas. Como escribió Susan Sontag: “Las fotografías son un medio para hacer ‘reales’ (o ‘más reales’) cosas que los privilegiados preferirían ignorar”.

Fuente: El PAÍS

viernes, 7 de marzo de 2025

Detrás de Musk y Trump: la emergencia de una élite al margen de la ley

 

 Por Rubén Juste de Ancos                         Profesor de Sociología en la Universidad de Castilla-La Mancha.


El ecosistema que nació en Silicon Valley, con Bernard Madoff como líder espiritual, (Facebook, Google, Paypal, Airbnb…) conecta bien con los políticos de ultraderecha: todos rechazan la rendición de cuentas.


          “¿También tú te has propuesto perseguirme?”, decía a su amigo el protagonista de Crimen y castigo, la afamada novela de Dostoyevski, haciendo evidente el sentimiento de hostigamiento que vivía después del crimen cometido. Este pasaje recuerda al discurso de la ultraderecha a nivel global y, particularmente, al de las élites que hoy la apoyan. La manía persecutoria la exponen públicamente en forma de migrante al acecho (del delito, de nuestras propiedades, de nuestro trabajo), aunque para las élites es un Estado policial el que lleva décadas acusándolos, como expresan sus máximos representates: Milei, Trump o Ayuso.

En esa tesis se cimienta la reciente unión entre el presidente de Estados Unidos y el CEO de Tesla y ahora jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental. En su primera conversación conocida, retransmitida en X -antes Twitter- después del atentado sufrido por Trump, Musk no dejó de agitar el fantasma de la conspiración del Estado: “¿Cómo pudo ocurrir eso? ¿Cómo dejaron que ocurriera?”.


Donald Trump y Elon Musk durante una entrevista el 19 de febrero de 2025.



La manía persecutoria no es pura ideología, sino que está basada en un hecho empírico. Algunos incluso les ponen cifras: 4.095 casos judiciales. En el documental Trump: an American dream se expone la vida del hoy presidente de Estados Unidos y sus problemas judiciales a lo largo de cinco décadas como empresario en el sector inmobiliario y del entretenimiento. Problemas que comenzaron con sus primeras edificaciones en Nueva York, por evasión de impuestos, falta de permisos administrativos o incumplimiento de contratos y pagos.

En muchos de los casos le defendió el abogado que después se convertiría en alcalde de Nueva York (1994-2001), Rudy Giuliani (hoy enfrentado con Trump). Desde el Ayuntamiento, se encargó de cerrar muchas de las causas abiertas y darle vía libre a su emporio inmobiliario en la ciudad de los rascacielos. Las más numerosas de esas causas, unas 1.863, se refieren a su negocio más lucrativo, los casinos, que se remontan a la década de los ochenta con sus primeros negocios y terminan en 2016, tras su victoria en las urnas frente a Hilary Clinton.

Las sentencias destacan que los casinos de Trump no hacían lo suficiente para evitar convertirse en tapaderas de lavado de dinero y evasión de impuestos. Apostar en el casino una parte de dinero “negro” en metálico y luego hacer efectivo lo demás es una práctica habitual de lavado de dinero. Simplemente se hace caja de lo restante y se puede depositar el cheque en cualquier banco de EEUU. Esta práctica, según algunos medios y personas que conocen el entorno del presidente, sería lo que más le acerca a cualquier trama rusa, y no su contacto con esferas del Kremlin, como sugería la investigación del Senado de EEUU.

Uno de los quebraderos de cabeza para Trump ha sido el Casino Trump Taj Mahal de Atlantic City. En pleno paseo marítimo de la ciudad de New Jersey (al estilo de la serie Boardwalk Empire), este casino de reminiscencias hindúes y estilo recargado ha sido uno de los más emblemáticos del imperio Trump. Tiene 2.600 máquinas, 204 tableros de póker, 18 restaurantes, bares, piscinas y 2.248 habitaciones. En 2004 se declaró por primera vez en bancarrota y Trump cedió la mayoría de su accionariado, aunque se quedó con una participación minoritaria. Desde entonces y hasta 2014, fueron once veces las que se declaró en bancarrota, junto con el resto de sociedades del imperio Trump.


