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viernes, 4 de septiembre de 2026

La ultraderecha alemana prepara su laboratorio sajón

 

 Por Àngel Ferrero   
      Periodista. En Moscú después de tres años informando desde Berlín para varios medios.


El estado federado de Sajonia-Anhalt celebra unas elecciones en las que Alternativa para Alemania (AfD) lidera desde hace meses las encuestas de intención de voto


Ulrich Siegmund, político alemán miembro del Parlamento Regional de Sajonia-Anhalt desde 2016. Colíder del grupo estatal del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) desde 2022.


     Cuenta atrás en Alemania para evitar un terremoto político. El próximo 6 de septiembre el estado federado de Sajonia-Anhalt celebra unas elecciones que han centrado toda la atención de los medios de comunicación alemanes, pero también europeos.

Alternativa para Alemania (AfD) lidera desde hace meses las encuestas de intención de voto, con un porcentaje de entre el 41 y el 42%. La Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz está a casi veinte puntos de diferencia, con un 22%, seguida por La Izquierda, con entre un 12% y un 13%, y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), con un 7%. El resto de formaciones dependen de uno o dos puntos porcentuales para poder superar el umbral del 5% y entrar en la cámara regional. Ése es el caso de Los Verdes, los liberales del FDP y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW).

Con una ventaja sólida desde hace meses en los sondeos, AfD se ve ya como ganadora. La ultraderecha también lidera las encuestas a nivel federal con entre un 27% y un 28% —entre siete y ocho puntos por delante de la CDU—, por lo que Sajonia-Anhalt podría presentarse como la primera victoria del partido en un Land y, al mismo tiempo, y si nada impide su llegada al gobierno, el laboratorio político de lo que podría ser una Alemania gobernada, o cogobernada, por ellos.

A mediados de julio el candidato local de la formación ultra, Ulrich Siegmund, presentó su “programa de 100 días”, un plan de diez puntos con algunas de las medidas que asegura que pondrá en obra si llega al gobierno. Entre sus promesas figura eliminar las subvenciones a la radiotelevisión pública y a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a lo que denominan despectivamente “la industria de la integración y el asilo” y “la industria de la salvación climática”, así como el apoyo a los programas públicos de lucha contra el racismo o la LGTBIfobia en el sistema educativo y las partidas públicas destinadas a las fundaciones de los partidos políticos.

La inmigración ocupa como es esperable un lugar destacado, y AfD ha prometido expulsar a los inmigrantes irregulares e incluir a los solicitantes de asilo en programas de trabajo. En el capítulo educativo, prevé crear aulas especiales para los hijos de los exiliados —“para reforzar el mensaje de que su estancia en Alemania es solamente temporal”— y la presencia de agentes de servicios de seguridad privada en las escuelas con problemas. De acuerdo con la formación, “el experimento inclusivo ha fracasado”, y apuesta también por suprimir las clases de religión islámica y ampliar las clases de idioma ruso, un legado del pasado comunista de la región.

Un punto entero de su programa lo dedica AfD a las “guerras culturales”: propone prohibir las banderas arcoiris de las escuelas, que significan, para ellos, “la desvalorización de la familia y de la normalidad social tradicional”, y su sustitución por la bandera alemana “para educar a los niños en el espíritu del amor a su pueblo y a su patria”. AfD también propone cambiar el lema del gobierno actual —una coalición entre CDU, SPD y FDP— de #moderndenken por #deutschdenken.


El éxito de la ultraderechista AfD abre grietas en el cordón sanitario alemán.

De acuerdo con la formación, el ejecutivo de Sven Schulze ha intentado convertir en su referente cultural la Bauhaus —en Dessau se construyó en 1925 su célebre escuela, hoy Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, con diseño de Walter Gropius, oriundo de la ciudad—, a la que acusa de haber intentando borrar “todo símbolo de raigambre nacional” (un ataque que guarda similitudes con los realizados en su día por el nacionalsocialismo).

El “programa de 100 días” de AfD también propone reducir la cifra de ministerios del gobierno del estado federado y la creación de una comisión para la investigación de la gestión del coronavirus, con el fin de dilucidar las supuestas irregularidades y medidas contrarias a la constitución durante la pandemia. Siegmund presentó su programa flanqueado de carteles con lemas hiperbólicos —pero ya habituales de este espacio político en toda Europa— como “ciudades seguras”, “todo es posible” o “recompensar a quienes se esfuerzan”.

Como señalaron oportunamente algunos medios, ninguna de estas propuestas concreta cómo van a resolverse los problemas que aquejan a este estado federado, especialmente si, como planea AfD, se aprueba una rebaja de impuestos. Sajonia-Anhalt es uno de los antiguos estados de la República Democrática Alemana (RDA) que peores resultados económicos ha tenido desde la Reunificación: ha pasado de tener una población de 2.873.957 habitantes en 1990 a 2.120.252 en 2025, con una tasa de desempleo del 8%.

