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sábado, 19 de septiembre de 2026

Emmet Doyle (Minnesota 15): “Trump necesita fabricar una conspiración para acabar con toda disidencia”

 

      Periodista que colabora en El Salto y otros medios.


Emmet Doyle es carpintero, músico folk y organizador sindical. El Gobierno de Trump le acusa, junto a otras 14 personas, de ser un terrorista doméstico que mantiene lazos con Antifa. Doyle, con quien hablamos desde El Salto, se encuentra a la espera de juicio, acusado de “conspiración contra el Estado” por haber formado parte de los grupos de vigilancia vecinal que protegían a los migrantes de la persecución del ICE en Minnesota


Emmet Doyle es uno de los acusados en el caso de los 15 de Minnesota.

     El pasado mes de enero, las calles de las ciudades gemelas (Minneapolis y Saint Paul) vivieron semanas de agitación después del despliegue de más de 3.000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos —comúnmente conocido como ICE—, en la operación Metro Surge, con la que el Gobierno federal buscaba detener y deportar a cientos de inmigrantes, en la que iba a ser la “mayor operación de control migratorio jamás realizada” según sus propias palabras.


Manifestación contra la agencia policial de fronteras ICE en Nueva York.

Las protestas se intensificaron tras la muerte a tiros de los activistas Alex Pretti y Renee Good, y desembocaron en una huelga general que paralizó el estado de Minnesota, algo impensable en la historia reciente de los EEUU.

Durante las protestas, la ciudadanía respondió llevando comida y artículos de primera necesidad a las personas que se escondían de las redadas y organizó grupos de vigilancia vecinal que, armados de silbatos y cámaras de móvil, rastreaban los movimientos del ICE y alertaban a los vecinos de su presencia. El Gobierno respondió por su parte presentando numerosos cargos federales por conspiración contra decenas de activistas, sindicalistas y periodistas, e incluso, según documentos judiciales que se han hecho públicos este verano, llegó a poner en marcha una operación de vigilancia e infiltración en organizaciones progresistas, sindicatos y grupos de apoyo.

La operación de infiltración, denominada Puppet Master, tendría como objetivo acabar con lo que las autoridades calificaron de “red de conspiradores que ayudaban a oportunistas violentos y agitadores”.

Es el contexto en el que se enmarca el caso contra las 15 personas –conocidas ya como Minnesota 15— acusadas por la fiscalía de conspirar contra el Gobierno federal mediante diversas acciones, que abarcan desde lanzar trozos de hielo, establecer barricadas u obstaculizar o lesionar a funcionarios federales; a pesar de que hasta ahora no se ha identificado a un solo funcionario federal herido en las protestas—.

A juicio de Doyle, los cargos forman parte de “un procesamiento selectivo como represalia contra actividades protegidas por la Primera Enmienda [aquella que protege las cinco libertades fundamentales: de religión, de expresión, a una prensa libre, de reunión y de petición al gobierno]”. En todo caso, confía en que, una vez que se presenten las pruebas en el juicio, quedará demostrada su inocencia, “tanto moral como legalmente”.

Un grupo heterodoxo

El grupo es diverso, pero las personas que lo componen no concuerdan mucho con el perfil de terroristas que la Administración Trump se ha empeñado en difundir: “Soy carpintero, y entre mis coacusados ​​hay electricistas, sanitarios, educadores, un artista, un vendedor y varias personas cuyas vidas profesionales desconozco, pero que seguramente no son mucho más emocionantes que los oficios que he mencionado. Todos residimos en las ciudades gemelas; no somos 'agitadores externos' como afirma el gobierno. La mayoría de nosotros crecimos en Minnesota o llevamos mucho tiempo viviendo aquí”.

Los aspectos comunes que sí destaca Doyle serían los de la orientación sexual o el activismo de todos ellos: “varios de nosotros formamos parte de la comunidad queer, lo cual es lógico, ya que nuestra ciudad es un refugio para este tipo de personas. De hecho, Renee Good se había mudado aquí recientemente con su esposa. Y casi todos somos organizadores laborales y sindicalistas, y muchos participamos activamente en la organización de la huelga general del invierno pasado. Somos gente trabajadora y miembros de esta comunidad”.