Donald Trump frente a su casino Taj Mahal de Atlantic City en 1990.


En el estado de Delaware, donde radican la mayoría de sus sociedades, la declaración de bancarrota permite eliminar obligaciones legales de pago de deudas, y evitar la confiscación de bienes para el pago de las mismas. En 2015, la unidad de investigación de delitos financieros (FinCen) determinó que desde 2003 el casino había violado cuatro requerimientos de Bank Secrecy Act, como la falta de medidas contra el lavado de dinero, que incluyen la comunicación de actividades financieras fraudulentas en su interior, la comunicación de transacciones financieras, o la existencia de un registro de clientes y actividades.

El mismo estado, conocido por la baja presión fiscal sobre empresas y la permisividad de las regulaciones, ha sido hasta fechas recientes la sede de las empresas de Musk y todavía lo es de otras de Silicon Valley como Alphabet (Google) o Meta (Facebook). Esta luna de miel entre Delaware y las compañías más ricas del país empezó a comienzos del milenio (es la sede del 70% de las 500 empresas estadounidenses con más ingresos) y duró hasta que su Corte de Justicia paralizó una megacompensación de Tesla a Elon Musk (consejero y CEO de la misma) en 2018 por valor de 56.000 millones de dólares en acciones de la empresa (que hoy valdrían 100.000 millones de dólares).


Tipo de empresas radicadas en el estado de Delaware.

Esa misma operación fue autorizada por el consejo de administración de Tesla como parte de un programa de remuneración al CEO de la empresa por determinados resultados de la compañía (superar los 650.000 millones de capitalización). En enero de 2024, meses antes de que Musk diera su apoyo a Trump, la Corte del estado de Delaware se pronunció a favor de eliminar dicha compensación alegando que fue aceptada por un consejo de administración afín y en contra de los intereses de otros accionistas, y exigió a Tesla el pago de una multa de 345 millones de dólares a la defensa legal de los demandantes.

Desde entonces, una ola de empresas amenaza con abandonar Delaware, y Musk ha sido el primero en domiciliar en Texas las de su propiedad (SpaceX, Xai o Tesla). Debido a la presión, legisladores del estado han impulsado una batería de medidas que impidan a los accionistas algunos derechos de litigación o el acceso a información de la compañía.


Elon Musk reacciona el día de su encuentro con el primer ministro indio Narendra Modi en Washington, DC.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) investigaba a las empresas de Musk por vulneración de derechos del consumidor y publicidad engañosa en sus vehículos Tesla. Además, el Departamento de Trabajo del Gobierno Federal de EEUU tiene abiertas 54 investigaciones a Tesla por siniestralidad laboral que han derivado en multas por valor de 235 millones de dólares. Sus fábricas en Fremont (California) y Austin (Texas) tienen una siniestralidad laboral muy por encima de lo habitual en la industria. El último caso investigado sucedió el 1 de agosto de 2024, cuando un electricista subcontratado en la planta de Texas murió electrocutado en sus instalaciones. Otras investigaciones se refieren a despidos fraudulentos o vulneración de derechos laborales (no está permitida la sindicación en sus empresas). Desde su posición como jefe del Departamento de Estado de Eficiencia de la Administración (DOGE en inglés), Musk ha cerrado la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y ha solicitado el acceso a información del Departamento de Trabajo. Estas medidas han llevado a sus trabajadores a protestar frente a su sede el pasado 4 de febrero, y ha puesto en pie a la mayoría de sindicatos que mantienen litigios contra Trump por vulneración de derechos de los trabajadores.


Protesta contra Elon Musk frente a la oficina de gestión de personal en Washington DC.

