Por
Frances
Brogan
Miles de gazatíes siguen desaparecidos. Los trabajadores humanitarios denuncian un sistema opaco y desordenado para la repatriación de personas vivas o muertas por parte de Israel
A las seis de una gélida mañana de diciembre de 2023, un camionero de Gaza abrió la tapa de un contenedor metálico de 12 metros de largo. En su interior, apilados de manera ordenada y envueltos en nailon azul brillante sujeto con bridas, encontró los restos de 80 hombres, mujeres y niños palestinos.
Funcionarios de la Administración de Coordinación y Enlace (CLA) para Gaza –la delegación local de COGAT, la unidad militar israelí que gestiona los asuntos civiles de los palestinos bajo la ocupación israelí– habían llamado a los trabajadores de la ONU esa misma mañana para pedirles que organizaran la recogida del contenedor en una terminal cercana al paso fronterizo de Karem Abu Salem (también llamado Kerem Shalom), entre la Franja de Gaza, Israel y Egipto. Ariel, una persona trabajadora de la ONU destinada en la zona (que solicitó ser citada con seudónimo y sin mencionar su género por temor a represalias por parte de Israel), envió un conductor a la terminal, quien a su vez transportó el contenedor hasta el lado gazatí del cruce fronterizo.
Aunque la CLA se había negado a dar detalles, Ariel sabía lo que había dentro. La reticencia de los funcionarios despertó sus peores sospechas; había agujeros en las paredes metálicas del contenedor del que emanaba, a 30 metros de distancia, el hedor putrefacto de cuerpos en descomposición. Pero Ariel no quería verlo con sus propios ojos; tenía que supervisar entregas urgentes de ayuda humanitaria, y ocuparse de cadáveres no formaba parte de sus funciones. Fue un alivio cuando el personal del Ministerio de Sanidad de Gaza vino a recoger el contenedor a la mañana siguiente. Como los cadáveres llegaron sin identificar y en diversos estados de descomposición –y dado que Israel ha bloqueado continuamente la entrada en Gaza de herramientas de identificación forense, incluidos los kits de pruebas de ADN–, resultó imposible contactar con las familias de los fallecidos.
Ariel y sus compañeros habían ayudado previamente a repatriar a decenas de detenidos palestinos procedentes de prisiones israelíes y campos de detención militares a través de Karem Abu Salem. No estaban seguros de si los cadáveres de este contenedor pertenecían a detenidos que habían fallecido bajo custodia israelí o a personas que habían sido asesinadas en Gaza y posteriormente trasladadas a Israel. Se desconocen los nombres de los fallecidos y las circunstancias de su muerte.
No se trata de un caso aislado. Entrevistas con más de 15 trabajadores humanitarios, la mayoría de los cuales hablaron bajo la condición de mantenerse en el anonimato por temor a ser objetivo de los ataques de Israel, revelan un sistema en el que el retorno por parte de Israel de gazatíes, tanto muertos como vivos, durante los primeros meses del genocidio se llevó a cabo con poca antelación, sin transparencia y prácticamente sin un registro fiable.
Los testimonios de Ariel y otros trabajadores humanitarios arrojan nueva luz sobre por qué la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) han tenido dificultades para dar cuenta del paradero de los miles de palestinos detenidos por Israel desde el inicio del genocidio en octubre de 2023, incluidos aquellos que podrían haber fallecido bajo custodia. Estos relatos también plantean dudas sobre la exactitud de los datos publicados, lo que sugiere que el destino de los desaparecidos –tanto vivos como muertos– podría no conocerse jamás.
Cientos de cadáveres no identificados
Después de que Israel lanzara su invasión terrestre de Gaza, a finales de octubre de 2023, el ejército detuvo a miles de palestinos y los trasladó a centros de detención militares dentro de Israel, incluida la tristemente célebre base de Sde Teiman. Allí, los detenidos permanecieron recluidos sin cargos y totalmente aislados del mundo exterior, privados de comida, torturados y sometidos a violencia sexual.
Los centros de detención militares están concebidos para servir como lugares de retención temporal antes de que los detenidos sean trasladados al sistema penitenciario israelí y registrados formalmente. Sin embargo, muchos palestinos, a los que testigos vieron por última vez bajo custodia militar, nunca aparecieron en los registros oficiales penitenciarios o militares, según la organización israelí de derechos humanos HaMoked, lo que frustra cualquier esfuerzo por localizar su paradero.