La paradoja de Sajonia-Anhalt es que, debido a su situación económica actual, y a sus perspectivas, que no son mucho mejores, es uno de los estados federados con menores inveles de inmigración, uno de los temas estrella de AfD. Por lo demás, en arreglo a su cosmovisión racista, la inmigración de Sajonia-Anhalt es mayoritariamente “blanca”, liderada por ucranianos (18,6%), seguidos por sirios (15,9%), polacos (7,8%), rumanos (6%) y afganos (4,9%) (datos de 2022). Al mismo tiempo, es la economía lo que impulsa a la formación ultra en los sondeos ante la parálisis y el agotamiento del resto de partidos políticos a ojos de los votantes, una situación demasiado familiar en el resto de Alemania y Europa. Cuando el semanario Der Spiegel publicó una portada con la fotografía de Siegmund y el titular “El hombre más peligroso de Europa”, lejos de lamentarlo, AfD lo celebró como una muestra de su lucha contra los medios de comunicación establecidos y el sistema político que los sostienen.

El dilema de La Izquierda

La Izquierda, en tercer lugar, podría demostrarse clave para impedir la formación de un gobierno de AfD en Sajonia-Anhalt. No hay ningún otro partido mejor posicionado para evitarlo llegado el caso, ya que pese a su liderazgo en los sondeos AfD no cuenta con una mayoría absoluta. Un correo interno enviado por La Izquierda a sus afiliados en el mes de agosto recordaba que uno de cada siete votantes sigue sin haberse decidido por una opción electoral —unas 200.000 personas que podrían decantar decisivamente la balanza— y ha llamado a sus militantes a sumarse a una campaña informativa puerta a puerta como la que les dio tan buenos resultados en las pasadas elecciones federales.

El propio partido ofrecía un ejemplo de este tipo de campaña: “’No tienen nada que hacer aquí’, nos dicen en una puerta. A pesar de ello, nuestros equipos insisten. Rendirse no es una opción. Un piso más arriba un hombre abre la puerta y afirma que esto no va con él. Al final terminamos hablando sobre los alquileres, la educación y las pensiones, y asegura que durante la conversación se ha acercado a nuestras posiciones”.

Pero incluso si La Izquierda transforma a todos esos indecisos en votos para su partido, ello implicaría entrar en una coalición de gobierno inédita con los conservadores y los socialdemócratas, o con los dos anteriores y otro partido si logra superar el umbral del 5%, o, al menos, apoyar a un gobierno en minoría de la CDU desde el parlamento. El copresidente del partido, Luigi Pantisano, aseguró en una entrevista para la televisión ZDF que ésta era la consecuencia lógica del antifascismo. “Se trata de evitar que un partido de extrema derecha llegue al poder”, declaró señalando los casos de Turingia y Sajonia, donde La Izquierda apoya desde el parlamento a gobiernos en minoría para bloquear las iniciativas legislativas de AfD. Desde Berlín, no obstante, la cuestión se trata con visible discreción, ya que el apoyo a la CDU —cuyo programa se encuentra, huelga decirlo, en las antípodas del de La Izquierda— podría llegar a empañar sus perspectivas electorales en otros estados federados, en particular en Berlín, donde cuenta con posibilidades de llegar al gobierno.

La duda de la Alianza Sahra Wagenknecht

Aunque la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) se quedó fuera el Bundestag en las pasadas elecciones, mantiene una fuerza relativa en los antiguos estados federados de Alemania oriental y, aunque desde enero ya no forma parte del gobierno de Brandeburgo, sí que se mantiene en el de Turingia, con fuertes disputas con la dirección central del partido, que presiona a la dirección local para que lo abandone.


Sahra Wagenknecht ha fundado su propia Alianza Sahra Wagenknecht – por la Razón y la Justicia (BSW).

Esta escisión de La Izquierda en torno a una de sus figuras más controvertidas se ha pronunciado, como en elecciones anteriores, con ambigüedad sobre lo que haría de entrar en la cámara regional. Wagenknecht adelantó a los medios de comunicación que, de formar parte de ella, su grupo parlamentario se abstendría en una tercera votación para la elección del presidente antes que forzar una nueva convocatoria electoral, lo que, en efecto, posibilitaría la llegada de AfD al gobierno de Sajonia-Anhalt.