A pesar de las desavenencias que puede haber entre ellos, Elon Musk y otros inversores que rodean a Trump coinciden en tener una animadversión por la rendición de cuentas, sea ante la empresa o ante el Estado. O lo que es lo mismo: que la empresa rinda cuentas (fiscales, políticas o laborales; o lo que se llegó a denominar los criterios de Responsabilidad Corporativa ESG) entra en colisión con los intereses del inversor. Musk ha llevado esta política más lejos que sus adversarios, bloqueando y subordinando dentro y fuera de sus empresas a los cuerpos directivos y empleados. La diferencia frente a un inversor común radica en el concepto y naturaleza del poder sobre el que se asientan: un grupo pequeño, que dirige y condiciona el campo financiero y tecnológico global, bajo una práctica que torpedea todas las normas clásicas del mundo corporativo, asimilando empresas competidoras y dominando personalmente el conglomerado que poseen.

Esta práctica no se aleja mucho del concepto de mafia o de crimen organizado por su desafío a las leyes vigentes. Edwin Sutherland, en su famoso libro El delito de cuello blanco (1978), decía que “los hombres de negocios generalmente sienten desprecio hacia la ley. En este sentido, se asemejan a los ladrones profesionales, quienes desprecian a la ley, los policías, los fiscales y los jueces”.

Esta máxima nos remite al origen del mundo tecnológico de Silicon Valley. Si recuerdan el nombre de Bernard Madoff no será como el primer presidente de Nasdaq, el índice bursátil que reúne a las tecnológicas, sino por ser el gran estafador del siglo XX a través de un esquema Ponzi de inversión piramidal. Los beneficios prometidos a sus clientes (del 10% al 20%) se pagaban con nuevos inversores y una estrategia de inversión sobre el índice (apostar a la subida o bajada del valor del índice bursátil y no el de una empresa; que hoy se replica con los fondos indexados ETF).

Gracias al relato de una denuncia anónima, se destapó un fraude que llegó a los 50.000 millones de dólares y afectó a grandes y pequeños inversores de todo el mundo, entre ellos el Banco Santander y el BBVA.

Antes de ser borrado de todos los registros oficiales del Nasdaq, Madoff era el líder espiritual del mundo tecnológico y quien atrajo al mundo financiero al Valle de Silicio. El concepto bajo el que reunía a los inversores era el de “red social”, el mismo sobre el que se asentó Facebook: un grupo de conocidos que se vinculan entre sí por redes de afinidad y confianza.

Así empezó la burbuja de las punto com a fines de los noventa (entre otros, gracias al entorno financiero de Bernie Madoff) y así surgió la camada de empresarios de las redes sociales a partir de 2004, de la que emergen los actuales líderes tecnológicos: Zuckerberg (Facebook), Sergei Brin y Larry Page (Google), o Brian Chesky (Airbnb). Un sector asociado a los hedge funds o capital riesgo, cuya diferencia con un inversor es la apuesta sobre riesgos elevados de empresas emergentes. Es decir, sobre una expectativa de crecimiento de la inversión o caída de elevado riesgo.

De ahí que los depósitos de los inversores tengan que permanecer más tiempo de lo habitual. Este mecanismo de funcionamiento como “red pequeña” es algo propio del sector tecnológico, y nada habitual en el mundo empresarial general.

Como ejemplos de este ecosistema siempre aparecen los fundadores de Paypal (inicialmente llamada X), a los que después se denominó Paypal Mafia, formada por Elon Musk y otros ejecutivos como Reid Hoffman (inversor inicial y cofundador de Linkedin) o Peter Thiel (inversor inicial de Facebook y miembro de su consejo y fundador de Palantir, la compañía de software conocida por suministrar vigilancia controlada por IA a Estados Unidos e Israel). Thiel es un reconocido donante del Partido Republicano y Trump, y quien acercó a Musk a este último en una de las primeras citas. Ha empleado al hoy vicepresidente de EEUU, JD Vance, en una de sus compañías, y financió la carrera de este al Senado en 2022.