“Si bien todas las violaciones de derechos humanos imaginables se denuncian de forma insuficiente, esto es aún más evidente en el caso de las desapariciones forzadas”, afirma Grażyna Baranowska, miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Según la ONU, ninguna guerra ni situación de emergencia puede justificar la desaparición forzada de personas; cuando se practica de forma generalizada o sistemática, puede constituir un crimen contra la humanidad.
En mayo de 2024, el personal de la ONU en Karem Abu Salem había facilitado el regreso de más de 1.500 detenidos palestinos con vida a Gaza y había recibido un total de 227 cadáveres no identificados en tres entregas distintas: 80 en diciembre de 2023, 100 en enero de 2024 y 47 en marzo de 2024. Según Zaher Al-Wahidi, un responsable sanitario de Gaza, el Ministerio de Sanidad trasladó los cadáveres que recibió al hospital Mohammed Yousef El-Najar, en la cercana ciudad de Rafah. Los fallecidos fueron finalmente enterrados en una fosa común en la ciudad, sin ningún tipo de placa que conmemorara la pérdida.
El seguimiento sistemático de la ONU finalizó en marzo de 2024, cuando la incursión de Israel en Rafah restringió drásticamente el acceso humanitario al paso fronterizo (Israel devolvió otros 100 cadáveres en agosto de 2024 y 88 en septiembre, que el Ministerio de Sanidad transportó al Complejo Médico Nasser, en Jan Yunis, antes de que fueran enterrados en el Cementerio Austriaco). Sin embargo, incluso antes de eso, la labor de seguimiento era fragmentada y puntual, ya que recaía en los trabajadores humanitarios, cuyas responsabilidades formales no incluían la recepción de detenidos o fallecidos, y la notificación por parte de Israel de las devoluciones inminentes era mínima o inexistente.
La cifra total de 415 cadáveres depositados en Karem Abu Salem entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 coincide con las estimaciones de los trabajadores humanitarios que participaron en los traslados. Muchos de los cadáveres estaban en estado de descomposición, les faltaban extremidades o presentaban mutilaciones; algunos estaban decapitados o habían sido desollados. Los envíos también contenían partes de cuerpos desmembrados, lo que hizo imposible determinar el número exacto de cadáveres devueltos. Desde entonces, ninguno de los cadáveres ha sido identificado.
“La ocupación israelí se negó a facilitarnos cualquier información que indicara sus identidades o circunstancias”, lamenta Zaher Al-Wahidi. No identificar a los fallecidos, no tratar los restos humanos con dignidad y no proteger a las personas detenidas constituyen violaciones del Derecho Internacional Humanitario.
La última entrega clandestina conocida de palestinos fallecidos, por parte de Israel, se produjo en septiembre de 2024. El ejército devolvió cientos de cadáveres palestinos más como parte del acuerdo de alto el fuego del pasado mes de octubre, y ha seguido liberando pequeños grupos de detenidos con vida a través de Karem Abu Salem y Kissufim, principalmente en coordinación con el CICR.
Hoy, tras casi tres años de genocidio, alrededor de 8.000 habitantes de Gaza siguen desaparecidos, según el Centro Palestino para Personas Desaparecidas y Desaparecidas Forzosamente. Pero esas cifras se basan principalmente en las denuncias de los familiares. La cifra real es casi con toda seguridad mayor, ya que en Gaza han sido asesinadas familias enteras, sin dejar a nadie que denuncie su desaparición.
De las 5.400 solicitudes de localización presentadas por familias gazatíes a través de HaMoked, más de 1.800 residentes siguen sin aparecer, sin que el ejército israelí haya dado indicación alguna de que hayan sido arrestados o detenidos.
Tal Steiner, director ejecutivo de HaMoked, cree que es probable que la mayoría de los que siguen desaparecidos hayan fallecido, aunque aún no está claro si murieron en centros de detención improvisados dentro de Gaza, bajo custodia del ejército israelí, en zonas de combate, como consecuencia de haber sido utilizados por el ejército israelí como escudos humanos, o si siguen sepultados bajo los escombros de los ataques aéreos israelíes. Es posible que algunos de ellos se encontraran entre los cadáveres no identificados que posteriormente fueron devueltos a Gaza.