“No se nos procesa por lo que hicimos” continúa Doyle, “porque el gobierno necesita encontrar a alguien a quien presentar como el 'coco' —esa figura aterradora del anarquista y el antifascista— y fabricar una 'conspiración' que sirva para acabar con toda disidencia. Se nos procesa porque creemos que, cuando nuestros seres queridos y vecinos son perseguidos por el gobierno, es nuestro derecho y nuestra responsabilidad actuar en defensa de nuestra comunidad. Esa idea resulta profundamente peligrosa para un gobierno que se basa en el miedo, la división y la desconfianza para consolidar su poder sobre nosotros.

Una de las cosas más llamativas del caso es el argumento de los “lazos” de estas personas con “Antifa” que no es una organización como tal, pues no cuenta con estructura formal, ni registro de miembros, y en todo caso se trataría más bien una corriente ideológica. Pese a ello, en septiembre del año pasado, y después del asesinato del agitador ultraderechista Charlie Kirk, Trump aprovechaba el aquelarre macartista para aventar el espantajo de “una organización militarista y anarquista que aboga explícitamente por el derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos, las fuerzas del orden y nuestro sistema legal [y que] utiliza medios ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia y terrorismo a nivel nacional con el fin de lograr estos objetivos”.

Expertos en derecho constitucional y libertades civiles recuerdan que en Estados Unidos no es delito pertenecer a una ideología o movimiento social y que sólo se podrían perseguir delitos individuales específicos, no corrientes de pensamiento. Señalan igualmente, que, aunque Donald Trump hubiera firmado una orden ejecutiva el año pasado para calificar a “Antifa” como organización terrorista doméstica, este tipo de decretos carecen de un sustento estatutario firme.

“No existe fundamento jurídico para esta acusación, pero la administración Trump opera en un terreno de ficción jurídica” opina Doyle. “Hay una tira cómica estadounidense llamada Calvin & Hobbes, en la que el niño, Calvin, juega a un juego llamado Calvinball, en el que las reglas se inventan sobre la marcha. Trump, como oligarca parásito surgido de los rincones más turbios de Wall Street, está acostumbrado a salirse con la suya sin consecuencias, ya sea en sus negocios, en los contratos que ha incumplido, con las mujeres y los niños a los que ha maltratado, o en su trato hacia nuestra gente, sus leyes y su Constitución: como si fueran una víctima más cuyos límites puede transgredir para obtener lo que quiera”.

El activista menciona la orden NSPM-7 [Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7], que ordena a las fuerzas del orden en sus diferentes niveles a coordinarse para obstaculizar la actividad política de aquellos considerados antiamericanos; una categoría que puede incluir a anticapitalistas, antifascistas, feministas, personas queer y a quienes en general puedan disentir de las políticas de su administración: “el objetivo es identificar a presuntos antifascistas y exhibirlos ante los medios para demonizarlos y atemorizar al público, y luego utilizar supuestos vínculos financieros con sindicatos y organizaciones sin fines de lucro para desmantelar y criminalizar a las instituciones progresistas de nuestra sociedad civil”.

El proceso contra los ‘15 de Minnesota’ sería pues, un aviso a navegantes con el que disuadir a la contestación a pie de calle: “sí, esa es precisamente la intención, o al menos uno de los objetivos, intimidar a la gente para que no oponga resistencia. Al atacar a activistas y sindicalistas, esperan neutralizar cualquier intento de organizar otra huelga general o más acciones sindicales en el futuro. También esperan encontrar pruebas —aunque no existen— que sugieran que los sindicatos brindaron apoyo organizativo o financiero a la resistencia contra el ICE, como la de las redes de respuesta rápida. Estas fueron, de hecho, iniciativas de base autoorganizadas que no contaban con un liderazgo establecido ni con una fuente de financiación. No logran comprender por qué la gente se organizaría para defender a sus vecinos de la violencia estatal. Esto se debe a que las acciones de los cientos de miles de personas que resisten requieren empatía, valentía y un sentido de responsabilidad hacia la justicia y los derechos de los demás, algo que nuestros perseguidores no poseen ni comprenden”.