Otro actor a considerar en este ecosistema es Robert Mercer, presidente y fundador del fondo de capital riesgo Renaissance Technologies. Esta empresa tiene 4.940.233 acciones de Facebook de Clase A (a 20 de septiembre de 2019) por valor de 879 millones de dólares, además de ser uno de los accionistas principales (con un 6%, por detrás de Vanguard, que tiene un 8,76%) de la empresa de sistemas de seguridad Palo Alto Networks, que proporciona sistemas de protección (firewall) a las principales compañías estadounidenses. Es también socio fundador de Cambridge Analytica, junto al activista ultraconservador Steve Bannon (asesor de Donald Trump y de Mateo Salvini).

Facebook ha sido investigada en varias sedes parlamentarias de EEUU y Gran Bretaña por formar parte de un entramado de empresas que colaboró en campañas como el Brexit o la victoria de Trump en 2016, a través de un esquema de control de datos confidenciales de usuarios que se alejaba de los parámetros legales de uso para campañas electorales. El comité del Parlamento británico concluyó en 2019 que “AIQ usó los datos recabados por Aleksandr Kogan para apuntar a votantes en las elecciones estadounidenses” y que “por las evidencias recabadas, parece que hay mayor relación entre AIQ/Cambridge Analytica/SCL de la que normalmente se consideraría en una relación estrictamente contractual. AIQ trabajó en las elecciones primarias presidenciales de EEUU y para las organizaciones pro-brexit”.

Los datos evidencian que el mundo de las nuevas finanzas ha conectado bien con Silicon Valley y con nuevos actores políticos asociados a la ultraderecha. ¿Por qué? Quizá por algo que mencionaba también Sutherland, de cómo “el desprecio del hombre de negocios por la ley, al igual que el ladrón profesional, surge del hecho de que la ley obstruye su comportamiento”.


Fuente: CTXT

¿Trump atacará a Google?

 

 Por Rob Larson   
      Profesor de economía en el Tacoma Community College (EE.UU.).



En Estados Unidos, Google está a la espera de una decisión en un segundo caso antimonopolio presentado por el gobierno federal y varios estados. Si la empresa es declarada culpable, el caso pondrá a prueba la sinceridad de la retórica contra las grandes tecnológicas del gobierno de Trump.



     Google tiene los tentáculos ocupados en estos días. Mientras invierte ingentes cantidades de dinero en el desarrollo de la llamada inteligencia artificial generativa, la empresa se enfrenta a dos importantes demandas antimonopolio presentadas por el gobierno federal y varios estados. La larga demanda por el monopolio de búsqueda de Google ya dio lugar a un veredicto de culpabilidad, con sentencia prevista para el mes de agosto. El objetivo recientemente anunciado por el Departamento de Justicia de desmantelar Alphabet, que obligaría a la compañía a desprenderse de su ampliamente utilizado navegador Chrome, representa una desinversión potencialmente importante. Sin embargo, debido a las apelaciones, pasarán años antes de que se conozca el resultado final.


La decisión del juez Amit P. Mehta podría transformar a Google y ayudar a sentar un precedente para casos antimonopolio contra otras tecnológicas.


Al mismo tiempo, la tecnología publicitaria de Alphabet, la empresa matriz de Google y su verdadero tesoro, también enfrenta un juicio. Este segundo caso tiene importantes implicancias debido a los monopolios y oligopolios de la compañía en varios segmentos de los mercados publicitarios online por subasta, una industria que actualmente mueve 600 000 millones de dólares al año.

La pérdida del monopolio


Tras el histórico fallo de mediados de año que determinó que Google tiene un monopolio en el mercado de búsquedas online, el Departamento de Justicia solicitó oficialmente un desmantelamiento limitado, exigiendo que Alphabet se desprenda de Chrome, el popular navegador web de Google, base del sistema operativo de sus populares Chromebooks.


El Departamento de Justicia y un grupo de estados tenían hasta el final del miércoles para proponer soluciones en una demanda antimonopolio que ganaron en agosto.