Asimismo, BSW tampoco votaría por el candidato conservador, Schulze, por su oposición al programa económico y social de la CDU. Ante los rumores que circularon semanas atrás, la copresidenta de BSW, Amira Mohamed Ali, ha excluido la posibilidad de entrar en una coalición de gobierno con AfD. “Programáticamente, AfD está muy lejos de nosotros”, explicó Ali en una entrevista con Deutschlandfunk, “AfD apoya el rearme, AfD apoya los recortes sociales, y, además, AfD tiene, en parte, miembros que son de extrema derecha, que son fascistas: con un partido así no podemos formar coalición”. En una entrevista anterior con el diario Die Welt, Ali propuso la elección de un candidato de consenso independiente cuyo programa de gobierno esté sometido a las negociaciones y votaciones entre los partidos representados en el parlamento.

Una medida así, no obstante, no sólo cuenta con la oposición del resto de partidos, sino de sectores de la propia BSW. En paralelo a la campaña en Sajonia-Anhalt, durante este verano se han registrado tensiones entre la dirección en Berlín y el partido en Turingia, que forma una coalición de gobierno con socialdemócratas y conservadores. El partido en Turingia se niega a abandonarla más o menos por los mismos motivos que defiende La Izquierda en Sajonia-Anhalt: para no permitir la llegada de AfD al poder. El presidente de AfD en ese Land, Björn Höcke, no sólo hizo este verano suya la propuesta de Ali de elegir a un candidato independiente, sino que incluso ofreció el puesto de ministra-presidente a la propia Wagenknecht, que ha rechazado la oferta y retado a Höcke a un debate televisado al que este último ha hecho oídos sordos.

La opción nuclear: prohibir AfD

Frente al ascenso de AfD en las encuestas de intención de voto, este verano ha resurgido en Alemania una tercera opción para impedir su llegada al gobierno: prohibir directamente el partido. A comienzos de agosto, el vicecanciller y copresidente del SPD, Lars Klingbeil, publicó en Die Zeit un artículo en el que calificaba de “deber democrático” estudiar un dictamen en este sentido publicado por un grupo de “académicos independientes” que “han demostrado que AfD trabaja sistemáticamente para destruir nuestra democracia y nuestro estado de derecho”.


Pancartas contra AfD desplegadas por antifascistas en un campo de fúbol alemán.

“Si la ideología de extrema derecha llega al poder, nadie estará a salvo”, advertía Klingbeil, para quien “debería examinarse cuidadosamente si se dan las condiciones para una prohibición por parte del Tribunal Constitucional de Alemania”.

Los problemas de una medida de este calibre no son, como cabe imaginar, pocos. Para empezar, existen problemas legales, porque las declaraciones de miembros individuales del partido no equivalen a propuestas políticas, y AfD, como todos los partidos de este espacio político, ha aprendido a caminar por la cuerda floja. Además, cuando hubo un intento parecido por prohibir el Partido Nacional-Democrático de Alemania (NPD) en 2017, el Tribunal Constitucional alegó que, aunque los motivos legales eran sólidos, el partido era demasiado pequeño y poco representativo como para amenazar el orden constitucional. Adicionalmente, fuentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad pidieron que no se prohibiese el NPD, pues, en su opinión, eso sólo llevaría a sus militantes a la clandestinidad y a una radicalización aún más violenta (desde la izquierda se señaló que esas mismas fuentes temían que se revelase, además de los agentes de policía infiltrados en el NPD, las vínculos personales entre miembros individuales de ambas).

Pero también hay problemas políticos, porque ¿puede prohibirse un partido que, de acuerdo con las encuestas de intención de voto, cuenta actualmente el apoyo de más de una cuarta de la población a nivel federal? El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha defendido que la exclusión de los “enemigos de la constitución” no es “inherentemente antidemocrática”, sino “la expresión de una democracia defensiva”. Argucias retóricas aparte, ¿no podría esa misma argumentación aplicarse algún día, con otra constelación política en el gobierno, a La Izquierda?

La pregunta no es baladí cuando este año se ha conmemorado el 70º aniversario de la prohibición del Partido Comunista de Alemania (KPD) en Alemania occidental, una decisión que acarreó graves consecuencias profesionales y personales para los afectados. El propio recurso a vías legales aparece también a ojos de muchos como una medida desesperada, que no tuvo mucho efecto por lo demás en la última campaña electoral de Donald Trump en Estados Unidos y no parece tenerlo tampoco en los sondeos para la candidata de Agrupación Nacional (AN) en Francia, Marine Le Pen. Como han señalado varios analistas, una medida de este tipo también podría ser contestada por la Casa Blanca, donde la formación ultra cuenta con simpatizantes como el vicepresidente JD Vance: cabe recordar que en su viaje a Múnich de 2025 rehusó reunirse con el entonces canciller, Olaf Scholz, y lo hizo con la co-presidenta de AfD, Alice Weidel. Así, Washington podría adoptar medidas de represalia, como sanciones personales a sus responsables y aranceles económicos al país.