El caso de Minnesota representa el último intento del Departamento de Justicia estadounidense por criminalizar cualquier acción opositora. Antes, manifestantes de Chicago y Spokane, en el estado de Washington, se enfrentaron a cargos similares con resultados dispares; el caso de Chicago fue desestimado por mala conducta de la fiscalía, mientras que los manifestantes de Spokane, acusados de formar una barrera humana para bloquear un autobús del ICE, fueron condenados y se enfrentan una pena de seis años de prisión. Y en junio, otro grupo de activistas ha sido sentenciado a condenas de entre 30 y 100 años de cárcel después de participar en una acción de protesta frente al centro de detención de inmigrantes de Prairieland, una cárcel del ICE en Texas, en la cual se lanzaron fuegos artificiales y en la que un oficial de policía resultó herido de bala. Entre los condenados está el dibujante “Des” Sánchez-Estrada, que, pese a no participar en las protestas, fue acusado por el hecho de transportar una caja con fanzines y libros de temática antifascista.


Apoyo a las personas condenadas por cargos de terrorismo en Texas.
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“Confío plenamente en nuestras perspectivas legales. Cada vez que recibimos el material probatorio [las supuestas pruebas de la fiscalía] parece revelarse muy poca evidencia de que hayamos cometido algún delito. Como no soy abogado, no hablaré de las estrategias de defensa de nuestro equipo, pero en lo más profundo de mi ser, creo que seré un hombre libre. Sin embargo, si no fuera así, eso no supondría ninguna victoria para mi gobierno. No detendrá las protestas ni la resistencia contra ellos ni por un instante. Además, ¿realmente quieren encarcelar a un cantante de música folk y hacer que la gente quiera escuchar mis canciones aún más? ¿Realmente quieren enviar a un grupo de organizadores sindicales a ese campo de trabajos forzados en que se ha convertido el sistema penitenciario estadounidense, donde los reclusos ya se están organizando y declarando en huelga? Sería un honor organizar a la gente en las prisiones de Estados Unidos, si no tuviera tanto que hacer fuera de ellas”.

Desde el inicio del proceso, la solidaridad de la comunidad progresista de las ciudades gemelas ha sido abrumadora, como sigue explicándonos Doyle: “Desde el momento en que salí de la cárcel tras mi lectura de cargos, he recibido un nivel de apoyo y afecto que supera todo lo que jamás imaginé. En mi frigorífico siempre hay comida casera que alguien ha traído. Han surgido músicos dispuestos a ofrecer conciertos benéficos para nosotros, abogados para representarnos y terapeutas para ayudarnos a gestionar el miedo y el impacto de descubrir que estábamos bajo una vigilancia tan intensa; y así sucesivamente. Lejos de intimidar a la gente, nuestro caso ha insuflado nuevo oxígeno a las brasas del invierno pasado, reactivando la movilización. Ha recordado a la población que el ICE sigue aquí, que sigue llevándose a personas y que nos están procesando para debilitar la resistencia de cara a la próxima vez que vuelvan a ocuparnos”.

“Es evidente que el gobierno esperaba que, al tacharnos de 'oportunistas violentos' que secuestraron protestas legítimas, lograría abrir una brecha entre nosotros y los manifestantes más 'respetables'. Esta es una estrategia que también los gobiernos municipales liberales, alineados con el Partido Demócrata, han utilizado una y otra vez contra sectores antiautoritarios, trabajadores en huelgas combativas, jóvenes negros del movimiento Black Lives Matter y otros manifestantes. El objetivo es dividir el movimiento, privar a los manifestantes más radicales de la solidaridad y el apoyo de los demás, mientras se ofrece un asiento en la mesa y algunas concesiones limitadas y simbólicas a los líderes de la facción moderada”.


Emmet Doyle, de los 15 de Minnesota.

“Sin embargo”, continúa el activista, “la administración Trump no quiere ofrecer un asiento a los moderados ni hacer concesiones, siquiera de carácter simbólico. Se trata de un régimen basado en el espectáculo, incapaz de mejorar las condiciones materiales de vida general del pueblo estadounidense y que, en su lugar, se apoya en ofrecer a cierta parte de la población (especialmente blancos, hombres y cristianos) una sensación de orgullo moral y psicológico. Por eso, para ellos, las concesiones simbólicas resultan aún más peligrosas que las reales. El régimen de Trump es tan hostil hacia cualquiera que no pertenezca al bando MAGA —que, por cierto, purga a sus propios seguidores ante cualquier sospecha de deslealtad— que no puede cooptar ni comprar a la oposición y tampoco puede dividirla fácilmente para devorarla pieza a pieza”.