Se trata de una gran amenaza para Google, ya que su navegador, ampliamente adoptado, desvía las búsquedas hacia su motor de búsqueda, una de las muchas tácticas de la empresa para atraer consultas online entrenando sus algoritmos y ayudando a Google a mantener su cuota de dominante de mercado. Dado que se calcula que Chrome es utilizado por dos tercios de los usuarios de Internet de todo el mundo, la pérdida de estas consultas predeterminadas y de los ingresos por publicidad y ventas asociados supondría un duro golpe para la empresa.

El Departamento de Justicia también le pidió al juez que le prohíba a Google firmar acuerdos de pago con empresas como Apple y Samsung para que su motor de búsqueda se establezca como predeterminado en teléfonos y navegadores, un recurso que los analistas consideran probable que se conceda. En un movimiento más agresivo, el gobierno está solicitando que los competidores de Google tengan acceso durante diez años al vasto océano de datos de búsqueda de la compañía. Esto representa otra carga significativa para Alphabet, ya que los datos de las respuestas de los usuarios a los resultados de búsqueda se utilizan para mejorar su algoritmo y mantener una ventaja crucial sobre los buscadores rivales.

Pero en gran parte de la cobertura del caso, pasó desapercibida la petición adicional del Departamento de Justicia en relación con Android, el aún más importante sistema operativo móvil de Alphabet, que se utiliza en la mayoría de los teléfonos móviles del mundo. El gobierno le solicitó al juez que le ofreciera a Alphabet la posibilidad de elegir entre directamente desprenderse de Android o reconfigurarlo para que ya no utilice por defecto la búsqueda de Google, un serio desafío técnico para la empresa. Android desempeña un papel mucho más importante en el mantenimiento de los usuarios en el ecosistema de aplicaciones de Google que Chrome, ya que los teléfonos Android suelen venir precargados con el conjunto completo de aplicaciones de Google. Esto significa que la solicitud de medidas correctivas del Departamento de Justicia representa una escalada significativa en el caso, acercándose a la más drástica demanda de desmantelar a Microsoft en divisiones de sistema operativo y aplicaciones, durante el caso antimonopolio que se le siguió en los años 90.


Los casos antimonopolio de Microsoft.

El fallo original está ahora en proceso de apelaciones, por lo que podría prolongarse durante años. Cualquiera que sea la medida correctiva que el juez de distrito Amit Mehta decida a mediados de este año, quedará en suspenso hasta que se agote el proceso de apelación (en este sentido, vale la pena recordar que el fallo sobre el desmantelamiento de Microsoft finalmente fue anulado en apelación).

Ad Hominem

Mientras tanto, en noviembre, un tribunal de distrito escuchó los alegatos finales en la otra gran demanda contra Google, interpuesta por el gobierno federal en relación con su tecnología publicitaria. A pesar de las encantadoras compras publicitarias de la empresa y de su antiguo y pintoresco lema «Don’t be evil» (No seas malo), Alphabet se enfrenta a una ardua batalla para convencer al mundo de que no tiene el monopolio en varios segmentos del mercado de la publicidad online. Si bien la colocación de anuncios online en general es un oligopolio (liderado por Alphabet, Amazon y Meta, la empresa matriz de Facebook), Google ejerce un control total en varios espacios y segmentos clave del mercado.

La red publicitaria de Alphabet está compuesta por un sorprendentemente denso entramado de plataformas, servicios de intermediación y mercados de subastas dominados por la propia compañía, los cuales tienden a favorecer en gran medida sus propios productos y espacios. Esto incluye anuncios en Google Search, sitios web independientes que utilizan Google para vender espacios publicitarios y YouTube.