La incertidumbre se ve agravada por el largo y documentado historial de Israel de retener los cadáveres de palestinos. En enero de 2026, el Estado mantenía en su poder los restos mortales de al menos 776 palestinos desde 1967, incluidas 88 personas que fallecieron bajo la custodia del Servicio Penitenciario de Israel (IPS) o del ejército después del 7 de octubre.
“Todo es espontáneo, y eso forma parte de su plan”
El carácter aleatorio de la devolución de detenidos y cadáveres ayuda a explicar por qué no existe un recuento fiable. Aunque el CICR tiene un mandato exclusivo, en virtud del Derecho internacional humanitario, para facilitar la liberación de prisioneros y la repatriación de restos mortales, los tres primeros envíos de cadáveres no identificados fueron recibidos en su totalidad por personal de la ONU. Según Ariel, los responsables de la CLA inicialmente solo notificaron a los trabajadores de la ONU –y no al CICR– tanto la liberación de detenidos como la llegada de contenedores con cadáveres, lo que obligó al personal humanitario a improvisar una respuesta y a solicitar la ayuda del CICR a posteriori.
La ofensiva israelí de mayo de 2024 en Rafah destruyó el almacén destinado a la recepción de detenidos y limitó de forma permanente las operaciones humanitarias de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en la zona. En última instancia, la gestión del retorno de los detenidos recayó en el CICR. Sin embargo, los trabajadores humanitarios e investigadores de otras agencias entrevistados para esta investigación se mostraron escépticos sobre si el CICR llegó a tener alguna vez la capacidad o el acceso suficientes para asumir la tarea de documentar con precisión las liberaciones y prestar un apoyo adecuado a los detenidos.
Según varios trabajadores humanitarios familiarizados con el proceso, el personal del CICR solía llegar a los almacenes de recepción, situados en el lado gazatí del paso fronterizo, cuando los detenidos ya habían recibido asistencia de los trabajadores de la ONU, o con personal insuficiente para entrevistar adecuadamente a los repatriados. En algunas ocasiones, el personal no acudió a la hora acordada, alegando falta de personal y de recursos.
“¿Dónde estaba el CICR en todo esto?”, se pregunta un antiguo alto cargo de la UNRWA que pidió permanecer en el anonimato. “[Estaban] ausentes. ¿Por qué no vinieron?”.
Al no intervenir nadie más, fue el personal de la UNRWA quien, durante los primeros meses de la guerra, asumió la responsabilidad de recibir a los detenidos que regresaban y los cadáveres. Describen ese proceso como totalmente improvisado.
Antes de que se reanudara la ayuda humanitaria a través de Karem Abu Salem el 17 de diciembre de 2023, Israel liberaba a los detenidos en el paso fronterizo sin previo aviso, y los trabajadores de la ONU a menudo solo se enteraban de su llegada después de que hubieran cruzado de vuelta a Gaza.
La ONU no comenzó a registrar sistemáticamente el regreso de los detenidos hasta ese mes, después de que Ariel se encontrara con la llegada inesperada de 70 detenidos traumatizados y maltratados. “Estaban histéricos”, dijo Ariel. “No se les podía consolar. No sabían dónde estaban ni qué estaban haciendo”.
Entre este grupo de detenidos se encontraban un hombre de 85 años que había sido torturado, un hombre ciego al que habían privado de alimentos y un hombre con las piernas destrozadas sujetas con clavos.
Conmocionado por lo que vio, Ariel presionó a la CLA para que avisara con antelación de futuras liberaciones. Aunque esto quedaba muy fuera del ámbito de sus responsabilidades oficiales, Ariel y otros trabajadores humanitarios convirtieron un almacén en un centro de acogida improvisado y se apresuraron a conseguir comida, mantas, cepillos de dientes y cualquier otra cosa que pudieran obtener para facilitar la transición de los detenidos.