“Más allá de eso, creo que las experiencias vividas bajo las dos administraciones de Trump, así como durante la administración de Biden han demostrado que el retroceso democrático hacia el fascismo no puede combatirse con cortesía, bipartidismo ni espíritu de conciliación. A nuestros vecinos y a nuestra comunidad no les importa si el gobierno nos tilda de antifa, comunistas o anarquistas. Nos conocen: somos sus vecinos y compañeros de trabajo. Saben que, si este gobierno nos acusa de resistirnos a él con uñas y dientes, nos está acusando de algo noble”.

Como demuestran los casos de Chicago, Spokane, Prairieland, y ahora el de los Minnesota 15, corren tiempos oscuros para la izquierda en Estados Unidos, —especialmente para aquella más combativa—: el Gobierno da pasos acelerados hacia un autoritarismo cesarista –cuando no puramente fascista— y no parece que el trumpismo vaya a acabar con la salida del narcisista que ocupa la Casa Blanca –si no ocurre nada inesperado, este debería ser su último mandato—.

Pese a todo, y aunque Doyle es crítico con la situación actual que atraviesa el país, no pierde el optimismo: “Trump no creó lo que llamamos trumpismo. Existe una facción de nuestra clase dominante —representada por figuras como Elon Musk o Peter Thiel— que busca frenar cualquier mecanismo de rendición de cuentas democrática, por débil que sea. Y hay una base social que ve con resentimiento los derechos y la visibilidad crecientes de las personas queer, los avances de las mujeres en materia de libertad desde la segunda ola del feminismo y los derechos civiles conquistados por personas negras, mestizas e indígenas que han exigido responsabilidades por el terror infligido a sus comunidades. Estas élites corporativas se han valido de Trump y del séquito de oportunistas y advenedizos que lo rodean para consolidar una coalición reaccionaria que les permite impulsar aspectos clave de su agenda y, al mismo tiempo, facilita que otros socios de la coalición —como los partidarios de políticas bélicas imperialistas y los nacionalistas blancos agraviados— promuevan también sus propias iniciativas.

“Estados Unidos se debate entre dos legados. Por un lado, ha intentado ser una ciudad en la colina, donde la libertad renace y los oprimidos y desdichados del Viejo Mundo pueden fundar una tierra de igualdad y libertad. Por otro lado, una nación construida sobre las tumbas profanadas y los restos masacrados de pueblos a los que desposeímos y confinamos en reservas; una nación cuya inmensa riqueza algodonera jamás pudo absorber la sangre de los seres humanos esclavizados cuyo trabajo hizo posible cultivar ese algodón. Una nación edificada por una clase trabajadora inmigrante cuyos sueños de emancipación laboral fueron aplastados durante los dos grandes Pánicos Rojos y bajo un régimen de terror blanco. Somos una nación de muchas Harriet Tubman, John Brown, Little Crow, Toro Sentado, Joe Hill, Martin Luther King, Malcolm X y otros héroes; pero también de muchos Andrew Jackson, Robert E. Lee, Nathan Bedford Forrest, George Armstrong Custer, J. Edgar Hoover y Donald Trump”.

“El fascismo es un culto a la muerte; demasiado violento y opresivo para estabilizar la sociedad y gobernarla a largo plazo. Siempre fracasa, ya se le detenga en seco —como ocurrió en Cable Street—, que se le derribe tras una larga lucha —como cuando cayó el Reichstag— o que se le soporte mediante un sacrificio heroico hasta lograr derrocarlo —como sucedió en España—. En Estados Unidos, el reloj ha superado con creces el momento de Cable Street, pero aún no ha marcado la hora de obligar a toda resistencia a pasar a la clandestinidad. Las tradiciones de resistencia en esta tierra son anteriores a la existencia misma del país; un país nacido de la rebelión y de la apropiación de dicha rebelión por parte de terratenientes y comerciantes. El legado que nos dejaron los esclavos rebeldes y los cimarrones, los pueblos indígenas que defendieron sus tierras frente al colonialismo, los trabajadores en huelga que mantuvieron barricadas en nuestras ciudades, los manifestantes por los derechos civiles, el movimiento antibélico, nuestras madres feministas y nuestros mayores queer: nada de esto será fácil de desarraigar. Aquí, en el Medio Oeste, el fuego es parte natural de nuestro paisaje. Arrasa las praderas y puede devorarlo todo a su paso, dejando tallos ennegrecidos que se pudren sobre la capa superficial del suelo. Pero la pradera posee raíces profundas y semillas que se nutren de las cenizas; siempre vuelve a brotar” concluye Doyle.