Mientras se debate, a diferentes intensidades, la prohibición de AfD, la formación ultra —como ha ocurrido con el caso de la portada de Der Spiegel arriba mencionada— trata de sacar partido a la situación, presentándose como la opción más opuesta al establishment. Incluso si el resto de partidos logran impedir la llegada de AfD al gobierno de Sajonia-Anhalt, el problema está lejos de acabarse en ese estado federado: en el último sondeo publicado, el de Insa del pasado 29 de agosto, AfD llegaba al 29%, y un 22%, o uno de cada cinco encuestados, aseguraba que abandonaría al país si la ultraderecha llegaba al poder.


Fuente:
El Salto

viernes, 14 de agosto de 2026

Doble sacudida en Colombia: bombas y temblores

 

      Periodista y comunicadora catalana especializada en feminismo anticolonial, la defensa del territorio y los derechos de los pueblos indígenas.


Más allá de su bienvenida en forma de sismo trágico, la llegada al poder de De La Espriella marca el retorno de la guerra y la cultura narco y una amenaza directa a los pueblos indígenas, negros y campesinos, a las mujeres y a las comunidades LGTBIQ+


El presidente colombiano Abelardo de la Espriella durante un encuentro con las fuerzas armadas para coordinar las labores tras el terremoto.


     10 de agosto de 2026, primer día laborable del nuevo gobierno de extrema derecha en Colombia: un terremoto sacude todo el país, con un saldo oficial de 250 muertos, sin haber medido aún la totalidad de los daños ocasionados en el epicentro del fuerte seísmo: el Chocó, un territorio históricamente excluido en la región del Pacífico de población negra.

Tres días antes, el 7 de agosto, se celebraba la posesión como presidente del abogado Abelardo de la Espriella, quien ejerció en 2008 la defensa de varios jefes paramilitares tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y en 2018, en Miami, defendió a narcotraficantes como Alex Saab.


El ultra De la Espriella asume la presidencia de una Colombia inmersa en una regresión del proceso de paz.

La madrugada del 8 de agosto, retumbaron explosivos sobre infraestructuras del Estado como peajes o estaciones de policía en departamentos como el Cauca o el Cesar, perpetrados según las fuerzas armadas por las disidencias de las FARC y el ELN. Una secuencia de hechos que no para y que marca el inicio de lo que muchos auguran como cuatro años oscuros para los pueblos colombianos.

La Petrotusa y el fraude electoral

El concepto de “Petrotusa” ha recorrido las redes sociales y los corazones de la mitad de los colombianos en los últimos días. Se refiere a la melancolía y sensación de desesperanza por el fin del mandato del presidente Gustavo Petro, cuatro años marcados por políticas sociales como la matrícula gratuita en las universidades, la reforma laboral y la reforma pensional, el financiamiento de organizaciones sociales históricamente perseguidas y excluidas, la restitución de tierras al campesinado, el reconocimiento de las madres comunitarias, un frenazo de la deforestación, la reducción de la pobreza con una subida del salario mínimo, etcétera.


Petro restablece el salario mínimo vital suspendido por el Consejo de Estado.

Todas ellas medidas que se augura se reviertan en cuestión de meses o semanas.

La Petrotusa -donde tusa es similar a duelo- aumenta con el hecho de que la diferencia entre De la Espriella y la fórmula del candidato Iván Cepeda, histórico defensor de los derechos humanos, y Aida Quilcué, lideresa indígena del pueblo nasa, fue de tan solo 250.000 votos. Nunca la izquierda en el país de García Márquez había obtenido tantos votos: casi 13 millones. Un duelo marcado también por la sensación de injusticia, crónica en Colombia, luego de que Petro anunciara acciones legales por fraude electoral mediante algoritmos y manipulación de software orquestados desde California e Israel, dos territorios con un papel importante.

Abelardo de la Espriella era poco conocido en Colombia antes de que el presidente Donald Trump y sus inversores le dieran su apoyo en las elecciones del 31 de mayo. “No lo conocía nadie, lo apoyé y ganó”, reconoció el magnate estadounidense. Y, en efecto, uno de los primeros gobiernos en felicitar al nuevo presidente, de nacionalidad colombiana y estadounidense, fue el de Israel. “Espero con interés trabajar con usted para fortalecer el vínculo entre Israel y Colombia. Los amigos de Israel siguen ganando. ¡Viva los Acuerdos de Isaac!”, predicó Benjamín Netanyahu en X. Una de las primeras medidas de política exterior de De la Espriella ha sido cancelar la apertura de la embajada colombiana en Ramallah, Palestina y ha prometido restablecer relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, trasladar la embajada a Jerusalén y retirar a Colombia de la denuncia por genocidio en Gaza ante la Corte Penal Internacional

Los Acuerdos de Isaac y el Escudo de las Américas

Los llamados Acuerdos de Isaac son un nuevo marco de cooperación estratégica firmado inicialmente entre Javier Milei y Netanyahu pero extendido a Estados pro-israelíes en América Latina, en una réplica de los Acuerdos de Abraham que Israel firmó con cuatro países árabes: Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos.