Pero, aunque Ariel y sus compañeros movilizaron recursos para apoyar a los detenidos, el sistema de repatriación siguió siendo irregular debido a la negativa de Israel a cumplir con su obligación de proporcionar información suficiente. Cuando, en algún caso, se notificaban los retornos, la CLA solía informar al personal de la ONU a altas horas de la noche de que los detenidos llegarían a las seis de la mañana del día siguiente, a menudo facilitando cifras inexactas del número de personas. En ocasiones, las liberaciones programadas se cancelaban sin explicación alguna.
“Todo es espontáneo, y eso forma parte del plan”, afirmó Ariel, expresando su convicción de que el caos administrativo estaba calculado para impedir que los trabajadores humanitarios atendieran de forma integral a los detenidos que regresaban.
En ocasiones, se permitía a los trabajadores humanitarios llevar autobuses hasta el paso fronterizo. Pero en otras, la CLA obligaba a los detenidos –todos los cuales mostraban signos de desnutrición, maltrato y negligencia médica– a cruzar descalzos el corredor de tres kilómetros que separa los lados israelí y palestino de Karem Abu Salem.
Durante una de las liberaciones, la CLA impidió a los trabajadores humanitarios llevar una silla de ruedas para transportar a un niño de 12 años al que le habían disparado en las piernas mientras buscaba comida para su familia. En ocasiones, los soldados israelíes que custodiaban el paso fronterizo disparaban al suelo para incitar a los detenidos a correr, según varios trabajadores humanitarios que lo observaron de primera mano.
“¿Es mi hermano? ¿Es mi padre?”
Como consecuencia del caótico proceso de retorno, el registro ha sido incompleto desde el principio.
Los trabajadores de la ONU destinados en el lado de Gaza del paso fronterizo de Karem Abu Salem ayudaron a facilitar las liberaciones de detenidos durante los primeros seis meses de la guerra; el último recuento exhaustivo de la UNRWA se remonta a abril de 2024, poco antes de que perdiera el acceso fiable al paso fronterizo y a la zona circundante. La frecuencia de las liberaciones varió considerablemente, oscilando entre dos veces por semana y una vez cada tres semanas, según varios empleados de la UNRWA. Los grupos oscilaban entre cinco y 100 detenidos y, en ocasiones, incluían a mujeres, personas mayores y niños de tan solo 12 años.
Incluso después de que se hubiera establecido un sistema ad hoc, los trabajadores humanitarios contaron que algunas liberaciones se produjeron al margen del mismo, por lo que habrían quedado sin registrar. El personal humanitario informó de que había visto a detenidos no registrados regresando a pie desde el paso fronterizo de Erez –que estuvo cerrado a los trabajadores humanitarios durante toda la guerra– y desde el paso fronterizo de la Puerta 96, que la invasión de Rafah hizo inaccesible. “Tiene que haber una diferencia sustancial entre el número de personas que se registraron y las que recibieron asistencia”, afirma un miembro del personal de la ONU que prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias profesionales.
La falta de transparencia sobre las liberaciones es imposible de separar de la ocultación por parte de Israel de información mucho más básica sobre quiénes habían sido detenidos en primer lugar, dónde se encontraban recluidos y cuántos habían fallecido bajo custodia. Según Naji Abbas, director del departamento de presos y detenidos de Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHRI), el ejército israelí tardó siete meses solo en responder a la solicitud de la organización sobre el número de detenidos que habían fallecido en centros de detención militares.
Hasta la fecha, se ha confirmado que 104 palestinos, incluidos 70 de Gaza, han fallecido bajo custodia del IPS y del ejército, según Abbas. Pero PHRI cree que la cifra real es mucho mayor, en parte porque el ejército se negó a facilitar información sobre los detenidos bajo su custodia durante los primeros nueve meses de la guerra. En ese periodo, según declaró Abbas a +972, Israel llevó a cabo “una política sistemática de asesinato de palestinos [bajo custodia israelí]”.
“Tanto el sistema de registro de detenidos como el de difusión de información son muy, muy desorganizados y defectuosos”, afirmó Avshalom Matalon, investigador de desapariciones forzadas de palestinos para HaMoked. Matalon añadió que el proceso debería haber sido supervisado por el CICR, pero Israel prohibió a la organización visitar a los detenidos palestinos en las prisiones israelíes y ocultó información sobre su paradero durante toda la guerra, lo que impidió el funcionamiento de uno de los únicos mecanismos de rendición de cuentas.
Fuente: Ctxt
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