Fuente: El Salto

martes, 17 de febrero de 2026

La policía migratoria de Trump sigue secuestrando niños

 

 Por Lily Seltz   
      Escritora, editora y pasante editorial de In These Times radicada en la ciudad de Nueva York.

      

La detención y encarcelamiento por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del niño de cinco años Liam Conejo Ramos en Minnesota el mes pasado desató una indignación nacional. El episodio fue solo uno entre muchos casos en los que agentes federales de inmigración han secuestrado a niños pequeños bajo la segunda administración de Donald Trump


     El 4 de febrero, la administración Trump presentó discretamente una moción para poner fin a la solicitud de asilo de uno de los innumerables residentes de Minnesota que en todo el estado están siendo blanco de agentes migratorios enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).




En este caso, el objetivo tiene apenas cinco años y es uno de los miles de niños que, con toda probabilidad, fueron sido secuestrados por adultos armados desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

La pesadilla de Liam Conejo Ramos comenzó el 20 de enero, cuando agentes de ICE lo agarraron en la entrada de su casa en Columbia Heights, Minnesota. Él y su padre, Adrian Conejo Arias, fueron trasladados en avión más de 2.000 kilómetros hasta el tristemente célebre South Texas Family Residential Center, en Dilley, Texas, donde Liam desarrolló fiebre y tos, según relató su padre. Gracias a una orden judicial que dispuso su liberación, el niño regresó a Minnesota, pero la moción presentada el 4 de febrero por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implica que quizá no pueda permanecer allí por mucho tiempo. Además de intentar poner fin al asilo de Liam, el DHS solicitó acelerar el proceso de deportación de la familia, según indicó su abogado.

Personas con conciencia de Minneapolis y de todo el país han seguido el calvario de Liam con horror y estupor, especialmente después de que se viralizara una foto en la que aparece con un gorro azul esponjoso mientras un agente federal le sujeta la mochila. Pero la disposición de la administración Trump para perseguir y aterrorizar a miles de niños y a las personas que los cuidan va mucho más allá de este caso.

De hecho, Liam ni siquiera fue el primer estudiante de su distrito escolar en ser detenido ese día: esa misma mañana, agentes enmascarados capturaron a un estudiante de secundaria de diecisiete años cuando se dirigía a sus clases en Columbia Heights. Desde comienzos de año, agentes federales han secuestrado al menos a siete estudiantes del distrito, incluida una niña de diez años y su madre. La superintendenta de Columbia Heights Public Schools, Zena Stenvik, declaró a la prensa que las tácticas de ICE han incluido perseguir autobuses escolares e irrumpir en los campus.

La misma semana en que se llevaron a Liam, agentes federales también secuestraron a dos estudiantes en el cercano distrito escolar de Hopkins y detuvieron a una niña de dos años junto con su padre, antes de trasladarlos en avión a Texas.

Los secuestros de niños no se limitan al área metropolitana de las «Ciudades Gemelas» de Minneapolis y Saint Paul. En septiembre del año pasado, en Chicago, agentes con equipo antidisturbios detuvieron a una niña de cinco años en una lavandería junto a su madre. A fines de mes, cuatro niños ciudadanos estadounidenses fueron retenidos durante varias horas en una redada indiscriminada «estilo invasión» en un edificio de apartamentos en el barrio South Shore de Chicago. Luego, a mediados de enero, Diana Crespo-González, de siete años, fue detenida junto con sus padres en Portland, Oregon, mientras buscaban tratamiento por sus persistentes hemorragias nasales. Como Liam, fue enviada a Dilley y desarrolló fiebre.


Diana Crespo-González.