Israel y Argentina firman acuerdo para reforzar cooperación.


Firma de los Acuerdos de Abraham en Washington.


Los supuestos pilares de este acuerdo, firmado ya por líderes políticos, religiosos y empresariales de Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Bolivia y Panamá (y el bolsonarismo de Brasil) son la libertad, la innovación tecnológica y la lucha contra el narcotráfico, el antisemitismo y el terrorismo.


Estados Unidos anuncia que Colombia le autoriza a realizar operativos militares en su territorio “para combatir el terrorismo”.

Pero incluso un medio tradicional conservador como Clarín en Argentina ha calificado este acuerdo como “un escudo retórico”, cuyo verdadero propósito es el 'blindaje diplomático' en foros internacionales ante las acusaciones globales de genocidio en Gaza.


Colombia legitima la ocupación israelí de los Altos del Golan tras sufrir 224 víctimas en un terremoto.

La otra cara de la moneda de este acuerdo es la Coalición Anticárteles de las Américas, también llamada Escudo de las Américas, “una iniciativa que permitirá unir capacidades, compartir información estratégica y fortalecer la acción conjunta de las naciones libres frente a las amenazas a nuestra seguridad”, aseveró el nuevo presidente colombiano en su primer discurso.


El ‘Escudo de la Américas’, la nueva coalición militar de Trump contra el narcotráfico.

La hegemonía de este escudo la ejerce evidentemente Estados Unidos: semanas antes de la posesión, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) ya dictaba el guión del operativo, un rastreo de seguridad que comenzó en Popayán y terminó convirtiendo a Cali en la ciudad más blindada del continente por ese día.

Y es que, en un inicio, De la Espriella anunció que su posesión como presidente tendría lugar en Popayán, la capital del Cauca, departamento donde tiene más fuerza el movimiento indígena liderado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), su guardia indígena y prácticas como la minga social o los cortes de la Panamericana para exigir sus derechos y autonomía. El CRIC había pedido a sus comunidades resguardarse ese fatídico día 7 de agosto que se acercaba, para no dar lugar a masacres u otros hechos violentos. Pero la misma tierra protegió el territorio: la actividad del volcán Puracé llenó el espacio aéreo de ceniza y anuló los vuelos a Popayán obligando a mudar la posesión a Cali, epicentro del histórico Paro Nacional de 2021.

A la posesión no acudió Donald Trump pero si dos de sus hombres de confianza: el fiscal general adjunto, Todd Blanche, y el director de la DEA, Terry Cole. Llegaron también los líderes del nuevo orden regional de ultraderecha Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), entre otros. No faltó tampoco el rey de la antigua metrópoli, Felipe VI. Según fuentes salvadoreñas, Nayib Bukele, presidente de El Salvador no hizo presencia en Cali para no aparecer en la foto de los países alineados con las directrices de Washington, cuidando así el carácter teóricamente nacional de su modelo de control de pandillas. En Colombia, este alineamiento por ahora se traducirá en un nuevo esquema militar nacional financiado por EEUU: un plan pactado en Washington con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, que proyecta una asistencia de 1.000 millones de dólares en lo que ya han llamado un “Plan Colombia 2.0”.

Revivir la pesadilla del paramilitarismo

El primer Plan Colombia fue una estrategia militar y antinarcóticos basada en la War on drugs (guerra contra las drogas) financiada por Estados Unidos entre los años 2000 y 2015, para supuestamente combatir el narcotráfico y guerrillas como las FARC. Los años y la sangre derramada demostraron que la guerra no era contra las drogas sino contra los pueblos: este plan se convirtió en el motor de una violencia sistémica cuyas principales consecuencias recayeron sobre las comunidades rurales del país. La militarización del territorio no solo provocó el desplazamiento forzado de millones de campesinos, indígenas y afrodescendientes de sus tierras ancestrales, sino que la presión militar por entregar resultados operativos bajo este esquema propicióen tiempos en que el Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, era el ministro de defensa,el auge de las ejecuciones extrajudiciales comúnmente llamadas falsos positivos. 