El Departamento de Justicia y los diecisiete estados de EE.UU. que se unieron a la demanda se centran en particular en el producto Ad Manager, que le permite a los sitios web («editores») con espacio publicitario para vender ofrecérselo a empresas que deseen anunciar sus productos. Ad Manager se utiliza principalmente para vender y gestionar anuncios de publicidad gráfica o banners publicitarios, lo que, aunque está lejos de ser el segmento más grande de la publicidad online, generó 7400 millones de dólares en 2020. Además, Ad Manager le otorga a Google una significativa visibilidad sobre los hábitos de navegación web y las dificultades comerciales de los editores online, desde operadores de otras plataformas hasta medios de noticias. Se sabe que Google ya comenzó a integrar información sobre la navegación de los usuarios fuera de sus plataformas a su actividad dentro de ellas, un proyecto conocido internamente como «Project Narnia».


El caso del Departamento de Justicia alega que Google tiene un control ilegal del mercado de software utilizado para comprar y vender anuncios digitales.

La demanda del gobierno busca otro desmantelamiento parcial, obligando a Google a vender Ad Manager, un objetivo que también comparten otras demandas antimonopolio contra la operación publicitaria de la compañía que se superponen, incluidas las presentadas por la Oficina de Competencia de Canadá y la Comisión Europea. Algunas demandas también buscan forzar a la compañía a separar su gigantesco mercado publicitario, AdX, que facilita la intermediación entre editores y anunciantes.

Una parte importante del caso tiene que ver con la dependencia, un fenómeno común en los mercados basados en redes en los que cambiar de proveedor conlleva un costo. Durante muchos años, los sitios web sólo podían utilizar los populares servicios de colocación de anuncios de Google si también utilizaban el sistema de subastas de Google para pujar por los espacios. La Comisión Europea descubrió que Google le había impuesto condiciones a los editores de sitios web y blogs para impedir el uso de los servicios de otras empresas de intermediación publicitaria cuando los usuarios recurrían a las funciones de búsqueda propias de esos sitios. Esto se lograba por medio de otro producto de tecnología publicitaria de Google, Ad Sense for Search. Contratos de este tipo lograban encerrar a los editores en el sistema publicitario de Google. La sentencia luego fue confirmada por los tribunales.

Además de esta tecnología publicitaria para colocar los anuncios, el gigantesco mercado AdX de Google significa que la empresa opera la totalidad de segmentos significativos del mercado publicitario online, desde el servicio que permite a los operadores gestionar sus anuncios hasta el software que coloca los anuncios en sitios de terceros y el mercado que pone en contacto a compradores y vendedores. Y Google le cobra un suculento 20 por ciento a los editores en toda la web por utilizar sus populares herramientas.

El gobierno argumenta que todo esto convierte a Google en un monopolio en gran parte del mercado publicitario online y, a tenor de los detalles conocidos del proceso judicial, más la derrota de la empresa en el caso sobre el monopolio de búsqueda, es probable que su argumento tenga éxito. El Departamento de Justicia reforzó su argumentación con un correo electrónico interno de Alphabet (que de algún modo sobrevivió a la política de la empresa de borrar o privilegiar sistemáticamente las comunicaciones internas) en el que un empleado comparaba la posición de Google con permitir que un banco dirigiera la bolsa.

Google respondió, en primer lugar, alegando —como hizo sin éxito en el caso de las búsquedas— que su dominio del mercado se debe simplemente a la superioridad de su producto. Pero el gobierno argumentó que esto sólo refleja la naturaleza de los mercados de redes, en los que el ganador se lo lleva todo, ya que el uso de sus herramientas de búsqueda o publicidad proporciona datos valiosos que refinan los resultados de búsqueda o los procesos de tecnología publicitaria. Entonces, puede que la empresa tenga el mejor producto, pero esto podría indicar simplemente que el éxito inicial de la empresa luego generó más éxito, situándola permanentemente por delante de otras con volúmenes de negocio menores que, por tanto, no pueden desarrollar en la misma medida sus herramientas de búsqueda y publicidad.