Estos casos representan solo una fracción de la cantidad de secuestros de niños que ocurren a nivel nacional. En diciembre, el Marshall Project estimó que más de 3.800 niños ya habían sido detenidos por ICE durante el segundo mandato de Trump, al menos veinte de ellos bebés.

Muchos de estos niños han terminado en Dilley, donde el agua potable es escasa y los detenidos denuncian acceso limitado a atención médica. El día después de la liberación de Liam y su padre, las autoridades informaron dos casos activos de sarampión en el centro. La alumna de segundo grado Crespo-González sigue allí. Ella, junto con casi una docena de otros niños detenidos en Dilley, describió el sufrimiento de su encierro a la periodista Mica Rosenberg, de ProPublica, en un informe reciente. «Desde el momento en que llegues a este centro, lo único que vas a sentir es tristeza y, sobre todo, depresión», escribió la niña.

Mientras tanto, la administración Trump busca cobertura legal para continuar encarcelando niños en condiciones inhabitables. Desde mayo del año pasado, el gobierno litiga en los tribunales para anular el histórico Acuerdo Flores, que estableció estándares —ya frecuentemente vulnerados— para el tratamiento de menores en detención migratoria.

Los detenidos como Liam no son las únicas víctimas jóvenes de la campaña de terror del ICE. Muchos estudiantes están faltando a la escuela porque temen ser scuestrados o para trabajar mientras sus padres indocumentados permanecen escondidos en sus casas para evitar la detención y la deportación. En octubre, en el punto álgido de la «Operación Midway Blitz» en Chicago, Chalkbeat registró una marcada caída en la asistencia escolar, particularmente en zonas con alta población latina o inmigrante. Al mes de asumir, la segunda administración Trump revocó una norma vigente desde hacía quince años que impedía a ICE y al DHS operar en «lugares sensibles» como hospitales, iglesias y escuelas. Ahora, residentes de Chicago organizan «autobuses escolares a pie» y turnos de vigilancia en las esquinas durante los horarios de entrada y salida.

En Minneapolis, el mismo día en que un agente de ICE asesinó a Renée Good, las escuelas públicas cerraron después de que agentes de la Patrulla Fronteriza redujeran a personas en el suelo, esposaran a un trabajador y utilizaran gas pimienta contra manifestantes frente a la escuela secundaria Roosevelt. «Nuestras aulas son espacios sagrados, lugares de refugio y posibilidad», declaró Stacy Davis Gates, presidenta del Sindicato de Maestros de Chicago. «Este gobierno los está profanando».

En continuidad con la larga historia de la administración Trump de separar familias, también están los niños que quedan sin padres como resultado de los operativos migratorios. En septiembre, CNN identificó al menos a un centenar de ellos. Un adolescente de quince años murió de cáncer apenas dos días después de que ICE secuestrara a su madre, Arlit Maria Martinez, cuando se dirigía a trabajar. Johny Merida Aguilara, principal cuidador de su hijo de cinco años con cáncer cerebral, pasó cinco meses en un centro de detención en Pensilvania antes de abandonar su intento de permanecer en Estados Unidos cuando su esposa se quedó sin dinero para pagar alquiler, agua y calefacción. Él y su familia se trasladarán a Bolivia, interrumpiendo el tratamiento del niño en el Hospital Infantil de Philadelphia y obligando a la familia a empezar de nuevo en un país donde el acceso a atención médica de calidad puede resultar difícil.

La más reciente ofensiva migratoria de la administración Trump es un episodio más en la historia, de siglos, de violencia estatal contra niños y familias negras y latinas en este país. Por más que el presidente insista en que sus políticas apuntan a «lo peor de lo peor» —inmigrantes que «odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que representa Estados Unidos», como afirmó recientemente en una publicación en redes sociales—, esas afirmaciones se desmoronan frente a la experiencia de niños como Liam, que probablemente arrastrará cicatrices duraderas gracias al régimen de Trump.

El 6 de febrero, un juez concedió a la familia de Liam una prórroga en su caso, rechazando la moción del DHS y otorgándoles más tiempo para fortalecer su solicitud de asilo. Pero mientras la batalla judicial continúa, el niño tiene dificultades para dormir, según contó su padre a Telemundo, por el temor a que su familia vuelva a ser separada.


Fuente: Jacobin