Según esclareció la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su histórico Auto de 2021, esta práctica cobró la vida de al menos 6.402 civiles legítimamente presentados como bajas en combate. La implementación del Plan Colombia coincidió y se cruzó de forma directa con la mayor expansión de los grupos paramilitares en todo Colombia. Y todo esto es lo que se teme de nuevo en territorios donde abunda el cultivo de la hoja de coca como el Cauca, el Catatumbo, Putumayo, Nariño o el Chocó. El temor a revivir el pasado impregna el día a día de muchas comunidades: “Estamos esperando el golpe”, aseguran líderes indígenas en un encuentro comunitario en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, “pero resistiremos como siempre hemos hecho”.

En posible peligro territorios indígenas liberados

En el Norte del Cauca, las comunidades indígenas del pueblo nasa se han asentado durante los cuatro años de Petro en tierras ancestrales recuperadas de los terratenientes dueños de ingenios azucareros. En el Proceso de Liberación de la Madre Tierra, iniciado en 2014, más allá de desarmonías internas, había una sensación de victoria y calma: lo que había sido monocultivo de caña, ahora son campos sembrados con comida y casitas de guadua y bahareque —bambú y barro—. Donde había una hacienda latifundista o una base militar ahora hay un centro cultural indígena. Pero con el regreso de la ultraderecha se ha esclarecido que no está todo ganado.

La realidad es que, de miles de hectáreas recuperadas donde hoy viven y siembran comida las comunidades nasa, sólo se ha logrado la entrega de títulos de propiedad de algunos cientos de hectáreas. El resto, está en el aire. Y considerando que el nuevo mandatario se comprometió a dar atención y protección militar prioritaria a los predios de los ingenios de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), existe un miedo fundado del regreso a los desalojos violentos por parte del ejército o el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios que durante el gobierno de Petro se ha convertido en la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) o de ese otro tipo de actor armado: “hace dos días vimos varios 4x4 polarizados entrando y saliendo de la base militar: quién más puede ser sino paramilitares?”, asegura un líder nasa del Resguardo Indígena de Corinto, uno de los epicentros de la Liberación de la Madre Tierra.

Preparada la resistencia: “La Muerte No Volverá”

A pocos kilómetros de allí, en Cali, el contraste de esta transición se sintió con fuerza. El rector de la Universidad Santiago de Cali dimitió tras la oleada de rechazo que provocó haber permitido que la posesión se realizara en sus instalaciones. El acto, confinado en un auditorio más bien pequeño y con notables sillas vacías, distó enormemente de la multitudinaria y colorida toma de posesión de Petro hace cuatro años en una Plaza de Bolívar desbordada. Mientras De La Espriella pronunciaba su primer discurso blindado desde un cantón militar y lanzaba amenazas judiciales contra Petro y Cepeda, las calles de la ciudad respondían. En Puerto Resistencia, el icónico epicentro del estallido social de 2021 que abrió el camino del Pacto Histórico al poder, una gran pancarta proclamaba: “La Muerte No Volverá”. A su alrededor, las barriadas populares pintaban muros con consignas directas: “Abelardo, gonorrea, el pueblo no copea” y “El presidente gringo nos regala IsraHell”.

La “mano dura” prometida por De la Espriella con el Plan Colombia 2.0 es el núcleo de una declaración de guerra total que cierra definitivamente las vías del diálogo con los grupos armados que desangran las regiones —y que Petro había entablado con al menos nueve grupos armados en su política de “Paz Total”—. Su agenda para los próximos cuatro años pretende desmontar los cimientos de la Colombia progresista: ha prometido el retorno de las aspersiones aéreas con herbicidas similares al glifosato y la instauración de la cadena perpetua, a pesar de que ambas medidas están explícitamente prohibidas por la legislación nacional.

Asimismo, reinará el punitivismo penal mediante la anunciada construcción de diez megacárceles al estilo de Nayib Bukele y ha anunciado un proyecto legislativo para liquidar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); una reforma institucional que analistas y expertos como el senador Ariel Ávila advierten que se traducirá, en la práctica, en un ahogamiento financiero para paralizar las investigaciones abiertas. La JEP tiene entre manos 11 macrocasos abiertos que investigan los crímenes más graves del conflicto armado colombiano. El tribunal se encuentra en un momento definitorio: acaba de poner en firme sus dos primeras sentencias condenatorias e implementó el mecanismo de monitoreo para las sanciones restaurativas.

Solidaridad comunitaria ante el algoritmo del despojo

La ofensiva no es solo militar, sino económica y cultural. Una de sus primeras medidas contempladas es la eliminación del impuesto al patrimonio, un guiño directo a las élites financieras que se complementa con la reactivación de proyectos extractivistas ecocidas como el fracking, camuflado bajo el cínico adjetivo de “responsable”. En paralelo, el nuevo ejecutivo se alinea con la extrema derecha mundial para desatar una batalla cultural orientada a recortar los derechos de las mujeres, las disidencias LGTBIQ+, los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes.