Considerando que esa estratagema ya fracasó en su último caso, Google preparó otra línea de defensa. Como la mayoría de las empresas gigantes acusadas por el Estado de monopolio ilegal, la empresa y sus economistas a sueldo insisten en que en realidad existe una gran competencia en el sector. Siguiendo este libro de jugadas estándar, la empresa enumera en su defensa a aquellos segmentos del sector de los grandes anuncios en los que sí existe una competencia real, al menos entre un oligopolio de enormes empresas: los banners publicitarios, por ejemplo, son gestionados en gran medida por Google, pero también a menudo por Amazon y, cada vez más, por Microsoft.

Pero la mayoría de estas empresas también tienen al menos un segmento del mercado que no sólo monopolizan, sino que controlan totalmente. Amazon, Facebook e Instagram (de Meta) y YouTube (de Alphabet) tienen monopolios absolutos de operadores de anuncios en sus propias plataformas en expansión, lo que, debido a su enorme tamaño, los convierte en monopolistas en algunas áreas y en meros oligopolistas en otras. Lo que todos estos segmentos tienen en común es que están a kilómetros de distancia de los soleados cuentos de hadas competitivos de «que gane el mejor». En conjunto, estas plataformas tecnológicas controlan más de la mitad del mercado publicitario mundial, una industria anual de 1 billón de dólares.

No se espera una decisión en el caso de la tecnología publicitaria hasta dentro de varios meses, a la que eventualmente le seguirán medidas de remediación, instancia en la que la parte perdedora pondrá en marcha el proceso de apelación, que durará un año.

Antimonopolio trucado


No está claro cómo tratará la administración entrante de Trump estos casos antimonopolio heredados de la era Biden, ya que los presidentes del Partido Republicano abrazaron en las últimas décadas ideologías extremistas de libre mercado que ven a la regulación antimonopolio como una siniestra interferencia del gobierno en la economía. Pero hay que recordar que la mayoría de los casos actuales contra grandes plataformas en línea como Google, Facebook y Amazon en realidad se originaron en el primer mandato de Donald Trump.

Andrew Ferguson, designado por el nuevo presidente para dirigir la Comisión Federal de Comercio, que comparte funciones antimonopolio con el Departamento de Justicia, anticipó un enfoque de aplicación más laxo, típico de las administraciones republicanas, con la conspicua excepción de las grandes tecnológicas. Pero las declaraciones de Ferguson y del propio Trump sugieren claramente que el objetivo principal no son los monopolios publicitarios sino la supuesta discriminación contra las opiniones de derecha en Internet.

La mayoría de los socialistas sentirán poca compasión por los anunciantes a los que Google estará obligando a pagar tarifas más altas, ya que los anunciantes tienden a representar la propaganda corporativa desnuda y perjudican la experiencia online, saturando de forma odiosa las páginas web, ralentizando los tiempos de carga e interrumpiendo la navegación. Y, como otros socialistas y yo hemos argumentado, la tecnología es inevitablemente propensa al monopolio natural, donde la lógica básica del mercado favorece a una única empresa hiperdominante. Esto choca potencialmente con la ley antimonopolio estadounidense, que se basa en preservar cierto nivel de competencia en el mercado. Un enfoque al estilo de Elizabeth Warren hace algo para limitar las formas más atroces de monopolio de mercado, especialmente las que perjudican a otras grandes empresas, que pueden conseguir audiencias políticas o judiciales más fácilmente que el proletariado de la calle.

Pero, como mucho, las medidas antimonopolio suelen convertir a un monopolio de mercado en un oligopolio, como cuando la Standard Oil de Rockefeller se dividió en empresas sucesoras que se convirtieron en las grandes petroleras actuales, como Exxon, Mobil y Chevron, o la división de AT&T, cuyos descendientes son las actuales AT&T y Verizon. Puede que eso sea mejor que el monopolio, pero aún así esto nos deja lidiando con empresas absurdamente poderosas que tienen servicios esenciales en sus manicuradas manos capitalistas mientras obligan a la clase trabajadora a arreglárselas para pagar las facturas. La solución que realmente serviría al bien público, como siempre, pasa por socializar y democratizar las gigantescas plataformas que tanta influencia ejercen sobre nuestras vidas.


Fuente: JACOBIN