Y como si la Petrotusa y el miedo a revivir la pesadilla no fueran suficientes, el terremoto del pasado 10 de agosto deja una grieta física sobre el país que agrava la situación. Mientras el saldo preliminar asciende a 265 muertos y 496 desaparecidos, las comunidades ya han entendido que la verdadera reconstrucción no vendrá desde los despachos oficiales y ya se han organizado recolectas solidarias de alimentos y todo tipo de material que se necesite para hacer frente al drama colectivo.


Las víctimas mortales del terremoto en Colombia ascienden a 265 y De la Espriella cifra en 496 los desaparecidos.

Frente al algoritmo, el Escudo de las Américas y los planes de despojo diseñados desde el norte, el mapa social del país se prepara para un invierno hostil. Pero si algo ha demostrado la historia de esta geografía, es que la dignidad de la gente no se decreta en un cantón militar. En las montañas del Cauca, en las selvas del Chocó y en las barriadas que resistieron en Cali, la memoria de los pueblos ya se organiza para defender el territorio y la vida.


Fuente: El Salto

miércoles, 22 de julio de 2026

EEUU contra Cuba: el motor de una “izquierda terrorista” mundial

 

 Por Sebastiaan Faber   
      Profesor de Estudios Hispánicos en Oberlin College, Ohio.


El trumpismo resucita un macartismo con ecos del discurso eugenésico nazi con un informe de 100 páginas en el que señala a periodistas, políticos y activistas


     El 20 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe de 100 páginas sobre Cuba que argumenta que, desde 1959, el régimen castrista ha sido un motor de una “izquierda terrorista” mundial que ha logrado infiltrarse en grandes partes de la sociedad norteamericana, aliándose con organizaciones poderosas y reclutando a políticos, periodistas y activistas prominentes.


Cuba: la capital del comunismo en el Siglo XXI.

No es casual que el informe se publicara días después de una cumbre internacional, con 60 países, sobre “el auge mundial del extremismo de izquierdas y el terrorismo político” en la que Marco Rubio, el secretario de Estado y potencial candidato a la presidencia en 2028, indicó que la mayor amenaza a la seguridad ya no proviene del terrorismo islámico, sino de la izquierda.


Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, durante una rueda de prensa en mayo de 2026.

En comparación con la Estrategia de Seguridad Nacional –el estrafalario documento de noviembre que, entre otras cosas, reafirmaba la hegemonía hemisférica de Estados Unidos–, el informe sobre Cuba no solo es más extenso, sino más coherente y riguroso. También está mejor escrito. Pero lo más llamativo son sus ecos macartistas: no duda en señalar con pelos y señales a una larga lista de individuos y colectivos, incluidos periodistas como Amy Goodman (de Democracy Now!), organizaciones como los Socialistas Demócratas de América (DSA) y el Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild); políticos como Zohran Mamdani y Karen Bass (alcaldes de Nueva York y Los Ángeles), congresistas como Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders e Ilhan Omar y activistas como Ben Cohen (empresario cofundador de Ben & Jerry’s) o Alicia Garza (fundadora de Black Lives Matter).

El objetivo del informe parece doble: no solo se trata de reafirmar a Cuba como un poderoso enemigo de la American way of life –justificando de antemano una posible intervención en la isla–, sino, sobre todo, de demonizar a una gran parte la izquierda norteamericana como peligrosa, terrorista, antipatriótica, inmoral y, en última instancia, subhumana. En este sentido, este informe sobre Cuba solo es el capítulo más reciente en una clara estrategia que ya se anunciaba en el Proyecto 2025 y que se aceleró a la zaga del asesinato de Charlie Kirk en septiembre. 

Así, el memorándum presidencial Seguridad Nacional (NSPM-7), publicado ese mismo mes de septiembre, buscaba tildar de “terroristas” una larga serie de ideas progresistas que se resguardaban “bajo el paraguas del autodenominado ‘antifascismo’”. “Los hilos comunes que animan esta conducta violenta”, afirmaba, “incluyen el antiamericanismo, el anticapitalismo y el anticristianismo; el apoyo al derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos; el extremismo en torno a la migración, la raza y el género; y la hostilidad hacia quienes mantienen las visiones tradicionales estadounidenses sobre la familia, la religión y la moralidad”.

El NSPM-7 ya ha servido para que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia redoblen su vigilancia y persecución de la izquierda en Estados Unidos. Aunque su éxito en los tribunales ha sido desigual, la invocación de “Antifa” como una red de “terroristas domésticos” dedicada a organizar una conspiración violenta para derrocar el Estado ha permitido detener a 15 ciudadanos de Minneapolis por hacer seguimiento al ICE (la policía migratoria) y condenar a penas inauditas de entre 20 y 100 años a un grupo de activistas en Texas, como reportaba Guillem Martínez a finales de junio.


Agentes del ICE en Minneapolis, después de que uno de ellos asesinara a Renee Nicole Good, mujer blanca de 37 años, el 7 de enero.

Es muy posible que el informe sobre Cuba tenga una secuela judicial similar. 

Alrededor de estos informes se ha construido un discurso cuyo objetivo es la erosión del Estado de Derecho y los derechos constitucionales. “Se pueden llamar a sí mismos anticapitalistas o antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas”, declaró Rubio ante The Guardian el 16 de julio. “Siempre es lo mismo. Es un resentimiento tóxico revestido de un discurso sobre la igualdad, la justicia y la liberación –una necesidad abrumadora de tirar abajo, de destruir todo lo que es bello y justo, de parte de una gente que está repleta únicamente de fealdad y practica la violencia y el terror porque no tiene nada más que ofrecer al mundo–”.

Al día siguiente, Stephen Miller, subjefe de gabinete y principal asesor de política y seguridad nacional de Donald Trump, aprovechó una rueda de prensa para subir el tono. “No es una coincidencia”, dijo, “que cuando miras estas manifestaciones violentas de Antifa, cuando ves cualquiera de las fotos de quienes se reúnen en ellas, ninguna persona, para decirlo francamente, parece normal. Ni una parece normal. Todos están, de alguna u otra forma, deformados en su apariencia, su forma de vestir, en su manera de ser. ¿Por qué? Si comparas dos fotos, de una calle normal en Estados Unidos y una manifestación antifa, ¿por qué no hay ninguna persona normal entre la gente que se manifiesta de forma violenta? Porque cada uno, a través de su vida y de sus decisiones, ha dejado cicatrices en su cuerpo y en su aspecto, de muchas formas diferentes, hasta el punto de que su aspecto exterior se convierte en una manifestación de su odio interior”. Son obvios los ecos de la eugenesia nazi. (Y, para un público español, del falangismo. En su novela Madrid de corte a checa, Agustín de Foxá describía a sus personajes republicanos como seres movidos por “la revancha de los débiles contra los fuertes, de los enfermos contra los sanos, de los brutos contra los listos” porque “odiaban toda superioridad”.)

En la carta que envió la historiadora Heather Cox Richardson el 17 de julio a sus más de cinco millones de suscriptores en Substack y en las redes, recordaba que J.D. Vance, el vicepresidente neocatólico, ayudó a promocionar hace dos años el libro:Unhumans: The Secret History of Communist Revolutions (and How to Crush Them)“Los antihumanos. La historia secreta de las revoluciones comunistas –y cómo aplastarlas–”), del influencer ultra Jack Posobiec. “En el pasado”, afirmó Vance, “los comunistas marchaban por las calles con banderas rojas. Hoy, marchan por los departamentos de recursos humanos, los campus universitarios y los tribunales, donde practican lawfare contra gente buena y honesta”.

En el libro, Posobiec tilda a las personas de izquierdas de “antihumanos” porque “se oponen a todo lo que constituye la humanidad. Al oponerse a la humanidad misma, ellos se autoexcluyen por completo de la categoría [de lo humano], ubicándose en una subdivisión completamente nueva, impulsada por la miseria, de lo antihumano”. Posobiec se une al conjunto de pensadores de la extrema derecha norteamericana que reconocen como modelo y héroe anticomunista a Francisco Franco.


La ultraderecha estadounidense encuentra a su salvador en el dictador español Francisco Franco.

“Algunas de las personas más poderosas del actual gobierno son conversos recientes al catolicismo que no han ocultado su admiración por los regímenes integristas, incluido el franquismo”, dijo la historiadora Kirsten Weld en estas páginas el pasado noviembre. “Forman parte de una corriente del pensamiento reaccionario estadounidense que buscó inspiración en España, no solo en los años 30, sino también en los 60 y 70”.


Kirsten Weld.

Para Richardson, los ecos del libro de Posobiec en los discursos de Rubio y Miller son inconfundibles. La historiadora recuerda, además, lo que el prólogo al libro, escrito por Stephen Bannon, pone como epígrafe: “El comunismo ocurre cuando freaks feos y deformados ilegalizan la normalidad y, después, roban y/o matan a todas las personas exitosas, movidos por un resentimiento mezquino y por la crueldad. La ideología no es más que una fachada”.


Fuente: Ctxt